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Res. 26112-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/11/2022

Amparo for municipal park abandonment and neighborhood safetyAmparo por abandono de parque municipal y seguridad vecinal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Municipality of Cartago was ordered to carry out necessary park improvements within two months to ensure residents' safety, with costs, damages, and losses imposed, while other requests were denied due to lack of technical study.Se ordenó a la Municipalidad de Cartago realizar en dos meses las mejoras necesarias en el parque para resguardar la seguridad de los vecinos, condenándola al pago de costas, daños y perjuicios, y desestimando las demás solicitudes por falta de estudio técnico.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident of the Valle del Prado urbanization against the Municipality of Cartago. The petitioner alleged that a lot designated as a park and green area was completely abandoned, lacking maintenance and security, leading to drug use and sales, crime, and trash accumulation, with a gap in the wall allowing passage. The Municipality responded that it had applied herbicide and scheduled works, but failed to prove it had repaired the wall or removed debris. The Chamber held that while it cannot dictate specific technical measures, the municipal omission violated residents' safety. It partially granted the appeal, ordering municipal authorities to take all necessary steps to improve the park within two months to safeguard the area's security. The Municipality was ordered to pay costs, damages, and losses. The remaining claims were denied due to the absence of a technical study supporting them.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una vecina de la Urbanización Valle del Prado contra la Municipalidad de Cartago. La recurrente denunció que un terreno destinado a parque y zona verde se encontraba en total abandono, sin mantenimiento ni seguridad, lo cual propiciaba el consumo y venta de drogas, delincuencia y acumulación de basura, con un boquete en el muro que facilitaba el paso de personas ajenas. La Municipalidad respondió que había aplicado herbicida y programado obras, pero no acreditó haber reparado el muro ni retirado los escombros. La Sala determinó que, aunque no le corresponde definir las medidas técnicas concretas, sí existe una omisión municipal que vulnera la seguridad de los habitantes, por lo que declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a las autoridades municipales realizar todas las gestiones necesarias para mejorar el parque en un plazo de dos meses, resguardando la seguridad de la zona. Se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. Las demás pretensiones fueron desestimadas por falta de un estudio técnico que las respaldara.

Key excerptExtracto clave

Indeed, it is proven that the residents of Valle del Prado urbanization sent letters to the Mayor of Cartago on May 19 and June 13, 2022, due to the danger of the area and the risks posed by the condition of the space intended as a park; by late June 2022, the respondent authorities applied herbicide, so weed growth is controlled. However, the record contains no evidence showing that the gap in the wall west of the park has been repaired, sealed, and passage prevented; nor that all the debris in the park, which generates insecurity among the residents, has been removed. In light of these considerations, the appeal must be upheld as set forth in the operative part of this judgment. Furthermore, the petitioner alleges that a series of improvements requested by the residents in the letters of May 19 and June 13, 2022, ranging from a temporary natural barrier to the installation of cameras, have not been carried out; in this regard, it must be noted that it is not for this Court to determine exactly which measures should be taken in the park in question, and since there is no technical study prescribing such measures, this part of the appeal must be denied.En efecto, se acredita que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado dirigieron notas al Alcalde de Cartago los días 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, en virtud de la peligrosidad de la zona y los riesgos que conlleva el estado del espacio destinado a parque; de manera que a finales de junio de 2022, las autoridades recurridas aplicaron herbicida, por lo que el crecimiento de la maleza se encuentra controlado. Sin embargo, no constan dentro del expediente, elementos que permitan acreditar que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque; ni que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el parque, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector. En virtud de las consideraciones esgrimidas, se impone la estimatoria de este recurso de la manera en que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. Por otra parte, la gestionante acusa que no se han efectuado una serie de mejoras que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado solicitaron dentro de los escritos de 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, que van desde la elaboración de una barrera natural temporal, la colocación de cámaras, entre otras; al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar, cuales exactamente son las medidas que se deben llevar a cabo en el parque en cuestión, y al no existir ningún estudio técnico que estipule tales medidas, éste extremo del recurso debe declararse sin lugar.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no constan dentro del expediente, elementos que permitan acreditar que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque; ni que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el parque, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector."

    "the record contains no evidence showing that the gap in the wall west of the park has been repaired, sealed, and passage prevented; nor that all the debris in the park, which generates insecurity among the residents, has been removed."

    Considerando V

  • "no constan dentro del expediente, elementos que permitan acreditar que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque; ni que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el parque, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector."

    Considerando V

  • "no le corresponde a este Tribunal determinar, cuales exactamente son las medidas que se deben llevar a cabo en el parque en cuestión, y al no existir ningún estudio técnico que estipule tales medidas, éste extremo del recurso debe declararse sin lugar."

    "it is not for this Court to determine exactly which measures should be taken in the park in question, and since there is no technical study prescribing such measures, this part of the appeal must be denied."

    Considerando V

  • "no le corresponde a este Tribunal determinar, cuales exactamente son las medidas que se deben llevar a cabo en el parque en cuestión, y al no existir ningún estudio técnico que estipule tales medidas, éste extremo del recurso debe declararse sin lugar."

    Considerando V

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena... que realicen todas las gestiones necesarias... a efectos de que, dentro del plazo de DOS MESES... se realicen las mejoras en el parque... tendientes a resguardar la seguridad de las personas que habitan en la zona."

    "The appeal is partially granted. It is ordered... to take all necessary steps... so that within TWO MONTHS... the improvements to the park are carried out... aimed at safeguarding the safety of the people who live in the area."

    Por tanto

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena... que realicen todas las gestiones necesarias... a efectos de que, dentro del plazo de DOS MESES... se realicen las mejoras en el parque... tendientes a resguardar la seguridad de las personas que habitan en la zona."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sala Constitucional Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental, Social, Cultural and Environmental Economic Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. Guarantee Matters Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

026112-22. MUNICIPALITY. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL AND THE HEAD OF THE ENVIRONMENTAL UNIT, ALL OF THE MUNICIPALITY OF CARTAGO, ARE ORDERED TO CARRY OUT ALL NECESSARY ACTIONS, WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES, SO THAT, WITHIN A PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTING FROM THE NOTIFICATION OF THIS PRONOUNCEMENT, IMPROVEMENTS ARE MADE IN THE PARK LOCATED IN THE VALLE DEL PRADO DEVELOPMENT AIMED AT SAFEGUARDING THE SAFETY OF THE PEOPLE WHO LIVE IN THE AREA. VCG04/2023 "(…) V.- On the specific case. In the case at bar, the petitioner states that the Municipality of Cartago is responsible for looking after a plot of land that was intended for a park, which is in a state of abandonment, is not provided with maintenance, and lacks security. She accuses that the area lends itself to drug use and sales, crime, and illegal dumping. She notes that despite having sent notes on both May 19 and June 13, 2022, the respondent municipality had not provided any solution to the problem.

Indeed, it is proven that the neighbors of the Valle del Prado Development addressed notes to the Mayor of Cartago on May 19 and June 13, both in 2022, due to the dangerousness of the area and the risks posed by the condition of the space intended for a park; such that by the end of June 2022, the respondent authorities applied herbicide, and therefore the growth of undergrowth is controlled. However, the case file does not contain elements that make it possible to prove that the gap existing in the wall to the west of the park has been repaired, sealed, and that passage through it has been prevented; nor that all the rubble existing in the park has been removed, which generates insecurity among the area's residents. By virtue of the considerations put forward, the granting of this appeal is required in the manner that will be indicated in the operative part of this judgment.

On the other hand, the petitioner accuses that a series of improvements that the neighbors of the Valle del Prado Development requested in the briefs of May 19 and June 13, both in 2022, have not been carried out, ranging from the creation of a temporary natural barrier, the installation of cameras, among others; in this regard, it must be noted that it is not for this Court to determine exactly which measures should be carried out in the park in question, and as there is no technical study stipulating such measures, this point of the appeal must be declared without merit. (…)" ... See more Content of Interest:

Type of Content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive responsibility of defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the guarantee of amparo, in the remaining cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG04/2023 ... See more Content of Interest:

Type of Content: Separate Note Branch of Law: 4. Guarantee Matters Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VII.- Note from Judge Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do consider the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the omission to address complaints about a municipal plot of land that is in a state of abandonment and generates insecurity for the neighbors of the Valle del Prado Development is alleged.

VCG04/2023 ... See more *220212350007CO* Res. Nº 2022026112 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine forty-five hours on November four, two thousand twenty-two.

Amparo appeal processed in case file No. 22-021235-0007-CO, filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against the MUNICIPALITY OF CARTAGO. Whereas: 1.- Through a brief incorporated into the digital case file via Online Management at 2:08 p.m. on September 22, 2022, the petitioner files an amparo appeal. She states that the Municipality of Cartago is responsible for looking after a plot of land that was intended for a park, green area, and recreation for the residents. However, said property is in total abandonment, they do not provide adequate maintenance, they do not cut the grass, and it lacks security. She states that the property borders the Manuel de Jesús Project and despite there being a wall that separated both communities, a hole was made in it, so the space is used for drug use and sales, crime (robberies and muggings), illegal dumping, among others. She points out that the place has become dangerous, so the community needs to close the hole, as well as the land be donated and used properly or another area be designated as a park. She comments that the neighbors close the hole; however, it is opened again, they threaten them with stones and gunshots, and the playground equipment and materials are stolen. Given this situation, on May 19, 2022, they sent a note to the Municipality of Cartago, through which they explained the situation. Furthermore, on June 13, 2022, they submitted another missive addressed to the Mayor of the locality, specifically stating: “(…) 1. Request to carry out some work that helps us with the security of the land intended to be a public Park and which currently is not, the commitment to assess the use of the land for an appropriate purpose, with an initial proposal for a collection center for recyclable material. 2. Creation of a natural barrier to prevent passage through this area, on a temporary basis, with the total closure of this land being the priority. 3. Review by the Municipal Police if there are security cameras available to install in our development in the Park area. Inclusion in preventive programs and placement on the waiting list for the Project being worked on for camera installation. 4. Schedule sewer cleaning and periodic land cleaning; for this, a request is sent to the head of the environmental department on Friday, June 10, making the request. 5. There is an additional point that was reviewed during the visit, which was the insecurity generated by vacant lots, especially the one located on the south side of the development; we are awaiting a response from the Municipality, since the lack of maintenance and attention generates insecurity in our community as discussed during the meeting, it is used by addicts, for wire burning, drug use, passage when a robbery is committed, and the lack of a sidewalk on a main street, it should be noted that on both sides of the road there is no sidewalk and one of the sides is used as a dump for rubble and other items (...)”. She comments that after several meetings and visits to the place, the respondent municipality had not provided any solution to the problem. She considers that the described actions violate her fundamental rights and those of the people who live in the area. Therefore, she requests the intervention of this Chamber. 2.- By means of a decree at 7:30 a.m. on September 26, 2022, this amparo proceeding was processed and the corresponding report was requested from the Mayor, the President of the Council, and the Head of the Technical Environmental Unit, all of the Municipality of Cartago, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- Through briefs incorporated into the digital case file on September 29, 2022, Mario Redondo Poveda, Alfonso Víquez Sánchez, and Milena Torres Morales, respectively Mayor, President of the Council, and Head of the Environmental Unit, all of the Municipality of Cartago, report under oath. They comment that they have promptly addressed the problem alleged in the Valle del Prado Development, and in October 2022, they will continue with the cleaning work on the public property, elimination of the gap, and will follow up so that the private lot is likewise intervened. They specify that through official letter No. UTA-OF-110-2022 of June 21, 2022, they informed the petitioner that they would schedule the cleaning of the park area in the urban cleaning schedule, such that the following week they applied herbicide. Furthermore, on September 27, 2022, they conducted an inspection of the site, which is in conditions of low undergrowth. They state that in the week of October 3 to 7, 2022, they will again be applying herbicide and cutting the undergrowth in the sectors that require it, since being a terrain over rubble the growth is small. Regarding the structural improvements in the area, they relate that they programmed with the Works Department an intervention to repair and seal the gap in the wall to the west of the park; and that coordination is in place with the Department of Road and Public Site Cleaning for the removal of rubble from the property, work that will be carried out in the first days of October 2022. For the foregoing, they request that this amparo appeal be dismissed. 4.- Through a brief incorporated into the digital case file on October 24, 2022, the petitioner indicates that on October 21, 2022, the respondent Municipality informed her that the work in the park space had been completed; however, she expresses her disagreement, as it is an extremely problematic area taken over by drug traffickers, so the work is insufficient.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Cruz Castro ; and,

Considering:

I.- Preliminary question. Prior to analyzing the merits of the matter - for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure - it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines stipulated by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by a final act - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, an exceptional case arises, as it involves the complaint of problems on a plot of land intended for a park, green area, and recreation that is in a state of abandonment, is not maintained, and lacks security. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Object of the appeal. The petitioner indicates that the Municipality of Cartago is responsible for looking after a plot of land that was intended for a park, which is in a state of abandonment, is not provided with maintenance, and lacks security. She accuses that the area lends itself to drug use and sales, crime, and illegal dumping. She notes that despite having sent notes on both May 19 and June 13, 2022, the respondent municipality had not provided any solution to the problem.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this proceeding, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authorities have omitted to refer to them as provided in the initial decree:

  • a)In the Valle del Prado Development, there is a plot of land intended for a park, green area, and recreation, under the responsibility of the Municipality of Cartago, which is in a state of abandonment, without maintenance or security, and is therefore used for drug use and sales, crime, and illegal dumping (uncontroverted fact). b) The neighbors of the Valle del Prado Development addressed notes to the Mayor of Cartago on May 19 and June 13, both in 2022, due to the dangerousness of the area and the risks posed by the condition of the space intended for a park (uncontroverted fact). c) At the end of June 2022, the respondent authorities of the Municipality of Cartago applied herbicide in the space intended for a park, so the growth of undergrowth is under control (report provided by the respondent authorities). IV.- Unproven facts. Of importance for the resolution of this appeal, the following facts are deemed not accredited: a) That the gap existing in the wall to the west of the park has been repaired, sealed, and passage through it prevented by the Works Department of the Municipality of Cartago. b) That all the rubble existing in the park space under the responsibility of the Municipality of Cartago has been removed, which generates insecurity among the area's residents. V.- On the specific case. In the case at bar, the petitioner states that the Municipality of Cartago is responsible for looking after a plot of land that was intended for a park, which is in a state of abandonment, is not provided with maintenance, and lacks security. She accuses that the area lends itself to drug use and sales, crime, and illegal dumping. She notes that despite having sent notes on both May 19 and June 13, 2022, the respondent municipality had not provided any solution to the problem. Indeed, it is proven that the neighbors of the Valle del Prado Development addressed notes to the Mayor of Cartago on May 19 and June 13, both in 2022, due to the dangerousness of the area and the risks posed by the condition of the space intended for a park; such that by the end of June 2022, the respondent authorities applied herbicide, and therefore the growth of undergrowth is controlled. However, the case file does not contain elements that make it possible to prove that the gap existing in the wall to the west of the park has been repaired, sealed, and that passage through it has been prevented; nor that all the rubble existing in the park has been removed, which generates insecurity among the area's residents. By virtue of the considerations put forward, the granting of this appeal is required in the manner that will be indicated in the operative part of this judgment. On the other hand, the petitioner accuses that a series of improvements that the neighbors of the Valle del Prado Development requested in the briefs of May 19 and June 13, both in 2022, have not been carried out, ranging from the creation of a temporary natural barrier, the installation of cameras, among others; in this regard, it must be noted that it is not for this Court to determine exactly which measures should be carried out in the park in question, and as there is no technical study stipulating such measures, this point of the appeal must be declared without merit. VI.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive responsibility of defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the guarantee of amparo, in the remaining cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VII.- Note from Judge Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do consider the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the omission to address complaints about a municipal plot of land that is in a state of abandonment and generates insecurity for the neighbors of the Valle del Prado Development is alleged. VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is partially granted. Mario Redondo Poveda, Alfonso Víquez Sánchez and Milena Torres Morales, respectively Mayor, President of the Council and Head of the Environmental Unit, all of the Municipality of Cartago, or whoever holds their positions, are ordered to carry out all necessary actions, within the scope of their competencies, so that, within the period of TWO MONTHS, counted from the notification of this pronouncement, improvements are made in the park located in the Valle del Prado Development aimed at safeguarding the safety of the people who live in the area. The foregoing is issued with the warning that in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that they must fulfill or enforce and disobeys it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Cartago is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, this amparo appeal is declared without merit. Judge Castillo Víquez provides a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *TWYPIF2Y7R061* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:49:08.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

026112-22. MUNICIPALIDAD. SE LE ORDENA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO Y ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL, TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, QUE REALICEN TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A EFECTOS DE QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE REALICEN LAS MEJORAS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL PRADO TENDIENTES A RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA ZONA. VCG04/2023 “(…) V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente señala que la Municipalidad de Cartago es responsable de velar por un terreno que era destinado a parque, el cual se encuentra en abandono, no le brindan mantenimiento y no cuenta con seguridad. Acusa que la zona se presta para el consumo y venta de drogas, delincuencia y botadero de basura. Acota que a pesar de que el 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, remitieron notas, el municipio recurrido no había brindado ninguna solución al problema.

En efecto, se acredita que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado dirigieron notas al Alcalde de Cartago los días 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, en virtud de la peligrosidad de la zona y los riesgos que conlleva el estado del espacio destinado a parque; de manera que a finales de junio de 2022, las autoridades recurridas aplicaron herbicida, por lo que el crecimiento de la maleza se encuentra controlado. Sin embargo, no constan dentro del expediente, elementos que permitan acreditar que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque; ni que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el parque, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector. En virtud de las consideraciones esgrimidas, se impone la estimatoria de este recurso de la manera en que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.

Por otra parte, la gestionante acusa que no se han efectuado una serie de mejoras que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado solicitaron dentro de los escritos de 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, que van desde la elaboración de una barrera natural temporal, la colocación de cámaras, entre otras; al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar, cuales exactamente son las medidas que se deben llevar a cabo en el parque en cuestión, y al no existir ningún estudio técnico que estipule tales medidas, éste extremo del recurso debe declararse sin lugar. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG04/2023 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VII.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa la omisión en atender quejas de un terreno municipal que se encuentra en abandono y genera inseguridad a los vecinos de la Urbanización Valle del Prado.

VCG04/2023 ... Ver más *220212350007CO* Res. Nº 2022026112 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 22-021235-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital mediante de Gestión en Línea a las 14:08 horas del 22 de setiembre de 2022, la promovente interpone recurso de amparo. Expone que la Municipalidad de Cartago es responsable de velar por un terreno que era destinado a parque, zona verde y recreación de los habitantes. Sin embargo, dicho predio está en total abandono, no le brindan el mantenimiento adecuado, no cortan el zacate y no cuenta con seguridad. Refiere que la propiedad colinda con el Proyecto Manuel de Jesús y a pesar de que había un muro que separaba ambas comunidades, le hicieron un hueco, por lo que el espacio es usado para consumo y venta de drogas, delincuencia (robos y asaltos), botadero de basura, entre otros. Señala que el lugar se ha vuelto peligroso, por lo que la comunidad requiere cerrar el hueco, así como que el terreno sea donado y utilizado adecuadamente o se destine otra área como parque. Comenta que los vecinos cierran el hueco; no obstante, vuelven a hacerlo, amenazan con piedras y balazos, se roban los juegos y materiales. Ante tal panorama, el 19 de mayo de 2022, remitieron una nota ante la Municipalidad de Cartago, mediante la cual expusieron la situación. Además, el 13 de junio de 2022, presentaron otra misiva dirigida al Alcalde de la localidad, manifestando específicamente: “(…) 1. Solicitud de realizar algún trabajo que nos ayude con la seguridad del terreno destinado a ser un Parque público y que actualmente no lo es, el compromiso de valorar el uso del terreno para uso apropiado, con una propuesta inicial de un centro de acopio de material de reciclaje. 2. Elaboración de una barrera natural para evitar el paso por esta zona, esto de manera temporal, siendo la prioridad el cierre total de este terreno. 3. Revisión por parte de Policía Municipal si hay cámaras de seguridad disponibles para instalar en nuestra urbanización en la zona del Parque. Inclusión en programas preventivos y colocarnos en la lista de espera para el Proyecto que se está trabajando para colocación de cámaras. 4. Programar la limpieza del alcantarillado y limpieza del terreno de forma periódica, para esto se envía una solicitud a la encargada del departamento ambiental el día viernes 10 de junio haciendo la solicitud. 5. Hay un punto adicional que durante la visita se revisó y fue la inseguridad que generan los lotes baldíos, en especial el que se encuentra al costado Sur de la urbanización quedamos a la espera de respuesta por parte de la Municipalidad, ya que por la falta de mantenimiento y atención genera inseguridad a nuestra comunidad según lo conversado durante la reunión es usado por adictos, para quema de cable, consumo de droga, paso cuando se comete un robo y la falta de acera sobre una calle principal, cabe destacar que por ambos lados de la carretera no hay acera y uno de los lados es usado para basurero de escombros y otros (...)”. Comenta que tras varias reuniones y visitas en el lugar; la municipalidad recurrida no había brindado ninguna solución al problema. Estima que con la actuación descrita se lesionan sus derechos fundamentales y los de las personas que habitan en la zona. Por lo anterior, solicita la intervención de esta Sala. 2.- Mediante auto de las 7:30 horas del 26 de setiembre de 2022, se dio curso al presente proceso de amparo y se solicitó el informe correspondiente al Alcalde, al Presidente del Concejo y a la Encargada de la Unidad Técnica Ambiental, todos de la Municipalidad de Cartago, sobre los hechos alegados por la recurrente. 3.- Por escritos incorporados al expediente digital el 29 de setiembre de 2022, informan bajo juramento Mario Redondo Poveda, Alfonso Víquez Sánchez y Milena Torres Morales, respectivamente Alcalde, Presidente del Concejo y Encargada de la Unidad Ambiental, todos de la Municipalidad de Cartago. Comentan que han atendido de manera oportuna el problema acusado en Urbanización Valle del Prado, y en octubre de 2022, continuarán con las labores de limpieza en el inmueble público, eliminación del boquete y darán seguimiento para que el lote privado sea de igual manera intervenido. Especifican que mediante oficio No. UTA-OF-110-2022 de 21 de junio de 2022, indicaron a la petente que agendarían la limpieza del área de parque en el cronograma de limpiezas urbanas, de manera que la semana siguiente aplicaron herbicida. Además, el 27 de setiembre de 2022, realizaron inspección al sitio, el cual se encuentra en condiciones de poca maleza. Refieren que en la semana del 3 al 7 de octubre de 2022, estarán nuevamente aplicando herbicida y cortando la maleza en los sectores que amerite, pues al ser un terreno sobre escombros el crecimiento es poco. Respecto a las mejoras estructurales en el área, relatan que programaron con el Departamento de Obras, una intervención para reparar y clausurar el boquete en el muro al oeste del parque; así como se encuentra coordinado con el Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos el retiro de escombros de la propiedad, labor que se realizará en los primeros días de octubre de 2022. Por lo expuesto, solicitan se desestime el presente recurso de amparo. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de octubre de 2022, la promovente indica que el 21 de octubre de 2022, de la Municipalidad recurrida le indicaron que los trabajos en el espacio de parque habían sido terminados; sin embargo, externa su inconformidad, pues se trata de una zona sumamente problemática tomada por narcotraficantes, por lo que los trabajos resultan insuficientes.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro ; y,

Considerando:

I.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la denuncia de problemas en un terreno destinado a parque, zona verde y recreación que se encuentra en abandono, no le brindan mantenimiento y no cuenta con seguridad. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. La recurrente indica que la Municipalidad de Cartago es responsable de velar por un terreno que era destinado a parque, el cual se encuentra en abandono, no le brindan mantenimiento y no cuenta con seguridad. Acusa que la zona se presta para el consumo y venta de drogas, delincuencia y botadero de basura. Acota que a pesar de que el 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, remitieron notas, el municipio recurrido no había brindado ninguna solución al problema.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este proceso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)En la Urbanización Valle del Prado existe un terreno destinado a parque, zona verde y recreación, a cargo de la Municipalidad de Cartago, el cual se encuentra en abandono, sin mantenimiento ni seguridad, por lo que es utilizado para el consumo y venta de drogas, delincuencia y botadero de basura (hecho no controvertido). b) Los vecinos de la Urbanización Valle del Prado dirigieron notas al Alcalde de Cartago los días 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, en virtud de la peligrosidad de la zona y los riesgos que conlleva el estado del espacio destinado a parque (hecho no controvertido). c) A finales de junio de 2022, las autoridades recurridas de la Municipalidad de Cartago aplicaron herbicida en el espacio destinado a parque por lo que el crecimiento de la maleza se encuentra controlado (informe rendido por las autoridades recurridas). IV.- Hechos no probados. De importancia para la resolución del presente recurso, se tienen por no acreditados los siguientes hechos: a) Que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque por parte del Departamento de Obras de la Municipalidad de Cartago. b) Que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el espacio de parque a cargo de la Municipalidad de Cartago, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector. V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente señala que la Municipalidad de Cartago es responsable de velar por un terreno que era destinado a parque, el cual se encuentra en abandono, no le brindan mantenimiento y no cuenta con seguridad. Acusa que la zona se presta para el consumo y venta de drogas, delincuencia y botadero de basura. Acota que a pesar de que el 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, remitieron notas, el municipio recurrido no había brindado ninguna solución al problema. En efecto, se acredita que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado dirigieron notas al Alcalde de Cartago los días 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, en virtud de la peligrosidad de la zona y los riesgos que conlleva el estado del espacio destinado a parque; de manera que a finales de junio de 2022, las autoridades recurridas aplicaron herbicida, por lo que el crecimiento de la maleza se encuentra controlado. Sin embargo, no constan dentro del expediente, elementos que permitan acreditar que se haya reparado, clausurado e impedido el paso por el boquete que existe en el muro al oeste del parque; ni que se haya retirado la totalidad de escombros que existen en el parque, mismos que generan inseguridad en los habitantes del sector. En virtud de las consideraciones esgrimidas, se impone la estimatoria de este recurso de la manera en que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. Por otra parte, la gestionante acusa que no se han efectuado una serie de mejoras que los vecinos de la Urbanización Valle del Prado solicitaron dentro de los escritos de 19 de mayo y 13 de junio, ambos de 2022, que van desde la elaboración de una barrera natural temporal, la colocación de cámaras, entre otras; al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar, cuales exactamente son las medidas que se deben llevar a cabo en el parque en cuestión, y al no existir ningún estudio técnico que estipule tales medidas, éste extremo del recurso debe declararse sin lugar. VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VII.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa la omisión en atender quejas de un terreno municipal que se encuentra en abandono y genera inseguridad a los vecinos de la Urbanización Valle del Prado. VIII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena a Mario Redondo Poveda, Alfonso Víquez Sánchez y Milena Torres Morales, respectivamente Alcalde, Presidente del Concejo y Encargada de la Unidad Ambiental, todos de la Municipalidad de Cartago, o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que realicen todas las gestiones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que, dentro del plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se realicen las mejoras en el parque ubicado en la Urbanización Valle del Prado tendientes a resguardar la seguridad de las personas que habitan en la zona. Lo anterior se dicta con el apercibimiento que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el presente recurso de amparo. El Magistrado Castillo Víquez suscribe nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *TWYPIF2Y7R061* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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