← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 26127-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/11/2022
OutcomeResultado
The amparo is granted due to violation of the right to petition and access to information, but without awarding costs or damages.Se declara con lugar el recurso de amparo por violación del derecho de petición y acceso a la información, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber upheld a writ of amparo filed by a citizen against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for violation of the right to petition and access to public information. In February 2022, the petitioner requested from AyA information regarding hydrogeological studies, water capacity, and improvement plans for the aqueduct serving the coastal area of Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. Although AyA initially stated it needed to coordinate with other internal units and could not respond promptly, it did not provide a complete answer until October 2022, after the amparo proceedings had commenced. The Chamber found that AyA exceeded the ten-business-day deadline established in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law without proper justification, thereby infringing the petitioner's fundamental right. However, since AyA eventually responded during the amparo proceedings, the Chamber granted the amparo but without awarding costs or damages, as no direct financial harm was demonstrated. The judges issued partial dissents arguing for the abstract condemnation of damages and/or costs.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por vulneración del derecho de petición y acceso a la información pública. El recurrente había solicitado al AyA, en febrero de 2022, información sobre estudios hidrogeológicos, capacidad hídrica y planes de mejora del acueducto que abastece la zona costera de Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. Aunque el AyA comunicó inicialmente que debía coordinar con otras unidades internas y que no podía responder en ese momento, no brindó una respuesta completa hasta octubre de 2022, ya estando en curso el amparo. La Sala consideró que el AyA sobrepasó el plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional sin justificar adecuadamente la dilación, lo que lesionó el derecho fundamental del recurrente. No obstante, dado que durante el trámite del amparo el AyA finalmente emitió una respuesta, la Sala declaró con lugar el recurso, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que no se evidenció una afectación patrimonial directa. La magistratura emitió votos salvados parciales que abogaban por la condenatoria en abstracto en daños y perjuicios y/o costas.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing, it is evident that the respondent exceeded the ten-business-day deadline to respond to the petition, and even when it proceeded to explain the delay—before the filing of this amparo—it did not indicate the time required to satisfy the petitioner's request; however, during these proceedings, the petition has been answered. Now, following the submission of the respondents' reports, the petitioner acknowledged receipt of Memorandum No. GSP-RPC-2022-00812—which responded to his request—but expressed disagreement and reluctance with what was stated. In light of the above, it is worth clarifying that this Court requires the response to what was requested in order to protect the right of access to public information; that is, the response must be based on what was requested, but the right does not entail that the petitioner necessarily receives the answer he desires. Note that the respondent authority clearly explained that it provided a complete response to the petitioner. However, if the petitioner considers that the response is incorrect or omits to address what was sought, he must resort to the appropriate legal channel to present his objections.De lo enunciado supra, se tiene que el ente recurrido sobrepasó el plazo de diez días hábiles para contestar lo peticionado e incluso, cuando procedió a explicarle el atraso- antes de la interposición correspondiente a este recurso- no le indicó el tiempo requerido para satisfacerle su pretensión; empero, al tenor de este proceso, ya se contestó la petición del amparado. Ahora bien, con posterioridad a la presentación de los informes de los recurridos, el amparado reconoció la recepción del Memorando N° GSP-RPC-2022-00812 -que contestó su gestión- pero se mostró disconforme y reticente con lo esgrimido. Debido a lo anterior, vale la pena aclarar que este Tribunal requiere la contestación de lo peticionado o solicitado con el fin de tutelar el derecho de acceso a la información pública; es decir, se le debe contestar con base a lo peticionado, pero el derecho no versa en que se le responda necesariamente lo que desea. Nótese, que la autoridad recurrida claramente explicar que le brindó respuesta completa al recurrente. Ahora bien, si el tutelado considera que la respuesta está equivocada o es omisa en atender lo pretendido, debe acudir a la vía de legalidad que corresponda, a fin de exponer sus inconformidades.
Pull quotesCitas destacadas
"el derecho de petición y pronta respuesta contenido en el numeral 27, de la Constitución Política, y desarrollado por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se entiende como aquel que faculta a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público en espera de una acción clara ante su solicitud, acción que dependiendo de la complejidad del caso deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición."
"The right to petition and prompt response contained in Article 27 of the Political Constitution, and developed by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, is understood as that which empowers every citizen to address in writing any public official in expectation of clear action on their request, an action that, depending on the complexity of the case, must be given within ten days following receipt of the petition."
Considerando III
"el derecho de petición y pronta respuesta contenido en el numeral 27, de la Constitución Política, y desarrollado por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se entiende como aquel que faculta a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público en espera de una acción clara ante su solicitud, acción que dependiendo de la complejidad del caso deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición."
Considerando III
"este Tribunal requiere la contestación de lo peticionado o solicitado con el fin de tutelar el derecho de acceso a la información pública; es decir, se le debe contestar con base a lo peticionado, pero el derecho no versa en que se le responda necesariamente lo que desea."
"This Court requires the response to what was requested in order to protect the right of access to public information; that is, the response must be based on what was requested, but the right does not entail that the petitioner necessarily receives the answer he desires."
Considerando IV
"este Tribunal requiere la contestación de lo peticionado o solicitado con el fin de tutelar el derecho de acceso a la información pública; es decir, se le debe contestar con base a lo peticionado, pero el derecho no versa en que se le responda necesariamente lo que desea."
Considerando IV
"si el tutelado considera que la respuesta está equivocada o es omisa en atender lo pretendido, debe acudir a la vía de legalidad que corresponda, a fin de exponer sus inconformidades."
"If the petitioner considers that the response is incorrect or omits to address what was sought, he must resort to the appropriate legal channel to present his objections."
Considerando IV
"si el tutelado considera que la respuesta está equivocada o es omisa en atender lo pretendido, debe acudir a la vía de legalidad que corresponda, a fin de exponer sus inconformidades."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Resolution Nº 26127 - 2022 Case Type: Amparo Action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2022026127 SALA CONSTITUCIONAL OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on November four, two thousand twenty-two.
Amparo action processed under Expediente N° 22-022012-0007-CO, filed by FEDERICO PERALTA BEDOYA, identity card 0110430088; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
HEREAS:
1.- By brief received at the Secretariat of the Sala and added to the case file at 7:52 a.m. on September 30, 2022, the petitioner files an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He states that on February 21, 2022, he addressed a request for information to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, concerning the water inventory and the infrastructure for the public drinking water supply service in the coastal sector of Santa Teresa de Cóbano de Puntarenas. He details that through this procedure he specifically requested:
"(…) 1.- Are there updated technical hydrogeological and hydraulic studies on the supply and water potential of the aquifer that supplies the aqueduct operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area? If so, please attach a plain copy of the same.
2.- If such studies exist, what is the supply capacity or potential water supply of the aquifers that supply the network administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area?
3.- Are there technical hydrological and hydraulic studies related to the current and potential water demand of the aquifer that supplies the aqueduct operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area? If so, please attach a plain copy of the same.
4.- Are there technical hydrological and hydraulic studies related to the current and potential water demand of the aqueduct that supplies the aqueduct operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area? If so, please attach a plain copy of the same.
5.- Are there short, medium, and long-term plans, policies, or programs to improve the water supply of the aqueduct operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area? If so, please attach a plain copy of the same.
6.- Plain copy of the maps, blueprints, and reports documenting the characteristics of the network and tanks that make up the aqueduct operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the Santa Teresa de Cóbano area. (…)". He states that in follow-up to the aforementioned procedure, on March 30, 2022, he received an email from the Integrated Documentary System of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, by which memorandum GSP-RPC2022-00228 of March 30, 2022, issued by German Arguedas Villalobos, an official of the Central Pacific Region, was sent to him, communicating: "(…) In response to the note received on February 21, 2022, you are informed that, due to the specific topics, the collaboration of other internal Units of the Institution has been necessary to respond to it. In view of the above, once the required feedback has been received from both the UEN Environmental Management and the Legal Environmental Advisory, a formal resolution will be given to your request for information as soon as appropriate. (…)". (See evidence provided in the case file). He complains that, as of the date this action was filed, the information of interest to him has not been provided. He clarifies that what was requested is of a public nature and also has significant relevance, as it concerns environmental matters related to the fundamental right of access to drinking water. He considers that the foregoing has violated his constitutional rights. He requests that the action be granted.
2.- By resolution of the Sala at 1:42 p.m. on October 3, 2022, the petitioner was asked to provide a complete, legible copy, with the respective receipt of acknowledgment or email transmission, of the request for information he submitted to the respondent authority on February 21, 2022, and whose lack of response he alleges in the filing brief of this proceeding. The foregoing, inasmuch as such information is essential to resolve what legally corresponds.
3.- By resolution of the Sala at 10:32 a.m. on October 11, 2022, the amparo was admitted and a hearing was granted to the Director of the Central Pacific Region and the Head of the Cantonal Unit of Cóbano, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, to refer to the facts subject of this action.
4.- Francela Quesada Mairena reports under oath, in her capacity as Head of the Cantonal Office of Cóbano of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. She points out that, by Memorandum N° GSPRPC-CO-2022-00196 of October 14 of this year, on February 22, 2022, the Cantonal Office of Cóbano received a petition and public information request from Mr. Federico Peralta Bedoya, which was personally delivered to Engineer German Arguedas Villalobos, who at the time was the Engineer assigned to the Cantonal Office of Cóbano for its proper processing. She emphasizes that the engineer in charge, through the institutional email [email protected], followed up on the note received on February 22 of this year, to Mr. Federico Peralta's email [email protected] on March 18, 2022, and he was informed that: "internal consultations are being carried out to validate the resolution to what was requested"; subsequently, engineer German Arguedas formally notified him with MEMORANDUM N° GSPRPC-2022-00228 on March 30, 2022, that consultations were being made with UEN Environmental Management and Legal Advisory (consultations made through MEMORANDUM N° GSP-RPC-2022-00229 dated March 30, 2022, having received a response from these on October 13, 2022, through MEMORANDUM N° UEN-GA-2022-02041). She maintains that, on October 14, 2022, by MEMORANDUM N° GSP-RPC-2022-00812, a response was given to the amparo petitioner's procedure. She requests that the action be declared without merit.
5.- Aitziber Araya Dittel reports under oath, in her capacity as Director of the Central Pacific Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the same terms as stated by the Head of the Cantonal Office of Cóbano of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
6.- The petitioner responded to the foregoing that "(…) today an email was received from the Integrated Documentary System of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y Alcantarillados, transmitting memorandum No. GSP-RPC-2022-00812, issued by the official, Mr. German Arguedas Villalobos of the Central Pacific Region -i.e., respondent authority-. Let this Honorable Tribunal note that this memorandum purports to respond to the request made, the same one that gave rise and support to this amparo; despite this, as can be verified from a simple reading of the attached evidence, only the cited memorandum is sent without including the annexes to which reference is made, and, in turn, confusing water capacity and hydraulic capacity (…) Consequently, although the institutional effort made is appreciated, the fact of the matter is that there are still questions unanswered and information to be sent -or at least clarified-".
7.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.
Drafted by Judge Araya García; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that on February 21, 2022, he addressed a request for information to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, concerning the water inventory and the infrastructure for the public drinking water supply service in the coastal sector of Santa Teresa de Cóbano de Puntarenas. He expresses that in follow-up to the aforementioned procedure, on March 30, 2022, the Central Pacific Region of the entity informed him that his request could not yet be answered. He complains that, as of the date this action was filed, the information of interest to him has not been provided.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following relevant facts are deemed properly demonstrated:
III.- ON THE RIGHT OF PETITION. The right of petition and prompt response contained in numeral 27 of the Political Constitution, and developed by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, is understood as that which empowers every citizen to address in writing any public official in expectation of a clear action regarding their request, an action that, depending on the complexity of the case, must be provided within ten days following receipt of the petition, as ordered by the aforementioned Article 32. Should the solution or response to the request made not be possible within said period, the Administration, represented by the required official, is obliged to explain the reasons and motives why it cannot comply with what was requested, a formal explanation that must be extensive and detailed so that the petitioner is informed of the processing that their request has undergone.
IV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the reports provided by the Head of the Cantonal Office of Cóbano and the Director of the Central Pacific Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on February 22, 2022, the amparo petitioner submitted his petition to the Cantonal Office of Cóbano of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and on March 30, 2022, the Central Pacific Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados stated that it was currently coordinating with other bodies and that a response could not yet be given. Finally, in the context of this amparo proceeding, on October 14, 2022, at 9:35 a.m., the Central Pacific Region of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados answered the amparo petitioner's procedure.
From the foregoing, it is evident that the respondent entity exceeded the period of ten business days to respond to what was petitioned and even, when it proceeded to explain the delay—before the filing corresponding to this action—it did not indicate the time required to satisfy his claim; however, in the context of this proceeding, the amparo petitioner's petition has already been answered. Now, subsequent to the presentation of the respondents' reports, the amparo petitioner acknowledged receipt of Memorandum N° GSP-RPC-2022-00812—which answered his procedure—but appeared dissatisfied and reluctant with what was asserted. Due to the foregoing, it is worth clarifying that this Tribunal requires the response to what was petitioned or requested in order to protect the right of access to public information; that is, a response must be given based on what was petitioned, but the right does not consist of necessarily receiving the desired response. Note that the respondent authority clearly explained that it provided a complete response to the petitioner. Now, if the protected party considers that the response is wrong or omits addressing what is sought, he must resort to the corresponding legality route to state his disagreements.
Finally, if the petitioner considers that the respondent authority incurred in falsehood in its report, it is necessary to explain that in accordance with Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, any inaccuracies or falsehoods that a report might contain will cause the allegedly responsible official to incur the crimes of perjury or false testimony. However, it is not this Constitutional Tribunal that has the competence to determine the existence or not of those crimes, but rather the criminal judge. Therefore, if the petitioner considers that the sued official incurred in falsehood, he may file the respective complaint before the Public Prosecutor's Office so that what corresponds may be determined there.
In view of the considerations set forth, the action is granted without special assessment of costs, damages, and losses.
V.- ON THE ASSESSMENT OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the case at hand, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the grant of the action should be made without a special assessment of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling indicate that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is dictated "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable". It is emphasized that the Law states "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this one, the content of the claim by the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: "any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", which does not foresee the possibility of evaluating whether or not compensation and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the *sub lite* preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to a plenary proceeding to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without assessment of costs, damages, and losses.
VI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-ASSESSMENT OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we agree with the rest of the Sala in granting the action, we depart from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being assessed the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable".
Furthermore, Article 51 *ibidem* establishes that:
"...any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment".
This latter norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's criterion, Article 51, cited above, regulates the cases in which the Sala has found the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for an assessment of costs, damages, and losses arises.
However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the amparo petition granted, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo petition—a scenario contemplated in the cited Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the violator to the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the petition. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the petition, a matter regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. So, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for a condemnation in costs, damages, and losses against the violator, the foundation of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of condemnation in costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these matters contained in the Constitutional Jurisdiction Law.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor has pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of his fundamental rights that the protected party has suffered, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in his favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, i.e., that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question provides an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, despite the granting of the petition, by providing that, in the cases regulated therein, the petition shall be declared granted “solely for the purposes of compensation and costs, if they were appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception involve, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In our view, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case where the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable damage whatsoever was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said matters. As in this case, there is no element whatsoever that displaces the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the concrete determination of which is not the responsibility of this jurisdiction—the granting of this petition must necessarily entail condemnation in costs, damages, and losses, and we so declare.
As an additional reason, it should be highlighted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis conducted by this court concentrates on such verification, however, it does not enter into the weighing of whether such matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we, the undersigned, do not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo petition, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Administrative Contentious Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding the object of which is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has the following object:
“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely with regard to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, because this type of claim would not be appropriate within this type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non condition, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In this order, in our judgment, according to the meaning of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the nonexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably determined. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the processing, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity’s own cause or an external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, according to what is regulated by the alluded mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as it is insisted, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what is sought is the safeguarding of his fundamental rights. Later, whether such administrative conducts have produced injuries for him is a matter that, by principle-based thesis and except for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis of this type of case. It should be noted that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus by the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into evaluating whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on what is denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from condemnation to which that norm refers is of an exceptional, not a principle-based, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the condemnation in abstract, so that it is within another plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if that liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, it would be putting at risk the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, could have suffered injuries in his patrimonial sphere, to the detriment of what is established by Precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same law. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person to cease. That is, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of his situation, while it was caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed in an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the always-held respect regarding the majority position, we express our vote and reiterate that the granting of this petition must necessarily entail condemnation in abstract in costs, damages, and losses.
VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the petition shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they were appropriate.” My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they were appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs. Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo petition is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the petition shall condemn in abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the petition, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in case it has been restored, damages and losses could have arisen. For that reason, condemnation in abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that such damages had indeed occurred, there would be no legal basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite there being condemnation in abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, as only he is responsible for establishing the actual existence and magnitude of the same. With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when an amparo petition exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored. By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs.
VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, having provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the court office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The petition is declared GRANTED, without special condemnation in costs, damages, and losses. Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent and order condemnation in damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2022026127 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en Expediente N° 22-022012- 0007-CO, interpuesto por FEDERICO PERALTA BEDOYA, cédula de identidad 0110430088; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala y agregado al expediente a las 7:52 horas del 30 de septiembre de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Relata, que el 21 de febrero de 2022 dirigió una solicitud de información al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, atinente al inventario hídrico y la infraestructura para el servicio público de abastecimiento de agua potable en el sector costero de Santa Teresa de Cóbano de Puntarenas. Detalla que a través de esa gestión específicamente requirió:
“(…) 1.- ¿Existen estudios técnicos hidrogeológicos e hidráulicos actualizados, sobre la oferta y potencial hídrico del acuífero que abastece el acueducto operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano? En caso afirmativo favor adjuntar copia sencilla de los mismos.
2.- De existir dichos estudios, ¿Cuál es la capacidad o potencial oferta hídrica de los acuíferos que abastecen a la red que administra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano?
3.- ¿Existen estudios técnicos hidrológicos e hidráulicos relacionados con la demanda hídrica actual y potencial del acuífero que abastece el acueducto operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano? En caso afirmativo favor adjuntar copia sencilla de los mismos.
4.- ¿Existen estudios técnicos hidrológicos e hidráulicos relacionados con la demanda hídrica actual y potencial del acueducto que abastece el acueducto operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano? En caso afirmativo favor adjuntar copia sencilla de los mismos.
5.- ¿Existen planes, políticas o programas a corto, mediano y largo plazo para mejorar la oferta hídrica del acueducto operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano? En caso afirmativo favor adjuntar copia sencilla de los mismos.
6.- Copia sencilla de los mapas, planos e informes en donde consten las características de la red y tanques que conforman el acueducto acueducto (sic) operado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la zona de Santa Teresa de Cóbano. (…)”.
Relata que en seguimiento a la gestión aludida, el 30 de marzo de 2022 recibió un correo electrónico del Sistema Documental Integrado del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual se le remitió el memorando N° GSP-RPC2022-00228 del 30 de marzo de 2022, suscrito por German Arguedas Villalobos, funcionario de la Región Pacífico Central, mediante el cual se comunicó: “(…) En atención a la nota recibida el día 21 de febrero del 2022, se le comunica que, debido a los temas puntualizados, ha sido necesario la colaboración de otras Unidades internas de la Institución para dar respuesta a ésta. En vista a lo indicado, una vez se haya recibido la retroalimentación requerida por parte tanto de la UEN Gestión Ambiental así como de la Asesoría Legal Ambiental, se les dará una resolución formal a su solicitud de información cuanto antes según corresponda. (…)”. (Véase prueba aportada en autos). Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha brindado la información de su interés. Aclara que lo solicitado es de naturaleza pública y además tiene importante relevancia, por tratarse de temas ambientales relacionados con el derecho fundamental de acceso al agua potable. Considera que lo descrito ha conculcado sus derechos constitucionales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 13:42 horas del 3 de octubre de 2022, se solicitó a la parte recurrente aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o remisión de correo electrónico de la solicitud de información que planteó ante la autoridad recurrida el 21 de febrero de 2022 y cuya falta de respuesta alega en el memorial de interposición de este proceso. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda.
3.- Mediante resolución de la Sala de las 10:32 horas del 11 de octubre de 2022, se dio curso al amparo y se otorgó audiencia al Director de la Región Pacífico Central y el Jefe de la Unidad Cantonal de Cóbano, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que se refieran a los hechos objeto de este recurso.
4.- Informa bajo juramento Francela Quesada Mairena, en su condición de Jefe de la Oficina Cantonal de Cóbano del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Señala, que mediante Memorando N°GSPRPC-CO-2022-00196 del 14 de octubre del año en curso, en fecha del 22 de febrero del 2022 la oficina Cantonal de Cóbano recibió solicitud de petición e información pública por parte del señor Federico Peralta Bedoya, la cual es entregada de forma personal al Ingeniero German Arguedas Villalobos, quien en su momento era el Ingeniero asignado a la Oficina Cantonal de Cóbano para su debido trámite. Recalca, que el ingeniero a cargo por medio del correo electrónico institucional [email protected] dio seguimiento a la nota recibida el 22 de febrero del presente año, al correo del Señor Federico Peralta [email protected] el día 18 de marzo del 2022, y se le comunicó que: “se están efectuando las consultas internas para validar la resolución a lo solicitado”; posteriormente, el ingeniero German Arguedas le notificó formalmente con el MEMORANDO N° GSPRPC-2022-00228 el día 30 de marzo del 2022, que se están realizando consultas a la UEN Gestión Ambiental y a la Asesoría Legal (consultas realizadas por medio del MEMORANDO N° GSP-RPC-2022-00229 de fecha 30 de marzo del 2022, teniendo respuesta de estas el día 13 de octubre del 2022 a través del MEMORANDO N° UEN-GA-2022-02041). Sostiene que, el 14 de octubre del 2022 y mediante MEMORANDO N° GSP-RPC-2022-00812, se le dio respuesta a la gestión del amparado. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa bajo juramento Aitziber Araya Dittel, en su condición de Director de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los mismos términos expuestos por la Jefe de la Oficina Cantonal de Cóbano del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
6.- La parte recurrente contestó a lo anterior que “(…) el día de hoy se recibió un correo del Sistema Documental Integrado del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y Alcantarillados, mediante el cual se remite el memorando No.GSP-RPC-2022-00812, suscrito por el funcionario, señor German Arguedas Villalobos de la Región Pacífico Central -i.e. autoridad recurrida-. Note este Honorable Tribunal que mediante este memorando se pretende dar respuesta a la solicitud formulada, misma que dio origen y sustento al presente amparo; a pesar de ello, tal y como se podrá constatar de una simple lectura de la prueba adjunta, únicamente se remite el citado memorando sin incluir los anexos a los cuales se hace referencia, y, a su vez, confundiéndose la capacidad hídrica y la hidráulica (…) Por consiguiente, si bien se agradece el esfuerzo institucional realizado, lo cierto del caso es que aún quedan preguntas sin responder e información por remitir -o cuando menos aclarar-”.
7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente relata, que el 21 de febrero de 2022, dirigió una solicitud de información al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, atinente al inventario hídrico y la infraestructura para el servicio público de abastecimiento de agua potable en el sector costero de Santa Teresa de Cóbano de Puntarenas. Manifiesta, que en seguimiento a la gestión aludida, el 30 de marzo de 2022 la Región Pacífico Central del ente le comunicó que aún no se le podía contestar su gestión. Reclama, que a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha brindado la información de su interés.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. El derecho de petición y pronta respuesta contenido en el numeral 27, de la Constitución Política, y desarrollado por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se entiende como aquel que faculta a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público en espera de una acción clara ante su solicitud, acción que dependiendo de la complejidad del caso deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32, supramencionado. En dado caso, si la solución o respuesta a la solicitud planteada no puede darse dentro de dicho plazo, la Administración representada en el funcionario requerido, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión.
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informe rendidos por la Jefe de la Oficina Cantonal de Cóbano y el Director de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados- que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 22 de febrero de 2022 ante la Oficina Cantonal de Cóbano del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el amparado presentó su petición y el 30 de marzo de 2022, la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le expuso que de momento se estaba coordinando con otros órganos y que aún no se le podía dar respuesta. Finalmente, al tenor de este proceso de amparo, el 14 de octubre del 2022 a las 9:35 horas la Región Pacífico Central del Instituto de Acueductos y Alcantarillados contestó la gestión del amparado.
De lo enunciado supra, se tiene que el ente recurrido sobrepasó el plazo de diez días hábiles para contestar lo peticionado e incluso, cuando procedió a explicarle el atraso- antes de la interposición correspondiente a este recurso- no le indicó el tiempo requerido para satisfacerle su pretensión; empero, al tenor de este proceso, ya se contestó la petición del amparado. Ahora bien, con posterioridad a la presentación de los informes de los recurridos, el amparado reconoció la recepción del Memorando N° GSP-RPC-2022-00812 -que contestó su gestión- pero se mostró disconforme y reticente con lo esgrimido. Debido a lo anterior, vale la pena aclarar que este Tribunal requiere la contestación de lo peticionado o solicitado con el fin de tutelar el derecho de acceso a la información pública; es decir, se le debe contestar con base a lo peticionado, pero el derecho no versa en que se le responda necesariamente lo que desea. Nótese, que la autoridad recurrida claramente explicar que le brindó respuesta completa al recurrente. Ahora bien, si el tutelado considera que la respuesta está equivocada o es omisa en atender lo pretendido, debe acudir a la vía de legalidad que corresponda, a fin de exponer sus inconformidades.
Finalmente, si el recurrente considera que la autoridad recurrida incurrió en falsedad en su informe, es necesario explicar que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las inexactitudes o falsedades que pudieran contener un informe, harán incurrir al funcionario presuntamente responsable en los delitos de perjurio o falso testimonio. Sin embargo, no es a este Tribunal Constitucional a quien compete determinar la existencia o no de esos delitos, sino al juez penal, por lo que si el recurrente considera que el funcionario accionado incurrió en falsedad, puede interponer ante el Ministerio Público la respectiva denuncia para que sea ahí donde se determine lo que corresponda En atención a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Document not found. Documento no encontrado.