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Res. 28688-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/12/2022
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the right of access to information under Article 30 of the Constitution, without award of costs or damages by majority, as the information was provided only after the amparo was filed.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de acceso a la información del artículo 30 constitucional, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por mayoría, al haberse entregado la información después de notificado el recurso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a resident of San Ramón de Río Claro against the Municipality of Golfito for failing to provide information on the comprehensive urban planning policy for that community, requested on September 18, 2022. The Chamber found that the request was sent to official municipal email addresses and that, although it was acknowledged by the Municipal Council on September 21 and forwarded to the Mayor for action, no response was given until November 21, 2022—after the amparo was filed. The Chamber held that the requested information is of clear public interest and that the delay of over two months was excessive and unjustified, violating the fundamental right of access to information under Article 30 of the Constitution. Consequently, it grants the amparo pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, without awarding costs or damages by majority, with a separate note and partial dissenting vote on the latter.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino de San Ramón de Río Claro contra la Municipalidad de Golfito por no haberle suministrado información sobre la política integral de planeamiento urbano de esa comunidad, solicitada el 18 de septiembre de 2022. La Sala tuvo por acreditado que la gestión fue enviada a correos oficiales del municipio y que, pese a haber sido conocida por el Concejo Municipal en sesión del 21 de septiembre y remitida al Alcalde para su atención, no fue respondida sino hasta el 21 de noviembre de 2022, después de notificada la interposición del amparo. La Sala considera que la información solicitada es de claro interés público y que el plazo de más de dos meses para entregarla fue excesivo e injustificado, lo que vulneró el derecho fundamental de acceso a la información consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política. En consecuencia, declara con lugar el recurso al amparo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por mayoría, con nota y voto salvado parcial en cuanto a esta última.
Key excerptExtracto clave
Now, having reviewed the foregoing, this Constitutional Chamber finds that the petitioner's claim is well-founded, for the specific reasons set forth below. First, because it has been shown that the information requested since September 18, 2022 is of clear and unequivocal public interest (given that it relates to municipal management and urban planning of a specific community) and that, despite this circumstance, by the date this amparo was filed (October 10, 2022), after a period of approximately twenty-two days, it had not been provided to the petitioner, without any valid justification. Furthermore, it must be noted that, as of the date this action was filed, the municipal council had not even notified the petitioner of Agreement No. 06-ORD-38-2022, adopted on September 21, 2021, to forward the request to the Mayor for attention. Second, because it has been verified that the specific information requested by the petitioner was provided only on November 21, 2022, days after the respondents were notified of this amparo. Note that in this matter the respondents did not indicate any difficulty in compiling and providing the information; hence, this Chamber considers that the time taken to deliver it was excessive and, therefore, harmed the petitioner. Thus, the petitioner's fundamental right enshrined in Article 30 of the Constitution is deemed violated. Consequently, it is appropriate to grant this amparo, without issuing any order and without special award of costs or damages.Ahora bien, revisado lo anterior, esta Sala Constitucional estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Esto, por los motivos puntuales que se dirán a continuación. Primero, por cuanto se ha demostrado que la información requerida desde el 18 de septiembre de 2022 reviste un claro e inequívoco interés público (habida cuenta que se encuentra relacionada con la gestión municipal y lo tocante al planeamiento urbano de una determinada comunidad) y que, pese a esta circunstancia, para el día de formulado este amparo (10 de octubre de 2022), luego de transcurrido un plazo de aproximadamente veintidós días, esta no le había sido suministrada al tutelado, sin que medie justificación válida alguna. Incluso, debe tomarse en cuenta que, para la fecha de interpuesto este proceso, las autoridades del concejo municipal recurrido, tampoco, le habían comunicado al accionante el acuerdo No. 06-ORD-38-2022, tomado desde el 21 de septiembre de 2021, respecto a trasladar la solicitud al alcalde para su atención. Segundo, en el tanto se ha verificado que la información puntual requerida por el tutelado le fue suministrada hasta el 21 de noviembre de 2022, días después que los recurridos fueron notificados de la interposición de este amparo. Nótese que en este asunto las partes recurridas no indicaron que se les haya presentado dificultad alguna para recopilar y suministrar la información de interés; de ahí que, esta Sala estime que el plazo en que se tardaron para entregarla deviene en excesivo y, por consiguiente, afectó al administrado. Así las cosas, se tiene por quebrantado el derecho fundamental del tutelado consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política. Por consiguiente, lo que procede es acoger este proceso de amparo, sin emitir orden alguna y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
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"la información requerida desde el 18 de septiembre de 2022 reviste un claro e inequívoco interés público (habida cuenta que se encuentra relacionada con la gestión municipal y lo tocante al planeamiento urbano de una determinada comunidad) y que, pese a esta circunstancia, para el día de formulado este amparo (10 de octubre de 2022), luego de transcurrido un plazo de aproximadamente veintidós días, esta no le había sido suministrada al tutelado, sin que medie justificación válida alguna."
"the information requested since September 18, 2022 is of clear and unequivocal public interest (given that it relates to municipal management and urban planning of a specific community) and that, despite this circumstance, by the date this amparo was filed (October 10, 2022), after a period of approximately twenty-two days, it had not been provided to the petitioner, without any valid justification."
Considerando V
"la información requerida desde el 18 de septiembre de 2022 reviste un claro e inequívoco interés público (habida cuenta que se encuentra relacionada con la gestión municipal y lo tocante al planeamiento urbano de una determinada comunidad) y que, pese a esta circunstancia, para el día de formulado este amparo (10 de octubre de 2022), luego de transcurrido un plazo de aproximadamente veintidós días, esta no le había sido suministrada al tutelado, sin que medie justificación válida alguna."
Considerando V
"se tiene por quebrantado el derecho fundamental del tutelado consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política."
"the petitioner's fundamental right enshrined in Article 30 of the Constitution is deemed violated."
Considerando V
"se tiene por quebrantado el derecho fundamental del tutelado consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política."
Considerando V
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta 'únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes'. Se subraya que la Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
"Although there is an express provision in the law requiring the operative part of the judgment to state that the amparo is granted when, during its pendency, the grievance is resolved, it is also true that the same paragraph in fine states that the grant is 'only for purposes of damages and costs, if applicable.' It is emphasized that the Law says 'if applicable,' which means that the appropriateness of damages and costs depends on an evaluation, assessment, or weighing by the Court."
Considerando VI
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta 'únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes'. Se subraya que la Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on December second, two thousand twenty-two.
Amparo action (Recurso de amparo) filed by JEFFRY MAURCIO ZELAYA CHAVES, identity card 01-1356-0765, against THE MUNICIPALITY OF GOLFITO.
WHEREAS:
1.- By written submission provided to the Chamber on October 10, 2022, the petitioner files an amparo action and states that on September 18, 2022, via email, he submitted to the authorities of the Municipality of Golfito a request in which, regarding the community of San Ramón de Río Claro, he requested the following: "(…) to provide access to the complete information on the comprehensive urban planning policy (política integral de planeamiento urbano) of the community in question (…)". However, he claims that, to date, the requested information has not been provided to him. He requests that the action be granted.
2.- By resolution at 21:00 hrs. on October 18, 2022, the proceeding is given course and reports are requested from the respondent authorities.
3.- By means of a brief provided to the Chamber on November 11, 2022, Luis Fernando Bustos Villafuerte, in his capacity as Municipal President (Presidente Municipal) of Golfito, submits a report. He indicates that what the petitioner stated is true and that the matter (the request formulated on September 18 of the current year) was taken up in Ordinary Session No. 38 of September 21, 2022. He points out that on that occasion, it was approved to forward the request to the administration for its attention. He affirms that said request was notified to the Municipal Mayor's Office (Alcaldía Municipal) on September 29, 2022. He states that the municipal administration will be asked to attend to said request.
4.- By resolution at 11:25 hrs. on November 14, 2022, the Instructing Judge (Magistrado Instructor) of this matter ordered the following: "(…) Having reviewed the case record (los autos), the present amparo proceeding being processed in case file No. 22-022989-0007-CO, filed by JEFFRY MAURCIO ZELAYA CHAVES, identity card 01-1356-0765, against the MUNICIPALITY OF GOLFITO, is expanded so that THE MAYOR (ALCALDE) OF GOLFITO submits a report on the alleged facts, that is, that, as of the date this amparo was filed, the request made on September 18, 2022, for the purpose of being provided '(…) complete information on the comprehensive urban planning policy of the community in question (…)' had not been attended to. Particularly, in view of the report submitted by Luis Fernando Bustos Villafuerte, in his capacity as Municipal President of Golfito (which is attached), as well as what is recorded in agreement No. 06-ORD-38-2022, the respondent Mayor must inform this Chamber whether a response has been given to the petitioner's request. If so, he must indicate by means of which official letter and on what date this was notified to the petitioner. Likewise, a copy of the cited official letter must be attached (if it exists). (…)".- 5.- By written submission provided to the Chamber on November 21, 2022, Freiner Lara Blanco, in his capacity as Mayor of Golfito, submits a report. He indicates that the petitioner presented the request in question before the Municipal Council (Concejo Municipal) and to the mayor's office email. He states that, by official letter No. AM-MG-0-0489-2022, notified on November 21 to the email, a response was given to the petitioner. He requests that the action filed be dismissed.
6.- In the processing of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.
Judge Araya García writes; and,
CONSIDERING:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner claims that, as of the date this amparo was filed, the authorities of the Municipality of Golfito had not provided him with the information requested since September 18, 2022, concerning the comprehensive urban planning policy.
II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo action, the following are deemed accredited:
“(…) FIRST: Regarding the comprehensive urban planning policy, specifically San Ramón de Rio Claro, it must be noted that the comprehensive urban planning policy is carried out at the cantonal level, not sectoral. SECOND: Regarding your note that literally states the following: Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, that pursues the efficient and harmonious development of urban centers and that guarantees –at least– efficient electrification and communication services; good systems for the provision of potable water and the evacuation of wastewater (aguas servidas), adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe. As this administration of this local government has set forth, our mission is to satisfy the needs, enhance the capacities, values, and resources of all the inhabitants of the canton. A Local Government strongly rooted in community organization, that fosters socioeconomic and environmental development; with a vision of providing quality public services, generating citizen participation, and contributing to socioeconomic and environmental development to meet the current and future needs of the citizenry; in permanent coordination with public institutions, the Central Government, comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral), and community organizations. Having said the above, it is important to highlight that this administration has fulfilled both our mission and vision with the community of San Ramón de Rio Claro, since maintenance has been provided in all aspects, to wit: • They have efficient electrification and communication services, including internet service. • Good systems for the provision of potable water and the evacuation of wastewater. • Adequate aqueduct and sewer systems. • Lighting and city beautification systems • Construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads The above is supported by the following information: 1. Through Direct Contracting (Contratación Directa) 2021CD-000046-0004400001, the purchase was made with the administration's own resources, up to an amount of ¢ 4,373,182.00 (Four million three hundred seventy-three thousand one hundred eighty-two net colones), for the “PURCHASE OF MATERIALS FOR THE REMODELING OF THE MULTIPURPOSE COURT OF SAN RAMÓN, GUAYCARA (2017)” 2. The community of San Ramón has the vast majority of its roads asphalted, which has been carried out through Public Bids (Licitaciones Públicas). 3. Said community has two access routes, both located opposite the southern inter-american route. 4. The construction of the main bridge of San Ramón de Rio Claro has been carried out, which was done with the administration's own resources and municipal labor. 5. The community has sidewalk and roadside ditch cleaning on the road. 6. It has garbage collection service. 7. It has an educational center. 8. It has a comprehensive development association (Asociación de Desarrollo integral). 9. Currently, the Public Bid 2022LN-000003-0004400001 is underway for the design and contracting for the construction of a bridge in San Ramón de Guaycara, specifically at the site of the Quebrada Román. 10. There is also joint work with the Ministry of Public Works (Ministerio de Obras Públicas, MOPT) to declare the route connecting San Ramón de Rio Claro with the Canton of Coto Brus as a NATIONAL ROUTE (RUTA NACIONAL) and likewise proceed with its asphalting. It is worth noting that for 30 years this route was completely abandoned, and it was not until this administration that it received maintenance with ballast to facilitate its use; thus achieving the connection between San Ramón de Rio Claro and Coto Brus. SIXTH: Now then, this local government has a Government Plan (plan de Gobierno) and a Five-Year Plan (Plan Quinquenal), both of which are on our website. The foregoing as an implementation of the transparency index. (…)” (see report).
III.- UNPROVEN FACT. Of relevance for resolving this amparo action, the following is deemed undemonstrated: Sole.- That the authorities of the Municipal Council of Golfito notified the petitioner of what was ordered in agreement No. 06-ORD-38-2022 (the case record).
IV.- REGARDING THE SENDING OF THE REQUEST UNDER STUDY TO EMAIL ACCOUNTS. In this matter, it has been accredited that the request claimed by the petitioner was sent to the email addresses [email protected], [email protected] and r.mora@munidegolfito. This Court, in the resolution giving course to this amparo, requested the President of the Council of Golfito to indicate whether or not such addresses are established as official means for receiving requests sent by users to the institution. However, the respondent party did not rule on the matter, and therefore, consequently, pursuant to what is provided in section 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), these are deemed as such. Furthermore, it is important to highlight that, as was accredited, said request was taken up by the council in an ordinary session held on September 21, 2022, and referred to the mayor for his attention.
In addition to this, it must be taken into account that in a subsequent report submitted by the Mayor of Golfito, he affirmed that the request under study was effectively sent to the mayor's office email and that a response was given to it by official letter No. AM-MG-0-0489-2022; thus acknowledging its presentation.
This being the case, having verified the foregoing, it is appropriate to hear this amparo proceeding on its merits.
V.- SPECIFIC CASE. The petitioner argues that, as of the date this amparo was filed, the authorities of the Municipality of Golfito had not attended to a request he made to them on September 18, 2022, for the purpose of being provided information on the comprehensive urban planning policy regarding the community of San Ramón de Río Claro.
On this point, it is on record that, indeed, on that day, via email sent to both the authorities of the Municipal Council and the Mayor's Office of Golfito, the petitioner requested, regarding the community of San Ramón de Río Claro, to be provided “(…) access to complete information on the comprehensive urban planning policy (…)”.
Likewise, it is on record that, by virtue of the foregoing, in Ordinary Session No. 38 held on September 21, 2022, the respondent council agreed, unanimously, to refer the request to the administration for its attention (agreement No. 06-ORD-38-2022). Equally, it has been demonstrated that on November 21, 2022, the respondent Mayor notified the petitioner, via email, of official letter No. AM-MG-0-0489-2022, where the following was recorded:
“(…) FIRST: Regarding the comprehensive urban planning policy, specifically San Ramón de Rio Claro, it must be noted that the comprehensive urban planning policy is carried out at the cantonal level, not sectoral. SECOND: Regarding your note that literally states the following: Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, that pursues the efficient and harmonious development of urban centers and that guarantees –at least– efficient electrification and communication services; good systems for the provision of potable water and the evacuation of wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe. As this administration of this local government has set forth, our mission is to satisfy the needs, enhance the capacities, values, and resources of all the inhabitants of the canton. A Local Government strongly rooted in community organization, that fosters socioeconomic and environmental development; with a vision of providing quality public services, generating citizen participation, and contributing to socioeconomic and environmental development to meet the current and future needs of the citizenry; in permanent coordination with public institutions, the Central Government, comprehensive development associations, and community organizations. Having said the above, it is important to highlight that this administration has fulfilled both our mission and vision with the community of San Ramón de Rio Claro, since maintenance has been provided in all aspects, to wit: • They have efficient electrification and communication services, including internet service. • Good systems for the provision of potable water and the evacuation of wastewater. • Adequate aqueduct and sewer systems. • Lighting and city beautification systems • Construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads The above is supported by the following information: 1. Through Direct Contracting 2021CD-000046-0004400001, the purchase was made with the administration's own resources, up to an amount of ¢ 4,373,182.00 (Four million three hundred seventy-three thousand one hundred eighty-two net colones), for the “PURCHASE OF MATERIALS FOR THE REMODELING OF THE MULTIPURPOSE COURT OF SAN RAMÓN, GUAYCARA (2017)” 2. The community of San Ramón has the vast majority of its roads asphalted, which has been carried out through Public Bids. 3. Said community has two access routes, both located opposite the southern inter-american route. 4. The construction of the main bridge of San Ramón de Rio Claro has been carried out, which was done with the administration's own resources and municipal labor. 5. The community has sidewalk and roadside ditch cleaning on the road. 6. It has garbage collection service. 7. It has an educational center. 8. It has a comprehensive development association. 9. Currently, the Public Bid 2022LN-000003-0004400001 is underway for the design and contracting for the construction of a bridge in San Ramón de Guaycara, specifically at the site of the Quebrada Román. 10. There is also joint work with the MOPT to declare the route connecting San Ramón de Rio Claro with the Canton of Coto Brus as a NATIONAL ROUTE and likewise proceed with its asphalting. It is worth noting that for 30 years this route was completely abandoned, and it was not until this administration that it received maintenance with ballast to facilitate its use; thus achieving the connection between San Ramón de Rio Claro and Coto Brus. SIXTH: Now then, this local government has a Government Plan and a Five-Year Plan, both of which are on our website. The foregoing as an implementation of the transparency index. (…)” Now, having reviewed the foregoing, this Constitutional Chamber considers that the petitioner's claim is correct. This, for the specific reasons set forth below.
First, because it has been demonstrated that the information requested since September 18, 2022, is of clear and unequivocal public interest (given that it is related to municipal management and matters concerning the urban planning of a specific community) and that, despite this circumstance, by the day this amparo was filed (October 10, 2022), after a period of approximately twenty-two days had elapsed, it had not been provided to the petitioner, without any valid justification. Even more, it must be taken into account that, by the date this proceeding was filed, the authorities of the respondent municipal council had also not communicated agreement No. 06-ORD-38-2022 to the petitioner, adopted on September 21, 2021, regarding forwarding the request to the mayor for his attention.
Second, insofar as it has been verified that the specific information requested by the petitioner was provided to him only on November 21, 2022, days after the respondents were notified of the filing of this amparo.
It should be noted that in this matter, the respondent parties did not indicate that any difficulty arose in compiling and providing the information of interest; hence, this Chamber considers that the time taken to deliver it is excessive and, consequently, affected the administered party.
This being the case, the petitioner's fundamental right enshrined in section 30 of the Political Constitution (Constitución Política) is deemed violated. Consequently, what is appropriate is to grant this amparo proceeding, without issuing any order and without a special award of costs (costas), damages (daños y perjuicios).
VI.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate (si fueren procedentes)”), the granting must be without a special award of costs, damages, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate”. It is emphasized that the Law states “if they are appropriate”, which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “every resolution that grants the action shall award in abstracto the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not what concerns compensation and costs is appropriate is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any subject matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they so choose, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an award of costs, damages.
VII.- NOTE BY JUDGE LARA GAMBOA REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES. I consider that when an amparo proceeding is resolved by granting it under the terms provided in articles 50 and 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the award of costs, damages is appropriate. However, for the purpose of not causing disruptions in the functioning of the Chamber and the stability of its jurisprudence, I have inclined to adhere to the majority vote, as I am appointed as a substitute.
VIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate”.
My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to the costs. In fact, article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.
Certainly, under article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo action is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC indicates: “Every resolution that grants the action shall award in abstracto the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.
If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages could have arisen. For this reason, the award of these in abstracto is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite there being an award in abstracto, no damages have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only to them corresponds to deem the real existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages, but not costs.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are cautioned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The action is granted, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without a special award of costs, damages. Judge Lara Gamboa signs a note regarding the award of costs, damages. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages, but not costs. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alexandra Alvarado P.
Fernando Enrique Lara G.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2022028688 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidos .
Recurso de amparo interpuesto por JEFFRY MAURCIO ZELAYA CHAVES, cédula de identidad 01-1356-0765, contra LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.
RESULTANDO:
1.- Por escrito aportado a la Sala el 10 de octubre de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 18 de septiembre de 2022, vía correo electrónico, presentó a las autoridades de la Municipalidad de Golfito una gestión en la cual, respecto a la comunidad de San Ramón de Río Claro, solicitó lo siguiente: "(…) brindar acceso a la información completa sobre la política integral de planeamiento urbano de la comunidad en cita (…)". Sin embargo, reclama que, a la fecha, no se le ha brindado la información requerida. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 21:00 hrs. de 18 de octubre de 2022, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 11 de noviembre de 2022, Luis Fernando Bustos Villafuerte, en su condición de Presidente Municipal de Golfito, rinde informe. Indica que lo dicho por el recurrente es cierto y que en la sesión ordinaria No. 38 de 21 de septiembre de 2022 se conoció el tema (gestión formulada el 18 de septiembre del año en curso). Señala que en aquella ocasión se aprobó trasladar la gestión a la administración, para su atención. Afirma que dicha gestión se le notificó a la Alcaldía Municipal el 29 de septiembre de 2022. Refiere que se le solicitará a la administración municipal atender dicha solicitud.
4.- Por resolución de las 11:25 hrs. de 14 de noviembre de 2022, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Revisados los autos, se amplía el presente proceso de amparo que se tramita en expediente No. 22-022989-0007-CO, interpuesto por JEFFRY MAURCIO ZELAYA CHAVES, cédula de identidad 01-1356-0765, contra la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a efecto que EL ALCALDE DE GOLFITO, rinda informe, sobre los hechos aducidos, sea, que, a la fecha de formulado este amparo, no se había atendido la gestión planteada el 18 de septiembre de 2022, a efecto que se le suministrara “(…) información completa sobre la política integral de planeamiento urbano de la comunidad en cita (…)". Particularmente, visto el informe rendido por Luis Fernando Bustos Villafuerte, en su condición de Presidente Municipal de Golfito (el cual se adjunta), así como lo consignado en el acuerdo No. 06-ORD-38-2022, el Alcalde recurrido deberá informar a esta Sala si se ha dado respuesta a la gestión del tutelado. Si es así, deberá indicarse por medio de cuál oficio y en qué fecha le fue este notificado al recurrente. Asimismo, deberá adjuntarse una copia del citado oficio (en caso de existir). (…)”.- 5.- Por escrito aportado a la Sala el 21 de noviembre de 2022, Freiner Lara Blanco, en su condición de Alcalde de Golfito, rinde informe. Indica que el tutelado presentó la gestión en cuestión ante el Concejo Municipal y al correo electrónico de la alcaldía. Refiere que, por oficio No. AM-MG-0-0489-2022, notificado el 21 de noviembre al correo electrónico, se le dio respuesta al tutelado. Solicita que se desestime el recurso planteado.
6.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que, a la fecha de formulado este amparo, las autoridades de la Municipalidad de Golfito no le habían suministrado la información requerida desde el 18 de septiembre de 2022 referente a la política integral de planeamiento urbano.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
“(…) PRIMERO: Sobre la política integral de planeamiento urbano, específicamente San Ramón de Rio Claro, se debe indicar que la política integral de planeamiento urbano se realiza a nivel cantonal mas no sectorial. SEGUNDO: Con respecto a su nota que indica literalmente lo siguiente: En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice –al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. Tal y como lo ha planteado esta administración de este gobierno local nuestra misión es satisfacer las necesidades, potenciar las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico y ambiental; con una visión de brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas, el Gobierno Central, asociaciones de desarrollo integral y organizaciones comunales. Dicho lo anterior es importante destacar que esta administración ha cumplido tanto nuestra misión y visión con la comunidad de San Ramón de Rio Claro ya que se le ha dado mantenimiento en todos los aspectos a saber:• Cuentan con eficientes servicios de electrificación y de comunicación, incluidos el servicio de internet. • Buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas. • Adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado. • Sistemas de iluminación y ornato de las ciudades • Servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas Lo anterior se respalda con la siguiente información: 1. Mediante la Contratación Directa 2021CD-000046-0004400001 se realizó la compra con recursos propios de la administración, hasta por un monto ¢ 4 373 182.00 (Cuatro millones trescientos setenta y tres mil ciento ochenta y dos colones netos), la “COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA MULTIUSO DE SAN RAMÓN, GUAYCARA (2017)” 2. La comunidad de San Ramón cuenta con su gran mayoría de las vías en asfaltado, mismo que se ha realizado mediante Licitaciones Públicas. 3. Dicha comunidad cuenta con dos rutas de acceso, ambas ubicadas frente a ruta interamericana sur. 4. Se ha realizado la construcción del puente principal de San Ramón de Rio Claro, mismo que se realizó con recursos propios de la administración y mano de obra municipal. 5. La comunidad cuenta con limpieza de aceras y cunetas de la vía 6. Cuenta con servicio de recolección de basura 7. Cuenta con centro educativo. 8. Cuenta con una Asociación de Desarrollo integral. 9. Actualmente se encuentra en proceso de Licitación Pública, 2022LN- 000003- 0004400001, para el diseño y contratación para la construcción de un puente en san ramón de Guaycara, específicamente en el sitio de la Quebrada Román. 10. Se encuentra además el trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para declarar como RUTA NACIONAL la ruta que comunica San Ramón de Rio Claro con el Cantón de Coto Brus y así mismo proceder a su asfaltado. Cabe destacar que dicha ruta durante 30 años se encontró en abandono total y fue hasta esta administración que recibió mantenimiento con lastre para facilitar el uso de la misma; logrando así la conexión entre San Ramón de Rio claro y Coto Brus. SEXTO: Ahora bien, este gobierno local cuenta con un plan de Gobierno y un Plan Quinquenal, ambos se encuentran en nuestra página web. Lo anterior como implementación del índice de transparencia. (…)” (ver informe).
III.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único.- Que las autoridades del Concejo Municipal de Golfito le hayan notificado al recurrente lo dispuesto en el acuerdo No. 06-ORD-38-2022 (los autos).
IV.- SOBRE EL ENVÍO DE LA GESTIÓN BAJO ESTUDIO A CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. En este asunto se ha acreditado que la gestión reclamada por el recurrente fue remitida a las direcciones de correo electrónico [email protected], [email protected] y r.mora@munidegolfito. Este Tribunal, en la resolución de curso de este amparo, solicitó a Presidente del Concejo de Golfito indicar si tales direcciones se encuentran o no establecidas como como medios oficiales para la recepción de gestiones remitidas por los usuarios a la institución. Sin embargo, la parte recurrida no se pronunció al respecto, por lo que, en consecuencia, en atención a lo dispuesto en el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estas se tienen en esa calidad. Además, es importante destacar que, según se acreditó, dicha gestión fue conocida en el concejo en sesión ordinaria celebrada el 21 de septiembre de 2022 y remitida al alcalde para su atención.
Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que en informe posterior rendido por el Alcalde de Golfito, este afirmó que la gestión bajo estudio fue efectivamente remitida al correo electrónico de la alcaldía y que a esta se le dio respuesta por oficio No. AM-MG-0-0489-2022; reconociéndose así su presentación.
Así las cosas, teniendo por verificado lo anterior, resulta procedente el conocimiento por el fondo de este proceso de amparo.
V.- CASO CONCRETO. El recurrente aduce que, a la fecha de formulado este amparo, las autoridades de la Municipalidad de Golfito no habían atendido una gestión que les planteó desde el 18 de septiembre de 2022, a efecto que le fuera suministrada información sobre la política integral de planeamiento urbano respecto a la comunidad de San Ramón de Río Claro.
Sobre el particular, consta que, efectivamente, dicho día, vía correo electrónico remitido tanto a las autoridades del Concejo Municipal como de la Alcaldía de Golfito, el tutelado solicitó, respecto a la comunidad de San Ramón de Río Claro, que se le brindara “(…) acceso a la información completa sobre la política integral de planeamiento urbano (…)”.
Asimismo, consta que, en virtud de lo anterior, en la sesión ordinaria No. 38 celebrada el 21 de septiembre de 2022, el concejo recurrido acordó, por unanimidad, la remisión de la gestión a la administración para su atención (acuerdo No. 06-ORD-38-2022). Igualmente, se ha demostrado que el 21 de noviembre de 2022, el Alcalde recurrido le notificó al tutelado, mediante correo electrónico, el oficio No. AM-MG-0-0489-2022, donde se consignó lo siguiente:
“(…) PRIMERO: Sobre la política integral de planeamiento urbano, específicamente San Ramón de Rio Claro, se debe indicar que la política integral de planeamiento urbano se realiza a nivel cantonal mas no sectorial. SEGUNDO: Con respecto a su nota que indica literalmente lo siguiente: En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice –al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. Tal y como lo ha planteado esta administración de este gobierno local nuestra misión es satisfacer las necesidades, potenciar las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico y ambiental; con una visión de brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas, el Gobierno Central, asociaciones de desarrollo integral y organizaciones comunales. Dicho lo anterior es importante destacar que esta administración ha cumplido tanto nuestra misión y visión con la comunidad de San Ramón de Rio Claro ya que se le ha dado mantenimiento en todos los aspectos a saber:• Cuentan con eficientes servicios de electrificación y de comunicación, incluidos el servicio de internet. • Buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas. • Adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado. • Sistemas de iluminación y ornato de las ciudades • Servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas Lo anterior se respalda con la siguiente información: 1. Mediante la Contratación Directa 2021CD-000046-0004400001 se realizó la compra con recursos propios de la administración, hasta por un monto ¢ 4 373 182.00 (Cuatro millones trescientos setenta y tres mil ciento ochenta y dos colones netos), la “COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA MULTIUSO DE SAN RAMÓN, GUAYCARA (2017)” 2. La comunidad de San Ramón cuenta con su gran mayoría de las vías en asfaltado, mismo que se ha realizado mediante Licitaciones Públicas. 3. Dicha comunidad cuenta con dos rutas de acceso, ambas ubicadas frente a ruta interamericana sur. 4. Se ha realizado la construcción del puente principal de San Ramón de Rio Claro, mismo que se realizó con recursos propios de la administración y mano de obra municipal. 5. La comunidad cuenta con limpieza de aceras y cunetas de la vía 6. Cuenta con servicio de recolección de basura 7. Cuenta con centro educativo. 8. Cuenta con una Asociación de Desarrollo integral. 9. Actualmente se encuentra en proceso de Licitación Pública, 2022LN- 000003- 0004400001, para el diseño y contratación para la construcción de un puente en san ramón de Guaycara, específicamente en el sitio de la Quebrada Román. 10. Se encuentra además el trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para declarar como RUTA NACIONAL la ruta que comunica San Ramón de Rio Claro con el Cantón de Coto Brus y así mismo proceder a su asfaltado. Cabe destacar que dicha ruta durante 30 años se encontró en abandono total y fue hasta esta administración que recibió mantenimiento con lastre para facilitar el uso de la misma; logrando así la conexión entre San Ramón de Rio claro y Coto Brus. SEXTO: Ahora bien, este gobierno local cuenta con un plan de Gobierno y un Plan Quinquenal, ambos se encuentran en nuestra página web. Lo anterior como implementación del índice de transparencia. (…)” Ahora bien, revisado lo anterior, esta Sala Constitucional estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Esto, por los motivos puntuales que se dirán a continuación.
Primero, por cuanto se ha demostrado que la información requerida desde el 18 de septiembre de 2022 reviste un claro e inequívoco interés público (habida cuenta que se encuentra relacionada con la gestión municipal y lo tocante al planeamiento urbano de una determinada comunidad) y que, pese a esta circunstancia, para el día de formulado este amparo (10 de octubre de 2022), luego de transcurrido un plazo de aproximadamente veintidós días, esta no le había sido suministrada al tutelado, sin que medie justificación válida alguna. Incluso, debe tomarse en cuenta que, para la fecha de interpuesto este proceso, las autoridades del concejo municipal recurrido, tampoco, le habían comunicado al accionante el acuerdo No. 06-ORD-38-2022, tomado desde el 21 de septiembre de 2021, respecto a trasladar la solicitud al alcalde para su atención.
Segundo, en el tanto se ha verificado que la información puntual requerida por el tutelado le fue suministrada hasta el 21 de noviembre de 2022, días después que los recurridos fueron notificados de la interposición de este amparo.
Nótese que en este asunto las partes recurridas no indicaron que se les haya presentado dificultad alguna para recopilar y suministrar la información de interés; de ahí que, esta Sala estime que el plazo en que se tardaron para entregarla deviene en excesivo y, por consiguiente, afectó al administrado.
Así las cosas, se tiene por quebrantado el derecho fundamental del tutelado consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política. Por consiguiente, lo que procede es acoger este proceso de amparo, sin emitir orden alguna y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO LARA GAMBOA EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS. Considero que al resolverse con lugar un proceso de amparo en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a efectos de no ocasionar trastornos en el funcionamiento de la Sala y la estabilidad de su jurisprudencia, me he inclinado por adherirme al voto de mayoría, al encontrarme nombrado en sustitución.
VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Lara Gamboa suscribe nota en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alexandra Alvarado P.
Fernando Enrique Lara G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1
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