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Res. 27115-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/11/2022
OutcomeResultado
The Chamber dismisses the amparo outright as it constitutes mere disagreement with an administrative decision, a matter of ordinary legality.La Sala rechaza de plano el amparo por tratarse de una disconformidad con lo resuelto en sede administrativa, materia de legalidad ordinaria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly dismissed an amparo petition filed by a legal entity against the Municipality of Golfito. The petitioner alleged that a notice of charges for alleged violations of the Maritime-Terrestrial Zone Law contained procedural defects (lack of signature of the responsible official, omission of the issuing department, and failure to identify the file's location) that left her defenseless, and argued that the administration had issued a final demolition and eviction order without complying with Law No. 10000. The Chamber found that the petitioner was aware of the facts and had an opportunity to defend herself, so the complaints merely reflected disagreement with the administrative decision, a matter of ordinary legality not reviewable in amparo. One judge issued a concurring vote with different reasoning, holding that the petition should be rejected because it was filed on behalf of a legal entity without demonstrating the essential link to an affected natural person, in line with Inter-American Court of Human Rights case law. The petition was dismissed outright.La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto por una persona jurídica contra la Municipalidad de Golfito. La recurrente alegó que un traslado de cargos por supuestas infracciones a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre presentaba vicios formales (falta de firma del funcionario responsable, omisión de la dependencia emisora y del paradero del expediente) que le causaron indefensión, además de considerar que la administración había dictado un acto final de demolición y desalojo sin ajustarse a la Ley N° 10000. La Sala determinó que la recurrente tuvo conocimiento de los hechos y oportunidad de defenderse, por lo que las quejas constituían una disconformidad con lo resuelto en sede administrativa, un asunto de legalidad ordinaria no revisable en amparo. Un magistrado emitió un voto concurrente con razones diferentes, estimando que el recurso debía rechazarse por haberse planteado a favor de una persona jurídica sin demostrar el vínculo esencial con una persona física afectada, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ordenó el rechazo de plano.
Key excerptExtracto clave
III. THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the petitioner herself states that she was aware of the facts attributed to her represented party and likewise acknowledges having had the opportunity to exercise her defense and oppose the acts issued in said administrative proceeding, hence this Chamber concludes that what was raised, in reality, constitutes the plaintiff's disagreement with what was decided in the cited administrative proceeding. It should be noted that this Court must not assess or determine the validity of what was decided by the defendant, nor is this jurisdiction a third instance to review what was decided by the competent authorities of the Municipality of Golfito in handling administrative proceedings brought for alleged violations of the Maritime-Terrestrial Zone Law, as all of this involves a matter of ordinary legality which, as indicated above, must be raised before the defendant itself or before the competent ordinary jurisdiction. Based on these considerations, the petitioner's claim that this Chamber issue a precautionary measure and suspend the administrative act called (Procedure No. 24455) Due Process is Initiated lacks any footing, as this aspect is properly to be examined in the ordinary courts. For the foregoing reasons, the present petition is inadmissible and it is ordered that this amparo petition be dismissed outright, as hereby declared. IV. DIFFERENT REASONS OF JUDGE RUEDA LEAL. I maintain that this matter must be dismissed outright, because the plaintiff files the amparo petition on behalf of a legal entity. Of importance for the case at hand, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held: (...) I conclude that this must be the standard for interpreting the Law of Constitutional Jurisdiction, so that in the case at hand the application of constitutional jurisdiction review becomes inadmissible, since, based on the evidence on file, the essential link between the protected legal entity and some natural person has not been demonstrated, specifically, in relation to the alleged right violated.III.- EL CASO CONCRETO. En el sub judice, el mismo petente señala que tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen a su representada e, igualmente, reconoce que ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa y oponerse a los actos emitidos en el referido procedimiento administrativos, de ahí que esta Sala llegue a la conclusión de que lo planteado, en realidad, se trata de la disconformidad de la parte accionante con lo resuelto en el citado procedimiento administrativo. Nótese que este Tribunal no debe entrar a valorar o determinar la validez de lo resuelto por la accionada, así como tampoco esta jurisdicción es una tercera instancia para que analice lo resuelto por las autoridades competentes de la Municipalidad de Golfito en el conocimiento de los procedimientos administrativos instaurados por presuntas infracciones a la Ley de la Zona Marítima Terrestre, pues todo ello entraña un asunto de legalidad ordinaria que, tal y como se indicó anteriormente, debe ser planteado ante la propia recurrida o ante la jurisdicción ordinaria competente. A partir de esa consideraciones, carece de sustento la pretensión de la recurrente a efecto de que esta Sala dicte una medida cautelar y suspenda el acto administrativo denominado (Trámite No. 24455) Se inicia Debido Proceso “pues ese aspecto es propio de analizarse en la sede común. Por lo expuesto, el presente recurso es improcedente y se dispone su rechazo de plano de este recurso de amparo, como al efecto se declara. IV.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia n.º 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: (...) coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.
Pull quotesCitas destacadas
"No toda infracción a las normas procesales se convierte, per se, en una lesión de relevancia constitucional al debido proceso, que, como tal, sea amparable en esta sede."
"Not every infringement of procedural rules becomes, per se, a constitutionally relevant violation of due process that, as such, is actionable in this forum."
Considerando II
"No toda infracción a las normas procesales se convierte, per se, en una lesión de relevancia constitucional al debido proceso, que, como tal, sea amparable en esta sede."
Considerando II
"El mismo petente señala que tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen a su representada e, igualmente, reconoce que ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa y oponerse a los actos emitidos en el referido procedimiento administrativos, de ahí que esta Sala llegue a la conclusión de que lo planteado, en realidad, se trata de la disconformidad de la parte accionante con lo resuelto en el citado procedimiento administrativo."
"The petitioner himself states that he was aware of the facts attributed to his represented party and likewise acknowledges having had the opportunity to exercise his defense and oppose the acts issued in said administrative proceeding, which leads this Chamber to conclude that what was raised, in reality, constitutes the petitioner's disagreement with the decision reached in that administrative proceeding."
Considerando III
"El mismo petente señala que tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen a su representada e, igualmente, reconoce que ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa y oponerse a los actos emitidos en el referido procedimiento administrativos, de ahí que esta Sala llegue a la conclusión de que lo planteado, en realidad, se trata de la disconformidad de la parte accionante con lo resuelto en el citado procedimiento administrativo."
Considerando III
"coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado."
"I conclude that this must be the standard for interpreting the Law of Constitutional Jurisdiction, so that in the case at bar the application of constitutional jurisdiction review becomes inadmissible, since, based on the evidence on file, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, specifically, in relation to the alleged right violated."
Considerando IV (voto del magistrado Rueda Leal)
"coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado."
Considerando IV (voto del magistrado Rueda Leal)
Full documentDocumento completo
PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION No. 2022027115 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the fifteenth of November, two thousand twenty-two.
Amparo action filed by [Name 001], identity card number [Value 001], in her capacity as secretary, with authority as judicial and extrajudicial representative of [Name 007]; against the MUNICIPALITY OF GOLFITO.
Whereas:
1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at twelve hours and twenty minutes on the twenty-seventh of November, two thousand twenty-two, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Golfito, and states literally that: “FIRST. At 10:05 a.m. on the past 14th of October of this year 2022, we were notified of the ‘TRANSFER OF CHARGES DUE PROCESS IS INITIATED’ Procedure NO 24455 for alleged violations of Article 12 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone No. 6043, and its respective Regulations. SECOND. Given that said notified act does not indicate the official responsible for its issuance, nor the municipal office or department from which it was issued, nor where to locate the case file, nor before whom the corresponding appeal actions (acciones recursivas) should be filed, it was not possible for us to present, within the time and proper form granted to submit our defense, the APPEAL FOR REVOCATION WITH SUBSIDIARY APPEAL contemplated by Article 171 of the Municipal Code (Law No. 7794). THIRD. Of all this, what most distresses and worries us is that the Municipal Administration intends to execute the demolition with which it threatens us using machinery it has already contracted (1 dump truck of 12m3, 1 20-ton Hydraulic Excavator, and 1 4x4 Integrator Backhoe), within the framework of Direct Contracting for small amounts (Article 2, subsection h) LCA and Article 144 RLCA), No. 2021CD-000054-0004400001 (Sicop No. 20211201011-00) (…), with a formalized Contract No. 0432021000200070-00 dated 12/23/2021, with the company (…). This is because that is the sole purpose of said contracting process, according to the respective tender documents. (…) FOURTH. Given this circumstance, today we are filing this amparo action, where the reasons for our disagreement with the Municipality’s actions up to this point are detailed below. On repeated occasions, the Constitutional Chamber has considered that the provisions of Article 13 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone are not unconstitutional, provided that, prior to their application, the following parameters are observed: '1) as a first aspect, there is the need that, prior to the demolition of the works, it be verified that such construction was indeed carried out against the regime established in the Law on the maritime terrestrial zone, a regime that contemplates both general rules and cases of exception (...); 2) secondly, as a general rule, an information proceeding must be conducted prior to carrying out the demolition, in which all the guarantees of due process are granted, with the sole exception of those cases where the alleged offender expressly accepts its execution, and 3) thirdly, it must be emphasized that the Administration or Jurisdictional Authority will always be responsible for said demolition, which implies that if its action is illegitimate, it must answer with the corresponding civil and/or criminal consequences (...)' (see judgment No. 2007-2062 of 14:39 hours on February 14, 2007, and in the same vein, resolutions 2004-9740 of 14:32 hours on September 1, 2004; 1996-5756 of 14:42 hours on October 30, 1996; 1995-6192 of 16:42 hours on November 14, 1995; 1991-0447 of 15:30 hours on February 21, 1991). Based on the foregoing, the procedure established under Article 13 of Law 6043 is not intended to suppress or deny subjective rights, and/or cause serious injury to the legitimate rights or interests of the investigated party. In addition to this, the document by which the alleged offender is warned of the eviction and demolition of buildings allegedly erected illegitimately in the maritime terrestrial zone constitutes the initial act of the procedure aimed at determining the real truth of the imputed facts. Hence, in the first place, this servant respectfully considers that the document called Transfer of Charges (Procedure No. 24455) of 10:05 a.m. on Friday, October 14, besides not meeting the necessary formality of containing the signature of a public servant with identification of the municipal department responsible for the proceeding, and before whom the relevant appeal actions can subsequently be filed, such conduct does not consist of a mere procedural act (acto de trámite), but rather constitutes a FINAL ACT, given that in POINT No. 6 (Page No. 2) thereof, the following can be clearly distinguished: 'You are granted a non-extendable period of eight business days to voluntarily and under your responsibility cease the violations committed and proceed to remove the built works, otherwise you may be evicted by the Municipality of Golfito and reported for the Violation via Judicial channels (…) Such types of actions have precedents of reproach at the judicial level, as is the case of what was stated by this honorable and exalted Chamber in judgment 2008-011792 of 15:08 hours on July 29, 2008, where it stated: “… it is with the notice (prevención) given to the petitioners that the possibility arises for them to fully exercise the defense of their rights and interests, since, as this Court has held in its jurisprudence, such notice constitutes the initial act of the administrative procedure (see in this regard, among others, judgments number 2007-018095 of 14:46 hours on December 13, 2007 and 2008-006263 of 11:45 hours on April 18, 200a); therefore, if the petitioners disagree with the decision and believe that it stems from an erroneous assessment of the existing situation, this can be alleged in the administrative venue itself. (...). To the contrary, the Municipal Administration of Golfito has issued an act omitting the observance of substantial formalities of the administrative procedure, inasmuch as, with the appearance of a procedural act—since it is called 'TRANSFER OF CHARGES (Procedure NO 24455) DUE PROCESS IS INITIATED'—what it actually dictates is a final order of eviction and demolition against us. The sole difference in the case before us compared to the one analyzed by the Chamber in its resolution is that, in this one, we are indeed granted the period of five business days provided for in Article 171 of the Municipal Code for filing appeals, however, the administrative decision seems to have been taken in advance, regardless of what we might allege in our favor when it is stated categorically, forcefully, and definitively that we have a non-extendable period of eight business days to (...) remove the built works.” Second, the notification in reference, as I stated before, not only omits to specify which is the competent municipal authority issuing the order to initiate the alleged due process, but it is signed by the Municipal Inspector (…), and as a witness (…) (Assistant of the Maritime Terrestrial Zone Office), which in my view is improper, since as far as I know, municipal inspectors lack that functional authority. In this regard, the current Descriptive Manual of Position Classes of the Municipality of Golfito, in relation to the role of inspectors, classifies them as Municipal Technicians 1, and assigns them the following functions: To execute the different inspection activities required in the areas of construction, business licenses, maritime terrestrial zone, as well as itinerant and stationary sales; through visits and inspections to constructions, businesses, and other establishments; the analysis and verification of compliance with operating requirements, and the presentation of reports thereof, among other activities of a similar nature; all of this for the purpose of contributing both to the effectiveness of the treasury process and to guaranteeing compliance with the regulations specific to the commercial and construction areas. • To carry out inspections in order to verify the quality and timeliness of solid waste collection services, the maintenance and cleaning service of roads, sewers, drains, manholes, among others. To attend to and resolve complaints filed by users of the aforementioned services. Likewise, it corresponds to them to provide the notification service to the different municipal offices that so require it.” (…) As can be seen, this manual does not recognize said officials' authority to decide for themselves, but only to verify the residents' adherence to what the legal system stipulates in matters of constructions, commercial-type activities (licenses), protection of rights-of-way and areas of State Natural Heritage, and local norms associated with the management of concessions and use permits in the maritime terrestrial zone; to inform the competent municipal department heads in a timely manner of the existence of irregularities that merit prompt attention, correction, or intervention; to notify (meaning 'To officially and formally communicate an administrative or judicial resolution. || To execute a procedural legal act through which the content of a resolution is communicated to someone. || To make known to the recipient, with the prescribed formalities, the content of a resolution of an authority. To give notice of something to the administered parties, what has been resolved by the various municipal departments, depending on the area or matter in question.') Consequently, as the notification was signed only by the Inspector (…), it left us guessing, first: before whom or which municipal department the corresponding appeal for revocation (recurso de revocatoria) should be filed (Dept. of Development and Urban Control or Maritime Terrestrial Zone Office), because obviously it could not be done before this same official, as he lacks the authority to resolve this type of matter; second: what is more serious, it did not even mention where to locate the corresponding administrative case file, in order to have full access to the evidence for the prosecution, all of which caused us a clear state of defenselessness (indefensión) and, therefore, incurred a defect of absolute nullity, as sanctioned in the General Law of Public Administration, which states: Article 165.- Invalidity may manifest as absolute or relative nullity, depending on the seriousness of the violation committed. Article 166. - Absolute nullity of the act shall exist when one or more of its constituent elements, real or legally, are completely lacking. (…) Article 169.- The absolutely null act shall not be presumed legitimate, nor may its execution be ordered. Article 170.- 1. Ordering the execution of the absolutely null act shall produce civil liability for the Administration, and civil, administrative, and potentially criminal liability for the public servant, if the execution should take place. Article 172.- The absolutely null act may not be brought into conformity with the law either by cure (saneamiento) or by validation (convalidación).” Article 223.- 1. Only the omission of substantial procedural formalities shall cause nullity of the proceedings. 2. Substantial shall be understood as a formality whose correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness. 2nd.- REGARDING THE MUNICIPAL NON-OBSERVANCE OF THE PROVISIONS OF ARTICLE ONE OF LAW No. 10000. 1. Only the omission of substantial procedural formalities shall cause nullity of the proceedings. Article 1 of Law No. 1000 entitled 'Extension of the scope of Law No. 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special', which was enacted on July 1, 2021, and published in Supplement No. 132 to Gazette No. 127 of July 2, 2021, with a projected term until July 2, 2024 (thirty-six months), states: ARTICLE 1- The period of thirty-six months provided for in Article 1 of Law 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special, of June 27, 2018, is extended for an equal period, with identical effects of suspension on administrative actions for the eviction of persons, the demolition of works, the suspension of commercial, agricultural activities, and any other lawful activity and existing projects in the Maritime Terrestrial Zone, Border Zone, and State Natural Heritage, except for those ordered by a final judicial or administrative resolution, based on the commission of environmental damage or when there is danger or threat of environmental damage. 2. Substantial shall be understood as a formality whose correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness. In accordance with the legal maxim that states 'we must not distinguish where the law does not distinguish' or the one that says 'when the law is clearly conceived, one must adhere to its letter, and not denature it, under the pretext of penetrating its spirit' (Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Vol. I, B. Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, p. 234, also cited in the opinion of the Procuraduría General de la República C-019-2000 of February 4, 2000), this municipal administration, nor any other in similar circumstances, cannot distort the protective purpose of this norm, which imposes on the municipality the obligation to reliably demonstrate, in order to execute a demolition or eviction action such as the one intended, that this is a case of proven environmental damage, or that, at a minimum, there is a high risk of it occurring; a situation that is entirely non-existent—as it is unproven—within the little we know of this proceeding. 3rd.- REGARDING THE NOTIFIED PARTY. of the little we know of this proceeding. Lastly, the notification we have received in this manner, and with all the procedural defects noted, is directed against alleged violations by (…), with administrative case file (…) However, it powerfully draws attention that it does not match the facts supposedly attributed or imputed to my represented company, [Name 007], legal identification number [Value 002], administrative case file [Value 003]. In other words, we were notified of an action that does not concern our specific case. 4th.- IN RELATION TO THE MUNICIPAL LAXITY IN IMPLEMENTING REGULATORY PLANS. No less important in all of this is the exasperating lack of municipal diligence in implementing coastal regulatory plans. Thus, for example, the Regulatory Plan of the Punta Zancudo Coastal Tourist Sector, approved by the Board of Directors of the ICT in Ordinary Session No. 5407 of March 28, 2006; and by the Municipal Council of Golfito in Article 1 of Ordinary Session No. 14 of April 8 of that same year (published in La Gaceta 84 of 05/03/2006), these are times when it is still not possible to obtain concessions under its protection, because besides the procedure being slow and cumbersome, the previous municipal administration (2016-2020) took it upon itself to make additional modifications; the same ones that have already been under development for more than 3 years, without there being a certain date for the conclusion of said process, and of when we, the interested parties, like us, with an application filed since 04/11/2018, might have the possibility of obtaining a concession that gives us the legal certainty we need. Our company has a concession application filed over the restricted zone behind the physical landmarks (mojones) of the IGN #s477-478, within what is called the 'Tourist Lodging Zone' '(ZHT)', according to the Official Zoning Map of the Regulatory Plan of the Punta Zancudo Coastal Tourist Sector, and the SEVENTH ARTICLE of its Regulations. Among the permitted uses of this regulation are those of 'Cabins, cabins, inns, hostels, and sets of rooms.'; hence, also due to this factor, we are convinced that our facilities are not an obstacle to the implementation of the regulatory plan, much less a threat to natural resources and/or the surrounding environment. FIFTH. that is, at this moment, as we perceive the attitude of the Municipal administration, everything portends that the next and imminent step will be to issue a Work Order to the contractor who owns the machinery hired to carry out this type of work (demolitions in the maritime terrestrial zone), which would cause us damage of incalculable dimensions and of irreparable characteristics to our legal sphere, and at the same time with regard to our assets. The foregoing, contrary to the stipulations of Article 1 of Law No. 10000 'Extension of the scope of Law No. 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special', since there is no evidence in the meager case file that the Municipality of Golfito has compiled of the commission and/or threat of environmental damage that would justify the extreme measure of demolition being ordered. Likewise, in violation of the most elementary rules of constitutional due process, since the notified document, with the appearance of an initial act of the procedure, is nothing more than the communication of the final act, where the Local Government Administration warns that the demolition will be carried out if we do not voluntarily remove what it considers a violation beforehand, without caring or being interested in what we may have to say and/or allege regarding this particular accusation. SIXTH. Given this situation of an administrative action that is clearly violative of fundamental rights, such as the constitutional Right to Defense and Due Process 41, and due to the urgency of providing us with judicial protection in the face of the danger of potential severe damages or harm that may be caused to our legal sphere, given the Municipality's ability to execute the demolition with which it sanctions us, by means of a simple Work Order from the contract it already has formalized with (…) since December 23, 2021 for these purposes, we request that this amparo action be granted in all its terms. CLAIM. We strongly request that this amparo action be granted, and that the immediate suspension of the administrative act called (Procedure No. 24455) Due Process is Initiated' of 10:05 a.m. on Friday, October 14, be ordered, based on the provisions of the third paragraph of Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction” (sic).
2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even upon its filing, any petition brought before it that proves to be manifestly improper, or when it considers there to be sufficient grounds to reject it, or that it involves the mere reiteration or reproduction of a previous, identical or similar rejected petition.
Drafted by Judge Delgado Faith; and,
Considering:
I.- PURPOSE OF THE AMPARO ACTION. The petitioner literally states that: “ FIRST. At 10:05 a.m. on the past 14th of October of this year 2022, we were notified of the 'TRANSFER OF CHARGES DUE PROCESS IS INITIATED' Procedure NO 24455 for alleged violations of Article 12 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone No. 6043, and its respective Regulations. SECOND. Given that said notified act does not indicate the official responsible for its issuance, nor the municipal office or department from which it was issued, nor where to locate the case file, nor before whom the corresponding appeal actions (acciones recursivas) should be filed, it was not possible for us to present, within the time and proper form granted to submit our defense, the APPEAL FOR REVOCATION WITH SUBSIDIARY APPEAL contemplated by Article 171 of the Municipal Code (Law No. 7794). THIRD. Of all this, what most distresses and worries us is that the Municipal Administration intends to execute the demolition with which it threatens us using machinery it has already contracted (1 dump truck of 12m3, 1 20-ton Hydraulic Excavator, and 1 4x4 Integrator Backhoe), within the framework of Direct Contracting for small amounts (Article 2, subsection h) LCA and Article 144 RLCA), No. 2021CD-000054-0004400001 (Sicop No. 20211201011-00) (…), with a formalized Contract No. 0432021000200070-00 dated 12/23/2021, with the company (…). This is because that is the sole purpose of said contracting process, according to the respective tender documents. (…) FOURTH. Given this circumstance, today we are filing this amparo action, where the reasons for our disagreement with the Municipality’s actions up to this point are detailed below. On repeated occasions, the Constitutional Chamber has considered that the provisions of Article 13 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone are not unconstitutional, provided that, prior to their application, the following parameters are observed: '1) as a first aspect, there is the need that, prior to the demolition of the works, it be verified that such construction was indeed carried out against the regime established in the Law on the maritime terrestrial zone, a regime that contemplates both general rules and cases of exception (...); 2) secondly, as a general rule, an information proceeding must be conducted prior to carrying out the demolition, in which all the guarantees of due process are granted, with the sole exception of those cases where the alleged offender expressly accepts its execution, and 3) thirdly, it must be emphasized that the Administration or Jurisdictional Authority will always be responsible for said demolition, which implies that if its action is illegitimate, it must answer with the corresponding civil and/or criminal consequences (...)' (see judgment No. 2007-2062 of 14:39 hours on February 14, 2007, and in the same vein, resolutions 2004-9740 of 14:32 hours on September 1, 2004; 1996-5756 of 14:42 hours on October 30, 1996; 1995-6192 of 16:42 hours on November 14, 1995; 1991-0447 of 15:30 hours on February 21, 1991). Based on the foregoing, the procedure established under Article 13 of Law 6043 is not intended to suppress or deny subjective rights, and/or cause serious injury to the legitimate rights or interests of the investigated party. In addition to this, the document by which the alleged offender is warned of the eviction and demolition of buildings allegedly erected illegitimately in the maritime terrestrial zone constitutes the initial act of the procedure aimed at determining the real truth of the imputed facts. Hence, in the first place, this servant respectfully considers that the document called Transfer of Charges (Procedure No. 24455) of 10:05 a.m. on Friday, October 14, besides not meeting the necessary formality of containing the signature of a public servant with identification of the municipal department responsible for the proceeding, and before whom the relevant appeal actions can subsequently be filed, such conduct does not consist of a mere procedural act (acto de trámite), but rather constitutes a FINAL ACT, given that in POINT No. 6 (Page No. 2) thereof, the following can be clearly distinguished: 'You are granted a non-extendable period of eight business days to voluntarily and under your responsibility cease the violations committed and proceed to remove the built works, otherwise you may be evicted by the Municipality of Golfito and reported for the Violation via Judicial channels (…) Such types of actions have precedents of reproach at the judicial level, as is the case of what was stated by this honorable and exalted Chamber in judgment 2008-011792 of 15:08 hours on July 29, 2008, where it stated: “… it is with the notice (prevención) given to the petitioners that the possibility arises for them to fully exercise the defense of their rights and interests, since, as this Court has held in its jurisprudence, such notice constitutes the initial act of the administrative procedure (see in this regard, among others, judgments number 2007-018095 of 14:46 hours on December 13, 2007 and 2008-006263 of 11:45 hours on April 18, 200a); therefore, if the petitioners disagree with the decision and believe that it stems from an erroneous assessment of the existing situation, this can be alleged in the administrative venue itself. (...). To the contrary, the Municipal Administration of Golfito has issued an act omitting the observance of substantial formalities of the administrative procedure, inasmuch as, with the appearance of a procedural act—since it is called 'TRANSFER OF CHARGES (Procedure NO 24455) DUE PROCESS IS INITIATED'—what it actually dictates is a final order of eviction and demolition against us. The sole difference in the case before us compared to the one analyzed by the Chamber in its resolution is that, in this one, we are indeed granted the period of five business days provided for in Article 171 of the Municipal Code for filing appeals, however, the administrative decision seems to have been taken in advance, regardless of what we might allege in our favor when it is stated categorically, forcefully, and definitively that we have a non-extendable period of eight business days to (...) remove the built works.” Second, the notification in reference, as I stated before, not only omits to specify which is the competent municipal authority issuing the order to initiate the alleged due process, but it is signed by the Municipal Inspector (…), and as a witness (…) (Assistant of the Maritime Terrestrial Zone Office), which in my view is improper, since as far as I know, municipal inspectors lack that functional authority. In this regard, the current Descriptive Manual of Position Classes of the Municipality of Golfito, in relation to the role of inspectors, classifies them as Municipal Technicians 1, and assigns them the following functions: To execute the different inspection activities required in the areas of construction, business licenses, maritime terrestrial zone, as well as itinerant and stationary sales; through visits and inspections to constructions, businesses, and other establishments; the analysis and verification of compliance with operating requirements, and the presentation of reports thereof, among other activities of a similar nature; all of this for the purpose of contributing both to the effectiveness of the treasury process and to guaranteeing compliance with the regulations specific to the commercial and construction areas. • To carry out inspections in order to verify the quality and timeliness of solid waste collection services, the maintenance and cleaning service of roads, sewers, drains, manholes, among others. To attend to and resolve complaints filed by users of the aforementioned services. Likewise, it corresponds to them to provide the notification service to the different municipal offices that so require it.” (…) As can be seen, this manual does not recognize said officials' authority to decide for themselves, but only to verify the residents' adherence to what the legal system stipulates in matters of constructions, commercial-type activities (licenses), protection of rights-of-way and areas of State Natural Heritage, and local norms associated with the management of concessions and use permits in the maritime terrestrial zone; to inform the competent municipal department heads in a timely manner of the existence of irregularities that merit prompt attention, correction, or intervention; to notify (meaning 'To officially and formally communicate an administrative or judicial resolution. || To execute a procedural legal act through which the content of a resolution is communicated to someone. || To make known to the recipient, with the prescribed formalities, the content of a resolution of an authority. To give notice of something to the administered parties, what has been resolved by the various municipal departments, depending on the area or matter in question.') Consequently, as the notification was signed only by the Inspector (…), it left us guessing, first: before whom or which municipal department the corresponding appeal for revocation (recurso de revocatoria) should be filed (Dept.
of Urban Development and Control or the Maritime-Terrestrial Zone Office), because obviously it could not have been brought before this same official, given that he lacks the powers to resolve this type of matter; second: what is more serious, it did not even mention where to locate the corresponding administrative file, in order to have full access to the evidence for the charges, all of which has caused us an evident state of defenselessness (indefensión) and therefore, incurring in a defect of absolute nullity, as sanctioned in the General Law of Public Administration, which states: Article 165.- Invalidity may manifest as absolute or relative nullity, depending on the seriousness of the violation committed. Article 166.- There shall be absolute nullity of the act when one or more of its constitutive elements are entirely missing, in fact or in law. (…) Article 169.- The absolutely null act shall not be presumed legitimate, nor shall its execution be ordered. Article 170.- 1. Ordering the execution of the absolutely null act shall produce civil liability of the Administration, and administrative civil and potentially criminal liability of the official, if the execution were to take place. Article 172.- The absolutely null act may not be brought into conformity with the law either by rectification (saneamiento) or by validation (convalidación)." Article 223.- 1. Only the omission of substantial formalities of the procedure shall cause nullity of the proceedings. 2. A formality shall be understood as substantial if its correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or if its omission caused defenselessness (indefensión). 2°.- REGARDING THE MUNICIPAL NON-OBSERVANCE OF THE PROVISIONS OF ARTICLE ONE OF LAW NO. 10000. 1. Only the omission of substantial formalities of the procedure shall cause nullity of the proceedings. Article 1 of Law No. 1000, called "Extension of the Scope of Law No. 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special," which was enacted on July 1, 2021, and published in Supplement (Alcance) No. 132 to Gazette (Gaceta) No. 127 of July 2, 2021, with a projected term until July 2, 2024 (thirty-six months), states: ARTICLE 1- The thirty-six-month term provided for in Article 1 of Law 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special, of June 27, 2018, is extended for an equal period of time, with identical suspensive effects on administrative actions for the eviction of persons, the demolition of works, the suspension of commercial, agricultural, and any other lawful activities and existing projects in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre), Border Zone (Zona Fronteriza), and State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), except for those ordered by a final judicial or administrative resolution based on the commission of environmental damage or when there is a danger or threat of damage to the environment. 2. A formality shall be understood as substantial if its correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or if its omission caused defenselessness (indefensión). In accordance with the legal aphorism that states "we must not distinguish where the law does not distinguish" or the one that states "when the law is clearly conceived, one must adhere to its letter, and not distort it, under the pretext of penetrating its spirit" (Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Volume I, B. Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, p. 234, also cited by the opinion of the General Attorney of the Republic C-019-2000 of February 4, 2000), this municipal administration, nor any other in similar circumstances, cannot distort the protectionist purpose of this norm, which imposes on the municipality the obligation to reliably demonstrate, in order to execute a demolition or eviction action such as the one it intends, that it is a case of proven environmental damage, or that, at a minimum, there is a high risk that such damage will occur; a situation that is entirely non-existent—as it has not been demonstrated—within the little we know of the present procedure. 3°.- REGARDING THE NOTIFIED SUBJECT. of the little we know of the present procedure. Finally, the notification we have received in this manner, and with all the procedural defects noted, is directed against alleged infractions of (…), with administrative file (…) However, it powerfully draws attention that it does not correspond with the facts supposedly imputed or attributed to my represented party, [Name 007]., legal identification number (cédula jurídica) [Value 002], administrative file [Value 003]. In other words, we were notified of an action that does not concern our specific case. 4°.- IN RELATION TO THE MUNICIPAL LAXITY IN IMPLEMENTING REGULATORY PLANS. No less important in all of this is the exasperating lack of municipal diligence in implementing the coastal regulatory plans. Thus, for example, the Regulatory Plan for the Punta Zancudo Coastal Tourist Sector (Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Punta Zancudo), approved by the Board of Directors of the ICT in Ordinary Session No. 5407 of March 28, 2006; and by the Municipal Council of Golfito in Article 1 of Ordinary Session No. 14 of April 8 of that same year (published in La Gaceta 84 of 03/05/2006), at this late hour it is still not possible to obtain concessions under its protection, because besides that process being slow and cumbersome, the previous municipal administration (2016-2020) took it upon itself to make additional modifications; the same ones that have already been under elaboration for more than 3 years, without a certain date for the conclusion of said process, and of when? we interested parties, like us, with a request filed since 11/04/2018, might have the possibility of having a concession that gives us the legal certainty we require. Our company has a concession request filed on the restricted zone behind the physical boundary markers (mojones) of the IGN #s477-478, within what is called the "Tourist Lodging Zone" ("Zona de Hospedaje Turístico") "(ZHT)", according to the Official Zoning Sheet (Lámina Oficial de Zonificación) of the Regulatory Plan for the Punta Zancudo Coastal Tourist Sector, and the SEVENTH ARTICLE of its Regulation. Among the permitted uses of this regulation are those for "Cabins, cottages, inns, lodges and sets of rooms."; hence, also due to this factor, we are convinced that our facilities are not an obstacle to the implementation of the regulatory plan, and much less, a threat to natural resources and/or to the surrounding environment. FIFTH. that is, at this moment, as we perceive the attitude of the Municipal Administration, everything portends that the next and imminent step will be to give a Work Order (Orden de Inicio) to the contractor who owns the machinery hired to do this type of work (demolitions in the maritime-terrestrial zone), which would cause us damage of incalculable dimensions and irreparable characteristics in our legal sphere, and at the same time regarding our patrimony. The foregoing, contrary to the stipulations of Article 1 of Law No. 10000 "Extension of the Scope of Law No. 9577, Protection for Occupants of Zones Classified as Special," since there is no evidence in the meager file that the Municipality of Golfito has compiled of the commission and/or threat of damages to the environment that justifies the extreme measure of demolition being ordered. Likewise, in violation of the most basic norms of constitutional due process, since the notified document, with the appearance of an initial procedural act, is nothing more than the communication of the final act, where the Local Government Administration warns that the demolition will be carried out at its own instance if we do not remove beforehand what it considers an infraction, without it mattering or being of interest what we may have to say and/or allege regarding such a particular accusation. SIXTH. Given this situation of an administrative action, clearly in violation of fundamental rights, such as the constitutional Right to Defense and Due Process (Debido Proceso) 41, and due to the urgency of obtaining judicial protection against the danger of eventual severe damages or harm that may be caused in our legal sphere, due to the possibility that the Municipality might execute the demolition with which it sanctions us, by means of a simple Work Order from the contract already formalized with (…) since December 23, 2021 for these purposes, we request that the present amparo action be fully granted. CLAIM. We vehemently request that the present amparo action be granted, and that the immediate suspension of the administrative act called (Procedure No. 24455) Initiation of Due Process " (Trámite No. 24455) Se inicia Debido Proceso" of 10:05 a.m. on Friday, October 14, be ordered, based on the provisions of the third paragraph of Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction " (sic).
II.- ON THE SCOPE OF COMPETENCE OF THIS CHAMBER REGARDING COMPLAINTS FOR VIOLATION OF DUE PROCESS AND THE RIGHT OF DEFENSE. First, for the correct resolution of this case, it must be kept in mind what this Chamber has indicated when specifying its scope of competence regarding complaints for violation of due process and the right of defense. Thus, on this matter, in Judgment (Sentencia) No. 2017-01990 of 9:30 a.m. on February 10, 2017, it stated:
"…This Chamber has been gradually elucidating due process in the administrative venue and has taken important steps by specifying the violations that must be examined through the amparo proceeding. In this sense, this court expressed:
"It must also be kept in mind that constitutional jurisdiction, like criminal jurisdiction, contentious-administrative jurisdiction, etc., has constitutional support (Article 153 of the Magna Carta), which is why the former is not called upon to substitute them. That is why it has constantly been indicated that constitutional amparo is only admissible against evidently arbitrary acts that directly violate fundamental rights, that is, serious, gross, clear violations, in the present case, of the right of defense and due process, considering that this venue is not called upon to correct all procedural defects (vicios in procedendo), despite the fact that litigants frequently attempt to remedy any procedural irregularity, however small, by resorting to amparo, which is not designed for that purpose, but only to remedy infringements of the essential elements of due process." (Judgment number 98-2109 of 5:24 p.m. on March 25, 1998) The need to clearly indicate the cases in which the analysis of violations of due process corresponds to the ordinary jurisdiction or to the constitutional jurisdiction led the Spanish Constitutional Court to make precisions that this Chamber has incorporated into its jurisprudential line and that can be found in vote (voto) 2001-01545 in the following terms:
"There exists, however, a stricter concept of defenselessness (indefensión) of a juridical-constitutional order, which the jurisprudence of this T.C. has been gradually outlining. The juridical-constitutional concept of defenselessness that Article 24 of the C. allows and obliges to construct does not have to coincide entirely with the juridical-procedural figure of defenselessness. This occurs, thus, because as has been rightly said, the idea of defenselessness cannot be limited, restrictively, to the scope of what can be raised in specific litigation, but rather must extend to the interpretation from the constitutional point of view of the Laws regulating the processes. For this reason, while Procedural Law, for the sake of its own needs for structuring processes and to facilitate the automation and processing of judicial procedures, presents a markedly formal content and defines defenselessness in an equally formal way, through, for example, the lack of proper summons or the lack of granting specific procedures or specific remedies, in the juridical-constitutional framework the same is not true. As the jurisprudence of this T.C. has indicated on abundant occasions, defenselessness does not occur if the situation in which the citizen found himself was due to a voluntarily adopted attitude on his part or if it is attributable to him for lack of necessary diligence. The conclusion to be drawn from this is twofold: on the one hand, not every infraction of procedural norms becomes by itself juridical-constitutional defenselessness and therefore a violation of what is ordered by art. 24 of the C, and, on the other hand, that the classification of defenselessness with relevance in the constitutional order must be carried out with the introduction of factors different from the mere respect or, conversely, the infraction of the procedural norms and the formal rigor of the procedure…".
From this perspective, as is clear from the partially transcribed resolution, not every infraction of procedural norms becomes, per se, a constitutionally relevant violation of due process, that, as such, is amenable to amparo in this venue. On the contrary, amparo is admissible for serious, gross, or clear violations that directly and effectively infringe or threaten to infringe the right of defense or essential rules of due process.
III.- THE SPECIFIC CASE. In the sub judice, the petitioner himself states that he became aware of the facts attributed to his represented party and, likewise, acknowledges that he has had the opportunity to exercise his defense and oppose the acts issued in the referred administrative procedure, hence this Chamber reaches the conclusion that what is raised, in reality, concerns the disagreement of the claimant with what was resolved in the cited administrative procedure. Note that this Court should not enter to assess or determine the validity of what was resolved by the respondent, nor is this jurisdiction a third instance for analyzing what was resolved by the competent authorities of the Municipality of Golfito in the handling of administrative procedures initiated for presumed infractions of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítima Terrestre), because all of this entails a matter of ordinary legality that, as indicated previously, must be raised before the respondent itself or before the competent ordinary jurisdiction. Based on these considerations, the claimant's request for this Chamber to issue a precautionary measure and suspend the administrative act called (Procedure No. 24455) Initiation of Due Process lacks support, because that aspect is properly analyzed in the ordinary venue. For the foregoing reasons, the present appeal is inadmissible, and this amparo appeal is ordered dismissed outright (rechazo de plano), as is hereby declared. IV.- DIFFERING REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be dismissed outright, as the claimant files the amparo appeal on behalf of a legal entity (persona jurídica). Of importance for the sub examine, in the dissenting vote (voto salvado) I recorded in judgment no. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held:
"in Advisory Opinion (Opinión Consultiva) 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that "Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty." On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may come to exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be amenable to protection before the inter-American system, "the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, inasmuch as a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated." (emphasis added) (OC. 22/16)".
In my view, a reading of the Law of Constitutional Jurisdiction requires the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutionality proceeding formulated on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, by such injury, sees some fundamental right diminished, in a reflected but direct manner. Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The foregoing requirement thus becomes a sine qua non precondition for the admissibility of constitutionality control by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Law of Constitutional Jurisdiction should be interpreted, so that in the sub iudice the application of jurisdictional constitutionality control becomes inadmissible, since, based on the evidence on record, the essential link between the amparo-protected legal entity and any natural person, in a specific manner, in relation to the alleged aggrieved right, has not been demonstrated.
V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court (Corte Plena) in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is dismissed outright. Magistrate Rueda Leal gives differing reasons.
Fernando Cruz C. Acting Presiding Magistrate Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Aracelly Pacheco S.
Rosibel Jara V.
Document Signed Digitally -- Verification code -- *2S1GWM1S7KG61* FILE No. 22-024266-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 17:17:47.
SCIJ of the Treasury SCIJ of the Office of the Attorney General of the Republic
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *220242660007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2022027115 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintidos .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia número [Valor 001] , en su condición de secretaria, con facultad de representante judicial y extrajudicial de [Nombre 007]; contra la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas con vente minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Golfito, y manifiesta literalmente que: “PRIMERO. A las 10:05 horas del pasado 14 de octubre de este año 2022, se nos notificó el "TRASLADO DE CARGOS SE INICIA DEBIDO PROCESO" Trámite NO 24455 por supuestas infracciones al artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043, y a su respectiva Reglamentación. SEGUNDO. En vista de que dicho acto notificado no indica el (la) funcionario (a) responsable de su dictado, ni la oficina o dependencia municipal desde la cual se emitía, así como tampoco donde ubicar el expediente, ni ante quien debían interponerse las acciones recursivas correspondientes, no nos fue posible presentar en tiempo y forma hábiles concedidos para efectuar los descargos, el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN SUBSIDIARIA contemplado por el ordinal 171 del Código Municipal (Ley N° 7794). TERCERO. De todo esto, lo que más nos angustia y preocupa, es que la Administración de la Municipalidad se propone ejecutar la demolición con que nos amenaza por medio de maquinaria que ya tiene contratada (1 vagoneta de 12m3, 1 Excavadora Hidráulica de 20 ton, y 1 Retroexcavador Integrador 4x4), en el marco de la Contratación Directa por escasa cuantía (artículo 2 inc. h) LCA y artículo 144 RLCA), No. 2021CD-000054-0004400001 (Sicop N° 20211201011-00) (…), con Contrato formalizado N° 0432021000200070-00 desde 23/12/2021, con la empresa (…). Esto, porque ese es el objeto único de dicho proceso de contratación, según el cartel respectivo. (…) CUARTO. Dada dicha circunstancia, el día de hoy interponemos el presente recurso de amparo donde las razones de nuestra inconformidad con lo actuado hasta este momento por la Municipalidad se detallan a continuación. En reiteradas ocasiones, la Sala Constitucional ha considerado que lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no resulta inconstitucional, siempre que previo a su aplicación, Se observen los siguientes parámetros: " 1) como primer aspecto, surge la necesidad de que previo a la demolición de las obras, se compruebe que efectivamente tal construcción se realizó contra el régimen dispuesto en la Ley sobre la zona marítimo terrestre, régimen que contempla tanto las normas generales como los casos de excepción (...); 2) en segundo término, como regla general, debe levantarse una información previo a realizar la demolición, en donde se otorguen todas las garantías del debido proceso, con la única excepción de aquel/os casos en donde el presunto infractor acepte expresamente su realización, y 3) en tercer lugar debe resaltarse que la Administración o Autoridad Jurisdlcclonal siempre será responsable por dicha demolición, lo cual implica que si su actuación es ilegitima debe responder con las consecuencias civiles y (o) penales que correspondieren (...)" (ver sentencia N°2007-2062 de las 14:39 horas de 14 de febrero de 2007, y en igual sentido, las resoluciones 2004-9740 de las 14:32 horas del 1° de septiembre del 2004; 1996-5756 de las 14:42 horas del 30 de octubre de1996; 1995-6192 de las 16:42 horas del 14 de noviembre de 1995; 1991-0447 delas 15:30 horas del 21 de febrero de 1991). A partir de lo anterior, el procedimiento previsto por el artículo 13 de la Ley 6043, no tiene por objeto suprimir o denegar derechos subjetivos, y/o causar una lesión grave a los derechos o intereses legítimos del investigado. Aunado a esto, el documento con el cual, se previene al presunto infractor el desalojo y demolición de edificaciones presuntamente levantadas de modo Ilegítimo en la zona marítimo terrestre, constituye el acto inicial del procedimiento tendente a determinar la verdad real de los hechos imputados. De ahí que, en primer lugar, respetuosamente considera esta servidora que el escrito llamado Traslado de Cargos (Trámite No. 24455) de las 10:05 horas del viernes 14 de octubre, además de que no cumple con la necesaria formalidad de contener la firma de un servidor o servidora con identificación del departamento municipal que es responsable de la gestión, y ante quien se pueda posteriormente plantear las acciones recursivas pertinentes, tal conducta no consiste en un simple acto de trámite, sino que constituye un ACTO FINAL, dado que en el PUNTO N° 6 (Página N° 2) de la misma, claramente se puede distinguir lo siguiente: "Se le confiere el plazo improrrogable de ocho días hábiles para que de manera voluntaria y bajo su responsabilidad cese en las infracciones cometidas y proceda a remover las obras construidas, caso contrario podrá ser desalojado por la Municipalidad de Golfito y denunciado por la Infracción vía Judicial (…) Este tipo de actuaciones cuentan con antecedentes de reproche a nivel judicial, tal es el caso de lo expuesto por esta honorable y excelsa Sala en sentencia 2008-011792 de las 15:08 horas del 29 de julio del 2008, donde dijo: “.. es con la prevención efectuada a los recurrentes que surge la posibilidad de estos de ejercer plenamente la defensa de sus derechos e Intereses, pues, como así lo ha sostenido este Tribunal en su jurisprudencia, tal prevención se constituye en el acto inicial del procedimiento administrativo (ver en este sentido, entre otras, las sentencias número 2007-018095 de las 14:46 horas del 13 de diciembre del 2007 y 2008-006263 de las 11:45 horas del 18 de abril del 200a); por ende, si los recurrentes están disconformes con lo resuelto y estiman que ello obedece a una errónea apreciación de la situación existente, así se podrá alegar en la propia sede administrativa. (...). Contrariamente, la Administración Municipal de Golfito ha emitido un acto omitiendo la observancia de formalidades sustanciales del procedimiento administrativo, toda vez que, con apariencia de un acto de trámite -ya que le denomina "TRASLADO DE CARGOS (Trámite NO 244s5) SE INICIA DEBIDO PROCESO", lo que en realidad dicta es una orden final de desalojo y demolición en nuestra contra. La única diferencia del caso que aquí nos ocupa con relación al analizado por la Sala en su resolución, es que en éste, ciertamente se nos concede el plazo de los cinco días hábiles que prevé el artículo 171 del Código Municipal para presentación de recursos, no obstante la decisión administrativa parece estar tomada de antemano, al margen de lo que podamos alegar en nuestro favor cuando se dice de modo categórico, enérgico y terminante que contamos con el plazo improrrogable de ocho días hábiles para (...) remover las obras construidas”. En segundo lugar, la notificación de referencia, como lo expuse antes, no solamente omite precisar cuál es la autoridad competente municipal que está emitiendo la orden de iniciar el supuesto debido proceso, sino que es firmada por el Inspector Municipal (…), y como testigo (…) (Asistente de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre), lo que a mi juicio es improcedente, pues hasta donde sé, los inspectores municipales carecen de esa potestad funcional. En este sentido, el Manual Descriptivo de Clases de Puestos vigente de la Municipalidad de Golfito, con relación al rol de los inspectores los clasifica como Técnicos Municipales 1, y les asigna las siguientes funciones: Ejecutar las diferentes actividades de Inspección requeridas en las áreas de construcción, patentes, zona marítimo terrestre, así como de ventas ambulantes y estacionarias; a partir de visitas e Inspecciones a construcciones, negocios y otros establecimientos; el análisis y verificación del cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y la presentación sin las informen del caso entre otras actividades de similar naturaleza; todo esto con el fin de coadyuvar, tanto en la eficacia del proceso hacendarlo como en la garantía del cumplimiento de la normativa propia de las áreas comercial y constructiva. • Realizar Inspecciones con el fin de verificar la calidad y oportunidad de los servicios de recolección de desechos sólidos, el mantenimiento y servicio de limpieza de vías, alcantarillas, desagües, cajas de registro entre otros. Atender y resolver las quejas presentadas por los usuarios de los servicios anteriormente citados. Asimismo, le corresponde prestar el servicio de notificación a las diferentes oficinas de la municipalidad que así lo requieran." (…) Como puede verse, este manual no les reconoce a dichos funcionarios la facultad de decidir por sí mismos, sino únicamente de veri ficar el acatamiento de los vecinos de lo que indica eI ordenamiento jurídico en materia de construcciones, actividades de tipo comercial (licencias), protección de derechos de vías y áreas de Patrimonio Natural del Estado, y normas locales asociadas a la gestión de concesiones y permisos de uso en la zona marítimo terrestre; informar de forma oportuna a las jefaturas municipales competentes de la existencia de irregularidades que ameriten de una pronta atención, corrección o intervención; notificar (significado "Comunicar oficial y formalmente una resolución administrativa o judicial. || Ejecutar un acto jurídico procesal mediante el cual se comunica a alguien el contenido de una resolución. II Poner en conocimiento del destinatario, con las formalidades preceptuadas, el contenido de la resolución de una autoridad. Dar noticia de algo'0 a los administrados, lo resuelto por las diversas dependencias municipales, dependiendo del área o asunto que se trate. Por consiguiente, al venir firmada la notificación solamente por el Inspector (…) nos dejó adivinando, primero: ante ¿quién o cuál dependencia? de la municipalidad se debía interponer el recurso de revocatoria correspondiente (Depto. de Desarrollo y Control Urbano u Oficina de Zona Marítimo Terrestre), porque obviamente no podía hacerse ante este mismo funcionario, ya que adolece de las potestades para resolver esta clase de temas; segundo: lo que es más grave, ni siquiera se mencionó dónde ubicar el expediente administrativo correspondiente, para así tener acceso pleno a las pruebas de cargo, todo ello, ocasionándonos un estado evidente de indefensión y por ende, incurriéndose en un vicio de nulidad absoluta, según lo sancionado en la Ley General de la Administración Pública, que dice: Artículo 165.-Lainvalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida. Artículo 166. -Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.(…) Artículo 169.-No se presumirá Iegítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su e1ecución. Artículo 170.- 1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la Administración, y civil administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar. Artículo 172.-El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación." Artículo 223.- 1. Solo causara nulidad de Io actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causara indefensión. 2°.-EN CUANTO A LA INOBSERVANCIA MUNICIPAL DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY N° 10000. 1. Solo causara nulidad de Io actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. Dice el artículo 1° de la Ley No. 1000 denominada "Ampliación de los alcances de la ley N° 9577, Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales", la cual se promulgo el 1 de julio de 2021, y se publicó en el Alcance No. 132 a la Gaceta No. 127 de 2 de julio del 2021, con una vigencia proyectada hasta el 2 de julio del año 2024 (treinta y seis meses): ARTICULO 1- Se prolonga el plazo de treinta / seis meses, que dispone el artículo 1 de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de Junio de 2018, por un periodo de tiempo igual, con idénticos efectos de suspensión sobre las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad licita y proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño de! medio ambiente. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión Conforme al aforismo jurídico que dice "que no debemos distinguir donde la ley no distingue" o al que dice "cuando la ley está concebida claramente hay que estar a su letra, y no desnaturalizarla, pretextando penetrar a su espíritu" (Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, B. Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, pag. 234, citado también por el dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-019-2000 del 4 de febrero del 2000), no puede esta administración municipal, ni ninguna otra en similares circunstancias, desvirtuar el propósito proteccionista de esta norma, la cual le impone a la municipalidad la obligación de demostrar fehacientemente, para poder ejecutar una acción de demolición o de desalojo como la que pretende, que se está en el caso de un daño ambiental comprobado, o de que, mínimamente, hay un alto riesgo de que este se produzca; una situación inexistente del todo -por indemostrada-, dentro de Io poco que conocemos del presente procedimiento. 3°.- EN CUANTO AL SUJETO NOTIFICADO. de Io poco que conocemos del presente procedimiento. Por último, la notificación que hemos recibido de esta manera, y con todos los defectos procesales advertidos, esta dirigida contra supuestas infracciones de (…), con expediente administrativo (…) Sin embargo, llama poderosamente la atención que la misma no compagina con los hechos que supuestamente se le achacan o atribuyen a mi representada, [Nombre 007]., cedula jurídica [Valor 002], expediente administrative [Valor 003]. En otras palabras, nos notificaron de una actuación que no concierne a nuestro caso concreto. 4°.-EN RELACION A LA LAXITUD MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES REGULADORES. No menos importante en todo esto, es la exasperante falta de diligencia municipal para implementar los planes reguladores costeros. Así, por ejemplo, el Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Punta Zancudo, aprobado por la Junta Directiva del ICT en la Sesión Ordinaria No. 5407 del 28 de marzo del 2006; y por el Concejo Municipal de Golfito en el Artículo 1° de la Sesión Ordinaria No. 14 del 8 de abril de ese mismo año (publicado en La Gaceta 84 del 03/05/2006), estas son horas en que no es posible aun obtener concesiones a su amparo, pues tras de que es lento y engorroso ese trámite, a la administración municipal anterior (2016-2020) se le antojo hacerle modificaciones adicionales; mismas que ya llevan mas de 3 años elaborándose, sin que exista fecha cierta de conclusión de dicho proceso, y de ¿cuándo? podríamos los interesados, como nosotros, con solicitud presentada desde 11/04/2018, tener posibilidad de contar con una concesión que nos de la seguridad jurídica que ocupamos. Nuestra empresa tiene una solicitud de concesión presentada sobre la zona restringida posterior a los mojones físicos del IGN #s477-478, dentro de lo que se denomina como "Zona de Hospedaje Turístico" "(ZHT)", según la Lamina Oficial de Zonificación del Plan Regulador Sector Costero Turístico de Punta Zancudo, y el ARTICULO SEPTIMO de su Reglamento. Dentro de los usos permitidos de esta reglamentación, se encuentran los de "Cabinas, cabañas, posadas, albergues y conjunto de habitaciones."; de ahí que, también por este factor, tenemos la convicción de que nuestras instalaciones no son obstáculo a la implementación del plan regulador, y mucho menos, amenaza para los recursos naturales y, o al ambiente del entorno. QUINTO. o sea, en este momento, según percibimos la actitud de la Administración municipal, todo hace presagiar que el siguiente e inminente paso será darle Orden de Inicio al contratista propietario de la maquinaria contratada para hacer este tipo de trabajos (demoliciones en zona marítimo terrestre), lo que nos haría un daño de dimensiones incalculables y de características irreparables en nuestra esfera jurídica, y a la vez en lo que respecta a lo patrimonial. Lo anterior, a contrapelo de lo estipulado en el artículo 1° de la Ley No. 10000 "Ampliación de los alcances de la Ley N° 9577, Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales", pues no constan pruebas de la existencia en el magro expediente que ha elaborado la Municipalidad de Golfito, de la comisión y/o amenaza de daños al ambiente que justifique la medida extrema de demolición que se está ordenando. Asimismo, con violación de las normas más elementales del debido proceso constitucional, ya que el documento notificado, con la apariencia de un acto inicial del procedimiento, no es más que el comunicado del acto final, donde la Administración Gobierno Local, advierte que la demolición será llevada a cabo por su propia nuestra voluntad no removemos antes lo que esta considera como una infracción, sin que poco importe o interese lo que tengamos que decir y, o alegar sobre tal acusación en particular. SEXTO. Dada esta situación de una actuación administrativa, a todas luces violatoria de derechos fundamentales, tales como el Derecho a Defensa y Debido Proceso 41 constitucionales, y por la urgencia que reviste proveernos de tutela judicial ante el peligro de eventuales de severos daños o perjuicios que pueden causarse en nuestra esfera jurídica, debido a la posibilidad que tiene la Municipalidad de ejecutar la demolición con que nos sanciona, mediante una simple Orden de Inicio de la contratación que ya tiene formalizada con (…) desde el 23 de diciembre del 2021 para estos efectos, solicitamos se acoja en todos sus extremos la presente acción de amparo. PRETENSIÓN. Se solicita vehementemente se acoja la presente acción de amparo, y que se ordene la suspensión inmediata del acto administrativo denominado (Trámite No. 24455) Se inicia Debido Proceso" de las 10:05 horas del viernes 14 de octubre, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ” (sic).
2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Delgado Faith ; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL AMPARO. La recurrente señala literalmente que: “ PRIMERO. A las 10:05 horas del pasado 14 de octubre de este año 2022, se nos notificó el "TRASLADO DE CARGOS SE INICIA DEBIDO PROCESO" Trámite NO 24455 por supuestas infracciones al artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043, y a su respectiva Reglamentación. SEGUNDO. En vista de que dicho acto notificado no indica el (la) funcionario (a) responsable de su dictado, ni la oficina o dependencia municipal desde la cual se emitía, así como tampoco donde ubicar el expediente, ni ante quien debían interponerse las acciones recursivas correspondientes, no nos fue posible presentar en tiempo y forma hábiles concedidos para efectuar los descargos, el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN SUBSIDIARIA contemplado por el ordinal 171 del Código Municipal (Ley N° 7794). TERCERO. De todo esto, lo que más nos angustia y preocupa, es que la Administración de la Municipalidad se propone ejecutar la demolición con que nos amenaza por medio de maquinaria que ya tiene contratada (1 vagoneta de 12m3, 1 Excavadora Hidráulica de 20 ton, y 1 Retroexcavador Integrador 4x4), en el marco de la Contratación Directa por escasa cuantía (artículo 2 inc. h) LCA y artículo 144 RLCA), No. 2021CD-000054-0004400001 (Sicop N° 20211201011-00) (…), con Contrato formalizado N° 0432021000200070-00 desde 23/12/2021, con la empresa (…). Esto, porque ese es el objeto único de dicho proceso de contratación, según el cartel respectivo. (…) CUARTO. Dada dicha circunstancia, el día de hoy interponemos el presente recurso de amparo donde las razones de nuestra inconformidad con lo actuado hasta este momento por la Municipalidad se detallan a continuación. En reiteradas ocasiones, la Sala Constitucional ha considerado que lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no resulta inconstitucional, siempre que previo a su aplicación, Se observen los siguientes parámetros: " 1) como primer aspecto, surge la necesidad de que previo a la demolición de las obras, se compruebe que efectivamente tal construcción se realizó contra el régimen dispuesto en la Ley sobre la zona marítimo terrestre, régimen que contempla tanto las normas generales como los casos de excepción (...); 2) en segundo término, como regla general, debe levantarse una información previo a realizar la demolición, en donde se otorguen todas las garantías del debido proceso, con la única excepción de aquel/os casos en donde el presunto infractor acepte expresamente su realización, y 3) en tercer lugar debe resaltarse que la Administración o Autoridad Jurisdlcclonal siempre será responsable por dicha demolición, lo cual implica que si su actuación es ilegitima debe responder con las consecuencias civiles y (o) penales que correspondieren (...)" (ver sentencia N°2007-2062 de las 14:39 horas de 14 de febrero de 2007, y en igual sentido, las resoluciones 2004-9740 de las 14:32 horas del 1° de septiembre del 2004; 1996-5756 de las 14:42 horas del 30 de octubre de1996; 1995-6192 de las 16:42 horas del 14 de noviembre de 1995; 1991-0447 delas 15:30 horas del 21 de febrero de 1991). A partir de lo anterior, el procedimiento previsto por el artículo 13 de la Ley 6043, no tiene por objeto suprimir o denegar derechos subjetivos, y/o causar una lesión grave a los derechos o intereses legítimos del investigado. Aunado a esto, el documento con el cual, se previene al presunto infractor el desalojo y demolición de edificaciones presuntamente levantadas de modo Ilegítimo en la zona marítimo terrestre, constituye el acto inicial del procedimiento tendente a determinar la verdad real de los hechos imputados. De ahí que, en primer lugar, respetuosamente considera esta servidora que el escrito llamado Traslado de Cargos (Trámite No. 24455) de las 10:05 horas del viernes 14 de octubre, además de que no cumple con la necesaria formalidad de contener la firma de un servidor o servidora con identificación del departamento municipal que es responsable de la gestión, y ante quien se pueda posteriormente plantear las acciones recursivas pertinentes, tal conducta no consiste en un simple acto de trámite, sino que constituye un ACTO FINAL, dado que en el PUNTO N° 6 (Página N° 2) de la misma, claramente se puede distinguir lo siguiente: "Se le confiere el plazo improrrogable de ocho días hábiles para que de manera voluntaria y bajo su responsabilidad cese en las infracciones cometidas y proceda a remover las obras construidas, caso contrario podrá ser desalojado por la Municipalidad de Golfito y denunciado por la Infracción vía Judicial (…) Este tipo de actuaciones cuentan con antecedentes de reproche a nivel judicial, tal es el caso de lo expuesto por esta honorable y excelsa Sala en sentencia 2008-011792 de las 15:08 horas del 29 de julio del 2008, donde dijo: “.. es con la prevención efectuada a los recurrentes que surge la posibilidad de estos de ejercer plenamente la defensa de sus derechos e Intereses, pues, como así lo ha sostenido este Tribunal en su jurisprudencia, tal prevención se constituye en el acto inicial del procedimiento administrativo (ver en este sentido, entre otras, las sentencias número 2007-018095 de las 14:46 horas del 13 de diciembre del 2007 y 2008-006263 de las 11:45 horas del 18 de abril del 200a); por ende, si los recurrentes están disconformes con lo resuelto y estiman que ello obedece a una errónea apreciación de la situación existente, así se podrá alegar en la propia sede administrativa. (...). Contrariamente, la Administración Municipal de Golfito ha emitido un acto omitiendo la observancia de formalidades sustanciales del procedimiento administrativo, toda vez que, con apariencia de un acto de trámite -ya que le denomina "TRASLADO DE CARGOS (Trámite NO 244s5) SE INICIA DEBIDO PROCESO", lo que en realidad dicta es una orden final de desalojo y demolición en nuestra contra. La única diferencia del caso que aquí nos ocupa con relación al analizado por la Sala en su resolución, es que en éste, ciertamente se nos concede el plazo de los cinco días hábiles que prevé el artículo 171 del Código Municipal para presentación de recursos, no obstante la decisión administrativa parece estar tomada de antemano, al margen de lo que podamos alegar en nuestro favor cuando se dice de modo categórico, enérgico y terminante que contamos con el plazo improrrogable de ocho días hábiles para (...) remover las obras construidas”. En segundo lugar, la notificación de referencia, como lo expuse antes, no solamente omite precisar cuál es la autoridad competente municipal que está emitiendo la orden de iniciar el supuesto debido proceso, sino que es firmada por el Inspector Municipal (…), y como testigo (…) (Asistente de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre), lo que a mi juicio es improcedente, pues hasta donde sé, los inspectores municipales carecen de esa potestad funcional. En este sentido, el Manual Descriptivo de Clases de Puestos vigente de la Municipalidad de Golfito, con relación al rol de los inspectores los clasifica como Técnicos Municipales 1, y les asigna las siguientes funciones: Ejecutar las diferentes actividades de Inspección requeridas en las áreas de construcción, patentes, zona marítimo terrestre, así como de ventas ambulantes y estacionarias; a partir de visitas e Inspecciones a construcciones, negocios y otros establecimientos; el análisis y verificación del cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y la presentación sin las informen del caso entre otras actividades de similar naturaleza; todo esto con el fin de coadyuvar, tanto en la eficacia del proceso hacendarlo como en la garantía del cumplimiento de la normativa propia de las áreas comercial y constructiva. • Realizar Inspecciones con el fin de verificar la calidad y oportunidad de los servicios de recolección de desechos sólidos, el mantenimiento y servicio de limpieza de vías, alcantarillas, desagües, cajas de registro entre otros. Atender y resolver las quejas presentadas por los usuarios de los servicios anteriormente citados. Asimismo, le corresponde prestar el servicio de notificación a las diferentes oficinas de la municipalidad que así lo requieran." (…) Como puede verse, este manual no les reconoce a dichos funcionarios la facultad de decidir por sí mismos, sino únicamente de veri ficar el acatamiento de los vecinos de lo que indica eI ordenamiento jurídico en materia de construcciones, actividades de tipo comercial (licencias), protección de derechos de vías y áreas de Patrimonio Natural del Estado, y normas locales asociadas a la gestión de concesiones y permisos de uso en la zona marítimo terrestre; informar de forma oportuna a las jefaturas municipales competentes de la existencia de irregularidades que ameriten de una pronta atención, corrección o intervención; notificar (significado "Comunicar oficial y formalmente una resolución administrativa o judicial. || Ejecutar un acto jurídico procesal mediante el cual se comunica a alguien el contenido de una resolución. II Poner en conocimiento del destinatario, con las formalidades preceptuadas, el contenido de la resolución de una autoridad. Dar noticia de algo'0 a los administrados, lo resuelto por las diversas dependencias municipales, dependiendo del área o asunto que se trate. Por consiguiente, al venir firmada la notificación solamente por el Inspector (…) nos dejó adivinando, primero: ante ¿quién o cuál dependencia? de la municipalidad se debía interponer el recurso de revocatoria correspondiente (Depto. de Desarrollo y Control Urbano u Oficina de Zona Marítimo Terrestre), porque obviamente no podía hacerse ante este mismo funcionario, ya que adolece de las potestades para resolver esta clase de temas; segundo: lo que es más grave, ni siquiera se mencionó dónde ubicar el expediente administrativo correspondiente, para así tener acceso pleno a las pruebas de cargo, todo ello, ocasionándonos un estado evidente de indefensión y por ende, incurriéndose en un vicio de nulidad absoluta, según lo sancionado en la Ley General de la Administración Pública, que dice: Artículo 165.-Lainvalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida. Artículo 166. -Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.(…) Artículo 169.-No se presumirá Iegítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su e1ecución. Artículo 170.- 1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la Administración, y civil administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar. Artículo 172.-El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación." Artículo 223.- 1. Solo causara nulidad de Io actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causara indefensión. 2°.-EN CUANTO A LA INOBSERVANCIA MUNICIPAL DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY N° 10000. 1. Solo causara nulidad de Io actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. Dice el artículo 1° de la Ley No. 1000 denominada "Ampliación de los alcances de la ley N° 9577, Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales", la cual se promulgo el 1 de julio de 2021, y se publicó en el Alcance No. 132 a la Gaceta No. 127 de 2 de julio del 2021, con una vigencia proyectada hasta el 2 de julio del año 2024 (treinta y seis meses): ARTICULO 1- Se prolonga el plazo de treinta / seis meses, que dispone el artículo 1 de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de Junio de 2018, por un periodo de tiempo igual, con idénticos efectos de suspensión sobre las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad licita y proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño de! medio ambiente. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión Conforme al aforismo jurídico que dice "que no debemos distinguir donde la ley no distingue" o al que dice "cuando la ley está concebida claramente hay que estar a su letra, y no desnaturalizarla, pretextando penetrar a su espíritu" (Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, B. Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, pag. 234, citado también por el dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-019-2000 del 4 de febrero del 2000), no puede esta administración municipal, ni ninguna otra en similares circunstancias, desvirtuar el propósito proteccionista de esta norma, la cual le impone a la municipalidad la obligación de demostrar fehacientemente, para poder ejecutar una acción de demolición o de desalojo como la que pretende, que se está en el caso de un daño ambiental comprobado, o de que, mínimamente, hay un alto riesgo de que este se produzca; una situación inexistente del todo -por indemostrada-, dentro de Io poco que conocemos del presente procedimiento. 3°.- EN CUANTO AL SUJETO NOTIFICADO. de Io poco que conocemos del presente procedimiento. Por último, la notificación que hemos recibido de esta manera, y con todos los defectos procesales advertidos, esta dirigida contra supuestas infracciones de (…), con expediente administrativo (…) Sin embargo, llama poderosamente la atención que la misma no compagina con los hechos que supuestamente se le achacan o atribuyen a mi representada, [Nombre 007]., cedula jurídica [Valor 002], expediente administrative [Valor 003]. En otras palabras, nos notificaron de una actuación que no concierne a nuestro caso concreto. 4°.-EN RELACION A LA LAXITUD MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES REGULADORES. No menos importante en todo esto, es la exasperante falta de diligencia municipal para implementar los planes reguladores costeros. Así, por ejemplo, el Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Punta Zancudo, aprobado por la Junta Directiva del ICT en la Sesión Ordinaria No. 5407 del 28 de marzo del 2006; y por el Concejo Municipal de Golfito en el Artículo 1° de la Sesión Ordinaria No. 14 del 8 de abril de ese mismo año (publicado en La Gaceta 84 del 03/05/2006), estas son horas en que no es posible aun obtener concesiones a su amparo, pues tras de que es lento y engorroso ese trámite, a la administración municipal anterior (2016-2020) se le antojo hacerle modificaciones adicionales; mismas que ya llevan mas de 3 años elaborándose, sin que exista fecha cierta de conclusión de dicho proceso, y de ¿cuándo? podríamos los interesados, como nosotros, con solicitud presentada desde 11/04/2018, tener posibilidad de contar con una concesión que nos de la seguridad jurídica que ocupamos. Nuestra empresa tiene una solicitud de concesión presentada sobre la zona restringida posterior a los mojones físicos del IGN #s477-478, dentro de lo que se denomina como "Zona de Hospedaje Turístico" "(ZHT)", según la Lamina Oficial de Zonificación del Plan Regulador Sector Costero Turístico de Punta Zancudo, y el ARTICULO SEPTIMO de su Reglamento. Dentro de los usos permitidos de esta reglamentación, se encuentran los de "Cabinas, cabañas, posadas, albergues y conjunto de habitaciones."; de ahí que, también por este factor, tenemos la convicción de que nuestras instalaciones no son obstáculo a la implementación del plan regulador, y mucho menos, amenaza para los recursos naturales y, o al ambiente del entorno. QUINTO. o sea, en este momento, según percibimos la actitud de la Administración municipal, todo hace presagiar que el siguiente e inminente paso será darle Orden de Inicio al contratista propietario de la maquinaria contratada para hacer este tipo de trabajos (demoliciones en zona marítimo terrestre), lo que nos haría un daño de dimensiones incalculables y de características irreparables en nuestra esfera jurídica, y a la vez en lo que respecta a lo patrimonial. Lo anterior, a contrapelo de lo estipulado en el artículo 1° de la Ley No. 10000 "Ampliación de los alcances de la Ley N° 9577, Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales", pues no constan pruebas de la existencia en el magro expediente que ha elaborado la Municipalidad de Golfito, de la comisión y/o amenaza de daños al ambiente que justifique la medida extrema de demolición que se está ordenando. Asimismo, con violación de las normas más elementales del debido proceso constitucional, ya que el documento notificado, con la apariencia de un acto inicial del procedimiento, no es más que el comunicado del acto final, donde la Administración Gobierno Local, advierte que la demolición será llevada a cabo por su propia nuestra voluntad no removemos antes lo que esta considera como una infracción, sin que poco importe o interese lo que tengamos que decir y, o alegar sobre tal acusación en particular. SEXTO. Dada esta situación de una actuación administrativa, a todas luces violatoria de derechos fundamentales, tales como el Derecho a Defensa y Debido Proceso 41 constitucionales, y por la urgencia que reviste proveernos de tutela judicial ante el peligro de eventuales de severos daños o perjuicios que pueden causarse en nuestra esfera jurídica, debido a la posibilidad que tiene la Municipalidad de ejecutar la demolición con que nos sanciona, mediante una simple Orden de Inicio de la contratación que ya tiene formalizada con (…) desde el 23 de diciembre del 2021 para estos efectos, solicitamos se acoja en todos sus extremos la presente acción de amparo. PRETENSIÓN. Se solicita vehementemente se acoja la presente acción de amparo, y que se ordene la suspensión inmediata del acto administrativo denominado (Trámite No. 24455) Se inicia Debido Proceso" de las 10:05 horas del viernes 14 de octubre, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ” (sic).
II.- SOBRE EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA SALA ANTE REPROCHES POR LESIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA. En primer lugar, para la correcta resolución del presente caso, debe tenerse presente lo que ha indicado esta Sala, a la hora de precisar su ámbito de competencia ante reproches por lesión al debido proceso y al derecho de defensa. Así, en cuanto a este tema, en la Sentencia N° 2017-01990 de las 9:30 horas del 10 de febrero de 2017, indicó:
“…Esta Sala ha ido paulatinamente dilucidando el debido proceso en sede administrativa y ha dado pasos importantes al precisar las vulneraciones que deben ser examinadas por la vía de amparo. En este sentido expresó este tribunal:
“Debe tenerse presente además que la jurisdicción constitucional, al igual que la penal, la contencioso administrativa etc tienen sustento constitucional (artículo 153 de la Carta Magna), motivo por el cual la primera no está llamada a sustituirlas. Es por eso que constantemente se ha indicado que el amparo constitucional solamente es procedente contra actos evidentemente arbitrarios que conculquen en forma directa derechos fundamentales, es decir, de violaciones graves, burdas, claras, en el presente caso, al derecho de defensa y al debido proceso, habida cuenta que esta sede no está llamada a corregir todos los vicios in procedendo, a pesar de que con frecuencia los litigantes pretenden arreglar cualquier irregularidad procesal, por pequeña que sea, acudiendo al amparo, que no está diseñado para ese propósito, sino solo para enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso.” (Sentencia número 98-2109 de las 17:24 horas del 25 de marzo de 1998) La necesidad de señalar con claridad los casos en que el análisis de vulneraciones al debido proceso corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción constitucional llevó al Tribunal Constitucional Español a hacer precisiones que esta Sala ha incorporado a su línea jurisprudencial y que pueden encontrarse en el voto 2001-01545 en los siguientes términos:
“Existe, sin embargo, un concepto más estricto de indefensión de orden jurídico-constitucional, que la jurisprudencia de este T.C. ha ido poco a poco perfilando. El concepto jurídico-constitucional de indefensión que el artículo 24 de la C. permite y obliga a construir, no tiene por qué coincidir enteramente con la figura jurídico-procesal de la indefensión. Ocurre, así, porque como acertadamente ha sido dicho, la idea de indefensión no puede limitarse, restrictivamente, al ámbito de los que pueden plantearse en los litigios concretos, sino que ha de extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las Leyes reguladoras de los procesos. Por esto, si bien el Derecho Procesal, en aras de sus propias necesidades de estructuración de los procesos y para facilitar el automatismo y la tramitación de los procedimientos judiciales presenta un contenido marcadamente formal y define la indefensión de un modo igualmente formal, a través, por ejemplo, de la falta del debido emplazamiento o de la falta de otorgamiento de concretos trámites o de los concretos recursos, en el marco jurídico-constitucional no ocurre lo mismo. Como la jurisprudencia de este T.C. ha señalado en abundantes ocasiones, la indefensión no se produce si la situación en que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fuera imputable por falta de la necesaria diligencia. La conclusión que hay que sacar de ello es doble: por una parte que no toda infracción de normas procesales se convierte por sí sola en indefensión jurídico-constitucional y por ende en violación de lo ordenado por el art. 24 de la C, y , por otra parte, que la calificación de la indefensión con relevancia en el orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores diferentes del mero respeto o, a la inversa, de la infracción de las normas procesales y del rigor formal del procedimiento…”.
De esta forma, como se desprende de la resolución parcialmente transcrita, no toda infracción a las normas procesales se convierte, per se, en una lesión de relevancia constitucional al debido proceso, que, como tal, sea amparable en esta sede. Por el contrario, el amparo procede ante lesiones graves, burdas o claras que conculquen o amenacen conculcar, de forma directa y efectiva, el derecho de defensa o reglas esenciales del debido proceso.
III.- EL CASO CONCRETO. En el sub judice, el mismo petente señala que tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen a su representada e, igualmente, reconoce que ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa y oponerse a los actos emitidos en el referido procedimiento administrativos, de ahí que esta Sala llegue a la conclusión de que lo planteado, en realidad, se trata de la disconformidad de la parte accionante con lo resuelto en el citado procedimiento administrativo. Nótese que este Tribunal no debe entrar a valorar o determinar la validez de lo resuelto por la accionada, así como tampoco esta jurisdicción es una tercera instancia para que analice lo resuelto por las autoridades competentes de la Municipalidad de Golfito en el conocimiento de los procedimientos administrativos instaurados por presuntas infracciones a la Ley de la Zona Marítima Terrestre, pues todo ello entraña un asunto de legalidad ordinaria que, tal y como se indicó anteriormente, debe ser planteado ante la propia recurrida o ante la jurisdicción ordinaria competente. A partir de esa consideraciones, carece de sustento la pretensión de la recurrente a efecto de que esta Sala dicte una medida cautelar y suspenda el acto administrativo denominado (Trámite No. 24455) Se inicia Debido Proceso “pues ese aspecto es propio de analizarse en la sede común. Por lo expuesto, el presente recurso es improcedente y se dispone su rechazo de plano de este recurso de amparo, como al efecto se declara. IV.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine , en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.
Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Aracelly Pacheco S.
Rosibel Jara V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *2S1GWM1S7KG61*
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