Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 28102-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/11/2022

Denial of water availability based on technical infeasibilityDenegatoria de disponibilidad de agua potable por imposibilidad técnica

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo appeal was denied as no violation of fundamental rights was found; the denial of water service was based on technical impossibility, not arbitrariness, and the administrative appeal was resolved within the legal deadline.El recurso de amparo fue declarado sin lugar al no verificarse violación de derechos fundamentales, pues la denegatoria del servicio de agua potable se basó en imposibilidad técnica y no en arbitrariedad, y el recurso administrativo se resolvió dentro del plazo.

SummaryResumen

A person filed an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), claiming that a request for water availability for their property in Puriscal was arbitrarily denied despite neighboring properties having service. They also alleged that an administrative appeal had not been resolved and that requested regulatory documents had not been provided. AyA justified the denial on technical and regulatory grounds, explaining that there was no water distribution infrastructure fronting the property and that network extensions were not currently feasible. The Constitutional Chamber found no violation of fundamental rights, as the denial was based on technical impossibility, not arbitrariness, and the administrative appeal was resolved within the legal deadline. The requested information had already been provided before the amparo was filed. The appeal was dismissed, and the petitioner was directed to ordinary legal channels if dissatisfied.Una persona recurrió en amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) alegando que se le negó arbitrariamente una solicitud de disponibilidad de agua potable para su propiedad en Puriscal, pese a que otros vecinos sí contaban con el servicio. También reclamó que no se había resuelto un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y que no se le había entregado información solicitada. El AyA justificó la denegatoria en razones técnicas y reglamentarias, señalando que frente a la propiedad no existía infraestructura de distribución de agua potable y que se requerían extensiones de red que no eran factibles en ese momento. La Sala Constitucional determinó que no hubo violación de derechos fundamentales porque la negativa se basó en una imposibilidad técnica y material, no en arbitrariedad, y porque el recurso administrativo fue resuelto dentro del plazo legal. Además, la información solicitada ya había sido proporcionada antes de la interposición del amparo. Por tanto, se declaró sin lugar el recurso, remitiendo a la recurrente a la vía ordinaria si persistía su inconformidad.

Key excerptExtracto clave

Thus, the Court considers that these considerations are applicable to the case under study, as there are no reasons to vary the criterion set forth in that ruling or grounds to assess the situation differently. In this regard, from the evidence on file, it is established that there is currently a technical impossibility for the respondent Institute to grant the availability of water service to the protective, given the lack of sufficient infrastructure on the property, meaning the denial is not manifestly arbitrary or unfounded. However, as noted in the precedent cited above, verifying compliance with legal or technical requirements to obtain the availability of water service falls to the ordinary administrative or jurisdictional authorities, and, in principle, this Chamber cannot delve into the matter, as it involves ordinary legality aspects outside its competence. Therefore, if the petitioner disagrees with the technical reasons given by the respondent authorities, she must turn to the competent ordinary instances to pursue what she deems appropriate.Así las cosas, el Tribunal estima que estas consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues no se encuentran razones para variar el criterio vertido en tal sentencia ni motivos que hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En tal sentido, de los elementos que constan en los autos, se constata que actualmente existe una imposibilidad técnica para concederle a la tutelada la disponibilidad del servicio de agua por parte del Instituto recurrido, pues no hay infraestructura suficiente en el inmueble, de ahí que la denegatoria que acusa no resulte manifiestamente arbitraria o infundada. Ahora bien, como se indicó en el antecedente transcrito supra, la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad del servicio de agua corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que, en principio, esta Sala pueda incursionar en la materia, pues se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. Así pues, si la recurrente se encuentra inconformes con las razones técnicas esgrimidas por las autoridades recurridas deberá acudir ante las instancias ordinarias competentes a fin de gestionar lo que estime oportuno.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida."

    "Access to drinking water is a fundamental human right, as it forms part of the right to health and to life."

    Considerando V

  • "El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida."

    Considerando V

  • "Cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración."

    "When there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered is violated, as this stems from a lack of the technical elements necessary for installing the service and not from arbitrary conduct by the Administration."

    Considerando V (cita de jurisprudencia)

  • "Cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración."

    Considerando V (cita de jurisprudencia)

  • "No corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común - administrativa o jurisdiccional."

    "It is not for this Chamber to determine whether the requirements for granting water supply as sought by the petitioner are met, nor to clarify under what terms, based on water availability and compliance with technical and legal conditions, the water supply management might eventually be authorized, as this is a matter for ordinary administrative or jurisdictional channels."

    Considerando V (cita de jurisprudencia)

  • "No corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común - administrativa o jurisdiccional."

    Considerando V (cita de jurisprudencia)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL Date of Resolution: November 25, 2022, at 09:20 Case File: 22-024484-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations *220244840007CO* Res. No. 2022028102 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fifth of November, two thousand twenty-two.

Amparo appeal processed in case file number 22-024484-0007-CO, filed by [Nombre 001], identification card [Valor 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Resultando 1. By brief received in the Secretariat of the Sala on October 28, 2022, the appellant filed an amparo appeal against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and states that she claims the lack of response from the Puriscal Agency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding the appeal for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against the act on the water availability (disponibilidad de agua) request she made for the property registered under farm number 1-700780-000, located in Puriscal, San Antonio district, San Antonio Abajo hamlet, la Sapa street, 200 meters south of the school, case No. SIGDD-2022-00020584-1-1-1. She indicates that the denial of the water availability (disponibilidad de agua) request was based on what is stated in the Reglamento de Prestación de Servicios of the respondent institute, specifically Article 7, subsections 12, 8 and 14. She states that, nevertheless, in the area on the same street that connects to her property, a total of six homes (all inhabited) have this potable water service from the respondent, thereby violating what is established in the same regulation in its Article 9, which states: "Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous events or duly publicized maintenance periods that affect the coverage area where the property is located". She relates that her right as a human being to have this essential service for life, such as potable water, on her property is being limited; as well as evidencing discrimination, since, as she indicated, at the site there are homes inhabited by entire families who have potable water service; therefore, the denial to provide said service on her property constitutes unjustified discrimination, causing her great problems and affecting her interests and those of her family, since she cannot even build a room on the property, much less think about having or developing any type of subsistence agriculture or raising animals for family consumption, since, without this liquid vital for life, it becomes impossible to even think about undertaking any family project as indicated, which in the long run will allow feeding her family. She adds that in Article 12 of the same regulation, subsection a) indicates that for the granting of services the following condition must be observed: "That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access by public road or easement (servidumbre de paso) of the property for which a service is requested". She indicates that the inspection report says that in front of the property there is no potable water distribution pipeline, which creates inconsistencies with reality, since on the same street that connects to her property there are inhabited homes that have potable water service from the respondent, which raises the question of why other people with properties in the same location can have this service and why she is denied the opportunity, which could be considered discrimination and violation of her human rights as a person to have public services to subsist, in this case potable water. She states that it is important to clarify that the property has electricity service provided by the ICE, since a new service was requested by reconnection of a meter that already existed at the site, which evidences that it is indeed possible to provide public services on the property without problem, as well as that she has the land use (uso de suelo) granted by the Municipality of Puriscal, which shows that it has no type of problem for construction, nor is it affected by any limitation. She relates that Article 14 indicates that potable water services will be granted on a street or public road or over a pipeline and right-of-way easement (servidumbre tubería y de paso) registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, which is fully complied with, since the easement (servidumbre) located at the site is registered in her name as appropriate and it begins at the end of the public street. She adds that said article cites "provided that AyA networks are in operation", which can be verified on site, locating the homes that have AyA's potable water service. She indicates that in addition to the foregoing, one must remember AyA's obligation to provide potable water services in protection of human rights, as well as in legal compliance to guarantee the provision of services throughout the national territory. She adds that by note dated September 27, 2022, sent with digital signature to the email addresses: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], at 10:57 hours, she requested a copy of the following documents: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP". She indicates that she requested such information in order to learn a little about the current legislation on the matter and, therefore, to proceed with the submission to the respondent of the corresponding response to the denial of the water availability (disponibilidad de agua). She states that by September 29, 2022, she had no response, causing her to be left defenseless regarding her rights as a user due to the lack of response. She relates that from that date, she filed the appeal for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), and the time legally established for a possible response from the respondent institution has already passed, but as of the date of filing this appeal, she has not received any type of response, which continues to cause harm to her integrity and that of her family due to the need for this service on her property. Additionally, she deems that such omission violates her fundamental rights.

2. Rosemary Sánchez Pérez provides information under oath, in her capacity as Head of the Puriscal Cantonal Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the following terms: "In relation to the allegation of the appellant [Nombre 001], identification [Valor 002], related to the processing of the potable water availability (disponibilidad de agua potable) requested for a new construction project (construction of a bedroom) on the farm with real estate folio 1-700780-000, plan SJ-2105528-2019, located in the District of San Antonio, Puriscal Canton, San José Province, I proceed to address it as set forth in technical report No. UEN-SCZIII-GAM-2022-00754 dated November 3, 2022. First- On September 21, 2022, the appellant processed before the Puriscal Commercial Agency of AyA, a request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) for a new construction project for the farm with real estate folio 1-700780-000, plan SJ-2105528-2019; this request was assigned file No. 2022-00020584-1. The file was resolved negatively with official letter SIGDD-2022-00020584-1-1-1 dated September 26, 2022, and notified to the email address provided by the user: [email protected], as seen in the following image... Second- Received technical report SG-GSGAM-DyNS-2022-00537, dated November 2, 2022, it is inferred that the appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) filed on September 29 by Mrs. [Nombre 001], was addressed through Resolution Subgerencia Gestión de Sistemas SG-GSGAM-DyNS-2022, dated November 1, 2022, where that same official letter indicates that the case file is transferred to the Hierarchical Superior so that it may be heard on appeal (Apelación). The appeal (recurso de apelación) was transferred to the General Management, which was resolved through resolution No. GG-R-2022-0864 on November 3, 2022, and notified to Mrs. [Nombre 001], on November 4, 2022. The responses to the appeals for reconsideration and appeal (recursos de revocatoria y apelación) filed were notified to the means offered by Mrs. [Nombre 001], namely the following: [email protected]. The email reports are copied below: a) Report of the Reconsideration appeal (Recurso de Revocatoria), notified on November 1, 2022: b) Report of the Appeal (Recurso de Apelación) notified on November 4, 2022 ...Third- IT IS FALSE that any fundamental right of access to water is violated, given that the proceeding initiated by the applicant before the Puriscal Commercial Agency was addressed in a timely manner. However, said rejection is not based on any arbitrary, capricious, or unjustified reason, but rather is due to technical criteria duly motivated in the Reglamento de Prestación de Servicios Scope No. 29 of La Gaceta No. 27 of Tuesday, February 9, 2021, in accordance with the following articles: Article 7- Definitions. For the purposes of this Regulation, the following shall be understood as: (Subsection 12) "Analysis of technical feasibility (factibilidad técnica) for the granting of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water resources, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant availability (disponibilidad) and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed: a) That the distribution and collection networks pass in front of the property boundaries or have direct access by public road or easement (servidumbre de paso) of the property for which a service is requested. b) That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services. c) That the system complies with the established quality attributes. d) That it complies with the corresponding environmental regulations." Article 8- Of Services. A.y.A will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area (zona de cobertura), provided that the area has technical and legal feasibility (factibilidad técnica y legal). The internal systems and installations necessary for the enjoyment of the services are the responsibility of the user. Article 14- Of the conditions for the provision of the service. AyA will provide its services once technical feasibility (factibilidad técnica) has been verified in built or to-be-built properties, dedicated to the residence of persons, for commercial or industrial activities that meet the requirements and authorized uses in this regulation. The potable water and sanitation services will be granted by AyA over a street or public road or over a pipeline and right-of-way easement (servidumbre de tubería y de paso) registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of Article 16 of this regulation. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. If the public network does not reach the connection point, AyA, within a period not exceeding 15 days, will propose to the owner or possessor the construction of a branch extension (extensión de ramal) or other components of the hydraulic system, in observance of the requirements detailed by AyA in Article 39 of this regulation through the respective technical study. In highly qualified cases, especially due to socioeconomic conditions and sanitary risk, in accordance with the provisions issued by AyA, it may carry out the branch extension (extensión de ramal) and/or other hydraulic components, in order to guarantee access to potable water and sanitation in its human rights dimension and in compliance with its legal obligation to guarantee the provision of services throughout the national territory. The special qualification must be duly substantiated by the Operational Management Sub-Managements of GAM and Peripheral Systems or by the Sub-Management of Delegated Systems, as appropriate, by means of an administrative resolution, which will be issued within a period of 20 business days from the generation of the request. Based on the principle of legality that governs the Public Administration, this Institute must comply with regulatory standards and the general principles of science and technique; in accordance with Article 16, subsection 1) of the General Law of Public Administration, which states: "In no case may acts contrary to univocal rules of science or technique be issued..."; hence, in accordance with the aforementioned articles, AyA guarantees the service up to where it is technically feasible and provided that all the requirements established for those purposes are fully met, such as the existence of sufficient water and hydraulic conditions, technical aspects necessary for the provision of the public service, as well as full compliance with the legal requirements established in the regulations that cover us; conditions that, by virtue of the facts that particularly arise in the specific case, as has been fully demonstrated, are not met for the case and area subject to this appeal, since the water limitations have been identified and verified in the cited Technical Studies, thus it is not possible to grant the applicant's request under the conditions she intends; because it is clear that the potable water pipe networks must pass in front of the property boundaries, for which the service or right-of-way easement (servidumbre de paso) in favor of A.y.A. is requested. In this sense, it is worth noting that the Catastro plan 1-2105528-2019, associated with the farm under analysis, shows approximately 186 meters of public street where there is no potable water infrastructure and subsequently an agricultural easement (servidumbre agrícola) of 112 meters in length begins (see plan 1-2105528-2019). Regarding what was stated that in the area on the same street that connects the property there are homes that have potable water service, this is true, but as the appellant herself points out, they are located at the entrance, where the easement (servidumbre) towards the property begins, as shown in the following image... Fourth- IT IS FALSE that this institute violates any fundamental right of the appellant, since, in an inspection carried out on November 2, 2022, the official who appeared at the site confirmed that no person lives on the property, which is why there is no harm to health or access to potable water for human consumption of any inhabitant of the Republic arising from what is alleged by the appellant in this amparo appeal; on the contrary, the appellant has a potable water service in her name, as evidenced by the registry kept by this Institute... Fifth- Regarding the information requested for the documents: 1) Reglamento de Prestación de Servicios de A.y.A; 2) Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de Aresep; it is made clear that our Legal System is clear and according to Art. 129 of our Political Constitution, it establishes: ARTICLE 129.- Laws are mandatory and take effect from the day they designate; failing this requirement, ten days after their publication in the Diario Oficial. No one may claim ignorance of the law, except in cases where the law itself authorizes it. The waiver of laws in general is not effective, nor is the special waiver of those of public interest. Acts and agreements contrary to prohibitive laws shall be null, if the laws themselves do not provide otherwise. In addition to this, being a previously cited AyA Regulation, it was published in Scope No. 29 of La Gaceta No. 27 on Tuesday, February 9, 2021, and in the case of the Aresep Regulation, it was published in the Diario Oficial La Gaceta No. 186, Scope No. 50 of September 29, 2014, and its reform published in Diario La Gaceta No. 69, Scope No. 55 of April 12, 2016, thereby fulfilling the principle of general knowledge. Sixth- By virtue of the foregoing, the procedure that has been observed to provide a due response within the established legal period to the actions taken by Mrs. [Nombre 001] is clearly determined and they have been addressed, resolved in accordance with the regulations governing the Institution's actions, and duly notified to the means offered by her. Due to the foregoing, from a legal standpoint, no injury has been caused to the fundamental rights of the appellant by this Public Administration, since the resolutions issued and notified have technical and legal support; and her actions have been addressed and notified to the interested party." 3. By resolution at 07:10 hours on November 14, 2022, the Instructing Magistrate cautioned the appellant as follows: "Prior to resolving what is appropriate in the AMPARO APPEAL processed in case file No. 22-024484-0007-CO, filed by [Nombre 001], PROVIDE the appellant, within the period of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email submission of the action filed before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on September 27, 2022, sent with digital signature to the email addresses: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], in which she requested a copy of the following documents: '1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP'. The foregoing, because such information is essential to resolve what is legally appropriate and under warning to resolve the matter with the elements of judgment that appear in the record." 4. By brief received on November 15, 2022, the appellant complied with the caution.

5. In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.Purpose of the appeal. The appellant claims the violation of her fundamental rights, as she accuses that, in her opinion, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados arbitrarily denied her a potable water request. Furthermore, she filed an appeal for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), however, it has not been resolved. Finally, she requested information on the Reglamento de Prestación de Servicios and the Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable of ARESEP, but it was not granted to her in a timely manner in order to challenge the denial of the water service.

II.Preliminary clarification. Prior to analyzing the merits of the case — regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled administrative procedure — it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction — with some exceptions — those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure — initiated ex officio or at the request of a party — or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception case is raised since it involves a challenge against a denial of potable water service, which, as alleged, has not been resolved.

III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent party failed to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On September 21, 2022, the appellant processed before the Puriscal Commercial Agency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) for a new construction project for the farm with real estate folio 1-700780-000, plan SJ-2105528-2019. This request was assigned file No. 2022-00020584-1 (see report).
  • b)The file was resolved negatively with official letter SIGDD-2022-00020584-1-1-1 dated September 26, 2022, and notified to the email address provided by the user: [email protected] (see report).
  • c)On September 27, 2022, sent with digital signature to the email addresses: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], at 10:57 hours, she requested a copy of the following documents: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP" (see report).
  • d)On September 29, 2022, the appellant filed an appeal for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against the denial (see report).
  • e)On October 4, 2022, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, through the email [email protected], responded to the appellant regarding the information requested on September 27, 2022 (see evidence provided by the appellant).
  • f)On October 28, 2022, the amparo proceeding was filed (see electronic file).
  • g)On October 31, 2022, the respondent Institute was notified of this amparo proceeding (see electronic file).
  • h)The appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) was addressed by resolution Subgerencia Gestión de Sistemas SG-GSGAM-DyNS-2022 of November 1, 2022, where that same official letter indicates that the case file is transferred to the Hierarchical Superior so that it may be heard on appeal (Apelación) (see report).
  • i)The appeal (recurso de apelación) was transferred to the General Management, which was resolved by resolution No. GG-R-2022-0864 on November 3, 2022, and notified to Mrs. [Nombre 001] on November 4, 2022 (see report).

IV.ON THE MERITS. In judgment No. 2002-08548 at 15:28 hours on September 3, 2002, this Sala ruled on reasonable deadlines for processing an administrative procedure in the following terms:

"NATURE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REASONABLE DEADLINES. Regarding administrative procedures, it is necessary to distinguish between the constitutive one and the challenge one. The main purpose of the former is the issuance of a final administrative act that resolves the request made by the applicant or interested party — in a favorable or unfavorable sense —, and the latter is designed to hear the challenge filed against the final act that was issued in the constitutive procedure — appeal phase —. The constitutive procedure can be, by way of example, the ordinary and summary procedures regulated in the General Law of Public Administration or any other special procedure by reason of the subject matter regulated in a specific law and that can be classified within the exceptions contained in section 367, paragraph 2, of the General Law of Public Administration and in the Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) numbers 8979-P of August 28 and 9469-P of December 18, both of 1978. The challenge procedure includes ordinary appeals (reconsideration (revocatoria), appeal (apelación) and reposición) and extraordinary ones (review). For both scenarios, and with regard to common administrative procedures — ordinary, summary, and appeals —, the General Law of Public Administration establishes deadlines within which the respective public entity must resolve either the initial request or the appeal timely filed. Indeed, Article 261, paragraph 1, of the General Law of Public Administration establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within a period of two months after its initiation; for the hypothesis of the summary procedure, Article 325 ibidem, provides a period of one month — from its initiation — for its conclusion. Regarding the appeal phase or challenge procedure, section 261, paragraph 2, sets a period of one month. When a public body or entity exceeds these deadlines, a breach of the right to a prompt and fulfilled administrative justice established in Article 41 of the Political Constitution occurs."

V.Regarding the lack of potable water service by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Potable water constitutes an essential element for human life, hence in its jurisprudence, this Court has given special protection to the right of access to said liquid. Thus, for example, in judgment No. 2006-005606 at 15:21 hours on April 26, 2006, the following was indicated in relevant part:

"VII.- Access to potable water as a human right. In addition to the foregoing, and perhaps the most relevant aspect in this matter, it is constituted by the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation of the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this is not and cannot be a territorial or local issue. The Sala itself in its constitutional jurisprudence has stated that access to potable water is a fundamental human right, as it is configured as an integral part of the content of the right to health and to life...".

V.On the specific case. After having analyzed the reports and evidence provided by the parties, this Sala does not verify the violation of the fundamental rights of the appellant, for the reasons that will be set forth below. The plaintiff alleged that her potable water request filed on September 21, 2022, was arbitrarily denied. However, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados stated that "said rejection is not based on any arbitrary, capricious, or unjustified reason, but rather is due to technical criteria duly motivated in the Reglamento de Prestación de Servicios Scope No. 29 of La Gaceta No. 27 of Tuesday, February 9, 2021" and that "the Catastro plan 1-2105528-2019, associated with the farm under analysis, shows approximately 186 meters of public street where there is no potable water infrastructure and subsequently an agricultural easement (servidumbre agrícola) of 112 meters in length begins (see plan 1-2105528-2019)". Now, on this point, it is appropriate to bring up what was provided by this Sala in judgment No. 647-2020 at 9:15 hours on January 15, 2021:

"I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants state that they are neighbors of [Nombre 039], located in San José, Desamparados, San Miguel, Higuito. They claim that, as of the date of filing the appeal, they do not have potable water service, a situation that exposes them to serious risks of diseases and infections. They state that, given the absence of water, the neighbors, for many years, have made multiple efforts, including a note addressed to the ICAA on September 2, 2019, with the purpose of being provided the service; however, they claim that no response or possible solution has been provided (...)

On the other hand, regarding the appellants' request to be supplied with potable water service, it is appropriate to bring up what was indicated in judgment No. 2020-002799 at 10:05 hours on February 11, 2020:

"I.- Purpose of the appeal.- The appellant states that she was given a lot to build her house. Due to the foregoing, she submitted a request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) for the property, plan No. [Valor 003], to the respondent Asada. However, she accuses that the request was rejected with the argument that there is no potable water distribution network in front of the property. She deems that what was decided by the respondent is harmful to the right to potable water service.

II.- On the issue of potable water service provision.

This Court has indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations that administer aqueducts and sewer systems, may deny the availability of potable water if there are technical or legal reasons that justify doing so. In Judgment No. 2018-011148 of 9:30 a.m. on July 10, 2018, this Chamber resolved the following: "(...) In the case under study, the Chamber finds it proven that on August 8, 2017, the petitioner filed before the respondent Institute a request for availability of aqueduct and sewer services for the property registered under Folio Real Matrícula No. (...), which was denied by official letter No. GSP-RCO-2017-02024, dated August 21, 2017. As verified, in the sector where the land for which the protected party sought the service is located, there is no availability of potable water or sanitary sewer system, because the Santiago de Puriscal System is experiencing a water deficit, so that an increase in the number of service connections would entail a deterioration in the quality of service for current users, who are supplied through palliative measures 'valving' (valvuleo) and tanker truck. It is evident, therefore, that the Institute cannot provide the service requested by the protected party because it is technically not feasible, and therefore, it is not possible to grant the request in the terms the petitioner seeks. For this reason, from a constitutional perspective, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the respondent authority to provide the petitioner with availability of potable water service as requested, but rather, what has occurred is a technical and material impossibility due to the nonexistence at the site of the necessary infrastructure to grant what was requested, at least at this time, which -as stated- has been made known to her. It is recalled that, regarding the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple judgments to what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has stated, to the effect that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated, since this is due to the lack of necessary technical elements for the installation of the service and not to an arbitrary action by the Administration (see in that sense, among others, Judgments 2007-03355, of 1:37 p.m. on March 9, 2007; 2007-010341, of 2:45 p.m. on July 20, 2007; and 2017-011477, of 9:15 a.m. on July 21, 2017). Finally, there is no evidence of a discriminatory act in relation to the other dwellings located in the area that do have service, since the principle of equality, insofar as it constitutes a necessary prerequisite for the effectiveness of public freedoms, obliges both to equalize equal situations and to differentiate different situations. This means that equal factual situations must be applied equal legal consequences, and that to introduce differences between factual situations, there must be sufficient justification for such difference, which must appear at the same time as founded and reasonable in accordance with generally accepted criteria and value judgments. Repeatedly, this Chamber has stated that when a violation of the principle of equality is alleged, it is necessary for the interested party to present a comparison parameter, that is, they must indicate a specific case -or several- in which discriminatory treatment is evidenced. Finally, it is not for this Chamber to determine whether the requirements for granting water supply are met or not, as the petitioner intends, nor is it appropriate to elucidate under what terms, depending on water availability and the fulfillment of technical and legal conditions, the water supply procedure that she misses might eventually be authorized, since this is a task proper to the ordinary channels - administrative or jurisdictional (...)". These considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in that judgment, nor grounds that lead it to assess the situation presented differently. III.- Regarding the specific case. As can be inferred from the filing of the appeal and the documentary evidence provided to the electronic case file, the respondent rejected the request for potable water availability indicated by the petitioner, reporting the reasons why it was not feasible to attend to it, specifically, that there is no potable water distribution network in front of the property. That being said, it must be indicated that verification of compliance with legal or technical requirements to obtain the requested availability falls to the respective administrative or jurisdictional authorities, and this Chamber cannot delve into the matter, because these are aspects of ordinary legality outside its competence. Note that, as indicated in the cited precedent, this Court has considered that, in the face of a legal impediment -failure to comply with requirements established in the respective regulations- or a formal impossibility -in this case, the lack of infrastructure-, the denial of service requests is reasonable, since it is not a matter of a capricious and unfounded provision, but rather one supported by a technical criterion that prevents guaranteeing the minimum service conditions. This being the case, the appropriate course is for the petitioner to resort to the ordinary legality channel in order to raise there the proceedings she deems pertinent so that whatever is legally appropriate is resolved. Consequently, the appeal is declared inadmissible." (the bold was supplied).

Thus, in the sub examine, the respondent authorities state that, under the current circumstances, there is a technical impossibility to provide the service to the petitioners; however, they indicate the conditions under which it could eventually be facilitated. Notwithstanding the foregoing, the truth is that it was reported that the claimant must make the formal requests and comply with all the requirements in accordance with ordinary regulations. In this regard, as indicated in the precedent cited supra, in principle it is not for this constitutional jurisdiction to verify compliance with these legal or technical requirements, so the petitioner must, if she sees fit, raise the corresponding matter before the respective administrative or jurisdictional authorities. Consequently, the appropriate action is to dismiss the appeal on this point." (The highlighting does not correspond to the original).

Thus, the Tribunal considers that these considerations are applicable to the case under study, as no reasons are found to vary the criterion expressed in that judgment nor grounds to assess the situation presented differently. In that sense, from the elements contained in the record, it is verified that there currently exists a technical impossibility to grant the protected party availability of water service from the respondent Institute, as there is insufficient infrastructure on the property, hence the denial she complains of is not manifestly arbitrary or unfounded. Now, as indicated in the precedent transcribed supra, the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain availability of water service falls to the ordinary administrative or jurisdictional authorities, and, in principle, this Chamber cannot delve into the matter, as these are aspects of ordinary legality outside its competence. Thus, if the petitioner disagrees with the technical reasons put forward by the respondent authorities, she must resort to the competent ordinary instances to manage whatever she deems appropriate. Finally, although the protected party generically alleges that other dwellings near the property do have the requested service, it is no less true that the respondent agency explained that "regarding the statement that, in the area on the same street that connects the property, there are dwellings that have potable water service, it is true, but these, as the petitioner correctly points out, are located at the entrance, where the access easement (servidumbre de paso) to the property begins." Thus, these are two different situations, so a priori any illegitimate inequality is ruled out. On the other hand, the petitioner complained that a revocation appeal with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) filed on September 29, 2022, had not been resolved. Now, in accordance with considering clause IV of this judgment, regarding the appeal phase or challenge procedure, Article 261, paragraph 2, establishes a period of one month. When a public body or entity exceeds these deadlines, a violation of the right to prompt and fulfilled administrative justice established in Article 41 of the Political Constitution occurs. This being the case, as of the date of filing the appeal, that is, October 28, 2022, the one-month period had not been exceeded. Thus, at the time of filing the appeal, the violation of the right to prompt and fulfilled administrative justice had not materialized.

Finally, she alleged that on September 27, 2022, she sent with digital signature to the emails: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], a request where she asked for copies of the following documents: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP". However, she indicated that she requested such information in order to become somewhat familiar with the current legislation on the matter and, consequently, to proceed with the submission to the respondent of the corresponding response, given the denial of water availability. However, from the evidence provided by the petitioner herself, it is clear that on October 4, 2022 -prior to the filing of the amparo appeal- the claimant had been provided a response. Added to this, the fact that she requested the information did not make it impossible for her to present the challenge she deemed appropriate, especially since the information she sought, i.e., regulations, is published in the Official Gazette La Gaceta and is available through a simple internet search.

Consequently, the appeal is dismissed.

V.NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when a party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. V. Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore (Por tanto): The appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez enters a note.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Fernando Enrique Lara G.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *CFXNT47ISS8U61*

Secciones

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *220244840007CO* Res. Nº 2022028102 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-024484-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Resultando 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de octubre de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y manifiesta que reclama la falta de respuesta de la Agencia de Puriscal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en relación con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de la solicitud de disponibilidad de agua solicitado por ella para la propiedad inscrita bajo el número de finca 1-700780-000, ubicada en Puriscal, distrito San Antonio, caserío San Antonio Abajo, calle la Sapa, 200 metros sur de la escuela, caso No. SIGDD-2022-00020584-1-1-1. Indica que la solicitud de disponibilidad de agua negativa, se basó en lo que indica el Reglamento de Prestación de Servicios del instituto recurrido, específicamente artículo 7, incisos 12, 8 y 14. Manifiesta que, no obstante, en la zona sobre la misma calle que comunica a su propiedad, un total de seis viviendas (todas habitadas) cuentan con este servicio de agua potable por parte del recurrido, por lo que se incumple con lo que establece el mismo reglamento en su artículo 9 que dice: "Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad". Narra que se está limitando su derecho como ser humano, a contar con este servicio esencial para la vida como lo es el agua potable en su propiedad; así como evidenciar discriminación, ya que, como indicó, en el sitio hay viviendas habitadas por familias completas, que cuentan con el servicio de agua potable; por lo que la negativa a brindar dicho servicio en su propiedad corresponde a una discriminación injustificada, causándole grandes problemas y afectando sus intereses y los de su familia, pues, no puede construir ni siquiera una habitación en la propiedad, mucho menos pensar en tener o desarrollar algún tipo de agricultura de subsistencia o animales de cría para consumo familiar, ya que, sin este líquido vital para la vida, se vuelve imposible siquiera pensar en realizar algún proyecto familiar como los indicados, que a la larga permitirán dar de comer a su familia. Agrega que en el artículo 12 del mismo reglamento, se indica en su inciso a) que para el otorgamiento de los servicios se debe de observar la siguiente condición: "Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio". Indica que en el informe de inspección se dice que frente a la propiedad no existe tubería de distribución de agua potable, lo cual genera inconsistencias con la realidad, ya que, en la misma calle que comunica a su propiedad existen viviendas habitadas, que cuentan con el servicio de agua potable de parte del recurrido, lo cual genera la duda de por qué otras personas con propiedades en la misma ubicación, pueden contar con este servicio y por qué se le niega la oportunidad a ella, lo cual podría ser considerado discriminación y violación a los derechos humanos, que como persona tiene, de contar con los servicios públicos para subsistir, en este caso el agua potable. Manifiesta que es importante aclarar que en la propiedad se cuenta con servicio de electricidad brindado por el ICE, ya que se solicitó un servicio nuevo por reconexión, de un medidor que ya existía en el lugar, por lo que se evidencia que sí es posible brindar servicios públicos en la propiedad sin problema, así como también que se cuenta con el uso de suelo otorgado por parte de la Municipalidad del Puriscal, en el cual se muestra que no cuenta con ningún tipo de problema para construcción, ni está afectada por ninguna limitación. Narra que en el artículo 14 se indica que los servicios de agua potable se otorgarán sobre calle o vía pública o sobre servidumbre tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, lo cual, se cumple a cabalidad, ya que, la servidumbre ubicada en el lugar se encuentra inscrita a su nombre como corresponde y la misma inicia al final de la calle pública. Agrega que dicho artículo cita que "siempre que existan redes del AyA en funcionamiento", lo cual, se puede verificar en sitio, ubicando las viviendas que cuentan con el servicio de agua potable del AyA. Indica que aunado a lo anterior, se debe recordar la obligatoriedad del AyA de brindar los servicios de agua potable en resguardo de los derechos humanos, así como en acatamiento legal de garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. Agrega que por nota de 27 de setiembre de 2022, enviada con firma digital a los correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], al ser las 10:57 horas, solicitó copia de los siguientes documentos: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP". Indica que tal información la solicitó con el fin de conocer un poco la legislación vigente al respecto y, por ende, proceder con la presentación ante el recurrido, de la respuesta correspondiente, ante la negativa de la disponibilidad de agua. Manifiesta que al 29 de setiembre de 2022 no tuvo ninguna respuesta, causando que por la falta de respuesta quedó en estado de indefensión respecto a sus derechos como usuaria. Narra que desde esa fecha presentó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que ya ha pasado el tiempo de ley establecido para una posible respuesta de parte de la institución recurrida, pero, al día de interposición de este recurso no ha recibido ningún tipo de respuesta, lo cual sigue causando daños a su integridad y a la de su familia por la necesidad de contar con este servicio en su propiedad. Además, estima que tal omisión resulta violatoria de sus derechos fundamentales. 2. Informa bajo juramento Rosemary Sánchez Pérez, en su condición de Jefa de la Oficina Cantonal de Puriscal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los siguientes términos: “En relación con el alegato de la recurrente [Nombre 001], cédula [Valor 002], relacionado con el trámite de disponibilidad de agua potable solicitado para un nuevo proyecto constructivo (construcción de un dormitorio) en la finca con folio real 1-700780- 000, plano SJ-2105528-2019, ubicado en el Distrito de San Antonio, Cantón Puriscal, Provincia San José, procedo a referirme tal y como lo expongo en el informe técnico N° UEN-SCZIII-GAM-2022-00754 de fecha 03 de noviembre de 2022. Primero- El día 21 de setiembre del 2022, la recurrente gestionó ante la Agencia Comercial de Puriscal de AyA, una solicitud de disponibilidad de agua potable para un nuevo proyecto constructivo para la finca con folio real 1-700780-000, plano SJ-2105528- 2019; esta solicitud se le asignó el expediente N° 2022-00020584-1. El expediente fue resuelto de forma negativa con el oficio SIGDD-2022-00020584-1-1-1 de fecha 26 de setiembre del 2022, y notificado al correo electrónico aportado por la usuaria: [email protected], según se aprecia en la siguiente imagen… Segundo- Recibido el informe técnico SG-GSGAM-DyNS-2022-00537, de fecha 2 de noviembre del 2022, se desprende que el recurso de revocatoria presentado el día 29 de setiembre por la señora [Nombre 001], fue atendido mediante Resolución Subgerencia Gestión de Sistemas SG-GSGAM-DyNS-2022, de fecha 1 de noviembre del 2022, donde en ese mismo oficio se le indica que el caso se traslada el expediente al Superior Jerárquico para que sea conocida en Apelación. El recurso de apelación se trasladó a la Gerencia General, el cual fue resuelto mediante la resolución N°GG-R-2022- 0864 del día 03 de noviembre de 2022 y notificado a la señora [Nombre 001], el día 04 de noviembre de 2022. Las respuestas a los recursos de revocatoria y apelación interpuestos, fueron notificados al medio que ofreció la señora [Nombre 001] , sea el siguiente: [email protected]. Los reportes de los correos se copian seguidamente a) Reporte del recurso de Revocatoria, notificado el día 1 de noviembre de 2022: b) Reporte del recurso de Apelación notificado el día 4 de noviembre de 2022 …Tercero- ES FALSO que se violente cualquier derecho fundamental de acceso al agua, toda vez que el trámite incoado por la solicitante ante la Agencia Comercial de Puriscal, fue atendido oportunamente. Sin embargo, dicho rechazo no se fundamenta en alguna razón arbitraria, antojadiza o injustificada, sino que obedece a criterios técnicos debidamente motivamos en el Reglamento de Prestación de Servicios Alcance N° 29 de la Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021, de conformidad a los siguientes artículos: Artículo 7- Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: (Inciso 12) “Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos sé deberán observar las siguientes condiciones: a) Que las redes de distribución y recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para lo cual se solicita un servicio. b) Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c) Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d) Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.” Artículo 8- De los Servicios. A.y.A prestará los servicios de abastecimiento de agua para su uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal. Los sistemas e instalaciones internos necesarios para el disfrute de los servicios son responsabilidad del usuario. Artículo 14- De las condiciones para la prestación del servicio. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento. Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes de AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el AyA en un plazo que no supere los 15 días propondrá al propietario o poseedor la construcción de una extensión de ramal u otros componentes del sistema hidráulico, en observancia de los requerimientos detallados por AyA en el artículo 39 de este reglamento mediante el estudio técnico respectivo. En casos muy calificados, especialmente por condiciones socioeconómicas y de riesgo sanitario, de conformidad con las disposiciones que emita el AyA, podrá realizar la extensión de ramal y/u otros componentes hidráulicos, a fin de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento en su dimensión de derecho humano y en acatamiento a su obligación legal de garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. La calificación especial deberá ser debidamente fundamentada por las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas GAM y Periféricos o por la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, según corresponda, mediante una resolución administrativa, la cual será emitida en un plazo de 20 días hábiles, a partir de generada la solicitud. Partiendo del principio de legalidad que rige a la Administración Pública, este Instituto debe ajustarse a la normativa reglamentaria y a los principios generales de la ciencia y la técnica; de conformidad con el artículo 16 inciso 1) de la ley General de la Administración Pública, que señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica…”; de ahí que de conformidad a los artículos mencionados, AyA garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible y siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es que existan condiciones hídricas e hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, así como el cumplimiento a cabalidad de los requisitos legales establecidos en la normativa que nos cobija; condiciones que en virtud de los hechos que particularmente se presentan en el caso concreto, según ha quedado plenamente demostrado, no dan para el caso y zona objeto de este recurso, pues las limitaciones hídricas han sido identificadas y comprobadas en los citados Estudios Técnicos, por lo que no es posible acoger la solicitud de la recurrente en las condiciones como ella pretende; por cuanto queda claro que, las redes de tubería de agua potable deben pasar frente a los linderos del inmueble, para lo cual se solicita el servicio o servidumbre de paso a favor de A.y.A. En ese sentido, valga indicar que el plano Catastro 1-2105528-2019, asociado a la finca en análisis, muestra aproximadamente 186 metros de calle pública en donde no existe infraestructura de agua de agua potable y posterior inicia una servidumbre agrícola de 112 metros de longitud (ver plano 1-2105528-2019). Referente a lo manifestado que, en la zona sobre la misma calle, que comunica la propiedad hay viviendas que cuentan con servicio de agua potable, es cierto, pero las mismas como bien lo señala la recurrente, están ubicadas en la entrada, donde inicia la servidumbre de paso hacia la propiedad, tal y como lo muestra la siguiente imagen… Cuarto- ES FALSO que este instituto violente algún derecho fundamental de la recurrente, por cuanto, en inspección realizada el día 2 de noviembre del 2022, el funcionario que se apersonó en el sitio, corroboró que en la propiedad no habita ninguna persona, razón por la cual no existe ningún perjuicio a la salud o acceso al agua potable para consumo humano de ningún habitante de la República que derive de lo alegado por la recurrente en este recurso de amparo; por el contrario , la recurrente cuenta con un servicio de agua potable a su nombre, según se desprende del registro que lleva este Instituto… Quinto- En cuanto a la información solicitada de los documentos : 1) Reglamento de Prestación de Servicios de A.y.A ; 2) Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de Aresep; se deja claro que nuestro Sistema Jurídico es claro y de acuerdo al Art. 129 de nuestra Constitución Política establece: ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. Además de esto, tratándose de un Reglamento del AyA de previa cita, el mismo fue publicado en el Alcance N° 29 de La Gaceta N° 27 el martes 9 de febrero del año 2021 y para el caso del Reglamento de Aresep fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186, Alcance N°50 del 29 de setiembre de 2014 y su reforma publicada en el Diario La Gaceta N°69, Alcance N°55 del 12 de abril de 2016, cumpliéndose con ello el principio de conocimiento general. Sexto- En virtud de lo expuesto, claramente se determina el procedimiento que se ha observado para efectos de dar debida respuesta dentro del plazo legal establecido, a las gestiones formuladas por la señora [Nombre 001] y han sido atendidas, resueltas conforme a la normativa que rige el actuar de la Institución y debidamente notificadas al medio ofrecido por ella. Debido a lo anterior, desde el punto de vista jurídico, no se ha causado lesión alguna a los derechos fundamentales de la señora recurrente por parte de esta Administración Pública, toda vez que las resoluciones emitidas y notificadas tienen sustento técnico y legal; y sus gestiones han sido atendidas y notificadas a la interesada”. 3. Por resolución de las 07:10 horas del 14 de noviembre de 2022, la Magistrada Instructora le previno a la parte recurrente, lo siguiente: “De previo a resolver lo que proceda en el RECURSO DE AMPARO que se tramita en el expediente No. 22-024484-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], APORTE la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o remisión de correo electrónico de la gestión que planteó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 27 de setiembre de 2022, enviada con firma digital a los correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], en el que solicitó copia de los siguientes documentos: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP". Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de resolver el asunto con los elementos de juicio que consten en autos”. 4. Mediante escrito recibido el 15 de noviembre de 2022 la parte recurrente cumplió con lo prevenido. 5. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente reclama la violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que, a su juicio, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le negó de forma arbitraria una solicitud de agua potable. Además, que presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin embargo, no se lo han resuelto. Por último, que requirió información el Reglamento de Prestación de Servicios y el Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable de ARESEP, pero no se le otorgó oportunamente a fin de impugnar la denegatoria del servicio de agua. II. Aclaración previa. De previo a analizar el fondo del asunto — por la presunta violación del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido— debe aclararse que, a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa — con algunas excepciones — aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una impugnación contra una denegatoria de servicio de agua potable, que, según se alegó, no ha sido resuelta.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 21 de setiembre del 2022, la recurrente gestionó ante la Agencia Comercial de Puriscal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de disponibilidad de agua potable para un nuevo proyecto constructivo para la finca con folio real 1-700780-000, plano SJ-2105528- 2019. A esta solicitud se le asignó el expediente N° 2022-00020584-1 (véase el informe).
  • b)El expediente fue resuelto de forma negativa con el oficio SIGDD-2022-00020584-1-1-1 de fecha 26 de setiembre del 2022, y notificado al correo electrónico aportado por la usuaria: [email protected] (véase el informe).
  • c)El 27 de setiembre de 2022, enviada con firma digital a los correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], al ser las 10:57 horas, solicitó copia de los siguientes documentos: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP" (véase el informe).
  • d)El 29 de septiembre de 2022, la parte recurrente presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria (véase el informe).
  • e)El 04 de octubre de 2022, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a través del correo [email protected] le respondió a la parte recurrente sobre la información requerida el 27 de septiembre de 2022 (véase la prueba aportada por la parte recurrente).
  • f)El 28 de octubre de 2022, se presentó el proceso de amparo (véase el expediente electrónico).
  • g)El 31 de octubre de 2022, el Instituto recurrido fue notificado de este proceso de amparo (véase el expediente electrónico).
  • h)El recurso de revocatoria fue atendido mediante resolución Subgerencia Gestión de Sistemas SG-GSGAM-DyNS-2022 de 1 de noviembre del 2022, donde en ese mismo oficio se le indica que el caso se traslada el expediente al Superior Jerárquico para que sea conocida en Apelación (véase el informe).
  • i)El recurso de apelación se trasladó a la Gerencia General, el cual fue resuelto mediante la resolución N°GG-R-2022- 0864 del día 03 de noviembre de 2022 y notificado a la señora [Nombre 001], el día 04 de noviembre de 2022 (véase el informe).

IV.SOBRE EL FONDO. En sentencia No. 2002-08548 de las 15:28 hrs. del 3 de septiembre del 2002, esta Sala se pronunció sobre los plazos razonable para tramitar un procedimiento administrativo en los siguientes términos:

«NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada —en un sentido favorable o desfavorable—, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo —fase recursiva—. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes —ordinario, sumario y recursos—, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política».

V.De la falta de servicio de agua potable por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El agua potable constituye un elemento esencial para la vida humana, de ahí que en su jurisprudencia, este Tribunal le ha dado una protección especial al derecho al acceso a dicho líquido. Así, por ejemplo, en la sentencia No. 2006-005606 de las 15:21 hrs. de 26 de abril del 2006, se indicó en lo que interesa lo siguiente:

"VII.- El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y tal vez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida…”. V. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala no verifica la violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. La accionante alegó que se le denegó arbitrariamente la solicitud de agua potable que presentó el 21 de septiembre de 2022. Sin embargo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicó que “ dicho rechazo no se fundamenta en alguna razón arbitraria, antojadiza o injustificada, sino que obedece a criterios técnicos debidamente motivamos en el Reglamento de Prestación de Servicios Alcance N° 29 de la Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021” y que “ el plano Catastro 1-2105528-2019, asociado a la finca en análisis, muestra aproximadamente 186 metros de calle pública en donde no existe infraestructura de agua de agua potable y posterior inicia una servidumbre agrícola de 112 metros de longitud (ver plano 1-2105528-2019)”. Ahora bien, sobre el particular, conviene traer a colación lo dispuesto por esta Sala en la sentencia n.° 647-2020 de las 9:15 horas de 15 de enero de 2021:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes manifiestan que son vecinos de [Nombre 039], ubicada en San José, Desamparados, San Miguel, Higuito. Alegan que, al día de la presentación del recurso, no cuentan con el servicio de agua potable, situación que los expone a graves riesgos por enfermedades e infecciones. Exponen que, ante la ausencia del agua, los vecinos, desde hace muchos años, han realizado múltiples gestiones, incluso una nota dirigida al ICCA el 2 de septiembre de 2019 con el propósito de que se les brinde el servicio; sin embargo, reclaman que no se les ha brindado respuesta alguna o solución posible (…)

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de los recurrentes para que se les suministre el servicio de agua potable, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020-002799 de las 10:05 horas del 11 de febrero de 2020:

“I.- Objeto del recurso.- La recurrente manifiesta que le dieron un lote para construir su casa. Debido a lo anterior, se planteó ante la Asada recurrida solicitud de disponibilidad de agua potable para el inmueble, plano No. [Valor 003]. Sin embargo, acusa que la solicitud fue rechazada con el argumento de que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Estima que lo resuelto por la recurrida es lesivo del derecho al servicio de agua potable. II.- Sobre el tema de la dotación del servicio de agua potable. Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen. En la Sentencia N° 2018-011148 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2018, esta Sala resolvió lo siguiente: "(...) En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 8 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante el Instituto recurrido una solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la propiedad inscrita bajo el Folio Real Matrícula N° (…) misma que le fue denegada mediante oficio N° GSP-RCO- 2017-02024, del 21 de agosto de 2017. Según lo constatado, en el sector donde se ubica el terreno en el que la amparada gestionó el servicio, no hay disponibilidad de agua potable ni sistema de alcantarillado sanitario, pues el Sistema de Santiago de Puriscal experimenta un déficit hídrico, por lo que el aumento en el número de servicios implicaría un desmejoramiento de la calidad de los usuarios actuales, quienes son abastecidos mediante medidas paliativas "valvuleo" y camión cisterna. Es evidente entonces, que el Instituto no puede brindar el servicio solicitado por la amparada porque técnicamente no le es factible, y por ende, no es posible acoger la solicitud en los términos en que la recurrente lo pretende. Por ello, desde la perspectiva constitucional, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la autoridad accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual -como se dijo- ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, Sentencias 2007-03355, de las 13:37 horas del 09 de marzo del 2007; 2007-010341, de las 14:45 horas del 20 de julio del 2007 y 2017- 011477, de las 9:15 horas del 21 de julio del 2017). Finalmente, no consta un acto discriminatorio en relación con las otras viviendas que se ubican en la zona y que si cuentan con el servicio, ya que el principio de igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato discriminatorio. Finalmente, no corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común - administrativa o jurisdiccional (...)". Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. III.- Sobre el caso concreto. Según se desprende del escrito de interposición del recurso y de la prueba documental aportada al expediente electrónico, la accionada rechazó la solicitud de disponibilidad de agua potable que indica la recurrente, informando las razones por las cuales no era factible atenderla, específicamente, que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Ahora bien , se debe indicar que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad solicitada, corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales respectivas, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. Nótese que, conforme lo indicado en el precedente de cita, este Tribunal ha considerado que, ante el impedimento jurídico -incumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva- o frente a la imposibilidad formal -en este caso la falta de infraestructura-, resulta razonable la denegatoria de solicitudes de servicio, pues no se trata de una disposición antojadiza e infundada, sino sustentada en un criterio técnico que impide garantizar las condiciones mínimas del servicio. Así las cosas, lo propio es que la recurrente acuda ante la vía de legalidad ordinaria a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible” (la negrita fue suplida).

Así las cosas, en el sub examine, las autoridades recurridas exponen que, bajo las circunstancias actuales, existe imposibilidad técnica para que a los recurrentes se les brinde el servicio; sin embargo, señalan las condiciones bajo las cuales podría eventualmente facilitarse. No obstante lo anterior, lo cierto es que se informó que la parte accionante debe efectuar las solicitudes formales y cumplir con todos los requisitos de acuerdo con la normativa ordinaria. Al respecto, tal y como se indicó en el antecedente supra citado, en principio no le corresponde a esta jurisdicción constitucional verificar el cumplimiento de estos requisitos legales o técnicos, por lo que deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear lo correspondiente ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales respectivas. En consecuencia, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso en relación con este extremo.”. (El destacado no corresponde al original).

Así las cosas, el Tribunal estima que estas consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues no se encuentran razones para variar el criterio vertido en tal sentencia ni motivos que hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En tal sentido, de los elementos que constan en los autos, se constata que actualmente existe una imposibilidad técnica para concederle a la tutelada la disponibilidad del servicio de agua por parte del Instituto recurrido, pues no hay infraestructura suficiente en el inmueble, de ahí que la denegatoria que acusa no resulte manifiestamente arbitraria o infundada. Ahora bien, como se indicó en el antecedente transcrito supra, la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad del servicio de agua corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que, en principio, esta Sala pueda incursionar en la materia, pues se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. Así pues, si la recurrente se encuentra inconformes con las razones técnicas esgrimidas por las autoridades recurridas deberá acudir ante las instancias ordinarias competentes a fin de gestionar lo que estime oportuno. Finalmente, si bien la amparada acusa de manera genérica que otras viviendas cercanas a la propiedad sí cuentan con el servicio solicitado, no menos cierto es que la dependencia accionada explicó que “a lo manifestado que, en la zona sobre la misma calle, que comunica la propiedad hay viviendas que cuentan con servicio de agua potable, es cierto, pero las mismas como bien lo señala la recurrente, están ubicadas en la entrada, donde inicia la servidumbre de paso hacia la propiedad”. De tal manera, se trata de dos situaciones distintas, por lo que a priori se descarta alguna desigualdad ilegítima. Por otro lado, la parte recurrente reclamó que no se había resuelto un recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto el 29 de septiembre de 2022. Ahora bien, de conformidad con el considerando IV de esta sentencia, en lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. Así las cosas, a la fecha de interposición del recurso, sea el 28 de octubre de 2022 no se había superado el plazo del mes. Así las cosas, al momento de interposición del recurso, no se había configurado la violación al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida.

Por último, alegó que el 27 de setiembre de 2022, envió con firma digital a los correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] una gestión donde solicitó copia de los siguientes documentos: "1. Reglamento de Prestación de Servicios de AYA. 2. Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP". No obstante, indicó que tal información la solicitó con el fin de conocer un poco la legislación vigente al respecto y, por ende, proceder con la presentación ante el recurrido, de la respuesta correspondiente, ante la negativa de la disponibilidad de agua. No obstante, de la propia prueba aportada por la parte recurrente, se desprende que el 04 de octubre de 2022 -con anterioridad a la interposición del recurso de amparo- a la accionante se le había brindado respuesta. Aunado a ello, el hecho que haya requerido la información, ello no hacía imposible que presentara la impugnación que estimara oportuna, máxime que la información que pretendía, sea reglamentos, se encuentran publicados en el Diario Oficial La Gaceta y se encuentra en una búsqueda sencilla en internet.

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.

V.NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. V. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Fernando Enrique Lara G.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *CFXNT47ISS8U61*

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley General de la Administración Pública Art. 261
    • Constitución Política Art. 41
    • Reglamento de Prestación de Servicios del AyA Arts. 7, 8, 9, 12, 14

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏