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Res. 27316-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/11/2022
OutcomeResultado
The amparo is partially granted against the Municipality of Nandayure and the MOPT, ordering them to carry out the necessary works within 12 months to solve the Nandayure River flooding. It is denied against the CNE.Se declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Nandayure y el MOPT, ordenándoles realizar las obras necesarias en 12 meses para solucionar las inundaciones del Río Nandayure. Se declara sin lugar contra la CNE.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident of San Pablo de Nandayure, affected by recurrent flooding of the Nandayure River. Although in 2019 the Chamber had already ordered hydrological studies and a hydraulic model, three years later the flooding persisted and no comprehensive works had been carried out. The Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Nandayure and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), ordering them to coordinate and carry out all necessary actions and works to comprehensively and definitively solve the flooding problem within a maximum of twelve months. Regarding the National Emergency Commission (CNE), the amparo was denied because it had responded to the Municipality's requests within its powers. The judgment includes a partial dissenting vote by Justice Garro Vargas, who considers that the enforcement phase should be handled by the Administrative Litigation Court, given the advantages of the Administrative Procedural Code for monitoring complex technical works.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino de San Pablo de Nandayure, afectado por las recurrentes inundaciones del Río Nandayure. A pesar de que en 2019 ya se había ordenado realizar estudios hidrológicos y una modelación hidráulica, tres años después las inundaciones persistían y no se habían ejecutado obras integrales. La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Nandayure y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ordenándoles coordinar y ejecutar todas las gestiones y obras necesarias para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones, en un plazo máximo de doce meses. Respecto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el recurso se declaró sin lugar porque atendió las solicitudes de la Municipalidad dentro de sus competencias. La sentencia incluye un voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas, quien considera que la fase de ejecución debe tramitarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dadas las ventajas del Código Procesal Contencioso-Administrativo para el seguimiento de obras técnicas complejas.
Key excerptExtracto clave
Thus, despite the fact that for at least three years the authorities of the Municipality of Nandayure and the MOPT's River Works Directorate have known about the problem and have carried out certain palliative works, they have not taken the necessary steps to achieve a comprehensive and definitive solution that guarantees the safety of the community of San Pablo de Nandayure. Therefore, it is appropriate to grant the amparo against these agencies, in order to ensure a comprehensive solution within a reasonable period. Jenaro Ruiz Chacón, acting director of the River Works Directorate of the Ministry of Public Works and Transport, and Giovanni Jiménez Gómez, mayor of Nandayure, or their respective successors, are ordered to coordinate accordingly, issue the relevant orders, and carry out all actions within their respective competencies so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS from the notification of this judgment, all necessary steps and works are carried out to comprehensively and definitively solve the flooding problem of the Nandayure River affecting the community of San Pablo de Nandayure.Así las cosas, pese a que desde al menos hace 3 años las autoridades de la Municipalidad de Nandayure y de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT conocen el problema de marras y han realizado determinados trabajos paliativos, no han ejecutado lo pertinente para alcanzar una solución integral y definitiva garantice la seguridad de la comunidad de San Pablo de Nandayure. De tal manera, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a tales dependencias, a fin de garantizar una solución integral dentro de un plazo razonable. Se ordena a Jenaro Ruiz Chacón y a Giovanni Jiménez Gómez, por su orden, director a.i. de la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y alcalde de Nandayure, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, que coordinen lo correspondiente, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen todas las gestiones y obras pertinentes para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones del Río Nandayure, que afecta a la comunidad de San Pablo de Nandayure.
Pull quotesCitas destacadas
"ante la duda, y dado que el año pasado se produjeron inundaciones que dañaron los trabajos ya realizados, se debe aplicar el 'principio de evitación prudente o precautorio', con respecto a la posible afectación que podría causar el desbordamiento del cauce del río, a la salud e integridad de las personas que habitan dicha comunidad así como a sus viviendas, la alteración de ecosistemas, erosión, la destrucción de caminos, cultivos, la afectación de la salud y el bienestar de la vida silvestre y el ganado, entre otros."
"given the doubt, and since last year floods damaged the already completed works, the 'principle of prudent avoidance or precaution' must be applied regarding the possible harm that the river overflowing could cause to the health and integrity of the people living in that community as well as their homes, the alteration of ecosystems, erosion, the destruction of roads, crops, the impact on the health and well-being of wildlife and livestock, among others."
Considerando III, quoting previous judgment 2019018960
"ante la duda, y dado que el año pasado se produjeron inundaciones que dañaron los trabajos ya realizados, se debe aplicar el 'principio de evitación prudente o precautorio', con respecto a la posible afectación que podría causar el desbordamiento del cauce del río, a la salud e integridad de las personas que habitan dicha comunidad así como a sus viviendas, la alteración de ecosistemas, erosión, la destrucción de caminos, cultivos, la afectación de la salud y el bienestar de la vida silvestre y el ganado, entre otros."
Considerando III, quoting previous judgment 2019018960
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."
Considerando III, quoting Rio Declaration Principle 15
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
Considerando III, quoting Rio Declaration Principle 15
"Restringir por parte de la Municipalidad de Nandayure el uso de suelo con fines habitacionales o de comercio en las zonas de protección del río Nandayure, según el artículo 33 de la ley forestal 7575, así como en las áreas identificadas con potencial afectación por inundaciones; según los mapas de amenazas naturales de la CNE."
"The Municipality of Nandayure must restrict land use for residential or commercial purposes in the protection zones of the Nandayure River, pursuant to Article 33 of Forestry Law 7575, as well as in areas identified as potentially affected by flooding, according to the CNE's natural hazard maps."
Considerando III, quoting CNE Technical Report recommendation C
"Restringir por parte de la Municipalidad de Nandayure el uso de suelo con fines habitacionales o de comercio en las zonas de protección del río Nandayure, según el artículo 33 de la ley forestal 7575, así como en las áreas identificadas con potencial afectación por inundaciones; según los mapas de amenazas naturales de la CNE."
Considerando III, quoting CNE Technical Report recommendation C
"Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad."
"While I agree with the majority that the amparo should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects."
Considerando V, Dissenting vote of Justice Garro Vargas
"Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad."
Considerando V, Dissenting vote of Justice Garro Vargas
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Sala Constitucional Date of Resolution: November 18, 2022, at 09:20 Case File: 22-019540-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Related Judgments Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
027316-22. MUNICIPALITY. ACCUSES FLOODING CAUSED BY THE NANDAYURE RIVER. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED, SOLELY WITH RESPECT TO THE MUNICIPALITY OF NANDAYURE AND THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT. THE ACTING DIRECTOR OF THE FLUVIAL WORKS DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT AND THE MAYOR OF NANDAYURE ARE ORDERED TO COORDINATE ACCORDINGLY, ISSUE THE PERTINENT ORDERS, AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, ALL PERTINENT PROCEDURES AND WORKS ARE CARRIED OUT TO COMPREHENSIVELY AND DEFINITIVELY SOLVE THE PROBLEM OF FLOODING OF THE RÍO NANDAYURE, WHICH AFFECTS THE COMMUNITY OF SAN PABLO DE NANDAYURE. VCG05/2023 “(…) III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant states that he is a resident of San Pablo de Nandayure, an area affected by the flooding caused by the Río Nandayure. He claims that he has requested help from the respondent authorities to carry out the necessary works to solve the flooding problem; however, the situation remains the same. He adds that, in the current year, the aforementioned river destroyed trees, fences, posts, and crops.
From the study of the case file, it has been demonstrated that the respondent municipality reports that the Río Nandayure presents two flooding areas, affecting the communities of Carmona and San Pablo. In March 2020, the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT carried out cleaning and channeling works on the Río Nandayure, as part of the measures to mitigate the effects of the rains. The president of the CNE reports: “this Commission, from 2018 to date, processed the following requests from the Municipalidad de Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 “Rental of Machinery to attend to the emergency in the community of San Pablo, río Nandayure, Nandayure 5th Occasion”, awarded on January 23, 2019, to the company Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima, for 150 effective hours of an excavator and 150 effective hours of a Tractor, the purpose of which was the cleaning, re-excavation of the río Nandayure, and piling of material to the sides, like a dike, in order to avoid or mitigate overflows and greater affectation in the sector of the community of San Pablo, and 2) 2020PI-000374-0006500001 “Rental of Machinery to attend to affectations in San Pablo, desbordamiento río Nandayure”, where on December 11, 2020, it was awarded to Constructora Meco, Sociedad Anónima, for 150 effective hours of a tractor and 150 effective hours of an excavator, in order to attend to the undeclared emergency whose purpose was the cleaning and re-excavation of the riverbed of the río Nandayure in the community of San Pablo, Nandayure, in order to avoid new overflows of the river, that cause affectations to the communities and infrastructure.”. In technical report no. CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022 from the Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo of the CNE, it was recorded: “Risk assessment on the banks of the río Nandayure in the locality of San Pablo Viejo, due to problems of lateral erosion and flooding of the sector (…) Conclusions: A. According to the Mapa de Amenazas Naturales Potenciales of the CNE, the evaluated zones are within the area with direct affectation due to potential flooding when overflows of the flow of the río Nandayure and its tributaries occur in the plain zone, generally occurring when there are intense rains in the upper zone of the micro-watersheds influenced by extreme hydrometeorological phenomena. B. The sector evaluated in the locality of San Pablo Viejo is located within the micro-watershed of the río Nandayure, on the left bank. The evaluated zone is located within what corresponds to the area of the riverbed and alluvial plain, on the edges of the alluvial terraces built by the accretion of sediments deposited after extraordinary flood events. C. The zone evaluated in the town of San Pablo Viejo de Nandayure presents a flat, undulating topography, is located at the point where the channel changes its encased condition in the river canyon and opens towards the alluvial plain, has varied cover with scattered trees and some housing infrastructure built within the zones that have been affected by flooding in the past, in addition, parallel to the channel runs a local road that is impacted when overflow events occur. D. In the sector evaluated running parallel to the riverbed of the río Nandayure, strong lateral erosion is observed on the banks, because the flow impacts the zones with great force. Throughout the lower section of the river, high sedimentation and clogging of materials that have completely filled it in are observed, generating a significant loss of hydraulic capacity and favoring overflow events when heavy rains occur. E. Through the overflight carried out with an unmanned aerial vehicle (drone), evidence of overflow events, flooding, and deposit of debris on the banks in the plain, where several dwellings are located, is observed. Evidence is observed of the drag of the current and the debris it contained when it crosses the municipal road leading to San Pablo Viejo, and which continues towards adjacent lands. F. In the quebrada Pozas, which crosses the road leading to San Pablo Viejo, problems are observed at the crossing bridge, which becomes obstructed by debris drag and causes overflow of the flow. This problem interrupts passage, leaves the town isolated and without an option to leave because this is the only route to enter the community (…) Recommendations. A. The Municipalidad de Nandayure must coordinate with Obras Fluviales of the MOPT and the MINAE the possibility of carrying out adequate channeling on the riverbed of the río Nandayure at the evaluated sites presenting problems, to remove the amount of accumulated material that diminishes the hydraulic capacity of the sections, in addition, to carry out protection works to reduce lateral erosion on the banks and the protection dikes. B. The Municipalidad de Nandayure must carry out the construction of adequate protection and containment works on the banks of the río Nandayure, with materials that are not eroded by extraordinary floods and that protect the sectors. C. Restrict, by the Municipalidad de Nandayure, the land use (uso de suelo) for residential or commercial purposes in the protection zones of the río Nandayure, according to Article 33 of the Ley Forestal 7575, as well as in the areas identified with potential affectation by flooding; according to the natural hazard maps of the CNE. D. The protection works that are implemented on the affected banks must be supervised by a professional affiliated with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, based on the standards established by the Código Sísmico, the Código de Cimentaciones, and the Reglamento de Construcciones, the Código Municipal, and other current legislation. E. The Municipalidad de Nandayure must periodically carry out, according to the conditions of material accumulation in the channel of the río Nandayure and all those that drain the canton, adequate channeling that helps to recover the hydraulic capacity of the channel and reduces the flood hazard in each sector. F. The Municipalidad de Nandayure must remain vigilant over high-risk, flood, and landslide-susceptible zones, and not grant construction permits or development of informal housing settlements in them. G. Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein, IS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of the institutions that grant the permits, the engineer or person responsible for the work, and the respective Municipality for not requesting the corresponding reports, inspections, and corrections.”. The mayor of the Municipalidad de Nandayure points out that dredging techniques and other works have been carried out to counteract flooding in the winter season; however, such actions are insufficient and a comprehensive, lasting solution has not been achieved. On August 18, 2022, the Municipalidad de Nandayure and the CNE conducted a visit to each of the critical points in the community of San Pablo. The respondent municipality reports that it has begun the study of a preliminary project for the intervention of the river; however, it requires the participation of the other respondent agencies to plan and execute the respective works, in order to solve the problem denounced.
On this matter, it is important to highlight that, in judgment no. 2019018960 of 9:20 hours on October 4, 2019, this Court resolved an amparo appeal filed by the appellant, concerning the problematic situation of the Río Nandayure. In that resolution, it was stated:
“I.- Object of the appeal. The appellants claim that they have filed several procedures requesting the dredging of the río Nandayure, in the sector of San Pablo, and to date, they have not received a response nor have the corresponding actions been carried out (…)
IV.- On the merits. The Administration, in light of Article 41 of the Constitución Política, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by the administered parties, so that its resolution is consistent with the alleged points, as well as to communicate to the interested parties what has been ordered, all within a reasonable timeframe. In the case under study, the Chamber verifies an infringement of the provisions of Article 41 of the Constitución Política, given that the respondent party had not resolved the procedures filed by the appellants and other neighbors, since November 6, 2018, and reiterated on April 26 and June 13, both of 2019, which demonstrates a violation of the fundamental right to prompt and complete justice. Furthermore, it was upon notification of this amparo appeal that the respondent authority proceeded to resolve the procedure requested by the petitioners. Consequently, regarding this point, the appeal is granted.
V.- On the other hand, although to date, it is not established that dredging of the río Nandayure is required in the sector requested by the appellants, as to be certain of this, technical studies must be carried out by the competent authorities; the truth is that, given the doubt, and considering that last year floods occurred that damaged the works already carried out, the 'precautionary principle or principle of prudent avoidance' (principio de evitación prudente o precautorio) must be applied, with respect to the possible affectation that the overflow of the river channel could cause to the health and integrity of the people living in said community as well as to their homes, the alteration of ecosystems, erosion, the destruction of roads, crops, the affectation of the health and well-being of wildlife and livestock, among others. Therefore, in application of said principle, and given the evidence that there could be a danger of serious or irreversible damage, the correct course of action is to act by minimizing, as much as possible, the risk situations that this situation could cause. Furthermore, the appellants' claim is that a cleaning and deepening of the river in question, in the zone of San Pablo, be carried out, as well as the removal of rocks and sediments, to increase the depth, so translating said petition to constitutional grounds, the appropriate course is for the Chamber to grant the appeal and order the Municipal Mayor, in coordination with the competent entities of the Dirección de Obras Fluviales and the Region, of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, to carry out the technical studies indicated by said authorities, namely, a hydrological study and a two-dimensional hydraulic modeling to know with certainty the type of hydraulic work to be built and to identify if the existing infrastructure is within the river's protection zone for the solution of the problem. The foregoing is based on the provisions of Article 15 of the 'Declaración de Río', adopted by the Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, in June 1992, which reads:
'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation'.
In accordance with the foregoing, it is necessary to insist that the observance of a principle can be rational or irrational, and the case of prudent avoidance is no exception. In fact, it is clear that the principle in question, as 'prudent avoidance', is only a recommendation, of transitory validity, for the application of specific preventive measures. Thus, by virtue of the foregoing, and in application of the precautionary principle, the appropriate course is to grant the appeal, solely with respect to this point.
Therefore:
The appeal is granted. Giovanni Jiménez Gómez, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Nandayure, or whoever holds said position, is ordered that, within a period of EIGHT MONTHS, from the notification of this judgment, must, in a coordinated manner with the authorities of the Dirección de Obras Fluviales and the Macro Región de Guanacaste, both of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, carry out and obtain the results of the hydrological study and the hydraulic modeling, as applicable, to know with certainty the type of hydraulic work to be built and to identify if the existing infrastructure is within the protection zone of the río Nadanyure, in order to solve the overflow problem occurring in the zone of San Pablo. The foregoing, under the warning of incurring the crime provided for in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in case of non-compliance. The Municipalidad de Nandayure is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the sentence execution phase of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution to the respondent party, as well as to Jenaro Ruiz Chacón and Alonso Mora Arroyo, in their respective capacities as Acting Director of the Dirección de Obras Fluviales and Director of the Macro Región de Guanacaste, both of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, or whoever holds said positions, in person”.
Now then, as can be seen, in the precedent transcribed supra, the realization of certain studies that at that time were pending and that would serve to address the flooding problem in the river in question was ordered. However, approximately 3 years later, it is observed that the flooding situation still persists, and that the necessary works to achieve a comprehensive and definitive solution have not been executed.
In this sense, although the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT have carried out various palliative works such as dredging and other cleaning and channeling works, it is no less true that such actions have been insufficient. In this regard, the respondent municipality itself acknowledges that it is necessary to execute greater efforts to carry out lasting works that resolve the denounced problem. Likewise, in technical report CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022 from the Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo of the CNE, it was recorded that greater interventions and actions were necessary on the part of the respondent municipality.
Given the situation, despite the fact that for at least 3 years the authorities of the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT have known about the problem in question and have carried out certain palliative works, they have not executed what is pertinent to achieve a comprehensive and definitive solution that guarantees the safety of the community of San Pablo de Nandayure.
Therefore, the appropriate course is to grant the appeal with respect to such agencies, in order to guarantee a comprehensive solution within a reasonable timeframe.
IV- On the other hand, in relation to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, any omission meriting a declaration in this summary proceeding is ruled out a priori.
In this sense, it was reported under oath that the requests for assistance processed by the Municipalidad de Nandayure were duly attended to, and the contracts requested under procedures 2019PI-000008-0006500001 and 2020PI-000374-0006500001 were executed. Likewise, the respective inspection was carried out, and through report CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022, the recommendations pertaining to the works that the referred municipality must execute were detailed.
Consequently, the appropriate course is to dismiss the appeal with respect to this point. However, the president of the Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias must take note, so that, if required, within the framework of his competencies, he collaborates with the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT in solving the problem subject to this appeal. (…)” ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of Content: Separate Note Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Topic: 056- Ejecución de sentencias Subtopics:
NOT APPLICABLE.
V.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. While I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here of carrying out the necessary works to definitively solve the flooding problems suffered by the community of San Pablo caused by the río Nandayure. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance phases, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the enforcement phase should be carried out before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the sentence execution rules of said Code.
VCG05/2023 ... See more Res. No. 2022027316 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the eighteenth of November two thousand twenty-two.
Amparo appeal processed in case file no. 22-019540-0007-CO, filed by RAMADIEL DE JESÚS SAENZ UGALDE, identity card number 0501230633, against COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, and MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE.
Whereas:
1.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 7:40 hours on September 1, 2022, the appellant files an amparo appeal. He states that he is a resident of the zone affected by the flooding caused by the río Nandayure. He indicates that he has requested assistance from the respondent authorities, so that they carry out a dredging of the mentioned river, located in San Pablo de Nandayure Guanacaste. The foregoing, since in 2018 they carried out "a bad dredging job" and with the rains of that year, it destroyed the works done. He accuses that in 2022, they continue to have the same problem, as the river destroyed jocote, marañón, and coconut trees, "the fence with all its posts". For the reasons stated, he requests that the appeal be granted.
2.- Through a resolution at 6:33 hours on September 5, 2022, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the president of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), the director of Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), and the mayor of Nandayure.
3.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 9:55 hours on September 9, 2022, Jenaro Ruiz Chacón, acting director of Obras Fluviales of the MOPT, reports under oath the following: “• In March 2020, in response to Exp: No. 19-011045-0007-CO, this Directorate carried out cleaning and channeling works of the Río Nandayure, as MITIGATION WORKS, in the Locality of San Pablo, Cantón Carmona, Provincia Guanacaste, contributing 300 hours of D8 tractor, temporarily, to lessen the effects of possible floods that might occur due to the winter season, while the Municipalidad de Nandayure carried out the contracting of the hydrological and hydraulic study of the Río Nandayure to obtain the definitive hydraulic works necessary for solving the problem occurring in said locality (…)”.
4.- By a writing added to the case file at 14:45 hours on September 9, 2022, Alejandro José Picado Eduarte, president of the CNE, reports under oath the following: “II. RISK MANAGEMENT IN COSTA RICA: Risk Management is understood as 'the process through which the vulnerability conditions of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, into which effective criteria for disaster prevention and mitigation are incorporated within territorial, sectorial, and socio-economic planning, as well as preparedness, response, and recovery from emergencies.', as stated in numeral 4 of Ley N° 8488 'Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo'. In the same sense, risk management is defined as a 'continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the chances that a potentially destructive event (hazard) causes damage or serious disruption to people's lives, the socio-economic fabric, livelihoods, and the ecosystems of the territories, as well as establishing the tools to respond adequately, in case an impact materializes anyway, with the objective of allowing efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster'1. Risk management presents different intervention areas: from the national, regional, and sectorial level to the local, community, and family level. In addition, it requires the existence and functioning of organizational and institutional systems and structures that represent these areas and that bring together, under established coordination modalities, their agreed differentiated roles, their collective instances of social representation of the different actors and interests that participate in the construction of risk and in its reduction, foresight, and control, must be adequately defined 2. The management of this risk is the main basis of the Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, understood as the integral, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is the promotion and execution of the public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a transversal axis of planning and development practices. From the previous definition, it is deduced: 1- That risk is transversal to the activities of all activities, both public and private, 2- That its management must be a public policy of the Costa Rican State 3- That this policy is embodied in the Plan Nacional de Gestión de Riesgo; a document prepared by the Commission, an act that materializes this public policy and must be consulted on a mandatory basis by the organs and entities of the State responsible for planning tasks, who, when elaborating the respective plans, shall take into account the orientations indicated in said Plan. Likewise, when elaborating urban development plans, programs, and projects, the component of risk prevention and mitigation must be considered, all in accordance with Article 8 of Ley No. 8488. As can be extracted from what has been set forth so far, the Commission fulfills a guiding function in risk prevention and a coordinating function when it comes to attending to emergencies, or put another way, the Commission, by the principle of legality, is responsible for directing, guiding, and leading risk prevention in Costa Rica and being the coordinator of state institutions in the event of emergencies. III. RESPONSIBILITY OF THE COSTA RICAN STATE IN DISASTER PREVENTION: Ley N° 8488 also conceives risk management as '...a transversal axis of the work of the Costa Rican State; it articulates instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectorial actions, aimed at preventing the occurrence of disasters and attending to emergencies in all their phases. All development policy of the country must incorporate both the necessary elements for an adequate diagnosis of risk and susceptibility to the impact of disasters, as well as the management axes that allow their control' (Article No. 5, Ley N° 8488). Based on the provisions of Articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, including primarily the Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters, and, in particular, it is the local governments who must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster, including the ordinary management measures that are proper and timely for them to avoid their manifestation, promoting a culture that tends to reduce them. In the same way, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, considering them as a public policy process that shall operate permanently and sustainably, with a systemic approach and that of the Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Additionally, Article 27 provides the obligation that the budgets of each public institution include the allocation of resources for disaster risk control, considering prevention as a concept akin to the development practices that are promoted and carried out. The importance of co-responsibility and local commitment to risk management by the municipalities lies in the fact that emergencies and possible disasters can materialize in their territories, so their reaction and, above all, prevention must be inherent to their daily work. Even the 'large' disasters that affect the national territory are, in reality, the sum of hazards and vulnerabilities that occur simultaneously, localized, and highly dynamically, in the municipal territory, as a product of the concatenation of physical, social, economic, and political relationships. The State has among its missions the prevention of the realization of risks that could affect it or affect its population. It must carry out preventive work aimed at preventing people and property from suffering damage due to a disaster: it is protected to prevent people's lives or health or their property from suffering damage. Certainly, the emergency cannot be avoided, but its effects can be mitigated, for which preventive work is required.
And it is that lack of foresight, that is, not foreseeing that a certain situation may occur and not acting to avoid it, entails a risk to the life, health, and safety of persons and their property. It is understood that no Public Administration can prevent a public calamity from occurring, but it can be held responsible for not foreseeing the consequences that such a calamity may generate. This indicates that the legal system obligates every public body, but particularly the Commission, to act before the emergency arises and not only to act, but essentially to plan and take actions to prevent it, if it does arise, from causing harm to persons and property (Legal Opinion No. C-213-2014 of July 1, 2014). IV. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN RISK PREVENTION THROUGH TERRITORIAL PLANNING: It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development addresses criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of citizens' rights. In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Legal Opinion C-032-98 of February 25, 1998, of the Office of the Attorney General of the Republic, has stated: \"The municipal competence to issue urban plans comes from the law, since it covers matters constitutionally reserved to it, but it also has constitutional foundation, since it is a local matter. This means that the law cannot delegate this except to the Municipality and that a law that did otherwise and empowered, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional for violating municipal autonomy.\" Agreement No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, adopted in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, called: “Recommends to mayors to proceed immediately with the eviction of occupants of areas of recognized risk and imminent danger and to demolish the buildings located in them,” which textually concludes by stating: a. Recommend to all Mayors of the country: i. That in accordance with the duties and powers imposed upon them by the Political Constitution in its articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Construction Law (Ley de Construcciones), the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), and related regulations, the General Health Law (Ley General de Salud), and the extensive case law on the subject, they proceed immediately with the eviction of occupants of areas of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish the buildings located in them, and to monitor that they are not invaded again with human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, which is extracted from ruling No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber. ii. That due to the binding nature that the Constitutional Chamber confers upon them, they immediately implement the recommendations that the technicians of the CNE and academic institutions have repeatedly provided to them over many years and which are known to them, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in areas of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations that have been historically issued in each case will be available to the municipalities at the CNE offices. The Internal Audit Offices and the Municipal Councils shall ensure compliance with these provisions. Disobedience will be considered a breach of duties, and must be brought by the Internal Audit Offices to the attention of the corresponding authority. (…) d. Formally communicate this Agreement to all Mayors, and to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes). e. Publish this Agreement and the synthesis map of natural threats of the country (available on the website, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a newspaper of national circulation. The underlining is not from the original. At this point, it is necessary to recall that by constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality of Nandayure as a state legal entity, with its own assets and legal personality (article 2 of the Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes. V. THE BUDGET AND POWERS OF LOCAL GOVERNMENTS IN RISK PREVENTION 5.1. Article 46 bis of the National Law on Emergencies and Risk Prevention (Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo): Through article 1 of Law No. 9907 of October twenty-seventh, two thousand twenty, article 46 bis was added to Law No. 8488, dedicated to the application of the three percent that was previously required to be transferred to the Commission by the municipal regime. This article indicates that the municipalities and district municipal councils will calculate the three percent (3%) of the free budget surplus, set forth in article 46, based on the budget liquidation as of June 30 of the current year, having concluded the commitments effectively acquired from the prior period in accordance with what article 116 of Law 7794, Municipal Code, of April thirtieth, nineteen ninety-eight, allows. These resources will be executed by each municipal entity and will be allocated, exclusively, to the strengthening of technical capacity and municipal processes in risk management, to the prevention and response to emergencies, including those not covered under an emergency decree. The municipalities will create their own fund for these same purposes and the resources of this fund will be governed by the principles of multi-year budgeting and therefore what is not executed at the end of each fiscal year will not constitute a surplus. VI. COMPETENCES AND RESPONSIBILITIES OF THE CNE: The National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE) is the governing public institution regarding the coordination of preventive efforts for situations of imminent risk, mitigation, and response to emergency situations. It is a body of maximum deconcentration attached to the Presidency of the Republic, with instrumental legal personality for the management and administration of its budget and for the investment of its resources, with its own assets and budget. Its domicile is in the capital of the Republic, where its main headquarters is located. The actions of the CNE must be guided in accordance with the principles established by Law No. 8488 in Article 3, among them state of necessity and urgency understood as the situation of danger to a legal right that can only be saved by violating another legal right, with the least possible harm to the second and subject to subsequently rendering the accounts demanded by the laws of economic, legal, and fiscal control; protection of life, considering that those who are in the national territory must be protected in their life, their physical integrity, their property, and the environment, against disasters or dangerous events that may occur; and finally prevention, as the anticipated action to seek to reduce vulnerability, as well as the measures taken to avoid or mitigate the impacts of dangerous events or disasters; by their very condition, these actions or measures are of public interest and mandatory compliance. Ordinary and extraordinary actions have as a fundamental principle of their actions the protection of life, not only of Costa Ricans but of every inhabitant or resident in the country. Indeed, article 3 of the Law establishes that protection of life as a fundamental principle. However, the enunciation of the principle does not limit protection to the life and physical integrity of the person present in the national territory. On the contrary, the protection of life includes the protection of the environment and the property of resident persons, regardless of their nationality. Protection of life, physical integrity, property, and security that are at the basis of other principles established for the response to emergencies and risk situations, as occurs with the principle of solidarity. Within its ordinary competences, according to Law No. 8488, is the obligation to: Article 14- Ordinary prevention competences of the Commission. The Commission shall be the governing entity regarding risk prevention and preparations to respond to emergency situations. It must fulfill the following competences: (…) c) Issue binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, that regulate or provide for their effective compliance by State institutions, the private sector, and the general population. Officials of the organs and entities competent to execute or implement such binding resolutions may, in no case, disregard them. Natural or legal persons, public or private, who build on or improperly use areas restricted through these binding resolutions, shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, pursuant to article 36 of this Law. (…) g) Promote and encourage the monitoring and management of risk situations, through the study or implementation of observation, monitoring, and alert measures, that allow for foreseeing, reducing, and avoiding the impact and damages of possible disaster events. Furthermore, if necessary, coordinate the monitoring and management of such situations. (…) Likewise, it has its extraordinary competences defined in article 15, which textually states: “Once the state of emergency established in article 29 of this Law has been declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and controlling the actions aimed at resolving urgent needs, executing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. To this end, it must execute, at a minimum, the following actions: a) The coordination, direction, and control of the response to emergencies declared as such by the Executive Branch shall be carried out according to the phases defined in article 30 of this Law; for this purpose, the Commission, through the Executive Directorate, must prepare the General Emergency Plan (Plan General de la Emergencia), according to the terms referred to in Chapter VI of this Law. b) It must coordinate the damage assessment, for which the institutions of the Central Administration, the Decentralized Public Administration of the State, the Local Governments, and state companies will be responsible for assessing the damages and coordinating their execution with the Commission. c) Plan, coordinate, organize, and supervise the execution of rescue actions by public and private, national and international organizations. d) Coordinate the scientific and technical investigations necessary for the Plan, as well as the physical and economic recovery programs, and provide the necessary follow-up. e) Appoint as executing units, the public institutions that have within their scope of competence, the execution of the works defined in the General Emergency Plan and supervise their execution. f) Hire the specialized personnel it requires for determined periods and in accordance with the emergency declaration. Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend, without an emergency declaration by the Executive Branch, local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause in communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, sleeping mats, and if necessary, the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of one hundred machine hours for cleaning the most affected area of the zone” (the underlining is not from the original) VII. UNDECLARED OR FIRST-IMPACT EMERGENCIES: Law No. 8488, as part of the extraordinary competences, empowers the CNE to attend local and minor emergencies through the figure of “First Impacts” (Primeros Impactos), given that article 15 in its final paragraph indicates: “(…) Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend, without an emergency declaration by the Executive Branch, local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause in communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, sleeping mats, and if necessary, the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of one hundred machine hours for cleaning the most affected area of the zone. (The underlining is not from the original) However, the final paragraph of article 15 refers to a first-impact humanitarian service. The Law uses the term “first impact” to refer to the first phase of response to a declared emergency. Indeed, article 30 of the Law, which divides said response into the response phase, rehabilitation phase, and finally reconstruction phase, establishes that the response phase is immediate to the occurrence of the event. A phase that includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, property, and the environment. But also mitigation works directed at protecting the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as the actions immediate to the occurrence of an emergency; they seek to control a situation, to safeguard works and lives, avoid greater damages, and stabilize the area of the region directly impacted by the emergency. In this sense, without an emergency declaration, the Commission may attend local and minor emergencies, for which the contracting of a maximum of 100 machine hours is permitted for cleaning the affected area. Likewise, article 30 subsection a) of the same law establishes that in the response phase, which is an operational phase immediate to the occurrence of the event, the urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, the production of goods and services are included through actions of alert, alarm, evacuation, and relocation, among others. VIII. EMERGENCIES DECLARED UNDER EXECUTIVE DECREE: Regarding the Exceptional Regime, this arises from a Declaration of a State of Emergency, which is carried out by the Executive Branch, as provided in article 29 of Law No. 8488. The Emergency Declaration permits exceptional treatment in the face of budgetary rigidity, by virtue of article 180 of the Political Constitution, so that the Government can swiftly obtain sufficient economic, material, or other resources to attend to the persons, property, and services affected or in danger (art. 31 Law No. 8488); according to the need in the different stages of the emergency as established in article 30 of the cited law. To use the exceptional regime, there must UNEQUIVOCALLY exist a causal link between the event that causes the state of necessity and urgency and the damages actually caused. In this sense, the Constitutional Chamber, in Vote No. 3410-92 reiterated in Vote No. 1369-2001 at fourteen hours thirty minutes of February fourteenth, two thousand one, indicated: “the existence of a causal link is required for the intervention of the CNE between the event that occurred and the investment being made, duly supported by an emergency decree issued by the Executive Branch and a General Emergency Plan, understood as a definition of functions and responsibilities and general procedures for reaction and institutional alerts (…)”. When the Executive Branch has issued the decree declaring the state of emergency, immediately the Commission, through its Executive Directorate and in consultation with its Presidency, shall convene the Institutions that have competence and any other it considers necessary because they are within the area of impact of the emergency, for the preparation of the General Emergency Plan, an instrument that will allow rational, efficient, and systematic planning and channeling of the actions that must be carried out, the necessary supervision, and the allocation of the resources required. For this purpose, within a maximum period of two months, the convened institutions must deliver an official report of the damages suffered in their area of competence, with an estimate of the costs and needs that must be covered. A cause-and-effect relationship must unequivocally exist in this damage report. With the reports submitted and the other documentation the Commission accredits, the General Emergency Plan will be prepared. The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the effect of causality between the event that occurred, the actions, and the investment made to address the emergency. It consists of a description of the causal event, the damage assessment, and the estimate of the losses generated, broken down by canton and sector; likewise, it includes the delimitation of the actions that each institution must carry out, including those of the Commission itself; as well as a detail of the amount of investment required in each of the phases of emergency response, from the response phase to the reconstruction of the affected zone. IX. REGARDING THE SPECIFIC CASE: In reference to the specific case, it must be clarified that the interventions carried out by the CNE, through “First Impact” (Primer Impacto) contracting, whether for declared or undeclared emergencies, respond to the on-site need to protect the population, infrastructure, and vital lines in the first instance, the purpose of these being to safeguard human life, agricultural activities, and protection of properties near the riverbank. These interventions carried out by the Commission, termed First Impacts (Primeros Impactos), consist of the contracting of machinery for a maximum of three hundred hours, for emergency intervention during the Response Phase of an extraordinary event or for the response to local emergencies, these works being urgent and necessary to eliminate landslides and restore passage, channel rivers, restore vital public services; that protect life and provide security to inhabitants and their property. These contracts provide a palliative measure for an impact resulting from a local event. Upon consulting the Strategic Development Unit of the CNE, which is the unit responsible for advising and planning the development of the National Risk Management System and evaluating the results comprehensively and therefore for the preparation of Emergency Plans, [it was found] that the canton of Nandayure is included in the emergency declarations for Tropical Storm Nate (Executive Decree No. 40677-MP) and Hurricane Eta (Executive Decree No. 42705-MP); however, for neither of the two events is there an official damage and loss report for the General Emergency Plan regarding the river in question, on the part of the Municipality of Nandayure nor the Directorate of Fluvial Works (Dirección de Obras Fluviales) of the Ministry of Public Works and Transport within the time established by law. This being an indispensable requirement for the CNE to act within its extraordinary competences. What it was able to verify is that this Commission, from the year 2018 to date, processed the following requests from the Municipality of Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 “Rental of Machinery to attend the emergency in the community of San Pablo, Nandayure River, Nandayure 5th Occasion,” where it was adjudicated on January 23, 2019, to the Company Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima, 150 effective hours of an excavator and 150 effective hours of a Tractor, the purpose of which was cleaning, re-digging the Nandayure River, piling material on the sides, as a dike type with the aim of preventing or mitigating overflows and greater impact in the sector of the community of San Pablo and 2) 2020PI-000374-0006500001 “Rental of Machinery to attend impacts in San Pablo, Nandayure River overflow,” where on December 11, 2020, it was adjudicated to Constructora Meco, Sociedad Anónima, 150 effective hours of a tractor and 150 effective hours of an excavator, with the purpose of attending the undeclared emergency, the aim of which was cleaning and re-digging the Nandayure riverbed in the community of San Pablo, Nandayure, with the purpose of preventing new river overflows that cause impacts to the communities and infrastructure. It is important to indicate that the processes noted in the preceding paragraph have been in response to requests made by the Municipality of Nandayure, which have been attended to in a timely and proper manner, under the figure of undeclared emergency contracting. As can be noted from the foregoing, the CNE has carried out proactive work within our legal framework, in terms of providing prompt and fulfilled response to the requests made by the Municipality of Nandayure. Mention must be made that the channel maintenance work as a preventive measure must be carried out either by the local government or by the Directorate of Fluvial Works of the Ministry of Public Works and Transport, since the construction of a rock retaining wall (requested by the petitioner), as an ordinary action, cannot and should not be provided by the CNE; since if that were the case, it would result in substituting the response through the ordinary channel with an exceptional regime, which is clearly improper in accordance with the rule cited throughout this report.”.
5.- By document incorporated into the file at 12:03 hours on September 15, 2022, Giovanni Jiménez Gómez, Mayor of Nandayure, reports under oath the following: “the Nandayure River presents two potential flood areas that directly affect the Community of Carmona population center and the Community of Puerto San Pablo, the river moves from a high point to a very flat area, a situation that causes the overflow of the channel and therefore the direct impact on adjacent properties. The Channel of the Nandayure River in the last 10 years has changed its fluvial morphology, due to its mobility the adjacent areas have no stability or permanence, they shift and change more than one might usually imagine. This fluvial mobility represents a danger to engineering works located on the riverbed and in its immediate surroundings, which by their very nature must be stable. That is, the magnitude of the problem is not solved solely by dredging the channel, we must go further, what has been done in recent years has been justified in channeling works formed by parallel dikes, and when the flows are sufficiently large, they destroy the works generated with the riverbed materials; they overflow due to their sinuosity, frontally attacking the defenses created by specialized equipment. • Assessment of the Situation and Municipal Action. We understand the concern of all the communities bordering the Nandayure River; which has generated the municipal commitment to seek more durable solutions duly coordinated with the competent institutions, the National Emergency Commission and the Ministry of Public Works and Transport. We do not omit to indicate that we have worked on this problem in coordination with these institutions, but the synergy has not been sufficient to provide a comprehensive, lasting solution; we continue using the same dredging techniques, machine-hour work that only resolves for the winter period and most times not even for that period, and work is only done on critical erodible points, neglecting to assess other aspects of the management and development of the fluvial morphology. With this we intend to indicate and highlight the efforts we have individually made in the search for solutions; however, it is required that the National Emergency Commission and the Ministry of Public Works and Transport, the latter as the governing body in fluvial matters, participate more actively with their professionals, machinery, and equipment, in the different hydrological and hydraulic studies that are required to give solutions that endure over time and that contribute to the regeneration of the indigenous nature of the area. The National Emergency Commission CNE; has generated countless visits over time to the Channel on the Nandayure River; which we appreciate but we feel that what is indicated on paper is not sufficient – TECHNICAL REPORT CNE-UIAR-INF-1193-2021 risk assessment on the banks of the Nandayure River in the locality of San Pablo Viejo, for problems of lateral erosion and flooding of the sector, its criterion is transcendental, but we require more support and resources for the emergencies that have arisen, in fact through the first-impact reports carried out and protected under the Nate Decree, we have requested that the inclusion of major preventive and corrective works be assessed to minimize the latent risk that the communities of Carmona and Puerto San Pablo suffer each winter. In such a way that we appeal to the teamwork of the three institutions, not only for basic preventive solutions, but rather to generate a professional inter-institutional work team to contribute longer-lasting and more efficient hydraulic solutions, for the benefit of the affected communities. • Municipal Proposal. In the month of June 2020, a joint work was carried out with the Ministry of Public Works and Transport, the scope of the work was the dredging of the Channel in the community of San Pablo both upstream and downstream of the referenced point; the MOPT contributed specialized equipment, an excavator and a crawler tractor, for the formation of lateral containment dikes or protective barriers for the neighboring properties. However, by using the same sandy-type river material with the runoff occurring in prior periods, these affected the parallel containment structures (…) Works carried out in the year 2020, protection with parallel dikes for neighboring properties to prevent the overflow of the Nandayure River. Subsequently, in the month of July 2022, the Municipality of Nandayure carried out channel dredging works specifically at the site known as San Pablo, to improve the hydraulic area of the channel section given that at this point the river overflows, cutting off the passage of the cantonal road that connects with Puerto San Pablo. In this way we have worked in coordination with the water directorate of Minae to obtain the respective authorization and thus be able to impact the most critical points; however, we insist that the works executed are not sufficient to contain and dissipate the energy of the water (…) Recently, on August 18, 2022, a visit to each of the critical points of the Channel of the Nandayure River was coordinated and managed with technical personnel from the CNE; mainly in the community of Puerto San Pablo, this yields a series of technical recommendations to prevent the overflow of the river. Recommendations that require the elaboration of a work plan accompanied by the technical and financial resources of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) and the National Emergency Commission (CNE), as well as from this municipality. • Municipal Technical Proposal to minimize Flood Risk The Municipality has been analyzing the technical and financial viability of the application of a structure called a prismatic hydroblock structural textile geocontainer of high resistance to weathering, which is filled using the existing material in the channel, through mechanical or hydraulic means with the site's gravel-type soil, to obtain large-volume mass units that accommodate to the terrain in a versatile manner.
Due to their shape and size they are used in the construction of gravity structures, in the facing of walls in reinforced soils, in hydraulic control structures, bank erosion control, rehabilitation of eroded banks, lining of dikes, embankments, channel slopes, bank heightening, crest heightening in hydraulic control structures, and protection of pipelines (…) This solution is viable to strengthen the sections of the channel (cauce) that present high erosion of the natural slopes bordering yards and dwellings, which have been affected by the flooding of the Río Nandayure; its cost is significant and an extraordinary budget is required, but the advantage presented by this structure is that its cost as an input, an element, is offset by the on-site material, since we would not have to purchase large quantities of oversized granular material that would exponentially increase the project costs. • Current Condition of the Channel (Cauce) in the Community of San Pablo (…) The winter condition of the year 2022 can be observed, where the parallel dikes built have eroded, affecting the adjoining properties. • Technical Proposal for accompaniment CNE- MOPT- MINAE- MUNICIPALIDAD We require inter-institutional accompaniment with the following competencies in order to impact the critical points through short- and medium-term programming according to the availability of resources of each institution. Requirement to request from MOPT: • Hydrological Studies • Hydraulic Studies • Availability of Machinery and Equipment • Professional Technical Support. Requirement to request from CNE: • Financial resources to purchase prismatic hydroblock structural textile geocontainer (geocontendor) (sic). • Continue with the vulnerability study and risk assessment on the banks of the Río Nandayure, in the remaining sector between Puente Carmona towards the community of San Pablo. • Professional Technical Support • Availability of Machinery and Equipment (machine hours). • Follow up on the commitments generated by the Nate Decree (Decreto Nate), which is (sic) active and under which the necessary resources could be managed to contribute to the proposed solution. Requirement to request from MINAE: • Carry out studies to perform works in a public-domain channel (cauce). • Professional Technical Support Requirement to request from the Municipalidad Nandayure: • Financial resources to purchase prismatic hydroblock structural textile geocontainer (geocontendor). • Availability of Machinery and Equipment • Professional Technical Support • Coordination of liaison (sic) between the indicated institutions. Regarding execution timelines. As the Municipalidad, we have begun the preliminary project study of the points to intervene in order to estimate the costs of each sub-project, which will take us approximately three months given that the current conditions of the channel (cauce) present difficulties for carrying out in-situ inspections, which benefits later viewing the damages caused and thus quantifying and developing an intervention work plan where each of the involved institutions expresses its commitment or counterpart contribution to improve the hydraulic control of the channel (cauce). We reiterate that as the Municipalidad we do not have all the resources, therefore we insist that a working commission must be created to plan and execute the works within an adequate timeframe to avoid greater tragedies for the citizens of Carmona and San Pablo and Puerto San Pablo.”.
6.-In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Rueda Leal; and,
Considering:
I.-PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that he is a resident of San Pablo de Nandayure, an area affected by the flooding caused by the Río Nandayure. He alleges that he has requested help from the respondent authorities to carry out the necessary works to solve the flooding problem; however, the situation remains the same. He adds that, in the current year, the aforementioned river destroyed trees, fences, posts, and crops.
II.-PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:
III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at hand (sub lite), the appellant states that he is a resident of San Pablo de Nandayure, an area affected by the flooding caused by the Río Nandayure. He alleges that he has requested help from the respondent authorities to carry out the necessary works to solve the flooding problem; however, the situation remains the same. He adds that, in the current year, the aforementioned river destroyed trees, fences, posts, and crops.
From the study of the case file, it has been demonstrated that the acting municipalidad reports that the Río Nandayure presents two flood areas, which affect the communities of Carmona and San Pablo. In March 2020, the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT carried out cleaning and channelization works on the Río Nandayure, as part of the measures to mitigate the effects of the rains. The president of the CNE reports: "this Commission, from 2018 to date, processed the following requests from the Municipalidad de Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 'Alquiler de Maquinaria para atender la emergencia en la comunidad de San Pablo, río Nandayure, Nandayure 5ta Ocasión', which was awarded on January 23, 2019, to the company Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima (Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima), 150 effective hours of an excavator and 150 effective hours of a Tractor, the purpose of which was cleaning and re-excavation of the Río Nandayure, piling material on the sides, dike-type, in order to prevent or mitigate overflows and greater impact in the sector of the community of San Pablo, and 2) 2020PI-000374-0006500001 'Alquiler de Maquinaria para atender afectaciones en San Pablo, desbordamiento río Nandayure', where on December 11, 2020, Constructora Meco, Sociedad Anónima (Constructora Meco, Sociedad Anónima) was awarded 150 effective hours of a tractor and 150 effective hours of an excavator, for the purpose of attending to the undeclared emergency, the purpose of which was cleaning and re-excavating the channel (cauce) of the Río Nandayure in the community of San Pablo, Nandayure, in order to prevent new river overflows, which cause impacts to the communities and infrastructure.". In the technical report no. CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022 from the Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo of the CNE, it was recorded: "Risk assessment on the banks of the Río Nandayure in the locality of San Pablo Viejo, due to lateral erosion and flooding problems in the sector (…) Conclusions: A. According to the Mapa de Amenazas Naturales Potenciales of the CNE, the evaluated zones are within the area of direct impact from potential flooding when overflows of the Río Nandayure's flow and its tributaries occur in the flatland area, generally occurring when intense rains occur in the upper zone of the micro-watersheds due to the influence of extreme hydro-meteorological phenomena. B. The sector evaluated in the locality of San Pablo Viejo is located within the micro-watershed of the Río Nandayure, on the left bank. The evaluated zone is located within what corresponds to the river channel (cauce) area and alluvial plain, on the edges of the alluvial terraces built by the accretion of sediments deposited after extraordinary flood events. C. The zone evaluated in the town of San Pablo Viejo de Nandayure presents an undulating flat topography; it is located at the point where the channel (cauce) changes from its boxed-in condition in the river canyon and opens toward the alluvial plain; it has varied cover with scattered trees and some housing infrastructure built within zones that have been affected by flooding in the past; furthermore, parallel to the channel (cauce) runs a local road that is impacted when overflow events occur. D. In the evaluated sector running parallel to the channel (cauce) of the Río Nandayure, strong lateral erosion is observed on the banks, because the flow impacts the zones with great force. Throughout the lower section of the river, high sedimentation and clogging of materials that have completely filled it are observed, generating a significant loss of hydraulic capacity and favoring overflow events when heavy rains occur. E. Through the overflight carried out with an unmanned aerial vehicle (drone), evidence of overflow, flooding, and debris deposition events is observed on the banks in the plain, where several dwellings are located. Evidence of the drag from the current and the debris contained in the flow is observed when it crosses the municipal road leading to San Pablo Viejo, and which continues towards adjacent lands. F. In the Quebrada Pozas, which crosses the road leading to San Pablo Viejo, problems are observed in the crossing bridge, which is obstructed by debris drag and causes the flow to overflow. This problem interrupts passage, leaves the town incommunicado, and without an option to leave because there is only this route to enter the community (…) Recommendations. A. The Municipalidad de Nandayure must coordinate with Obras Fluviales of the MOPT and the MINAE the possibility of carrying out adequate channelization on the channel (cauce) of the Río Nandayure at the evaluated sites presenting problems, to remove the amount of accumulated material that reduces the hydraulic capacity of the sections, and also to carry out protection works to reduce lateral erosion on the banks and the protection dikes. B. The Municipalidad de Nandayure must carry out the construction of adequate protection and containment works on the banks of the Río Nandayure, with materials that are not eroded by extraordinary floods and that protect the sectors. C. The Municipalidad de Nandayure must restrict land use (uso de suelo) for residential or commercial purposes in the protection zones of the Río Nandayure, according to Article 33 of the Ley Forestal 7575, as well as in areas identified as having potential flood impact, according to the natural hazard maps of the CNE. D. The protection works implemented on the affected banks must be supervised by a professional affiliated with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, based on the standards established by the Código Sísmico, Código de Cimentaciones, and Reglamento de Construcciones, Código Municipal, and other current legislation. E. The Municipalidad de Nandayure must periodically carry out, according to the conditions of material accumulation in the channel (cauce) of the Río Nandayure and all those that drain the canton, adequate channelization that helps recover the hydraulic capacity of the channel (cauce) and reduces the flood threat in each sector. F. The Municipalidad de Nandayure must remain vigilant over high-risk, flood, and landslide-susceptible zones, and not grant construction permits or allow the development of informal housing settlements in them. G. Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein IS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of the institutions granting the permits, the engineer or person responsible for the work, and the respective Municipalidad for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections.". The mayor of the Municipalidad de Nandayure points out that dredging (dragado) techniques and other works have been carried out to counteract flooding during the winter season; however, such actions are insufficient, and a durable, comprehensive solution has not been achieved. On August 18, 2022, the Municipalidad de Nandayure and the CNE conducted a visit to each of the critical points in the community of San Pablo. The acting municipalidad reports that it has begun the study of a preliminary project for the intervention of the river; however, it requires the participation of the other acting agencies to plan and execute the respective works, in order to solve the alleged problem.
On this matter, it is of interest to highlight that, in judgment no. 2019018960 of 9:20 a.m. on October 4, 2019, this Court resolved an amparo appeal (recurso de amparo) filed by the appellant, concerning the problems with the Río Nandayure. In that resolution, it was stated:
"I.- Purpose of the appeal. The appellants allege that they have filed several petitions requesting the dredging (dragado) of the Río Nandayure, in the sector of San Pablo, and to date, they have not received a response nor have the corresponding actions been taken (…)
IV.- On the merits. The Administration, in light of Article 41 of the Constitución Política, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of swift and complete justice, without denial, which implies, in the realm of administrative justice, its obligation to decide the claims raised by the administered parties with diligence and speed, in such a manner that its resolution is congruent with the alleged points, as well as to communicate what has been decided to the interested parties, all within a reasonable timeframe. In the case under study, the Chamber (Sala) confirms an infringement of the provisions of Article 41 of the Constitución Política, since the respondent party had not resolved the petitions filed by the appellants and other residents, since November 6, 2018, and reiterated on April 26 and June 13, both of 2019, which demonstrates a violation of the fundamental right to swift and complete justice. Moreover, it was upon notification of the present amparo appeal (recurso de amparo) that the respondent authority proceeded to resolve the petition requested by the petitioners. Consequently, regarding this point, the appeal is granted.
V.- Furthermore, although to date, it is not established that dredging (dragado) of the Río Nandayure is required in the sector requested by the appellants, since to have certainty of this, technical studies must be carried out by the competent authorities; the truth is that, faced with doubt, and given that last year floods occurred that damaged the works already carried out, the 'principle of prudent avoidance or precautionary principle' must be applied, with respect to the possible impact that the overflow of the river channel (cauce) could cause to the health and integrity of the people inhabiting said community as well as to their homes, the alteration of ecosystems, erosion, the destruction of roads, crops, the impact on the health and well-being of wildlife and livestock, among others. Therefore, in application of said principle, and given the evidence that there could be a danger of serious or irreversible damage, the correct course of action is to act by minimizing as much as possible the risk situations that said situation may cause. In addition, the appellants' claim is that a cleaning and deepening of the river in question be carried out, in the zone of San Pablo, as well as the removal of rocks and sediments, to increase the depth; therefore, translating said petition to the constitutional realm, the appropriate course is for the Chamber (Sala) to grant the appeal and order the Municipal Mayor in coordination with the competent entities of the Dirección de Obras Fluviales and of the Región, of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, that the technical studies indicated by said authorities be carried out, namely, a hydrological study and a two-dimensional hydraulic modeling to know with certainty the type of hydraulic work to be built and to identify whether the existing infrastructure is within the river's protection zone for the solution of the problem. The foregoing is based on the provisions of Article 15 of the 'Rio Declaration', adopted by the United Nations Conference on Environment and Development in June 1992, which reads:
'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In accordance with the foregoing, it is necessary to insist that the observance of a principle can be rational or irrational, and the case of prudent avoidance is no exception. In fact, it is clear that the principle in question, as 'prudent avoidance,' is merely a recommendation, of temporary validity, for the application of certain preventive measures. Thus, by virtue of what has been stated, and in application of the precautionary principle, the appropriate course is to grant the appeal, solely regarding this point.
Therefore (Por tanto):
The appeal is granted. Giovanni Jiménez Gómez, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Nandayure, or whoever holds that office, is ordered that, within a period of EIGHT MONTHS, from the notification of this judgment, they must, in a coordinated manner with the authorities of the Dirección de Obras Fluviales and the Macro Región de Guanacaste, both of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, carry out and obtain the results of the hydrological study and the corresponding hydraulic modeling, to know with certainty the type of hydraulic work to be built and to identify whether the existing infrastructure is within the protection zone of the Río Nadanyure, in order to solve the overflow problem occurring in the San Pablo area. The foregoing, under the warning of incurring the crime provided for in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in case of non-compliance. The Municipalidad de Nandayure is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution to the respondent party, as well as to Jenaro Ruiz Chacón and Alonso Mora Arroyo, in their respective order as Acting Director (Director a.i.) of the Dirección de Obras Fluviales and Director of the Macro Región de Guanacaste, both of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, or to whomever holds those offices, in person." Now, as can be seen, in the precedent transcribed above, the carrying out of certain studies that were pending at that time was ordered and that would serve to address the flooding problem in the river in question. However, approximately 3 years later, it is observed that the flooding situation still persists, and that the necessary works to achieve a comprehensive and definitive solution have not been executed.
In this regard, although the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT have carried out various palliative works such as dredging (dragados) and other cleaning and channelization tasks, it is no less true that such actions have proven insufficient. In this respect, the acting municipalidad itself acknowledges that greater efforts are necessary to execute durable works that resolve the alleged problem. Likewise, in the technical report CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022 from the Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo of the CNE, it was recorded that greater interventions and actions were necessary on the part of the acting municipalidad.
This being the case, despite the fact that for at least 3 years the authorities of the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT have known about the problem in question and have carried out certain palliative works, they have not executed what is pertinent to achieve a comprehensive and definitive solution that guarantees the safety of the community of San Pablo de Nandayure.
Therefore, the appropriate course is to grant the appeal with respect to these agencies, in order to guarantee a comprehensive solution within a reasonable timeframe.
IV- Moreover, in relation to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, any omission warranting being declared in this summary proceeding is ruled out a priori.
In this regard, it was reported under oath that the requests for help processed by the Municipalidad de Nandayure were duly attended to, and the procurements requested in dockets 2019PI-000008-0006500001 and 2020PI-000374-0006500001 were executed. Likewise, the respective inspection was carried out, and through report CNE-UIAR-INF-1193-2021 of September 2022, the recommendations concerning the works that the aforementioned municipalidad must execute were detailed.
Consequently, the appropriate course is to dismiss the appeal regarding this point, without prejudice. However, the president of the Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias must take note, so that, if required, within the framework of its competencies, it assists the Municipalidad de Nandayure and the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT in solving the problem that is the subject of this appeal.
V.- PARTIALLY DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO PARCIAL) REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY JUDGE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber (Sala) that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here in carrying out the necessary works to definitively solve the flooding problems suffered by the community of San Pablo from the Río Nandayure.
In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liability, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the rules for judgment enforcement of said Code.
VI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N°27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N°43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted, only with respect to the Municipalidad de Nandayure and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Jenaro Ruiz Chacón and Giovanni Jiménez Gómez, respectively, acting director of the Dirección de Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and mayor of Nandayure, or whoever respectively holds those positions, are ordered to coordinate the corresponding actions, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, all pertinent procedures and works are performed to comprehensively and definitively solve the flooding problem of the Río Nandayure, which affects the community of San Pablo de Nandayure. Notice is given that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Nandayure are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that served as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the administrative litigation jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias shall take note of the recital at the end of considerando IV of this judgment. Judge Garro Vargas dissents with respect to the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Division (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be sent to initiate the enforcement proceedings for this ruling. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
027316-22. MUNICIPALIDAD. ACUSA INUNDACIONES PROVOCADAS POR EL RIO NANDAYURE. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE Y AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. SE ORDENA AL DIRECTOR A.I. DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS FLUVIALES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y ALCALDE DE NANDAYURE, QUE COORDINEN LO CORRESPONDIENTE, GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES, SE REALICEN TODAS LAS GESTIONES Y OBRAS PERTINENTES PARA SOLUCIONAR DE MANERA INTEGRAL Y DEFINITIVA EL PROBLEMA DE INUNDACIONES DEL RÍO NANDAYURE, QUE AFECTA A LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE NANDAYURE. VCG05/2023 “(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que es vecino de San Pablo de Nandayure, zona afectada por las inundaciones que provoca el Río Nandayure. Alega que ha solicitado ayuda a las autoridades recurridas para que se realicen las obras necesarias para solucionar el problema de las inundaciones; empero, aún la situación es la misma. Añade que, en el año en curso, el río aludido destruyó árboles, cercas, postes y cosechas.
Del estudio de los autos se tiene demostrado, que la municipalidad accionada informa que el Río Nandayure presenta dos áreas de inundación, que afectan a las comunidades de Carmona y San Pablo. En marzo de 2020, la Dirección de Obras Fluviales del MOPT realizó trabajos de limpieza y canalización en el Río Nandayure, como parte de las medidas para mitigar los efectos de las lluvias. El presidente de la CNE informa: “esta Comisión desde el año 2018 a la fecha tramitó las siguientes solicitudes por parte de la Municipalidad de Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender la emergencia en la comunidad de San Pablo, río Nandayure, Nandayure 5ta Ocasión”, donde se adjudicó en fecha 23 de enero de 2019 a la Empresa Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de una excavadora y 150 horas efectivas de un Tractor, cuyo fin era la limpieza, recava del río Nandayure, apilación de material a los costados, tipo dique con el fin de evitar o mitigar desbordamientos y mayor afectación en el sector de la comunidad de San Pablo y 2) 2020PI-000374-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender afectaciones en San Pablo, desbordamiento río Nandayure”, donde en fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó a la Constructora Meco, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de un tractor y 150 horas efectivas de una excavadora, con el fin de atender la emergencia no declarada cuya finalidad era la limpieza y recavar el cauce del río Nandayure en la comunidad de San Pablo, Nandayure, con el fin de evitar nuevos desbordamientos del río, que ocasionen afectaciones a la comunidades e infraestructura.”. En el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, se consignó: “Valoración de riesgo en las márgenes del río Nandayure en la localidad de San Pablo Viejo, por problemas erosión lateral y anegamiento del sector (…) Conclusiones: A. Según el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales de la CNE, las zonas evaluadas se encuentran dentro del área con afectación directa por inundaciones potenciales cuando ocurren desbordamientos del caudal del río Nandayure y sus afluentes en la zona de planicie, generalmente ocurridos cuando se dan lluvias intensas en la zona alta de las microcuencas por influencia de fenómenos hidrometereológicos extremos. B. El sector evaluado en la localidad de San Pablo Viejo se localiza dentro de la microcuenca del río Nandayure, sobre la margen izquierda. La zona evaluada se ubica dentro de lo que corresponde con el área del cauce del río y planicie aluvial, en los bordes de las terrazas aluvionales construidas por la acreción de sedimentos depositados luego de eventos de crecidas extraordinarias. C. La zona evaluada en el poblado de San Pablo Viejo de Nandayure presenta una topografía plana ondulada, se ubica en el punto donde el cauce cambia su condición encajonada en el cañón del río y se abre hacia la llanura aluvial, posee cobertura variada con árboles dispersos y algunas infraestructuras habitacionales construidas dentro de las zonas que se ha visto afectadas por anegamientos en el pasado, además, paralelo al cauce corre un camino vecinal que se ve impactado cuando ocurren los eventos de desbordamiento. D. En el sector evaluado que va paralelo al cauce del río Nandayure se observa una fuerte erosión lateral sobre las márgenes, debido a que el caudal impacta con gran fuerza las zonas. Se observa en toda la sección baja del río una alta sedimentación y colmatación de materiales que lo han rellenado por completo, generando una pérdida importante de la capacidad hidráulica y favoreciendo los eventos de desbordamiento cuando se dan lluvias fuertes. E. Mediante el sobrevuelo realizado con un equipo aéreo no tripulado (drone), se observan evidencias de eventos de desbordamientos, anegamientos y depósito de escombros sobre las márgenes en la planicie, donde se ubican varias viviendas. Se observan evidencias del arrastre de la corriente y los escombros que contenía el flujo cuando atraviesa el camino municipal que lleva a San Pablo Viejo, y que continua hacia terrenos aledaños. F. En la quebrada Pozas, la cual atraviesa el camino que lleva a San Pablo Viejo, se observan problemas en el puente de paso, el cual se obstruye por arrastre de escombros y provoca el desbordamiento del caudal. Esta problemática interrumpe el paso, deja incomunicado al poblado y sin opción de salir debido a que solo existe esta vía para ingresar a la comunidad (…) Recomendaciones. A. La Municipalidad de Nandayure deberá coordinar con Obras Fluviales del MOPT y el MINAE la posibilidad de realizar una adecuada canalización sobre el cauce del río Nandayure en los sitios evaluados que presentan problemas, para remover la cantidad de material acumulado que disminuye la capacidad hidráulica de las secciones, además, realizar obras de protección para disminuir la erosión lateral sobre las márgenes y los diques de protección. B. La Municipalidad de Nandayure deberá realizar la construcción de adecuadas obras de protección y contención en las márgenes del río Nandayure, con materiales que no sean erosionados por las crecidas extraordinarias y protejan los sectores. C. Restringir por parte de la Municipalidad de Nandayure el uso de suelo con fines habitacionales o de comercio en las zonas de protección del río Nandayure, según el artículo 33 de la ley forestal 7575, así como en las áreas identificadas con potencial afectación por inundaciones; según los mapas de amenazas naturales de la CNE. D. Las obras de protección que se implementen sobre las márgenes afectadas deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones y Reglamento de Construcciones, Código Municipal y otra legislación vigente. E. La Municipalidad de Nandayure deberá realizar periódicamente, según las condiciones de acumulación de materiales en el cauce del río Nandayure y todos aquellos que drenan el cantón, una adecuada canalización que ayude a recuperar la capacidad hidráulica del cauce y disminuya la amenaza de inundación en cada sector. F. La Municipalidad de Nandayure deberá permanecer vigilante de las zonas de alto riesgo, inundación y susceptibles al deslizamiento, no otorgar permisos constructivos o desarrollo de asentamientos informales de viviendas en ellos. G. Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes.”. El alcalde de la Municipalidad de Nandayure señala que se han realizado técnicas de dragado y otros trabajos para contrarrestar las inundaciones en época de invierno; empero, tales acciones resultan insuficientes y no se ha podido alcanzar una solución integral duradera. El 18 de agosto de 2022, la Municipalidad de Nandayure y la CNE efectuaron una visita a cada uno de los puntos críticos en la comunidad de San Pablo. La municipalidad accionada informa que ha iniciado con el estudio de un anteproyecto para la intervención del río; empero, requiere la participación de las demás dependencias accionadas para planear y ejecutar las obras respectivas, a fin de solucionar el problema acusado.
Sobre el particular, interesa resaltar que, en la sentencia nro. 2019018960 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019, este Tribunal resolvió un recurso de amparo interpuesto por el recurrente, atinente a la problemática del Río Nandayure. En esa resolución, se indicó:
“I.- Objeto del recurso. Los recurrentes alegan, que han presentado varias gestiones solicitando el dragado del río Nandayure, en el sector de San Pablo, y a la fecha, no han recibido respuesta ni se han realizado los actos correspondientes (…)
IV.- Sobre el fondo. La Administración, a la luz del artículo 41, de la Constitución Política, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En el caso bajo estudio, la Sala acredita una infracción a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que la parte recurrida no había resuelto las gestiones interpuestas por los recurrentes y demás vecinos, desde el 6 de noviembre de 2018, y reiteradas, el 26 de abril y el 13 de junio, ambos del 2019, lo que evidencia una lesión al derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida. Además, fue con la notificación del presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida procedió a resolver la gestión a lo solicitado por los gestionantes. En consecuencia, en cuanto este extremo se declara con lugar el recurso.
V.- Por otra parte, si bien a la fecha, no consta que se requiera hacer el dragado del río Nandayure en el sector solicitado por los recurrentes, pues para tener certeza de ello, se requiere realizar los estudios técnicos, por parte de la autoridades competentes; lo cierto es que, ante la duda, y dado que el año pasado se produjeron inundaciones que dañaron los trabajos ya realizados, se debe aplicar el "principio de evitación prudente o precautorio", con respecto a la posible afectación que podría causar el desbordamiento del cauce del río, a la salud e integridad de las personas que habitan dicha comunidad así como a sus viviendas, la alteración de ecosistemas, erosión, la destrucción de caminos, cultivos, la afectación de la salud y el bienestar de la vida silvestre y el ganado, entre otros. De manera, que en aplicación a dicho principio, y dada la evidencia de que se podría estar en presencia de un peligro de daño grave o irreversible, lo correcto es actuar minimizando en lo posible las situaciones de riesgo que pueda provocar dicha situación. Además, la pretensión de los recurrentes es que se realice una limpieza y ahondamiento del río en cuestión, en la zona de San Pablo, así como la remoción de rocas y sedimentos, para aumentar la profundidad, por lo que traduciendo dicha petición al terreno de lo constitucional, lo procedente es que la Sala acoja el recurso y ordene al Alcalde Municipal en coordinación con los entes competentes de la Dirección de Obras Fluviales y de la Región, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se realicen los estudios técnicos, señalados por dichas autoridades, a saber, un estudio hidrológico y una modelación hidráulica en dos dimensiones para saber con certeza el tipo de obra hidráulica a construir e identificar, si la infraestructura existente, se encuentra dentro de la zona de protección del río para la solución del problema. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 15, de la "Declaración de Río", adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, que reza:
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" .
Acorde con lo anterior, es necesario insistir en que la observancia de un principio puede ser racional o irracional, y el caso de la evitación prudente no es excepción. De hecho, está claro que el principio en cuestión, como "evitación prudente" es únicamente una recomendación, de vigencia transitoria, para que se apliquen determinadas medidas preventivas. Así, en virtud de lo expuesto, y en aplicación del principio precautorio, lo procedente es acoger el recurso, únicamente en cuanto a este extremo.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Giovanni Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Nandayure, o a quien ocupe dicho cargo, que en el plazo de OCHO MESES, a partir de la notificación de esta sentencia, deberá, de manera coordinada con las autoridades de la Dirección de Obras Fluviales y de la Macro Región de Guanacaste, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberán realizar y obtener los resultados del estudio hidrológico y de la modelación hidráulica, que corresponda, para saber con certeza el tipo de obra hidráulica a construir e identificar, si la infraestructura existente se encuentra dentro de la zona de protección del río Nadanyure, con el fin de solucionar el problema de desbordamiento que se presenta en la zona de San Pablo. Lo anterior, bajo la advertencia de incurrir en el delito previsto por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de no hacerlo. Se condena a la Municipalidad de Nandayure, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a la parte recurrida, así como a Jenaro Ruiz Chacón y a Alonso Mora Arroyo, por su orden Director a.i. de la Dirección de Obras Fluviales y Director Macro Región de Guanacaste, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen dichos cargos, en forma personal”.
Ahora bien, como se aprecia, en el precedente transcrito supra se ordenó la realización de determinados estudios que en ese momento estaban pendientes y que servirían para atender el problema de las inundaciones en el río de marras. No obstante, aproximadamente 3 años después, se aprecia que aún persiste la situación de las inundaciones, y que no se han ejecutado las obras necesarias para alcanzar una solución integral y definitiva.
En tal sentido, si bien la Municipalidad de Nandayure y la Dirección de Obras Fluviales del MOPT han realizado distintas obras paliativas como dragados y otros trabajos de limpieza y canalización, no menos cierto es que tales acciones han resultado insuficientes. Al respecto, la propia municipalidad accionada reconoce que es necesario ejecutar mayores esfuerzos para ejecutar obras duraderas que solventen el problema acusado. Asimismo, en el informe técnico CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE se consignó que mayores intervenciones y acciones eran necesarias por parte de la municipalidad accionada.
Así las cosas, pese a que desde al menos hace 3 años las autoridades de la Municipalidad de Nandayure y de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT conocen el problema de marras y han realizado determinados trabajos paliativos, no han ejecutado lo pertinente para alcanzar una solución integral y definitiva garantice la seguridad de la comunidad de San Pablo de Nandayure.
De tal manera, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a tales dependencias, a fin de garantizar una solución integral dentro de un plazo razonable.
IV- Por otra parte, en relación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a priori se descarta alguna omisión que amerite ser declarada en esta vía sumaria.
En tal sentido, se informó bajo juramento que las solicitudes de ayuda tramitadas por la Municipalidad de Nandayure fueron debidamente atendidas, y se ejecutaron las contrataciones solicitadas en las gestiones 2019PI-000008-0006500001 y 2020PI-000374-0006500001. Asimismo, se efectuó la respectiva inspección y mediante el informe CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 se detallaron las recomendaciones atinentes a las obras que la referida municipalidad debe ejecutar.
En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. Sin embargo, deberá tomar nota el presidente de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, a fin de que, en caso de ser requerido, dentro del marco de sus competencias se coadyuve con la Municipalidad de Nandayure y con la Dirección de Obras Fluviales del MOPT en la solución del problema objeto de este recurso. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas:
NO APLICA.
V.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso llevar a cabo las obras necesarias para solucionar en definitiva la problemática de inundaciones que sufre la comunidad de San Pablo por parte del río Nandayure. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG05/2023 ... Ver más Res. Nº 2022027316 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 22-019540-0007-CO, interpuesto por RAMADIEL DE JESÚS SAENZ UGALDE, cédula de identidad 0501230633, contra LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE.
Resultando:
1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 7:40 horas de 1° de septiembre de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que es vecino de la zona afectada por las inundaciones provocadas por el río Nandayure. Indica que ha solicitado ayuda a las autoridades recurridas, para que estas realicen un dragado del río mencionado y que se ubica en San Pablo de Nandayure Guanacaste. Lo anterior, ya que en el 2018 realizaron "un mal trabajo de dragado" y con las lluvias de ese año, destruyó las obras hechas. Acusa que en el 2022, continúan teniendo el mismo problema, pues el río destruyó arboles de jocotes, marañones y cocos, "la cerca con todo y postes". Por las razones expuestas, solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 6:33 horas de 5 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), al director de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el alcalde de Nandayure.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:55 horas de 9 de septiembre de 2022, Jenaro Ruiz Chacón, director a.i. de Obras Fluviales del MOPT, informa bajo juramento lo siguiente: “• En marzo del año 2020, en atención al Exp: N.e 19-011045-0007-CO, esta Dirección realizo trabajos de limpieza y canalización del Río Nandayure, como OBRAS DE MITIGACION, en la Localidad de San Pablo, Cantón Carmona, Provincia Guanacaste, aportando 300 horas de tractor D8, en forma temporal, para aminorar los efectos de posibles avenidas que se pudieran presentar a causa del invierno, mientras la Municipalidad de Nandayure realizara la contratación del estudio hidrológico e hidráulico del Río Nandayure para obtener las obras hidráulicas definitivas necesarias para la solución del problema que se da en dicha localidad (…)”.
4.- Por escrito incorporado al expediente a las 14:45 horas de 9 de septiembre de 2022, Alejandro José Picado Eduarte, presidente de la CNE, informa bajo juramento lo siguiente: “II. GESTIÓN DEL RIESGO EN COSTA RICA: La Gestión de Riesgo se entiende como “proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.”, así indicado en el numeral 4 de la Ley N° 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. En el mismo sentido la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”1. La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente 2. La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. De la anterior definición se deduce: 1- Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Como puede extraerse de lo hasta aquí expuesto, la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o dicho de otra forma, la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES: La Ley N° 8488 también concibe la gestión del riesgo como “…un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control” (Artículo N° 5, Ley N° 8488). Con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación de que en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. La importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Aún los desastres “grandes” que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas. El Estado tiene entre sus misiones el prevenir la realización de riesgos que puedan afectarlo o afectar a su población. Debe ejercer una labor preventiva dirigida a evitar que las personas y bienes sufran daños por causa de un siniestro: se protege para evitar que la vida o la salud de las personas o su patrimonio sufran daños. Ciertamente, la emergencia no puede evitarse, pero sí pueden atenuarse sus efectos, para lo cual se requiere una labor de prevención. Y es que la imprevisión, es decir el no prever que determinada situación puede producirse y el no actuar para evitarla, entraña un riesgo para la vida, salud y seguridad de las personas y los bienes de éstas. Se comprende que ninguna Administración Pública puede evitar que una calamidad pública se produzca, pero sí puede imputársele responsabilidad por no prever las consecuencias que esa calamidad pueda generar. Lo que nos indica que el ordenamiento obliga a todo organismo público, pero particularmente a la Comisión a actuar antes de que la emergencia se presente y no sólo a actuar, sino esencialmente a planear y tomar acciones para evitar que, si ésta se presenta, produzca daños en personas y bienes (Dictamen N. C-213-2014 de 1 de julio de 2014). IV. POTESTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PREVENCION DE RIESGOS MEDIANTE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: "La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo." El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria N° 10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N° 230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas” que textualmente concluye indicando: a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente. (…) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. El subrayado no es del original. En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad de Nandayure como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. V. DEL PRESUPUESTO Y POTESTADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 5.1. Del artículo 46 bis de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo: Mediante el artículo 1° de la ley N° 9907 del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley N° 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal. Este artículo señala que las municipalidades y los concejos municipales de distrito calcularán el tres por ciento (3%) del superávit presupuestario libre, dispuesto en el artículo 46, a partir de la liquidación presupuestaria al 30 de junio del año en curso, habiendo concluido los compromisos efectivamente adquiridos del período anterior en concordancia con lo que permite el artículo 116 de la Ley 7794, Código Municipal, de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho. Estos recursos serán ejecutados por cada ente municipal y se destinarán, exclusivamente, al fortalecimiento de la capacidad técnica y los procesos municipales en gestión del riesgo, a la prevención y la atención de emergencias, incluidas aquellas no amparadas a un decreto de emergencia. Las municipalidades crearán un fondo propio para estos mismos efectos y los recursos de este fondo se regirán por los principios de presupuestación plurianual y por tanto lo que no ejecuten al final de cada ejercicio económico no se constituirá en superávit. VI. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA CNE: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Su domicilio está en la capital de la República, donde tiene su sede principal. Las acciones de la CNE deben orientarse de conformidad con los principios que establece la Ley N° 8488 en el Artículo 3, entre ellos estado de necesidad y urgencia entendido como la situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal; protección de la vida, considerando que quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir y finalmente prevención, como la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio. Acciones ordinarias y extraordinarias tienen como principio fundamental del accionar la protección de la vida, no solo de los costarricenses sino de todo habitante o residente en el país. En efecto, el artículo 3 de la Ley establece como principio fundamental esa protección de la vida. Empero, la enunciación del principio no limita la protección a la vida y la integridad física de la persona que se encuentre en el territorio nacional. Por el contrario, la protección de la vida es comprensiva de la protección del ambiente y de los bienes de las personas residentes, independientemente de su nacionalidad. Protección de la vida, de la integridad física, del patrimonio y seguridad que están en la base de otros principios establecidos en orden a la atención de las emergencias y situaciones de riesgo, como sucede con el principio de solidaridad. Dentro de sus competencias ordinarias, según la Ley N°8488 se encuentra la obligación de: Artículo 14°- Competencias ordinarias de prevención de la Comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir con las siguientes competencias: (…) c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme el artículo 36 de esta Ley. (…) g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. (…) Del mismo modo, tiene definidas sus competencias extraordinarias, en el artículo 15 que textualmente indica: “Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley. b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión. c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. d) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario. e) Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización. f) Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia. Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona” (el subrayado no es del original) VII. EMERGENCIAS NO DECLARADAS O DE PRIMER IMPACTO: la Ley N° 8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los “Primeros Impactos” dado que el artículo 15 en su párrafo final indica: “(…) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona.(El subrayado no es del original) Ahora bien, el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el término “primer impacto” para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 100 horas máquina para la limpieza del área afectada. Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la Fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras. VIII. EMERGENCIAS DECLARADAS BAJO DECRETO EJECUTIVO: En lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley N° 8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro (art. 31 Ley N°8488); según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley. Para utilizar el régimen de excepción deberá existir INEQUÍVOCAMENTE el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y los daños efectivamente provocados. En este sentido, la Sala Constitucional en el Voto número 3410-92 reiterado en el Voto número 1369-2001 de las catorce horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil uno, indicó: “se exige la existencia de un nexo de causalidad para la intervención de la CNE entre el evento ocurrido y la inversión que se realiza, debidamente respaldado por un decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo y un Plan General de Emergencias, entendido como una definición de funciones y de responsabilidades y procedimientos generales de reacción y de alertas institucionales (…)”. Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren. Con este propósito dentro de un plazo máximo de dos meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada. IX. SOBRE EL CASO CONCRETO: En referencia al caso concreto, se debe de aclarar que las intervenciones que realiza la CNE, por la vía de contrataciones por “Primer Impacto”, ya sea para emergencias declaradas o no, obedecen a la necesidad en sitio de proteger a la población, la infraestructura y líneas vitales en primera instancia, siendo el fin de estas salvaguardar la vida humana, actividades agrícolas y protección a las propiedades cercanas a la margen del río. Estas intervenciones que realiza la Comisión, denominados como Primeros Impactos, consisten en la contratación de maquinaria por trescientas horas máximo, para intervención de emergencias durante la Fase de Respuesta de un evento extraordinario o para la atención de emergencias locales, siendo estos trabajos urgentes y necesarios para eliminar deslizamientos y restablecer el paso, canalizar ríos, restablecer servicios públicos vitales; que protejan la vida y brinden seguridad a los habitantes y sus bienes. Estas contrataciones brindan una medida paliativa a una afectación producto de un evento local. Al consultar a la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE, que es la unidad encargada de asesorar y planificar el desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y evaluar los resultados de manera integral y por ende de la elaboración de los Planes de Emergencia, que el cantón de Nandayure se encuentra dentro de las declaratorias de emergencia por la Tormenta Tropical Nate (Decreto Ejecutivo N° 40677-MP) y el Huracán Eta (Decreto Ejecutivo N° 42705-MP), no obstante, para ninguno de los dos eventos consta reporte oficial de daños y pérdidas para el Plan General de la Emergencia sobre el río en cuestión, por parte de la Municipalidad de Nandayure ni por la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el tiempo establecido por la ley. Lo cual es requisito indispensable para el actuar de la CNE dentro de sus competencias extraordinarias. Lo que si logró constatar es que esta Comisión desde el año 2018 a la fecha tramitó las siguientes solicitudes por parte de la Municipalidad de Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender la emergencia en la comunidad de San Pablo, río Nandayure, Nandayure 5ta Ocasión”, donde se adjudicó en fecha 23 de enero de 2019 a la Empresa Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de una excavadora y 150 horas efectivas de un Tractor, cuyo fin era la limpieza, recava del río Nandayure, apilación de material a los costados, tipo dique con el fin de evitar o mitigar desbordamientos y mayor afectación en el sector de la comunidad de San Pablo y 2) 2020PI-000374-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender afectaciones en San Pablo, desbordamiento río Nandayure”, donde en fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó a la Constructora Meco, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de un tractor y 150 horas efectivas de una excavadora, con el fin de atender la emergencia no declarada cuya finalidad era la limpieza y recavar el cauce del río Nandayure en la comunidad de San Pablo, Nandayure, con el fin de evitar nuevos desbordamientos del río, que ocasionen afectaciones a la comunidades e infraestructura. Es importante indicar que los procesos señalados en el párrafo anterior han sido en respuesta a solicitudes planteadas por la Municipalidad de Nandayure, mismos que han sido atendidos en tiempo y forma, bajo la figura de contrataciones por emergencia no declarada. Como puede notarse de lo anterior expuesto la CNE ha realizado una labor proactiva dentro de nuestro marco de legalidad, en cuanto a brindar respuesta pronta y cumplida a las solicitudes planteadas por la Municipalidad de Nandayure. Se debe hacer mención que las labores de mantenimiento del cauce como medida preventiva, deben ser realizados ya sea por el gobierno local o por la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ya que la construcción de un muro de contención con roca (solicitado por el recurrente), como acción ordinaria no puede ni debe de ser dado por la CNE; ya que de ser así resultaría el sustituir la atención a través de la vía ordinaria, por un régimen por excepción, lo cual a todas luces es improcedente de conformidad con la norma citada a lo largo del presente informe.”.
5.- Por escrito incorporado al expediente a las 12:03 horas de 15 de septiembre de 2022, Giovanni Jiménez Gómez, alcalde de Nandayure, informa bajo juramento lo siguiente: “el Río Nandayure presenta dos áreas de inundación potenciales y que afectan directamente a la Comunidad de Carmona centro de población y a la Comunidad de Puerto San Pablo, el río se desplaza de un punto alto hacia una zona muy plana situación que provoca el desbordamiento del cauce y por ende la afectación directa a las propiedades colindantes. El Cauce del Río Nandayure en los últimos 10 años ha cambiado su morfología fluvial, por su movilidad las áreas colindantes no tienen estabilidad ni permanencia, se desplazan y modifican más de lo que suele imaginarse. Esta movilidad fluvial representa un peligro para las obras de ingeniería ubicadas sobre el lecho fluvial y en sus inmediaciones, las que por su propia naturaleza deben ser estables. Es decir, la magnitud del problema no se soluciona únicamente con el dragado del cauce, debemos de ir más allá, lo que se ha realizado en los últimos años se ha justificado en obras de encauzamiento formado por diques paralelos, y al ser caudales lo suficientemente grandes los mismos destruyen las obras generadas con los materiales del cauce; desbordan debido a su sinuosidad atacando frontalmente las defensas creadas por equipo especial. • Criterio de la Situación y a la Actuación Municipal. Entendemos la preocupación de todas las comunidades que colindan con el Río Nandayure; lo que ha generado el compromiso municipal en buscar soluciones más duraderas y debidamente coordinadas con las instituciones competentes Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No omitimos indicar que hemos trabajado este problema coordinadamente con dichas instituciones pero la sinergia no ha sido la suficiente para poder dar una solución integral duradera, seguimos utilizando las mismas técnicas de dragados, trabajos por horas maquinaria que solo resuelven para el período de invierno y la mayoría de las veces ni para ese período, y se trabaja solo en los puntos críticos erosionables, dejando de valorar otros aspectos de la gestión y desarrollo de la morfología fluvial. Con esto pretendemos indicar y rescatar los esfuerzos que individualmente hemos realizado en la búsqueda de soluciones, sin embargo es requerido que la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, este último como rector en la material fluvial participe más activamente con sus profesionales, maquinaria y equipo, en los diferentes estudios hidrológicos e hidráulicos que son requeridos para dar soluciones que perduren en el tiempo y que contribuyan con la regeneración de la naturaleza autóctona de la zona. La Comisión Nacional de Emergencias CNE; ha generado infinidad de visitas a lo largo del tiempo, al Cauce sobre el Río Nandayure; lo cual agradecemos pero sentimos que no es suficiente lo que se indica en el papel – informe INFORME TÉCNICO CNE-UIAR-INF-1193-2021 valoración de riesgo en las márgenes del río Nandayure en la localidad de San Pablo Viejo, por problemas erosión lateral y anegamiento del sector, su criterio es trascendental, pero requerimos de más apoyo y recursos para las emergencias que se han suscitado, de hecho a través de los informes de primer impacto realizados y amparados en el Decreto de Nate, hemos solicitado que se valore la inclusión de obras mayores preventivas y correctivas para minimizar el riesgo latente que cada invierno sufren las comunidades de Carmona y Puerto San Pablo. De manera tal que apelamos al trabajo en equipo de las tres instituciones, no solamente en razón de soluciones preventivas básicas, si no más bien ha (sic)generar un equipo de trabajo interinstitucional profesional para contribuir con soluciones hidráulicas más duraderas y eficientes, en beneficio de las comunidades afectadas. • Propuesta Municipal. En el mes de junio del año 2020, se ejecutó un trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el alcance del trabajo fue el dragado del Cauce en la comunidad de San Pablo tanto aguas arriba como aguas abajo del punto referenciado; el MOPT, aporto equipo especial, una excavadora y un tractor de oruga, para la conformación de los diques laterales de contención o barreras protectoras a las propiedades colindantes. Sin embargo al utilizarse el mismo material del río tipo arenoso con las escorrentías suscitadas en periodos anteriores las mismas afectaron las estructuras paralelas de contención (…) Trabajos realizados en el año 2020, protección con diques paralelos a propiedades colindantes para evitar el desbordamiento del Río Nandayure. Posteriormente en el mes de julio de 2022, la Municipalidad de Nandayure realizo trabajos de dragado del cauce propiamente en el sitio conocido como San Pablo, para mejorar el área hidráulica de la sección de cauce dado a que en este punto el río se desborda cortando el paso del camino cantonal que comunica con Puerto San Pablo. De esta forma hemos trabajado en coordinación con la dirección de aguas del Minae (sic) para poder contar con la autorización respectiva y así poder impactar los puntos más críticos, sin embargo insistimos que las obras ejecutadas no son suficientes para contener y disipar la energía del agua (…) Recientemente el día 18 de agosto de 2022, se coordino (sic) y gestionó con personal técnico de la CNE; la visita a cada uno de los puntos críticos del Cauce del Río Nandayure, principalmente en la comunidad de Puerto San Pablo, el mismo desprende una serie de recomendaciones técnicas para evitar el desbordamiento del río. Recoendaciones (sic) que requieren de la elaboración de un plan de trabajo acompañado de los recursos técnicos y financieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como también de éste (sic) municipio. • Propuesta Técnica Municipal para minimizar el riesgo de Innundación (sic) La Municiaplidad (sic) ha estado analizando la viabilidad técnica y finaciera (sic) de la apliación (sic) de una estructura llamada una geocontendor (sic) estructural textil hidroblock (sic) prismático de alta resistencia a la interperie (sic) el cual es llenado mediante el material existente en el cauce, mediante medios mecánicos o hidráulicos con el suelo del sitio tipo grava, para obtener unidades de masa de gran volumen que se acomoden sobre el terreno de manera versátil. Por su forma y tamaño se utilizan en la construcción de estructuras de gravedad, en la fachada de muros en suelos reforzados, en estructuras de control hidráulico, control de erosión en orillas, rehabilitación de orillas erosionadas, revestimiento de diques, terraplenes, taludes de cauces, realce de orillas, realce de corona en estructuras de control hidráulico, y protección de tuberías (…) Esta solución es viable para fortalecer las secciones del cauce que presentan alta erosión de los taludes naturales que colindan con los patios, casas de habitación, que se han visto afectados por las crecidas del Río Nandayure, su costo es importante y se requiere de un presupuesto extraordinario, la ventaja que presenta esta estructura es que su costo como insumo, elemento, se ve compensado con el material se sitio, pues no tendríamos que comprar gran cantidad de material granular sobre tamaño que incrementaría exponencialmente los costos del proyecto. • Condición actual del Cauce en la Comunidad de San Pablo (…) Se puede observar la condición de invierno del año 2022, donde los diques paralelos construidos se han erosionado afectando las propiedades colindantes. • Propuesta Técnica acompañamiento CNE- MOPT- MINAE- MUNICIPALIDAD Requerimos del acompañamiento interinstitucional con las siguientes competencias para poder impactar los puntos críticos mediante una programación a corto y mediano plazo según la disponibilidad de recursos de cada institución. Requerimiento a solicitar la MOPT: • Estudios Hidrológicos • Estudios Hidráulicos • Disponibilidad de Maquinaria y Equipo • Apoyo Técnico profesional. Requerimiento a solicitar a la CNE: • Recursos financieros para compra geocontendor (sic) estructural textil hidroblock prismático. • Continuar con el estudio de vulnerabilidad valoración de riesgo en las márgenes del río Nandayure, del sector faltante entre el Puente Carmona hacia la comunidad de San Pablo. • Apoyo Técnico profesional • Disponibilidad de Maquinaria y Equipo (horas maquinaria). • Dar seguimiento a los compromisos que se generaron con el Decreto Nate, el mismo esta (sic) activo y se podría gestionar los recursos necesarios para contribuir con la solución planteada. Requerimiento a solicitar la MINAE:• Realizar los estudios para realizar obras en cauce de dominio público. • Apoyo Técnico profesional Requerimiento a la solicitar la Municipalidad Nandayure: • Recursos financieros para compra geocontendor estructural textil hidroblock prismático. •Disponibilidad de Maquinaria y Equipo • Apoyo Técnico profesional • Coordinación de enalce (sic) entre las instituciones indicadas. De los plazos de ejecución. Como Municipalidad hemos iniciado con el estudio de anteproyecto de los puntos a intervenir para poder estimar los costos de cada sub proyecto, lo cual nos tomará tres meses aproximadamente dado a que las condiciones actuales del cauce presentan dificultad para realizar inspecciones in situ, lo cual beneficia para posterior ver los daños provocados y así cuantificar y desarrollar un plan de trabajo de intervención donde cada una de las instituciones involucradas externen su compromiso o contrapartida a aportar para mejorar el control hidráulico del cauce. Reiteramos que como Municipalidad no contamos con todos los recursos, por lo que insistimos que se debe de crear una comisión de trabajo para poder planear, y ejecutar las obras en un plazo adecuado para evitar mayores tragedias a los ciudadanos de Carmona y San Pablo y Puerto San Pablo.”.
6.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que es vecino de San Pablo de Nandayure, zona afectada por las inundaciones que provoca el Río Nandayure. Alega que ha solicitado ayuda a las autoridades recurridas para que se realicen las obras necesarias para solucionar el problema de las inundaciones; empero, aún la situación es la misma. Añade que, en el año en curso, el río aludido destruyó árboles, cercas, postes y cosechas.
II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que es vecino de San Pablo de Nandayure, zona afectada por las inundaciones que provoca el Río Nandayure. Alega que ha solicitado ayuda a las autoridades recurridas para que se realicen las obras necesarias para solucionar el problema de las inundaciones; empero, aún la situación es la misma. Añade que, en el año en curso, el río aludido destruyó árboles, cercas, postes y cosechas.
Del estudio de los autos se tiene demostrado, que la municipalidad accionada informa que el Río Nandayure presenta dos áreas de inundación, que afectan a las comunidades de Carmona y San Pablo. En marzo de 2020, la Dirección de Obras Fluviales del MOPT realizó trabajos de limpieza y canalización en el Río Nandayure, como parte de las medidas para mitigar los efectos de las lluvias. El presidente de la CNE informa: “esta Comisión desde el año 2018 a la fecha tramitó las siguientes solicitudes por parte de la Municipalidad de Nandayure: 1) 2019PI-000008-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender la emergencia en la comunidad de San Pablo, río Nandayure, Nandayure 5ta Ocasión”, donde se adjudicó en fecha 23 de enero de 2019 a la Empresa Hermanos Herrera Barrantes Constructora, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de una excavadora y 150 horas efectivas de un Tractor, cuyo fin era la limpieza, recava del río Nandayure, apilación de material a los costados, tipo dique con el fin de evitar o mitigar desbordamientos y mayor afectación en el sector de la comunidad de San Pablo y 2) 2020PI-000374-0006500001 “Alquiler de Maquinaria para atender afectaciones en San Pablo, desbordamiento río Nandayure”, donde en fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó a la Constructora Meco, Sociedad Anónima, 150 horas efectivas de un tractor y 150 horas efectivas de una excavadora, con el fin de atender la emergencia no declarada cuya finalidad era la limpieza y recavar el cauce del río Nandayure en la comunidad de San Pablo, Nandayure, con el fin de evitar nuevos desbordamientos del río, que ocasionen afectaciones a la comunidades e infraestructura.”. En el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, se consignó: “Valoración de riesgo en las márgenes del río Nandayure en la localidad de San Pablo Viejo, por problemas erosión lateral y anegamiento del sector (…) Conclusiones: A. Según el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales de la CNE, las zonas evaluadas se encuentran dentro del área con afectación directa por inundaciones potenciales cuando ocurren desbordamientos del caudal del río Nandayure y sus afluentes en la zona de planicie, generalmente ocurridos cuando se dan lluvias intensas en la zona alta de las microcuencas por influencia de fenómenos hidrometereológicos extremos. B. El sector evaluado en la localidad de San Pablo Viejo se localiza dentro de la microcuenca del río Nandayure, sobre la margen izquierda. La zona evaluada se ubica dentro de lo que corresponde con el área del cauce del río y planicie aluvial, en los bordes de las terrazas aluvionales construidas por la acreción de sedimentos depositados luego de eventos de crecidas extraordinarias. C. La zona evaluada en el poblado de San Pablo Viejo de Nandayure presenta una topografía plana ondulada, se ubica en el punto donde el cauce cambia su condición encajonada en el cañón del río y se abre hacia la llanura aluvial, posee cobertura variada con árboles dispersos y algunas infraestructuras habitacionales construidas dentro de las zonas que se ha visto afectadas por anegamientos en el pasado, además, paralelo al cauce corre un camino vecinal que se ve impactado cuando ocurren los eventos de desbordamiento. D. En el sector evaluado que va paralelo al cauce del río Nandayure se observa una fuerte erosión lateral sobre las márgenes, debido a que el caudal impacta con gran fuerza las zonas. Se observa en toda la sección baja del río una alta sedimentación y colmatación de materiales que lo han rellenado por completo, generando una pérdida importante de la capacidad hidráulica y favoreciendo los eventos de desbordamiento cuando se dan lluvias fuertes. E. Mediante el sobrevuelo realizado con un equipo aéreo no tripulado (drone), se observan evidencias de eventos de desbordamientos, anegamientos y depósito de escombros sobre las márgenes en la planicie, donde se ubican varias viviendas. Se observan evidencias del arrastre de la corriente y los escombros que contenía el flujo cuando atraviesa el camino municipal que lleva a San Pablo Viejo, y que continua hacia terrenos aledaños. F. En la quebrada Pozas, la cual atraviesa el camino que lleva a San Pablo Viejo, se observan problemas en el puente de paso, el cual se obstruye por arrastre de escombros y provoca el desbordamiento del caudal. Esta problemática interrumpe el paso, deja incomunicado al poblado y sin opción de salir debido a que solo existe esta vía para ingresar a la comunidad (…) Recomendaciones. A. La Municipalidad de Nandayure deberá coordinar con Obras Fluviales del MOPT y el MINAE la posibilidad de realizar una adecuada canalización sobre el cauce del río Nandayure en los sitios evaluados que presentan problemas, para remover la cantidad de material acumulado que disminuye la capacidad hidráulica de las secciones, además, realizar obras de protección para disminuir la erosión lateral sobre las márgenes y los diques de protección. B. La Municipalidad de Nandayure deberá realizar la construcción de adecuadas obras de protección y contención en las márgenes del río Nandayure, con materiales que no sean erosionados por las crecidas extraordinarias y protejan los sectores. C. Restringir por parte de la Municipalidad de Nandayure el uso de suelo con fines habitacionales o de comercio en las zonas de protección del río Nandayure, según el artículo 33 de la ley forestal 7575, así como en las áreas identificadas con potencial afectación por inundaciones; según los mapas de amenazas naturales de la CNE. D. Las obras de protección que se implementen sobre las márgenes afectadas deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones y Reglamento de Construcciones, Código Municipal y otra legislación vigente. E. La Municipalidad de Nandayure deberá realizar periódicamente, según las condiciones de acumulación de materiales en el cauce del río Nandayure y todos aquellos que drenan el cantón, una adecuada canalización que ayude a recuperar la capacidad hidráulica del cauce y disminuya la amenaza de inundación en cada sector. F. La Municipalidad de Nandayure deberá permanecer vigilante de las zonas de alto riesgo, inundación y susceptibles al deslizamiento, no otorgar permisos constructivos o desarrollo de asentamientos informales de viviendas en ellos. G. Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes.”. El alcalde de la Municipalidad de Nandayure señala que se han realizado técnicas de dragado y otros trabajos para contrarrestar las inundaciones en época de invierno; empero, tales acciones resultan insuficientes y no se ha podido alcanzar una solución integral duradera. El 18 de agosto de 2022, la Municipalidad de Nandayure y la CNE efectuaron una visita a cada uno de los puntos críticos en la comunidad de San Pablo. La municipalidad accionada informa que ha iniciado con el estudio de un anteproyecto para la intervención del río; empero, requiere la participación de las demás dependencias accionadas para planear y ejecutar las obras respectivas, a fin de solucionar el problema acusado.
Sobre el particular, interesa resaltar que, en la sentencia nro. 2019018960 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019, este Tribunal resolvió un recurso de amparo interpuesto por el recurrente, atinente a la problemática del Río Nandayure. En esa resolución, se indicó:
“I.- Objeto del recurso. Los recurrentes alegan, que han presentado varias gestiones solicitando el dragado del río Nandayure, en el sector de San Pablo, y a la fecha, no han recibido respuesta ni se han realizado los actos correspondientes (…)
IV.- Sobre el fondo. La Administración, a la luz del artículo 41, de la Constitución Política, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En el caso bajo estudio, la Sala acredita una infracción a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que la parte recurrida no había resuelto las gestiones interpuestas por los recurrentes y demás vecinos, desde el 6 de noviembre de 2018, y reiteradas, el 26 de abril y el 13 de junio, ambos del 2019, lo que evidencia una lesión al derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida. Además, fue con la notificación del presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida procedió a resolver la gestión a lo solicitado por los gestionantes. En consecuencia, en cuanto este extremo se declara con lugar el recurso.
V.- Por otra parte, si bien a la fecha, no consta que se requiera hacer el dragado del río Nandayure en el sector solicitado por los recurrentes, pues para tener certeza de ello, se requiere realizar los estudios técnicos, por parte de la autoridades competentes; lo cierto es que, ante la duda, y dado que el año pasado se produjeron inundaciones que dañaron los trabajos ya realizados, se debe aplicar el "principio de evitación prudente o precautorio", con respecto a la posible afectación que podría causar el desbordamiento del cauce del río, a la salud e integridad de las personas que habitan dicha comunidad así como a sus viviendas, la alteración de ecosistemas, erosión, la destrucción de caminos, cultivos, la afectación de la salud y el bienestar de la vida silvestre y el ganado, entre otros. De manera, que en aplicación a dicho principio, y dada la evidencia de que se podría estar en presencia de un peligro de daño grave o irreversible, lo correcto es actuar minimizando en lo posible las situaciones de riesgo que pueda provocar dicha situación. Además, la pretensión de los recurrentes es que se realice una limpieza y ahondamiento del río en cuestión, en la zona de San Pablo, así como la remoción de rocas y sedimentos, para aumentar la profundidad, por lo que traduciendo dicha petición al terreno de lo constitucional, lo procedente es que la Sala acoja el recurso y ordene al Alcalde Municipal en coordinación con los entes competentes de la Dirección de Obras Fluviales y de la Región, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se realicen los estudios técnicos, señalados por dichas autoridades, a saber, un estudio hidrológico y una modelación hidráulica en dos dimensiones para saber con certeza el tipo de obra hidráulica a construir e identificar, si la infraestructura existente, se encuentra dentro de la zona de protección del río para la solución del problema. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 15, de la "Declaración de Río", adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, que reza:
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" .
Acorde con lo anterior, es necesario insistir en que la observancia de un principio puede ser racional o irracional, y el caso de la evitación prudente no es excepción. De hecho, está claro que el principio en cuestión, como "evitación prudente" es únicamente una recomendación, de vigencia transitoria, para que se apliquen determinadas medidas preventivas. Así, en virtud de lo expuesto, y en aplicación del principio precautorio, lo procedente es acoger el recurso, únicamente en cuanto a este extremo.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Giovanni Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Nandayure, o a quien ocupe dicho cargo, que en el plazo de OCHO MESES, a partir de la notificación de esta sentencia, deberá, de manera coordinada con las autoridades de la Dirección de Obras Fluviales y de la Macro Región de Guanacaste, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberán realizar y obtener los resultados del estudio hidrológico y de la modelación hidráulica, que corresponda, para saber con certeza el tipo de obra hidráulica a construir e identificar, si la infraestructura existente se encuentra dentro de la zona de protección del río Nadanyure, con el fin de solucionar el problema de desbordamiento que se presenta en la zona de San Pablo. Lo anterior, bajo la advertencia de incurrir en el delito previsto por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de no hacerlo. Se condena a la Municipalidad de Nandayure, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a la parte recurrida, así como a Jenaro Ruiz Chacón y a Alonso Mora Arroyo, por su orden Director a.i. de la Dirección de Obras Fluviales y Director Macro Región de Guanacaste, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ocupen dichos cargos, en forma personal”.
Ahora bien, como se aprecia, en el precedente transcrito supra se ordenó la realización de determinados estudios que en ese momento estaban pendientes y que servirían para atender el problema de las inundaciones en el río de marras. No obstante, aproximadamente 3 años después, se aprecia que aún persiste la situación de las inundaciones, y que no se han ejecutado las obras necesarias para alcanzar una solución integral y definitiva.
En tal sentido, si bien la Municipalidad de Nandayure y la Dirección de Obras Fluviales del MOPT han realizado distintas obras paliativas como dragados y otros trabajos de limpieza y canalización, no menos cierto es que tales acciones han resultado insuficientes. Al respecto, la propia municipalidad accionada reconoce que es necesario ejecutar mayores esfuerzos para ejecutar obras duraderas que solventen el problema acusado. Asimismo, en el informe técnico CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE se consignó que mayores intervenciones y acciones eran necesarias por parte de la municipalidad accionada.
Así las cosas, pese a que desde al menos hace 3 años las autoridades de la Municipalidad de Nandayure y de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT conocen el problema de marras y han realizado determinados trabajos paliativos, no han ejecutado lo pertinente para alcanzar una solución integral y definitiva garantice la seguridad de la comunidad de San Pablo de Nandayure.
De tal manera, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a tales dependencias, a fin de garantizar una solución integral dentro de un plazo razonable.
IV- Por otra parte, en relación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a priori se descarta alguna omisión que amerite ser declarada en esta vía sumaria.
En tal sentido, se informó bajo juramento que las solicitudes de ayuda tramitadas por la Municipalidad de Nandayure fueron debidamente atendidas, y se ejecutaron las contrataciones solicitadas en las gestiones 2019PI-000008-0006500001 y 2020PI-000374-0006500001. Asimismo, se efectuó la respectiva inspección y mediante el informe CNE-UIAR-INF-1193-2021 de septiembre de 2022 se detallaron las recomendaciones atinentes a las obras que la referida municipalidad debe ejecutar.
En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. Sin embargo, deberá tomar nota el presidente de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, a fin de que, en caso de ser requerido, dentro del marco de sus competencias se coadyuve con la Municipalidad de Nandayure y con la Dirección de Obras Fluviales del MOPT en la solución del problema objeto de este recurso.
V.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso llevar a cabo las obras necesarias para solucionar en definitiva la problemática de inundaciones que sufre la comunidad de San Pablo por parte del río Nandayure. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la Municipalidad de Nandayure y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se ordena a Jenaro Ruiz Chacón y a Giovanni Jiménez Gómez, por su orden, director a.i. de la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y alcalde de Nandayure, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, que coordinen lo correspondiente, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen todas las gestiones y obras pertinentes para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones del Río Nandayure, que afecta a la comunidad de San Pablo de Nandayure. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Nandayure al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tome nota la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de lo consignado in fine del considerando IV de esta sentencia. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
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