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Res. 22070-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/09/2022

Amparo granted for institutional inaction on Moín aquifer protectionAmparo por omisión institucional en protección del acuífero de Moín

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered five institutions (MINAE, ICAA, SINAC, Municipalidad de Limón, and Ministry of Health) to establish an inter-institutional commission within five days and a remediation plan within one month to address contamination of the Moín aquifer's restricted protection zone, awarding costs and damages against the State, the Municipality, ICAA, and SINAC.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a cinco instituciones (MINAE, ICAA, SINAC, Municipalidad de Limón y Ministerio de Salud) crear en cinco días una comisión interinstitucional y en un mes un plan de atención para la problemática del acuífero de Moín en zona de protección restringida (zona 6), condenando al Estado, la Municipalidad, el ICAA y el SINAC al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

Costa Rica's Constitutional Chamber granted an amparo against ICAA, MINAE, SINAC, the Municipalidad de Limón, and the Ministry of Health for failing to protect the Moín aquifer (Restricted Protection Zone 6, Limón Province). The protected owner's properties—entirely within Zone 6—had been invaded by informal settlements engaged in land-use change, deforestation, illegal well-drilling, and uncontrolled wastewater discharge, in direct violation of ICAA restrictions in place since 1980 (Agreement 80-121) and reaffirmed in 2007 (Agreement 2007-177). Despite institutional awareness, no authority took concrete action. The Chamber ordered creation of an inter-institutional commission within five days and a remediation plan within one month, and awarded costs and damages against the State, the Municipality, ICAA, and SINAC. The ruling also confirmed popular standing for the right to a healthy environment under Article 105 of the Biodiversity Law.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el ICAA, el MINAE, el SINAC, la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Salud por omitir proteger el acuífero de Moín (Zona 6 de protección restringida, Limón). Las fincas de la amparada —ubicadas al cien por ciento dentro de la zona 6— habían sido invadidas por asentamientos precarios que realizaban cambio de uso de suelo, tala de bosque, perforación de pozos y vertido de aguas residuales, en violación directa de las restricciones impuestas por el ICAA desde 1980 (Acuerdo 80-121) y ratificadas en 2007 (Acuerdo 2007-177). Pese a conocer la situación, ninguna institución ejecutó acciones concretas. La Sala ordenó crear una comisión interinstitucional en cinco días y diseñar un plan de atención en un mes, y condenó al Estado, la Municipalidad, el ICAA y el SINAC al pago de costas, daños y perjuicios. El fallo también precisó que el derecho al ambiente sano habilita acción popular conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad.

Key excerptExtracto clave

The amparo is granted with respect to the delay in addressing and resolving the problem affecting the Moín aquifer, specifically on the properties owned by the protected party located in the restricted protection zone (classified as Zone 6). The Minister of Environment and Energy, the General Manager of ICAA, the Executive Director of SINAC, the Mayor of Limón, and the Minister of Health—or whoever holds those positions—are ordered to coordinate and carry out all actions within their respective competencies so that: 1) within FIVE DAYS of notification of this ruling, an inter-institutional commission is created to address the problems affecting the Moín aquifer, specifically on the protected party's properties within the restricted protection zone; and 2) within ONE MONTH of the commission's creation, a plan is designed and put into execution to address and resolve the problem affecting the Moín aquifer, specifically on those same properties. With respect to ICAA's failure to respond to the request submitted on February 21, 2022, the amparo is granted solely against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ICAA's General Manager is ordered to take all necessary steps so that, within THREE DAYS of notification, the request submitted on February 21, 2022 is answered as required by law. The State, the Municipalidad de Limón, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are condemned to pay costs, damages, and losses arising from the facts underlying this ruling, to be liquidated in contencioso-administrativo enforcement proceedings.Se declara con lugar el recurso en cuanto a la demora en atender y dar una solución a la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6). Se les ordena a Nombre07, Nombre08, Nombre22, Nombre24 y Nombre57, por su orden, de ministro de Ambiente y Energía, gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, alcalde de Nombre73 y ministra de Salud, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se cree una comisión interinstitucional que se encargue de abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida; y 2) en el plazo de UN MES, contado a partir de la creación de la comisión interinstitucional supramencionada, se diseñe y ponga en ejecución un plan para atender y dar solución al problema que perturba al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la tutelada ubicadas en la zona de protección restringida. En cuanto a la falta de atención a la gestión formulada a favor de la parte tutelada el 21 de febrero de 2022, se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Nombre08, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en derecho corresponda la gestión formulada a favor de la parte amparada el 21 de febrero de 2022. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Limón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "en el sub lite se acusa la lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho respecto del cual procede la acción popular a la luz del numeral 105 de la Ley de Biodiversidad."

    "In the present case, the injury alleged is to the right to a healthy and ecologically balanced environment, a right with respect to which popular action is available under Article 105 of the Biodiversity Law."

    Nota del Magistrado (Considerando IX)

  • "en el sub lite se acusa la lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho respecto del cual procede la acción popular a la luz del numeral 105 de la Ley de Biodiversidad."

    Nota del Magistrado (Considerando IX)

  • "a pesar de haberse declarado zona de protección restringida (ICAA), se causa problemas de contaminación y vulnerabilidad del acuífero Moín, por el cambio de uso de suelo con construcciones en precario, sin control de uso y manejo de las aguas residuales, perforaciones de pozos y tala de árboles, lo que evidentemente afecta el manto acuífero, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida."

    "Despite the area having been declared a restricted protection zone by ICAA, contamination and vulnerability of the Moín aquifer are being caused by land-use change with informal construction, uncontrolled management of wastewater, well drilling, and tree-felling, which evidently affects the aquifer and constitutes a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life."

    Nota del Magistrado (Considerando X)

  • "a pesar de haberse declarado zona de protección restringida (ICAA), se causa problemas de contaminación y vulnerabilidad del acuífero Moín, por el cambio de uso de suelo con construcciones en precario, sin control de uso y manejo de las aguas residuales, perforaciones de pozos y tala de árboles, lo que evidentemente afecta el manto acuífero, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida."

    Nota del Magistrado (Considerando X)

  • "en la especie no se tiene por demostrado que el ICAA haya brindado una respuesta a la parte recurrente a la gestión formulada el 21 de febrero de 2022, motivo por el cual se acoge el recurso en lo que a este extremo se refiere únicamente respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."

    "In the present case, it has not been demonstrated that ICAA provided a response to the petitioner's request of February 21, 2022; therefore, the amparo is granted on this point solely with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."

    Considerando VIII

  • "en la especie no se tiene por demostrado que el ICAA haya brindado una respuesta a la parte recurrente a la gestión formulada el 21 de febrero de 2022, motivo por el cual se acoge el recurso en lo que a este extremo se refiere únicamente respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."

    Considerando VIII

  • "Se condena al Estado, a la Municipalidad de Limón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    "The State, the Municipalidad de Limón, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are condemned to pay the costs, damages, and losses arising from the facts underlying this ruling, to be liquidated in contencioso-administrativo enforcement proceedings."

    Por tanto

  • "Se condena al Estado, a la Municipalidad de Limón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

Review of the Document CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-third of September of two thousand twenty-two.

Writ of amparo (recurso de amparo) processed under case number 22-008354-0007-CO, filed by [Nombre72 001], residence identification number [Valor CED03], on behalf of [Nombre72 002], legal entity identification number [Valor CED04], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), the MINISTERIO DE SALUD, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Whereas:

  1. 1By a written filing entered into the digital case file on April 20, 2022, the petitioning party brings a constitutional protection petition (recurso de amparo). The petitioner states that the Board of Directors of ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) declared the aquifer protection and recharge zone (zona de protección y de recarga acuífera) of MOÍN, (ZONA 6) by means of Resolution No. 2007-177 "OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031", published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007, through which Resolution No. 80-121 was revoked with respect to its restricted zone and land-use regulatory recommendations, "in accordance with the delineation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Environmental Management Directorate, and Report DGAmb-2007-031, the topographic location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE, classified as Zone 6, is established for the resolution of all applications for permits, licenses, or authorizations submitted by the regulated party." The petitioner indicates that said resolution affected, among other areas, the property owned by the represented party, which is why the following restrictions were imposed: "A.- As recommendations for Land-Use Regulation, the following restrictions are established: All industrial activity.Use and storage of pesticides, insecticides, and fuels, or their precursors, for any purpose. Removal or extraction of all types of materials. Land-use change (cambio de uso de la tierra). All cutting of forest vegetation. All agricultural and livestock activities and related facilities. Drilling or excavation of wells, infiltration galleries (galerías de infiltración), or any other water-catchment works. Development of housing subdivisions and lot divisions. Installation of landfills, sanitary fills, or waste dumps of any kind. Activities of any nature that affect, at Nombre01's discretion, the quality and quantity of water used for the supply to populations."

The petitioner states that, since the creation of the so-called Zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer (acuífero), ICAA has failed to fulfill its legal duties to protect the aquifer, since within that zone there has been a land-use change through the uncontrolled construction of informal-settlement-type (precario) housing, without any management or control of wastewater (aguas residuales), sewage (aguas negras), or well drilling having been applied; furthermore, no action has been taken to prevent deforestation, which constitutes harm to the aquifer protection area and generates a risk of contamination. The petitioner indicates that the protected party is the legitimate owner of the property duly registered in the Public Registry of Property under property registry entry (folio real) 7-27136, the nature of which is pastureland (terreno de repasto) and, in part, forest, located in Dirección01, province of Limón.

This property is located in a surveyed zone, with the following boundaries: north—stream and Nombre01; south—public road, 529.18 meters; east—stream and Nombre02, Estefano; west—Cosas de Madera SA; cadastral plan: l-0509859-1983; and from the property under registry entry 27138, nature: land with 4 houses, located in Dirección01, province of Limón, a property situated in a surveyed zone, with the following boundaries: north—public road; south—railway line and other; east—public road and other; west—railway right-of-way; cadastral plan: l-0509860-1983.

The petitioner recounts that both properties are located 100% within the absolute protection zone of the Moín aquifer, known as Zone 6, which is why ICAA imposed, upon creating Zone 6, a series of restrictions through Resolution No. 80-121 of Session No. 80-028 of April 14, 1980, which declared that area a water protection zone for the springs (nacientes) of Moín-Nombre73 and imposed the following prohibitions: drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water-catchment works; construction of residential houses, industrial and commercial facilities, pigsties, poultry houses, and corrals, and in general septic tanks, septic pits (pozos negros), or sanitary systems that may affect subsurface waters; removal or extraction of all types of materials; all agricultural and livestock activities; all cutting of forest vegetation; use of pesticides, insecticides, or poisonous substances for any purpose; installation of landfills, sanitary fills, or waste dumps of any kind.

The petitioner adds that the aforementioned property located in Zone 6 of the Moín aquifer was directly affected by Resolution No. 2007-177, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007. Since that date, ICAA has taken no action to expropriate the property, nor has it carried out any type of intervention on the property to prevent the contamination generated in the informal settlement; nor has it taken any steps to halt the land-use change in that area.

The petitioner indicates that on the properties owned by the protected party there is a squatter-occupation dispute (conflicto precario), since, over time, certain families have clandestinely encroached upon the land and have proceeded to carry out land-use changes, deforestation, and construction of housing; they also engage in agricultural activities in areas where they have cleared the forest, apply chemical substances, and no proper management of sewage or greywater (aguas jabonosas) discharged from the clandestinely built structures is carried out. The petitioner states that these activities violate the restrictions established by ICAA when it declared that area as Zone 6. The petitioner recounts that, given that the institute itself burdened that area with the so-called Zone 6 of absolute protection, it was asked for assistance to proceed with the swift administrative eviction (desalojo administrativo) of all persons unlawfully occupying the property, due to the damage they cause to natural resources and the contamination of the aquifer.

The petitioner adds that, despite acknowledging that the property is located within Zone 6, they were told that carrying out the eviction of persons who are contaminating the aquifer is not their responsibility, on the grounds that the property does not belong to ICAA. This demonstrates that the restriction imposed is merely administrative in nature, without direct intervention on the property, since ICAA limited itself to issuing resolutions containing the restriction, without materially applying its regulations in the field and without carrying out expropriations.

The petitioner maintains that the squatters (precaristas) are organized in an Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, with legal entity ID (cédula jurídica) CED05, which has historically been responsible for bringing people onto the property. The petitioner states that day after day, and by the mere fact that the illegitimate occupants freely dispose of the property, the Moín aquifer is being contaminated, since they discharge greywater, sewage, and chemicals used in agriculture onto the soil, which serves as an aquifer recharge area; in addition, they cut down trees and thereby change the land use. In light of this situation, via email, assistance was requested from ICAA for the purpose of jointly proceeding, together with the registered owner, with the immediate administrative eviction of the illegal occupants, in order to prevent contamination of the Moín aquifer. The petitioner explains that the respondent (recurrido) answered the request in the negative, indicating that it was a private dispute and that they could not intervene. The petitioner adds that they are failing to apply the jurisprudence of the Constitutional Chamber, which obliges this institute to ensure the protection of aquifer layers (mantos acuíferos) and aquifer recharge areas.

The petitioner asserts that by means of a letter dated January 20, 2022, sent by Nombre03 of the Huetar Caribe Region, in response to letter No. PRE-J-2021-04524, a reply was given to the request to assist with the immediate administrative eviction of the persons located on the property who are contaminating the aquifer, in which the following was stated: "… Regarding the inquiry received, I must indicate the following: 1- The property described is indeed located within the so-called Zone 6; within this zone there is an HF 300 mm pipeline carrying water from the Moín water treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipeline is located on that specific property. 2- Regarding eviction requests, I must indicate that it is not the responsibility of this Directorate to manage the eviction of property belonging to a third party; this we have done for AyA-owned properties; we have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate that we cannot take steps to bring about evictions on a property that does not belong to the Institute—in fact, police authorities will not even accept the complaint unless it is filed by the registered owner." The petitioner states that, owing to the respondent's negligence in exercising its powers to protect the Moín Aquifer, a request was sent via email on February 21, 2022, to Lic. Nombre03 of the Moín Commission of ICAA, asking for a series of pieces of information necessary to carry out a private contamination study of the aquifer, since the contracted company requested that they ask ICAA what the areas to be considered by the private company in the aquifer contamination study would be, the terms of reference to be included in the Study, and the methodology to be applied on the property, so that said study would be accepted by ICAA.

The petitioner details that, despite the time that has elapsed, no response has been provided to date. The petitioner adds that in that letter the following was stated: "By MEMORANDUM No. PRE-J-2022-00477, dated February 7, 2022, sent by Nombre04 to Licenciada Nombre05, a query was resolved that had been raised by the undersigned regarding how to proceed with the eviction of the property of my represented party, [Nombre72 002], with legal entity ID [Valor CED06], which is the owner of properties 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: PASTURELAND AND IN PART FOREST, LOCATED IN Dirección01 OF THE PROVINCE OF LIMÓN, PROPERTY IS IN A SURVEYED ZONE, BOUNDARIES: NORTH: STREAM AND Nombre01, SOUTH: Dirección02, EAST: STREAM AND Nombre06, WEST: Dirección03, AREA: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, CADASTRAL PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED07 and property PROVINCE: LIMÓN PROPERTY: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SEGREGATIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHER, LOCATED IN Dirección04 OF THE PROVINCE OF LIMÓN, PROPERTY IS IN A SURVEYED ZONE, BOUNDARIES: Dirección05, SOUTH: Dirección06, EAST: PUBLIC ROAD AND OTHER, WEST: RAILWAY RIGHT-OF-WAY, AREA: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, CADASTRAL PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED08.

Both properties are located in a place called Villa Plata, which is an informal settlement where a large number of houses and persons are unlawfully occupying the property. Said properties are located one hundred percent within Zone 6 as described in letter No. 2007-177, SUBJECT: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB 2007-031, and there are a large number of residential houses and plot holders who are illegitimately possessing the property while at the same time causing environmental damage and contaminating the aquifer. The query raised by Nombre01 was aimed at jointly seeking, together with the registered owner, the fastest way to evict the families who are causing land-use changes, vegetation clearing (chapeas), deforestation, and contamination through the discharge of sewage and greywater onto the soil, this being in an area designated by Nombre01 as one of absolute protection due to its role as an aquifer recharge area.

However, we were informed that Nombre01 could not intervene, and we were told that, in the event that a technical study (estudio técnico) were to be conducted on the property in question, it would be the owner's responsibility to create the conditions and coordinate the measures necessary to ensure the safety of the relevant officials upon entry to the property, and furthermore that such work would have to be scheduled in accordance with the institution's priorities. For that reason, the owner made the decision to commission the corresponding study, given the workload and scheduling constraints that Nombre01 indicated prevented them from carrying it out. In light of the foregoing, we request that you advise us as to the areas to be considered by the private firm in the aquifer (acuífero) contamination study, the terms of reference (términos de referencia) to be included in the Study, and the methodology to be employed on the property, so that said study may be accepted by AYA.

For that reason, our client made the decision to commission the corresponding technical study, given the workload and scheduling constraints that Nombre01 indicated prevented them from carrying it out. In light of the foregoing, we request that you advise us as to the areas to be considered by the private firm in the aquifer contamination study, the terms of reference to be included in the Study, and the methodology to be employed on the property, so that said study may be accepted by AYA." The appellant maintains that, to date, both the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and MINAE are aware of the encroachment (usurpación) occurring in the so-called Zone 6 of the MOIN aquifer, of the land-use changes (cambios de uso de suelo), and of the contamination; yet they have taken no action whatsoever to remove the persons who are unlawfully encroaching upon State patrimony, namely the aforementioned aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) 6. The appellant requests that the appeal (recurso) be granted.

  1. 2By resolution of the Court's Presidency issued at 1:14 p.m. on May 2, 2022, the proceedings were admitted and the executive president of ICAA and the Minister of Environment and Energy were required to submit a report on the facts alleged by the appellant.
  2. 3By a written submission incorporated into the digital case file on May 11, 2022, Nombre07, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath. He clarifies the jurisdiction of SINAC. He states that a request was made to the Área de Conservación La Amistad Caribe, the sector in which the Moín aquifer is located, to address the matter under review. He cites memorandum SINAC-ACLAC-DR-214-2022 of May 9, 2022. He maintains that SINAC has not received from the appellant, from ICAA, or from any other person or institution any written communication regarding the facts alleged in the appeal. He requests that the amparo action be dismissed.
  3. 4By a written statement incorporated into the digital case file on May 11, 2022, Nombre08, in his/her capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath. He/She states: "In accordance with the provisions of Articles 57 and following of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and Article 106 of the Código Procesal Civil, WE REQUEST THAT THE MUNICIPALIDAD DE LIMON BE JOINED AND INCLUDED IN THIS AMPARO PROCEEDING BY VIRTUE OF THE MANDATORY NECESSARY PASSIVE JOINDER (litis consorcio pasiva necesaria), as it is that body's competence to control urban development, to prevent the siting of construction without compliance with the corresponding permits and conditions, and likewise to exercise its authority to demolish any works built without authorization, acting jointly with the owner to carry out the appropriate eviction proceedings.The Constitutional Chamber already ruled on its competence in Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, and (…) To address the reasons why it did not carry out the demolition of unauthorized construction. RESPONSE TO THE FACTS. FIRST: It is appropriate to clarify the scope of Agreements No. 80-121 and Agreement 2007-177 that are invoked, in the following terms: By Agreement 2007-177 of the Board of Directors (Junta Directiva) of AyA, published in Gaceta N° 83 of Wednesday, May 2, 2007, the OFFICIAL RECOGNITION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER (acuífero), LIMON, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031 was granted, and it was resolved in its Por tanto "(….) SECOND: AGREEMENT 80-121 IS HEREBY REVOKED WITH RESPECT TO ITS RESTRICTION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Environmental Management Directorate, and report DGAmb-2007-031, it is recommended that the topographic location of the ABSOLUTE PROTECTION ZONE (Zona de Protección Absoluta), classified as Zone 6, be applied in the resolution of every application for a permit, license, or authorization submitted by the regulated party, as follows: Beginning at point 1 with 1arant.N=221517 and E=639446 at the intersection of the old road to Dirección01# (along the coast) and the western entrance to the Urbanización Cangrejos, proceeding approximately 106m south along the street of the Urbanización to point 2 with 1arant. N=221414, E=639471, then turning southwest approximately 77m to point 3 with 1arant. N=221367 and E=639410, continuing east approximately 316m to the intersection with the road to Pacuare, point 4 with 1arant. N=221297, E=639682, then continuing south approximately 1.4 km along this road to point 5, the start of the Urbanización of the same Nombre72 with 1arant. N=220474 and E=640380, continuing south-southwest approximately 170m to point 6 with 1arant. N=220318 and E=640302, then south-southeast approximately 38m to point 7 with 1arant. N=220297 and E=640333, then south-southwest approximately 82m to point 8 with 1arant. N=220159 and E=640251. From point 8, where the street of the Urbanización ends, continuing in the same south-southwest direction cross-country approximately 370m to point 9 with 1arant.N=219858 and E=640034. Continuing cross-country westward approximately 190m to the road that leads to Cielo Amarillo at point 10 with 1arant. N=219846 and E=639845; from point 10, which had run parallel to the boundary, now on the road, continuing south approximately 90m to point 11 with 1arant. N=219764 and E=639832. From point 11, continuing along the road that leads to Villa Plata approximately 220m to the southwest to point 12 with 1arant. N=219689 and E=639630, continuing south approximately 320m to the railroad line at point 13 with 1arant. N=219449 and E=639624; proceeding along the railroad line eastward approximately 100m to point 14 with 1arant. N=219447 and E=639723; from point 14, continuing approximately 460m south along the road that leads out to Dirección07# (Saopin) to point 15 with 1arant. N=218995 and E=639652. From point 15, already on the road, continuing approximately 2.4 km west along route # 32, to the first entrance toward Villa Vista del Mar 1, to Dirección08 with 1arant.N=218883 and E=637297, and then turning right heading north toward Villa Vista del Mar 1, approximately 270m to reach the crossroads beside the school of Villa Vista de Mar 1, at point 17 with 1arant. N=219085 and E=637177; 106m north, then continuing 106m north to point 18 with 1arant. N=219207 and E=637179; from point 18, continuing approximately 260m west to the end of the road, and from there continuing approximately 160m always westward along the northern boundary between lots until intersecting [sic] the concrete highway route #240, at point 19 with 1arant. N=219325 and E=636795; then continuing 2km northeast along route #240 to the intersection of roads toward Villa Plata at point 20 with 1arant. N=220976 and E=637688; from point 20, continuing north along route #240 for an approximate distance of 2.6km until reaching the road intersection with the Urbanización Cangrejos, this intersection being the starting point 1 with 1arant.N=221517 and E=639446. (…) AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED: 1. All industrial activity. 2. Use and storage of pesticides, herbicides, and fuels, or precursors thereof for any purpose. 3. The removal or extraction of all types of materials. 4. Land-use change (cambio de uso de la tierra). 5. All cutting of forest vegetation. 6. All agricultural and livestock activities and facilities linked thereto. 7. The drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any other water-catchment works. 8. The development of housing developments (urbanizaciones) and lot subdivisions (lotificaciones). 9. The installation of landfills, sanitary fills, or waste dumps of any kind. 10. Activities of any kind that, at ombre01's discretion, affect the quality and quantity of water used for the supply of communities…." The petitioner's assertions are entirely erroneous in stating that no activity whatsoever is permitted in Zone 6; the same agreement at the time clearly established: "…HOUSING CONSTRUCTION ARISING FROM NATURAL POPULATION GROWTH (crecimiento vegetativo) SHALL BE PERMITTED IN Dirección09, PROVIDED THAT IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO SINKHOLES (dolinas) AND THAT GARBAGE COLLECTION IS CARRIED OUT BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS…"; moreover, note that the agreement states: Recommendations for Land Use — it does not state restrictions.By Board of Directors Agreement No. 2011-112, of Session No. 2011-017, dated 5-4-2011, Article 5, paragraph 1, the following was resolved: the amendment of Agreement AN-2007-177, clarifying its scope to the effect that there is a large number of activities that allow the use of the property with recommendations according to its use, without this implying expropriation, as stated in Por tanto First: "….FIRST: Agreement 2007-177 is hereby Amended in its Por tanto Second, with respect to the enumeration of land-use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the 'Matrix of Land-Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources,' issued by the Board of Directors of SENARA at its session of September 26, 2006: • For all activities, the impermeable surface area per hectare must not exceed 20%. • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that throughout the various stages of construction and operation generate negative environmental impact on the aquifer must submit an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) duly approved by SETENA.In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decreto 30465 S, and the Regulation on Wastewater Discharge and Reuse, N. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible risk of contamination. High-risk activities are defined as those with the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill arising from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or more hazardous substances and posing a serious danger (whether immediate or delayed in manifestation, reversible or irreversible) to the population, their property, the environment, and ecosystems. • No activities involving the STORAGE AND USE OF PESTICIDES, HERBICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS THEREOF FOR ANY PURPOSE, are to be authorized. • For EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA), CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS, a hydrogeological study must be carried out to confirm that there will be no impact on the aquifer, and an Environmental Management Plan must be duly approved by SETENA. • THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER-USE WORKS IS NOT AUTHORIZED. • In the case of HOUSING DEVELOPMENT PROJECTS, LOT SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) and an ordinary wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) must be constructed.Developments with densities equal to or less than one residential unit per 1,000 meters may be permitted. • In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, these may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the applicable Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare. • NO LANDFILLS, SANITARY FILLS, OR WASTE DUMPS OF ANY KIND ARE TO BE INSTALLED. • ombre01, taking into account studies submitted by the interested party and endorsed by the relevant bodies, may rule on other types of activities not enumerated in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. ombre01 shall be empowered under Ley 2726 to assess whether there is any impact on the aquifer and whether wastewater is being properly disposed of in accordance with the applicable discharge regulation, in addition to approving or denying the activity. • Housing construction arising from natural population growth shall be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means…" There is no violation of the Constitutional Rights set out in Article 45.Article 45 of the Constitución Política, in its second paragraph, establishes the possibility of limiting the right to property for reasons of social interest. In the specific case at hand, there are laws regulating land use for this type of land, such as the Ley de Conservación de Vida Silvestre, article 128, the Ley Orgánica del Ambiente, article 50 and following, and the Ley General de Salud, articles 275, 276, 285, and 291. Land-use regulation is a public function — a power and duty entrusted to public entities with normative authority, such as the Asamblea Legislativa, the Municipalidades, INVU, the Executive Branch, and the State through its institutions. As mentioned, there are laws that establish regulations regarding environmental and water-resource protection. The Board of Directors Agreement of AyA merely defines a series of recommendations in accordance with what is already established in various laws.It is not true that the parties cannot carry out any activity on the property, nor that the recommendations set out in the Board of Directors Agreements of ombre01 amount to an automatic mandatory expropriation by ombre01 of the entire locality of Moín.

It is again clarified that properties located in Zone 6 are suitable for development; there is no violation of Constitutional Article 45, as cited by the appellant. Rather, by complying with the parameters indicated above, owners may carry out whatever activities they deem appropriate. It must be recalled that the burden of proof regarding non-contamination and the feasibility of the project in accordance with the Law rests with the interested party (Biodiversity Law No. 7788, Article 109 — Burden of proof: The burden of proving the absence of contamination, degradation, or prohibited impact shall fall upon whoever requests the approval, permit, or access to biodiversity, or upon whoever is accused of having caused environmental damage.), and the State cannot be required to conduct such studies free of charge for the benefit of a private interest, such as the sale of a property. SECOND: What the appellant states is not accurate when he says: "…that the aforementioned property located in Zone 6 of the Moín aquifer was directly affected by Resolution 2007-177, published in the Gaceta No. 83 on Wednesday, May 2, 2007, and since that date the respondent has taken no action to expropriate it, has carried out no intervention on the property to prevent the contamination generated in the informal settlement (precario), and has taken no steps to halt the land-use change (cambio de uso del suelo) in that area…" With respect to actions taken in Zone 6 of the Huetar Caribe Region through official memorandum GSP-RHC-2022-00714, which attaches the corresponding report — both appended as evidence — the following is detailed: "…the actions carried out over 10 years of management to protect the Moín Aquifer; Table No. 1 presents a summary of 34 cases handled by AyA, divided into three categories: Complaints, New Project Developments, and Existing Installations.

Since AyA's actions regarding the Protection of the Water Resource of the Moín springs (Nacientes de Moín) have been addressed using the same strategy over the past 19 years, the same working methodology described in memorandum RHA-OM-2013-0666 will be used, detailing the main cases handled from 2013 to the present, using the same categorization, with the difference that detailed explanations will be provided for cases that allow direct reference to the Villa Plata informal settlement and to how New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer are processed and executed. A) Complaints Filed: Table No. 1 shows the complaints filed regarding earthworks (movimientos de tierra), tree felling within Zone 6 of Moín, or the establishment of activities incompatible with the Regulatory Recommendations set forth in Board of Directors Resolution ombre01 2011-112. In order to be concise on the matter requested, only the evidence for cases relating to the Villa Plata informal settlement will be attached; these cases will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow.

(…) Detailing the complaints that concern the Villa Plata informal settlement: Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, Engineer Nombre09 of ombre01 Huetar Caribe Region filed these complaints through official letters GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (attached), which were notified both to MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks in the Villa Plata informal settlement and within the property with Folio Real No. 27136-000. As of this date, the matter is being processed through the Administrative Environmental Tribunal, Case No. 064-19-01-TAA. Complaint No. 9: In March 2019, Engineer Nombre10 of ombre01 Huetar Caribe Region filed official letter GSP-RA-2019-00456, reporting forest cutting (Corta Forestal) and earthworks in the Forest Zone of the Moín Aquifer, which was notified both to MINAE authorities and to the Municipality of Limón, concerning illegal earthworks and forest vegetation clearing.

As shown in Figure No. 1, some of these earthworks and forest vegetation clearing occurred on the southeastern side of the property with Folio Real No. 27136-000 (…) These complaints demonstrate that ombre01 has applied the mechanisms permitted by the legal framework to report the clearing of vegetation and earthworks on property Folio Real No. 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities nor by the property owner, who has never been reachable at the time such complaints are filed. B) New Project Developments: Table No. 2 shows the main requests for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. To demonstrate that it is feasible to carry out Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, projects that have received approval and the required water availability for construction are highlighted in green; as the results show, of 10 proposed Projects, 50% were approved by ombre01 to begin the corresponding construction processes, through the issuance of water availability letters (cartas de disponibilidad de agua).

Table No. 2. Shows the main Project requests submitted to ombre01 from the year 2013 to the present; projects that have been granted AyA water availability are highlighted in green. Projects without potable water availability are indicated in red (…) To explain the process by which new projects are evaluated, the procedure followed by the Huetar Caribe Region is described, verifying that the project concept complies with the regulatory recommendations set out in Board of Directors Resolution ombre01 No. 2011-112, and how cases are evaluated by the Aquifer Commission when a Project with special characteristics so requires. As methodology, the process is explained using one of the constructed projects, specifically Project No. 2, designated as 24 Apartments MATAMA VILLAGE. The steps to be followed to verify that the conceptualization of Projects complies with the Regulatory Recommendations set forth in Board of Directors Resolution No. 2011-112 are: As agreed upon in the Institutional Commission on the Moín springs; before providing the water availability letter for Projects within Dirección02, developers are asked to submit a project conceptualization that complies with certain aspects established in Board of Directors Resolution ombre01 2011-0112.

Among the aspects to be verified in the Project concept are: (…) Once it has been verified that the Project sketch meets these requirements, the water availability letter is issued so that developers may process the project in compliance with all applicable environmental regulations. (…) From the foregoing, it follows that the Regulatory Recommendations established by ombre01 in Board of Directors Resolution No. 2011-112 do not extinguish the property owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects in Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly, incorporating considerations that maximize aquifer recharge and minimize the impact of wastewater generated through treatment systems that protect and safeguard the quality of the water resource. In addition to this, during the years 2020 and 2021 — as shown in Table No. 3 — there were 80 requests for potable water availability for single-family housing, of which 54%, or 43 water availability requests, were approved by the Cantonal Office of Limón within Zone 6 of the Moín Aquifer, which reinforces the fact that it is feasible to develop properties within this zone.

(…) C) Existing Installations: Table No. 4 shows the main criteria issued by ombre01 Huetar Caribe Region with respect to existing installations and how to bring them into compliance with the Regulatory Recommendations issued by ombre01, depending on the sector in which they are located and according to the criteria of Board of Directors Resolutions No. 2007-177 or No. 2011-112. In order to be concise on the matter requested, only the evidence for cases relating to the Villa Plata informal settlement will be attached; these cases will be presented as annexes to this document and are those marked in yellow. (…) In the case of the Villa Plata informal settlement, the Cantonal Office of Limón has over time issued multiple criteria; in Table No. 4, three of them are indicated, in all of which the criterion has been consistently reiterated that it is not possible to provide water service, water availability, or the possibility of installing public water taps (pajas públicas) within the informal settlement.

Additionally, all the notices indicate the location of this informal settlement within the recharge zone (Zona de recarga) and water protection zone of the Moín springs, where compliance with Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 is required. (…) A reading of this text reveals that the Villa Plata informal settlement has been established for many years; indeed, the stamp of the Development Association printed on the application indicates the year 2010, which can be corroborated by Figure No. 9, where a Google Earth image dated February 2010 already shows a large number of internal roads, dwellings, and deforested areas within properties 00027138-000 and 00027136-000, among other features. (…) The foregoing is very important to note, given that the owners of these lands claim that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to show that for more than 14 years ombre01 has denied potable water service availability in the Villa Plata informal settlement, and that during that same period, there is no record of any action by the owners of these lands to recover them; nevertheless, regardless of this fact, ombre01 has filed the complaints and taken the actions permitted by law within what the report calls "existing installations" in Zone 6, so that Board of Directors Resolution No. 2011-112 is complied with.

The documents GSP-L-2018-001218 and GSP-RHC-L-2022-00494 are attached as annexes, which reaffirm the Institutional position regarding the Villa Plata informal settlement…" It is important to reiterate and clarify, with respect to what the report has addressed up to this point, that when reference is made to the Villa Plata informal settlement, the matter concerns a property belonging to a private individual who for years failed to take any action, as was their responsibility, to defend their property right; instead, they come years later to hide behind the resolutions adopted by the Institute in order to make their own responsibility disappear, shift it to the institutions, and request compensation; when it is clear that what exists are socio-environmental provisions for the protection of water sources. The report submitted through official letter GSP-RHC-2022-00714 continues: "…Finally, ombre01, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, has carried out various Projects or actions and plans to undertake additional activities aimed at improving the Protection of the Water Resource of the Moín springs; these include: A) Creation of the Moín Aquifer Commission: In July 2010, ombre01 created a Multidisciplinary Commission to resolve the pending cases at that time concerning the Moín Aquifer, designated the "Moín Aquifer Commission" (Comisión de Acuífero Moín).

In this instance, representation is provided by the Environmental Unit, Legal Department, the Deputy General Management of ombre01, and officials from the Huetar Caribe Region. This Commission currently issues, on a collegial basis, the technical criteria for projects or cases that so warrant in the Zones established under Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112. B) Construction of a Drinking Water Treatment Plant: Within the tenth item of Resolution Nº 2007-177, the following was stated: "Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, pursuant to the applicable regulations, by the Químicos Holanda event, they shall be kept in use for supply to the population for technical and demand reasons, subject to the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or such technology as is necessary to ensure quality against any possible contamination.

Studies shall be initiated immediately to determine the feasibility of using the upper basin of the Banano River with a view to replacing the (sic) Moín sources in the event they become contaminated by the industrial activities carried out in the basin." In compliance with that resolution, and as shown in Figure N° 10, the Moín Water Treatment Plant has been in operation since March 2012, at a cost on the order of ¢ 400,000.000,00 (Four hundred million colones). This plant makes it possible to treat the water from the spring (naciente) by removing the turbidity and organic load present in the waters of the Moín springs (Nacientes), thereby guaranteeing the potability of the water supplied to the population. It is important to note that this plant is not equipped to treat hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…) C) Communication at the Highest Level: As set forth in document PRE-1426-2012, in November 2012, the Executive President of ombre01, Ing. Nombre11, notified the Mayor of the Municipality of ombre73 ombre02.. ombre74 (sic) Nombre12 regarding the application of Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112 within the Limón Regulatory Plan; the document concludes: (…) Likewise, by means of Official Letter PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of ombre01, ombre03..

Nombre11, notified Ing. Nombre13 of the Environmental Technical Secretariat regarding the application of Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112. D) LiDAR Project: Through procurement contract N° 2017FTS-00113-PRI, for an amount of 20 million colones, the Watershed Department of AyA contracted services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study over Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure N° 11, it was possible to identify sinkholes, sumps, and topographic depressions within the zone, which allows for the identification of the density of these features within the properties where new projects in Zone 6 of the Moín Aquifer are being requested. Once these structures have been identified, the Environmental Unit of ombre01 conducts the on-site survey and issues the corresponding technical opinion regarding them.

This information makes it possible to assess the conceptual design of projects within the aforementioned Zone 6 in order to issue water availability determinations for those projects and to corroborate the information submitted by developers. (…) E) Sanitary Sewer and Wastewater Treatment Plant Construction Project for Moín: As part of the measures carried out by ombre01 for the Protection of the Moín Aquifer, the Drinking Water and Sanitation Program for Coastal Areas, Quality Management and Service Efficiency BCIE 2188, includes Project BPIP 1984, entitled "Construction of the Moín Sanitary Sewer System," which aims to carry out the construction of the sanitary sewer system in the area shown in Figure N° 12 and the construction of a Wastewater Treatment Plant shown in Figure N° 13, all within the sectors with the highest population density within Zone 6 of the Moín Aquifer. (…) CONCLUSIONS:

  • 1)For more than 19 years, ombre01 has filed the necessary complaints before the Municipality of ombre73 and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks (movimientos de tierra) and cutting of forest vegetation (cortas de vegetación forestal) whenever harm to the Recharge Zones of the Moín Aquifer is detected. It has also reported the existence of activities that are incompatible with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112.
  • 2)For more than 19 years, ombre01 has reviewed whether the conceptual design of New Projects in the Recharge Zones of the Moín Aquifer complies with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112, having to date approved 50% of the Projects submitted, with successful results, as illustrated by the example shown, where the Matama Village Apartments have been in operation for 6 years without generating any contamination risk to the Moín Aquifer.
  • 3)In the years 2020 and 2021, 54% of water availability determinations for single-family residential construction in Zone 6 of the Moín Aquifer were approved.
  • 4)In light of what is stated in conclusions 2 and 3, there is no doubt that the development of various types of Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer is feasible, and therefore these regulations do not deprive the owner of the right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated.
  • 5)With respect to existing activities, it has been demonstrated that ombre01 has, for 19 years, issued the criteria necessary to ensure that current activities comply with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112.
  • 6)In the particular case of the Precario Villa Plata, to date no water service availability, nor any public water tap, has been provided for this development. The Comprehensive Development Association of Villa Plata is recurrently informed of the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112 and of the impossibility of providing services; similarly, the corresponding complaints have been filed within the Precario itself. All of the foregoing is in protection of the ownership interests of both properties.
  • 7)The highest-level authorities of AyA have requested compliance with Voto N° 2008-004751 of the Constitutional Chamber, so that the Municipality of ombre73 may amend the Regulatory Plan to incorporate the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of ombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112.
  • 8)Our files and records contain no record of any action taken by the owner of Parcels N° 00027138-000 and N° 00027136-000 to halt the occupation of more than 14 years by the Precario Villa Plata, nor has there been any prior communication from the owner with the Huetar Caribe Region that would have allowed for coordination of the complaints that have been filed or for keeping the owner informed of the results of the requests for drinking water service submitted by the Comprehensive Association of the Precario Villa Plata on their land.
  • 9)The Institute has carried out important projects for the Protection of the Moín Aquifer, including the construction of the Moín Drinking Water Treatment Plant, the development of the LiDAR Project described above, and, in the future, the construction of the Moín sanitary sewer system and its wastewater treatment plant, in which the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow, given that it is currently unknown what will happen with the Precario Villa Plata in the future, precisely because of the years of inaction by its owners. 10) All of the foregoing demonstrates that the allegation made by the petitioner regarding institutional inaction lacks technical and documentary support, as has been shown in this report…" It should further be noted that, through official letter GSP-RHC-L-2022-00494, a recent response was provided to the Villa Plata Development Association (the settlement located on the property that is the subject of this Amparo proceeding): "(…) 1. While it is true that sworn declarations are for unregistered parcels, Villa Plata has a registered parcel (it has a registered owner), which is why this procedure is not applicable to the case at hand. It is also clarified that survey plans and sworn declarations do not apply to Villa Plata, because the settlement has a registered owner… 4. The request for services for Villa Plata is not limited to the supply of drinking water, but rather involves a comprehensive regularization that must satisfy all other service requirements, among which the wastewater solution, lot size, and impermeable surface area are of particular importance for the reasons already stated and for those set forth in the aforementioned Board of Directors Resolutions of AyA, which are binding pursuant to the ruling of the Constitutional Chamber. This means that, even if the issue of title to the Villa Plata parcels is resolved, the recommendations of the Board of Directors Resolutions must be taken into account, including wastewater treatment and solution, hydraulic and water capacity, among others…" In a consistent manner, report UEN-GA-2022-00850 from the Deputy Management for Environment, Research and Development sets out the Inter-Institutional Coordination Actions that ombre01 has implemented as follows: (…) As cited in the reports, it is reiterated—particularly with respect to this property—that this Institute, within the scope of its competencies and the authority granted to it by law, filed the corresponding complaints through official letters GSP-RA-2018-02131 and 02132, bearing the received stamp of the Municipality and MINAET (SINAC); likewise, before the Environmental Tribunal, File No. Telf01 remains pending. For an expropriation to proceed, it is necessary to demonstrate the existence of a public interest and for the owner to demonstrate that all attributes of the property right have been extinguished, elements that are not present in this case. Again, based on the grounds set forth in the First Response, it is important to reiterate that what is at issue here are not prohibitions emanating from the Board of Directors Resolutions, but rather general recommendations for the protection of water resources. The owner may carry out activities, which must be adapted to recommendations aimed at safeguarding those resources. THIRD: Regarding the request for Expropriation. The request for expropriation of the property is denied on the grounds that no violation of the right to property exists, and the owner may freely dispose of it.

An expropriation is not justified when it is the owner who has failed to meet the requirements for carrying out the activity he wishes to develop on the property, or because he is unwilling to take the procedural steps necessary for an eviction (desalojo); that power belongs exclusively to the holder of title to the property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that make up ownership (dominio) or absolute title over a thing, including the rights of defense and exclusion and the rights of restitution and compensation, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, so that the burden of proving title, as a fundamental requirement for an eviction proceeding, is in this case exclusively the province of AyA. "(…) in principle, by their very nature and by definition, social-interest restrictions (limitaciones de interés social) imposed on property are not compensable, because they do not entail expropriation—that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear.

Of course, they do impose a legal burden or duty—strictly speaking, a duty of non-interference, or at most of tolerating the State's intrusion into the property for public purposes—a duty that is added to the owner's powers and faculties without distorting or destroying them. These restrictions must be general in character, which implies not only their addressees but also the factual circumstances triggering their application, since when they become singular or concrete they could be equated with genuine expropriations (…)" (Voto Nº 1996-04205 of 14:33 hrs. of 20 August 1996. Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at seventeen hours and thirty-two minutes on the twentieth of July of two thousand and ten.) There is no configuration of a public interest over the petitioner's property, nor is there any impairment of the legitimate interest in the right of property; these are the necessary elements for an expropriation analysis to proceed.

With respect to the property under analysis, the petitioner is capable of carrying out or developing various activities, provided that he obtains the scientific and technical evidence demonstrating their feasibility.

FOURTH: The petitioner seeks to have the State, through the Ministry of the Environment and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conduct a study of a private property for the purpose of carrying out an eviction of squatters (invasores). It must be borne in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is prohibited by its Constituent Law from making donations, the category under which the conduct of studies would fall if done without justification or basis in an agreement or other legal instrument guaranteeing the existence of a public interest consistent with the institution's statutory competences and located on private property. This position is also grounded in the fact that ombre01's revenues are backed solely by the rates paid by users for the services the Institute provides. In that regard, the law requires that the amounts authorized in the respective tariff schedules be invested in the provision of services to its customers under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery.

The allocation by AyA of tariff-derived funds to other institutions—which are likewise required to cover their costs through their own rates, loans, or other financing forms acceptable within the public sector—gives rise not only to violations of various regulations such as those mentioned, but also of the entire legal framework applicable pursuant to the principle of legality (principio de legalidad) that governs the conduct of the Public Administration. In that regard, the obligations and prohibitions contained in the Law on Financial Administration of the Republic and Public Budgets, the General Law on Internal Control, and the Law Creating the Public Utilities Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), among others, would also apply. Likewise, it would place the Institute in the position of having to forgo some of the obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it.

  • b)Request for studies by ombre01 from an outside party A clear response was provided to the petitioner at the time, as is shown in the evidence, to the effect that there is a legal possibility of complying with a request to conduct a study; however, such action cannot be provided free of charge, as explained to him below:

With respect to the Regulation "Prestación de Servicios a los Clientes" (Service Delivery to Clients Regulation), Article 10 states: "The services provided by ombre01 to its clients may not, by Law, be provided free of charge, even if the requesting entities are national, regional, or municipal public bodies." Furthermore, among the principles of the Law of the Public Services Regulatory Authority N° 7593 are the service-at-cost principle and the authorization principle, which are defined in Articles 3 and 94 as follows:

"Article 3.- Definitions. For purposes of this law, the following concepts are defined: (…) b) Service at cost: a principle that determines the method for setting the rates and prices of public services, so that only the costs necessary for providing the service are included, allowing a competitive return and guaranteeing the adequate development of the activity, in accordance with what Article 31 establishes…" Article 94.- "Authorization: Public institutions and enterprises that provide services are hereby authorized to sell directly to other public and private companies or institutions, whether national or foreign, advisory, consulting, training, or any other services related to their competences." It follows that "requests for specialized technical studies, such as the demarcation of the protection zone (zona de protección) using current methodologies, in accordance with Article 10 of the Reglamento a la Prestación de Servicios al Cliente, Article 94 of the Law of the Public Services Regulatory Authority, and current regulations, lead to the conclusion that the requested service must be charged for, when such information must be generated as 'new' by AyA." Furthermore, the petitioner was also clearly informed that if he decided to have ombre01 conduct the study, in addition to depositing the corresponding amounts, such activity would have to be scheduled in accordance with the priority order of pending matters, and he would furthermore be required as the owner to coordinate with the public security forces to ensure the physical safety of officials when accessing the property.

All of these instructions are now what the petitioner seeks to transfer to ombre01 and MINAE, asking the Constitutional Chamber (Sala) to order the conduct of a Study so that they may carry out the eviction (which, as a matter of the principle of legality, cannot be ordered), and, alternatively, to compel the carrying out of an expropriation—when it has been demonstrated that properties in zone 6 can engage in activities and their right of property has not been emptied of content.

FIFTH: As the petitioner states, the request submitted by e-mail was: "…My question is how ombre01 can help us initiate an eviction process against all persons who are contaminating the aquifer (acuífero), since in the ruling of the Constitutional Chamber dated August 1, 2008 at 10:11 a.m., Case File: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber, which concerns an amparo petition filed directly regarding the Moín aquifer case, the obligation of ombre01 to exercise its administrative powers to protect the aquifer was established…" This Institute was diligent in responding to the query and explained at length the reasons why, both legally and technically: "…prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot, which requires that the interested party, if he wishes this survey to be carried out, coordinate with the Public Security Forces and other competent institutions to provide the necessary accompaniment for the mapping of the structures…" (Office memorandum UEN-GA-2021-02951) and the legal conclusion of the legal impossibility of ombre01 assuming an eviction from a private property that has been invaded by squatters (precaristas) (GSP-RHC-2022-00090, PRE-J-2022-00477), with the legal opinion PRE-J-2022-00477, submitted as evidence in the filing brief, concluding clearly: (…)

SIXTH: The Sub-Management of Environment, Research and Development, in relation to the matter, submits report UEN-GA-2022-00850, detailing the actions taken in the following manner and setting out its conclusions:

"(…) III. Case management for the amparo petition. In response to the case concerning the amparo petition with Case File No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [ombre72 001], the following actions taken by the Moín Commission are noted:

1. By e-mail of October 13, 2021, sent by Lic. Nombre14( (Anexo 28), a query was submitted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which it is stated: 'My question is how ombre01 can help us initiate an eviction process against all persons who are contaminating the aquifer, since in the ruling of the Constitutional Chamber dated August 1, 2008 at 10:11 a.m., Case File: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber, which concerns an amparo petition filed directly regarding the Moín aquifer case, the obligation of ombre01 to exercise its administrative powers to protect the aquifers was established.' 2. By e-mail dated October 14, 2021 (Anexo 29), the Legal Directorate requested from Lic. Nombre14( the information regarding the shapefile (.shp) with the delimitation of the property under inquiry.

3. By e-mail dated November 3, 2021 (Anexo 30), the Legal Directorate – Environmental Legal Unit attached the file named "prop valdi shp," provided by Lic. Nombre14(.

4. By office memorandum UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), dated November 15, 2021, issued by the UEN Environmental Management Unit (UEN Gestión Ambiental), a response was provided to the Legal Directorate regarding the query from Lic. Nombre14(, in which it is stated (Figure 2): 'Therefore, on behalf of the UEN Environmental Management Unit, the following is indicated: a. The lots owned by [ombre72 003] provided by Lic. Nombre14( are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by Agreement 2011-0112 of the Board of Directors of ombre01 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011). b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult with the Huetar Caribe Regional Directorate, so that the Directorate may indicate whether the property contains operational infrastructure dedicated to the provision of water supply to the population (…) c. Regarding cooperation in the eviction process of all persons contaminating the aquifer, it is important that recommendations be established from the Legal standpoint, so that the UEN Environmental Management Unit may provide support as appropriate.' 5.

By office memorandum GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Anexo 32), issued by the Huetar Caribe Regional Directorate, the following is indicated: 'Regarding the query received, I must state the following: 1.

The described property is indeed located within what is known as zone 6; in this zone there exists a 300 mm ductile iron (HF) pipeline carrying water from the Moín water treatment plant (planta potabilizadora) to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipeline is located on that specific property. 2. Regarding requests for eviction (desalojo), I must note that it is not within the purview of this Directorate to manage the eviction of properties belonging to a third party; this is something we have done for properties belonging to AyA. We have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate that we cannot take action to bring about evictions on a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner." 6. By means of official communication UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), dated January 28, issued by the UEN Gestión Ambiental to the Legal Directorate, the following is stated: "Due to the foregoing, the following criteria issued in this regard are attached: • Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Dirección Regional Huetar Caribe of the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Therefore, the UEN Gestión Ambiental hereby forwards the official communications corresponding to the matter under consultation, as it is necessary that legal recommendations be defined regarding the involvement and support of institutional areas, as appropriate." 7. By means of official communication PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), dated February 07, 2022, issued by the Legal Directorate, the following is stated: "In accordance with the provisions of the technical criteria GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the interested party must be notified, reiterating that: A) ombre01, by the principle of legality, cannot initiate eviction proceedings (proceso de desalojo) on private properties, as that authority belongs exclusively to the titleholder of the property, pursuant to Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that make up ownership or absolute property over a thing, including the rights of defense and exclusion, and the rights of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively.

Thus, the burden of proving title—as a fundamental requirement for the eviction process—is in this case exclusive to the property owner, thereby precluding AyA from acting. B) Although Article 2, subparagraph c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of bodies of water, and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has referred to the protection of water resources in various rulings, the Institute cannot violate the legal order and transgress fundamental rights such as the right to property and, in ombre72 of said duty, arrogate competencies that go beyond its scope of action. C) In the event that a technical study is conducted on the property in question, it is the owner's responsibility to generate the conditions and coordinate to ensure the safety of the corresponding officials when accessing the property, and such work shall be scheduled in accordance with institutional priorities." 8.

By means of official communication PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), dated February 07, 2022, issued by the Legal Directorate, the institutional criteria are forwarded to Lic. Nombre14(, with the following indication: "Please find attached the documents that serve as a referral to respond to the consultation made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the UEN's technical criteria, as well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477, corresponding to the environmental legal area's criteria." 9. By means of a note dated February 21, 2022 (Anexo 36), issued by Lic. Nombre14(, a request is made to the Comisión Moín for the technical aspects to be considered in the hydrogeological study to be conducted on the property.

10. By means of official communication UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), dated March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental, in response to the note from Lic. Nombre14(, states the following: "Therefore, the UEN Gestión Ambiental indicates that the property belonging to [ombre72 003] is located in Zone 6, which has a High intrinsic vulnerability (vulnerabilidad intrínseca Alta) as defined by AyA; therefore, the technical study to be conducted must take this already-defined parameter into account and must include a survey of sinkholes (dolinas) (depressions in the terrain), which may vary in size, shape, and distribution. Once these elements are established (high vulnerability and location of sinkholes), an environmental management plan (plan de manejo ambiental) consistent with the intended activity must be submitted, guaranteeing no impact on the water resource. Once the study is completed and the final results are submitted by the interested party, they must be delivered to the Comisión Moín, coordinated by the Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. ombre01 reserves the right to verify the information provided, for which the interested party must arrange for the protection of officials through the National Police Force (Fuerza Pública) and other competent institutions to carry out the site visit." Therefore, the UEN Gestión Ambiental states:

a. Board of Directors Resolutions (Acuerdos de Junta Directiva) of ombre01 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín aquifer (acuífero Moín), so that the activities carried out are environmentally sustainable and do not affect the water resource captured at the Moín sources for population supply.

b. The lots mentioned in the appeal, belonging to [ombre72 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone (Zona de Protección del Acuífero Moín), which was defined by Board of Directors Resolution 2011-0112 of ombre01 (Ordinary Session No. 2011-017 of April 7, 2011, published in Gaceta No. 83, of May 2, 2011), and which carry recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for population supply.

c. ombre01, with the aim of following up on the Board of Directors resolutions, established internally the Comisión Moín, which is composed of the UEN Gestión Ambiental, the Legal Directorate, the Dirección Regional Huetar Caribe, the UEN Programación y Control, and the Dirección de Urbanizaciones; these areas, within their respective areas of competence, conduct the corresponding analyses for matters under consultation related to the Moín Aquifer Resolutions, an activity that has been maintained since 2007.

d. AyA, with the aim of coordinating inter-institutional actions for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, has disseminated, publicized, and provided training to various institutions regarding Board of Directors Resolutions 2007-117 and 2011-112, as demonstrated in Section II of this official communication. Furthermore, the Inter-institutional Commission has been established, composed of AyA, the Ministry of Health, the Municipality of ombre73, and the Dirección de Agua, to follow up on the inspections agreed upon in a comprehensive manner at the request of any of these bodies.

e. Based on the foregoing in Section IV of this official communication, it is demonstrated that the consultations made by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies. In this particular case, given that the property has been subject to a land invasion by 150 people who guard the various access points to the property with weapons, as communicated by Lic. Nombre14( (the owner's legal representative), the support provided by AyA would be conditional upon the owner generating the conditions and coordinating to ensure the safety of AyA's public officials for the corresponding accompaniment and inspection.

f. AyA, in accordance with Board of Directors Resolutions 2007-117 and 2011-112, and based on the information and studies provided (Art. 109, Ley de Biodiversidad), has supported various projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in protecting the water resource has taken precedence…" SEVENTH: As part of the actions taken by this Institute before the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL (TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO), ORDINARY PROCEDURE BODY, Case No. 064-19-01-TAA, RESPONDENT: VILLA PLATA DE MOÍN, Place of the Facts: Province of Limón, Villa Plata de Moín sector, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. Alleged infraction: Alleged earthworks (movimiento de tierra). A complaint was filed for unauthorized earthworks on the property registry folio (folio real) subject to this Amparo appeal (recurso de Amparo), as recorded in Complaint Receipt (Comprobante de Denuncia) INAD_064-19-01TAA.

This was clarified to the Administrative Environmental Tribunal on March 25, 2022, within the deadline set by the Tribunal, via the indicated channel, to the email address: ...01 o, Lic. Nombre15: "…FIRST: By means of report GSP-RHC-2022-00476, it is noted that this Institute originally, through the Dirección Región Huetar Caribe, filed a complaint before the administrative authorities by means of official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132, stamped as received by the Municipality and MINAET (SINAC), a matter that was transferred to the Administrative Environmental Tribunal, without SINAC having conducted the corresponding assessment. Said communications evidenced that the earthworks were in Villa Plata, at the site located at coordinates Dirección03, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. The aforementioned coordinates are located on the property of [ombre72 003], with corporate tax ID (cédula jurídica) [Valor ED09]]], properties 7-27136, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED10 and from property PROPERTY: 27138 SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED11,,, both from PROVINCE: LIMON.

Report GSP-RHC-2022-00483 states, regarding the verification of the location of the originally cited coordinates, that: "…– The site for which the complaint was filed, both to the Municipality of ombre73 and to MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on the property Dirección11, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A. However, it is clarified that this property has been subject to precarious occupation (ocupación precaria) for many years and that the reported works were most likely carried out by some of the occupants. – The property is located within what is known as zone 6 of the recharge area (área de recarga) of the ombre73 aquifer, for which there are Board of Directors Resolutions of ombre01 (2007-177 and 2011-112) recommending regulations on land use. – Due to its precarious condition, there are no formal drinking water services on the property. – As for the earthworks, given the time elapsed, they no longer persist.

This type of intervention is normally short-lived, which is why ombre01 turns to local institutions, which have sufficient authority to stop them…" SECOND: By means of official communication PRE-J-2021-04524, communicated by email, it was forwarded and brought to the attention on October 13, 2021, of Lic.

Nombre16, representative of the current owners of property Dirección12, where the earthworks (movimientos de tierra) were carried out, described the situation regarding access to said property, which has been invaded: "The purpose of this email is to request that I be informed of the outcome of the administrative action taken at that administrative office of ombre01 for the eviction of persons who are contaminating the Moín aquifer and who are simultaneously occupying property [ombre72 002], with legal identification number [Valor ED09]]], parcels 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: PASTURELAND AND PARTLY FOREST, LOCATED IN DISTRICT 1-LIMON, CANTON 1-LIMON, PROVINCE OF LIMON, PARCEL IS LOCATED IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: RAVINE AND Nombre01, SOUTH: Dirección02, EAST: RAVINE AND Nombre06, WEST: WITH COSAS DE MADERA S A, AREA: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED10 and of the parcel PROVINCE: LIMON PARCEL: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHER STRUCTURES, LOCATED IN Dirección04, PROVINCE OF LIMON, PARCEL IS LOCATED IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: irección10,, SOUTH: Dirección06, EAST: irección11,, WEST: Dirección15, AREA: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED10.

Both parcels are located in a place called Villa Plata, which is an informal settlement (precario) where large numbers of houses and persons are unlawfully occupying the property. Said parcels are located one hundred percent within zone 6 as described in official communication No. 2007-177, SUBJECT: Formalization of the hydrogeological study and vulnerability assessment of the Moín, Limón aquifer, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031, and within that zone there are large numbers of residential dwellings and settlers who are illegitimately occupying the property while simultaneously causing environmental damage and contamination of the aquifer. My question is: in what way can ombre01 assist us in initiating an eviction process against all persons who are contaminating the aquifer…" Based on the foregoing, it is noted that, although at the time the complaint was filed (2018) the earthworks were the responsibility of the registered owner, those works did not continue after the reported events.

Consequently, it is not possible today to establish, with certainty, what the consequences of those works were or to measure the damage caused at the time they were carried out. This Institute, due to the current situation of invasion of the property — which is now a consolidated informal settlement on property belonging to [ombre72 003], with legal identification number [Valor ED09]]], parcels 7-27136, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED10 and of the parcel PARCEL: 27138 SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: ED11, both in the PROVINCE: LIMON — is not in a position, as of today, to facilitate the identification of the person who caused the environmental damage, for the purposes that correspond to that Environmental Tribunal in its search for the true facts of the case, as well as for the purposes that correspond to the right of defense of the alleged persons responsible for the damage to the environment and to human health through act or omission…" SUBSTANTIVE MATTERS The MUNICIPALIDAD DE LIMON has the obligation to supervise its operations and to oversee the conduct of its community members with respect to determining which locations are suitable for urban development, the manner in which they construct, and the way they discharge wastewater from their dwellings, thereby ensuring, defending, and preserving the right of all persons to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (…) In every construction process, the Municipal Government bears a supervisory responsibility, as it is the state entity that ultimately grants building permits, exercising the ius aedificandi (right to build and develop): (…) Based on the cited provisions, it is concluded that the MUNICIPALIDAD DE LIMON is directly responsible for determining the measures required to establish whether residential development is possible on the property at issue in this proceeding, for preventing invasion, informal settlements, and construction that fails to meet regulatory requirements — without prejudice to its coordinating with the entities that may act to ensure that the drainage system is adequate (see also what was resolved in File: 06-015593-0007-CO, Decision No. 2008-004751, cited in the petition for Necessary Passive Joinder (Litis Consorcio Pasiva Necesaria)).

The MUNICIPALIDAD DE LIMON has the obligation to enforce the applicable laws and to guarantee that the residents of the area enjoy a healthy and ecologically balanced environment, including addressing the health consequences for those persons arising from the nature of the sanitation problem affecting them. The Municipality, having full knowledge of the problem affecting the inhabitants of its canton, has limited itself to acknowledging its existence and evading its responsibility, without taking timely action to mitigate or control it. Unlike AyA, the Municipality does have authority to demolish structures that have not obtained the corresponding permits, to notify the registered owner, and, jointly with that owner, to carry out the eviction actions that the petitioner seeks to have performed by MINAE and AyA — entities that, by the principle of legality, cannot enter private property to conduct evictions.

  • A)On the responsibility of the property owner to ensure proper wastewater disposal.

Every property owner is under an obligation to connect the system for the disposal of sewage and wastewater from their property to the sanitary sewer system in locations where such a system is in operation. Every owner has an obligation to ensure the hygiene and safety of their personal or family dwelling, being required to carry out special cleaning and disinfection practices in full compliance with the instructions and orders issued for such purposes by the health authority. All owners and administrators of dwellings and rental premises are obligated to provide their properties with the conditions, facilities, and services required by the applicable sanitary regulations, in order to offer tenants and occupants adequate conditions of sanitation and safety. As a direct sanction, any property owner who unlawfully connects to the system or constructs a septic tank infrastructure in violation of applicable legal and technical provisions, without approval from the relevant office, shall be subject to the penalties established by law, without this preventing the Comisión de Cañerías y Cloacas Municipales (now AyA) from ordering, at the offender's expense, the removal or correction of what was installed.

Every citizen holds an environmental "RIGHT-DUTY" to bear the costs of the PRIVATE works and services they request to develop in order to be guaranteed that healthy environment. This implies that, since we are all responsible for the country's development, it cannot be expected that the public administration — which represents the entire population — or ombre01 should assume the costs of maintenance, modification, proper disposal, and the construction of infrastructure that, pursuant to the principles of reasonableness, those persons are obligated to finance themselves.

  • B)On the impossibility of ombre01 investing in and assuming administration of — and responsibility for — private wastewater disposal systems located on private property.

It is necessary to bear in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is prohibited by its Constitutive Law from making donations (the legal category under which maintenance and proper operation of the system in question, located on private property, would be classified). The foregoing is further grounded in the fact that ombre01's revenues are supported solely by the tariffs paid by users for the services provided by the Institute. In this regard, the law requires that the amounts authorized in the respective tariff schedules be invested in the provision of services to its customers under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal performance. The use by AyA of tariff-derived funds for the benefit of other institutions — which are themselves equally obligated to cover their obligations through their own tariffs, loans, or other financing mechanisms acceptable within the public sector — generates not only a violation of the various provisions cited, but of the entire legal framework applicable pursuant to the principle of legality governing the conduct of the Public Administration (in this regard, the obligations and prohibitions contained in the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, the Ley General de Control Interno, and the Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, among others, would also apply).

Likewise, it would place the Institute in the dilemma of having to abandon certain obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it. Finally, it should be noted that, in accordance with the Reglamento de Prestación de Servicios, Agreement No. 2019-461, Articles 16 and 17, the responsibility of ombre01 extends to the boundary of the property as regards service provision, and in this case that responsibility has not materialized since this is an informal settlement — this Institute does not provide supply and collection services at the property at issue in this proceeding, registered in the Public Property Registry under folio real 7-27136, whose nature is pastureland and partly forest, located in district 1-Limón, Canton 1-Limón, province of Limón, a parcel located in a cadastral zone with boundaries: north, ravine and José Nombre17, Dirección16 and Nombre02, Estefano; west: with Cosas de Madera SA; survey plan: L-0509859-1983; and of the parcel under folio real: 27138, nature: land with 4 houses, located in district 1-Limón, canton 1-Limón, province of Limón, a parcel located in a cadastral zone with boundaries: north, public road; south, railway line and other; east, public road and other; west, railway right-of-way; survey plan: l-0509860-1983 (…)

PETITION Based on the factual and legal grounds set out above, I hereby submit the requested report. I expressly state that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in fulfilling its mandate, has not disobeyed, violated, or infringed upon any provisions, guarantees, or constitutional principles, but has instead conducted itself responsibly in safeguarding and protecting the rights to a healthy environment, to health, and to life, acting in accordance with the legal order; therefore, the proceeding must be dismissed in all counts against AyA. By the principle of legality, ombre01 cannot carry out evictions on private property and cannot conduct technical studies free of charge. For more than 19 years, this Institute has continued, within the framework of its competencies and the authority granted to it by the principle of legality, to file complaints and has communicated the relevant information to the Municipalidad de Limón, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Ministerio de Salud. It is not appropriate for this Institute to expropriate the property of interest to the owner, since the attributes of the right of property have not been depleted — indeed, those attributes are in full exercise by the title holder — without prejudice to complying with the socio-environmental recommendations applicable to the property.

The carrying out of the requested eviction (desalojo) is a power that belongs exclusively to the title holder of the property, in accordance with article 264 of the Civil Code (Código Civil), which enumerates the rights that make up ownership (dominio) or absolute property over a thing; among these are the rights of defense and exclusion, and the rights of restitution and indemnification, which are further developed in articles 295 to 315 and 316 to 334 respectively. Consequently, the power to prove title (potestad probatoria de la titularidad), as a fundamental requirement for the eviction process, is in this case a power that operates to the exclusion of AyA. It is not appropriate to transfer the inaction and tolerance of the property owner to the State, given that in the present case both the owner and the Local Government have had knowledge of the situation since 2018, for the purpose of having the State exercise the appropriate defense in order to prevent the unlawful occupation (invasión)."

  1. 5By written submission incorporated into the digital case file on June 1, 2022, Nombre18 states: "As the attorney of record for the petitioning party as shown in the proceedings, I request that Your Honor include me in the present proceedings as a party."
  2. 6By written submission incorporated into the digital case file on June 1, 2022, Nombre16 Nombre75 sets forth: "acting in my capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial) of the petitioner, I respectfully state the following: From the reply to the writ of amparo (recurso de amparo) filed by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the omission of duties by that Institute is evident, based on the following: ONE: Article 31 of the Ley de Aguas is clear in providing: The following are declared as reserved domain (reserva de dominio) in favor of the Nation: a) Lands surrounding sites for the collection or intake of drinking water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of parcels where the infiltration of drinking water occurs, as well as those on which watersheds (cuencas hidrográficas) are situated, and the margins of deposits, supplying springs (fuentes surtidoras), or permanent watercourses of those same waters.Therefore, by designating as Zone SIX the area of land where the properties owned by my clients are located, it is declaring as public domain the entirety of the property and the entirety of the private parcels contained within the boundaries of that Zone SIX. In addition to this, the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) issued in case file Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours eleven minutes on the first of August of two thousand and eight. Writ of amparo processed under case file number 07-009140-0007-CO, filed by Nombre19, of legal age, bearing identity card number CED12, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, upheld a writ of amparo, ordering: Nombre20, or whoever serves in his place as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is ordered to initiate, as soon as possible, expropriation proceedings with respect to the properties registered in the Public Registry under folio real, registration numbers, so that the protected company may be compensated for whatever it is owed on that account.Nombre20, or whoever occupies that position, is hereby warned that failure to comply with said order will constitute the criminal offense of disobedience, and that, pursuant to article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or enforce, issued in a writ of amparo proceeding, and who does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the offense is not more severely penalized under another provision. The INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Nombre20, or whoever holds the position of General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, shall be notified personally.In that case the Chamber found it proven that the protected company owns two properties located in the Province of Limón, Central Canton, Central District, registered in the Public Property Registry under registration numbers and , which are situated within the so-called Zone 6, which, according to the technical Hydrogeological Study and Aquifer Vulnerability of the Moín, Nombre73 aquifer prepared by hydrogeologist Nombre21., of the Basic Studies Unit of the Environmental Management Directorate of the respondent Institute, is characterized as a zone of high vulnerability to contamination, designating it as a zone of absolute protection. It is likewise found proven that, by means of Board of Directors resolution of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados number AN-2007-177, subparagraph a) of article 6 of ordinary session N°2007-020 held on April 10, 2007, it was decided to officially adopt the hydrogeological and vulnerability study of the Moín-Nombre73 aquifer and the update of the protection zone, with those zones thereafter forming part of the reserved zones, on account of the public interest in protecting the aquifer bodies (mantos acuíferos) located in the province.And it stated: "…Although the respondent authority argues that the Board of Directors resolution does not infringe upon the petitioner's property rights, since it establishes a series of recommendations and not limitations that must be observed, it is equally true that, consistent with the legally assigned powers of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, these are binding recommendations, given the overriding public interest being protected, such that—in the opinion of this Chamber—they become limitations that strip away the content of the attributes the protected party derives from her property and must therefore be compensated by the respondent entity, as authorized by subparagraph c) of article 5° of the Constitutive Law of ICAA number 2726 of April 14, 1961, and its amendments. The foregoing, bearing in mind, moreover, as the Chamber stated in the cited ruling, that given the characteristics of contamination of aquifer bodies designated for public water supply and the difficulty of their regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective in nature, especially in a zone such as the one where the protected company's property is located, which has been technically classified as one of high vulnerability to contamination and, accordingly, as a zone of absolute protection…".Therefore, there is an absolute limitation on property rights (limitación absoluta del derecho de propiedad) imposed on my client's property by virtue of its being situated within that Zone SIX. TWO: The INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is shown to have knowledge of the existence of an informal settlement (asentamiento precario) on the property owned by my client that is located in ZONE SIX, which is of high aquifer recharge (recarga acuífera) sensitivity, and which was directly affected by resolution 2007-177, published in the Official Gazette (Gaceta) No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, since that Institute indicates that it has denied the granting of water service connections (pajas de agua) in that area and has responded to complaints; however, it has done nothing about the ongoing construction of houses, the disposal of wastewater (aguas negras) and greywater (aguas jabonosas), the application of agricultural chemicals, the clearing of vegetation (chapeas), tree felling, etc., thereby failing to comply with the environmental principle of in dubio pro-natura, since the mere existence of those houses and the presence of people working the land in Zone SIX generates an environmental impact.Therefore, upon detecting the presence of an informal settlement in ZONE SIX, that Institute was obligated to file the corresponding administrative eviction requests pursuant to article 32 of the Ley de Aguas, which provides: "Article 32.- When in an area larger than that previously indicated there exists a risk of contamination, whether in surface waters or groundwater, the Executive Branch, through the Drinking Water Section referred to in the following article, shall impose in that area such measures as it deems appropriate to prevent the risk of contamination." In so doing, that Institute violates article 50 of the Constitution. Note in this regard, as the Chamber clearly set out in the cited ruling, that the characteristics of the contamination of aquifer bodies designated for public water supply make regeneration very difficult, and it is therefore very important to take preventive and protective measures to prevent contamination, especially in a zone such as the one where the property is located, which has been technically classified as one of high vulnerability to contamination and, accordingly, as a zone of absolute protection.I REQUEST THAT THE WRIT OF AMPARO BE DEEMED EXPANDED As indicated by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, I request that the amparo be expanded against the Municipalidad de Nombre73 for having tolerated the construction of dwellings on an area of absolute protection such as Zone Six, SPECIFICALLY WITHIN THE PROPERTIES OWNED BY MY CLIENT, and that it be ordered to demolish the existing structures on that property and to expel the persons occupying it. Likewise, I request that it be declared in the amparo that, pursuant to article 50 of the Constitution, in relation to article 32 of the Ley de Aguas, the respondent Institute was fully empowered to seek administrative evictions on private property when contamination of aquifer bodies and aquifer recharge zones is occurring."
  3. 7By resolution of the presiding magistrate (magistrado instructor) at 8:28 a.m. on June 6, 2022, the parties named in the writ were expanded and the executive director of SINAC and the mayor of Limón were required to file a report on the facts alleged by the petitioning party.
  4. 8By written submission incorporated into the digital case file on June 13, 2022, Nombre22, in his capacity as executive director of SINAC, reports under oath. He states that: "notice is hereby given of official communication SINAC-ACLAC-DR-214-2022 of May 9, 2022, issued by Nombre23, Acting Regional Director of the Área de Conservación La Amistad Caribe, which indicates that, insofar as it is relevant to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, specifically to ACOSA, no complaint has been received regarding the allegations made by the petitioning party, nor has any action been notified to or coordinated with Nombre01 in this matter in connection with the reported facts, nor regarding the issue of contamination in the Moín aquifer." He requests that the writ be denied.
  5. 9By written submission incorporated into the digital case file on June 13, 2022, Nombre24, in his capacity as mayor of Limón, reports under oath. He states that: "(…) That my represented institution has no knowledge of any forest felling taking place, and as for the informal settlements, they have existed since time immemorial. THIRD: That said informal settlements are located on property belonging to [Nombre72 003], property 7-27136, cadastral plan L-0509859-1983. FOURTH: As may be noted, our institution finds itself unable to take any action whatsoever." He requests that the writ be denied.
  6. 10By means of a resolution issued by the presiding magistrate at 9:36 a.m. on June 16, 2022, it was stated: "the following persons are ordered, as evidence for better adjudication, namely Nombre08, Nombre07, Nombre22, and Nombre24, in their respective capacities as general manager of ICAA, Minister of Environment and Energy, executive director of SINAC, and mayor of Limón, or whoever currently holds those positions, to coordinate what is necessary and carry out the actions falling within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of FIVE DAYS counted from notification of this resolution, they conduct an inspection of zone 6 of the protection and aquifer recharge zone (zona de protección y de recarga acuífera) of Moín zone 6, including the properties belonging to the protected party, for the purpose of reviewing matters related to the facts alleged by the petitioning party, namely (…) In addition to the foregoing, each authority, within the scope of its competencies, must submit to the Court, within the TWO DAYS following the aforementioned proceeding, a report describing the findings of the inspection, as well as any aspects deemed pertinent in relation to the facts alleged in the present case by the petitioning party. Likewise, such report must indicate:1) whether or not the Moín aquifer (acuífero de Moín) is being affected;2) whether or not adequate disposal of wastewater (aguas residuales) is occurring in zone 6 of the said aquifer;3) whether or not the provisions of resolutions nos. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are being complied with in that zone;4) whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have taken place in zone 6 of the Moín aquifer, and whether or not structures lacking the required permits have been built; and5) whether or not tree felling has occurred at the site in question."
  7. 11By a written submission incorporated into the digital case file on June 16, 2022, Nombre18, "acting in my capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for the petitioner," states: "In view of the inspection requested by Your Honor to verify the existence of contamination, I request that the following case file be admitted as evidence and background documentation of the contamination problems occurring in the aquifer: file no. 12-013986-0007-CO, Resolution No. 2012016679, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. Amparo remedy filed by [Nombre25], identity card number […], Nombre76, against THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE MUNICIPALITY OF LIMÓN, in which the following was stated: 1.- By a written submission received at the Chamber's Secretariat at 19:35 on October 25, 2012, the petitioner filed an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Health, and the Municipality of Nombre73, stating that in the Dirección17 sector, as well as in the surrounding neighborhoods of Cielo and Villa Plata in Nombre73, there is no public sewerage system, meaning there is no system for the evacuation of black water (aguas negras), greywater (aguas servidas), or stormwater (aguas pluviales), a situation that generates a series of problems for those communities.Notwithstanding this, on July 4, 2012 in the afternoon, an official from the Ministry of Health came to his home, apparently because a complaint had been filed against him regarding a greywater problem, and by means of a health order (orden sanitaria) he was given notice to submit the appropriate appeals within five days. In light of the foregoing, on July 10 of that year he filed an appeal for reconsideration with a subsidiary appeal against Health Order No. HA-ARS-L-06397-2012; however, this appeal was denied by means of resolution DM-J-4092-12 at 10:50 a.m. He states that the Ministry of Health intends for the problem of the waters. In the response to the remedy it was stated: 2.- Nombre26, in her capacity as Director of the Limón Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Limón), reports under oath that, in response to confidential complaint no. 121-12, in which problems of foul odors and flies were reported, officials of the Health Governing Area in question conducted an inspection at the site where the petitioner's home is located.She indicates that during this visit, a fluorescein test (prueba de fluoresceína) was applied to nearby residences, confirming that several of them were discharging black water into the stormwater drainage system, and as a result a series of health orders were issued to various individuals… She adds that said orders required the necessary actions to be taken to eliminate the improper discharge of greywater into the stormwater drainage system, with the aim of protecting public health… For its part, Nombre01 responded to the remedy through its Huetar Atlántico Regional Director, stating that in the Dirección18, Cielo Amarillo, Moín, and Villa Plata sectors there is no sanitary sewerage system; however, the petitioner is incorrect in alleging that this fact generates a series of problems for the communities. It explains that there is no sanitary sewerage system in those areas because, given the characteristics of land tenure (tenencia de la tierra) in those sectors—where properties have sufficient green space—as well as due to the low population density, the dispersed nature of the population centers, and the varying topographical conditions, the treatment and disposal of wastewater can be adequately carried out by means of septic tanks (tanque séptico) and drainage systems, and therefore denies that the construction of a sanitary sewerage system is mandatory.It alleges that the problem faced by the petitioner stems from his poor practice of not paying to have the septic tank at his home pumped, while now insisting that it is Nombre01 who must resolve the situation. It reiterates that the protected party's request for the construction of a sanitary sewerage system is not feasible and is technically unnecessary, as septic tank systems are the recommended approach for those areas. For the foregoing reasons, it requests that the remedy be denied. The response given by Nombre01 in that amparo proceeding is concerning, since that file dates from 2012, and the locations described in that amparo form part of ZONE SIX of absolute protection, established by the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which declared the protection and aquifer recharge zone of MOÍN (ZONE 6) by means of resolution 2007-177, published in the Official Gazette (Gaceta) No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, in which the OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY ASSESSMENT OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031 was granted.By this resolution, RESOLUTION 80-121 IS REVOKED WITH RESPECT TO ITS RESTRICTION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, expanding the boundary delineation carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántico Regional Directorate, the Directorate of Environmental Management, and report DGAmb-2007-031; and in that zone the following activities are prohibited, among others: drilling or excavating wells, infiltration galleries, or any other water-catchment works; the development of housing developments (urbanizaciones) and land subdivisions (lotificaciones); the installation of dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind; and any activities that, in the judgment of Nombre01, affect the quality and quantity of water used for the supply of populations. In this case, within Dirección09, Nombre01 indicates that the discharge of black water into the soil within an aquifer recharge zone is permissible."
  8. 12By a written submission incorporated into the digital case file on June 21, 2022, Nombre22, in his capacity as executive director of SINAC, reports under oath. He states: "In timely compliance with the deadline ordered by the Constitutional Chamber in its ruling, with regard to the report request, official memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 issued by official Nombre03 is hereby brought to the Court's attention. Nombre27, coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of ACLAC-SINAC-MINAE, states that a field inspection was carried out at the indicated site, which holds cadastral plan (plano catastrado) numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983; this inspection was conducted by officials Nombre27 and Nombre28, in unit 347-63, on June 17, 2022."
  9. 13By a written submission incorporated into the digital case file on June 23, 2022, Nombre07, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath. He states: "That, as noted in the preceding recital, this Ministry, through official memorandum DAJ-261-2022 of June 16, 2022, issued by the Directorate of Legal Counsel under my instructions, requested from Mr. Nombre22, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación —hereinafter SINAC— the field inspection and findings report required by this Constitutional Chamber by means of the resolution of nine thirty-six a.m. on June sixteenth, two thousand twenty-two of the present year. THIRD: That, by means of official memorandum SINAC-ACLAC-DR-286-2022 of June 20, signed by Mr. Nombre23, acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), and by means of official memorandum number SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 of June 18, 2022, signed by SINAC engineer Nombre27, coordinator of the prevention, control, and protection program of ACLAC-SINAC-MINAE, the findings report from the field inspection conducted in the zone in question is transmitted, detailing the aspects identified by this Chamber.Both SINAC documents are attached to this memorandum in accordance with the judicial proceedings attended to pursuant to the order issued by the resolution of nine thirty-six a.m. on June sixteenth, two thousand twenty-two of the present year 2022."
  10. 14By a written submission incorporated into the digital case file on June 24, 2022, Nombre24, in his capacity as mayor of Nombre73, reports under oath. He states: "That, my represented institution has no knowledge of any forest clearing taking place, and as for the informal settlements (precarios), they have existed since time immemorial. THIRD: That, said informal settlements are located on property belonging to [Nombre72 003], Dirección19, cadastral plan L-0509859-1983. FOURTH: As can be noted, my represented institution is unable to take any action whatsoever." He requests that the remedy be denied.
  11. 15By written submission incorporated into the digital case file on June 28, 2022, Nombre29, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, provides a report. He states: "As a preamble, it is necessary to be absolutely clear that the settlement known as Villa Plata, located on the property of the petitioner, has existed for approximately 25 years; its consolidation has been due to the tolerance of its owners, who, as titleholders of that private property, have not exercised their right of exclusion and defense, and to the authorizations or lack of oversight by those responsible for urban planning control. Therefore, the resolutions of the AyA Board of Directors have not in any way restricted the right of property. REVIEW OF THE RESPONSE TO THE FACTS. FIRST: Scope of Resolutions No. 80-121, N°2007-177, and N° 2011-112. In the 1980s, a resolution had been adopted for the protection of the Moín water sources, which was repealed by Resolution N°2007-177 of the AyA Board of Directors, published in La Gaceta N° 83 of Wednesday, May 2, 2007, which granted official status to the HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY ASSESSMENT OF THE MOÍN-LIMÓN AQUIFER AND THE UPDATE OF PROTECTION ZONE DGAMB-2007-03.This resolution was subsequently clarified and given precise scope by Resolution N°2011-112, adopted at Session No. 2011-017 dated 5-4-2011, which sets out recommendations of an environmental nature. The first Por Tanto of that resolution lists the permissible development activities. 1) Resolutions N° 2007-177 and N°2011-112 do not violate the guarantee protected under Article 45 of the Political Constitution, as they constitute socio-environmental regulations. This is clearly established in the second paragraph of Article 45 of the Political Constitution, which expressly recognizes the dynamic nature of the right of property, and with it the possibility of imposing, within its legal structure — understood as the totality of the owner's rights and obligations — limitations in the social interest. In that regard, there are properties with distinct characteristics, such as the property at issue, which by its very nature bears environmental limitations.Regardless of whether Nombre01 draws from those water sources or not, this does not eliminate the socio-environmental burdens that must be borne by the property as acquired by the owner. Measures to prevent contamination must be preventive and protective in nature, through the prohibition of certain human activities in designated areas or by mandating safety measures for certain potentially polluting activities; however, such administrative measures do not at any point extinguish the right of property. Land-use regulation (regulación del uso del suelo) and urban planning (ordenamiento urbano) are public functions — both a power and a duty — assigned to public entities with regulatory authority, and they are a matter of statutory reserve belonging to the Legislative Assembly, the Municipalities, INVU, the Executive Branch, and the State. Within the environmental legal framework, legislation regulates land use for parcels with particular characteristics; examples include Article 128 of the Wildlife Conservation Act, Articles 50 and following of the Organic Environment Act, and Articles 275, 276, 285, and 291 of the General Health Act.The AyA Board of Directors resolutions do not alter or modify the substantive content of the owner's right; rather, they define a series of recommendations that are not only consistent with what is already established in various regulatory instruments, but are also designed to protect the aquifer while permitting the coexistence of private activities, precisely in pursuit of sustainable development in the area. It is not accurate that the petitioners may not carry out any activity on the property, nor that the recommendations set forth in the AyA Board of Directors resolutions amount to an automatic expropriation of all property in the Moín locality. It is reiterated that properties located in Zone 6 are suitable for development; therefore, there is no infringement of the right protected under Constitutional Article 45 as invoked by the appellant. Rather, by complying with the parameters set out in the resolutions, the activities they deem appropriate may be carried out.It must be recalled that the burden of proof (carga de la prueba) of non-contamination and project feasibility in accordance with the law falls upon the interested party (Biodiversity Act No. 7788, Article 109 — Burden of proof: The burden of proving the absence of non-permitted contamination, degradation, or impact shall rest with whoever requests approval, a permit, or access to biodiversity, or with whoever is accused of having caused environmental damage.). Therefore, Nombre01 cannot be expected to carry out such studies free of charge for the benefit of a private interest, such as the sale of a property. 2) Possibility of carrying out activities on properties located in Zone 6 Moín (Technical Response Report to official letter PRE-J-2022-01740, annexed to official letter GSP-RHC-2022-00714, visible at images 573, 580 to 602 of the digital Amparo case file). As previously indicated, the Board of Directors resolutions relating to the protection of Zone 6 of Moín do not in any way prevent the carrying out of private activities.Evidence of this includes the following: A) Development of New Projects: Table N° 2 shows the main applications for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. To demonstrate that it is feasible to carry out Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, those Projects that have received approval and the required water availability confirmations for their construction are highlighted in green. As the results show, of 10 proposed Projects, 50% were approved by Nombre01 to initiate the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters. Other projects were denied due to failure to meet various types of requirements. Table N° 2. Shows the main Project applications submitted to Nombre01 from 2013 to the present; projects that have received water availability confirmation from AyA are highlighted in green, and projects without potable water availability are indicated in red.(…) Correspondingly, in the previous written response, sufficient evidence was presented and explained in relation to the activities that may be carried out in Zone 6 Moín. It follows from the foregoing that the Regulatory Recommendations established by Nombre01 in Board of Directors Resolution N° 2011-112 do not extinguish the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects in Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly, in such a manner as to maximize aquifer recharge and minimize the impact of generated wastewater through treatment systems that protect and safeguard the quality of the water resource. In addition to this, during the period of 2020 and 2021, as shown in Table N° 3, there were 80 applications for potable water availability for single-family dwellings, of which 54% — equivalent to 43 water availability applications — were approved by the Nombre73 Municipal Office within Zone 6 of the Moín Aquifer, which reinforces the fact that it is feasible to develop properties within this zone.See Table N° 3, which was submitted with the main response. It shows the 80 water availability applications from 2020 and 2021 submitted for the granting of services and construction of single-family dwellings in Zone 6 of the Moín Aquifer. 43 water availability applications were approved and 37 were denied. (…) B) Existing Installations: Table N° 4 shows the main opinions issued by Nombre01 Huetar Caribe Region regarding existing installations and how to bring them into compliance with the Regulatory Recommendations set forth in AyA Board of Directors Resolution N° 2007-177 or N° 2011-112, taking into account the sector in which they are located and in accordance with the technical criteria of those resolutions. For the sake of conciseness on the matter requested, only evidence related to cases concerning the Villa Plata informal settlement (Precario Villa Plata) will be attached; these are presented as annexes to this document and are marked in yellow.Table N° 4. Shows the main opinions issued by Nombre01 regarding existing installations or activities from 2013 to the present; those related to the Precario Villa Plata are highlighted in color. (…) SECOND: In accordance with the response given in the preceding section, expropriation of the property is not required, given that it is susceptible to development by the owner in compliance with the technical and environmental recommendations. Actions taken by Nombre01 to protect the resource. Within the scope of its competence, the Institute has taken various actions over time, also aimed at protecting Zone 6, including with respect to the Precario Villa Plata located on the property owned by the petitioner. These actions have been directed at ensuring that the Local Government, as the competent authority, regulates urban planning (land use), and likewise, in the case of well drilling, that MINAE attends to matters within its competence.The fact that the Institute has defined an aquifer protection zone is neither contradictory nor incompatible with the right of private property, as it does not extinguish the right's content; the Institute does not have the statutory reserve powers held by Local Governments with respect to establishing land-use limitations. This is without prejudice to the fact that, pursuant to Article 264 of the Civil Code, the property owner holds not only the right of possession, but also the rights of defense and exclusion and all other rights regulated under that provision, and the owner cannot claim that his own inaction and tolerance make the institution responsible for the eviction of informal settlers, a matter that falls exclusively and exclusively upon him. A) Complaints Filed: Table N° 1 shows the complaints filed regarding earthworks (movimientos de tierra), tree felling, or the establishment of activities incompatible with the Regulatory Recommendations set out in AyA Board of Directors Resolution N° 2011-112 within Zone 6 of Moín.For the sake of conciseness on the matter, the cases relating to the Precario Villa Plata are highlighted in color. Table N° 1. Shows the main complaints filed by Nombre01 from 2013 to the present; those related to the Precario Villa Plata are highlighted in color. (…) Detailing the complaints related to the Precario Villa Plata, the following are identified: Complaint N° 7 and N° 8: In September 2018, these complaints were filed by Engineer Nombre09 of Nombre01 Huetar Caribe Region, through official letters GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (which were previously submitted as evidence and are on file), notified both to MINAE authorities and to the Municipality of Limón, regarding allegedly unlawful earthworks in the Precario Villa Plata and within the property recorded under Folio Real N° 27136-000. As of this date, the matter is being processed before the Administrative Environmental Tribunal under Case File N° 064-19-01-TAA.

Complaint N° 9: In March 2019, Engineer Nombre10 of Nombre01 Huetar Caribe Region submitted Official Letter GSP-RA-2019-00456, reporting Forest Felling and earthworks (movimientos de tierra) in the Forest Area of the Moín Aquifer. This report was notified to both the MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding allegedly illegal earthworks and the cutting of forest vegetation. The foregoing demonstrates that Nombre01 has applied the mechanisms that the legal framework allows it to use to report the cutting of vegetation and earthworks on the property recorded under Folio Real N° 27136-000, a situation that has not been addressed by the competent authorities or by the property owner, who has never been reachable at the time such complaints are filed. B) Action taken before the Environmental Tribunal (Evidence appears at images 638–643 of the digital file of the Constitutional Chamber) As part of the actions taken by the Institute before the Administrative Environmental Tribunal, under Case No. 064-19-01-TAA, a complaint proceeding for alleged unauthorized earthworks against VILLA PLATA DE MOÍN is ongoing.

The reported events occurred on the real property whose folio real is the subject of this writ of Amparo. (Complaint Receipt INAD_064-19-01TAA.) This was clarified to the Environmental Tribunal on March 25, 2022, within the time period specified for that purpose, to the email address: ...01 o, Nombre02. Nombre15 C) Direct communication of the current Agreements to the Municipality of Nombre73 regarding matters within its jurisdiction: As evidenced in document PRE-1426-2012, in November 2012 (Image 635 of the Amparo File), the then Executive President of Nombre01, Nombre30, notified the Mayor of the Municipality of Nombre73, Nombre02. Nombre31, of Board of Directors Agreements of Nombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112, for their application within the Limón Regulatory Plan. In this regard, the following was stated: Likewise, by means of Official Letter PRE-1426-2012 in November 2012, the then Executive President of Nombre01, Nombre03.

Nombre11, notified Nombre03. Nombre13 of the Technical Environmental Secretariat (SETENA) regarding the application of Board of Directors Agreements of Nombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112. D) Actions forming part of the Institution's ordinary activities, as recorded in Evidentiary Reports GSP-RHC-2022-00476 and SP-RHC-2022-00483, GSP-RHC-2022-00714 (Digital file images 576–573) As part of its regularly scheduled activities for the protection of Zone 6, the Institute has developed various projects, which were set forth in detail in the primary response to the writ. The following are mentioned among them, with information visible at images 576–573 of the Amparo file: 1) Lidar Project 2) Construction Project for the Moín Sanitary Sewer System and Wastewater Treatment Plant E) Inter-institutional coordination actions (Official Letter UEN-GA-2022-00850, already submitted to the digital file at images 678 to 692).

Nombre01, as the governing institution for population water supply, has conducted research with the objective of generating the technical basis that enables protection of the water resource in the Moín Aquifer, from which part of the population of Limón is supplied. To achieve this objective, actions have been carried out with various competent institutions in order to share the technical information that has been generated and to advise them from a hydrogeological, legal, and operational standpoint, so that the information provided serves as a tool in the technical assessments carried out by those bodies when adopting administrative acts. A summary of the proceedings conducted during 2018, 2019, and 2020 is presented below, as indicated in Official Letter UEN-GA-2022-00850 submitted to the file, visible at digital images 678 to 692.

1. By means of Official Letter UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), the UEN Environmental Management unit submitted a query to the Directorate of the Ministry of Health regarding the operating permit for a project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón.

2. By means of Official Letter DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responded to Official Letter UEN-GA-2018-00322, informing that a reply to the request would be forthcoming through Nombre13. Nombre32, Director of the Limón Health Governing Area.

3. By means of Official Letter UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), the UEN Environmental Management unit requested from the Health Governing Area technical information regarding operating permits for the IRR ALCARIBE project, located in Zone 6, Moín.

4. By means of a meeting held on October 2, 2018 (Anexo 6), between SENARA and AYA, the technical information related to the Matama Village Project was presented, and it was agreed to share the information held by Nombre01 regarding Dirección02.

5. By means of Official Letter UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), dated October 2, 2018, the UEN Environmental Management unit delivered to SENARA the technical study entitled: "Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón." 6. By means of Official Letter UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8), dated November 21, 2018, the Moín Commission requested from the Municipal Mayor information regarding the administrative file of the company Ticontainers.

7. By means of Official Letter PRE-2019-00516 (Anexo 9), the Executive Presidency of AyA requested a meeting with the Municipal Mayor and the Nombre77 Municipal of Limón, as well as with the Regional Director of the Ministry of Health and the Limón Health Governing Area, in order to address a case involving a project in Zone 6. In that letter it was stated: "In light of the foregoing, we very respectfully request your participation in a meeting with the technical staff of Nombre01 (UEN Environmental Management, Subdivision Directorate, Legal Directorate, Regional Directorate) on May 22, 2019 (a date set with sufficient advance notice to allow for agenda coordination), at 8:30 a.m. at the offices of the Regional Directorate of Nombre01 located at Dirección20, Limón, and afterwards, if deemed appropriate, a field visit." 8. By means of Agreement SM-248-2019 (Anexo 10), dated May 7, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in reference to Official Letter PRE-2019-00516 from AyA, stated: "IT IS AGREED: To confirm the participation of the following persons: Nombre33, Nombre34, Nombre35 – Proprietary Council Members; Nombre36 – Alternate Council Member; Nombre37 – Proprietary District Representative and Nombre38 – Alternate District Representative; so that they may attend on May 22, 2019." 9.

By means of the meeting held on May 22, 2019 (Anexo 11), at the Regional Directorate of Nombre01 in Limón, the following officials participated: • Nombre39 – Nombre01 • Nombre40 – Regional Directorate of the Ministry of Health • Nombre32 – Health Governing Area • Nombre41 – AyA • Nombre42 – Nombre77 Municipal Nombre73 • Nombre43 – AyA • Nombre44 – AyA • Nombre45 – Nombre46 • Nombre01 The following was agreed: 1. To create an Inter-institutional Moín Commission, comprising at least one representative from each of the institutions — AyA, MINSA, and the Municipality — which will jointly analyze and verify that the water sources captured by AyA are not affected by contamination from operating permits located in Zone 6 Moín… …6. To extend an invitation to the MINAE Water Directorate to participate in the Inter-institutional Commission… …In the case of the company Ticontainers, it is agreed to conduct a joint inspection on July 4, 2019; following that inspection, technical recommendations will be issued…" 10.

By means of Official Letter GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), issued by the Regional Directorate of AYA, the Nombre77 Municipal of Nombre73 was requested to grant an audience so that the AyA Moín Commission could present the environmental, technical, and legal scope of Zone 6 Moín as a Strategic Water Catchment Area of Interest, along with Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-017 of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

11. By means of Agreement SM-331-2019 (Anexo 13), dated June 11, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in reference to the audience request submitted by AyA, stated: "IT IS AGREED: The audience is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m., in the Session Chamber of the Municipality of Limón." 12. By means of an email sent by the Director of UEN Environmental Management on June 12, 2019 (Anexo 14), addressed to the representatives of the Inter-institutional Commission formed at the May 22, 2019 meeting, participation was coordinated for the session of the Nombre77 Municipal of Nombre73 on June 19, 2019 at 5:00 p.m.

13. By means of an email sent by the Director of the Health Governing Area (Anexo 15), dated June 17, 2019, a presentation by AyA was coordinated for the technical staff of the Ministry of Health regarding the research conducted in Zone 6 and its legal and operational aspects.

14. By means of a meeting held on June 19, 2019 (Anexo 16) at the Regional Directorate of Nombre01 in Limón, Nombre01 presented the Board of Directors Agreements of AyA to the officials of the Ministry of Health.

15. By means of the Municipal Session of June 19, 2019, Nombre01 presented the Board of Directors Agreements of AyA to the Nombre77 Municipal.

16. By means of Extraordinary Minutes N°33 of Wednesday, June 19, 2019 (Anexo 17), the agreements from the municipal session are recorded, in which Nombre01 presented technical aspects related to Zone 6 of the Moín Aquifer, among which the following is noted: "MOTION: To appoint the following persons to form part of the AyA Inter-institutional Commission: Nombre02. Nombre47 – Alternate Council Member; Nombre03. Nombre48 – Municipal Engineering Directorate; and Eng. Nombre49 – Municipal Census and Cadastre Unit." 17. By means of an email dated June 25, 2019 (Anexo 18), the UEN Environmental Management unit transmitted to the Water Directorate the technical presentation delivered on June 19, 2019 at the Nombre77 Municipal of Nombre73, along with Board of Directors Agreements of Nombre01 N° 2007-177 and N° 2011-112.

18. By means of an inspection conducted on July 11, 2019 (Anexo 19), a field visit was carried out by officials of Nombre01 and the Ministry of Health to the Ticontainers project.

19. By means of Official Letter UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), issued by the UEN Environmental Management unit, the Limón Health Governing Area was sent the inspection report from the field visit conducted at Ticontainers, and future meetings were coordinated. The letter stated: "Likewise, we request your willingness to continue accompanying inspections at projects located in Dirección09, with the Moín Commission being particularly interested in holding a meeting to develop a schedule for 2020. We therefore propose Thursday, March 26, at 1:00 p.m. at your facilities or at the Huetar Caribe Region offices of AyA. We await your availability, by email or written note addressed to this proposal, using the following contacts: • Nombre78.Sc. Nombre41, Director of UEN Environmental Management, Email: ...02 • Nombre50, Director of the Functional Hydrogeology Area, Email: ...03" 20. By means of Official Letter MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), the Directorate of the Limón Health Governing Area transmitted to the Directorate of UEN Environmental Management Technical Report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, regarding the Ticontainers case.

21.

By means of official communication UEN-GA-2020-00836 (Annex 22), the UEN Gestión Ambiental notified the Director of the Governing Health Area of the cancellation of a meeting due to the pandemic and its rescheduling, stating: "In response to official communication UEN-GA-2020-00494, which requested a meeting regarding the Ticontainers Project, scheduled for March 26, 2020, and with kind reference to the country's situation in light of the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled to April 23, 2020, at 1:00 p.m., at your facilities or at the facilities of the Huetar Caribe Region of AyA; we await your availability via email or written note in response to this proposed date…" 22. By means of official communication UEN-GA-2020-01399 (Annex 23), the UEN Gestión Ambiental notified the Director of the Governing Health Area as follows: "Most respectfully, and pursuant to document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, which indicated April 23, 2020 as a tentative date for holding a follow-up meeting on the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, said meeting must be rescheduled until further notice, as the in-person meeting is of the utmost importance and a field tour was also planned for that same day." 23.

By means of official communications UEN-GA-2018-01766 (Annex 24), PRE-2019-00009 (Annex 25), PRE-2019-00810 (Annex 26), PRE-2020-00865 (Annex 27), issued by AyA, organized groups such as the Asociación de Desarrollo para la Ecología have been informed of coordination and engagement actions with public institutions and the Local Government regarding projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. It is important to note that Nombre01, since the publication of the Board of Directors' Resolution in 2007, has carried out coordination actions with the various public institutions; however, for purposes of responding to the writ of amparo (recurso de amparo), a summary of the actions taken during 2018, 2019, and 2020 is presented. Additionally, as a matter of public health, within the context of the COVID pandemic, the Ministry of Health has carried a significant workload and has taken a leadership role in addressing it, which is why Nombre01 has not continued with in-person meetings and inspections, given that it requires the accompaniment of the Ministry, which is the entity with authority to enter properties in order to conduct inspections of activities that may impact the water resources used for public supply.

Nevertheless, Nombre01, upon receiving an inspection request for an urgent project and with the owner's consent and the corresponding safety measures in place, is fully prepared to conduct said inspection should it be necessary.

  • F)Particular considerations regarding actions in the Villa Plata Precario case and the requests of the Asociación de Desarrollo de Villa Plata.

As has been repeatedly stated, the protected party's property has been encroached upon by squatters (precaristas) for more than 25 years due to the owner's own tolerance and negligence — long before the adoption of the resolutions now being challenged. The failure to exercise ownership rights by not initiating eviction proceedings has allowed the occupants to remain and, consequently, their dwellings to become consolidated. In the case of the Villa Plata Precario, multiple opinions have been issued over time by the Limón Canton Office; in Table No. 4 cited in the preceding section, three of those opinions are referenced, each of which has reiterated the position that it is not possible to grant water service, water availability, or the placement of public standpipes (pajas públicas) within the precario. As an example, official communication GSP-RHC-L-2018-00348 (Digital file image of Amparo 574) may be cited, in which the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata was directed to the Board of Directors' resolutions.

Likewise, in response to the request submitted by the Asociación de Desarrollo de Villa Plata (the attached document already submitted by this Institute as evidence), it is important to highlight that the Association's note states the following: (…) A reading of this text reveals that the Villa Plata Precario has been established for many years; in fact, the Association's seal printed on the request indicates the year 2010. This can be corroborated by Figure No. 9 of the Technical Report issued in response to official communication PRE-J-2022-01740, which is attached to official communication GSP-RHC-2022-00714 (Images 573 and 595 of the Amparo file), where a Google Earth image dated February 2010 already shows, within properties 00027138-000 and 00027136-000, a large number of internal roads, dwellings, and areas without forest cover (cobertura boscosa), among other features. The foregoing is particularly important to note given that the owners of these properties claim that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years Nombre01 has denied water service availability in the Villa Plata Precario, and that during that same period there is no record of any action taken by the property owners to reclaim their land.

Nevertheless, and independently of this fact, Nombre01 has filed the complaints and taken the actions permitted by law within what this report has termed "existing installations" in Zone 6, so that Board of Directors' Resolution No. 2011-112 may be complied with. Attached as an annex is document GSP-RHC-L-2022-00494 (Image 587 of the digital Amparo file), which reaffirms the institutional position regarding the Villa Plata Precario…" As cited in the reports, it is reiterated with respect to this property that the Institute, within the scope of its competencies and the authority granted to it by law, filed the corresponding complaints by means of official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132 (Images 549 and 555 of the digital Amparo file), stamped as received by the Municipality and MINAE (SINAC); likewise, before the Environmental Tribunal, Expediente No. 064-19-01-TAA remains pending.

Once again reiterating what was set out in the response to the First Fact, it is important in this case to revisit the point that these are not prohibitions arising from the Board of Directors' Resolutions, but rather general recommendations for the protection of water resources. The owner may carry out activities, subject to compliance with recommendations that safeguard the protection of such resources. For an expropriation to proceed, it is necessary that public interest and social utility be declared, and that the owner demonstrate that all attributes of the property right have been extinguished — elements that are not present in this case.

THIRD: Regarding the petition for Expropriation.

The rejection of the expropriation request for the real property was affirmed, given that Nombre01 has no interest in acquiring the protected party's property, and furthermore that the Institute's provisions set out in the Board of Directors' resolutions in no way violate, injure, or even endanger the right to property; it is clear that the owner retains the ability to dispose of it. An expropriation is not justified when it is the owner who has failed to meet the requirements necessary to carry out the activity intended for the property, or who is unwilling to undertake the procedural steps required for eviction; that authority belongs exclusively to the holder of title over the property, in accordance with article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that comprise full ownership (dominio) or absolute ownership over a thing, including the rights of defense and exclusion, as well as those of restitution and indemnification, which are further developed in articles 295 to 315 and 316 to 334 of that body of law. Accordingly, the evidentiary power of establishing title, as a fundamental requirement for eviction proceedings, is in this case exclusively the purview of AyA.

"(…) in principle, by their very nature and definition, social-interest limitations imposed on property are not compensable, as they do not constitute expropriation — that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear. They do, of course, imply a legal burden or duty — strictly speaking, a duty of non-interference, or at most of tolerating the State's intrusion upon property for public purposes — a duty that is added to the owner's powers and faculties without distorting or destroying them. These limitations must be general in character, which implies not only their addressees but also the factual premise for their application, since when they become singular or concrete they could be equated with genuine expropriations (…)" (Voto Nº 1996-04205 of 14:33 hrs. of August 20, 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at seventeen hours and thirty-two minutes on the twentieth of July of two thousand and ten.)

There is no configuration of a public interest over the claimant's property, nor does any impairment of the legitimate interest in the right to property exist — these being the necessary elements for an expropriation analysis to proceed. With respect to the property under analysis, the claimant has the capacity to carry out or develop various activities, provided that they are supported by scientific and technical evidence demonstrating their feasibility.

FOURTH: Regarding the specific request for cooperation in carrying out the eviction:

As the protected party indicates, the request submitted via email was: "…My question is how Nombre01 can help us to initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer, given that in a ruling of the Constitutional Chamber dated August 1, 2008 at 10:11 a.m., Expediente: 07-009140-0007-CO, of the Constitutional Chamber, which constitutes a writ of amparo filed directly concerning the case of the Moín aquifer, Nombre01 was ordered to exercise its administrative authority to protect the aquifer layers…" In response, the inquiry was diligently attended to and the legal and technical grounds for its inadmissibility were thoroughly explained, as follows: "…prior to issuing recommendations, it is necessary to verify field conditions regarding the hydrogeological characteristics of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot; therefore, in the event that the interested party wishes to carry out said survey, it is required that arrangements be made with the Public Force and other competent institutions to provide the appropriate accompaniment for the mapping of the structures…" (official communication UEN-GA-2021-02951, images 911-912 of the Constitutional Chamber's digital file).

For its part, the legal finding regarding the impossibility for Nombre01 to assume the eviction of a private property that has been encroached upon by squatters is set out in official communications GSP-RHC-2022-00090 (image 914) and PRE-J-2022-00477 (Images 917-920, all from the digital Amparo file). Said legal opinion was submitted as evidence by the protected party in their filing initiating the proceedings, also appears in the primary response submitted by Nombre01 to this writ, and is confirmed by the evidence submitted to the record as UEN-GA-2022-00850 (Images 678-691 of the Constitutional Chamber's digital file).

The foregoing was communicated by means of official letter PRE-J-2022-00480 (image 921), Memorandum UEN-GA-2022-00182 (Images 915–916), with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, Image 914; UEN-GA-2021-02951, Images 911–912, all from the digital file of the Amparo proceeding), which contain the technical opinion of the UEN; as well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477 (Images 917–920), containing the opinion of the environmental legal unit. It is particularly striking that the petitioner does not inform the Constitutional Chamber of his own inaction and acquiescence as the registered owner over all this time, given that earthworks (movimientos de tierra) have been carried out from 2018 through the current year without the owner exercising his right to defend his property before the Local Government or through judicial channels — a failure that has allowed a consolidated settlement to exist today.

The encroachment activity does not result in constructions that appear overnight; it requires earthworks, movement of materials, and movement of persons, all of which took place in plain sight, with the patience, tolerance, and inaction of both the registered owner and the Local Government, notwithstanding the complaints filed by this Institute through official letters GSP-RA-2018-02131 and 02132, bearing a received stamp from the Municipality and MINAE (SINAC) (Images 549 and 555 of the digital file of the Amparo), as well as before the Environmental Tribunal, which still has Expediente No. 064-19-01-TAA pending. In the same vein, official letter UEN-GA-2022-00850, located at Images 678–691 of the digital file of the Amparo submitted as evidence, confirms and summarizes the foregoing:

"… a. Board of Directors Resolutions of Nombre01 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín aquifer, so that the activities carried out are environmentally sustainable and do not affect the water resources captured at the Moín springs (nacientes) for the supply of the population. b. The lots mentioned in the petition, owned by [Nombre72 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by Board of Directors Resolution 2011-0112 of Nombre01 (Ordinary Session No. 2011-017 of April 7, 2011, published in the Gaceta No. 83 of May 2, 2011), and which carry recommendations to ensure the quality and quantity of the water resources used for the supply of the population… c. Based on the foregoing set out in section IV of this official letter, it is demonstrated that the inquiries made by the interested party were always addressed in accordance with the institution's competencies.

In this particular case, because the property has been encroached upon by approximately 150 persons who guard the various access points to the property with weapons, as communicated by Lic. Nombre14 (the attorney representing the owner), the support provided by AyA would be conditional upon the owner generating the conditions and coordinating measures to ensure the safety of AyA public officials for the corresponding accompaniment and inspection…" REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION REQUESTED I) In order to submit the evidence for better resolution requested by the Constitutional Tribunal, the Institute arranged for accompaniment by the Public Security Force to the site and obtained authorization for entry from the owner of the property, so as to carry out the field inspection, and notified the other respondent parties of this arrangement in order to gather said evidence. The results are set out in the reports (UEN-GA-2022-01214 & the Inspection Report: Caso De Asentamiento Informal (Precario) Dirección21) submitted for this purpose, which provide full support for answering the questions posed.

  • 1)Whether or not the Moín aquifer is affected?

With respect to this question, Nombre01 finds no impact on the aquifer that would affect the quality of the water in the population supply service under its administration and operation.

"…The development of projects in Dirección09, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that are compatible with the protection of water resources, demonstrates that the AyA Board of Directors Resolutions do not prevent the development of activities or construction of works… Given the foregoing, it is considered that, within the framework of institutional competencies, there has been an approach to compliance with the AyA Board of Directors Resolutions with reference to the Moín aquifer, specifically in those activities in which Nombre01 participated through complaints management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, by means of which, to date, the protection of the Moín aquifer has been ensured — an aquifer that is strategic for the water supply of the present and future population of the City of Limón.

In the particular case of the Villa Plata informal settlement (precario), which is the subject of the present petition, a field survey was conducted on June 22, 2022 by Nombre01 (Anexo 1), in which it was determined that 96% of the houses inspected discharge their wastewater into a septic tank and drainage system (sistema de tanque séptico y drenaje), without being located in sinkholes or swallow holes (dolinas o sumideros). A discharge of grey water (aguas grises) (soapy water) was detected in some yards, which, while not proper discharges, does not drain directly into the aquifer…" 2) Whether or not adequate disposal of wastewater takes place in Zone 6 of the aforementioned aquifer:

Report UEN-GA-2022-01214 determines that in densely populated areas in Zone 6, wastewater disposal systems consisting of septic tanks and drainage are in place, so there is adequate disposal; in individual cases, the corresponding complaints have been filed for corrective action.

"…With respect to existing installations, the corresponding complaints have been filed for the correction of improper discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer, measures that have been followed in the majority of cases. In the case of the densely populated areas with wastewater disposal systems using septic tanks and drainage, within Zone 6 of the Moín Aquifer, Nombre01, through 'Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón,' has taken into account the following populations: Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and the flow contribution from the Villa Plata informal settlement (Figure 2)… In the particular case of the Villa Plata precario, Nombre01, through the construction of the Moín sanitary sewer system, has provided for the discharge and treatment of wastewater by allocating the flow generated by this population, as indicated in the inspection report entitled 'Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09.

Exp 22-008354-0007-CO,' Anexo 1: 'Based on the field survey conducted on the property with cadastral plan L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was found in this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69, representing 96%, treat wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use pit latrines (letrinas)…'" 3) Whether or not what is provided in Resolutions No. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA is being complied with in that zone:

In resolving every service availability request, Nombre01 complies with and verifies that projects conform to Resolutions 2007-177 and 2011-112. It is for the other competent institutions to comply with these recommendations, which derive from the authority granted by Article 2, subsection d) of Ley 2726.

"…AyA, within the framework of institutional competencies, has adopted an approach to compliance with the AyA Board of Directors Resolutions with reference to the Moín aquifer, specifically in those activities in which Nombre01 participates through complaints management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, by means of which, to date, protection of the Moín aquifer has been sought — an aquifer that is strategic for the water supply of the present and future population of the City of Limón. It is important to note that these AyA Board of Directors Resolutions constitute a guiding framework for the administration responsible for resolving each permit, license, or authorization to take into account and implement. For the AyA Board of Directors Resolutions to be complied with and for effective protection to be guaranteed, the participation of entities that regulate land use and urban planning is necessary, such as the Municipality, the Ministry of Health, the Ministry of Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others…" 4) Whether or not unauthorized earthworks have taken place in Zone 6 of the Moín aquifer, and whether or not buildings lacking the corresponding permits have been constructed:

Following the analysis conducted by Nombre01 and as evidenced by the complaints filed, unauthorized earthworks and constructions have been detected. Nombre01's competence, by the principle of legality, limits its actions to the filing of these complaints; it does not have the authority to enter or demolish private property, as that competence belongs to the local government.

"…In accordance with what is stated in the response to question 1 of this official letter and as indicated in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, 5, and 34 (Images 646 to 653 of the digital file of the Amparo), the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for earthworks are evidenced. Likewise, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, cases 7, 8, and 9, annexed by GSP-RHC-2022-00714 (Image 582 of the digital file of the Amparo), earthworks and tree felling within the Villa Plata precario, the subject of this amparo petition, are reported to the competent authorities… Within the framework of institutional competencies, Nombre01 does not approve or oversee construction permits; it has, however, provided the Local Government with the inputs needed for developments to be carried out in accordance with the recommendations set forth in the Board of Directors Resolution, the application of which has been indicated by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08…" 5) Whether or not tree felling has taken place at the site in question:

The answer is affirmative, and accordingly, this Institute filed the corresponding complaints within the scope of its competency.

"…it is important to identify that the competent authority to determine whether tree felling has occurred is SINAC; having clarified that, and in accordance with what is stated in the response to question No. 1 of this official letter and as indicated in official letter RHA-OM-2013-00666, specifically in Table No. 1, cases 3, 4, and 5 (Images 646 to 653 of the digital file of the Amparo), the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for the cutting of forest vegetation (corta de vegetación forestal) are evidenced. Likewise, in the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, in Table No. 1, case No. 9 (Image 582 of the digital file of the Amparo), the cutting of forest vegetation within the Villa Plata precario is reported.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the informal settlement (precario) of Villa Plata, subject of the present writ of amparo (recurso de amparo), felled trees were identified distributed across different sectors (Figure 2, of the inspection report "Case of Informal Settlement (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1)…" Finally, report UEN-GA-2022-01214 concludes: "(…) 1. AyA, after reviewing its water supply systems, finds no impact on the quality of water drawn from the Moín aquifer (acuífero), in which Zona 6 is located and which includes the properties with cadastral plans (planos de catastro) 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, subject of the present writ of amparo, for which reason the Fuentes-Moín intake remains active for the purpose of supplying the population. 2. The continued unplanned urban growth in Zona 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the future implications it may have on the quantity and quality of the water resources drawn from the Fuentes-Moín springs. 3.

The field survey made it possible to identify that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral plans 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the local residents, with infrastructure (dwellings) having been identified, which is recorded in the inspection report (Anexo 1), as well as in the documentary record contained in the digital case file of the writ of amparo. 4. After reviewing the documentation submitted in the digital case file of the writ of amparo, the report submitted by SINAC through Official Communication SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 is noted — a field inspection of the site identified by cadastral plan numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, carried out by officials Nombre27 and Nombre28 on June 17, 2022 (visible at images 1100–1110 of the digital case file of the writ of amparo) — it is important to note that the coordinates cited in item Nombre04 of this report were verified and do not correspond to the cadastral plans cited; instead, they are located approximately 400 meters to the southeast, far from the property that should have been assessed as ordered by the Court…" (emphasis added) II) Regarding the Inspection Report: Case of Informal Settlement (Precario) Dirección21, an inspection visit by a technical team from Nombre01 to the property with property registration folio (folio real) 7-27136, cadastral plan: L-0509859-1983 (northern-sector property) and property registration folio 7-27138, cadastral plan L-0509860-1983 (southern-sector property), conducted on June 22, 2022, notes the following relevant points: The inspection conducted on June 22, 2022 was carried out in coordination with Mr.

Nombre18, legal representative of the owners of the property, on behalf of Nombre72 Nombre05 Nombre51 S.A., with the support of the Public Force (Fuerza Pública) of Nombre73 and accompanied by Mr. Nombre52, president of the Integral Development Association of Villa Plata, attached as evidence, and reached the following conclusions and recommendations:

"…3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A. Based on the inspection conducted and interviews with residents of the informal settlement Villa Plata, it is noted that some individuals have lived there for more than 20 years.

B. Based on the inspection conducted and in conjunction with a review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified.

C. Based on the field survey conducted on the property whose cadastral plan is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. Within this sample it was confirmed that there are a total of 72 dwellings, of which 69 — representing 96% — treat their wastewater (aguas residuales) through septic tank and drain field systems, and only 3 — representing 4% — use latrines. Likewise, of the total number of dwellings located within the sample area (159,959.26 m²), it was identified that a total of 12 dwellings (16.6%) discharge their greywater (aguas grises) into their yards, ditches, or furrows rather than directly into sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministry of Health.

D. Ten clandestine sites for the disposal of solid waste (desechos sólidos) were located, requiring attention from the Local Government, due to the absence of a collection service.

E. Fifteen sinkholes were identified in the field with varying geometry and stages of development, the most common being rounded in shape.

F. Fourteen points were located where evidence of earthworks (movimientos de tierra) was found, primarily cuts and fills for the construction of dwellings and roads.

G. At 5 sites, tree felling was identified for the opening of access trails (trochas) and for the establishment of residential dwellings…" (emphasis added) SUBSTANTIVE MATTERS Board of Directors (Junta Directiva) Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112, pertaining to the recharge zone (zona de recarga) of the Moín aquifer, are of equal rank to other resolutions already established by Nombre01 and are grounded in Article 2, subparagraph d) of Ley 2726; these include resolutions for Puente Mulas, Río Banano, Barranca, and Bananito, which in no way imply an absolute prohibition on the development of activities — in fact they encompass broad geographical areas of population and sustainable urban development that are compatible with the socio-environmental recommendations within those declarations, including:

  • A)Resolution Number 78.253-254 (No. JD-78.187), dated October 24, 1978, Zone of Groundwater Reserve for the Limón water supply system, published in La Gaceta No. 21 of January 30, 1979. The information from this Resolution is incorporated into Decreto Ejecutivo N° 29393-MINAE of January 15, 2001.
  • B)Resolution No. 2015-253, La Gaceta No. 141, Wednesday, July 22, 2015, area of strategic interest for AyA in the upper and middle sections of the Río Banano watershed within the framework of the Project: Acueducto de Limón.
  • C)Río Barranca, Resolution 78-056, April 4, 1978.
  • D)Bananito, by Decreto 28024-MINAE, La Gaceta No. 154, August 10, 1999.

The Institute, in accordance with its Constitutive Law 2726, Article 2, subparagraph d), is empowered to issue technical criteria for the purpose of protecting and regulating water resources for population use. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has affirmed this in Voto Exp:2008-004751, which recognizes the legality and applicability of Board of Directors Resolutions 2007-177 and 2011-112 in the assessment of permits, licenses, and authorizations by other competent institutions. This is further confirmed through compliance with the soil-use vulnerability matrix established by SENARA, which forms the basis of Resolution 2011-112 and must be evaluated before authorizing container parking activities or any other large-scale development, as recently indicated by the Constitutional Chamber in Voto Nº 2012-08892 and 2017-006340, which clarify that AyA's said resolutions must be applied together with the issuance of SENARA's criterion. Likewise, in accordance with the analysis conducted by the Court in Voto 2010-012209 and in adherence to the powers derived from Ley 2726, these are administrative acts of a general nature and not resolutions deciding a particular and specific assessment.

Legality was also assessed in Voto Res. Nº 2010-012209, which holds that: "given their effects of a general nature and given that they do not empty the essential content of the right to property, the challenged limitations do not require compensation." Regarding urban development and the consideration of AyA's recommendations, the Municipality of Nombre73, as part of its obligations and by virtue of its jurisdiction, must supervise and oversee the actions of its community members with respect to determining which areas are suitable for urban development, the manner in which they build, and the manner in which they discharge wastewater from their dwellings, thereby guaranteeing, defending, and preserving everyone's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it is appropriate to take into account the provisions of Article 169 of the Political Constitution concerning the Municipal Regime:

"Article 169.— The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, composed of a deliberative body made up of popularly elected municipal council members, and an executive officer designated by law." The Municipal Code, in Article 4, regulates the powers of municipalities, which include the responsibility for oversight, given that the municipality is the governmental entity that ultimately grants building permits, exercising the ius aedificandi (right to build and develop):

"(…)

  • 1)A building permit or license is an administrative authorization of a municipal nature, through which preventive control is exercised over the exercise of the ius aedificandi, by verifying its conformity with the environmental and urban planning legal framework. Its issuance removes the legal obstacles to convert that right into a lawful exercise thereof, and consequently enables the carrying out of construction works in a given locality.
  • 2)Alongside administrative authorizations, there is the activity of inspection, as a duty or obligation that the administration imposes in a generalized manner on regulated parties, whose primary objective is to verify compliance with urban planning regulations, whether specific or general.
  • 3)In the exercise of this oversight power, municipal inspectors must enter private premises or buildings for the sole and exclusive purpose of verifying whether the works under construction conform to urban planning regulations. To that end, they are subject to objective and subjective limits, such as the reasonableness and proportionality of the inspection measure, the inviolability of the home, respect for the privacy of individuals, the impossibility of searching or seizing private information or documents, the preparation of the inspection report, the proper credentials of the official conducting the inspection, as well as their accreditation as a municipal inspector, among others.
  • 4)In the event that an administrative sanction is imposed — following the proper completion of a duly established procedure and in compliance with legal provisions that define an infraction and its punitive consequence — the sanction may be enforced by the administration itself without the need to resort to the courts, and even against the will of the regulated party (Article 146 of the LGAP). In enforcing the sanction, municipal officials are subject to the same limits that apply to urban planning inspection.
  • 5)If the sanction being enforced is demolition, the administration must ensure adequate protection of the safety, health, property, and freedom of the regulated parties, so that in the destruction of the buildings all necessary and reasonable measures are adopted to prevent, contain, mitigate, and remedy any harm or injury that may be caused to those subject to enforcement, neighbors, or passersby.
  • 6)In carrying out this proceeding, municipal officials may avail themselves of the assistance of members of the Public Force, who in turn have the authority to assist municipalities when so requested. (…)" (Legal Opinion.

Procuraduría General de la República C-390-2007, November 6, 2007) (Emphasis added by us) Based on the provisions cited, it is concluded that the Municipalidad de Limón bears direct responsibility for determining the measures required to establish whether residential development is possible on the property that is the subject of this appeal, and for preventing construction that does not meet regulatory requirements — without prejudice to its coordinating with the entities that may act to ensure that the sewerage system is adequate (see also the ruling in Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, which was cited in the motion for Necessary Passive Joinder).

The Municipalidad de Nombre73 has an obligation to enforce the applicable laws and to guarantee that residents of the area enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The Municipality has been fully aware of the problems affecting the inhabitants of its canton; however, it appears to have limited itself to acknowledging the existence of those problems while evading its responsibility, without taking timely action to mitigate or control them. Unlike AyA, the Municipality does have the authority to demolish structures that have not obtained the corresponding permits, to notify the registered owner, and, jointly with that owner, to carry out the eviction measures that the petitioner now seeks to shift to AyA — an institution that, under the principle of legality, may not enter private property or carry out evictions on behalf of Nombre72 third parties.

  • a)On the impossibility of Nombre01 investing in and assuming administration and responsibility for wastewater disposal systems (private) located on private property.

It is necessary to bear in mind that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is prohibited by its Constitutive Law from making donations (the legal mechanism under which the maintenance and proper functioning of the system under review — located on private property — would be covered). This is further grounded in the fact that Nombre01's revenues are backed solely by the tariffs paid by users for the services the Institute provides. In that regard, the law requires that the amounts authorized in the respective tariff schedules be invested in delivering services to its customers under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal performance. The use by AyA of tariff-derived funds for the benefit of other institutions — which are likewise obligated to meet their own obligations through their tariffs, loans, or other financing mechanisms acceptable within the public sector — generates not only a violation of the various statutory provisions noted above, but also of the entire legal framework applicable under the principle of legality governing the conduct of the Public Administration (in that regard, the obligations and prohibitions contained in the Law on the Financial Administration of the Republic and Public Budgets, the General Law on Internal Control, and the Law Creating the Public Services Regulatory Authority, among others, would likewise apply). It would equally place the Institute in the dilemma of setting aside some of the obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it.

Finally, it should be noted that pursuant to the Regulations for the Provision of Services, Acuerdo No. 2019-461, Articles 16 and 17, Nombre01's responsibility for service provision extends only to the boundary of the property; and in this case that responsibility has not materialized because, as an informal settlement, this Institute provides neither potable water supply nor sanitation services to the properties that are the subject of this appeal.

(…)

PRAYER FOR RELIEF On the basis of the factual and legal grounds set forth above, I hereby submit the requested report. It is expressly reiterated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in fulfilling its purposes, has not disobeyed, violated, or contravened any rules, guarantees, or constitutional principles; rather, it has acted responsibly in safeguarding and protecting the right to a healthy environment, to health, and to life, in strict adherence to the legal order. Accordingly, the appeal should be dismissed in its entirety as to the Institute; under the principle of legality, Nombre01 cannot carry out evictions on private property and cannot conduct technical studies free of charge. For more than 19 years, this Institute has continued, within the framework of its competencies and the scope afforded to it by the principle of legality, to file complaints and to communicate the appropriate course of action to the Municipalidad de Limón, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Ministerio de Salud.

It is not appropriate for this Institute to expropriate the property of interest to the owner, since the adoption of Board of Directors resolutions has in no way stripped the property right of its attributes — elements that remain fully exercised by the title-holder, without prejudice to complying with the socio-environmental recommendations burdening the property.

At the level of Local Government, the Precario Villa Plata is regarded as a community — with a presence of more than 20 years, apparent public streets, and internal street lighting — situated within a privately owned parcel. This case involves a private matter that must be resolved through the civil courts, where the owner and the occupants can reach an agreement with the aim of normalizing the legal and urban situation.

The eviction requested is a power that belongs exclusively to the title-holder of the property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights comprising absolute ownership (dominio) or absolute title over a thing — among them the rights of defense and exclusion and the rights of recovery and compensation, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334 respectively. Accordingly, the evidentiary power to prove title, as a fundamental requirement for eviction proceedings, is exclusive to the title-holder and thus precludes AyA in this case.

It is not appropriate to transfer to the Institute the inaction and acquiescence of the owner, since it is well established that as early as 2018 both he and the Local Government were aware of the situation and should have mounted the corresponding defense at that time in order to prevent the encroachment.

Despite the existence of irregular urban activity in the Precario Villa Plata, located on the properties that are the subject of this appeal, the field work carried out has allowed the conclusion that such activity has not adversely affected the water quality of the population water-supply service that the Institute provides in Dirección09, nor has it affected or contaminated the aquifer."

  1. 16By resolution of the instructing magistrate issued at 2:49 p.m. on June 28, 2022, the parties to the appeal were expanded and a report was requested from the Minister of Health. In addition, that authority was ordered to "conduct an inspection of protection and aquifer recharge (recarga acuífera) zone 6 of Moín, zone 6, including the properties owned by the protected party, for the purpose of reviewing the matters alleged by the petitioning party. The authority must also submit a report to this Chamber describing the findings of the inspection, as well as any other aspects deemed relevant in connection with the facts alleged by the petitioning party in the case at hand. Furthermore, such report must indicate: 1) whether or not the Moín aquifer (acuífero) has been affected; 2) whether or not the proper disposal of wastewater (aguas residuales) is occurring in zone 6 of said aquifer; 3) whether or not the provisions of agreements nos. 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are being complied with in that zone; 4) whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have taken place in zone 6 of the Moín aquifer and whether or not structures lacking the required permits have been built there; and 5) whether or not tree felling has occurred at the site in question."
  2. 17In a written submission incorporated into the digital case file on July 1, 2022, Nombre18 states: "I wish to clarify to Your Authority that the statements made by the respondent, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), are false when it asserts: '…As has been repeatedly noted, the protected party's property has been invaded by squatters (precaristas) for more than 25 years through his own tolerance and negligence, long before the adoption of the agreements now being challenged; his failure to exercise his rights by not pursuing eviction has allowed the occupants to remain and has led to the consolidation of the dwellings thereon. …The foregoing is very important to note given that the owners of these lands claim that AyA has not done what is necessary to protect the Moín aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years Nombre01 has denied water supply availability in the Villa Plata squatter settlement (precario) and that during that same period there is no record of any action taken by the owners of these lands to reclaim them; ….It is highly noteworthy that the appellant does not inform the Constitutional Chamber of his inaction and tolerance as owner throughout this entire time, given that earthworks have been carried out from 2018 through the current year without his having exercised his right to defend his property before the Local Government or through the courts, which has allowed a consolidated settlement to exist today.The act of encroachment does not produce construction overnight; it requires earthworks, movement of materials, and movement of people, all of which took place in plain sight and with the patience, tolerance, and inaction of the registered owner and the Government…, since a case [Valor 004] – PROCEEDING: ORDINARY, PLAINTIFF: PROPIEDADES [Nombre72 003], DEFENDANT: Nombre53 and others, pending before the JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, has been in progress since 2005 and has endured a prolonged legal ordeal due to the strategies employed by the squatters, consisting of a creeping-encroachment invasion (invasión hormiga) in which one after another they enter the property, mark out plots without anyone knowing who is marking them so they can be sued, and overnight a house appears that is never occupied during the daytime. It is likewise reported that the squatters have been evicted time and again from the property only to return, as evidenced by resolution 348-98 of three o'clock p.m. on March 20, 1998, issued in an administrative eviction (desalojo administrativo) proceeding.This demonstrates the efforts made by the registered owners to remove the squatters from the property. All of this is compounded by the fact that, at this time, the 194 dwellings described by INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) in its report, which are located on my client's property (finca), unlawfully have access to drinking water and electrical services. This has resulted in a situation in which the judicial proceedings currently name as defendants only approximately ten percent of the families living there, and moreover, many of those defendants no longer even live on the property, making it impossible to identify all of the persons inhabiting the area, since many are foreign nationals with irregular immigration status in the country and since in many plots it is unknown who is claiming possession. The position of INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), to the effect that no restrictions on property rights (limitaciones al derecho de propiedad) are imposed in zone SIX and that residential construction is permitted there, is unacceptable, because my clients wish to reclaim the property in order to establish a teak forestry plantation, and the restriction on the felling of trees would clearly prevent such a plantation from being harvested.As a result, my clients are unable to exercise all of the attributes of the right to property. Note that Article 31 of the Ley de Aguas Nº 276 clearly states that the entire property forms part of the aquifer recharge area and that said provision therefore declares that land to be a national reserve area (zona de reserva de dominio a favor de la Nación). Likewise, Article 33 of the Ley Forestal establishes that, since my clients' property falls within zone SIX of the absolute protection zone (zona de protección) for the Moín aquifer recharge, it constitutes a protection zone whose boundaries have already been determined by INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) — the Moín aquifer protection and recharge zone (ZONE 6) — through agreement 2007-177, published in Gaceta N° 83 of Wednesday, May 2, 2007, which granted OFFICIAL STATUS TO THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY ASSESSMENT OF THE MOÍN, LIMÓN AQUIFER AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031, and which revoked AGREEMENT 80-121 WITH RESPECT TO ITS RESTRICTION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS.Accordingly, my clients' property forms part of the Moín aquifer protection zone, and all of the irregularities found on the property — damage, land-use change (cambio de uso de suelo), mechanization of the soil — must be halted, which can only be achieved by removing the people from the property, since there are regulations such as the prohibition on storing chemicals and applying fungicides to the soil that necessarily require the exclusion of persons from that zone. I respectfully request that consideration be given to the judgment of the Constitutional Chamber that resolved the issue of the restrictions imposed on property rights by ICAA, declaring that a restriction on the right to property does exist and ordering that institution to proceed with expropriation (expropiación). See the amparo appeal processed under case number 07-009140-0007-CO, filed by Nombre54, of legal age, bearer of identity document number CED13, on behalf of [Nombre72 004] Nombre55, of legal age, legal entity identification number CED14, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, and EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.The operative paragraph of which read: Por tanto: The appeal is granted. Nombre56, or whoever serves in his place as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is ordered to initiate, as expeditiously as possible, the expropriation proceedings with respect to the properties registered in the Public Registry (Registro Público) under the real folio system (folio real), at the respective registration numbers, so that the protected company may be compensated in the amount to which it is entitled for that reason. Nombre56, or whoever holds that position, is warned that failure to comply with said order will constitute the offense of insubordination and that, in accordance with Article 71 of the law governing this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that he must comply with or cause to be complied with, issued in an amparo appeal, and who fails to comply with it or cause it to be complied with, provided the offense is not more severely penalized under another provision.INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is condemned to pay court costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative court. Nombre56, or whoever holds the position of General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is to be personally notified. LET THIS BE COMMUNICATED. In my client's case the problem is more serious still, since it is third parties who are carrying out activities on her properties that create a potential risk of contamination and damage to the aquifer, which is why recourse was had to the respondent institution seeking its cooperation in proceeding with the expeditious administrative eviction of the occupants so as to prevent the damage and land-use changes that were taking place. Attached is a copy of the scheduling resolution for trial in case [Valor 004] – PROCEEDING: ORDINARY, PLAINTIFF: PROPIEDADES [Nombre72 003], DEFENDANT: Nombre53 and others, pending before the JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, which demonstrates the judicial steps taken to remove the squatters from the property, as well as a document reflecting the administrative eviction proceeding.It therefore falls to the Honorable Chamber to determine whether zone SIX gives rise to a restriction on property rights that must be subject to expropriation, or whether INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS is correct that property rights ARE NOT RESTRICTED in that zone and that residential development projects may therefore be carried out there. In either case, however, the Chamber must compel the aforementioned institutions to proceed with ordering the eviction of squatters from the property in order to prevent the contamination that is currently taking place."
  3. 18By written submission filed in the digital case file on July 11, 2022, Nombre57, in her capacity as Minister of Health, reports under oath. She states: "Having set forth the foregoing, I submit this statutory report in reliance on Official Letters N° MS-DRRSHC-0846-2022 (attached) of July 6, 2022, signed by Nombre14. Nombre58, Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, and N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022 (attached) of July 7, 2022, signed by Dr. Nombre59, Acting Director of the Área Rectora de Salud de Limón, as follows: a.- Official Letter N° MS-DRRSHC-0846-2022, signed by Nombre14. Nombre58, Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe: '…I attach Official Letter MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, signed by Dr. Nombre59, Acting Director of the Área Rectora de Salud de Nombre73, which details the findings of the inspection conducted on July 1, 2022.In safeguarding health as a legally protected public interest (bien tutelado), this officer reaffirms the recommendations issued—namely, that the appropriate eviction (desalojo) must be pursued through the courts, and that the relevant authorities of Acueducto y Alcantarillado and the Municipalidad de Nombre73 must be asked to provide the required information.' b.- Official Letter N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, signed by Dr. Nombre59, Acting Director of the Área Rectora de Salud de Limón. '…In response to the matters set forth above, an inspection was carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., during which the entire community was toured. Approximately 154 dwelling units were observed, constructed of concrete, concrete block, wood, and tile; many use conventional or improved septic tank (tanque séptico) systems; some dwellings have inadequate wastewater (aguas residuales) disposal. It is important to note that a produce stand and a grated-coconut stall operate within the same dwelling units.Regarding the merits of the appeal, it is recommended that the eviction be pursued through the courts (Tribunales de Justicia). With respect to the matters raised in the amparo appeal (Recurso de Amparo), the following is reported.

1. Whether or not the Moín aquifer (acuífero) is being adversely affected: With respect to this point, Acueducto y Alcantarillado must be asked to conduct the relevant tests to verify whether the aquifer layers (mantos acuíferos) of zone 6 are being affected, given that it is the entity responsible for oversight and regulation of the Protected Zone.

2. Whether or not adequate wastewater disposal takes place in zone 6 of the said aquifer: With respect to this point, Acueducto y Alcantarillado must be asked to conduct the relevant tests to verify whether the dwellings are affecting the aquifer layers of zone 6 through inadequate wastewater disposal.

3. Whether or not the provisions of Resolutions N. OS 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are being complied with in that zone: As indicated, the previous point was amended by Resolution N° 112-2011, published in La Gaceta N° 83 of May 2, 2011. In the case of RESIDENTIAL DEVELOPMENTS (URBANIZACIONES), LOT DIVISIONS (LOTIFICACIONES), SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than one dwelling unit per 1,000 meters may be permitted.

4. Whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have taken place in zone 6 of the Moín aquifer, and whether or not buildings have been constructed without the required permits: With respect to this point, the Municipalidad de Nombre73, the regulatory body that grants authorizations for earthworks, must be consulted.

5. Whether or not tree felling (tala de árboles) has occurred at the site in question: With respect to the previous point, MINAE, the regulatory authority for tree felling, must be consulted. (…) Therefore, based on what has been set forth in the points already explained, it is recommended that the appropriate eviction be pursued through the courts.' CONCLUSION: In accordance with the foregoing, authorities of the Dirección del Área Rectora de Salud de Limón deployed the necessary measures to respond to the information requested by the petitioner (amparado) in this case. It is worth noting that during the inspection carried out in zone 6 of the protection and aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of Moín, those authorities were able to verify on site approximately 154 dwelling units, some of which use a septic tank system and others of which have inadequate wastewater disposal. As can be seen, the actions requested were addressed within the scope of our competencies, as indicated above (…) In light of the foregoing, I respectfully request that the Honorable Constitutional Chamber DISMISS THE PRESENT AMPARO APPEAL, inasmuch as this Institution, within the scope of its competencies, addressed the actions raised; and I therefore reiterate the request that THE UNDERSIGNED MINISTER OF HEALTH BE ABSOLVED OF ALL LIABILITY AND THAT THE PRESENT AMPARO APPEAL BE DISMISSED."

  1. 19The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Written by Associate Justice Nombre60; and,

Considering:

I. PRELIMINARY MATTER

In the written submission filed in the digital case file on June 1, 2022, Nombre18 states: "As I am the attorney of record for the petitioning party (parte recurrente), as shown in the case file, I request that Your Honor include me in the present proceedings as a party." However, the Chamber notes that the petition was filed by [Nombre72 001]-Nombre79 on behalf of Propiedades [Nombre72 003]. It therefore follows that Nombre18 does not appear as a petitioner (accionante) or as a protected party (parte tutelada) in the present case. Furthermore, it must be noted that, although Nombre18's name [Nombre72] and signature appear in the referenced submission, this is in his capacity as the authenticating attorney (abogado autenticante).

This being the case, it has not been established that Nombre18 appears as a petitioner in the case file under review, nor does it appear that he derives subjective rights (derechos subjetivos) from the facts at issue in this appeal, nor that he holds a legitimate interest in the outcome of the proceedings. Consequently, the request filed by Nombre18 to be recognized as a party to this amparo appeal is denied.

II. SUBJECT MATTER OF THE APPEAL

The petitioning party states that the Board of Directors of ICAA declared the protection and aquifer recharge zone of Moín (zone 6) by Resolution n.° 2007-177, through which the hydrogeological study (estudio hidrogeológico) and aquifer vulnerability assessment (vulnerabilidad del acuífero) for Moín and the update of protection zone DGAMB-2007031 were officially adopted. It states that its client owns two properties located in the aforementioned zone 6, upon which a series of restrictions were imposed. It states that, since the creation of the aforementioned zone 6, ICAA has failed to fulfill its duties, as a land-use change (cambio de uso de suelo) has occurred there through the construction of informal-settlement-type dwellings (casas tipo precario), without any monitoring of the use and management of wastewater, sewage (aguas negras), or well drilling, and furthermore, nothing has been done to prevent the felling of forest.

It argues that, as a result of the foregoing, it sought assistance from ICAA in order to proceed with the administrative eviction (desalojo administrativo) of all persons unlawfully occupying its properties, given the damage they cause to natural resources and the contamination of the aquifer; however, no assistance was provided. It states that a request was submitted by email on February 21, 2022, to the Comisión Moín of ICAA, in which information was sought to carry out a private study of aquifer contamination; however, no response has been received. It alleges that both ICAA and MINAE are aware of the unlawful occupation (usurpación) in zone 6 of the Moín aquifer, of the land-use changes, and of the contamination; nevertheless, neither entity has taken any action to evict the persons who are unlawfully encroaching on state patrimony. It requests that the appeal be granted and that the respondent authorities be found liable for their negligence in protecting the aforementioned zone.

It requests that the respondent party be ordered to carry out the necessary procedures to execute the corresponding evictions from the above-mentioned properties. It requests that all necessary measures be ordered to protect the Moín aquifer, including expropriation (expropiación) and corresponding payment to its client.

III. PROVEN FACTS

Of relevance to the resolution of this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been substantiated or because the respondent authority failed to address them, as required by the initial order (auto inicial):

  • a)The protected party is the registered owner of properties recorded in property registry folios (folios reales) 7-27136 and 27138, which are located entirely within the absolute protection zone (zona de protección absoluta) of the Moín aquifer, designated as Dirección09. Those properties have been occupied by various persons who formed the so-called "Precario Villa Plata" informal settlement. (Uncontested fact.)
  • b)Since 2005, an ordinary proceeding (proceso ordinario) filed by the protected corporate entity has been pending before the Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica under case file [Valor 004]-0. (See documentary evidence.)
  • c)At ordinary session n.° 2007-020 of April 10, 2007, the Board of Directors of ICAA adopted Resolution n.° 2007-177 "OFFICIAL ADOPTION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND AQUIFER VULNERABILITY ASSESSMENT FOR MOÍN, LIMÓN, AND THE UPDATE OF PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031," which provided:

"(…) FIRST: The Hydrogeological Study and Aquifer Vulnerability Assessment for Moín, Limón, conducted by Hydrogeologist (sic) Nombre41, is officially adopted so that the Dirección Región Huetar Atlántica may apply it when resolving requests submitted by regulated parties (Administrado), in accordance with the following vulnerability zones: (…)" SECOND: AGREEMENT 80-121 IS HEREBY REVOKED WITH RESPECT TO ITS LIMITATION ZONE AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Directorate of Studies and Projects, the Huetar Atlántica Regional Directorate, the Directorate of Environmental Management, and report DGAmb-2007-031. The topographic location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE (Zona de Protección Restringida), classified as Zone 6, is hereby determined for the resolution of every permit, license, or authorization request submitted by the Applicant, as follows: Starting from point 1 with 1arant.

N=221517 and E=639446, at the intersection of the old road to Nombre73 Route #240 (along the coast) and the western entrance to Urbanización Cangrejos, continuing approximately 106m southward along the Urbanización street to point 2 with 1arant. N=221414, E=639471; turning southwest approximately 77m to point 3 with 1arant. N=221367 and E=639410; continuing east approximately 316m to the intersection with the road to Pacuare, point 4 with 1arant. N=221297, E=639682; then continuing south approximately 1.4 km along that road to point 5, the beginning of the Urbanización of the same name Nombre72, with 1arant. N=220474 and E=640380; continuing south-southwest approximately 170m to point 6 with 1arant. N=220318 and E=640302; then south-southeast approximately 38m to point 7 with 1arant. N=220297 and E=640333; then south-southwest approximately 82m to point 8 with 1arant. N=220159 and E=640251.

From point 8, where the Urbanización street ends, continuing in the same south-southwest direction overland approximately 370m to point 9 with 1arant. N=219858 and E=640034. Continuing cross-country westward approximately 190m to the road leading to Cielo Amarillo at point 10 with 1arant. N=219846 and E=639845; from point 10, which ran parallel to the boundary, now on the road, continuing south approximately 90m to point 11 with 1arant. N=219764 and E=639832. From point 11, continuing along the road to Villa Plata approximately 220m southwest to point 12 with 1arant. N=219689 and E=639630; continuing south approximately 320m to the railway line at point 13 with 1arant. N=219449 and E=639624; continuing east along the railway approximately 100m to point 14 with 1arant. N=219447 and E=639723; from point 14, continuing approximately 460m southward along the road that leads to Dirección07#(Saopin) to point 15 with 1arant.

N=218995 and E=639652. From point 15, already on the road, continuing approximately 2.4 km westward along route #32 to the first entrance to Villa Vista del Mar 1 at Dirección08 with 1arant. N=218883 and E=637297; then turning right northward toward Villa Vista del Mar 1, approximately 270m, to the road intersection beside the school of Villa Vista de Mar 1, at Dirección04 with 1arant. N=219085 and E=637177; 106m north, then continuing 106m northward to point 18 with 1arant. N=219207 and E=637179; from point 18, continuing approximately 260m westward to the end of the road, and from there continuing approximately 160m further west along the northern boundary line between lots until intersecting [sic] the concrete road route #240, at point 19 with 1arant. N=219325 and E=636795; then continuing approximately 2km northeast along route #240 to the road intersection toward Villa Plata at point 20 with 1arant.

N=220976 and E=637688; from point 20, continuing north along route #240 approximately 2.6km to the road intersection with Urbanización Cangrejos, which is the starting point 1 with 1arant. N=221517 and E=639446. (…)

THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE HEREBY ESTABLISHED AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS FOR Dirección09:

1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY.

2. USE AND STORAGE OF PESTICIDES, INSECTICIDES, AND FUELS, OR THEIR PRECURSORS, FOR ANY PURPOSE.

3. REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS.

4. LAND-USE CHANGE (cambio de uso de la tierra).

5. ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION.

6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITIES AND RELATED FACILITIES.

7. DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS (pozos), INFILTRATION GALLERIES (galerías de infiltración), OR ANY OTHER WATER CATCHMENT WORKS.

8. DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL DEVELOPMENTS (urbanizaciones) AND LOT DIVISIONS (lotificaciones).

9. INSTALLATION OF GARBAGE DUMPS, SANITARY LANDFILLS (rellenos sanitarios), OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND.

10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT, IN THE OPINION OF Nombre01, AFFECT THE QUALITY AND QUANTITY OF WATER USED FOR SUPPLY TO POPULATIONS.

RESIDENTIAL CONSTRUCTION ARISING FROM NATURAL POPULATION GROWTH SHALL BE PERMITTED IN Dirección09, PROVIDED THAT WASTEWATER (aguas residuales) IS ENSURED NOT TO BE DISCHARGED INTO SINKHOLES (dolinas) AND THAT GARBAGE IS COLLECTED BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS.

THIRD: For zones 2, 5, and 7 of the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón," the following aquifer (acuífero) protection measures are established:

1. No storage of chemicals shall be permitted; 2. No construction of fuel supply stations shall be permitted; 3. No exploitation of quarries (tajos) shall be permitted; 4. No construction of wells shall be permitted; wells are allowed only for public supply.

FOURTH: In zone 2, prospecting studies shall be conducted with a view to determining production capacity, and this zone shall be maintained as a reserve for the water supply to the population of the río Blanco sector.

FIFTH: For zones 7, 8, 9, and 10, every development project shall be required to construct a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), and Nombre01 shall immediately initiate the necessary studies in order to build the primary and secondary collectors needed to convey wastewater to the submarine outfall (emisario submarino).

SIXTH: The Executive Branch shall be requested to issue a decree aimed at protecting the Moín springs (fuentes), as well as establishing land-use limitations to ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer, in accordance with the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón" and the land-use recommendations.

SEVENTH: For zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the Directorate of Environmental Management shall prepare and maintain a comprehensive land-use inventory, identifying the activities and establishments that store substances posing a risk to water quality for human consumption.

EIGHTH: The relevant competent bodies shall be urged to conduct a risk analysis of the industries established in the area of direct influence of the Moín springs, which must include the scenario of a simultaneous conflagration involving multiple industries; an action protocol shall be established to address a possible emergency that takes into account the participation of all the [sic] industries established in the area.

NINTH: To ensure compliance with the restrictions and to monitor the implementation of the defined measures, the Regional Environmental Control Commission of the Atlantic Region shall be established, under the authority of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

TENTH: Unless it is demonstrated that the Moín springs have been irreversibly affected, pursuant to applicable regulations, by the Químicos Holanda incident, they shall be kept in operation for population supply for technical and demand-related reasons, subject to the following conditions: The immediate construction of a treatment plant (planta de tratamiento), including an activated carbon system or whatever technology is necessary to ensure water quality against any possible contamination, shall be ordered. Studies shall immediately be initiated to determine the feasibility of using the upper basin of the río Banano as a replacement for the Moín springs in the event they become contaminated by the industrial activities taking place in the basin.

THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE HIGH-, MEDIUM-, AND LOW-VULNERABILITY ZONES SHALL BE NOTIFIED OF THIS AGREEMENT FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE MASTER PLAN (plan regulador) SO THAT "THE PROPERTY-USE REGULATION RECOMMENDATIONS AND THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER – LIMÓN" SHALL BE BINDING, WITH EMPHASIS ON THE NEED TO CONSIDER ZONE 6 AS A RESTRICTED PROTECTION ZONE. THE MINISTRY OF HEALTH, MINAE, THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SENARA, AND SETENA SHALL LIKEWISE BE NOTIFIED FOR COMPLIANCE WITHIN THEIR RESPECTIVE AREAS OF COMPETENCE. THIS AGREEMENT SHALL TAKE EFFECT UPON PUBLICATION. TO BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE LA GACETA. NOTICE IS HEREBY GIVEN. TO BE PUBLISHED." (bold added). (See documentary evidence).

  • d)At ordinary session no. 2011-017 of April 5, 2011, the ICAA Board of Directors (Junta Directiva) adopted agreement no. 2011-112, "DRAFT AGREEMENT TO PARTIALLY AMEND BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED AT ORDINARY SESSION 2007-020 OF APRIL 10, 2007, IN ARTICLE 6, SUBSECTION A, PUBLISHED IN LA GACETA Nº 83, OF WEDNESDAY, MAY 2, 2007, REGARDING THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATING OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031," which provided:

"FIRST: Agreement 2007-177 is amended in its Second Por Tanto, with respect to the enumeration of land-use regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the "Matrix of Land-Use Criteria Based on Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources," issued by the SENARA Board of Directors at its session of September 26, 2006:

• For all activities, the impermeabilization (impermeabilización) area per hectare must not exceed 20%.

• Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the various construction and operation phases, generate a negative environmental impact on the aquifer must submit an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) duly approved by SETENA.

Pursuant to the Ministry of Health Regulations, Decreto 30465 S, and the Regulations on Wastewater Discharge and Reuse, N. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible contamination impact. These high-risk activities are defined as those involving the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill arising from industrial processes, as well as from pipelines and transport, in which one or more hazardous substances are involved, and that pose a serious risk (whether of immediate or delayed, reversible or irreversible manifestation) to the population, their property, the environment, and ecosystems.

• Storage and USE OF PESTICIDES, INSECTICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR THEIR PRECURSORS, FOR ANY PURPOSE shall not be authorized.

• For REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (EARTHWORKS (movimientos de tierra)), a hydrogeological study shall be conducted to confirm that there will be no impact on the aquifer, and an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) duly approved by SETENA shall be submitted.

• CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXPLOITATION WORKS IS NOT AUTHORIZED.

• In the case of RESIDENTIAL DEVELOPMENT PROJECTS, LOT DIVISIONS, SUBDIVISIONS (fraccionamientos), AND CONDOMINIUMS (condominios), a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be constructed. Developments with densities equal to or less than one residential unit per 1,000 square meters may be permitted.

• In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, this may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the current Wastewater Discharge Regulations. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare.

• NO GARBAGE DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND SHALL BE INSTALLED.

• Nombre01, considering the studies submitted by the interested party and endorsed by the relevant authorities, may rule on other types of activities not listed in this resolution that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of such activities. Nombre01 shall be empowered under Ley 2726 to assess whether there is any impact on the aquifer (acuífero) and whether wastewater (aguas residuales) is properly disposed of in accordance with the applicable effluent discharge regulations, as well as to approve or deny the activity.

• Construction of dwellings arising from natural population growth (crecimiento vegetativo) shall be permitted in Zone 6, provided that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or by other means.

THIRD: The Local Government and the Competent Institutions are recommended to implement protective measures aimed at conserving forested areas.

FOURTH: The Senior Administration is instructed to take the necessary steps and request that the Municipalidad de Limón implement the recommendations issued in this resolution.

FIFTH: The Senior Administration is instructed to take the necessary steps and request that MINAET restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION IN Dirección09.

SIXTH: For Zone 6, the Dirección Regional Huetar Atlántica and the UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo shall prepare and maintain a comprehensive inventory of land use, identifying activities and establishments that store substances posing a risk to water quality for human consumption. They shall also be responsible for analyzing proposals submitted by the administered party (Administrado) and assessing whether there is no impact on the aquifer and whether wastewater is properly disposed of.

SEVENTH: In all other respects, the provisions of Board of Directors Resolution (Acuerdo de Junta Directiva) 2007-177 remain in force. Notify. Publish." (emphasis added). (See documentary evidence).

  • e)On March 5, 2018, ICAA's UEN Gestión Ambiental Directorate addressed official communication UEN-GA-2018-00322 to the Ministerio de Salud and the mayor of Limón, stating the following:

"(…) Nombre01, in its efforts to preserve and protect the groundwater and intakes used for public water supply in the province of Limón, has technically and legally defined protection zones for the karstic aquifer (acuífero kárstico) in Moín through Board of Directors Resolution 2011-112, session No. 2011-017, which establishes land-use restrictions for the zones comprising this aquifer.

In view of this situation, and given this Institute's (AyA's) interest in protecting the groundwater used for public supply, and in response to Voto N°2012-006424 corresponding to Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, you are respectfully requested to provide us with the technical considerations and grounds on which the Municipalidad and the Ministerio de Salud are basing their decision to re-issue the operating permit for the IRR al Caribe property, since the Sala Constitucional found on that occasion that the activities carried out by those companies endanger the quality of the groundwater used for public supply.

Likewise, what measures were implemented to eliminate any risk of contamination of the groundwater in the so-called Zone 6 of the Moín aquifer by your represented entities? Were they assessed by SETENA? Was a new assessment of the activity conducted by SENARA before the Municipalidad issued the new operating permit? Is there an opinion from the Ministerio de Salud?" (See documentary evidence).

  • f)On April 9, 2018, ICAA issued the "TECHNICAL DATA PROCESSING REPORT — Services for the survey, identification and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón," in which it stated:

"8.6.- Conclusions This project has demonstrated the potential of state-of-the-art sensors (specifically, photogrammetric digital cameras and LiDAR sensors) for obtaining high-quality information (high positional accuracy and a high level of detail) aimed at studying a markedly sinkhole-pitted area. The use of this type of data-capture methodology, supported by the processing and subsequent analysis of the extracted information, allows for a characterization of the phenomena occurring in the area; this characterization provides a good starting point to be supplemented with other types of studies. All of this applies to an area of considerable complexity, in the sense that it has a significant presence of vegetation. In this regard, it can be noted that of the 438 sinkholes detected within Zone 6, a total of 414 were fully or partially covered by trees, making their location and characterization difficult using conventional methodologies based on field topographic methods or even aerial imagery." (See documentary evidence).

  • g)On April 13, 2018, ICAA's Nombre73 Cantonal Unit addressed official communication GSP-RHC-L-2018-00348 to the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, explaining:

"(…) In response to your letter submitted to this Cantonal Office, in which you request information on whether Nombre01 plans to make use of the land on properties Dirección05 in Villa Plata, I wish to inform you that said community is located within the recharge zone (zona de recarga) and water protection zone for the springs (nacientes) of Moín-Limón, pursuant to Board of Directors Resolution No. 2007-177 and its amendment No. 2011-112.

Therefore, the community of Villa Plata is subject to the prohibitions set forth in the aforementioned Board of Directors Resolutions." (See documentary evidence).

  • h)On April 19, 2018, ICAA's UEN Gestión Ambiental Directorate sent official communication UEN-GA-2018-00556 to the director of the Área de Salud de Limón, explaining what the institute requires pursuant to the provisions of memorandum UEN-GA-2018-00332. (See documentary evidence).
  • i)By memorandum GSP-RA-2018-02131 dated September 25, 2018 (received September 26, 2018), the Región Huetar Atlántica filed a complaint with the Municipalidad de Nombre73 regarding earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata de Moín sector. It also stated:

"(…) The interest in this matter arises from the location of these properties within the so-called Zone 6 of Moín, as established by the hydrogeological and vulnerability study conducted for this aquifer. For this zone and others within the same aquifer, land-use recommendations have been established in Nombre01's Board of Directors Resolutions No. 2007-0177 and 2011-0112. The latter applies exclusively to Zone 6, and among the regulations it is established that for the removal, excavation, and backfilling of materials (earthworks), a hydrogeological study must be conducted to prove that there will be no impact on the aquifer, along with an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) duly approved by SETENA (…)

the property where the earthworks are recorded is located in Villa Plata at coordinates Dirección10 and West 602415 (…)

intervention is requested to halt the activity entirely and to investigate the described facts." (See documentary evidence).

  • j)ICAA's Región Huetar Atlántica addressed memorandum GSP-RA-2018-02132 dated September 25, 2018 to the MINAET Nombre73 Sub-regional Office (with a receipt stamp dated September 26, 2018 by SINAC-ACLAC), in which it filed a complaint regarding earthworks in Villa Plata de Limón. It also stated: "intervention is requested to halt the activity entirely and to investigate the described facts. It is noted that in other similar cases, the support of MINAET ACLAC has been available to gather the necessary evidence, should an administrative or judicial complaint be filed." This complaint was referred to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), which assigned it file No. 064-19-01-TAA. (See documentary evidence).
  • k)On October 2, 2018, ICAA's UEN Gestión Ambiental sent document UEN-GA-2018-01659 to the general manager of SENARA, stating:

"Further to the agreements reached at the meeting held on October 2, 2018 at SENARA's facilities regarding the Matama Village Case, please find enclosed the technical study entitled 'Services for the survey, identification and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón,' prepared by the company STEREO CARTO CENTROAMERICA under contract 2017FTS-00113-PRI of the Watershed Functional Area (Área Funcional de Cuencas Hidrográficas) of the UEN de Gestión Ambiental.

The study was carried out in Zone 6 of the Moín aquifer, which was officially established through Nombre01's Board of Directors Resolutions 2007-177 and 2011-112." (See documentary evidence).

  • l)On November 2, 2018, ICAA denied the water service connection (paja de agua) application filed by the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata on October 9, 2018, because it does not meet the requirements given its location within the so-called Zone 6. (See documentary evidence).
  • m)On March 14, 2019, ICAA's Región Huetar Caribe sent official communication GSP-RA-2019-00456 to the director of ACLAC MINAE, the chief of the Nombre73 Sub-region, and the mayor of Nombre73 regarding "Logging and Earthworks in the Forest Cover (cobertura boscosa) of the Moín Aquifer Recharge Zone." That document stated that on that same day the use of backhoe excavator (retroexcavador) machinery was observed carrying out earthworks for the possible construction of roads within the protection zone of the Moín springs designated Dirección02. It was also stated that "tree felling is occurring within the same protection zone." The importance of ensuring the protection of the Moín springs was further detailed. Additionally, it stated:

"The road construction activities, earthworks, and tree felling within the zone, the location of which is indicated in Figure No. 4, cause: deforestation, loss of aquifer recharge, contamination from sediment and wastewater within the recharge zone, and even the discharge of such waste directly into sinkholes, which are windows into the aquifer; it is considered that these reported activities pose a high risk and impact on the Protection Zone of the Moín Aquifer, particularly given that this site of possible encroachment corresponds to one of the areas with the greatest forest cover in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Pulmón de Nacientes de Moín).

For all of the foregoing reasons, you are urgently requested, within the scope of your respective competences, to take the necessary actions to promptly prevent further tree felling and earthworks at the reported site and to protect the forest cover of this zone.

It should also be noted that swift and timely action is expected from your offices, given the public health and environmental consequences of the reported activities." (See documentary evidence).

  • n)On May 31, 2019, ICAA's Región Huetar Caribe sent document CSP-RA-2019-01013 to the Nombre77 Municipal of Limón, requesting a meeting so that the institute could present the technical, environmental, and legal scope of Zone 6 of Moín. In response to this request, the Municipalidad de Nombre73 authorized the meeting for June 19, 2019. (See documentary evidence).
  • o)On July 1, 2019, ICAA issued written communication PRE-2019-00810, in which it stated:

"(…) please be advised that the Moín Commission, made up of the UEN Gestión Ambiental, Área Legal Ambiental, and the Huetar Atlántica Region, has carried out the following actions:

1. A meeting with local Ministry of Health staff to provide training on the importance of the Moín Aquifer from hydrogeological, legal, and operational perspectives. (held on July 19, 2019) 2. A hearing before the Nombre77 Municipal of Limón regarding the implications of Zone 6 (Moín Aquifer), Limón, at which the Municipal Council was informed of the need to carry out a prior verification that no contamination risk exists to the water sources captured by AyA, for every activity, before granting location permits and operating permits (permisos de ubicación y de funcionamiento). (held on July 19, 2019) In accordance with the foregoing, it was agreed to establish an inter-institutional commission composed of one representative from the Nombre77 Municipal, the Municipality, the Nombre73 Health Area, and the AyA Regional Directorate. Furthermore, in order to begin the verification work ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), on July 11, 2019, a joint site visit will be convened with the company Ticontainers, as part of the existing cases; following the visit, a technical report will be issued and the appropriate immediate short- and long-term measures will be taken." (See documentary evidence.)

  • p)On July 11, 2019, ICAA conducted an inspection of the company Ticontainers. (See documentary evidence.)
  • q)In February 2020, ICAA issued a report titled "INSPECTION BY THE INTER-INSTITUTIONAL COMMISSION FOR ZONE 6 – MOÍN AQUIFER Nombre01 – MINISTRY OF HEALTH CASE: CONTAINER YARD, TICONTAINERS S.A." That document recorded the following:

"Conclusions a) The inspected property (Cadastral Plan L-843089-2003) is located within Zone 6 of the Moín Aquifer, which is classified as high vulnerability (vulnerabilidad alta).

  • b)The inspected property contains a container yard (plantel de contenedores), which includes offices, a maintenance and repair workshop, and materials scattered without order or proper arrangement on the property.
  • c)The property contains geologically identified coral deposits (depósitos coralinos) outcropping at topographic highs. The flat areas of the property were graded and leveled with gravel, which overlies the coral formations.
  • d)Two sinkholes (dolinas) were identified within the property; these have been modified and configured to serve as stormwater (aguas pluviales) drainage outlets for the inspected property.
  • e)Two sinkholes were observed outside the property, which receive stormwater generated by surface runoff (escorrentía superficial) from both the inspected property and the project bordering it to the west (Company AI Caribe) and from Dirección23.
  • f)Hydrocarbons (hidrocarburos), chemicals (labeled as hazardous substances), and oils stored without treatment, final disposal, or adequate safeguarding have been identified—exposed to water, sun, and wind, without any safety measure—representing a high risk to the health of workers and to the water resource that supplies the province of Limón.
  • g)The discharge of raw wastewater (aguas residuales crudas) onto the surface of the property was confirmed (see photographs), constituting sources of contamination for groundwater.
  • h)Wastewater is disposed of using septic tanks (tanques sépticos), drainage systems, and absorption wells (pozos de absorción) that present serious deficiencies; the use of this type of system, which infiltrates wastewater into the ground, must not be employed as a means of disposal in Zone 6.

8. Recommendations With the objective of protecting the water resource in Zone 6 of the Moín Aquifer, the following actions are recommended:

  • a)Compliance with the scope of Nombre01 Board of Directors (Junta Directiva) Resolutions No. 2007-177 and 2011-112 is recommended.
  • b)The Ministry of Health is recommended to issue instructions for disposal, collection, and treatment in accordance with the yard activities of inspection, maintenance, and repair of container transport, in conformity with current legislation, given that the absence of such instructions constitutes a threat to groundwater, making this a necessary condition.
  • c)Given the High Vulnerability classification of the location where the property sits, the storage of hydrocarbons and the use of chemicals that could jeopardize the supply of potable water to 15,000 people served by the Limón System, including the port area and the new container terminal, is not permissible.
  • d)Mark, protect, and properly manage the sinkholes on the property so that activities carried out on the site do not negatively impact them.
  • e)Separate ordinary and special wastewater from stormwater, in such a way that the entry of water (rainwater and runoff) into the sinkholes does not pose a threat to aquifer quality and does not affect groundwater recharge.
  • f)Eliminate the existing absorption well structure and all septic tank and drainage systems on the property.
  • g)Implementation of a collection, treatment, and disposal system for ordinary and special wastewater is recommended, one that does not use subsurface infiltration or sinkholes as its means of final disposal.
  • h)The Ministry of Health is requested to verify that no stored fuels exist on the property, in accordance with the recommendations set out in the Board of Directors resolutions.
  • i)Submit the site design indicating impervious cover (impermeabilización) percentages as established in Nombre01 Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and 2011-112 (not to exceed 20%), as well as the stormwater management infrastructure, ensuring adequate disposal thereof.

It is important to note that, since Ley 2726 does not grant Nombre01 the authority to issue Orders with the possibility of ordering closure of premises in the event of non-compliance, it falls to the Health Area of the Ministry of Health to evaluate the recommendations set out in this report and to act in accordance with its competencies under Ley 5395.

This Institute advises the Ministry of Health that we are willing to provide support, document review, and advisory services in inspections of activities carried out in zones related to Nombre01 Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and 2011-112." (See documentary evidence.)

  • r)On March 5, 2020, the Ministry of Health notified ICAA that the company TICONTAINERS had complied with the requirements set out in sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, and the case was accordingly closed. (See documentary evidence.)
  • s)On June 15, 2020, the Executive President of ICAA issued official communication PRE-2020-00865, in which she stated:

"(…) A. Coordination actions carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within the scope of its competencies, has carried out various actions focused on the management and protection of Zone 6 of the Moín Aquifer, as detailed below:

V.Through publication in Gaceta 83 of May 2, 2011, of Board of Directors Resolution No. 2011-112 (Anexo 1), Board of Directors Resolution 2007-177 was partially amended, concerning the officialization of the hydrogeological study and vulnerability assessment of the Moín Aquifer, Limón, and the update of the protection zone DGAMB-2007-031.

That Resolution establishes land-use regulation (regulación de uso del suelo) recommendations for Zone 6, directed to the competent entities under its first Por tanto.

b. More recent coordination activities among the various competent bodies:

• Official communications issued by the Moín Commission, No. UEN–GA–2018–00322 (Anexo 2) dated March 2018, UEN–GA–2018–00556 (Anexo 3) dated April 2018, UEN–GA–2018–01827 (Anexo 4) dated October 2018, and UEN–GA–2018–1975 (Anexo 5) dated November 2018, addressed to the Local Government and the Ministry of Health.

• Presentation given by the Moín Commission on May 22, 2019, at the Nombre01 – Huetar Caribe Regional Office, to the Municipality of Nombre73 and the Ministry of Health, to address the matter of Zone 6, Moín Aquifer, in the province of Limón.

• Presentation given by the Moín Commission on June 19, 2019, to the Nombre77 Municipal of Nombre73, covering the hydrogeological characteristics of the Moín Aquifer as well as the environmental, technical, and legal implications relating to operating permits (permisos de funcionamiento), business licenses (patentes), and location permits in Zone 6 of the Moín Aquifer.

• Through official communications UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) and UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), inspections have been coordinated with the Ministry of Health; however, they have been postponed due to the state of emergency declared on account of COVID-19.

B. Competencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. As previously indicated, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as a public entity, must adhere to the Principle of Legality (Principio de Legalidad), which flows from the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública) in its article 11, and which circumscribes Nombre01's competencies within its Enabling Act Nº2726.

It is again clarified that this Institution does not have the authority to enter private property to verify that buildings comply with construction standards or that septic tank systems are being used correctly; to carry out evictions; to assess the physical sanitary condition (estado físico sanitario) of each construction and commercial activity; nor can it "nullify an operating permit," "shut down an activity," or, much less, file a complaint or legal remedy without grounding it in a technical report.

b. Board of Directors resolutions are technical recommendations that the competent institutions are responsible for applying when resolving a request or granting permits, licenses, or authorizations. Likewise, pursuant to the General Law of Public Administration, those institutions have the ability to depart from such recommendations, provided they give reasons for doing so.

For the foregoing reasons, it is clear that this Institute, within the scope of its competencies and in its interest in protecting the Moín Aquifer—from which a portion of Limón's population obtains its water supply—has undertaken a series of actions and created instruments that serve as input for both the Municipality and the Ministry of Health, enabling them to issue land-use regulations and to authorize activities that do not affect the quality or quantity of the water resource. The following clarifications are therefore made:

V.It is the Ministry of Health, in the case of industrial and commercial buildings, that—in compliance with the provisions of the General Health Law (Ley General de Salud) and its regulations—grants the operating permit; in doing so, it takes into account the technical opinion communicated by AyA.

At the administrative level, the granting of any permit must adhere to the principle of legality and to the fulfillment and verification of requirements, so that the Administration may proceed to evaluate and resolve accordingly. It should be noted that the Constitutional Chamber, with respect to the entire locality of Nombre73 including Dirección09, did not at any time order that no new operating permits be granted (see to that effect Votos Nº2008-004751 of 27/3/08 and N°2012-006424, the latter corresponding to Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO).

2. The respective Health Area (Área de Salud) is the body authorized to carry out a survey of the physical and sanitary condition of each of the structures and commercial activities; in fact, conducting such oversight on a permanent basis falls within its ordinary duties in fulfillment of its supervisory obligation.

3. For its part, it is the Local Government (Gobierno Local) that has jurisdiction to issue business licenses (patentes) and building permits for all construction, in accordance with land use and the technical assessment provided by AyA.

Based on the foregoing, what would in principle be appropriate is for you, as the interested party, to direct your inquiry to those bodies so that they may provide you with the information you seek. However, in application of Ley 8220 and its amendments, those entities will be notified of this same communication so that they may respond as appropriate within their respective areas of competence.

4. For the enforcement of liability to be possible and effective, any complaint must present a burden of proof sufficient to demonstrate the existence of a causal link between the carrying out of an activity or conduct and the inescapable result of harm caused.

In judicial matters, the protocols agreed upon with the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental) apply. To date, Nombre01's water supply infrastructure shows no signs of contamination that would have taken the water treatment plant or the supply systems in Dirección24 out of operation; nor is there any suspicion against any entity, natural person, or legal person that would appear in that capacity as having caused a contaminating event.

Therefore, on behalf of this Institute, the willingness to continue carrying out actions in coordination with the various competent institutions is reiterated, with the objective of ensuring that the activities currently being conducted, or those that may potentially be authorized in the future, do not affect the quality and quantity of the water resource used for the population's water supply." (See documentary evidence.)

  • t)On October 13, 2021, Nombre16 sent an email to ...04, in which the situation experienced on the properties of the supervised company was described. Nombre16 also stated: "My question is how Nombre01 can help us to initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer (…)." In response, the following day receipt of the electronic communication was acknowledged and Nombre16 was asked to send the property plans in "shape" format. (See documentary evidence.)
  • u)On November 15, 2021, the Directorate of the Functional Area of Hydrogeology of the UEN Gestión Ambiental of ICAA issued memorandum UEN-GA-2021-02951 in response to a query made by Nombre16 regarding the properties of Val Di S.A., in which the following was stated:

"Therefore, on behalf of UEN Gestión Ambiental, the following is indicated:

a. The lots owned by [Nombre72 003] submitted by Lic. Nombre80 (sic) Nombre06 are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by Agreement 2011-0112 of the Board of Directors of Nombre01 (Regular Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in the Gaceta No. 83, of May 2, 2011).

b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the objective of determining whether there is operational infrastructure on the property that is used for the purpose of providing water supply to the population.

c. Regarding cooperation for the eviction process of all persons contaminating the aquifer, it is important that the Legal area establish recommendations from a legal standpoint, so that UEN Gestión Ambiental may provide support as appropriate." (See documentary evidence.)

  • v)On January 20, 2022, the Huetar Caribe Region of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00090, by means of which the following was indicated in response to official communication PRE-J-2021-04524:

"Regarding the query received, I must indicate the following:

1- The described property is indeed located within the so-called Zone 6; within this zone there is an HF 300 mm pipe conveying water from the Moín water treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe is located on that specific farm.

2- Regarding requests for eviction, I must indicate that it is not within the purview of this Directorate to pursue the eviction of property belonging to a third party. This is something we have done for properties belonging to AyA; we have also brought the situation to the attention of MINAE. However, I reiterate that we cannot take steps to obtain evictions from a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner." (See documentary evidence.)

  • w)On January 28, 2021 (sic), the UEN Gestión Ambiental Directorate of ICAA explained, in memorandum UEN-GA-2022-00182, that:

"the following criteria issued in this regard are attached:

• Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Sub-Management of Peripheral Systems Management (Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos) (Anexo 2).

Therefore, on behalf of UEN Gestión Ambiental, the relevant communications pertaining to the matter under consultation are hereby forwarded, and it is necessary that the Legal area define the recommendations regarding the involvement and support of the institutional areas, as appropriate." (See documentary evidence.)

  • x)On February 7, 2022, an ICAA official issued memorandum PRE-J-2022-00477, in which the following was detailed:

"(…) For the purposes of this response, the technical criteria GSP-RHC-2022-00090 from the Huetar Caribe Region and UEN-GA-2021-02951 and UEN-GA-2022-00182 from UEN Gestión Ambiental are taken into account, and the following is stated:

By the principle of legality, Nombre01, in compliance with Ley 2726, does not have jurisdiction to carry out evictions on properties — registered title (folio real) — that are not registered in its name, as that power belongs exclusively to the registered owner. The foregoing is also grounded in the fact that Nombre01's revenues are backed solely by the rates paid by users for the services provided by the Institute. In that regard, the law requires that the amounts authorized in the respective rate schedules be invested directly in the infrastructure under AyA's administration, in properties registered in AyA's name (Nombre72 del AyA), and in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery. The use of rate-derived funds by AyA in other institutions — which are equally obligated to meet their obligations through their own rates, credits, or other acceptable forms of public-sector financing — or for taking action on private property, generates not only the breach of various norms such as those mentioned, but the entire legal framework applicable pursuant to the principle of legality governing the conduct of the Public Administration (In that regard, the obligations and prohibitions contained in the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, the Ley General de Control Interno, and the Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, among others, would also apply). It would likewise place the Institute in the dilemma of having to set aside certain obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it.

Furthermore, with respect to the possibility of conducting a study on the property in question, and in accordance with the principles of the Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, Tuesday, February 9, 2021, the cost-of-service principle and the authorization principle are found therein, defined by numerals 3 and 94 of the said Law, as follows:

"Article 3.- Definitions. For the purposes of this law, the following concepts are defined:

(…) b) Cost of service: a principle that determines the manner of setting the rates and prices of public services, so that only the costs necessary to provide the service are taken into account, allowing for a competitive return and guaranteeing the adequate development of the activity, in accordance with the provisions of Article 31…" Article 94.- "Authorization: Institutions and public enterprises that provide services are hereby authorized to sell directly to other public and private enterprises or institutions, whether national or foreign, advisory, consulting, training, or any other services related to their areas of competence." It is necessary to bear in mind that Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008, which is invoked as establishing that AyA is responsible for: "…c) Promoting the conservation of hydrographic basins (cuencas hidrográficas) and ecological protection, as well as the control of water pollution (…) the obligation of Nombre01 to exercise its administrative powers to protect aquifers…," must be analyzed in the context in which it arose, which concerned the assessment of a particular property where this Institute was required by order of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to carry out the corresponding studies to determine the suitability of that property for use.

That ruling does not constitute a general authorization for Nombre01 to carry out such work on all properties located in Dirección09 without the owner's authorization and without the owner creating the conditions under which the corresponding assessment can be conducted.

CONCLUSION

In accordance with what is indicated in the technical criteria GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the following should be communicated to the interested party, reiterating that:

  • A)Nombre01, by the principle of legality, may not initiate eviction proceedings on private property, as such power belongs exclusively to the title holder of the real property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that make up absolute ownership (dominio o la propiedad absoluta) over a thing, among which are the rights of defense and exclusion, and the rights of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively. Accordingly, the power to prove title, as a fundamental requirement for the eviction process, is in this case an exclusive prerogative that excludes AyA.
  • B)Although Article 2, subparagraph c) of Ley Nº 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of water bodies, and the Constitutional Chamber has referenced the protection of water resources in various rulings, the Institute may not violate the legal order and infringe upon fundamental rights such as the right to property, and may not, in the name of Nombre72 of that duty, arrogate to itself powers that exceed the limits of its authority.
  • C)In the event that a technical study is to be conducted on the property in question, it falls to the owner to create the conditions and coordination necessary to ensure the safety of the relevant officials upon entry to the property; furthermore, such work must be scheduled in accordance with institutional priorities." (See documentary evidence.)
  • y)On February 7, 2022, an official of ICAA directed memorandum PRE-J-2022-00480 to Nombre16, stating: "Please find attached the documents that serve as a referral for responding to the inquiry made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical opinion of the UEN. As well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477 corresponding to the opinion of the environmental legal area." (See documentary evidence).
  • z)On February 21, 2022, Nombre16 sent a written communication to Nombre03 of the Comisión Moín of ICAA, stating:

"(…) However, we were informed that Nombre01 could not intervene, and we were told that, in the event a technical study is carried out on the property in question, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordinate security arrangements for the relevant officials when entering the property, and furthermore that such work would have to be scheduled in accordance with institutional priorities.

For this reason, the owner made the decision to undertake the corresponding study, given the workload and scheduling constraints that Nombre01 indicated prevented them from carrying it out.

We therefore request that you advise us on the areas that the private firm should address in the aquifer (acuífero) contamination study, the terms of reference to be included in the study, and the methodology to be applied on the property, so that said study may be accepted by AyA.

For future notifications, I will receive mine at email ...Telf02, or by fax at Telf03." (See documentary evidence).

aa) On March 2, 2022, the Región Huetar Caribe sent official communication GSP-RHC-2022-00354 to Nombre18, informing that their case had been transferred to the UEN Ambiental Investigación y Desarrollo "which indicates it will be working on preparing the terms of reference for carrying out the relevant studies." (See documentary evidence).

bb) On March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the Región Huetar Caribe of ICAA, in which the following was recorded:

"In response to the email sent by the Director of the Región Huetar Caribe to the Director of the UEN Gestión Ambiental, forwarding the letter of Lic. Nombre14( Marín, regarding the case of the property owned by [Nombre 003], the following is stated:

1. By means of Board of Directors Resolution of Nombre01 No. 2007-177, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the official publication of the hydrogeological study and vulnerability assessment of the Moín, Limón aquifer, and the update of protection zone DGAMB-2007-031.

2. By means of Board of Directors Resolution No. 2011-112 of AyA, published in La Gaceta No. 83 — Wednesday, May 2, 2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the draft resolution to partially amend Board of Directors Resolution 2007-177, which establishes restriction guidelines for Zone 6.

3. By means of official communication UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental, the following is stated:

"Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that prior to issuing recommendations, it is necessary to verify field conditions regarding the hydrogeological features of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot. The interested party is therefore required, should they wish to carry out such a survey, to coordinate with the Fuerza Pública and other competent institutions to provide the corresponding escort for the mapping of the structures.

Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is stated:

V.The lots owned by [Nombre72 003], submitted by Lic. Nombre80 (sic) Nombre06, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone (zona de protección), which was established by Board of Directors Resolution 2011-0112 of Nombre01 (Ordinary Session No. 2011-017 of April 7, 2011, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011)…"

Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Nombre72 003] is located in Zone 6, which has High Intrinsic Vulnerability as defined by AyA, and therefore the technical study to be carried out must take into account this already-established parameter and incorporate a survey of sinkholes (ground depressions), which may vary in size, shape, and distribution.

Once the relevant elements are identified (high vulnerability and location of sinkholes), an environmental management plan (plan de manejo ambiental) consistent with the intended activity must be submitted, guaranteeing no harm to the water resource (recurso hídrico).

Once the study is completed and the final results are presented by the interested party, it must be delivered to the Comisión Moín coordinated by the Environmental Sub-Management (Subgerencia Ambiental), Research and Development. Nombre01 reserves the right to verify the information submitted, for which the interested party must coordinate with the Fuerza Pública and other competent institutions to provide protection for the officials conducting the site visit." (See documentary evidence).

  • cc)On March 25, 2022, the Región Huetar Caribe of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00483, detailing the following:

"In response to the official communication referenced in the subject line and the additional information requested by email, and in relation to the complaint regarding earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata de Moín sector of Limón, the following is noted:

- The site for which the complaint is filed, both with the municipality of Nombre73 and with MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on property Dirección11, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A.

However, it should be noted that this property has been subject to precarious occupation (squatter settlement) for many years, and the work complained of was most likely carried out by some of the occupants.

- The property is located within the so-called Zone 6 of the recharge area (área de recarga) of the Nombre73 aquifer, for which there are Board of Directors Resolutions of Nombre01 (2007-177 and 2011-112) that recommend land-use regulations.

- Due to its precarious nature, there are no formal drinking water services on the property.

- With regard to the earthworks, given the time that has elapsed, these are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, which is why Nombre01 turns to local institutions, which have sufficient authority to stop them.

- This complaint does not correspond to the case already addressed regarding the Escuela de Villa del Mar 1 (see image 1) (…)." (See documentary evidence).

dd) On March 25, 2022, the executive president of ICAA submitted a written communication to the Tribunal Ambiental Administrativo regarding file 064-19-01-TAA, in which the following was stated:

"FIRST: By means of report GSP-RHC-2022-00476, it is indicated that this Institute, through the Región Huetar Caribe Directorate, originally filed a complaint before the administrative authorities by means of official communications GSP-RA-2018-02131 and 02132, stamped as received by the Municipality and MINAET (SINAC), a proceeding that was transferred to the Tribunal Ambiental Administrativo without SINAC having carried out the corresponding assessment. Those communications evidenced that the earthworks were occurring in Villa Plata, at the site located at coordinates Dirección25, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín.

The foregoing coordinates are located on the property of [Nombre72 003], with legal entity ID (cédula jurídica) CED15, lots 7-27136, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: CED16, and lot PARCEL: 27138, SURVEY PLAN: L-0509860-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: CED17, both in the PROVINCE OF: LIMÓN.

Report GSP-RHC-2022-00483 states, regarding the verification of the location of the originally cited coordinates:

"…-The site for which the complaint is filed, both with the municipality of Nombre73 and with MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on property Dirección11, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A.

However, it should be noted that this property has been subject to precarious occupation for many years, and the work complained of was most likely carried out by some of the occupants.

- The property is located within the so-called Zone 6 of the recharge area of the Nombre73 aquifer, for which there are Board of Directors Resolutions of Nombre01 (2007-177 and 2011-112) that recommend land-use regulations.

- Due to its precarious nature, there are no formal drinking water services on the property.

- With regard to the earthworks, given the time that has elapsed, these are no longer ongoing. This type of intervention is normally of short duration, which is why Nombre01 turns to local institutions, which have sufficient authority to stop them…" SECOND: By means of official communication PRE-J-2021-04524, communicated by email on October 13, 2021, Lic. Nombre16, representative of the current owners of the property Dirección12 where the earthworks were carried out, was informed of and made aware of the situation regarding access to said property, which has been invaded:

"The purpose of this email is to request information on the outcome of the action taken with the administrative office of Nombre01 for the eviction of the persons who are contaminating the Moín aquifer and who are simultaneously occupying the property [Nombre07 002], with legal entity ID CED15, lots 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: GRAZING LAND AND PARTLY FOREST, LOCATED IN Dirección13 1-LIMÓN IN THE PROVINCE OF LIMÓN, PARCEL IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: STREAM AND Nombre01, SOUTH: Dirección14, EAST: STREAM AND Nombre06, WEST: COSAS DE MADERA S.A., MEASURES: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: CED16, and lot PROVINCE: LIMÓN PARCEL: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHERS, LOCATED IN Dirección27 1-LIMÓN IN THE PROVINCE OF LIMÓN, PARCEL IS IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: Dirección10, SOUTH: Dirección06, EAST: Dirección14, WEST: RAILWAY RIGHT-OF-WAY, MEASURES: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509860-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: CED17.

Both properties are located in a place called Villa Plata, which is a squatter settlement (precario) where a large number of houses and persons are unlawfully occupying the property.

Said properties are located one hundred percent within Zone 6 described in official communication No. 2007-177, SUBJECT: Official publication of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín, Limón aquifer, and the update of protection zone DGAMB-2007-031, and within it there are a large number of residential dwellings, smallholders who are illegitimately occupying the property and at the same time causing environmental damage and contamination of the aquifer.

My question is how Nombre01 can help us initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer…" Based on the foregoing, it is noted that, even though at the time of the complaint (2018) the earthworks (movimientos de tierra) were the responsibility of the registered owner, they did not continue after the reported events. As a result, it is not currently possible to conclusively identify what the consequences of those earthworks were, or to assess the extent of the damage caused at the time they were carried out. This Institute, given the current situation of encroachment upon the property—which is now a consolidated settlement (asentamiento) on the property of [Nombre72 003], with legal identification number CED15, properties 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER:CED16, and property FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED17, both in PROVINCE: LIMON—is currently unable to facilitate the identification of the individual who caused the environmental damage, for the purposes of this Tribunal's search for the material truth of the facts, as well as for purposes related to the right of defense of the alleged perpetrators of damage to the environment and human health by act or omission." (See documentary evidence.)

ee) On April 8, 2022, the Cantonal Unit of Nombre73 of ICAA issued document GSP-RHC-L-2022-00494 addressed to the Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, which stated:

"As an addendum and clarification to official communication GSP-RHC-L-2022-00488 of April 7, 2022, I respectfully wish to address the following:

1. While it is true that sworn declarations apply to unregistered land, Villa Plata has a registered property (it has a registered owner), which is why this procedure is not applicable in the present case. It is further clarified that cadastral surveys and sworn declarations do not apply in the case of Villa Plata, since the settlement has a registered owner.

2. Villa Plata is a settlement not authorized by the registered owner of the property, which is why its inhabitants do not hold title to the real property. For this reason, Nombre01 cannot proceed to assess the feasibility of providing its services in Villa Plata. In light of the foregoing, it is not possible to conduct a field inspection as requested in your document received at this Office on March 25, 2022, since the settlement is of a private nature.

3. Villa Plata is located in a strategic area within the recharge zones (zona de recarga) of the Moín aquifer (acuífero), particularly with respect to what is known as "Zona 6," subject to recommendations established and regulated by Board of Directors Resolutions N° AN-2007-177 and N° 2011-112. The aforementioned resolutions are attached.

4. The request for services for Villa Plata concerns not only the supply of drinking water, but a comprehensive regularization process requiring compliance with all other services, among which the disposal of wastewater (aguas residuales), lot size, and impervious surface area are of particular importance for the reasons already stated and for those set forth in the aforementioned Board of Directors Resolutions of AyA, which are binding as indicated by the Sala Constitucional. This means that even if the issue of land title in Villa Plata were resolved, the recommendations of the Board of Directors Resolutions regarding wastewater treatment and disposal, hydraulic and water capacity, among other matters, must still be taken into account.

Since this is an informal settlement (asentamiento en condición precaria), it is not possible to proceed to analyze or make recommendations regarding the request submitted until the issue of land tenure (tenencia de suelos) is resolved and the request is brought into conformity with the aforementioned Board of Directors Resolutions (…)." (See documentary evidence.)

ff) On May 5, 2022, the Minister of MINAE and the Executive President of ICAA were served notice of the resolution admitting this appeal. (See notification records.)

gg) On May 9, 2022, ICAA prepared technical report PRE-J-2022-01740 concerning the "Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 and 00027136-000," which stated:

"A) Complaints Filed:

Table N° 1 shows the complaints filed regarding earthworks, tree felling within Zone 6 of Moín, or the establishment of activities incompatible with the Regulatory Recommendations set forth in Board of Directors Resolution N° 2011-112 of Nombre01. For the sake of conciseness on the matter requested, only evidence relating to the cases involving Precario Villa Plata will be attached; these will be presented as annexes to this document and are the ones highlighted in yellow (…)

Setting out in detail the complaints related to Precario Villa Plata:

Complaint N° 7 and N° 8: In September 2018, Engineer Nombre09 of Nombre01 Región Huetar Caribe filed these complaints through Official Communications GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (attached), which were notified to both the MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks at Precario Villa Plata and within property Folio Real N° 27136-000. As of this date, the matter is being processed through the Tribunal Ambiental Administrativo, Case File N° 064-19-01-TAA.

Complaint N° 9: In March 2019, Engineer Nombre10 of Nombre01 Región Huetar Caribe filed Official Communication GSP-RA-2019-00456, reporting forest clearing (corta forestal) and earthworks in the Forested Zone of the Moín Aquifer, which was notified to both the MINAE authorities and the Municipality of Limón, regarding illegal earthworks and clearing of forest vegetation.

As shown in Figure N° 1, some of these earthworks and clearing of forest vegetation occurred on the southeastern side of property Folio Real N° 27136-000 (…)

These complaints demonstrate that Nombre01 has applied the mechanisms available under the legal framework to report the clearing of vegetation and earthworks on property Folio Real N° 27136-000—a situation that has not been addressed by the competent authorities or by the property owner, who has never been reachable at the time such complaints are filed.

  • B)Development of New Projects:

Table N° 2 shows the main requests for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. To demonstrate that it is feasible to carry out Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, those Projects that have received approval and the water availability (disponibilidad de agua) required for their construction are highlighted in green; as the results show, of 10 proposed Projects, 50% were approved by Nombre01 to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters (…)

(…) the Regulatory Recommendations established by Nombre01 in Board of Directors Resolution N° 2011-112 do not nullify the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the implementation of projects in Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly, incorporating measures that maximize aquifer recharge and minimize the impact of generated wastewater through treatment systems that protect and safeguard the quality of the water resource.

In addition to the foregoing, during the years 2020 and 2021—as shown in Table N° 3—there were 80 requests for drinking water availability for single-family homes, of which 54%, or 43 water availability requests, were approved by the Limón Cantonal Office within Zone 6 of the Moín Aquifer, reinforcing the fact that it is feasible to develop properties within this zone (…)

  • C)Existing Installations:

Table N° 4 shows the main criteria issued by Nombre01 Región Huetar Caribe regarding existing installations and how to ensure that those installations comply with the Regulatory Recommendations issued by Nombre01, depending on the sector in which they are located and pursuant to the criteria of Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112. For the sake of conciseness on the matter requested, only evidence relating to the cases involving Precario Villa Plata will be attached; these will be presented as annexes to this document and are the ones highlighted in yellow (…)

In the case of Precario Villa Plata, multiple criteria have been issued over time by the Limón Cantonal Office; Table N° 4 lists three of them, in all of which the repeated criterion has been that it is not possible to provide water service, issue water availability, or authorize the installation of public standpipes (pajas públicas) within the informal settlement. Additionally, all notices indicate the location of this informal settlement within the recharge and water protection zone of the springs (nacientes) of Moín, where compliance with Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112 is required (…)

(…) Precario Villa Plata has been established for many years; in fact, the Development Association's seal printed on the request indicates the year 2010. This can be corroborated by Figure N° 9, where, in an extract from a Google Earth image dated February 2010, a large number of internal roads, dwellings, and areas without forest can already be seen within properties 00027138-000 and 00027136-000 (…)

The foregoing is very important to note given that the owners of these plots claim that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years Nombre01 has denied water service availability at Precario Villa Plata, and that during that same period there is no record of any action by the owners of these plots to reclaim them. Notwithstanding this fact, Nombre01 has filed the complaints and taken the actions permitted by law within what this report refers to as "existing installations" in Zone 6, in order to ensure compliance with Board of Directors Resolution N° 2011-112 (…)

Finally, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, Nombre01 has implemented various Projects or actions and plans to carry out further activities to improve the protection of the water resource of the springs of Moín, among which are:

  • V)Creation of the Moín Aquifer Commission:

In July 2010, Nombre01 created a Multidisciplinary Commission to resolve outstanding cases relating to the Moín Aquifer, known as the "Comisión de Acuífero Moín." This body includes representation from the Environmental Unit, the Legal Department, the General Deputy Management of Nombre01, and staff from the Región Huetar Caribe. This Commission currently issues, on a collegial basis, technical criteria for projects or cases that so require within the zones established by Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112.

  • B)Construction of Drinking Water Treatment Plant:

Within the tenth point of Resolution N° 2007-177 it was stated:

"Unless it is demonstrated that the Moín springs (nacientes) have been irreversibly affected, pursuant to the applicable regulations, by the Químicos Holanda incident, they shall be kept in service for public water supply for technical and demand-related reasons, subject to the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated-carbon system or whatever technology is necessary to ensure water quality against any possible contamination. Studies to determine the feasibility of using the upper watershed of the Banano River as a replacement source for the Moín springs, in the event that those springs become contaminated by industrial activities taking place in the watershed, shall be initiated immediately." In compliance with that resolution, and as shown in Figure No. 10, the Moín Water Treatment Plant has been in operation since March 2012, at a cost of approximately ¢400,000,000.00 (Four hundred million colones).

This plant treats the water from the spring (naciente) by removing the turbidity and organic load present in the waters of the Moín springs, thereby guaranteeing the potability of the water supplied to the population. It is important to note that this plant is not equipped to treat hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…)

  • C)Communication at the Highest Level:

As recorded in document PRE-1426-2012, in November 2012, the Executive President of Nombre01, Nombre03. Nombre11, notified Mr. Mayor of the Municipality of Nombre73 Nombre02. Nombre24 regarding the application of Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112 within the Limón Regulatory Plan, concluding with the following statement: (…)

Likewise, by means of Official Communication PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of Nombre01, Nombre03. Nombre11, notified Nombre03. Nombre13 of the Technical Environmental Secretariat, informing that official of the application of Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112.

  • D)Lidar Project: Through procurement No. 2017FTS-00113-PRI, in the amount of 20 million colones, the Watershed Department of AyA contracted Services for the collection, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under a watershed concept, applied through a photogrammetric and Lidar survey of Zone 6 of the Moín Aquifer.

Among the results obtained, and as shown in Figure No. 11, it was possible to identify sinkholes (dolinas), sumideros, and topographic depressions within the area, making it possible to assess the density of these features within the properties where new projects in Zone 6 of the Moín Aquifer are being proposed. Once these structures have been identified, the Environmental Unit of Nombre01 conducts on-site surveys and issues the corresponding technical assessment. This information makes it possible to evaluate the conceptualization of projects in the aforementioned Zone 6, to issue water availability determinations for those projects, and to verify the information submitted by developers. (…)

  • E)Sanitary Sewerage and Wastewater Treatment Plant Construction Project for Moín:

As part of the actions taken by Nombre01 to protect the Moín Aquifer, the Coastal Zones Drinking Water and Sanitation Program, Service Quality and Efficiency Management — BCIE 2188 — includes Project BPIP 1984, entitled "Construction of the Moín Sanitary Sewerage System," which aims to build the sanitary sewerage system in the area shown in Figure No. 12 and to construct a Wastewater Treatment Plant as shown in Figure No. 13, all within the most densely populated sectors of Zone 6 of the Moín Aquifer (…)

CONCLUSIONS:

  • 1)For more than 19 years, Nombre01 has filed the necessary complaints with the Municipality of Nombre73 and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks (movimientos de tierra) and forest vegetation clearing (cortas de vegetación forestal) whenever an impact on the recharge zones (zonas de Recarga) of the Moín Aquifer is detected. It has also reported ongoing activities that are incompatible with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112.
  • 2)For more than 19 years, Nombre01 has reviewed the conceptualization of new projects in the recharge zones of the Moín Aquifer to ensure compliance with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112, and to date has approved 50% of the projects submitted, with successful outcomes — as exemplified by the Matama Village Apartments, which have been in operation for 6 years without generating any contamination risk to the Moín Aquifer.
  • 3)In 2020 and 2021, 54% of water availability determinations for single-family residential construction in Zone 6 of the Moín Aquifer were approved.
  • 4)In light of the findings stated in Conclusions 2 and 3, there is no doubt that various types of projects can feasibly be developed in Zone 6 of the Moín Aquifer, and that these regulations do not strip property owners of the right to carry out activities and projects of various kinds, as has been demonstrated.
  • 5)With respect to existing activities, it is established that Nombre01 has, for 19 years, issued the necessary criteria to ensure that current activities comply with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112.
  • 6)In the specific case of the Precario Villa Plata, no water service availability or public water connection (paja pública) has been provided to date for this development. The Integral Development Association of Villa Plata has been repeatedly informed of the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112, and of the impossibility of providing services; the corresponding complaints have likewise been filed within the precario itself. All of the foregoing has been done in order to protect the title to both properties.
  • 7)The highest-ranking authorities of AyA have requested compliance with Voto N° 2008-004751 of the Constitutional Chamber, so that the Municipality of Nombre73 may amend the Regulatory Plan to incorporate the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112.
  • 8)Our files and records contain no evidence of any action taken by the owner of Parcels No. 00027138-000 and 00027136-000 to halt the occupation of Precario Villa Plata over more than 14 years, nor has there been any prior communication from that owner with the Huetar Caribe Region that would have made it possible to coordinate the complaints that have been filed or to keep the owner informed of the outcomes of the potable water service requests made by the Integral Association of Precario Villa Plata on their land.
  • 9)The Institute has carried out significant projects to protect the Moín Aquifer, including the construction of the Moín Drinking Water Treatment Plant, the development of the Lidar Project described above, and, in the future, the construction of the Moín sanitary sewerage system and its wastewater treatment plant, in which the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow capacity, given that the future status of Precario Villa Plata remains uncertain, precisely because its owners have been inactive for several years.
  • 10)All of the foregoing demonstrates that the petitioner's claims of institutional inaction lack technical and documentary support, as is established in this report." (See documentary evidence.)

hh) On May 9, 2022, the UEN Gestión Ambiental of ICAA signed memorandum UEN-GA-2022-00850, which stated:

"(…) II. Inter-Institutional Coordination Actions Nombre01, as the governing institution for public water supply, has conducted research with the objective of generating the technical basis necessary to protect water resources in the Moín Aquifer, from which part of the population of Limón is supplied.

For this reason, Nombre01 has taken actions with various competent institutions to share the technical information it has generated and to advise them from a hydrogeological, legal, and operational standpoint, so that the information provided serves as a tool in the technical assessments carried out by those bodies.

The following is a summary of the actions taken during 2018, 2019, and 2020:

1. By means of official communication UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), the UEN Gestión Ambiental submitted a query to the Directorate of the Ministry of Health regarding the operating permit for a project located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón.

2. By means of official communication DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responded to official communication UEN-GA-2018-00322, informing that it would provide a response to the request as soon as possible through Nombre13. Nombre32, Director of the Limón Health Governing Area.

3. By means of official communication UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), the UEN Gestión Ambiental requested from the Health Governing Area technical information concerning operating permits for the IRR ALCARIBE project, located in Zone 6, Moín.

4. At a meeting held on October 2, 2018 (Anexo 6), between SENARA and AYA, the technical information related to the Matama Village Project was presented, and it was agreed to share with AyA the information regarding Zone 6 that AyA held.

5. By means of official communication UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), dated October 2, 2018, the UEN Gestión Ambiental delivered to SENARA the technical study entitled: "Services for the collection, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under a watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR survey of a sector of the Moín Aquifer, Limón." 6. By means of official communication UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8), dated November 21, 2018, the Comisión Moín requested from the Municipal Mayor information concerning the administrative file for the company Ticontainers.

7. By means of official communication PRE-2019-00516 (Anexo 9), the Executive Presidency of AyA requested a meeting with the Municipal Mayor, the Nombre77 Municipal of Limón, the Regional Director of the Ministry of Health, and the Limón Health Governing Area to address a case involving a project in Zone 6, stating:

"In light of the foregoing, you are kindly invited to attend a meeting with the technical staff of Nombre01 (UEN Gestión Ambiental, Directorate of Urbanizations, Legal Directorate, Regional Directorate) on May 22, 2019 (a date established well in advance to allow for coordination of schedules), at 8:30 a.m. at the offices of the Regional Directorate of Nombre01 located at Dirección20, Limón, and subsequently, if deemed appropriate, a field visit." 8. By means of Resolution SM-248-2019 (Anexo 10), dated May 7, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in response to official communication PRE-2019-00516 from AyA, stated:

"IT IS RESOLVED: To confirm the participation of the following persons: Nombre33, Nombre34, Nombre35 — Proprietary Council Members; Nombre36 — Alternate Council Member; Nombre37 — Proprietary Síndico and Nombre38 — Alternate Síndica; for the purpose of attending on May 22, 2019." 9. By means of a meeting held on May 22, 2019 (Anexo 11), at the Regional Office of Nombre01 in Limón, the following officials were in attendance: (…)

The following agreements were reached: 1. Establish an Inter-Institutional Commission for Moín, made up of at least one representative from each of the following institutions: AyA, MinSa, and the Municipality. This commission will jointly analyze the verification of non-contamination of the water sources captured by AyA, in the operating permits located in Zona 6 Moín…

…6. Extend an invitation to the Directorate of Water of MINAE to participate in the Inter-Institutional Commission…

…In the case of the company Ticontainers, it is agreed to carry out a joint inspection on July 4, 2019; following that inspection, technical recommendations will be issued…" 10. By means of official letter GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), issued by the Regional Directorate of AYA, a request is made to the Nombre77 Municipal of Nombre73 for an audience so that the AyA Moín Commission may present the environmental, technical, and legal scope of Zona 6 Moín as a Strategic Water Catchment Area of Interest, along with Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-017 of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

11. By means of Agreement SM-331-2019 (Anexo 13), dated June 11, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in response to the request for an audience submitted by AyA, states:

"IT IS AGREED: The Audience is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m., in the Session Hall of the Municipalidad de Limón." 12. By means of an email issued by the Directorate of the UEN Gestión Ambiental dated June 12, 2019 (Anexo 14), addressed to the representatives of the Inter-Institutional Commission formed at the May 22, 2019 meeting, participation in the session of the Nombre77 Municipal of Nombre73 on June 19, 2019, at 5:00 p.m., is coordinated.

13. By means of an email issued by the Directorate of the Área Rectora de Salud (Anexo 15), dated June 17, 2019, a presentation by AyA to the technical staff of the Ministerio de Salud is coordinated, covering research conducted in Zona 6 and relevant legal and operational matters.

14. By means of a meeting held on June 19, 2019 (Anexo 16) at the Regional Office of Nombre01 in Limón, Nombre01 presented the Board of Directors Agreements of AyA to officials of the Ministerio de Salud.

15. By means of the Municipal Session of June 19, 2019, Nombre01 presented the Board of Directors Agreements of AyA to the Nombre77 Municipal.

16. By means of Extraordinary Minutes No. 33 of Wednesday, June 19, 2019 (Anexo 17), the agreements of the municipal session are recorded, in which Nombre01 presented technical aspects regarding Zona 6 of the Moín Aquifer, among which the following is noted:

"MOTION: Appoint the following persons to form part of the Inter-Institutional Commission of AyA: Nombre02. Nombre47 — Alternate Council Member, Nombre03. Nombre48 — Municipal Engineering Directorate, and Ing. Nombre49 — Municipal Census and Cadastre Unit." 17. By means of an email dated June 25, 2019 (Anexo 18), the UEN Gestión Ambiental transmitted to the Directorate of Water the technical presentation delivered on June 19, 2019 at the Nombre77 Municipal of Nombre73, along with Board of Directors Agreements of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112.

18. By means of an inspection carried out on July 11, 2019 (Anexo 19), a field visit to the Ticontainers project was conducted by officials from Nombre01 and the Ministerio de Salud.

19. By means of official letter UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), issued by the UEN Gestión Ambiental, the Área Rectora de Salud in Limón was sent the inspection report from the field visit conducted at Ticontainers, and future meetings were coordinated, with the letter stating:

"Likewise, we request your agreement to continue accompanying inspections at projects located in Dirección09. The Comisión Moín is particularly interested in holding a meeting to draw up a schedule for the year 2020; to that end, we propose Thursday, March 26, at 1:00 p.m., at your facilities or at the AyA Huetar Caribe Regional facilities. We await your availability, by email or written note addressed to the proposed date, at the following contacts:

• Nombre61, Director of the UEN Gestión Ambiental — Email: ...02 • Nombre50, Director of the Hydrogeology Functional Area — Email: ...03" 20. By means of official letter MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), the Directorate of the Área Rectora de Salud of Limón transmitted to the Directorate of the UEN Gestión Ambiental technical report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, concerning the Ticontainers case.

21. By means of official letter UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), the UEN Gestión Ambiental notified the Directorate of the Área Rectora de Salud of the cancellation of the meeting due to the pandemic and its rescheduling, stating:

"In response to official letter UEN-GA-2020-00494, which requests a meeting regarding the Ticontainers Project, to be held on March 26, 2020, and with kind reference to the national situation arising from the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled to April 23, 2020, at 1:00 p.m., at your facilities or at the AyA Huetar Caribe Regional facilities. We await your availability, by email or written note addressed to the proposed date…" 22. By means of official letter UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), the UEN Gestión Ambiental notified the Directorate of the Área Rectora de Salud of the following:

"With utmost respect, and pursuant to document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, which indicated April 23, 2020, as a tentative date for holding a follow-up meeting regarding the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, said meeting must be rescheduled until further notice, as the in-person meeting is of the utmost importance and the field tour was to take place that same day." 23. By means of official letters UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), and PRE-2020-00865 (Anexo 27), issued by AyA, organized groups such as the Asociación de Desarrollo para la Ecología have been informed of coordination and engagement actions undertaken with institutions and the Local Government regarding projects in Zona 6 of the Moín Aquifer.

It is important to note that, since the publication of the 2007 Board of Directors Agreement, Nombre01 has carried out coordination actions with various public institutions. However, for the purpose of responding to the writ of amparo (recurso de amparo), a summary of the actions carried out during the years 2018, 2019, and 2020 is presented.

Additionally, for public health reasons, in the context of the COVID pandemic, the Ministerio de Salud has shouldered a significant workload and has taken a leading role in its management. For this reason, Nombre01 has not continued with in-person meetings and inspections, given that it requires the accompaniment of the Ministry, which is the competent authority to enter properties in order to carry out inspections of activities that may impact the water resource used for the population's water supply. Nevertheless, should an urgent inspection of a project be requested and provided that the property owner's consent and the corresponding safety measures are in place, Nombre01 stands fully ready to conduct such an inspection if necessary.

III. Cases in which the Board of Directors Agreement has been applied to development projects

In accordance with the institutional interest in preserving the quantity and quality of groundwater captured at the Moín Water Sources, and in fulfillment of the Board of Directors Agreements cited in Section I of this official letter, Nombre01 has overseen field surveys, held meetings with interested parties, and produced technical reports, so that the activities being developed are consistent with the Board of Directors Agreements of AyA.

The following are some examples in which interested parties have submitted technical reports:

a. By means of official letter PRE-2018-00116, issued by the Executive Presidency of AyA, a technical opinion is issued regarding the field surveys conducted by Nombre01 on the properties with Survey Plan 7-1615161-2012 (Nombre81) and 7-1615160-2012 (Nombre82).

b. By means of official letter UEN-GA-2016-00363, issued by the UEN Gestión Ambiental, the following information is transmitted:

• Observations corresponding to the review of the "Detailed Hydrogeological Study, Analysis of Vulnerability to Aquifer Contamination, and Review of the Protection Zones of the Moín Aquifer (Zona 6) for the properties under cadastral registrations L-862177-2003 and L-859280-2003," prepared by the company Geotest, November 2015.

• The technical report entitled "GEOLOGICAL INSPECTION, SURVEY PLAN L-86217-2003 and L-859280-2003 MOIN, LIMON," prepared by the Hydrogeology Functional Area of the UEN Gestión Ambiental, is presented.

c. By means of official letter UEN-GA-2020-00494, issued by the Comisión Moín, the Ministerio de Salud is sent the inspection report carried out jointly by Nombre01 and the Ministerio de Salud at the Ticontainers Project located in Zona 6 of the Moín Aquifer, Limón, in which the results of the field visit and the technical recommendations are communicated.

d. By means of official letter UEN-GA-2021-00736, issued by the UEN Gestión Ambiental, in response to a query made by Lic. Nombre62 on behalf of Mr. Nombre63, the following is stated:

"…There is an encampment of 150 persons who guard the various access points to the property with weapons…" "Given this situation, it will be necessary for the property owner to carry out the steps required to coordinate with the public security forces to ensure the safety of AyA officials who will be conducting the corresponding field verification with the presence of the registered owner or their legal representative, and to provide written permission for access to the property to the UEN Gestión Ambiental.

The requirements set out in the preceding paragraph must be coordinated by the property owner, as AyA has no public-service infrastructure on the property. With regard to the process involving the public security forces, the corresponding documentation from that authority is required, attesting to their accompaniment throughout the entire tour with the AyA officials; 4 officers will be necessary for the fieldwork.

Therefore, the UEN Gestión Ambiental requests, for the purpose of addressing the query regarding survey plan L-768772-2002, that at least 15 business days' notice be given of the date for conducting the field verification, so that this Institute may coordinate internally as appropriate and confirm whether the proposed date is feasible according to its work schedules."

IV. Handling of the writ in question

In response to the case concerning the writ of amparo under Expediente No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [Nombre72 001], the following actions carried out by the Comisión Moín are set forth:

V.By means of an email dated October 13, 2021, sent by Lic. Nombre14 (Anexo 28), a query was submitted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which the following is stated:

"My question is: in what way can Nombre01 help us to initiate an eviction process against all the persons who are contaminating the aquifer, given that, in a ruling of the Sala Constitucional dated August 1, 2008, at 10:11 a.m., Expediente: 07-009140-0007-CO, of the Sala Constitucional, concerning a writ of amparo filed directly regarding the Moín aquifer case, it was established that Nombre01 has an obligation to exercise its administrative powers to protect the aquifer layers." 2. By email dated October 14, 2021 (Anexo 29), the Legal Directorate requested from Lic. Nombre14( the information regarding the shapefile (.shp) with the boundary delimitation of the property under consultation.

3. By email dated November 3, 2021 (Anexo 30), the Legal Directorate – Environmental Legal Division attached the file named "prop valdi shp," provided by Nombre02. Nombre14(.

4. By memorandum UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), dated November 15, 2021, issued by the UEN Gestión Ambiental, a response was provided to the Legal Directorate regarding the inquiry from Lic. Nombre14(, in which the following is stated (Figure 2):

"Therefore, the UEN Gestión Ambiental indicates the following:

a. The lots owned by [Nombre72 003], provided by Lic. Nombre14(, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by Agreement 2011-0112 of the Board of Directors of Nombre01 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in the Gaceta No. 83, of May 2, 2011).

b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region submit a query to the Huetar Caribe Regional Directorate, with the aim of determining whether the property contains operational infrastructure intended for population water supply service (…)

c. Regarding collaboration in the process of evicting all persons who are contaminating the aquifer, it is important that from a legal standpoint the corresponding recommendations be established, so that the UEN Gestión Ambiental may provide support as appropriate." 5. By memorandum GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Anexo 32), issued by the Huetar Caribe Regional Directorate, the following is stated:

"Regarding the query received, I must indicate the following:

1. The described property is indeed located within the area known as Dirección02; in this zone there is a 300 mm cast-iron (HF) pipe conveying water from the Moín water treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe is located on that specific property.

2. Concerning eviction requests, I must indicate that it does not fall within this Directorate's purview to manage the eviction of properties belonging to a third party. This is something we have done for properties belonging to AyA; we have also brought the situation to the attention of MINAE. However, I reiterate that we cannot undertake proceedings to carry out evictions on a property that does not belong to the Institute — in fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner." 6. By memorandum UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), dated January 28, issued by the UEN Gestión Ambiental to the Legal Directorate, the following is stated:

"Given the foregoing, the following criteria issued in this regard are attached:

• Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the memoranda corresponding to the case under consultation are hereby forwarded, and it is necessary that recommendations be defined from a legal standpoint regarding the involvement and support of the relevant institutional departments, as appropriate." 7. By memorandum PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the following is stated:

"In accordance with the technical criteria set forth in GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the interested party must be notified, reiterating that:

  • A)Nombre01, by the principle of legality, cannot initiate eviction proceedings on private properties, as that power belongs exclusively to the title holder of the property, pursuant to Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights comprising absolute ownership (dominio) of a thing, including the rights of defense and exclusion and the rights of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively; consequently, the evidentiary power arising from title ownership, as a fundamental requirement for eviction proceedings, is in this case exclusive and therefore precludes AyA from acting.
  • B)Although Article 2, subparagraph c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of bodies of water, and the Constitutional Chamber has referenced the protection of water resources in various rulings, the Institute may not violate the legal order or transgress fundamental rights such as the right to property, and may not, in Nombre72 of that duty, arrogate to itself competencies that exceed the limits of its authority.
  • C)In the event that a technical study is to be conducted on the property under consultation, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordinate the security arrangements necessary to ensure the safety of the relevant officials upon entering the property; furthermore, such work must be scheduled in accordance with institutional priorities." 8. By memorandum PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the institutional criteria were forwarded to Lic. Nombre14(, with the following statement:

"Please find attached the documents forwarded in response to the query submitted: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSP-RHC-2022-00090 and UEN-GA-2021-02951), which constitute the technical opinion of the UEN; as well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477, constituting the opinion of the Environmental Legal Area." 9. By note dated February 21, 2022 (Anexo 36), issued by Lic. Nombre14(, the Moín Commission was requested to provide the technical aspects to be considered in the hydrogeological study to be conducted on the property.

10. By memorandum UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), dated March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental, in response to the note from Lic. Nombre14(, stated:

"Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Nombre72 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic vulnerability as defined by AyA; therefore, the technical study to be conducted must take this pre-established parameter into account and must incorporate a survey of sinkholes (depressions in the terrain (dolinas)), which may vary in size, shape, and distribution. Once the relevant elements are known (high vulnerability and location of sinkholes), a plan for environmental management (plan de manejo ambiental) must be submitted, consistent with the proposed activity and guaranteeing that the water resource will not be affected.

Once the study has been completed and the final results have been presented by the interested party, it must be submitted to the Moín Commission, coordinated by the Environmental, Research, and Development Deputy Management. AyA reserves the right to verify the information submitted; to this end, the interested party must coordinate with the Public Force and other competent institutions to ensure the protection of officials conducting the site visit." Therefore, on behalf of the UEN Gestión Ambiental, the following is indicated:

a. The Board of Directors Agreements of Nombre01 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín Aquifer, so that the activities carried out are environmentally sustainable and the water resource captured at the Moín sources for population supply is not affected.

b. The lots mentioned in the appeal, owned by [Nombre72 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by Agreement 2011-0112 of the Board of Directors of Nombre01 (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in the Gaceta No. 83, of May 2, 2011), and are subject to recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for population supply.

c. Nombre01, with the aim of following up on the Board of Directors Agreements, established the Moín Commission internally, which is made up of the UEN Gestión Ambiental, the Legal Directorate, the Huetar Caribe Regional Directorate, the UEN Programación y Control, and the Dirección de Urbanizaciones; these departments, within the scope of their respective competencies, carry out the corresponding analyses for cases under consultation related to the Moín Aquifer Agreements, an activity that has been maintained since 2007.

d. AyA, with the aim of coordinating inter-institutional actions for the protection of the water resource in the Moín Aquifer, has disseminated, publicized, and provided training to various institutions regarding Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-112, as has been demonstrated in Section II of this memorandum.

Furthermore, the Inter-Institutional Commission has been formed, composed of AyA, the Ministry of Health, the Municipalidad de Nombre73, and the Dirección de Agua, to follow up on inspections agreed upon in a comprehensive manner at the request of any of these bodies.

e. Based on the foregoing in Section IV of this memorandum, it is demonstrated that the queries submitted by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies.

In this particular case, given that the property has been invaded by 150 persons who guard the various access points to the property with weapons, as reported by Lic. Nombre14( (the owner's legal representative), the support provided by AyA would be contingent upon the owner creating the conditions and coordinating the arrangements necessary to ensure the safety of AyA public officials for the corresponding accompaniment and inspection.

f. AyA, in accordance with Board of Directors Agreements 2007-117 and 2011-112, and based on the information and studies provided (Art. 109, Ley de Biodiversidad), has supported various projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in protecting the water resource has prevailed." (See documentary evidence.)

  • ii)On May 9, 2022, the acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC issued memorandum SINAC-ACLAC-DR-214-202, in which the following was detailed:

"The Sistema Nacional de Áreas de Conservación, La Amistad Caribe Conservation Area, has not received any complaint regarding the facts described by the appellant, nor has SINAC-ACLAC been notified by Nombre01 about this matter.

FIFTH: It is important for the appellant to provide a receipt document validating the claim that SINAC-ACLAC has been informed of the reported facts, in order to provide better follow-up and a response to this honorable Chamber, since given the volume of cases and complaints it is practically impossible to locate any background information without reference documents.

SIXTH: To date, Nombre01 has not informed, notified, or coordinated with SINAC-ACLAC regarding any matter related to the reported facts, neither concerning contamination of the Moín Aquifer nor any other related matter, nor have we received any complaint in this regard." (See documentary evidence.)

jj) On June 7, 2022, the executive director of SINAC was notified of the order admitting this appeal for processing. (See notification records.)

kk) On June 13, 2022, the director of engineering of the Municipalidad de Nombre73 issued memorandum DIM-029-2022, in which the following is stated:

"Regarding this matter, I must inform you that the resolution of the Board of Directors of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, which is resolution 2007-107 'Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031' (…)

Said resolution was duly communicated and, consequently, the Local Government was required to incorporate said Matrix into the operationalization of our Plan Regulador, and therefore it does not authorize land use that does not comply with said requirements." (See documentary evidence.)

  • ll)On June 18, 2022, the coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of SINAC issued memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, in which the following was detailed:

"According to what was indicated in office SINAC-SE-AJ-257-2022, a field inspection was conducted at the indicated site, which has cadastral survey map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983; this inspection was carried out by officials Nombre27 and Nombre28, in unit 347-63, on June 17, 2022.

Addressing specifically what was requested, the following determination is made:

1. At the site, as determined in resolution 2007-177 of AYA, the following were observed: development of infrastructure, poor management of solid waste and wastewater (aguas residuales), agricultural practices, felling and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimientos de tierra), among others, in contravention of the area designated for the Moín aquifer (acuífero), as well as the provisions regarding activities that must not be carried out in the designated area; it can therefore be concluded that an impact does exist.

2. With respect to the residential structures developed at the site, it is the responsibility of the relevant Municipality to determine whether they have building permits. These are mostly sheet-metal structures with wooden frames, from which drain pipes were observed for gray water (aguas grises) that do not have adequate channeling; alongside these structures, spaces identified as latrines (letrinas) were observed. It was therefore determined that there is no adequate disposal of wastewater.

3. According to the provisions in the resolutions of the Board of Directors of ICAA, these requirements are not being met at this site. The cultivation of plantain and cassava (yuca), modification and removal of soil, development of various types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and household waste, land-use change (cambio de uso) in vegetation cover (cobertura vegetal), among others, are all evident.

4. Unauthorized earthworks are indeed being carried out, along with the development of structures of various sizes and materials. The residents of this site are illegally encroaching upon these zones.

5. The change in land use of the vegetation cover of the properties in question is evident and ongoing. Tree stumps (tocones) in an advanced state of decomposition were identified, as well as trees that had been felled recently; among the species observed to have been cut are poro, guácimo colorado, laurel, and chilamate. Additionally, at coordinates E602883 N1105156, a spring (nacimiento de agua) was identified, which has sufficient flow to generate surface runoff. The protection area for this body of water is nonexistent." (See documentary evidence.)

mm) On June 21, 2022, the Environmental Management Unit of the Municipality of Nombre73 issued the "INSPECTION REPORT ON PROPERTY [Nombre 003], Dirección28, VILLA PLATA COMMUNITY, LIMÓN," in which the following was noted:

"This first tour covers the low-lying area of the property (finca), which has relatively flat topography. In that sector, a series of constructions can be observed along the main road that runs along the property boundary. There are access tracks (trochas) leading to other lots located at the base of the slope.

No surface bodies of water were observed in this sector. There is a bridge crossing a ditch (zanjo), which was apparently built to drain the stormwater runoff (aguas pluviales de escorrentía) coming down from the NORTH side of the property's slope, which accumulates in the lower section and forms part of the surface waters that flow through the southern sector in the lower part of Villa Plata.

At the time of the inspection, no accumulation of sewage (aguas negras) was observed in the ditch that would indicate surface contamination from the discharge of household wastewater.

The second tour was conducted along the access road of the property toward the EAST boundary, approximately 650 meters. This section has relatively steep slopes; however, constructions have also been carried out in that sector along the various internal access roads within the property. Perhaps due to the slope and other associated factors that limit urban development, a lower density of constructions is observed compared to the lower section, and more tree-lined yards are also observed, mainly with various fruit tree species and even cacao cultivation in some yards.

We took an internal access road toward the WEST of the property; it can almost be said to be the crest (the highest point) of the property given its topographic relief — an area of pronounced relief that can perfectly be described as the watershed divide (divisoria de aguas), since these are higher elevations where rainwater from natural precipitation drains toward the different sectors.

Throughout the entire tour, no surface bodies of water were observed that originate in that sector, form a fluvial system, and drain toward the various sides of the property to constitute a watershed or micro-watershed.

It is important to note that in this sector there is a lower occupancy and a lower density of constructions. More lots are observed dedicated to cacao cultivation and other subsistence fruit crops such as breadfruit (fruta de pan), soursop (guanábana), peach palm (pejibaye), water apple (manzana de agua), carambola (starfruit), caimito, nance, among others; this results in greater vegetation cover toward the northern and western sectors of the property.

At the sites visited, no secondary or primary forest (bosque secundario o primario) conditions were noted, but there is greater vegetation cover in that sector toward the north and west of the property. To date, the occupancy reflects a greater dedication to subsistence agricultural production and a predominance of fruit species cultivation. From what was observed, no regeneration evolving toward a secondary forest was noted either, given the activities being carried out by the property's occupants.

With regard to the treatment that the dwelling occupants carry out within the property, it was not possible to observe the wastewater treatment systems, since it was not possible to access the lots that have been demarcated within the property, as entry into the dwellings is not possible without proper authorization.

CONCLUSIONS

• The property under folio real 7-27136 falls within protection zone 6 and the aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of Moín.

• There may be an impact on the groundwater or aquifer layers of that sector, but this cannot be determined through this inspection alone; it must be assessed by specialized professionals from competent institutions, applying scientific methodologies capable of determining the situation with respect to the impact being produced by the occupancy of the property.

• The occupancy existing on the property should have been controlled by the registered owner, since the illegal constructions are located within private property.

• It is not possible to determine, without a baseline, what the forest cover (cobertura boscosa) or vegetation cover of the property was, the level of deterioration and/or recovery thereof, or the impact that the current occupancy has caused. The authorities in the environmental and water fields (MINAE and AyA), with their specialized professionals, can provide a better assessment in this regard.

• It is noted that in the NORTH and WEST portions of the property there is a lower density of constructions and greater vegetation cover, which implies a lesser environmental impact compared to the SOUTH sector, which is more densely populated and urbanized.

• It was not possible to determine through this inspection tour the treatment being given by the property's occupants to the wastewater or sewage generated by the various constructions established on the lots demarcated by the occupants within the private property." (See documentary evidence.)

nn) On June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Nombre73 issued memorandum UCC-0201-21-06-2022, in which the following was indicated:

"(…) an on-site inspection was conducted on Tuesday, June twenty-first of the present year, in the province of Limón, canton of Nombre73, district of Nombre73, at the location known as Villa Plata, beginning at coordinates Dirección06 Y NORTE 1105530.712 toward the Cielo Amarillo sector.

From a cadastral standpoint, we determined that in said sector the properties 7-27136-000 and 7-27138-000 are located, both belonging to [Nombre72 002], legal entity ID CED15, where the first has cadastral survey map CED18 with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, and the second has cadastral survey map CED19 with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. Both survey maps and an aerial image are attached for better reference.

In the field, both properties have frontage on a main public road leading toward Dirección15 of approximately four hundred linear meters, as well as internal access roads within both properties; it is also important to note that property 7-27136-000 has a road leading toward Dirección30 that divides that property in two.

Furthermore, a large number of constructions were observed without generating any cadastral survey maps other than the master survey maps for properties 7-27136-000 and 7-27138-000.

All of this information pertains to the Topography Unit and was obtained through the field visit and the office study conducted." (See documentary evidence.)

oo) On June 22, 2022, the head of the Technical and Studies Unit of the Municipality of Nombre73 stated in office UTE-AML-025-2022 that:

"The present document is a compilation of data gathered on June 21 during the inspection conducted with colleagues at the Villa Plata location.

During the inspection, roads were observed with heavy gravel fill or clay material placed manually using heavy machinery; it was noted that they lack roadside drainage ditches (cunetas) and curb and gutter (cordón de caño) along the public road.

The houses observed were constructed with concrete block, wood, fiber cement board (fibrolit), and tile block (baldosas), with approximately 81.13% of the dwellings using tile block materials and 9.43% fiber cement board.

All the houses detected ranged between 42 square meters and 120 square meters in size, most without ceilings inside the dwellings, without fascia boards (precinta), and with eaves exceeding the permitted limit as indicated in Artículo 150. Marquesinas (Reglamento Construcciones): in buildings whose floor plan is projected to be built on the property line, an eave, canopy, or cantilever of a minimum width equal to the total sidewalk width minus 0.50 meters may be included.

Dwellings were found that do not have eaves gutters (canoas) or downspouts (bajantes) to properly drain rainwater, as established by Artículo 121. Drenaje Pluvial. (Reglamento construcciones): the free discharge of rainwater onto the public road is not permitted; for this purpose, eaves gutters and downspouts must be installed on roofs, balconies, overhangs, and any other projections that include a drain inlet (tragante) to channel the water to the drainage channel (caño) within the sidewalk.

Dwellings were observed (sic) with elevations higher than those of other dwellings, causing erosion on slope embankments (taludes); a large amount of clay material and some coral were found on the path traveled during the on-site inspection.

The dwellings had perimeter enclosures (cerramiento perimetral) on their properties. Some of the materials used to construct the enclosures were barbed wire, corrugated zinc sheeting, and shade cloth (sarán). The corrugated zinc sheets used for the roofs were of the corrugated panel type; however, the majority were in poor condition because no anti-corrosive roof paint had been applied to prevent corrosion and extend the durability of the zinc sheeting.

Another (sic) finding was the observation of dwellings that have not been completed, which has caused corrosion in the reinforcing rods due to the absence of their respective protective coating. The majority of dwellings have window grilles made of different materials — some with 3/8-inch rods, others with electro-welded mesh (4.88 mm) and galvanized panel mesh fence (50 x 200 x 4 mm).

A bridge 2 meters wide and 4 linear meters long was detected (sic), which lacks a railing for pedestrian passage and lacks a vehicle containment system. It was observed (sic) that the watercourse (Receiving Body) had a water depth of less than 1.50 meters and a water surface width of 2 meters, but the heavily vegetated state of the watercourse made it impossible to take exact measurements.

The majority of dwellings do not have ceramic tile flooring; instead, they have a concrete slab that has been left without any finishing treatment.

The majority of dwelling roofs have 3 to 4 water runoff slopes, and there is no control over these. Ninety percent of the dwellings have side windows in violation of Article 127 (Reglamento Construcciones). Windows facing a property boundary: on the first floor, the boundary wall must be at 1.50 meters, and on the second floor, the boundary wall must be at 3.00 meters. Roads were found with ballast material (lastre) that had been graded with heavy machinery to create the corresponding road surface.

Dwellings were found that exceeded their coverage (built area). As indicated in Article 95 on Coverage (Reglamento Construcciones): coverage may not exceed 75% of the lot area; when the front-to-depth ratio exceeds 3.5, coverage must not be greater than 70%. It should be noted that those dwellings are NOT registered with building permits in the database for the years 2017 through 2022." (See documentary evidence.)

pp) In June 2022, ICAA issued the "INSPECTION REPORT: INFORMAL SETTLEMENT (PRECARIOUS SETTLEMENT) CASE, Dirección21," in which the following was recorded:

"(…) On June 22, 2022, an inspection was carried out on the properties identified as folio real 7-27136, plan: L-0509859-1983, and folio real 7-27138, plan L-0509860-1983, in coordination with Mr. Nombre18, legal representative of the property owners, on behalf of Nombre72 of VAL DI SOMER S.A., and with the support of the public security forces of Limón.

During the inspections, the company of Mr. Nombre52, president of the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, was present (…)

  • V)INADEQUATE SOLID WASTE MANAGEMENT The presence of garbage disposed of in surface watercourses is identified (Photograph 1), in addition to excavations carried out for the accumulation of waste (Photograph 2) and the disposal of waste in the yards of dwellings (Photograph 3). No garbage collection service is provided by the Municipalidad de Limón in the sector. A total of 10 points where this impact occurs were recorded (Figure 2) (…)
  • b)WASTEWATER DISCHARGE This encompasses all effluents generated in the dwellings, including both discharges from sanitary facilities and discharges of soapy water (aguas grises) from bathrooms, laundry sinks, and kitchens, which are classified as grey water. Based on the field survey carried out on the property whose cadastral plan is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. This sample confirmed a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings — representing 96% — treat wastewater through septic tank and drainage systems (sistemas de tanque séptico y drenaje), and only 3, representing 4%, use pit latrines (letrinas).

Likewise, of the total number of dwellings located within the sample area (159,959.26 m²), a total of 12 dwellings (16.6%) were identified as disposing of their grey water in the yards of the dwellings, in drainage ditches (caños) or furrows (surcos), and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with (sic) the regulations of the Ministerio de Salud.

Photographs 4 and 5 show examples of the septic tanks located at the site (…)

The majority of households visited have some type of septic tank for the disposal of wastewater. Pipes were found discharging soapy water toward the rear of the lots (Photograph 6) (…)

A case was evidenced in which the overflow from the septic tank is discharged directly onto the surface of the land (Photograph 7). (…)

  • c)GEOMORPHOLOGICAL-KARSTIC CONDITIONS (SINKHOLES) During the survey of the property of interest, a total of 15 sinkholes (dolinas) were identified, presenting various characteristics. Photograph 8 shows the presence of a sinkhole with a diameter of approximately 15 cm and a depth exceeding 20 cm. In the northeastern sector of the Villa Plata area, sinkholes of larger size were found, with different geometry and degree of development, with rounded forms being the most common, as observed in Photographs 9 and 10 (…)

In the southwest of the studied area, standing water was observed in a sinkhole (Photograph 11) (…)

In the western sector of the property under study, the presence of incipient sinkholes of varying sizes and sub-rounded shapes was identified, with extensions ranging from 8 m long by 4 m wide to 10 m long by 4 m wide, and one of circular form with a 1.5 m radius (Photographs 12 and 13) (…)

  • d)EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA) Based on field observations and conversations with the owners of some dwellings, earthworks consisting of fill material have been carried out on the properties to build dwellings, as observed in Photographs 14, 15, 16, and 17, where the land was moved to prepare it for construction (…)

A total of 14 sites were identified where earthworks of some type had taken place.

Additionally, structures currently under construction were found, with concrete and gypsum materials, none of which had any signage referencing a construction permit (Photographs 20 and 21). The map in Figure 4 shows all the structures (dwellings) identified in the field with the aid of aerial photographs, totaling 194 (…)

  • e)TREE FELLING A total of 5 instances of tree felling (cortas de árboles) were counted in various sectors of the site under study, carried out to open access trails (trochas de acceso) and for the establishment of residential dwellings (Photographs 22, 23, and 24) (…)

3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A. Based on the inspection carried out and interviews with residents of the informal settlement (precarious settlement) Villa Plata, it is noted that some people have been living in the location for more than 20 years.

B. Based on the inspection carried out and supplemented by the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified.

C. Based on the field survey carried out on the property whose cadastral plan is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. This sample confirmed a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings — representing 96% — treat wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use pit latrines. Likewise, of the total number of dwellings located within the sample area (159,959.26 m²), a total of 12 dwellings (16.6%) were identified as disposing of their grey water in the yards of the dwellings, in drainage ditches or furrows, and not directly into the sinkholes, a situation that must be corrected in accordance with (sic) the regulations of the Ministerio de Salud.

D. Ten clandestine sites for the deposit of solid waste were located, requiring attention from the Local Government, given the absence of a collection service.

E. Fifteen sinkholes were identified in the field, with different geometry and degree of development, rounded forms being the most common.

Nombre08. Fourteen points were located where earthworks were evidenced, primarily cuts and fills for the construction of dwellings and roads.

Nombre83. At 5 sites, tree felling was identified for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings." (Emphasis added.) (See documentary evidence.)

qq) On June 27, 2022, ICAA issued memorandum UEN-GA-2022-01214, in which the following was detailed:

"In response to the request for evidence for better resolution issued by the Sala Constitucional, dated June 16, 2022, case file 22 008354 0007 CO, filed by [Nombre72 001], concerning Zone 6 of the Moín Aquifer, which includes the property of PROPIEDADES [Nombre72 003], the points indicated are addressed in the requested order:

  • V)Whether or not there is an impact on the Moín Aquifer As part of the monitoring established in Board of Directors Agreements of Nombre01 N°2007-177 and N°2011-112, the following actions have been defined as a strategy to prevent and protect against potential impact on the Moín Aquifer, and in this particular case for Zone 6:

V.5 Filing of complaints: when activities are detected or reported that would affect the aquifer and that do not comply with the recommendations issued in Board of Directors Agreements of Nombre01 2007-177 and 2011-112, the corresponding complaints have been filed before the competent administrative bodies. The first of these agreements establishes recommendations for activities across all aquifer recharge zones in Moín, and the second is specific to Zone 6.

As a summary, there is a record from 2003 to the present of 16 complaints filed before the competent bodies, including, for example, the Municipalidad de Limón, the Ministerio de Salud, MINAE, and other administrative bodies such as the Tribunal Ambiental Administrativo; given that Nombre01 has no sanctioning authority and it is not responsible for regulating urban matters.

Examples of the foregoing are the complaints cited in official communication RHA-OM-2013-0666 of April 9, 2013 (images 644 to 675 of the digital case file of the amparo proceeding) and the technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding).

1.2 Development of New Projects: The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that prove to be compatible with the protection of water resources, demonstrates that the Board of Directors Agreements of AyA do not prevent the development of activities or the construction of works.

To address requests for new developments, Nombre01 has formed the Comisión Moín, which is composed of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Gestión Ambiental, the Dirección de Urbanizaciones, representatives of Nombre01 in SETENA, and the Legal-Environmental Area of the Dirección Jurídica. The objective of this Commission is to ensure that new developments, in their conceptualization, take into account compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors Agreements.

As evidenced in Table N°2 of the technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file for the constitutional protection proceeding (amparo)), ten new projects have been processed by this commission from 2013 to date, of which 50% have met the agreed conditions and AyA has therefore issued its approval (visto bueno) for them to proceed with their application. Of the remaining five projects, as of the date of issuance of this report, the submission of corrective documentation is still awaited for two of them.

The most recent example is the "Matama Village" development, which is a 24-apartment building described in the technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file for the Amparo).

1.3 Inspection of existing facilities. Inspections of existing facilities in Zone 6 are carried out in cases where complaints have been filed by Nombre01 or third parties, requests for drinking water service have been submitted, or other proceedings arise in which Nombre01 is involved. Among the activities carried out, compliance is verified with respect to: wastewater (aguas residuales) disposal, storage of fuels and substances classified as hazardous, solid waste management, impermeable surface area, existence of supply wells, and other matters.

As a result of these inspections, recommendations are issued to correct any aspects that may affect the water resource used for public water supply, or a complaint is filed with the competent authority.

From 2003 to date, 23 facility inspections have been conducted (official letter RHA-OM-2013-0666, Table N° 1 (images 444 through 451 of the digital case file for the Amparo) and the report in response to official letter PRE-J-2022-01740, Table N° 4 (image 593 of the digital case file for the Amparo)). As an example, the case of TICONTAINER is cited, processed through official letter UEN-GA-2020-00494 (images 676 to 677 of the digital case file for the Amparo), attached as an annex to official letter UEN-GA-2022-00850 (images 678 to 691 of the digital case file for the Amparo), included in the first report submitted to the Sala Constitucional for this case file.

As a special case of existing facilities, there are informal settlements (precarios) which, by their very nature, do not submit applications to institutions for service availability, land-use approvals, or building permits. This limits the ability of Nombre01 to act, as it lacks authority to enter private property without authorization from the registered owner, and given the potentially dangerous environment that may exist at these sites for the physical safety of officials. In cases involving requests for water service, Nombre01 indicates that, since these are informally occupied (precarized) properties, they do not meet the requirements set out in the Reglamento de Prestación de Servicios, and such requests are denied, particularly given that many of these settlements have inadequate disposal systems for the wastewater they generate.

Villa Plata Case:

As a result of the field survey ordered by the Sala Constitucional, it was determined for the Villa Plata informal settlement that there are a total of 194 dwellings, located on cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, where, despite the irregular situation regarding compliance with urban planning standards, the vast majority of dwellings discharge and treat their wastewater through septic tanks and drainage systems (tanque séptico y drenaje), among other characteristics detailed in the inspection report entitled "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09. Exp 22-008354-0007-CO", from which the following may be noted (Anexo 1):

"Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m² (Figure 3), a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was confirmed within this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat their wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use pit latrines.

Similarly, of the total number of houses located within the sampled area, a total of 12 houses (16.6%) discharge their greywater (aguas grises) into the yards of the dwellings, into channels or furrows, rather than directly into sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministerio de Salud." 1.4 Institutional coordination. As stated in document PRE-1426-2012 from November 2012 (image 634 of the digital case file for the amparo), the Executive President of AyA, Nombre11, notified the Mayor of the Municipalidad de Limón, Nombre24, of the update to AyA Board of Directors Agreements N° 2007-177 and N° 2011-112, for inclusion in the Limón Regulatory Plan (Plan Regulador). This official letter refers to the order issued by the Sala Constitucional in Voto 4751-08, which states: "…within the non-extendable period of twelve months from notification of this ruling, initiate the respective procedure to amend the Plan Regulador of Nombre73 in order to incorporate the provisions established in Agreement 80-121 from Session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados." Also, through official letter PRE-1426-2012 from November 2012 (image 634 of the digital case file for the amparo), the Executive President of Nombre01 notified Nombre13 of the Secretaria Técnica Nacional Ambiental of the application of Nombre01 Board of Directors Agreements N° 2007-177 and N° 2011-112.

As stated in official letter UEN-GA-2022-00850 (images 678 to 691 of the digital case file for the amparo), in section 2, all actions carried out by AyA are mentioned, in which coordination was undertaken with various competent authorities in connection with activities located in Zone 6. As an example, the meeting of May 22, 2019, is cited, held with the Área Rectora Nombre73 of the Ministerio de Salud and with representatives of the Municipalidad de Limón, at which the Comisión Interinstitucional Moín was established.

Additionally, a presentation of the Board of Directors agreements for Moín was given at the session of the Nombre77 Municipal on June 19, 2019, which was recorded in Extraordinary Municipal Minutes N° 33 (images 823 to 872 of the digital case file for the Amparo), which references the encroachment by informal settlements on forested areas within the recharge zone (zona de recarga) of the Moín aquifers (acuíferos).

1.5 Infrastructure to mitigate contamination risk. As a measure to guarantee the public health of the population supplied by the Moín water sources, Nombre01 has developed infrastructure works such as the water treatment plant (planta potabilizadora) and the studies and designs for a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the areas with the highest population density within Zone 6 (Dirección31, Loma de Moín, and Villa Plata).

In the case of the Moín water treatment plant, it was built in compliance with point 10 of Board of Directors Agreement 2007-177 and entered into operation in March 2012 at a cost of approximately ¢400 million (technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file for the Amparo)).

Regarding the "Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón", it is currently in the design phase (cited in the technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740, annexed through official letter GSP-RHC-2022-00714 (images 599 to 602 of the digital case file for the amparo)); this matter will be elaborated on further when addressing question number 2 (wastewater) requested by the Sala Constitucional.

In light of the foregoing, it is considered that, within the framework of institutional competencies, there has been an approach to complying with the Board of Directors Agreements of AyA with respect to the Moín aquifer, specifically in those activities in which Nombre01 participated through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, by means of which, to date, the protection of the Moín aquifer has been ensured, which is strategically important for the water supply of the present and future population of the Ciudad de Limón.

In the particular case of the Villa Plata informal settlement, which is the subject of this proceeding, a field survey was conducted on June 22, 2022, by Nombre01 (Anexo 1), in which it was determined that 96% of the houses inspected discharge their wastewater into a septic tank and drainage system, without these being located at sinkholes. A discharge of greywater (soapy water) was detected in some yards, which, while not adequate discharges, does not drain directly into the aquifer.

It is considered that this favorable situation results from the fact that this settlement has a long-established history (more than 20 years), which was confirmed during the visit, where the conditions of the dwellings are similar to those of any residential-urban neighborhood.

As part of the actions aimed at protecting the aquifer, the UEN de Gestión Ambiental and the Dirección Regional Huetar Caribe of AyA have maintained, since March 2010, a database that summarizes the location information of existing and proposed projects, as well as complaint sites within the Zone 6 area, thereby also fulfilling the provisions set out in Point N°6 of the Por Tanto of Board of Directors Agreement 2011-112.

Figure 1 presents details of the properties studied from 2003 to 2022. (…)

  • 2)Whether or not adequate wastewater disposal takes place in Zone 6 of the aforementioned aquifer:

As indicated in the previous response, there is an institutional approach to ensuring that new projects have wastewater solutions as recommended in the AyA Board of Directors Agreements.

With respect to existing facilities, the corresponding complaints have been filed to correct inadequate discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer, and these measures have been complied with in the majority of cases.

In the case of densely populated areas with wastewater disposal systems using septic tanks and drainage within Zone 6 of the Moín Aquifer, Nombre01, through the "Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón", has considered the following populations: Villa del Mar 1 and 2, Loma de Moín, and the flow contribution from the Villa Plata informal settlement (Figure 2). (…)

In the particular case of the Villa Plata informal settlement, Nombre01, through the construction of the Moín sanitary sewer system, has planned to resolve the discharge and treatment of wastewater by allocating the flow generated by this population, as indicated in the inspection report entitled "Caso de Asentamiento Informal (precario) Dirección21. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1:

"Based on the field survey conducted on the property whose cadastral map is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m² (Figure 3), a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. It was confirmed within this sample that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat their wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use pit latrines." 3) Whether or not the provisions of Agreements N° 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are complied with in that zone:

In accordance with what was stated in the response to question 1 of this memorandum, Nombre01, within the framework of its institutional competencies, has taken an approach to fulfilling the Board of Directors' Agreements of AyA regarding the Moín aquifer (acuífero), specifically in those activities in which Nombre01 participates through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, by which, to date, protection of the Moín aquifer has been sought, as it is strategic for supplying water to the current and future population of the City of Limón.

It is important to note that these Board of Directors' Agreements of AyA serve as a guiding framework for the administration responsible for resolving the permit, license, or authorization, to consider and implement them.

For the Board of Directors' Agreements of Nombre01 to be complied with and for effective protection to be guaranteed, the participation of the entities that regulate land use and urban planning (ordenamiento urbano) is necessary, such as the Municipality, the Ministry of Health, Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others.

  • 4)Whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in zone 6 of the Moín aquifer, and whether or not buildings lacking the corresponding permits have been constructed?

In accordance with what was stated in the response to question 1 of this memorandum, and in accordance with what was noted in memorandum RHA-OM-2013-00666, specifically in Table N°1, cases 3, 4, 5, and 34 (images 646 to 653 of the digital case file of the writ of amparo (recurso de amparo)), demonstrate the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for earthworks. Likewise, in the technical report in response to memorandum PRE-J-2022-01740, in Table N°1, cases 7, 8, and 9, attached by GSP-RHC-2022-00714 (image 582 of the digital case file of the Writ of Amparo), earthworks and tree felling within the Villa Plata informal settlement (precario), the subject of this writ of amparo, are reported to the competent authorities.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this writ of amparo, earthworks were identified distributed across different sectors (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1).

It is important to note that the installation of infrastructure or buildings lacking the corresponding permits occurs mainly in informal settlements, for example the Villa Plata settlement, where 194 dwellings have been identified, none of which have obtained any water availability (disponibilidad de agua) for their construction, and which were built on access routes that are mostly not public streets nor right-of-way easements (servidumbres de paso), as evidenced in the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1.

Within the framework of its institutional competencies, Nombre01 does not approve or supervise construction permits (permisos de construcción), but has provided input to the Local Government so that developments are carried out in accordance with the recommendations set forth in the Board of Directors' Agreement, whose application was indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Voto 4751-08.

  • 5)Whether or not tree felling has occurred at the site in question?

Before answering this question, it is important to identify that the competent authority to determine whether tree felling has occurred is SINAC; having clarified this, and in accordance with what was stated in the response to question N° 1 of this memorandum, and in accordance with what was noted in memorandum RHA-OM-2013-00666, specifically in Table N°1, cases 3, 4, and 5 (images 646 to 653 of the digital case file of the Writ of Amparo), demonstrate the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for the felling of forest vegetation (corta de vegetación forestal).

Likewise, in the technical report in response to memorandum PRE-J-2022-01740, in Table N°1, case N° 9 (image 582 of the digital case file of the Writ of Amparo), the felling of forest vegetation within the Villa Plata informal settlement is reported.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this writ of amparo, felled trees were identified distributed across different sectors (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1).

Finally, it is important to mention the following:

1. AyA, after reviewing its water supply systems, finds no impact on the quality of water captured from the Moín aquifer, in which Dirección09 is located and which includes the properties with cadastral maps (planos de catastro) 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of this writ of amparo, and for this reason the water capture (captación) of the Fuentes-Moín remains in effect for the purpose of supplying the population.

2. The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the implications it may have in the future on the quantity and quality of the water resources (recurso hídrico) captured at the Moín intakes.

3. The field survey identified that the Villa Plata settlement, located on properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the residents of the locality; infrastructure (dwellings) was identified, which is documented in the inspection report (Anexo 1), as well as in the documentary record contained in the digital case file of the Writ of Amparo.

4. After reviewing the documentation included in the digital case file of the Writ of Amparo, the report submitted by SINAC through Memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Field Inspection at the site indicated as having cadastral map numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, carried out by officials Nombre27 and Nombre28 on June 17, 2022 (visible at images 1100-1110 of the digital case file of the Writ of Amparo), is noted; it is important to indicate that the coordinates cited at point Nombre04 of this report were verified and do not match the cited maps, but are instead located at a distance of 400 meters to the Southeast, away from the property that should have been assessed as ordered by the Chamber. (See documentary evidence).

rr) On July 7, 2022, the acting director of the Nombre73 Health Rectory Area of the Ministry of Health issued memorandum MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, which stated:

"(…) the inspection was carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., during which the entire community was toured; approximately 154 residential dwellings were observed, constructed using cement block, wood, and tiles, with many using a septic tank system and improved septic tanks; some dwellings have improper disposal of wastewater (aguas residuales); it is important to mention that there is a produce stand and a shredded-coconut vendor operating within the same dwellings; with respect to the merits of the matter, it is recommended that any eviction be processed through the judicial route (Courts of Justice); with regard to what was requested under the Writ of Amparo, the following is reported. (…)

3. Whether or not in that area the provisions of Agreements N.OS 2007-177 and 2011-112 adopted by the Board of Directors of ICAA are complied with: According to the above, as amended by Agreement N° 112-2011, published in La Gaceta N° 83 of May 2, 2011, for the case of URBANIZATION, LOT-SALE, SUBDIVISION (fraccionamientos), AND CONDOMINIUM DEVELOPMENTS, sanitary sewer systems (alcantarillado sanitario) and ordinary wastewater treatment plants must be constructed. Developments with densities equal to or less than one housing unit per every 1,000 meters may be permitted (…)

Therefore, according to what was stated in the points already explained, it is recommended that the appropriate eviction be processed through the judicial route." (See documentary evidence).

IV. UNPROVEN FACT

For purposes of resolving this matter, the following fact is considered undemonstrated:

  • a)That memorandum UEN-GA-2022-00528, signed on March 17, 2022 by the UEN Gestión Ambiental, was sent to the notification address established by the petitioning party.

V. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT

Regarding the nature of the facts alleged in the sub lite, this Tribunal has repeatedly ruled on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in judgment n.° 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. It has also been noted that effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and citizens in general must act in accordance with the principles governing environmental matters. In this regard, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible harm to the environment, the harmful activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee possible negative impacts.

On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is a danger of serious and irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective cost-based measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that this principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty about the risks that an activity or project may cause. While in the former there is such certainty, in the latter what is identified is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with such principles.

Now, this objective obligation does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through the jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have appropriate measures adopted in protection of that right, in the face of openly negligent conduct by the authorities, or by natural or legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the writ of amparo against private-law subjects.

It is also relevant to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed the matter of State obligations in relation to the environment, in pursuit of the safeguarding of the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In that regard, it stated:

"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the 'Protocol of San Salvador') highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights — which includes the right to a healthy environment — and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indivisible whole grounded in the recognition of the dignity of the human person, and therefore require permanent protection and promotion with the aim of achieving their full effectiveness, without the violation of some ever being justifiable in the pursuit of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has emphasized that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum level of environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same vein, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and has highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of individuals and, as a consequence, give rise to violations of persons' rights, such as the rights to life, respect for private and family life, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a 'generally satisfactory environment favorable to development' is closely linked to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52.

Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter the 'Stockholm Declaration'), which established that '[e]conomic and social development is essential for ensuring to man a favorable living and working environment and for creating on earth the conditions necessary for the improvement of the quality of life,' affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter the 'Rio Declaration'), States recognized that '[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development' and at the same time emphasized that 'in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.' Building on this, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection.

Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration to be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Furthermore, in adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the realization of the human rights of all persons depends on achieving the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same vein, several instruments within the inter-American sphere have addressed environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that '[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment,' and therefore 'it is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies for environmental protection, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations' (…) 55.

As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), at present (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) many other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations on States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus iuris, contribute decisively to defining the scope of the obligations derived from the American Convention in this area (supra paras. 43 to 45) (…) 59.

The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective dimensions. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation may have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the rights to health, personal integrity, and life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, and therefore a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity." This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on 23 March 2021 at its 46th session, stated:

"Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to safe drinking water and sanitation, and to housing, and cultural rights." Also, more recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on 8 October 2021, that Council stated:

"(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, to the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation, and to participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as an important human right for the enjoyment of human rights; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)." (Emphasis not in the original.)

In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) is reflected. The defense of this right transcends the protection of this constitutional value in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primary human values — such as life, health, property, and equality — so that if the former fails, effective protection of the latter cannot be achieved.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the advisory opinion cited above, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, capable of protection independently of any risk of harm to specific individuals. In that regard, it held:

"62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects components of the environment — such as forests, rivers, seas, and others — as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to specific individuals. The purpose is to protect nature and the environment not only because of their connection to human utility or the effects that their degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance to the other living organisms with which we share the planet, which are also deserving of protection in themselves. In this regard, the Court notes a trend toward recognizing legal personhood and, therefore, rights of nature, not only in judicial decisions but even in constitutional legal systems. 63. In this way, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity." (Emphasis not in the original.)

This position was adopted in the judgment of 6 February 2020 in the case of "Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina," in which, moving beyond an anthropocentric approach, the CorteIDH affirmed that the right to a healthy environment, in addition to being fundamental to human existence itself, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in its own right. In the words of the CorteIDH: "The purpose is to protect nature," not only because of its "utility" or "effects" with respect to human beings, "but because of its importance to the other living organisms with which we share the planet." Given the significance of this statement, it is appropriate to reproduce this section of the aforementioned ruling:

"203. The Court has already addressed the content and scope of this right, considering various relevant standards, in its Advisory Opinion OC-23/17, to which it refers. On that occasion it affirmed that the right to a healthy environment "constitutes a universal interest" and "is a fundamental right for the existence of humanity," and that "as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. The aim is to protect nature," not only for its "utility" or "effects" with respect to human beings, "but for its importance to the other living organisms with which we share the planet." This does not, of course, preclude other human rights from being violated as a consequence of environmental harm." (Emphasis not in the original.)

On the basis of the foregoing, this Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for the conventional and constitutional obligations that bind the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their protection" (emphasis in the original).

In addition to the above, the United Nations General Assembly recently adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of 28 de julio de 2022, which states:

"1. Recognizes the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right; 2. Notes that the right to a clean, healthy, and sustainable environment is related to other rights and to existing international law; 3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy, and sustainable environment requires the full implementation of multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law; 4. Calls upon States, international organizations, business enterprises, and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building, and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy, and sustainable environment for all." This resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policy-making, and representative body of the United Nations. Accordingly, it constitutes a political commitment of universal character that must be assessed as a source of soft law of the highest relevance.

Precisely, resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. In doing so, it contributes substantially to that right's positivization, from which follows its technical understanding as a "fundamental right." It likewise reinforces the notion that environmental protection is an "autonomous" human right — that is, one that has value in and of itself — so that, on one hand, it has its own distinct conceptual existence separate from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as the right to life or to health), and, on the other, its object of protection extends beyond the human being, since it shelters the various components of nature by virtue of their transcendence for preserving the existence of living organisms in general, regardless of their utility to human beings.

It likewise reiterates, and thereby strengthens, the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its violation may entail the infringement of health, life, and sustainable democratic development, to cite only a few examples. This confers a particularly significant legal meaning on the right in question.

Furthermore, the UN General Assembly prescribes that protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full implementation of conventional rights related to the environment in keeping with the principles of international environmental law. From this it follows that such protection must be indispensably included within this Court's jurisdictional review of constitutionality.

Finally, in keeping with the well-established theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 establishes that the obligation to protect the environment, beyond States, extends to international organizations, business enterprises, and other stakeholders — a term that encompasses human beings in general. It is precisely in that sense that the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for the amparo (constitutional rights remedy) against private-law subjects.

In sum, within the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Tribunal, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and upon society at large not only the obligation to recognize the rights, principles, and values pertaining to environmental matters, but also the obligation to implement all measures and actions required to ensure their effective protection.

VI. ON THE SPECIFIC CASE

An examination of the case file reveals that the party whose rights are protected in this amparo proceeding is the registered owner of properties recorded under registry entries (folios reales) 7-27136 and 27138, which lie entirely within the absolute protection zone (zona de protección absoluta) of the Moín aquifer (acuífero), designated as zone 6. These properties have been invaded by several individuals who formed the so-called "Precario Villa Plata" squatter settlement (precario). It is also noted that since 2005 an ordinary proceeding in case file [Valor 004]-0, filed by the petitioning company, has been pending before the Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

In ordinary session No. 2007-020 of April 10, 2007, the Board of Directors of ICAA adopted agreement No. 2007-177 "OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031," which provided: "(…) FIRST: The Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer (acuífero), Limón, prepared by the hydrogeologist (hidrogeóloga) (sic) Nombre41, is hereby officially recognized so that the Dirección Región Huetar Atlántica may apply it when resolving requests submitted by the Administered Party, in accordance with the following vulnerability zones (zonas de vulnerabilidad): (…) SECOND: AGREEMENT 80-121 IS HEREBY REVOKED WITH RESPECT TO ITS ZONE OF RESTRICTION AND LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS, in accordance with the delimitation and location carried out by the Topography Departments of the Studies and Projects Directorate, the Dirección Región Huetar Atlántica, the Environmental Management Directorate (Dirección de Gestión Ambiental), and report DGAmb-2007-031; the topographic location of the RESTRICTED PROTECTION ZONE (Zona de Protección Restringida), classified as Zone 6, is hereby established for the resolution of any application for a permit, license, or authorization submitted by the Administered Party, as follows: Starting from point 1 with 1arant.

N=221517 and E=639446 at the intersection of the old road to Nombre73 Route #240 (along the coast) and the western entrance to Urbanización Cangrejos, continuing approximately 106 m to the south along the street of the Urbanización to point 2 with 1arant. N=221414, E=639471; turning to the southwest approximately 77 m to point 3 with 1arant. N=221367 and E=639410; continuing to the east approximately 316 m to the intersection with the road to Pacuare, point 4 with 1arant. N=221297, E=639682; then continuing to the south approximately 1.4 km along this road to point 5, the beginning of the Urbanización of the same name Nombre72 with 1arant. N=220474 and E=640380; continuing in a south-southwest direction approximately 170 m to point 6 with 1arant. N=220318 and E=640302; then in a southeast direction approximately 38 m to point 7 with 1arant. N=220297 and E=640333; then toward the south-southwest approximately 82 m to point 8 with 1arant.

N=220159 and E=640251. From this point 8, where the street of the Urbanización ends, continuing in the same south-southwest direction cross-country approximately 370 m to point 9 with 1arant. N=219858 and E=640034. Continuing cross-country to the west approximately 190 m until reaching the road leading to Cielo Amarillo at point 10 with 1arant. N=219846 and E=639845; from this point 10, which had been running parallel to the boundary line, now on the road, continuing to the south approximately 90 m to point 11 with 1arant. N=219764 and E=639832. From this point 11, continuing along the road leading to Villa Plata approximately 220 m to the southwest to point 12 with 1arant. N=219689 and E=639630; continuing to the south approximately 320 m to the railroad line at point 13 with 1arant. N=219449 and E=639624; continuing along the railroad line to the east approximately 100 m to point 14 with 1arant.

N=219447 and E=639723; from this point 14, continuing approximately 460 m to the south along the road leading out to Dirección07#(Saopin) to point 15 with 1arant. N=218995 and E=639652. From this point 15, now on the road, continuing approximately 2.4 km to the west along route #32 until reaching the first entrance toward Villa Vista del Mar 1 at Dirección08 with 1arant. N=218883 and E=637297, and then turning right in a northward direction toward Villa Vista del Mar 1 approximately 270 m to the road intersection beside the school of Villa Vista del Mar 1, at Dirección04 with 1arant. N=219085 and E=637177, 106 m north; then continuing 106 m to the north to point 18 with 1arant. N=219207 and E=637179; from this point 18, continuing approximately 260 m to the west to the end of the road, and from there continuing approximately 160 m still to the west along the northern boundary between parcels until intersecting (sic) the concrete highway route #240 at point 19 with 1arant.

N=219325 and E=636795; then continuing 2 km to the northeast along route #240 to the road intersection toward Villa Plata at point 20 with 1arant. N=220976 and E=637688; from this point 20, continuing to the north along route #240 approximately 2.6 km to the road intersection with Urbanización Cangrejos, this intersection being the starting point 1 with 1arant. N=221517 and E=639446. (…) THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED AS LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS FOR Dirección09: 1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY. 2. USE AND STORAGE OF PESTICIDES, INSECTICIDES, AND FUELS, OR THEIR PRECURSORS FOR ANY PURPOSE. 3. THE REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS. 4. LAND-USE CHANGE (cambio de uso de la tierra). 5. ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION. 6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITIES AND FACILITIES RELATED THERETO. 7. THE DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS (pozos), INFILTRATION GALLERIES (galerías de infiltración), OR ANY OTHER WATER INTAKE WORKS. 8.

THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL SUBDIVISIONS (urbanizaciones) AND LOT SUBDIVISIONS (lotificaciones). 9. THE INSTALLATION OF LANDFILLS, SANITARY LANDFILLS (rellenos sanitarios), OR WASTE DUMPS OF ANY KIND. 10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT, IN THE OPINION OF Nombre01, AFFECT THE QUALITY AND QUANTITY OF WATER USED FOR SUPPLYING COMMUNITIES. RESIDENTIAL CONSTRUCTION ARISING FROM NATURAL POPULATION GROWTH (crecimiento vegetativo) SHALL BE PERMITTED IN Dirección09, PROVIDED THAT IT IS ENSURED THAT WASTEWATER IS NOT DISCHARGED INTO SINKHOLES (dolinas) AND THAT GARBAGE COLLECTION IS CARRIED OUT BY THE MUNICIPAL SERVICE OR OTHER MEANS. THIRD: The following aquifer protection measures are established for zones 2, 5, and 7 of the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón": 1. No storage of chemicals shall be permitted; 2. No construction of fuel supply stations shall be permitted; 3.

No quarry (tajo) operations shall be permitted; 4. No construction of wells shall be permitted, allowing them only for public water supply. FOURTH: In zone 2, prospecting studies shall be carried out with a view to determining production capacity, and this zone shall be maintained as a reserve for the water supply of the río Blanco sector. FIFTH: For zones 7, 8, 9, and 10, all development projects shall be required to construct sanitary sewerage (alcantarillado sanitario), and Nombre01 shall immediately initiate the necessary studies in order to construct the primary and secondary collectors that will allow wastewater to be conveyed to the submarine outfall (emisario submarino). SIXTH: The Executive Branch shall be requested to issue a decree aimed at protecting the Moín water sources (fuentes), as well as land-use restrictions to ensure the conservation and improvement of environmental conditions in the other zones of the Moín Aquifer, in accordance with the "Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón" and the land-use recommendations.

SEVENTH: For zone 6, the Dirección Regional Huetar Atlántica and the Environmental Management Directorate shall prepare and maintain a comprehensive inventory of land use, identifying activities and establishments that store substances posing a risk to the quality of water for human consumption. EIGHTH: Competent authorities shall be urged to carry out a risk analysis of the industries established within the direct area of influence of the Moín water sources, which must include a possible conflagration involving several industries; and an action protocol shall be established to address a possible emergency that considers the participation of all industries established in the area. NINTH: In order to ensure compliance with the restrictions and to monitor the implementation of the defined measures, the Comisión Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica shall be formed, under the authority of the Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

TENTH: Unless it is demonstrated that the Moín water sources have been irreversibly affected, as provided by applicable regulations, by the Químicos Holanda incident, they shall be kept in service for the water supply of the population for technical and demand-related reasons, subject to the following conditions: Ordering the immediate construction of a treatment plant (planta de tratamiento), including an activated carbon (carbón activado) system or whatever technology is necessary to ensure water quality against any possible contamination. Studies shall be immediately initiated to define the possibility of utilizing the upper watershed of río Banano with a view to replacing the Moín water sources (sic) should they become contaminated by the industrial activities taking place in the watershed. THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE HIGH, MEDIUM, AND LOW VULNERABILITY ZONES SHALL BE NOTIFIED OF THIS AGREEMENT FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE REGULATORY PLAN (plan regulador), SO THAT "THE LAND-USE REGULATION RECOMMENDATIONS AND THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER – LIMÓN" ARE BINDING, WITH EMPHASIS ON THE NEED FOR ZONE 6 TO BE CONSIDERED A RESTRICTED PROTECTION ZONE.

LIKEWISE, THE MINISTRY OF HEALTH, MINAE, THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SENARA, AND SETENA SHALL BE NOTIFIED FOR THE FULFILLMENT OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES. THIS AGREEMENT SHALL TAKE EFFECT UPON PUBLICATION. LET IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE LA GACETA. LET IT BE NOTIFIED. LET IT BE PUBLISHED." (Bold added.)

Whereas, at ordinary session No. 2011-017 of April 5, 2011, the Board of Directors of ICAA adopted agreement No. 2011-112 "DRAFT AGREEMENT TO PARTIALLY AMEND BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED AT ORDINARY SESSION 2007-020 OF APRIL 10, 2007, IN ITS ARTICLE 6, SUBPARAGRAPH A, PUBLISHED IN THE GACETA Nº 83, OF WEDNESDAY, MAY 2, 2007, CONCERNING THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031", in which it was resolved: "FIRST: Agreement 2007-177 is hereby amended in its Second Por Tanto, with respect to the enumeration of land-use (uso del suelo) regulation recommendations for Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the 'Matrix of Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources, issued by the Board of Directors of SENARA at its session of September 26, 2006: • For all activities, the impervious-surface area (impermeabilización) per hectare must not exceed 20%. • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the various stages of construction and operation, generate a negative environmental impact on the aquifer, must submit an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) duly approved by SETENA.

In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decreto 30465 S, and the Wastewater Discharge and Reuse Regulation, N. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the potential for contamination. High-risk activities are defined as those that carry the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport operations involving one or more hazardous substances and posing a serious danger (whether of immediate or delayed, reversible or irreversible manifestation) to the population, their property, the environment, and ecosystems. • Not to authorize activities involving the storage and USE OF PESTICIDES, INSECTICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR THEIR PRECURSORS FOR ANY PURPOSE. • For REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (EARTHWORKS (movimientos de tierra)), a hydrogeological study must be carried out to verify that the aquifer will not be affected, along with an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), both duly approved by SETENA. • THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER-ABSTRACTION WORKS IS NOT AUTHORIZED. • For RESIDENTIAL DEVELOPMENT, LOT DIVISION (lotificaciones), SUBDIVISION (fraccionamientos), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) and an ordinary wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) must be constructed.

Developments with densities equal to or less than one housing unit per 1,000 square meters may be permitted. • For HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, this may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the applicable Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare. • NO LANDFILLS (rellenos sanitarios), SANITARY FILLS, OR WASTE DUMPS OF ANY KIND ARE TO BE INSTALLED. • Nombre01, taking into account the studies submitted by the interested party and endorsed by the relevant authorities, may issue a ruling on other types of activities not listed in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. Nombre01 shall be empowered under Ley 2726 to assess whether the aquifer is being affected and whether wastewater is being disposed of correctly in accordance with the applicable discharge regulation, as well as to approve or deny the activity. • Residential construction in Zone 6 arising from natural population growth (crecimiento vegetativo) shall be permitted, provided that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that waste collection is carried out by the municipal service or other means.

THIRD: The Local Government and the Competent Institutions are recommended to adopt protective measures aimed at conserving forested areas. FOURTH: The Senior Administration is instructed to take the necessary steps and to request that the Municipality of Limón implement the recommendations set forth in this agreement. FIFTH: The Senior Administration is instructed to take the necessary steps and to request that MINAET restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION IN Dirección09. SIXTH: For Zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the UEN of Environment, Research, and Development shall prepare and maintain a comprehensive land-use inventory identifying the activities and establishments that store substances posing a risk to the quality of water for human consumption. They shall also be responsible for analyzing proposals submitted by the regulated party and for assessing the absence of aquifer impact and the correct disposal of wastewater. SEVENTH: In all other respects, the provisions set forth in Board of Directors Agreement 2007-177 remain in force. Notice to be given. To be published." (emphasis added).

On March 5, 2018, the ICAA UEN Environmental Management Directorate addressed official communication UEN-GA-2018-00322 to the Ministry of Health and to the mayor of Limón, through which it stated: "(…) Nombre01, in the interest of conserving and protecting the groundwater and water intakes (captaciones) that are used for public supply in the province of Limón, has technically and legally defined protection zones for the karst aquifer in Moín through Board of Directors Agreement 2011-112, session No. 2011-017, which establishes land-use restrictions for the zones comprising this aquifer. Given this situation, and due to this Institute's (AyA's) interest in protecting the groundwater used for public supply, and in response to Voto N°2012-006424, corresponding to Amparo Appeal 10-013628-0007-CO, we respectfully request that you indicate the technical considerations and grounds on the part of the Municipality and the Ministry of Health for once again granting the operating permit for the IRR al Caribe property, since the Constitutional Chamber determined on that occasion that the activity carried out by those companies endangers the quality of the groundwater used for public supply.

Likewise: what measures were implemented to prevent any risk of contaminating the groundwater of so-called Zone 6 of the Moín aquifer by your represented entities? Were these measures assessed by SETENA? Was a new assessment of the activity conducted by SENARA before the Municipality granted the new operating permit? Is there a ruling from the Ministry of Health?" On April 9, 2018, ICAA issued the "TECHNICAL DATA-PROCESSING REPORT — Services for the collection, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR survey in a sector of the Moín Aquifer, Limón," in which it stated: "8.6. — Conclusions. This project has demonstrated the potential of using state-of-the-art sensors (specifically, photogrammetric digital cameras and LiDAR sensors) to obtain high-quality information (high positional accuracy and a high level of detail) for the study of a markedly sinkhole-prone zone.

The use of this type of data-capture methodology, supported by the processing and subsequent analysis of the extracted information, allows for a characterization of the phenomena occurring in the area; such characterization constitutes a good starting point to be complemented by other types of studies. All of this within a zone of considerable complexity, in the sense that it is an area with a significant presence of vegetation. In this regard, it may be noted that of the 438 sinkholes detected within Zone 6, a total of 414 were completely or partially covered by trees, making their location and characterization difficult using classical methodologies based on field topographic methods or even through aerial imagery." Whereas, on April 13, 2018, the ICAA Cantonal Unit of Nombre73 addressed official communication GSP-RHC-L-2018-00348 to the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, through which it explained: "(…) In response to your letter submitted to this Cantonal Office, in which you request information on whether Nombre01 plans to make use of the land on properties No. 00027138-000 and 00027136-000 of Villa Plata, I wish to inform you that said community falls within the recharge zone (zona de recarga) and water-source protection zone of the springs (nacientes) of Moín-Limón, pursuant to Board of Directors Agreement No. 2007-177 and its amendment No. 2011-112.

Therefore, the prohibitions described in the aforementioned Board of Directors Agreements apply to the community of Villa Plata" (emphasis added). In addition, on April 19, 2018, the ICAA UEN Environmental Management Directorate sent official communication UEN-GA-2018-00556 to the Director of the Limón Health Area, through which it explained the institute's requirements in accordance with the provisions set forth in memorandum UEN-GA-2018-00332.

By memorandum GSP-RA-2018-02131 of September 25, 2018 (with a received date of September 26, 2018), the Huetar Atlántica Region filed a complaint before the Municipality of Nombre73 regarding earthworks in the Villa Plata de Moín sector. It also stated: "(…) The interest in this matter arises from the location of these properties within the so-called Zone 6 of Moín, as established by the hydrogeological and vulnerability study conducted for this aquifer. For this zone and others within the same aquifer, land-use recommendations have been established in Board of Directors Agreements of Nombre01 numbers 2007-0177 and 2011-0112. The latter is specific to Zone 6 and, among its regulations, stipulates that for the removal, cutting, and filling of materials (earthworks), a hydrogeological study must be carried out to verify that the aquifer will not be affected, along with an Environmental Management Plan duly approved by SETENA (…) the property where the earthworks are recorded is located in Villa Plata at coordinates Dirección10 and West 602415 (…) intervention is requested so that the activity be halted entirely and the described events be investigated." Likewise, the ICAA Huetar Atlántica Region addressed memorandum GSP-RA-2018-02132 of September 25, 2018 to the MINAET Subregional Office of Nombre73 (with a receipt stamp of September 26, 2018 from SINAC-ACLAC), in which it filed a complaint regarding earthworks in Villa Plata de Limón.

It also noted: "intervention is requested so that the activity be halted entirely and the described events be investigated. It is noted that in other similar cases, the support of MINAET ACLAC has been available for gathering the necessary evidence, in the event that an administrative or judicial complaint is filed." Said complaint was forwarded to the Tribunal Ambiental Administrativo, which assigned it case file No. 064-19-01-TAA.

Whereas, on October 2, 2018, the UEN Gestión Ambiental of ICAA transmitted document UEN-GA-2018-01659 to the general management of the National Irrigation and Drainage Service (SENARA), in which it stated: "In response to the agreements reached at the meeting held on October 2, 2018, at the SENARA facilities, regarding the Matama Village Case, we are enclosing the technical study entitled 'Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Moín Aquifer, Limón,' carried out by the firm STEREO CARTO CENTROAMERICA under contract 2017FTS – 00113 – PRI of the Watershed Functional Area of the UEN Gestión Ambiental. The study was conducted in Zone 6 of the Moín aquifer, which was officially established through the Board of Directors resolutions of Nombre01 2007 – 177 and 2011 – 112." Furthermore, it is noted that on November 2, 2018, ICAA denied the water allocation (paja de agua) request submitted by the Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata on October 9, 2018, on the grounds that it did not meet the applicable requirements because the property falls within what is known as Zone 6.

On March 14, 2019, ICAA transmitted official letter GSP-RA-2019-00456 to the director of the ACLAC MINAE, the head of the Nombre73 Subregion, and the mayor of Nombre73, regarding "Forest Clearing and earthworks (movimientos de tierra) in the Forest Recharge Zone of the Moín Aquifer." That document stated that on that same day, the use of backhoe machinery was confirmed to be performing earthworks for the possible construction of roads within the protection zone of the Moín springs (nacientes) known as Zone 6. It was likewise stated that "tree felling is taking place within that same protection zone." The document also detailed the importance of guaranteeing the protection of the Moín springs. Furthermore, it affirmed: "The road construction activities, earthworks, and tree felling within the zone—whose location is indicated in Figure No. 4—cause: deforestation, loss of aquifer recharge, contamination by sediments and wastewater within the recharge zone, and even the direct discharge of such waste into the sinkholes (dolinas), which are windows into the aquifer; it is considered that these reported activities pose a high risk and impact on the Moín Aquifer Protection Zone, especially given that this site of possible encroachment corresponds to one of the areas with the greatest forest cover (cobertura boscosa) in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Pulmón de Nacientes de Moín).

In light of the foregoing, you are hereby urgently requested, within the scope of your respective competencies, to take the necessary actions to promptly prevent continued tree felling and earthworks at the reported site, and to protect the forest cover of this zone. We wish to note that a swift and timely response is expected from your offices, given the public health and environmental consequences of the reported activities" (emphasis added). Meanwhile, on May 31, 2019, the Huetar Caribe Region of ICAA transmitted document CSP-RA-2019-01013 to the Nombre77 Municipal of Limón, requesting a hearing so that the institute could present the technical, environmental, and legal scope of Moín Zone 6. In response to that request, the Nombre73 Municipality authorized the hearing for June 19, 2019.

On July 1, 2019, ICAA issued document PRE-2019-00810, in which it stated: "(…) you are hereby informed that the Moín Commission, composed of the UEN Gestión Ambiental, the Environmental Legal Area, and the Huetar Atlántica Region, has carried out the following actions: 1. A meeting with local Ministry of Health staff to provide training on the importance of the Moín Aquifer from a hydrogeological, legal, and operational standpoint. (held on July 19, 2019) 2. A hearing at the Nombre77 Municipal of Limón, regarding the implications of Zone 6 (Moín Aquifer), Limón; the Council was briefed on the need for a prior verification that no contamination risk exists for the springs captured by AyA, for all activities, before the issuance of location and operating permits. (held on July 19, 2019) In accordance with the foregoing, the formation of an inter-institutional commission was agreed upon, composed of one representative from the Nombre77 Municipal, the Municipality, the Nombre73 Health Area, and the AyA Regional Directorate.

Additionally, in order to commence the verification work ordered by the Constitutional Court, on July 11, 2019, a joint site visit will be convened with the company Ticontainers, as part of the existing cases, and following the visit, a technical report will be issued and the appropriate immediate short- and long-term actions will be taken." Accordingly, on July 11, 2019, ICAA conducted an inspection of the company Ticontainers. Furthermore, in February 2020, ICAA issued an "INSPECTION REPORT OF THE INTER-INSTITUTIONAL ZONE 6 COMMISSION – MOÍN AQUIFER Nombre01 – MINISTRY OF HEALTH CASE: CONTAINER YARD, TICONTAINERS S. A." That document recorded the following: "Conclusions: a) The inspected property (Plan L-843089-2003) is located within Zone 6 of the Moín Aquifer, which has high vulnerability. b) The property under inspection contains a container yard, which includes offices, a maintenance and repair workshop, as well as materials scattered without order or proper placement on the property. c) Coral deposits geologically identified on the topographic highs of the property are found to outcrop.

The flat areas on the property were graded and leveled with gravel, which overlies the coral formations. d) Two sinkholes were located within the property; they have been modified and adapted to serve as stormwater drainage outlets for the inspected property. e) Two sinkholes were observed outside the property, which receive stormwater generated by surface runoff both from the inspected property and from the project adjoining it to the West (Company AI Caribe) and from Dirección23. f) Hydrocarbons, chemicals (with hazardous substance labels), and oils stored without treatment, final disposal, or adequate safeguarding have been identified, exposed to water, sun, and wind, with no safety measures in place, which poses a high risk to workers' health and to the water resource that supplies the province of Limón. g) The discharge of raw wastewater (aguas residuales) onto the surface of the property was identified (see photographs), which constitutes a contamination source for groundwater. h) Wastewater is disposed of using septic tanks, drainage systems, and absorption wells with serious deficiencies; the use of such systems, which infiltrate wastewater into the ground, must not be employed as a disposal method in Zone 6. 8.

Recommendations: In order to protect the water resource in Zone 6 of the Moín Aquifer, the following actions are recommended: a) It is recommended that the scope of the Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and 2011-112 be complied with. b) It is recommended that the Ministry of Health issue instructions on disposal, collection, and treatment in accordance with the activities on the property—inspection, maintenance, and repair of container transport—pursuant to the provisions of current legislation, since the absence of such instructions constitutes a threat to groundwater and is therefore a necessary condition. c) Given the high vulnerability of the area in which the property is located, the storage of hydrocarbons and the use of chemicals that jeopardize the potable water supply to 15,000 persons served by the Limón System, including the port area and the new container terminal, are not appropriate. d) Sinkholes on the property must be marked, protected, and properly managed so that the activities carried out on the property do not negatively impact them. e) Ordinary and special wastewater must be separated from stormwater so that the entry of water (stormwater and runoff) into the sinkholes does not pose a threat to aquifer quality and so that groundwater recharge is not impaired. f) The existing absorption well structure and all septic tank and drainage systems on the property must be eliminated. g) The implementation of a collection, treatment, and disposal system for ordinary and special wastewater is recommended, one that does not use subsoil infiltration or sinkholes as the final disposal method. h) The Ministry of Health is requested to verify that no fuels are stored on the property, in accordance with the recommendations of the Board of Directors Resolutions. i) The site plan must be submitted, indicating the impermeability percentages as established in the Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and 2011-112 (not to exceed 20%), as well as the stormwater management infrastructure, to ensure its proper disposal.

It is important to note that, since Ley 2726 does not grant Nombre01 the authority to issue Orders or, upon non-compliance, to close establishments, it falls to the Health Area of the Ministry of Health to assess the recommendations set forth in this report and to proceed in accordance with its competencies under Ley 5395. On behalf of this Institute, we inform the Ministry of Health that we are willing to provide accompaniment, document review, and advisory support in inspections of activities carried out in the zones related to the Board of Directors Resolutions of Nombre01 No. 2007-177 and 2011-112." Meanwhile, on March 5, 2020, the Ministry of Health informed ICAA that the company TICONTAINERS had complied with the requirements set out in sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, and that the case was therefore closed.

This Tribunal finds that, on June 15, 2020, the executive president of ICAA issued official communication PRE-2020-00865, in which she stated: "(…) A. Coordination actions carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within the scope of its competencies, has undertaken various actions focused on the management and protection of Zone 6 of the Moín Aquifer, which are detailed below: a. Through publication in Official Gazette No. 83 of May 2, 2011, of Board of Directors (Junta Directiva) Resolution No. 2011-112 (Anexo 1), Board of Directors Resolution 2007-177 was partially amended, concerning the official adoption of the hydrogeological study and vulnerability assessment of the Moín–Limón aquifer, and the update of protection zone DGAMB-2007-031. That Resolution sets forth land-use (uso del suelo) regulation recommendations for Zone 6, addressed to the competent institutions in its first operative clause (Por tanto Primero). b. More recent coordination efforts among the various competent bodies: • Official communications issued by the Moín Commission bearing reference numbers UEN – GA – 2018 – 00322 (Anexo

  • 2)dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Anexo
  • 3)dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Anexo
  • 4)dated October 2018, and UEN – GA – 2018 – 1975 (Anexo
  • 5)dated November 2018, addressed to the Local Government and the Ministry of Health. • A presentation given by the Moín Commission on May 22, 2019, at the Regional Office of Nombre01 – Huetar Caribe, to the Municipality of Nombre73 and the Ministry of Health, to address the subject of Zone 6 of the Moín Aquifer in the province of Limón. • A presentation given by the Moín Commission on June 19, 2019, to the Nombre77 Municipal of Nombre73, on the hydrogeological characteristics of the Moín Aquifer, as well as the environmental, technical, and legal implications concerning operating permits (permisos de funcionamiento), business licenses (patentes), and zoning in Zone 6 of the Moín Aquifer. • Through official communications UEN-GA-2020-00836 (Anexo
  • 6)and UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), inspections have been coordinated with the Ministry of Health; however, these have been postponed due to the state of emergency declared on account of COVID-19. B. Competencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. As has been indicated previously, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as a public entity, must adhere to the Principle of Legality (Principio de Legalidad), which flows from the General Administrative Law (Ley General de Administración Pública) in its article 11, and which confines the competencies of Nombre01 within its enabling statute, Ley Constitutiva Nº2726. It is again clarified that the Institution does not have the authority to enter private property to verify that buildings comply with construction parameters or that they properly use septic tank (tanque séptico) systems, to carry out evictions, to conduct physical-sanitary assessments of each construction and commercial activity, nor can it "render an operating permit void," or "shut down an activity," and much less file a complaint or legal remedy without it being grounded in a technical report. b. Board of Directors resolutions constitute technical recommendations, which it falls to the competent institutions to apply when resolving a petition or granting permits, licenses, or authorizations. Likewise, under the provisions of the General Administrative Law, those institutions have the possibility of departing from such recommendations in a reasoned manner. In light of the foregoing, it is clear that the Institute, within the scope of its competencies and in its interest in protecting the Moín Aquifer, from which a segment of the population of Limón is supplied, has undertaken a series of actions and created instruments that serve as inputs for both the Municipality and the Ministry of Health, so that they may issue land-use regulations and authorize the conduct of activities that do not affect the quality or quantity of the water resource (recurso hídrico). For this reason, the following clarifications are made: 1. It is the Ministry of Health that, in the case of industrial and commercial buildings, in compliance with the General Health Law (Ley General de Salud) and its regulations, grants the operating permit; in doing so, it considers the technical opinion communicated by AyA. At the administrative level, the granting of every permit must conform to the principle of legality and to the fulfillment and verification of requirements, so that the Administration may proceed to make its assessment and resolve accordingly. It should be borne in mind that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) never, at any point, ordered that no new operating permits be issued throughout the entire locality of Nombre73, including Dirección09 (see Rulings Nº2008-004751 of 27/3/08 and N°2012-006424, the latter corresponding to Constitutional Protection Appeal (Recurso de Amparo) 10-013628-0007-CO). 2. The relevant Health Area is the body empowered to conduct a physical-sanitary assessment of each construction and commercial activity; indeed, carrying out such assessments on a permanent basis falls within its ordinary duties, in discharge of its supervisory obligation. 3. For its part, it is the Local Government that has jurisdiction to grant business licenses and issue construction permits (permisos de construcción) for any building, in accordance with land use and the technical assessment provided by AyA. From all of the foregoing, what would in principle be appropriate is for you, as the interested party, to direct your inquiry to those bodies so that they may provide you with the information you are seeking. Nevertheless, in application of Ley 8220 and its amendments, this same communication will be brought to the attention of those entities so that they may indicate what is appropriate according to their respective competencies. 4. For the enforcement of liability to be possible and effective, any complaint must provide an evidentiary burden (carga probatoria) sufficient to demonstrate the existence of the causal link (nexo de causalidad) between the carrying out of an activity or conduct and the unavoidable result of the commission of harm. In judicial matters, the protocols agreed upon with the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental) apply. To date, Nombre01's supply infrastructure shows no signs of contamination that have taken the water treatment plant (planta potabilizadora) or the supply systems in Dirección24 out of operation; nor is there any suspicion of any entity, natural person, or legal person that appears in that condition for having caused any contaminating event. Therefore, on behalf of this Institute, willingness to continue carrying out actions among the various competent institutions is reiterated, with the objective of ensuring that the activities currently being conducted, or those that may potentially be authorized, do not affect the quality or quantity of the water resource used for population supply" (emphasis added).

In addition to the foregoing, on October 13, 2021, Nombre16 sent an email to …04, in which she described the situation experienced on the properties of the protected company. She also indicated: "My question is what (sic) way Nombre01 can help us to initiate an eviction process for all the persons who are contaminating the aquifer (…)." In response, the following day, receipt of the electronic communication was acknowledged and Nombre16 was asked to send the property plans in "shape" format. On November 15, 2021, the Directorate of the Hydrogeology Functional Area of the UEN Gestión Ambiental of ICAA issued memorandum UEN-GA-2021-02951 in response to an inquiry made by Nombre16 concerning the properties of Val Di S. A., in which it stated: "Therefore, on behalf of UEN Gestión Ambiental, the following is indicated: a. The lots owned by [Nombre72 003] submitted by Lic. Nombre80 (sic) Nombre06 are located in Zone 6 of High Vulnerability (Zona 6 de Vulnerabilidad Alta), within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by Board of Directors Resolution 2011-0112 (Ordinary Session No. 2011-017 of April 7, 2011, published in Official Gazette No. 83 of May 2, 2011). b. It is recommended that the Legal Department of the Huetar Caribe Region submit an inquiry to the Huetar Caribe Regional Directorate, with the objective of having it indicate whether any operational infrastructure intended for population supply service is located on the property. c. With regard to assistance in the eviction process for all persons who are contaminating the aquifer, it is important that the Legal Department establish its recommendations so that UEN Gestión Ambiental may provide support as appropriate." Meanwhile, on January 20, 2022, the Huetar Caribe Region of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00090, through which, in response to official communication PRE-J-2021-04524, it noted: "Regarding the inquiry received, I must indicate the following: 1- The described property is indeed located within what is known as Zone 6; within that zone there is a 300 mm cast-iron (HF) pipe conveying water from the Moín water treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipe runs through that specific property. 2- Regarding eviction requests, I must indicate that it does not fall within the purview of this Directorate to pursue the eviction of property belonging to a third party; this is something we have done for AyA's own properties, and we have also brought the situation to the attention of MINAE; however, I reiterate that we cannot take steps to bring about evictions on property that does not belong to the Institute—in fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner (propietario registral)" (bold text incorporated).

On January 28, 2021 (sic), the ICAA's UEN Gestión Ambiental Directorate explained, in memorandum UEN-GA-2022-00182, that: "the following criteria issued in reference are attached: • Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Peripheral Systems Management Sub-Management (Anexo 2). Por tanto, on behalf of UEN Gestión Ambiental, the official communications corresponding to the case under consultation are hereby forwarded, and it is necessary that the Legal area define, from a legal standpoint, the recommendations regarding the involvement and support of the relevant institutional areas, as applicable." Meanwhile, on February 7, 2022, an ICAA staff member issued memorandum PRE-J-2022-00477, which detailed: "(…) For the purposes of this response, the following technical criteria are considered: GSP-RHC-2022-00090, from the Huetar Caribe Region, and UEN-GA-2021-02951 and UEN-GA-2022-00182 from UEN Gestión Ambiental, in order to state the following: By the principle of legality, Nombre01, in compliance with Ley 2726, lacks jurisdiction to initiate eviction proceedings on properties — registered title (folio real) — that are not registered in its name, as that power belongs exclusively to the registered owner.

The foregoing is also grounded in the fact that Nombre01's revenues are backed solely by the rates paid by users for the services the Institute provides. In that regard, the law requires that the line items authorized in the respective rate schedules be invested directly in infrastructure under AyA's administration, in properties registered in Nombre72 of AyA, and in the provision of services to our clients under conditions of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal delivery. The use of tariff-derived funds by AyA for the benefit of other institutions that are equally obligated to cover their own obligations through their own rates, credit, or other acceptable forms of public-sector financing, or to carry out actions on private property, gives rise not only to a violation of various applicable regulations such as those mentioned, but also of the entire legal framework applicable under the principle of legality governing the conduct of the Public Administration (In that regard, the obligations and prohibitions contained in the Law on Financial Administration of the Republic and Public Budgets, the General Law on Internal Control, and the Law Creating the Public Services Regulatory Authority, among others, would also apply).

It would likewise place the Institute in the difficult position of setting aside some of the obligations that require those funds and that were duly justified before ARESEP and authorized by it. Furthermore, with respect to the possibility of conducting a study on the property under consultation, and in accordance with the principles of the Law of the Public Services Regulatory Authority, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, martes 9 de febrero del 2021, the cost-of-service principle and the authorization principle are found therein, defined in numerals 3 and 94 of the aforementioned Law, as follows: "Article 3.- Definitions For the purposes of this law, the following concepts are defined: (…) b) Cost of service: a principle that determines the manner of setting rates and prices for public services, so that only the costs necessary to provide the service are taken into account, allowing for a competitive return and guaranteeing the adequate development of the activity, in accordance with the provisions of article 31…" Article 94.- "Authorization: The institutions and public companies that provide services are authorized to sell directly to other public and private companies or institutions, whether domestic or foreign, advisory, consulting, training, or any other services related to their competencies." It is necessary to bear in mind that Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008, which is invoked to indicate that it falls to AyA: "…c) To promote the conservation of watersheds (cuencas hidrográficas) and ecological protection, as well as the control of water pollution (…) the obligation of Nombre01 to exercise administrative powers to protect aquifers (mantos acuíferos)…," must be analyzed in the context in which it arose, which was in response to the assessment of a particular property, where the Institute was required to conduct the corresponding studies by order of the Constitutional Court in order to determine the suitability of the property's use; that ruling does not constitute a general authorization for Nombre01 to carry out such work on all properties located in Dirección09, without the owner's authorization and without the owner creating the conditions that would allow the corresponding assessment to be conducted.

CONCLUSION In accordance with what is stated in technical criteria GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the interested party shall be notified, reiterating that: A) Nombre01, by the principle of legality, may not initiate eviction proceedings on private property; as that power belongs exclusively to the holder of title to the property, in accordance with article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights that make up dominion or absolute ownership (dominio) over a thing, among which are the rights of defense and exclusion, and of restitution and indemnification, which are further developed in articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, such that the burden of proving title, as a fundamental requirement for an eviction proceeding, is exclusionary in this case with respect to AyA. B) Although article 2, subsection c) of Ley Nº 2726 establishes a duty for the Institute to control the pollution of bodies of water, and although the Constitutional Court has referred in various rulings to the protection of water resources, the Institute may not violate the legal order and infringe upon fundamental rights such as the right to property, and may not, in Nombre72 of that duty, arrogate to itself powers that go beyond the limits of its authority.

  • C)In the event that a technical study is to be conducted on the property under consultation, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination necessary to ensure the safety of the corresponding officials when accessing the property; furthermore, such work shall be scheduled in accordance with institutional priority." For its part, on February 7, 2022, an ICAA official directed memorandum PRE-J-2022-00480 to Nombre16, indicating therein: "Please find attached the documents that serve as a referral for responding to the consultation submitted: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical criteria of the UEN. As well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477, corresponding to the criteria of the environmental legal area." On February 21, 2022, Nombre16 sent a written communication to Nombre03 of ICAA's Comisión Moín, in which the following was expressed: "(…) However, we were informed that Nombre01 could not intervene, and we were told that, in the event that a technical study is to be conducted on the property under consultation, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordination necessary to ensure the safety of the corresponding officials when accessing the property, and that such work shall be scheduled in accordance with institutional priority.

For this reason, the owner made the decision to assume responsibility for the corresponding study, given the workload and scheduling constraints that Nombre01 indicated prevented them from conducting it. In light of the foregoing, we request that you advise us on the areas to be considered by the private company in the aquifer contamination study, the terms of reference that must be included in the study, and the methodology to be used on the property, so that such study may be accepted by AyA. For future notifications, mine will be received at email address ...Telf02, or by fax at Telf04." In this regard, on March 2, 2022, the Huetar Caribe Region sent official communication GSP-RHC-2022-00354 to Nombre18, indicating that their case had been forwarded to UEN Ambiental Investigación y Desarrollo, "which indicates it will work on drafting the terms of reference for the execution of the relevant studies." Meanwhile, on March 17, 2022, UEN Gestión Ambiental sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the ICAA's Huetar Caribe Region, in which the following was recorded: "In response to the email sent by the Huetar Caribe Regional Directorate to the UEN Gestión Ambiental Directorate, forwarding the note from Lic. Nombre14(Nombre09, regarding the case of the property owned by [Nombre72 003], the following is stated: 1.

By means of Board of Directors Agreement of Nombre01 Nº 2007-177, published in La Gaceta Nº 83 — Wednesday, May 2, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the official publication of the hydrogeological study and vulnerability assessment of the Moín, Limón aquifer (acuífero), and the update of the protection zone DGAMB-2007-031. 2. By means of Board of Directors Agreement Nº 2011-112 of AyA, published in La Gaceta Nº 83 — Wednesday, May 2, 2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the draft agreement to partially amend Board of Directors Agreement 2007-177, which establishes restriction guidelines for Zone 6. 3. By means of official communication UEN-GA-2021-02951, issued by UEN Gestión Ambiental, the following is stated: "Por tanto, on behalf of UEN Gestión Ambiental, it is indicated that prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot; therefore, the interested party, should they wish to conduct such a survey, is required to coordinate with the Public Force and other competent institutions to provide the necessary accompaniment for the mapping of the structures.

Therefore, on behalf of UEN Gestión Ambiental, the following is stated: a. The lots owned by [Nombre72 003] submitted by Lic. Nombre14(, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by Agreement 2011-0112 of Nombre01's Board of Directors (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011)…" Por tanto, on behalf of UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Nombre72 003] is located in Zone 6, which has High intrinsic vulnerability as defined by AyA; therefore, the technical study to be conducted must take this already-defined parameter into account and incorporate a survey of sinkholes (depressions in the terrain), which may vary in size, shape, and distribution. Once the relevant elements are known (high vulnerability and location of sinkholes), a environmental management plan (plan de manejo ambiental) consistent with the intended activity must be submitted, guaranteeing no impact on water resources.

Once the study presenting the final results has been completed by the interested party, it must be submitted to the Comisión Moín coordinated by the Environmental, Research and Development Sub-Management. Nombre01 reserves the right to verify the information submitted, for which the interested party must coordinate with the Public Force and other competent institutions to ensure the protection of officials during the site visit." On the other hand, on March 25, 2022, the Huetar Caribe Region of ICAA issued memorandum GSP-RHC-2022-00483, which stated: "In response to the communication referenced above and the additional information requested by email, and in connection with the complaint regarding earthworks (movimientos de tierra) in the Villa Plata de Moín sector, Limón, the following is noted: – The site to which the complaint pertains, filed with both the municipality of Nombre73 and MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on property (finca) Dirección11, whose registered owner (dueño registral) is Propiedades Val Di Sole S.A. It is clarified, however, that this property has been subject to informal occupation (ocupación precaria) for many years and that the reported works were in all likelihood carried out by some of the occupants. – The property falls within what is known as Zone 6 of the recharge area (área de recarga) of the Nombre73 aquifer (acuífero), for which Board of Directors (Junta Directiva) resolutions of Nombre01 (2007-177 and 2011-112) recommend regulations on land use. – Given the informal nature of the occupation, there are no formal drinking-water services on the property. – With regard to the earthworks, given the time that has elapsed, they no longer persist.

This type of intervention is normally of short duration, which is why Nombre01 turns to local institutions that have sufficient authority to stop them. – This complaint does not correspond to the case already addressed concerning the Villa del Mar 1 school (see image 1) (…)" (bold emphasis added).

Additionally, on March 25, 2022, the Executive President of ICAA submitted a written communication to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) concerning expediente 064-19-01-TAA, in which the following was stated: "FIRST: Through report GSP-RHC-2022-00476, it is noted that this Institute, originally through the Huetar Caribe Region Directorate, filed a complaint before the administrative authorities by means of communications GSP-RA-2018-02131 and 02132, bearing a stamp of receipt by the Municipality and MINAET (SINAC), a matter that was referred to the Environmental Administrative Tribunal without SINAC having conducted the corresponding assessment. Those communications evidenced that the earthworks took place in Villa Plata, at the site located at coordinates Dirección03, specifically 350 meters east and 200 meters north of El Empalme de Moín. The above coordinates are situated on the property of [Nombre72 003], with legal entity identification number CED15, parcels 7-27136, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED16, and parcel PARCEL: 27138 SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED17, both in the PROVINCE OF LIMON.

Report GSP-RHC-2022-00483 states the following regarding verification of the originally cited coordinates: "…– The site to which the complaint pertains, filed with both the municipality of Nombre73 and MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, is located on property Dirección11, whose registered owner is Propiedades Val Di Sole S.A. It is clarified, however, that this property has been subject to informal occupation for many years and that the reported works were in all likelihood carried out by some of the occupants. – The property falls within what is known as Zone 6 of the recharge area of the Nombre73 aquifer, for which Board of Directors resolutions of Nombre01 (2007-177 and 2011-112) recommend regulations on land use. – Given the informal nature of the occupation, there are no formal drinking-water services on the property. – With regard to the earthworks, given the time that has elapsed, they no longer persist.

This type of intervention is normally of short duration, which is why Nombre01 turns to local institutions that have sufficient authority to stop them…" SECOND: Through communication PRE-J-2021-04524, transmitted by email on October 13, 2021, Lic. Nombre16, representative of the current owners of property Dirección12 where the earthworks were carried out, was notified of the situation regarding access to said property, which has been invaded: "The purpose of this email is to request that I be informed of the outcome of the action taken with the administrative office of Nombre01 regarding the eviction of the persons who are contaminating the Moín aquifer and who are simultaneously occupying property [Nombre 002], with legal entity identification number CED15, parcels 7-27136 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: GRAZING LAND AND IN PART FOREST, LOCATED IN DISTRICT 1-LIMON CANTON 1-LIMON OF THE PROVINCE OF LIMON, PARCEL IS LOCATED IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: STREAM AND Nombre01, SOUTH: Dirección02, EAST: STREAM AND Nombre06, WEST: CON COSAS DE MADERA S.A., MEASURES: THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED07, and parcel PROVINCE: LIMON PARCEL: 27138 DUPLICATE: HORIZONTAL: RIGHT: 000, SUBDIVISIONS: NONE, NATURE: LAND WITH 4 HOUSES AND OTHER STRUCTURES, LOCATED IN Dirección04 OF THE PROVINCE OF LIMON, PARCEL IS LOCATED IN A CADASTRAL ZONE, BOUNDARIES: NORTH: Dirección10, SOUTH: Dirección06, EAST: Dirección11, WEST: Dirección15, MEASURES: FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED10.

Both parcels are located in a place called Villa Plata, which is a squatter settlement (precario) where a large number of houses and persons are unlawfully occupying the property. Said parcels are one hundred percent within Zone 6 as described in communication No. 2007-177, SUBJECT: Officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer, Limón, and the update of the protection zone (zona de protección) DGAMB-2007-031, and within them there are a large number of dwellings and lot-holders who are illegitimately occupying the property while simultaneously causing environmental damage (daño ambiental) and contaminating the aquifer. My question is how Nombre01 can assist us in initiating an eviction proceeding against all persons who are contaminating the aquifer…" Based on the foregoing, it is noted that, although at the time of the complaint (2018) the earthworks were the responsibility of the registered owner, they did not continue after the reported events.

Consequently, it is not possible to determine today, in a reliable manner, what the consequences thereof were, or to assess the harm caused at the time they occurred. Given the current situation of invasion of the property, which by now constitutes a consolidated settlement (asentamiento) on the property of [Nombre72 003], with legal entity identification number CED15, parcels 7-27136, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED16, and parcel PARCEL: 27138 SURVEY PLAN: L-0509860-1983, PROPERTY IDENTIFIER: CED17, both in the PROVINCE OF LIMON, this Institute is not in a position, at this time, to facilitate identification of the person who caused the environmental damage, either for the purposes of this Environmental Administrative Tribunal in its search for the actual truth of the facts, or for purposes of the right of defense (derecho de defensa) of the alleged persons responsible for the harm to the environment and to human health by act or omission." (bold emphasis added).

On April 8, 2022, the Nombre73 Canton Unit of ICAA issued document GSP-RHC-L-2022-00494 addressed to the Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, which read: "As an addendum and clarification to communication GSP-RHC-L-2022-00488 of April 7, 2022, I respectfully wish to address the following: 1. Although sworn declarations (declaraciones juradas) are for unregistered parcels of land, Villa Plata has a registered parcel (it has a registered owner), which is why this procedure is not applicable to the present case. It is further clarified that survey plans (planos de agrimensura) and sworn declarations do not apply to the case of Villa Plata, because the settlement has a registered owner. 2. Villa Plata is a settlement that has not been authorized by the registered owner of the parcel; consequently, its inhabitants do not hold title (titularidad) to the real property. For this reason, Nombre01 cannot proceed to assess the feasibility of providing its services in Villa Plata.

In light of the foregoing, it is not possible to conduct a field inspection as requested in your document received at this Office on March 25, 2022, given that the settlement is situated on private land. 3. Villa Plata is located in a strategic area within the recharge areas of the Moín aquifer, particularly with respect to what is known as "Zone 6," subject to the recommendations established and regulated by Board of Directors Resolutions No. AN-2007-177 and No. 2011-112. The aforementioned resolutions are attached. 4. The request for services for Villa Plata does not solely concern the supply of drinking water, but rather a full regularization covering all other services as well, among which the wastewater (aguas residuales) solution, lot size, and impermeable surface area are of particular importance given what has already been set out above and what is stated in the aforementioned Board of Directors Resolutions of AyA, which are binding as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional).

This means that even if the question of land tenure (tenencia de suelos) in Villa Plata is resolved, the recommendations of the Board of Directors Resolutions regarding wastewater treatment and disposal, hydraulic and water capacity, and related matters must be taken into account. Since this is an informally occupied settlement, it is not possible to analyze or make recommendations regarding the request submitted until the question of land tenure is resolved and the requirements are brought into conformity with the aforementioned Board of Directors Resolutions (…)." On May 9, 2022, ICAA prepared technical report PRE-J-2022-01740 concerning the "Precario Villa Plata, Properties 00027138-000 and 00027136-000," in which the following was stated: "A) Complaints Filed: Table No. 1 shows the complaints filed regarding earthworks (movimientos de tierra), tree felling within Zone 6 of Moín, or the establishment of activities incompatible with the Regulatory Recommendations set out in Board of Directors Resolution Nombre01 2011-112.

In order to be concise on the matter requested, only the evidence pertaining to the Precario Villa Plata cases will be attached; these will be presented as annexes to this document and are highlighted in yellow (…) Setting out in detail the complaints related to the Precario Villa Plata: Complaint No. 7 and No. 8: In September 2018, Engineer Nombre09 of Nombre01 Región Huetar Caribe filed these complaints through Official Communications GSP-RA-2018-02131 and GSP-RA-2018-02132 (attached), which were notified to both the authorities of MINAE and the Municipality of Limón, concerning illegal earthworks in the Precario Villa Plata and within the property recorded under Land Register No. 27136-000. As of this date, the matter is being processed before the Administrative Environmental Tribunal under File No. 064-19-01-TAA. Complaint No. 9: In March 2019, Engineer Nombre10 of Nombre01 Región Huetar Caribe filed Official Communication GSP-RA-2019-00456, in which he reports forest cutting (corta forestal) and earthworks in the forested area (zona boscosa) of the Moín Aquifer; this complaint was notified to both the authorities of MINAE and the Municipality of Limón, concerning illegal earthworks and the cutting of forest vegetation.

As shown in Figure No. 1, some of these earthworks and forest vegetation cutting occurred on the southeastern side of Property recorded under Land Register No. 27136-000 (…) From these complaints, it is evident that Nombre01 has applied the mechanisms that the legal framework permits it in order to report the cutting of vegetation and earthworks on Property Land Register No. 27136-000—a situation that has not been addressed by the competent authorities nor by the property owner, who has never been reachable at the time such complaints are made. B) Development of New Projects: Table No. 2 shows the main applications for New Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer. In order to demonstrate that it is feasible to carry out Projects in Zone 6 of the Moín Aquifer, those Projects that have obtained the required approval and water availability determinations necessary for their construction are highlighted in green; as the results show, of 10 proposed Projects, 50% were approved by Nombre01 to begin the corresponding construction procedures, through the issuance of water availability letters (…) the Regulatory Recommendations established by Nombre01 in Board of Directors Resolution No. 2011-112 do not extinguish the property owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated.

In fact, the execution of projects within Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly; taking into account considerations that maximize aquifer recharge and minimize the impact of wastewater generated through treatment systems, which make it possible to protect and safeguard the quality of the water resource. In addition to this approach, during the period of 2020 and 2021, as shown in Table No. 3, there were 80 applications for potable water availability for single-family housing, of which 54%, or 43 water availability applications, were approved by the Cantonal Office of Limón within Zone 6 of the Moín Aquifer, which reinforces the fact that it is feasible to develop properties within this zone (…) C) Existing Installations: Table No. 4 shows the main criteria issued by Nombre01 Región Huetar Caribe with respect to existing installations and how to enable those installations to comply with the Regulatory Recommendations issued by Nombre01, depending on the sector in which they are located and in accordance with the criteria of Board of Directors Resolutions No. 2007-177 or No. 2011-112.

In order to be concise on the matter requested, only the evidence pertaining to the Precario Villa Plata cases will be attached; these will be presented as annexes to this document and are highlighted in yellow (…) In the case of the Precario Villa Plata, the Cantonal Office of Limón has issued multiple criteria over time; in Table No. 4, three of them are indicated, in which the criterion has been repeatedly stated that it is not possible to grant water service, water availability, or the possibility of installing public water connections (pajas públicas) within the precario. Additionally, all communications indicate the location of this Precario within the recharge zone and the water protection zone for the Moín springs (nacientes), where compliance with Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 is required (…) the Precario Villa Plata has been established for many years; in fact, the stamp of the Development Association printed on the application indicates the year 2010, which can be corroborated by Figure No. 9, where an extract of a Google Earth image dated February 2010 already shows, within Properties 00027138-000 and 00027136-000, a large number of internal roads, dwellings, and areas lacking forest cover (cobertura boscosa); etc. (…) It is very important to note the foregoing, given that the owners of these lands indicate that AyA has not done what is necessary to protect the Moín Aquifer; however, there is sufficient documentary evidence to demonstrate that for more than 14 years, Nombre01 has denied potable water service availability in the Precario Villa Plata, and that during that same period, there is no record of any action taken by the owners of these lands to recover them; nonetheless, regardless of this fact, Nombre01 has filed the complaints and taken the actions that the law permits it within what the report has termed "existing installations" in Zone 6, in order to ensure compliance with Board of Directors Resolution No. 2011-112 (…) Finally, in the case of Zone 6 of the Moín Aquifer, Nombre01 has carried out various Projects or actions and plans to undertake additional activities that will improve the protection of the water resource from the Moín springs (nacientes), including: A) Creation of the Moín Aquifer Commission: In July 2010, Nombre01 created a Multidisciplinary Commission to resolve the cases pending at that time concerning the Moín Aquifer, known as the "Comisión de Acuífero Moín." This body includes representation from the Environmental Unit, the Legal Department, the General Deputy Management of Nombre01, and staff from the Región Huetar Caribe.

The Commission currently issues, on a collegial basis, the technical criteria for projects or cases that so require in the zones established under Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112. B) Construction of a Potable Water Treatment Plant: The tenth item of Resolution No. 2007-177 stated: "Unless it is demonstrated that the Moín sources have been irreversibly affected, pursuant to applicable regulations, by the Químicos Holanda event, they shall be kept in use for public water supply for technical and demand-related reasons, subject to the following conditions: Order the immediate construction of a treatment plant, including an activated carbon system or whatever technology is necessary to ensure quality against any possible contamination. Studies shall be initiated immediately to determine the possibility of using the upper basin of the Banano River with a view to replacing the Moín sources should they become contaminated by the industrial activities carried out in the basin." In compliance with that resolution and as shown in Figure No. 10, the Moín Treatment Plant has been operating since March 2012, at a cost on the order of ¢ 400,000.000,00 (four hundred million colones).

This plant treats the waters from the spring (naciente) by removing turbidity and organic load from the waters of the Moín springs, thereby guaranteeing the potability of the water supplied to the population. It is important to note that this plant is not equipped to treat hazardous substances, chemicals, fuels, etc. (…) C) Communication at the Highest Level: As set out in document PRE-1426-2012, in November 2012, the Executive President of Nombre01, Nombre03. Nombre11, notified the Mayor of the Municipality of Nombre73, Nombre02. Nombre24, regarding the application of Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 of Nombre01 within the Limón Regulatory Plan, concluding with the following: (…) Likewise, through Official Communication PRE-1426-2012 in November 2012 (attached), the Executive President of Nombre01, Nombre03. Nombre11, notified Nombre03. Nombre13 of the Technical Environmental Secretariat, informing her of the application of Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 of Nombre01.

  • D)Lidar Project: Through Procurement No. 2017FTS-00113-PRI, in the amount of 20 million colones, the AyA Watershed Department contracted Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating data under a watershed concept, applied through a photogrammetric and Lidar study of Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure No. 11, sinkholes (dolinas), depressions (sumideros), and topographic depressions within the zone were identified, making it possible to assess the density of these features within the properties for which new Project applications are submitted in Zone 6 of the Moín Aquifer; once these structures are identified, the Environmental Unit of Nombre01 conducts an on-site survey and issues the corresponding criteria regarding them. This information makes it possible to evaluate project conceptualization for the Zone 6 described above, to issue water availability determinations for such projects, and to verify the information submitted by developers.

(…) E) Moín Sanitary Sewer and Wastewater Treatment Plant Construction Project: As part of the actions carried out by Nombre01 to protect the Moín Aquifer, the BCIE 2188 Coastal Zone Potable Water and Sanitation, Service Quality and Efficiency Program includes Project BPIP 1984, entitled "Construction of the Moín Sanitary Sewer," which aims to construct the sanitary sewer system in the area shown in Figure No. 12 and to construct a Wastewater Treatment Plant as shown in Figure No. 13, all within the areas of highest population density in Zone 6 of the Moín Aquifer (…) CONCLUSIONS: 1) For more than 19 years, Nombre01 has filed the necessary complaints with the Municipality of Nombre73 and the Ministry of Environment and Energy in order to halt earthworks and forest vegetation cutting at the moment an impact on the recharge zones of the Moín Aquifer is detected. In addition, it has reported existing activities that are incompatible with the Regulatory Recommendations established in Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 of Nombre01.

  • 2)For more than 19 years, Nombre01 has been reviewing the conceptualization of New Projects in the Recharge Zones (Zonas de Recarga) of the Moín Aquifer (Acuífero de Moín) to ensure compliance with the Regulatory Recommendations set forth in Nombre01 Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112, allowing to date the completion of 50% of the submitted Projects, with successful results, as illustrated by the example shown in which the Matama Village Apartments have been in operation for 6 years without generating any risk of contamination to the Moín Aquifer.
  • 3)In the years 2020 and 2021, 54% of water availability approvals for single-family residential construction in Zone 6 of the Moín Aquifer were granted.
  • 4)Considering what is stated in conclusions 2 and 3, there is no doubt that the development of different types of Projects in Dirección32 is feasible, and that these regulations do not deprive the property owner of the right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated.
  • 5)With respect to existing activities, it has been demonstrated that Nombre01 has, for 19 years, issued the necessary criteria to ensure that current activities comply with the Regulatory Recommendations set forth in Nombre01 Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112.
  • 6)In the particular case of the Villa Plata informal settlement (Precario Villa Plata), no water service availability, nor any public water connection (paja pública), has been provided to date for this development; the Integral Development Association of Villa Plata (Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata) is recurrently informed of the Regulatory Recommendations established in Nombre01 Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112 and of the impossibility of providing services; likewise, the corresponding complaints have been filed within the informal settlement itself. All of the foregoing is done to safeguard ownership of both properties.
  • 7)The highest-ranking authorities of AyA have requested compliance with Voto N° 2008-004751 of the Constitutional Chamber, so that the Municipality of Nombre73 may amend its Regulatory Plan (Plan Regulador) to incorporate the Regulatory Recommendations established in Nombre01 Board of Directors Resolutions N° 2007-177 and N° 2011-112.
  • 8)Our files and records contain no evidence of any action taken by the owner of Properties N° 00027138-000 and N° 00027136-000 to halt the occupation of the Villa Plata informal settlement over more than 14 years, nor has there been any prior communication from the property owner with the Huetar Caribe Region (Región Huetar Caribe) that would have allowed for coordination of the complaints that have been filed or for keeping the owner informed of the results of the potable water request proceedings conducted by the Integral Association of the Villa Plata Informal Settlement (Asociación Integral del Precario Villa Plata) on their land.
  • 9)The Institute has carried out important projects for the Protection of the Moín Aquifer, such as the construction of the Moín Drinking Water Treatment Plant, the development of the Lidar Project already described, and, in the future, the construction of the Moín sanitary sewer system and its wastewater treatment plant, in which the Villa Plata Sector (Sector 3) is included as part of the treatment flow, given that what will happen with the Villa Plata informal settlement in the future is unknown, precisely because of the inaction of its owners over several years. 10) All of the foregoing demonstrates that the claims made by the appellant regarding institutional inaction lack technical and documentary basis, as is demonstrated in this report" (bold text added).

On May 9, 2022, the Environmental Management UEN (UEN Gestión Ambiental) of ICAA signed memorandum UEN-GA-2022-00850, which stated: "(…) II. Inter-institutional Coordination Actions. Nombre01, as the governing institution for public water supply, has conducted research with the objective of generating the technical basis needed to protect the water resource in the Acuífero Moín, from which part of the population of Limón is supplied. As a result, Nombre01 has carried out actions with various competent institutions to share the technical information that has been generated and to advise them from a hydrogeological, legal, and operational standpoint, so that the information provided serves as a tool in the technical assessments conducted by those bodies. Below is a summary of the actions taken during the years 2018, 2019, and 2020:

1. Through official letter UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), the Environmental Management UEN submitted a query to the Directorate of the Ministry of Health regarding the operating permit for a project located at Dirección33, Limón.

2. Through official letter DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), the Regional Directorate of the Ministry of Health in Limón responded to letter UEN-GA-2018-00322, informing that it would be providing the requested response promptly through Nombre13. Nombre32, Director of the Health Regulatory Area (Área Rectora de Salud) of Limón.

3. Through official letter UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), the Environmental Management UEN requested from the Health Regulatory Area technical information regarding operating permits for the IRR ALCARIBE project, located in Zone 6, Moín.

4. Through a meeting held on October 2, 2018 (Anexo 6), between SENARA and AYA, technical information related to the Matama Village project was presented, and it was agreed to share the information regarding Zone 6 held by AyA.

5. Through official letter UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), dated October 2, 2018, the Environmental Management UEN delivered to SENARA the technical study entitled: "Survey, identification, and systematization services for technical information as a mechanism for data integration under the watershed concept, applied through a photogrammetric and LiDAR study in a sector of the Acuífero Moín, Limón." 6. Through official letter UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8), dated November 21, 2018, the Moín Commission (Comisión Moín) requested from the Municipal Mayor information regarding the administrative file of the company Ticontainers.

7. Through official letter PRE-2019-00516 (Anexo 9), the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) of AyA requested that the Municipal Mayor and the Nombre77 Municipal of Limón, as well as the Regional Director of the Ministry of Health and the Health Regulatory Area of Limón, attend a meeting to address the case of a project in Zone 6, in which it stated: "In light of the foregoing, you are kindly requested to attend a meeting with technicians from Nombre01 (Environmental Management UEN, Urbanizations Directorate (Dirección de Urbanizaciones), Legal Directorate (Dirección Jurídica), Regional Directorate) on May 22, 2019 (a date set with sufficient advance notice to allow for scheduling coordination), at 8:30 a.m. at the offices of the Regional Directorate of Nombre01 located at Dirección20, Limón, and subsequently, if deemed appropriate, a field visit." 8. Through Resolution SM-248-2019 (Anexo 10), dated May 7, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in reference to letter PRE-2019-00516 from AyA, stated: "IT IS RESOLVED: To confirm the participation of the following persons: Nombre33, Nombre34, Nombre35 – Councilmembers (Regidores Propietarios); Nombre36 – Alternate Councilmember (Regidora Suplente); Nombre37 – District Representative (Síndico Propietario) and Nombre38 – Alternate District Representative (Síndica Suplente); so that they may attend on May 22, 2019." 9.

Through a meeting held on May 22, 2019 (Anexo 11), at the Regional Directorate of Nombre01 in Limón, the following officials participated: (…) The following was agreed: 1. To create an Inter-institutional Moín Commission (Comisión Interinstitucional Moín), comprising at least one representative from each of the institutions — AyA, Ministry of Health, Municipality — which will jointly analyze the verification of non-contamination of the water sources captured by AyA, in the operating permits located in Zone 6 Moín… …6. To extend an invitation to the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE to participate in the Inter-institutional Commission… …Regarding the case of the company Ticontainers, it was agreed to conduct a joint inspection on July 4, 2019; following that inspection, technical recommendations would be issued…" 10. Through official letter GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), issued by the Regional Directorate of AYA, the Nombre77 Municipal of Nombre73 was requested to schedule a hearing so that the AyA Moín Commission could present the environmental, technical, and legal scope of Zone 6 Moín as a Strategic Water Capture Zone of Interest (Zona de Interés Estratégico de Captación), as well as Board of Directors Resolutions (Acuerdos de Junta Directiva) 2007-117 and 2011-017 of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

11. Through Resolution SM-331-2019 (Anexo 13), dated June 11, 2019, the Nombre77 Municipal of Limón, in reference to the hearing request submitted by AyA, stated: "IT IS RESOLVED: The hearing is authorized for Wednesday, June 19, 2019, at 5:00 p.m., in the Session Chamber of the Municipality of Limón." 12. Through an email sent by the Director of the Environmental Management UEN on June 12, 2019 (Anexo 14), addressed to the representatives of the Inter-institutional Commission formed at the meeting of May 22, 2019, participation was coordinated in the session of the Nombre77 Municipal of Nombre73 on June 19, 2019, at 5:00 p.m.

13. Through an email sent by the Director of the Health Regulatory Area (Anexo 15), dated June 17, 2019, a presentation by AyA to the technical staff of the Ministry of Health was coordinated regarding the research conducted in Zone 6 and related legal and operational aspects.

14. Through a meeting held on June 19, 2019 (Anexo 16) at the Regional Directorate of Nombre01 in Limón, Nombre01 presented the Board of Directors Resolutions of AyA to the officials of the Ministry of Health.

15. Through a Municipal Session on June 19, 2019, Nombre01 presented the Board of Directors Resolutions of AyA to the Nombre77 Municipal.

16. Through Extraordinary Minutes No. 33 of Wednesday, June 19, 2019 (Anexo 17), the resolutions of the municipal session were recorded, in which Nombre01 presented technical aspects relating to Zone 6 of the Acuífero Moín, including the following: "MOTION: To appoint the following persons to serve on the AyA Inter-institutional Commission: Ms. Nombre02. Nombre47 – Alternate Councilmember, Mr. Nombre03. Nombre48 – Municipal Engineering Department, and Eng. Nombre49 – Municipal Census and Cadastre Unit." 17. Through an email dated June 25, 2019 (Anexo 18), the Environmental Management UEN forwarded to the Water Directorate the technical presentation delivered on June 19, 2019, at the Nombre77 Municipal of Nombre73, as well as Board of Directors Resolutions No. 2007-177 and No. 2011-112 of Nombre01.

18. Through an inspection conducted on July 11, 2019 (Anexo 19), a field visit to the Ticontainers project was carried out by officials from Nombre01 and the Ministry of Health.

19. Through official letter UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), issued by the Environmental Management UEN, the Health Regulatory Area in Limón was sent the inspection report from the field visit at Ticontainers and coordination was established for future meetings, stating: "Likewise, we request your willingness to continue accompanying inspections at projects located in Dirección09, as it is of particular interest to the Moín Commission to hold a meeting to draw up a schedule for 2020. To this end, we propose Thursday, March 26, at 1:00 p.m. at your facilities or at the facilities of the Región Huetar Caribe of AyA. We remain attentive to your availability and await your response by email or note regarding this proposed date, with the following contacts: • Nombre78.Sc. Nombre41, Director of the Environmental Management UEN. Email: ...02 • Nombre50, Director of the Hydrogeology Functional Area. Email: ...03" 20. Through official letter MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), the Directorate of the Health Regulatory Area of Limón forwarded to the Directorate of the Environmental Management UEN technical report MS-DRRSHC-IT-01030-2020, concerning the Ticontainers case.

21. Through official letter UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), the Environmental Management UEN notified the Directorate of the Health Regulatory Area of the cancellation and rescheduling of the meeting, stating: "In reference to letter UEN-GA-2020-00494, which requested a meeting regarding the Ticontainers Project to be held on March 26, 2020, and given the national situation arising from the presence of Covid-19, the meeting will be rescheduled to April 23, 2020, at 1:00 p.m., at your facilities or at the facilities of the Región Huetar Caribe of AyA. We remain attentive to your availability and await your response by email or note regarding this proposed date…" 22. Through official letter UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), the Environmental Management UEN notified the Directorate of the Health Regulatory Area as follows: "Most respectfully, and pursuant to document UEN-GA-2020-00836, dated March 18, 2020, which indicated April 23, 2020, as the tentative date for holding a follow-up meeting on the Ticontainers Project and other companies, and due to the Covid-19 emergency, the meeting must be postponed until further notice, as an in-person meeting is of the utmost importance and a field tour is planned for that same day." 23.

Through official letters UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), and PRE-2020-00865 (Anexo 27), issued by AyA, organized groups such as the Association for Ecology and Development (Asociación de Desarrollo para la Ecología) have been informed of coordination and intervention actions with institutions and the Local Government regarding projects in Zone 6 of the Acuífero Moín.

It is important to note that Nombre01, since the publication of Board of Directors Resolution 2007, has carried out coordination actions with various public institutions. However, for the purpose of responding to the amparo writ (recurso de amparo), a summary of the actions taken during the years 2018, 2019, and 2020 is presented. Additionally, for reasons of public health, and in the context of the COVID pandemic, the Ministry of Health has faced a significant workload and taken a leadership role in managing it. For this reason, Nombre01 has not continued with in-person meetings and inspections, as it requires the involvement of the Ministry, which is the competent body authorized to enter properties to carry out inspections of activities that may affect the water resource used for public water supply. Nevertheless, in the event of a request to inspect a project on an urgent basis and with the authorization of the property owner and the corresponding safety measures in place, Nombre01 is fully prepared to conduct such an inspection if necessary.

III. Case studies on the application of the Board of Directors Resolution to development projects

In accordance with the institutional interest in preserving the quantity and quality of the groundwater captured at the Moín Springs (Fuentes Moín) and in ensuring compliance with the Board of Directors Resolutions cited in section I of this letter, Nombre01 has overseen field surveys, held meetings with interested parties, and produced technical reports to ensure that the activities carried out are consistent with the Board of Directors Resolutions of AyA. Below are some examples in which interested parties have submitted technical reports:

a.

Through official communication PRE-2018-00116 issued by the Executive Presidency of AyA, a technical opinion was issued regarding the field surveys (levantamientos de campo) conducted by Nombre01 on the properties identified as Cadastral Map (Plano) 7-1615161-2012 (Nombre81) and 7-1615160-2012 (Nombre82). b. Through official communication UEN-GA-2016-00363, issued by UEN Gestión Ambiental, the following information was submitted:

• Observations corresponding to the review of the "Detailed Hydrogeological Study, Aquifer Contamination Vulnerability Analysis, and Review of the Protection Zones of the Moín Aquifer (Acuífero Moín) (Zone 6) for the properties under cadastral records L-862177-2003 and L-859280-2003," prepared by the firm Geotest, November 2015.

• The technical report entitled "GEOLOGICAL INSPECTION, CADASTRAL MAP L-86217-2003 AND L-859280-2003, MOÍN, LIMÓN," prepared by the Hydrogeology Functional Area of UEN Gestión Ambiental, is presented.

c. Through official communication UEN-GA-2020-00494, issued by the Comisión Moín, the inspection report carried out jointly by Nombre01 and the Ministry of Health on the Ticontainers Project, located in Zone 6 of the Moín Aquifer, Limón, was submitted to the Ministry of Health. The report sets out the results obtained during the field visit, as well as technical recommendations.

d. Through official communication UEN-GA-2021-00736, issued by UEN Gestión Ambiental, in reference to the inquiry made by Lic. Nombre62 on behalf of Mr. Nombre63, the following is stated:

"'…There is an unlawful occupation (invasión) by 150 persons who guard the various access points to the property with weapons…' 'Given this indication, it will be necessary for the property owner to undertake the steps needed, in coordination with the public security forces, to ensure the safety of AyA officials who will be conducting the corresponding field verification in the presence of the registered owner or their authorized representative, and to provide written access permits to UEN Gestión Ambiental. The requirements set forth in the preceding paragraph must be coordinated by the property owner, since AyA has no infrastructure dedicated to public service on the property. With respect to coordination with the public security forces, the corresponding official document from that entity is required, certifying their accompaniment throughout the entire route with AyA officials; four officers will be necessary for the fieldwork. Therefore, UEN Gestión Ambiental requests, in order to address the inquiry relating to cadastral map L-768772-2002, that at least 15 business days' advance notice be given indicating the date for the field verification, so that this Institute may internally coordinate the appropriate arrangements and confirm whether the proposed date is feasible according to its work schedules.'"

IV. Case Involving the Constitutional Remedy

In connection with the case related to the writ of amparo (recurso de amparo) with Expediente No. 22-008354-0007-CO, filed by Mr. [Nombre72 001], the following actions taken by the Comisión Moín are noted:

1. Through an email dated October 13, 2021, issued by Lic. Nombre14( (Anexo 28), an inquiry was submitted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, citing the following: "My question is how Nombre01 can help us to initiate an eviction process (proceso de desalojo) for all the persons who are contaminating the aquifer, since in a ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) dated August 1, 2008, at 10:11 a.m., Expediente: 07-009140-0007-CO, of the Sala Constitucional, which concerns a writ of amparo filed directly regarding the case of the Moín Aquifer, the obligation of Nombre01 to exercise its administrative powers to protect the aquifers was established." 2. Through an email dated October 14, 2021 (Anexo 29), the Legal Directorate requested from Lic. Nombre14( the information regarding the shapefile (shp) with the boundary delineation of the property under inquiry.

3. Through an email dated November 3, 2021 (Anexo 30), the Legal Directorate – Environmental Legal Unit attached the file named "prop valdi shp," provided by Nombre02. Nombre14(.

4. Through official communication UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), dated November 15, 2021, issued by UEN Gestión Ambiental, a response was provided to the Legal Directorate regarding the inquiry by Lic. Nombre14(, stating (Figure 2):

"Therefore, UEN Gestión Ambiental states the following: a. The lots belonging to [Nombre72 003], submitted by Lic. Nombre14(, are located in Zone 6 of High Vulnerability (Vulnerabilidad Alta), within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by AyA Board of Directors Resolution 2011-0112 (Ordinary Session No. 2011-017, dated April 7, 2011, and published in Gaceta No. 83, of May 2, 2011). b. It is recommended that the Legal Area of the Huetar Caribe Region consult the Huetar Caribe Regional Directorate, with the aim of obtaining a statement as to whether the property contains operational infrastructure dedicated to the public water supply service (…) c. Regarding collaboration in the eviction process for all persons contaminating the aquifer, it is important that recommendations be established from the legal standpoint, so that UEN Gestión Ambiental may provide support as appropriate." 5. Through official communication GSP-RHC-2022-00090, dated January 20, 2022 (Anexo 32), issued by the Huetar Caribe Regional Directorate, the following is stated:

"Regarding the inquiry received, I must indicate the following: 1. The described property is indeed located within the so-called Zone 6; within this zone there is an HF 300 mm pipeline conveying water from the Moín water treatment plant to the Pueblo Nuevo tank, which does not mean that this pipeline is located on that specific property. 2. Regarding eviction requests, I must indicate that it is not the responsibility of this Directorate to manage the eviction of properties belonging to third parties; we have done this for AyA properties, and we have also notified MINAE of the situation. However, I reiterate that we cannot undertake steps to carry out evictions on a property that does not belong to the Institute. In fact, the police authorities will not even accept a complaint unless it is filed by the registered owner." 6. Through official communication UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), dated January 28, issued by UEN Gestión Ambiental to the Legal Directorate, the following is stated:

"Due to the foregoing, the following opinions issued in reference hereto are attached: • Memorandum UEN-GA-2021-02951, issued by UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorandum GSP-RHC-2022-00090, issued by the Huetar Caribe Regional Directorate of the Peripheral Systems Management Sub-Directorate (Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos) (Anexo 2). Therefore, UEN Gestión Ambiental forwards the official communications corresponding to the case under inquiry, and it is necessary that legal recommendations be defined regarding the involvement and support of the relevant institutional areas, as appropriate." 7. Through official communication PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the following is stated:

"In accordance with the technical opinions set forth in GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951, and UEN-GA-2022-00182, the interested party should be notified, reiterating that: A) Nombre01, by the principle of legality (principio de legalidad), cannot institute eviction proceedings on private properties; such power belongs exclusively to the titleholder of the property, in accordance with Article 264 of the Civil Code, which enumerates the rights comprising absolute ownership or title (dominio o propiedad absoluta) over a thing, including the rights of defense and exclusion, and of restitution and indemnification, which are further developed in Articles 295 to 315 and 316 to 334, respectively, of that Code. Accordingly, the evidentiary burden of proving ownership (potestad probatoria de la titularidad), as a fundamental prerequisite for the eviction process, is exclusively vested in the titleholder and is therefore inapplicable to AyA in this case.

  • B)Although Article 2, paragraph c) of Law No. 2726 establishes a duty for the Institute to control the contamination of water bodies, and the Sala Constitucional has referred to the protection of water resources in various rulings, the Institute may not violate the legal framework and infringe upon fundamental rights such as the right to property, and in Nombre72 of said duty arrogate to itself powers beyond the limits of its authority. C) In the event that a technical study is to be conducted on the property under inquiry, it is the responsibility of the property owner to create the conditions and make the necessary arrangements to ensure the safety of the relevant officials upon entering the property; furthermore, such work must be scheduled in accordance with institutional priorities." 8. Through official communication PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), dated February 7, 2022, issued by the Legal Directorate, the institutional opinions were forwarded to Lic. Nombre14(, stating:

"Please find attached the documents serving as a transmittal in response to the inquiry made: Memorandum UEN-GA-2022-00182, with its two annexes (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), which correspond to the technical opinion of UEN; as well as Memorandum No. PRE-J-2022-00477 corresponding to the opinion of the environmental legal area." 9. Through a note dated February 21, 2022 (Anexo 36), issued by Lic. Nombre14(, the Comisión Moín was asked to specify the technical aspects to be considered in the hydrogeological study to be conducted on the property.

10. Through official communication UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), dated March 17, 2022, UEN Gestión Ambiental responded to the note from Lic. Nombre14(, stating:

"Therefore, UEN Gestión Ambiental states that the property belonging to [Nombre72 003] is located in Zone 6, which has been defined by AyA as having High Intrinsic Vulnerability (Vulnerabilidad intrínseca Alta), and therefore the technical study to be carried out must take this already-defined parameter into account and include a survey of dolines (dolinas) (depressions in the terrain), which may vary in size, shape, and distribution. Once the relevant elements (high vulnerability and location of dolines) are known, an environmental management plan consistent with the intended activity must be submitted, guaranteeing no adverse impact on the water resource. Once the study has been completed and the final results presented by the interested party, the report must be submitted to the Comisión Moín, coordinated by the Environmental, Research, and Development Sub-Directorate (Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo).

Nombre01 reserves the right to verify the information submitted, for which purpose the interested party must arrange for the protection of officials by the Public Security Forces and other competent institutions in order to carry out the site visit." Therefore, UEN Gestión Ambiental states: a. AyA Board of Directors Resolutions 2007-117 and 2011-112 establish recommendations for the protection of the Moín Aquifer, so that the activities carried out therein are environmentally sustainable and there is no adverse impact on the water resource captured from the Moín sources for the population's water supply. b. The lots mentioned in the remedy, belonging to [Nombre72 003], are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Protection Zone of the Moín Aquifer, which was defined by AyA Board of Directors Resolution 2011-0112 (Ordinary Session No. 2011-017, dated April 7, 2011, and published in Gaceta No. 83, of May 2, 2011), and which include recommendations to ensure the quality and quantity of the water resource used for the population's water supply. c.

Nombre01, with the objective of following up on the Board of Directors' resolutions, established internally within the institution the Moín Commission (Comisión Moín), which is composed of the Environmental Management Business Unit (UEN Gestión Ambiental), the Legal Directorate, the Huetar Caribe Regional Directorate, the Programming and Control Business Unit (UEN Programación y Control), and the Urbanizations Directorate; these areas, within the scope of their respective competencies, carry out the corresponding analyses for the cases under consultation related to the Moín Aquifer Agreements (Acuerdo del Acuífero Moín), an activity that has been ongoing since 2007. d. AyA, with the objective of coordinating inter-institutional actions for the protection of water resources in the Moín Aquifer, has disseminated, publicized, and provided training to various institutions with respect to Board of Directors Resolutions 2007-117 and 2011-112, as has been demonstrated in Section II of this official communication.

Furthermore, an Inter-Institutional Commission has been established, composed of AyA, the Ministry of Health, the Municipality of Nombre73, and the Water Directorate, to follow up on inspections to be agreed upon in a comprehensive manner at the request of any of these bodies. e. Based on what is set forth in point IV of this official communication, it is demonstrated that the consultations submitted by the interested party were always addressed in accordance with institutional competencies. In this particular case, given that the property has been invaded by 150 persons who guard the various access points to the property with weapons, as communicated by Lic. Nombre14 (attorney representing the owner), the support provided by AyA would be contingent upon the owner creating the conditions and making the necessary arrangements to ensure the safety of AyA's public officials for the corresponding accompaniment and inspection. f. AyA, in accordance with the provisions set forth in Board of Directors Resolutions 2007-117 and 2011-112, and based on the information and studies supplied (Art. 109, Ley de Biodiversidad), has provided support to various projects through joint inspections of properties, where the institutional interest in the protection of water resources has prevailed" (emphasis added).

On May 9, 2022, the acting regional director of the SINAC La Amistad Caribe Conservation Area issued memorandum SINAC-ACLAC-DR-214-202, in which he detailed: "That the National System of Conservation Areas, La Amistad Caribe Conservation Area, has not received any complaint regarding the facts described by the appellant, nor has SINAC-ACLAC been notified by Nombre01 on this matter. FIFTH: It is important that the appellant submit a proof-of-receipt document to validate his claim that SINAC-ACLAC is informed of the reported facts, in order to provide better follow-up and a better response to this honorable Court, since given the volume of cases and complaints it is virtually impossible to locate any background information without reference documents. SIXTH: To date, Nombre01 has not informed, notified, or coordinated with SINAC-ACLAC to address anything related to the reported facts, whether regarding the issue of contamination in the Moín aquifer or otherwise, nor have we received any complaint in this regard." On June 13, 2022, the engineering director of the Municipality of Nombre73 issued memorandum DIM-029-2022, which states: "Regarding this matter, I must indicate that the resolution of the Board of Directors of the Water and Sewerage Institute (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), namely resolution 2007-107 'Formalization of the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Aquifer, Limón, and the Update of the Protection Zone DGAMB-2007-031' (…) Said resolution was duly communicated and, consequently, the Local Government was required to incorporate that Matrix into the implementation of our Regulatory Plan, and therefore it does not authorize land use that does not comply with said requirements." On June 18, 2022, the coordinator of the SINAC Prevention, Control, and Protection Program issued memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, which detailed: "As indicated in memorandum SINAC-SE-AJ-257-2022, a field inspection was conducted at the site corresponding to cadastral survey plan (plano catastrado) numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983.

This inspection was carried out by staff members Nombre27 and Nombre28, in unit 347-63, on June 17, 2022. Addressing specifically what was requested, the following findings are set forth: 1. At the site, as determined by AYA resolution 2007-177, the following were observed: construction of infrastructure, improper management of solid waste and wastewater (aguas residuales), agricultural practices, felling and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimientos de tierra), and other activities, in contravention of the area designated for the Moín aquifer as well as what is stipulated regarding activities that must not be carried out within the designated area; accordingly, it can be concluded that an impact does exist. 2. With respect to the residential structures developed at the site, it falls to the relevant Municipality to determine whether they have construction permits.

Most are made of sheet metal with wooden frames; pipes discharging greywater (aguas grises) that are not properly channeled were observed, and alongside them spaces designated as latrines (letrinas) were noted. It was therefore determined that there is no adequate wastewater disposal system in place. 3. In accordance with the provisions established by the AYA Board of Directors' resolutions, the foregoing requirements are not being met at this site. Evident activities include the cultivation of plantain and cassava, modification and removal of soil, development of various types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and household waste, land-use change (cambio de uso) in vegetative cover (cobertura vegetal), and other activities. 4. Unauthorized earthworks are indeed being carried out, along with the construction of buildings of varying sizes and materials. The residents of this site are illegally occupying these zones. 5.

The change in land cover of the properties in question is evident and ongoing. Tree stumps (tocones) in an advanced state of decomposition were identified, as well as trees that had been cut recently; among the species observed to have been felled are poro, guácimo colorado, laurel, and chilamate. Also identified at coordinates E602883 N1105156 was a spring (nacimiento de agua) with sufficient flow to generate runoff (escorrentía). The protection area for this body of water is nonexistent" (emphasis added).

For its part, on June 21, 2022, the Environmental Management Unit of the Municipality of Nombre73 issued the "INSPECTION REPORT FOR PROPERTY [Nombre 003], Dirección28, VILLA PLATA COMMUNITY, LIMÓN," which states: "This first circuit covers the low-lying area of the property, which has relatively flat topography. In that sector, a series of constructions can be observed along the main road that runs along the boundary of the property. There are access paths through trails leading to other lots located at the foot of the slope. No surface bodies of water were observed in this sector. There is a bridge crossing a drainage ditch (zanjo), which was apparently built to drain stormwater runoff (aguas pluviales de escorrentía) flowing down from the NORTH side of the slope of the property and accumulating in the low-lying area, forming part of the surface waters that flow through the southern sector at the lower end of Villa Plata.

At the time of the inspection, no accumulation of sewage (aguas negras) was observed in the drainage ditch that would indicate surface contamination from household wastewater discharge. The second circuit was conducted along the access road of the property toward the EAST boundary, approximately 650 meters. This section has relatively steep slopes; however, construction has also taken place in that sector along the various internal access roads within the property. Perhaps due to the slope and other associated factors that limit urban development, a lower density of construction is observed compared to the lower section, and yards with more tree cover are also observed, primarily with various fruit species and even cacao cultivation in some yards. We took an internal access road toward the WEST of the property, which can almost be described as the ridge (highest point) of the property given its relief — an area of pronounced relief that can precisely be identified as the drainage divide (divisoria de aguas), since these are higher elevations from which natural precipitation drains toward the different sectors.

Throughout the entire circuit, no surface bodies of water originating in that sector were observed that would form a fluvial system draining toward the different sides of the property and constituting a watershed (cuenca) or micro-watershed (microcuenca). It is important to note that in that sector there is lower occupancy and a lower density of construction. More lots dedicated to cacao cultivation and other subsistence fruit species are observed, such as breadfruit, soursop, peach palm, water apple, carambola, caimito, nance, among others, which means that greater vegetative cover is visible toward the northern and western sector of the property. At the sites visited, no conditions of secondary forest (bosque secundario) or primary forest (bosque primario) were noted, but there is greater vegetative cover in that sector toward the northern and western side of the property. So far, the occupancy is notably more dedicated to subsistence agricultural production, with a predominance of fruit species cultivation.

In what was observed, there is also no regeneration evolving toward a secondary forest, due to the activities being carried out by the occupants of the property. Regarding the treatment that housing occupants within the property are providing for their wastewater and sewage, it was not possible to observe the treatment systems, as access to the lots that have been demarcated within the property could not be gained, since it is not permissible to enter residences without proper authorization. CONCLUSIONS • The property under title registry entry (folio real) 7-27136 falls within protection zone 6 and the Moín aquifer recharge zone. • It is possible that groundwater or aquifer layers (mantos acuíferos) in that sector are being affected, but this cannot be determined through this inspection; it would require specialized professionals from competent institutions applying scientific methodologies to assess the impact being caused by the occupation of the property. • The occupation that exists on the property should have been controlled by the registered owner of the property, since the illegal constructions are located on private property. • It is not possible to determine, without a baseline (línea base), what the forest cover (cobertura boscosa) or vegetative cover condition of the property previously was, nor the level of deterioration and/or recovery thereof, nor the impact caused by the current occupation of the property.

The competent authorities in the environmental and water fields (MINAE and AyA), with their specialized professionals in this area, can make a better assessment in this regard. • It is noted that in the NORTH and WEST portion of the property there is a lower density of construction and greater vegetative cover, which implies a lower environmental impact compared to the SOUTH sector, which is more populated and urbanized. • It was not possible to determine through this inspection tour the treatment that the occupants of the property are providing for their wastewater or sewage in the various constructions established on the lots demarcated by the occupants within the private property." On June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Nombre73 issued memorandum UCC-0201-21-06-2022, which states: "(…) an on-site inspection was conducted on Tuesday, June twenty-first of the current year, in the province of Limón, canton of Nombre73, district of Nombre73, at the location known as Villa de Plata, beginning at coordinate Dirección06 AND NORTH 1105530.712, toward the Cielo Amarillo sector.

In the cadastral review of that sector, it was found that properties 7-27136-000 and 7-27138-000 are located there, both belonging to [Nombre72 002], corporate identification number (cedula jurídica) CED15, where the first property holds cadastral survey plan CED01 with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, and the second holds cadastral survey plan CED02 with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. Both cadastral survey plans and an aerial image are attached for better reference. In the field, both properties have frontage on the main public road leading to Dirección07 of approximately four hundred linear meters, in addition to internal access roads within both properties; it is also important to mention that property 7-27136-000 has a road leading toward the Ojo de Agua neighborhood that divides property 7-27136-000 in two.

Furthermore, numerous constructions were observed without any cadastral survey plans other than the parent survey plans (planos madres) for properties 7-27136-000 and 7-27138-000. All of this information pertains to the Topography Unit and was gathered through the field visit and the in-office study conducted" (bold text incorporated in the original).

On June 22, 2022, the head of the Technical and Studies Unit of the Municipality of Nombre73 stated in official memorandum UTE-AML-025-2022 that: "This document is a compilation of data gathered on June 21 during the inspection conducted with colleagues at the Villa Plata location. During the inspection, roads were observed with heavy gravel or clay material placed manually using heavy machinery; they were found to lack gutters and curb-and-gutter drainage on the public right-of-way. The houses observed were built of block, wood, fibrolite, and tile, with approximately 81.13% being tile-material dwellings and 9.43% fibrolite. All houses identified ranged between 42 square meters and 120 square meters, the majority without ceilings and without fascia boards, and with eaves exceeding the permitted limit as set forth in Article 150. Canopies (Construction Regulations): in buildings whose ground floor is designed to be built on the property line, an eave, canopy, or overhang may be included, with a minimum width equal to the full width of the sidewalk minus 0.50 meters.

Dwellings were found that do not have gutters or downspouts to properly drain rainwater, as required by Article 121. Stormwater Drainage. (Construction Regulations). The free fall of rainwater onto the public right-of-way is not permitted; gutters and stormwater downspouts must be installed from roofs, balconies, overhangs, and any other projecting element that channels water into a drain, directing it to the street drainage channel within the sidewalk area. Dwellings were observed at higher elevations relative to other dwellings, causing erosion on slope embankments; a significant amount of clay material and partial coral was found on the road traveled during the on-site inspection. The dwellings had perimeter enclosures around their properties. Some of the materials used for the enclosures were barbed wire, zinc sheeting, and shade cloth (sarán). The zinc sheeting used for roofing was corrugated sheet metal; however, the majority was in poor condition because no anti-corrosive roof paint had been applied to prevent corrosion and extend the zinc's durability.

Another finding was the observation of unfinished dwellings, which has caused corrosion in the reinforcing rods due to the absence of proper cover. The majority of dwellings have window grilles made of different materials — some with 3/8-inch rods, others with electro-welded mesh (4.88 mm) and galvanized panel mesh fencing (50 x 200 x 4 mm). A bridge 2 meters wide and 4 linear meters long was detected, lacking a railing for pedestrian passage and without a vehicle containment system. It was observed that the watercourse (receiving body) had a flow depth below 1.50 meters and a water surface width of 2 meters, but the dense vegetation along the watercourse prevented exact measurements from being taken. The majority of dwellings do not have ceramic flooring; instead they have a concrete slab with no finish applied. The majority of dwelling roofs have 3 to 4 water drainage slopes and there is no control over these.

Ninety percent of dwellings have side windows in violation of Article 127. (Construction Regulations). Windows facing a property boundary: on the first floor, the boundary wall must be at 1.50 meters; on the second floor, the boundary wall must be at 3.00 meters. Roads were found with gravel that had been shaped using heavy machinery to form the respective road surface. Dwellings were found that exceeded their lot coverage (built area), as indicated in Article 95, Coverage (Construction Regulations). Coverage may not exceed 75% of the lot area; when the front-to-depth ratio exceeds 3.5, coverage must not be greater than 70%. It should be noted that these dwellings are NOT registered with construction permits in the database for the years 2017 through 2022." (emphasis added).

This Tribunal notes that in June 2022, ICAA issued the "INSPECTION REPORT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT (PRECARIO) Dirección21," in which the following was recorded: "(…) On June 22, 2022, an inspection was conducted at the properties with real-estate folio 7-27136, cadastral plan: L-0509859-1983, and real-estate folio 7-27138, cadastral plan L-0509860-1983, in coordination with Mr. Nombre18, legal representative of the property owners on behalf of Nombre72 of VAL DI SOMER S.Nombre10., and with the support of the public security forces of Limón. During the inspections, Mr. Nombre52, president of the Integral Development Association of Villa Plata (Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata), was also present (…) a) INADEQUATE SOLID WASTE MANAGEMENT The presence of garbage disposed of in surface water channels (Photograph

  • 1)was identified, as well as excavations made for the accumulation of waste (Photograph
  • 2)and the disposal of waste on the patios of dwellings (Photograph 3). Municipal waste collection service is not provided by the Municipality of Limón in this sector. A total of 10 points were recorded where this impact occurs (Figure
  • 2)(…) b) WASTEWATER DISCHARGE This encompasses all discharges generated in the dwellings, including both discharges from sanitary facilities and discharges of gray water (aguas grises) from bathrooms, laundry tubs, washing machines, and kitchens. Based on the field survey conducted on the property with cadastral plan L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. This sample confirmed a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings — representing 96% — treat wastewater through septic tank and drainage systems, while only 3, representing 4%, use latrines. Likewise, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m²), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) discharge their gray water onto the patios of the dwellings, into drainage ditches or furrows, and not directly into sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministry of Health. Photographs 4 and 5 show examples of the septic tanks located at the site (…) The majority of households visited have some type of septic tank for wastewater disposal. Pipes were found discharging soapy water toward the rear of the lots (Photograph 6) (…) One case was evidenced in which the overflow from a septic tank discharges directly onto the ground surface (Photograph 7). (…) c) GEOMORPHOLOGICAL-KARSTIC CONDITIONS (SINKHOLES/DOLINAS) During the walkthrough of the property in question, a total of 15 sinkholes (dolinas) were identified, exhibiting various characteristics. Photograph 8 shows the presence of a sinkhole with a diameter of approximately 15 cm and a depth exceeding 20 cm. In the northeastern sector of the Villa Plata area, sinkholes of greater size were found, with different geometry and degrees of development, with rounded forms being the most common, as observed in Photographs 9 and 10 (…) In the southwestern portion of the studied area, standing water was observed in a sinkhole (Photograph 11) (…) In the western sector of the property under study, the presence of incipient sinkholes of varying sizes and sub-rounded shapes was identified, with extensions ranging from 8 m long by 4 m wide to 10 m long by 4 m wide, and one circular sinkhole with a radius of 1.5 m (Photographs 12 and 13) (…) d) EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA) Based on field observations and conversations with the owners of some of the houses, earthworks such as filling have been carried out on the properties to construct dwellings, as shown in Photographs 14, 15, 16, and 17, where the terrain was graded to prepare it for construction (…) A total of 14 sites were identified where earthworks of some type had taken place. Additionally, a building currently under construction was found, made with concrete and gypsum materials, bearing no signage whatsoever indicating a construction permit (Photographs 20 and 21). The map in Figure 4 shows all structures (dwellings) identified in the field with the aid of aerial photographs, totaling 194 (…) e) TREE FELLING A total of 5 instances of tree felling were recorded in various sectors of the site under study, carried out to open access trails and to establish residential dwellings (Photographs 22, 23, and 24) (…) 3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A. Based on the inspection conducted and interviews with residents of the informal settlement (precario) Villa Plata, it is indicated that there are persons who have lived at the site for more than 20 years. B. Based on the inspection conducted and supplemented by the review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified. C. Based on the field survey conducted on the property with cadastral plan L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983. This sample confirmed a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings — representing 96% — treat wastewater through septic tank and drainage systems, while only 3, representing 4%, use latrines. Likewise, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m²), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) discharge their gray water onto the patios of the dwellings, into drainage ditches or furrows, and not directly into sinkholes, a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministry of Health. D. Ten clandestine sites for solid waste disposal were located, requiring attention from the Local Government, given the absence of a collection service. E. Fifteen sinkholes were identified in the field, with different geometry and degrees of development, with rounded forms being the most common. F. Fourteen points were identified where earthworks were evidenced, primarily cuts and fills for the construction of dwellings and roads. G. At 5 sites, tree felling was identified for the purpose of opening access trails and establishing residential dwellings." (emphasis added).

On June 27, 2022, ICAA issued memorandum UEN-GA-2022-01214, which stated: "In response to the request for additional evidence to aid in resolution issued by the Constitutional Chamber on June 16, 2022, case file 22 008354 0007 CO, filed by [Nombre72 001], concerning Zone 6 of the Moín Aquifer, which includes the property PROPIEDADES [Nombre72 003], the points indicated are addressed in the order requested: 1) Whether or not there is impact on the Moín Aquifer: As part of the monitoring framework established under Board of Directors Resolutions of Nombre01 N°2007-177 and N°2011-112, the following actions have been defined as a strategy to prevent and protect against potential impact on the Moín Aquifer, and in this particular case for Zone 6: 1.1 Filing of complaints: when activities are detected or reported that would affect the aquifer and that do not comply with the recommendations set forth in Board of Directors Resolutions Nombre01 2007-177 and 2011-112, the corresponding complaints have been filed before the competent administrative bodies.

The first of these resolutions establishes recommendations for activities across all aquifer recharge zones (zonas de recarga acuífera) in Moín, and the second is specific to Zone 6. By way of summary, records from 2003 to the present show 16 complaints filed before the competent bodies, such as the Municipality of Limón, the Ministry of Health, MINAE, and other administrative bodies such as the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo); given that Nombre01 holds no sanctioning authority and is not responsible for regulating urban matters. Examples of the foregoing are the complaints cited in official communication RHA-OM-2013-0666 of April 9, 2013 (images 644 to 675 of the digital case file of the amparo proceeding) and the technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding). 1.2 Development of New Projects: The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been issued and that are found to be compatible with the protection of water resources, demonstrates that the Board of Directors Resolutions of AyA do not preclude the development of activities or the construction of works.

To handle requests for new developments, Nombre01 has established the Moín Commission (Comisión Moín), which is composed of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Environmental Management division, the Urbanization Directorate, SETENA representatives of Nombre01, and the Environmental-Legal Area of the Legal Directorate. The purpose of this Commission is to ensure that new developments, at the conceptualization stage, incorporate compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors resolutions. As shown in Table N°2 of the technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding), 10 new projects have been processed by this commission since 2013 to the present, of which 50% have complied with the resolutions and, accordingly, AyA has issued approval for them to continue processing.

Of the remaining five projects, as of the date of this report, submissions of remedial documentation are pending for two of them. The most recent example corresponds to the "Matama Village" development, which is a building with 24 apartments described in the technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding). 1.3 Inspection of Existing Facilities. Inspections of existing facilities in Zone 6 are carried out in cases where complaints have been filed by Nombre01 or third parties, where requests for potable water services have been submitted, or in connection with other proceedings in which Nombre01 is involved. Among the activities conducted, compliance is verified with respect to: wastewater (aguas residuales) disposal, storage of fuels and substances classified as hazardous, solid waste management, impermeable surface area, existence of supply wells, and other matters.

As a result of inspections, recommendations are issued to correct aspects that may affect water resources used for public supply, or a complaint is filed with the competent body. From 2003 to the present, 23 facility inspections have been carried out (official communication RHA-OM-2013-0666, Table N°1 (images 444 to 451 of the digital case file of the amparo proceeding) and the response report to official communication PRE-J-2022-01740, Table N°4 (image 593 of the digital case file of the amparo proceeding)). As an example, the case of TICONTAINER is cited, processed through official communication UEN-GA-2020-00494 (images 676 to 677 of the digital case file of the amparo proceeding), attached as an annex to official communication UEN-GA-2022-00850 (images 678 to 691 of the digital case file of the amparo proceeding), included in the first report submitted to the Constitutional Chamber for this case file.

As a special category of existing facilities, there are informal settlements (precarios), which, by their very nature, do not file applications with institutions for service availability (disponibilidades de servicios), land-use authorizations (usos de suelo), or construction permits. This limits Nombre01's ability to act, as it lacks the authority to enter private property without the authorization of the registered owner, and given the potentially dangerous environment at such sites for the physical safety of staff. In the case of requests for water services, Nombre01 indicates that, as these are properties in informal settlements, they do not meet the requirements set forth in the Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios) and such requests are therefore denied, particularly considering that many of these properties involve inadequate disposal of the wastewater they generate.

Villa Plata Case: As a result of the field work ordered by the Constitutional Chamber, it was determined for the Villa Plata informal settlement (precario) that there are a total of 194 dwellings, located on cadastral survey plans 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, where, despite their irregular situation with regard to urban planning regulations (normas de ordenamiento urbano), the dwellings in the vast majority discharge and treat their wastewater through septic tanks and drainage systems (tanque séptico y drenajes), among other characteristics detailed in the inspection report titled "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO," from which the following may be noted (Anexo 1): "Based on the field survey carried out on the property with cadastral plan L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², a sample of an area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983.

The sample confirmed a total of 72 dwellings, of which 69, representing 96%, treat their wastewater through septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use pit latrines (letrinas). Likewise, of the total number of dwellings located within the sample area, a total of 12 dwellings (16.6%) discharge their greywater (aguas grises) into the yards of the dwellings, drainage channels, or furrows, and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with the regulations of the Ministry of Health." 1.4 Interinstitutional Coordination. As recorded in document PRE-1426-2012 from November 2012 (image 634 of the digital case file of the amparo proceeding), the Executive President of AyA, Nombre11, notified the Mayor of the Municipality of Limón, Nombre24, of the update to Board of Directors Resolutions of Nombre01 N°2007-177 and N°2011-112, so that they may be incorporated into the Limón Regulatory Plan (Plan Regulador de Limón).

This official communication references the order issued by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08, which states: "…within the non-extendable period of twelve months from notification of this judgment, initiate the corresponding procedure to amend the Regulatory Plan of Nombre73 so as to include the provisions established in resolution 80-121 of session 80-028 of April 14, 1980, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados." Likewise, through official communication PRE-1426-2012 of November 2012 (image 634 of the digital case file of the amparo proceeding), the Executive President of Nombre01 notified Nombre13, of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), of the application of Board of Directors Resolutions of Nombre01 N°2007-177 and N°2011-112. As indicated in official communication UEN-GA-2022-00850 (images 678 to 691 of the digital case file of the amparo proceeding), in section 2, all actions taken by AyA are listed, in which coordination was carried out with different competent bodies in relation to activities located in Zone 6.

As an example, the meeting held on May 22, 2019, with the Nombre73 Governing Area of the Ministry of Health and representatives of the Municipality of Limón is cited, at which the Interinstitutional Moín Commission (Comisión Interinstitucional Moín) was established. Additionally, a presentation of the Board of Directors resolutions for Moín was made at the session of the Municipal Nombre77 on June 19, 2019, which was recorded in Extraordinary Municipal Minutes N°33 (images 823 to 872 of the digital case file of the amparo proceeding), which references the encroachment by informal settlements into forested areas (zonas boscosas) within the aquifer recharge zone of Moín. 1.5 Infrastructure to Mitigate Contamination Risk. As a measure to guarantee the public health of the population supplied by the Moín water sources, Nombre01 has developed infrastructure works such as the water treatment plant (planta potabilizadora) and the studies and designs for a sanitary sewer system within the areas with the highest population density in Zone 6 (Dirección31, Loma de Moín, and Villa Plata).

Regarding the Moín water treatment plant, it was built in compliance with point 10 of Board of Directors Resolution 2007-177 and began operations in March 2012 at a cost of approximately ¢400 million (technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740 (images 580 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding)). Regarding the "Project BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón," it is currently in the design phase (cited in the technical report in response to official communication PRE-J-2022-01740, attached by official communication GSP-RHC-2022-00714 (images 599 to 602 of the digital case file of the amparo proceeding)); this will be elaborated upon further when addressing question number 2 (wastewater) requested by the Constitutional Chamber. In light of the foregoing, it is considered that, within the framework of institutional competencies, there has been an approach to compliance with the Board of Directors Resolutions of AyA with respect to the Moín Aquifer, specifically in those activities in which Nombre01 participated through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, interinstitutional coordination, and infrastructure construction, by means of which, to date, the protection of the Moín Aquifer has been ensured — an aquifer that is strategic for the water supply of the present and future population of the City of Limón.

In the particular case of the Villa Plata informal settlement, which is the subject of the present action, a field survey was conducted on June 22, 2022, by Nombre01 (Anexo 1), which determined that 96% of the dwellings inspected discharge their wastewater into a septic tank and drainage system, without being located in sinkholes or sumps (dolinas o sumideros). A discharge of greywater (aguas grises, i.e., soapy water) was detected in some yards, which, although not an adequate form of discharge, does not drain directly into the aquifer.

It is considered that this favorable situation is the result of the fact that this settlement has a long-standing chronology (more than 20 years), which was confirmed during the site visit, where the conditions of the dwellings are similar to those of any residential-urban neighborhood. As part of the actions aimed at protecting the aquifer, the Environmental Management UEN and the AyA Huetar Caribe Regional Directorate created, beginning in March 2010, a database that synthesizes location information on existing and proposed projects, as well as complaint sites within the area of Zone 6, which also fulfills the requirement set forth in Point N°6 of the Por Tanto of Board of Directors Agreement 2011 112. Figure 1 presents the details of the properties studied from 2003 to 2022. (…) 2) Whether or not adequate disposal of wastewater (aguas residuales) occurs in Zone 6 of the aforementioned aquifer: As indicated in the previous response, there is an institutional approach to ensure that new projects have wastewater solutions in accordance with the recommendations of the AyA Board of Directors Agreements.

With respect to existing facilities, the corresponding complaints have been filed so that improper discharges in Zone 6 of the Moín Aquifer are corrected, measures that have been complied with in the majority of cases. In the case of densely populated areas with wastewater disposal systems using septic tanks (tanque séptico) and drainage fields (drenaje), within Zone 6 of the Moín Aquifer, Nombre01, through the "Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón," has taken into account the following populations: Dirección08, Loma de Moín, and the flow contribution from the Precario de Villa Plata (Figure 2). (…) In the particular case of the Villa Plata informal settlement (precario), Nombre01, through the construction of the Moín sanitary sewer (alcantarillado sanitario), has arranged to address the discharge and treatment of wastewater by allocating the flow generated by this population, as indicated in the inspection report entitled "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección02.

Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1: "Based on the field survey conducted on the property whose cadastral plan (plano catastrado) is L-0509859-1983, which has a total area of 322,421.32 m², (Figure 3), a sample area of 159,959.26 m² was taken, representing 50% of the area of property L-0509859-1983; within this sample it was found that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat their wastewater using septic tank and drainage systems, and only 3, representing 4%, use latrines (letrinas)." 3) Whether or not the provisions of Agreements N° 2007-177 and 2011-112 adopted by the ICAA Board of Directors are being complied with in that zone: In accordance with what was stated in the response to question 1 of this official communication, Nombre01, within the framework of its institutional competencies, has developed an approach for compliance with the AyA Board of Directors Agreements with respect to the Moín aquifer, specifically in those activities in which Nombre01 participates through complaint management, conceptualization of new developments, regularization of existing activities, inter-institutional coordination, and infrastructure construction, whereby, to date, protection of the Moín aquifer has been pursued, which is strategic for the water supply of the present and future population of the City of Limón.

It is important to note that these AyA Board of Directors agreements serve as a guiding framework for the administration responsible for resolving permits, licenses, or authorizations, to consider and implement them. For the Nombre01 Board of Directors Agreements to be complied with and for protection to be effectively guaranteed, the participation of entities that regulate land use (uso del territorio) and urban planning (ordenamiento urbano) is necessary, such as the Municipality, the Ministry of Health, Housing, IMAS, INDER, MINAE, among others.

  • 4)Whether or not unauthorized earthworks (movimientos de tierra) have occurred in Zone 6 of the Moín aquifer, and whether or not structures lacking the required permits have been built: In accordance with what was stated in the response to question 1 of this official communication, and as noted in official communication RHA-OM-2013-00666, specifically in Table N°1, cases 3, 4, 5, and 34 (images 646 to 653 of the digital case file of the amparo proceeding), these demonstrate the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for earthworks. Likewise, in the technical report responding to official communication PRE-J-2022-01740, in Table N°1, cases 7, 8, and 9, attached by GSP-RHC-2022-00714 (image 582 of the digital case file of the Amparo), earthworks and tree felling (talas) within the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo proceeding, are reported to the competent authorities.

Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo proceeding, earthworks were identified distributed across different sectors (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1). It is important to note that the installation of infrastructure or structures lacking the required permits occurs most frequently in informal settlements, for example the Villa Plata settlement, where 194 dwellings have been identified, none of which have obtained any water availability authorization (disponibilidad de agua) for their construction, and which were built on access ways that in the majority of cases do not correspond to public streets or right-of-way easements (servidumbres de paso), as evidenced in the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6.

Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1. Within the framework of its institutional competencies, Nombre01 neither approves nor oversees building permits; however, it has provided inputs to the Local Government so that developments are carried out in accordance with the recommendations given in the Board of Directors Agreement, whose application was ordered by the Constitutional Chamber in Voto 4751-08.

  • 5)Whether or not tree felling has occurred at the site in question: Before answering this question, it is important to identify that the competent authority for determining whether tree felling has or has not occurred is SINAC; having clarified this, and in accordance with what was stated in the response to question N° 1 of this official communication, and as noted in official communication RHA-OM-2013-00666, specifically in Table N°1, cases 3, 4, and 5 (images 646 to 653 of the digital case file of the Amparo), these demonstrate the complaints filed by Nombre01 before the competent authorities for the cutting of forest vegetation (corta de vegetación forestal). Likewise, in the technical report responding to official communication PRE-J-2022-01740, in Table N°1, case N° 9 (image 582 of the digital case file of the Amparo), the cutting of forest vegetation within the Villa Plata informal settlement is reported. Based on the field survey conducted on June 22, 2022 (Anexo 1), in the Villa Plata informal settlement, the subject of this amparo proceeding, felled trees were identified distributed across different sectors (Figure 2, of the inspection report "Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO", Anexo 1).

Finally, the following points are important to mention:

1. AyA, after reviewing its water supply systems, finds no impact on the quality of the water drawn from the Moín aquifer, within which Zone 6 is located and which includes the properties with cadastral plans 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of this amparo proceeding; for this reason, the capture from the Fuentes-Moín remains in effect for the purpose of supplying the population.

2. The continuation of unplanned urban growth in Zone 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the implications that could arise in the future for the quantity and quality of the water resource drawn from the Moín sources.

3. The field work made it possible to identify that the Villa Plata settlement, located on the properties with cadastral plans 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by the residents of the locality, with infrastructure (dwellings) identified, which is documented in the inspection report (Anexo 1), as well as in the documentary record contained in the digital case file of the Amparo.

4. After reviewing the documentation submitted in the digital case file of the Amparo, the report rendered by SINAC through Official Communication SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 is noted — a field inspection of the indicated site bearing cadastral plan numbers 7-0509859-1983 and 7-0509860-1983, which was carried out by officials Nombre27 and Nombre28 on June 17, 2022 (visible in images 1100–1110 of the digital case file of the Amparo) — it is important to note that the coordinates cited in point Nombre04 of this report were verified and do not correspond to the plans cited; rather, they are located at a distance of 400 meters to the southeast, far from the property that should have been assessed pursuant to the order of the Chamber" (emphasis added).

Finally, on July 7, 2022, the acting (a. i.) director of the Health Governing Area of Nombre73 of the Ministry of Health issued memorandum MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, which stated: "(…) the inspection was carried out on July 1, 2022, at 1:30 p.m., with a tour conducted throughout the entire community, where approximately 154 residential dwellings were observed, built using cement, block, wood, and tile materials, with many using septic tank systems (tanques sépticos) and improved septic tanks; some dwellings have improper disposal of wastewater (aguas residuales), and it is important to mention that there is a vegetable stand and a shredded-coconut vendor operating within the dwellings themselves. With respect to the underlying matter of the petition, it is recommended that the eviction be processed through the judicial route (Courts of Justice). With respect to what was requested under the Recurso de Amparo, the following is reported.

(…) 3. Whether or not the provisions of resolutions No. OS 2007-177 and 2011-112 adopted by the ICAA Board of Directors are being complied with in that area: According to the aforementioned provision, as amended by resolution No. 112-2011, published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2011, for the development of URBANIZATIONS, LOT DIVISIONS (LOTIFICACIONES), SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS), AND CONDOMINIUMS, sanitary sewage systems (alcantarillado sanitario) and ordinary-type wastewater treatment plants (plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario) must be constructed. Developments with densities equal to or less than one residential unit (unidad habitacional) per every 1,000 meters may be permitted (…) Therefore, based on the foregoing and the points already explained, it is recommended that the appropriate eviction be processed through the judicial route" (bold added).

Now, in the matter under review (sub examine), the petitioning party states that the ICAA Board of Directors declared the protection zone (zona de protección) and aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of Moín (zone 6) by means of resolution No. 2007-177, through which the hydrogeological study (estudio hidrogeológico) and aquifer vulnerability assessment (vulnerabilidad del acuífero) of the Moín aquifer (acuífero) and the update of protection zone DGAMB-2007031 were officially adopted. The petitioner states that its represented party owns two properties located in the aforementioned zone 6, on which a series of restrictions have been imposed. It indicates that since the creation of zone 6, ICAA has failed to fulfill its duties, as a land-use change (cambio de uso del suelo) has occurred in that area with the construction of informal-settlement (precario-type) housing, without any control over the use and management of wastewater, sewage (aguas negras), or well drilling (perforaciones de pozos), and furthermore, ICAA has done nothing to prevent forest clearing (tala del bosque).

The petitioner argues that, as a result, it sought ICAA's assistance in order to proceed with the administrative eviction (desalojo administrativo) of all persons unlawfully occupying its landholdings (fincas), given the damage they cause to natural resources and the contamination of the aquifer; however, no assistance was provided. The petitioner alleges that both ICAA and MINAE are aware of the unlawful occupation in zone 6 of the Moín aquifer, the land-use changes, and the contamination; yet neither agency has taken any action to evict those persons who illegitimately occupy State patrimony (patrimonio del Estado). The petitioner requests that the amparo petition be granted and that the respondent authorities be found liable for their negligence in protecting the referenced zone. It requests that the respondent be ordered to carry out the necessary steps to execute the corresponding evictions of the above-mentioned landholdings. It also requests that all necessary measures be ordered to protect the Moín aquifer, through expropriation and corresponding payment to the petitioner's represented party.

In this regard, it should be noted that this Tribunal has previously ruled on the aforementioned aquifer and the legal protection it deserves. In that connection, in ruling No. 2008012043 of 10:11 a.m. on August 1, 2008, the following was stated:

"II.- SUBJECT MATTER OF THE PETITION. The petitioner appears seeking protection of the property rights of the company [Nombre 004]. It states that the protected party owns two immovable properties (inmuebles) located in the Province of Limón, situated in zone 6, which, through Article 6, subparagraph a) of ICAA Board of Directors Session No. 2007-20, became part of a series of zones in the province of Nombre73 classified as reserved zones in the public interest of protecting aquifer layers (mantos acuíferos). It contends that under that resolution, the protected company may not carry out any activity on its properties, whose combined total area (cabida) covers three hundred thirty-three thousand one hundred ninety-one square meters and sixteen square decimeters, thereby violating the right to property by imposing restrictions on that right through a resolution of the Board of Directors of an autonomous institution rather than through a law; furthermore, because the restriction is excessive and entails a dispossession of its properties—that is, 'a de facto act of expropriation'—by including them within zones of absolute reserve (reserva absoluta), completely restricted as to their use and exploitation, without proceeding with the respective expropriation in accordance with constitutional law (…)

III. UNDERGROUND WATERS AND FUNDAMENTAL RIGHTS

In ruling No. 2004-01923 of this Court, handed down at 2:55 p.m. on February 25, 2004, the subject of underground waters (aguas subterráneas) and their connection to fundamental rights was extensively addressed. Specifically, the following was stated:

'Our Political Constitution, in its Article 50, sets forth the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use, and for maintaining the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands (humedales)) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. In the same way, access to potable water safeguards the rights to life—"without water there is no possible life," states the Water Charter adopted by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to people's health—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure for each individual a dignified well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights).

The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development to a great extent. Consequently, the protection and exploitation of underground water reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025 nearly 5.5 billion people will face water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, it is now recognized that there is a duty to preserve for future generations conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development (desarrollo sostenible)), so that the (sic) needs of the present must be met without compromising the capacity of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972).

In essence, water, from an economic and ecological standpoint, is a precious resource, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-polluting or environmentally compatible use of water.' It was further determined that when underground waters become contaminated, their recovery can be extraordinarily slow and, at times, irreversible due to the high cost of remediation, as well as the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—the latter requiring adequate training to assess, measure, and generally monitor the quality of such water and the precise extent of its contamination. Therefore, the degradation and contamination of aquifer layers imposes on the legislature and public administrations the urgent and pressing task of protecting them.

IV. PROTECTION OF UNDERGROUND WATERS

The ruling cited above established that, given the characteristics of contamination of aquifer layers intended for public supply and the difficulty of their recovery, measures to prevent contamination must be preventive and protective in nature, through the prohibition of certain human activities in designated zones or by ordering safety measures for certain potentially contaminating activities. Nevertheless, the conclusion was reached that our administrative-legal system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks a precise, clear, and comprehensive framework for the protection of aquifer layers, recharge zones (zonas de recarga), and underground water catchment areas (áreas de captación de aguas subterráneas)—a framework that other countries do have, for example, in Spain's Water Act 29/1985 of August 2, which provides for certain extraordinary powers of administrative intervention in the water economy that directly concern the protection of aquifer layers, with a view to achieving the sustained use of water resources—that is, to guarantee water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs.

To that effect, the Court stated verbatim as follows:" "These extraordinary administrative powers, which must be recognized in our legal system — despite the lack of specific regulation — as implicit in the express and general authority over the protection and conservation of groundwater (aguas subterráneas) vested in the State and the decentralized entities of the water sector, are grounded in the need to achieve a rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource (recurso hídrico) make it administratively necessary to adopt such measures in order to prevent its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis (crisis hídrica) may generate. Such administrative measures entail various restrictions and drastic controls over the multiple uses or appropriations of water — especially general or special uses of a private nature — and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest; they therefore do not impair the right to property or the integrity of private patrimony.

In essence, such measures must be regarded as limitations in the social interest that neither empty the right to property of its content nor expand the public domain over groundwater without prior compensation, but rather shape the essential content of that right; they must therefore be borne, as a general sacrifice or burden, by all users, who are ultimately the beneficiaries of these measures, since the measures are aimed at correcting a temporary situation of scarcity or imminent contamination affecting the economy of the water resource in a given area. These administrative intervention measures, which are virtually encompassed in Articles 32 of the Ley de Aguas of 1942 and 10 of the Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), may include the following:

  • a)Aquifer protection perimeters (perímetros de protección de los mantos acuíferos): One of the most innovative instruments for the protection of water resources is the definition of protection perimeters (perímetros de protección) for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve both the quality and quantity of the water contained and of its containing formation, that is, the geological formation known as an aquifer (acuífero). This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation beneath which an aquifer or part of one lies, within which a specific regime is established for the use of the hydraulic public domain — regulating and restricting pre-existing water concessions and prohibiting the granting of new ones — and for controlling the activities and installations that may affect it — through authorizations — (e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills — storage, transport, and treatment of solid and liquid waste —; agricultural and livestock activities involving the storage and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater, and farms; industrial activities involving the storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.).

Evidently, the definition of perimeters by the national authorities — MINAE and ICAA — must be respected by local governments (Municipalidades) and INVU (given its residual authority over urban planning in the absence of local regulatory plans) so as to render compatible, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters within the rules contained in the respective Planes Reguladores governing land use or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the foregoing must be added the protection around water intake areas (wells — PPP: well protection perimeters (perímetros de protección de los pozos) —, springs (manantiales), natural springs (nacientes), etc.), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or restricted, and land use is regulated or controlled.

The determination of the perimeter depends on the well's capture or recharge zone (ZOC), and its extent depends on the characteristics and properties of the intake area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrain as for terrain with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with vulnerability or natural susceptibility mapping (cartografía de vulnerabilidad) of the supply aquifers with respect to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in response to problems of anthropogenic contamination, which is achieved through the preparation of maps. Both measures — protection perimeters and vulnerability mapping — are well-suited to enabling the timely relocation of a given type of activity or supply source or, as a last resort, the introduction of technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminants.

The measures to be taken on the basis of perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether the situation involves: (a) an area without territorial occupation, where they serve to define what activities may or may not be established in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas most susceptible to contamination is carried out, and, in the face of a threat of a high contamination index, activities and supply sources may be relocated and technology introduced for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternate sources may be sought, the spread of contamination plumes avoided, and, where feasible given the high cost involved, the aquifer's water treated after extraction; (d) areas designated for new water intakes, in which case the potentially contaminating activities and the area of impact of each must be inventoried.

  • b)Declaration of an overexploited aquifer (acuífero sobreexplotado): An aquifer is overexploited when extractions or appropriations are so intensive — in terms of discharge — and so heavy that they exceed recharge volumes, causing the aquifer's water reserves to progressively diminish and degrade. Overexploitation produces harmful economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs — more energy needed to convey the same quantities of water, or expenditures to deepen a well to reach the water table —, as well as the exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in areas of greater concentration of boreholes; among the natural effects are reductions in water flows in springs, rivers, streams, ravines, ponds, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and impairment of the capacity of geological formations — aquifers — to store water as the interstitial space in rocks decreases due to the loss of the internal pressure provided by water, ground subsidence from compaction with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and slope slippage.

In the event of aquifer overexploitation, the competent administrative authority may declare that state in order to reverse the situation through the regulation, restriction, and redistribution of pre-existing extractions or appropriations so as to achieve rational exploitation, and through the immediate suspension of new applications or pending applications to modify concessions at that time. Of course, savings measures and good resource utilization measures may also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater for reuse in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.

  • c)Declaration of an aquifer undergoing saltwater intrusion (intrusiones salinas): An aquifer is considered to be undergoing salinization when, as a direct consequence of extractions, widespread and progressive increases in the salt concentration of captured water are recorded, creating the risk that the water will become unusable. Salinization entails a reduction in the thickness of the freshwater layer beneath which seawater rises, so that well water ceases to be potable and may even become unusable for domestic or irrigation purposes, making recovery of the aquifer very difficult or nearly impossible. This problem, which may arise in our country above all in overexploited coastal aquifers — marine-origin intrusion — in a gradual or widespread manner, though continental-origin intrusion at other points cannot be ruled out. The cause of saltwater intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, and therefore measures similar to those established when that problem occurs must be implemented, such as the regulation, restriction, and redistribution of pre-existing appropriations or uses and the suspension of new applications or applications to modify concessions.
  • d)States of necessity and water crisis (crisis hídrica): In abnormal, exceptional, and temporary circumstances that cause a public calamity or internal upheaval (e.g., extraordinary droughts, severe overexploitation of aquifers, or widespread saltwater intrusion into them), the State — through the Executive Branch — may, on the basis of the principle of necessity, adopt the necessary and appropriate measures with respect to the use of the hydraulic public domain in order to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ends and normality is restored, other types of measures such as those described above (protection perimeters, declarations of overexploited aquifers or aquifers undergoing salinization) may be adopted." (Emphasis in bold not in the original.)

V. LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA

This matter was addressed in sentencia 2004-01923 as follows:

Article 31 of the Water Act (Ley de Aguas) No. 246 of August 27, 1942, declares the following as a "national domain reserve (reserva de dominio a favor de la Nación)": "a) The lands surrounding catchment sites (sitios de captación) or intake points supplying potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the body of terrain where the infiltration of potable water occurs (...)." This declaration is of the utmost importance, since from it arises the State's obligation, through its competent bodies, to fix and determine the perimeter protection areas (áreas de protección perimetral) of wells or catchment areas — of 200 meters — and, of course, of the recharge areas (áreas de recarga) of aquifers (mantos acuíferos) — the zones where "the infiltration of potable water occurs" — that have or should have a forest cover (capa forestal) for their protection, areas that are so sensitive with respect to their conservation and protection.

Likewise, on the basis of such express encumbrance, the State may exercise restitutory and possessory actions (acciones reivindicatorias y posesorias) to guarantee the integrity of those zones and remove them from all types of contamination, subjecting them to a strict land-use control regime — a power that the State has, in all likelihood, failed to exercise in a timely and precise manner. Article 32 of the Water Act of 1942 establishes that "When, in an area larger than that previously indicated, there is a risk of contamination in surface waters (aguas superficiales) or groundwater (aguas subterráneas), the Executive Branch, through the Potable Water Section — now ICAA — (...) shall adopt in that area such measures as it deems appropriate to prevent the risk of contamination." This provision imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with ICAA to take all timely and appropriate administrative acts and measures to ward off the risk of contamination in an area larger than the protection perimeters of aquifer recharge zones and catchment areas.

The content of this provision is highly significant and rich, since it empowers the State to adopt any timely measure to prevent the irreversible harm and damage that a water crisis emergency could cause. Evidently, this also represents a power that has not been exercised responsibly, or that has been underutilized.

The General Potable Water Act (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2°, establishes that "All lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health — government bodies that were replaced by ICAA by virtue of its Enabling Act No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments, and more specifically Article 2°, paragraph h), which charged it with enforcing the General Potable Water Act — consider indispensable for constructing or placing any part or parts of potable water supply systems, as well as for ensuring the necessary sanitary and physical protection and flow thereof (...) are in the public domain (dominio público)." Evidently, this provision is of enormous significance, since it declares catchment areas — which may include springs (manantiales) or headwater springs (nacientes), which are natural discharge points of groundwater — to be in the public domain, and, more importantly, it grants the status of public domain assets (bienes demaniales) to all lands necessary to ensure the sanitary and physical protection and flow of those waters.

This necessarily includes the aquifer recharge areas clearly delimited through the perimeter-setting activity described above, since the lack of protection for these zones necessarily affects both the quality — through contamination — and the flow — through impermeabilization or overexploitation — of water for human consumption and use that emerges from a spring.

The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in Article 33, paragraphs a) and d), respectively, establishes that protection areas include "(...) those bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally" and "The recharge areas and aquifers of springs, whose boundaries shall be determined by the competent bodies established in the Regulations of this act." These provisions evidently provide the legal basis for administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment areas.

The Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 13, 1995, in Article 51, states that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: "a) Protect, conserve, and, where possible, restore aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle (ciclo hidrológico)," "b) Protect ecosystems that regulate the water regime," and "c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of river basins (cuencas hidrográficas)." This establishes the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without distinctions, which encompasses, in particular, groundwater.

Finally, Article 5°, paragraph e), last sentence of the ICAA Enabling Act (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) and Article 15 of the SENARA Enabling Act (No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments) complete the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by stating, respectively: "Lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for constructions required at the intake (...), are hereby declared of public utility and social interest, and may be expropriated," and "Actions promoted by the State for the purpose of ensuring the protection and rational use of waters (...) are hereby declared of public interest." In the legal and administrative framework governing water, there is also a series of obligations and burdens imposed on private individuals and public-law entities — public bodies and agencies — for the adequate protection of the hydraulic public domain (dominio público hidráulico), both underground and surface. Thus, the Water Act of 1942 and other legislative instruments establish a series of prohibitions and obligations for owners and users of springs — which are a component of the discharge area of an aquifer — including the following:

  • a)Users or concessionaires (concesionarios) must comply with the police and health regulations regarding surplus waters returned to a spring in order to avoid contamination or foul odors — failure to do so may result in loss of the special use right and a fine (Articles 57 and 166, paragraph III, ibidem). Consistently with this, the Wildlife Conservation Act (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1992, in Article 132, first paragraph, prohibits "(...) discharging wastewater (aguas servidas), sewage (aguas negras), waste, or any polluting substance into springs, rivers, streams, permanent or non-permanent creeks (...) lakes (...)," and imposes on violators a fine of 50,000 to 100,000 colones, convertible into a prison sentence of one to two years.
  • b)The construction of fish-farming ponds in springs designated for the supply of human settlements is prohibited (Article 63, ibidem).
  • c)Owners of land on which springs exist, whose surrounding forests providing shelter have been destroyed, are required to plant trees along the margins at a distance of no more than 5 meters (Article 148, ibidem).
  • d)The destruction of trees located less than 60 meters from springs arising in hills, or less than 50 meters from those arising on flat ground, is prohibited in both national and private forests (Article 149, ibidem). The Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, consistently provides in Article 34 that "The cutting or removal of trees in the protection areas bordering permanent springs and recharge areas and the aquifers of springs is prohibited." e) Any application for the use of live, flowing waters and springs must be submitted to the Ministry of Environment and Energy, together with a series of required documentation (Article 178, ibidem).

With regard to the public bodies and agencies that have authority and responsibilities in the protection of groundwater, the following obligations and prohibitions are established:

  • a)Municipalities (Municipalidades) are prohibited from alienating (enajenar), mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, granting in usufruct (esquilmo), lending, or exploiting on their own account — especially where this entails deforestation — lands that they possess or acquire along the banks of rivers, streams, or springs, or in river basins or watersheds (cuencas u hoyas hidrográficas) where springs arise or have their origins (Articles 154 and 155, ibidem).
  • b)Municipalities are required to reforest such lands (Article 156, ibidem).
  • c)Every Municipality, Board of Education (Junta de Educación), Social Protection Board (Junta de Protección Social), and, in general, every "public-character organization," is required to consult and obtain the corresponding permit from the Ministry of Agriculture before alienating, mortgaging, leasing, granting in usufruct, or exploiting on their own account lands that they possess or acquire on which usable public-domain waters exist (Article 157, ibidem).

The General Health Act (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific provisions for the effective protection and conservation of groundwater. Thus, Article 275 stipulates that "Any natural or legal person is prohibited from contaminating surface waters or groundwater (...) directly or indirectly, through drainage or the voluntary or negligent discharge or storage of liquid, solid, or gaseous residues or waste, radioactive or non-radioactive, sewage, or substances of any nature that, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, render it dangerous to human health, to terrestrial and aquatic fauna, or unfit for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses." Article 276 establishes that drainage operations or the discharge of solid or liquid residues, waste, or other materials that may contaminate surface, underground, or marine waters may only be carried out with the Ministry's permit, "(...) adhering to the regulatory safety standards and conditions and to the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them harmless." Articles 285 and 291 of that body of law, respectively, require all persons to dispose of excreta (excretas) and sewage in an adequate and sanitary manner so as to prevent "contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption," and prohibit the discharge of industrial or healthcare facility waste into the sewage system in order to "prevent contamination of water sources or watercourses." Finally, Article 309 of that act establishes that the Ministry of Health shall approve a developer's (urbanizadores) project, among other things, if it "(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, sewage, and wastewater."

VI.ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER (AGUAS SUBTERRÁNEAS) AND, IN PARTICULAR, OF AQUIFERS (MANTOS ACUÍFEROS). DELIMITATION OF COMPETENCES. Following the ruling already cited, it was noted that within the heterogeneous and dispersed array of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, one can identify a sector of these entities that have been assigned, by law or regulation, a series of non-waivable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater—competences they cannot decline and must exercise effectively in furtherance of the right of all inhabitants of the country to a healthy and ecologically balanced environment. Within that sector of the public apparatus, or of service organizations dedicated to satisfying the needs of the entire community, one can identify a group belonging to the central administration or the primary public entity—the State—comprising, predominantly, certain Ministries or their bodies, and another group made up of functionally or service-based decentralized entities—of a technical nature—and territorially decentralized ones—Municipalities. Speaking specifically about the entity subject to the writ in this case, the Constitutional Chamber stated the following verbatim:

"(…) 2.- Decentralized Administration.

  • a)ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) The Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) assigns to it, as relevant here, the following competences (Article 2°): a) To direct and oversee all matters relating to the provision of potable water services, collection and disposal of wastewater and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas to the inhabitants of the republic (…) c) To promote the conservation of watersheds (cuencas hidrográficas) and ecological protection, as well as the control of water contamination (…) d) To advise other State agencies and coordinate public and private activities on all matters relating to (…) the control of water resource contamination (…) its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable (…) f) To exploit, use, govern, or oversee, as appropriate, all publicly owned waters indispensable for the proper fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights the State holds over them pursuant to Law No. 276 of August 27, 1942, for which purpose the Instituto shall be considered the substitute body for the powers attributed to the State, ministries, and municipalities under that law." Article 5° of that law also empowers ICAA to "c) Acquire movable and immovable property" and "e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its objectives," with that same subsection in its second paragraph declaring as matters of public utility and social interest, subject to expropriation, "(…) the land necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for any construction required in the process of water intake (captación) (…)." Article 21 of the Enabling Act confers upon ICAA the power to approve or reject any project for the construction, expansion, or modification of wastewater and stormwater disposal systems, whether public or private, such approval being mandatory, under penalty of nullity, in the case of subdivisions (fraccionamientos), housing developments (urbanizaciones), or lot partitioning (lotificaciones).

Finally, Article 22 of its Enabling Act provides that "It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado to cover the costs required for the conservation, expansion, and safety of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes water and sewerage services." Pursuant to Article 2°, subsection h), of the Enabling Act of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), it is part of its competences to enforce the Ley de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953; Article 16 of that law prohibits installations, buildings, or activities within "areas near supply sources (…) that in any way damage (…) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these areas shall be established by the Ministry of Public Works and Public Health"—bodies that, as already noted, were replaced for all legal purposes by ICAA.

Consequently, ICAA is also competent to define the protection areas for supply sources such as springs (manantiales o nacientes), which are a natural form of discharge of groundwater. Article 34, final paragraph, of the Ley Forestal assigns the task of establishing the setback alignments (alineamientos) of protection areas to INVU. This is, in reality, a competence that is not exclusive to or reserved for ICAA or INVU alone, but rather concurrent or shared, so that both public entities have the duty to exercise it.

Article 3° of the Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953, imposes upon ICAA the obligation to "(…) select and locate the waters designated for piped water service (servicio de cañería) (…)," which makes it the responsibility of this entity to conduct a detailed inventory of the springs that may be used to supply drinking water to the population, independently of whether the supply and distribution is in the hands of a Municipality in a given canton." (emphasis added).

In light of the foregoing, in the case at hand a violation of the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment is established, stemming from the inaction of the respondent authorities in addressing and resolving the problem affecting the Moín aquifer, specifically on the properties owned by the protected party located in the restricted protection zone (classified as zone 6).

It should be noted that since 2007, Agreement No. 2007-177 was adopted, through which ICAA declared the restricted protection zone (zone 6) concerning the Moín aquifer and imposed a series of restrictions, which were subsequently amended by Agreement No. 2011-112. Furthermore, in this matter it is established that the respondent parties are aware of the existence of an informal settlement (precario) known as Villa Plata, located on the properties of the protected party, which has caused alterations in the area that jeopardize the aforementioned aquifer. For instance, this Court notes that in September 2018, ICAA filed complaints with both the Municipality of Nombre73 and MINAE MINAET (bearing a received stamp dated September 26, 2018, by SINAC-ACLAC), reporting that earthworks (movimientos de tierra) were being carried out on the aforementioned properties. Likewise, through official communication GSP-RA-2019-00456 of March 14, 2019, ICAA notified the director of ACLAC MINAE, the head of the Nombre73 Subregion, and the Mayor of Limón that earthworks and tree felling were taking place in the area in question; furthermore, it was stated that "it is considered that these reported activities pose a high risk and impact on the Protection Zone of the Moín Aquifer, especially considering that this site of possible encroachment corresponds to one of the areas with the greatest forest cover (cobertura boscosa) in the Direct Recharge Zone of the Moín Springs (Pulmón de Nacientes de Moín).

For all of the foregoing, you are urgently requested, within the framework of your respective competences, to take the necessary actions to promptly prevent continued tree felling and earthworks at the reported site and to protect the forest cover of this zone." Likewise, it bears reiterating that on June 15, 2020, the Executive President of ICAA issued official communication PRE-2020-00865, in which she stated: "Through official communications UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) and UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), inspections have been coordinated with the Ministry of Health; however, these have been postponed due to the state of emergency declared on account of COVID-19 (…) the Instituto, within the framework of its competences and its interest in protecting the Moín Aquifer, which supplies a sector of the population of Limón, has undertaken a series of actions and created instruments that serve as inputs for both the Municipality and the Ministry of Health, so that they may issue regulations on land use as well as authorize the carrying out of activities that do not affect the quality and quantity of the water resource; accordingly, the following clarifications are made: 1.

It is the Ministry of Health, in the case of industrial and commercial buildings, that—in compliance with the Ley General de Salud and its regulations—grants operating permits; to this end, it considers the technical opinion communicated by AyA. At the administrative level, the granting of any permit must adhere to the principle of legality and to compliance with, and verification of, the requirements, so that the Administration may proceed to carry out the assessment and resolve accordingly. (…) 2. The relevant Health Area is the entity that can conduct a survey of the physical and sanitary condition of each of the buildings and commercial activities; indeed, carrying out such management on a permanent basis in compliance with its supervisory duty falls within its regular activity. 3. For its part, it is the Local Government that is competent to issue business licenses (patentes) and building permits for all construction, in accordance with land-use zoning and the technical assessment provided by AyA (…)." For its part, in technical report PRE-J-2022-01740 of May 9, 2022, concerning the "Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000," ICAA stated: "(…) 1) Nombre01 has, for more than 19 years, filed the necessary complaints with the Municipality of Nombre73 and the Ministry of Environment and Energy to halt earthworks and the cutting of forest vegetation whenever damage to the Recharge Zones of the Moín Aquifer is detected.

It also reports the existence of activities that are incompatible with the Regulatory Recommendations established in the Board of Directors Agreements of Nombre01 No. 2007-177 and No. 2011-112 (…)." Furthermore, in response to the order for additional evidence in the present case (sub lite), the respondent authorities inspected the protected party's (tutelada's) properties. In this regard, notable is the statement by the coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of SINAC in memorandum SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022: "(…) the development of infrastructure, improper management of solid waste and wastewater (aguas residuales), agricultural practices, clearing and burning of vegetation, keeping of domestic animals, earthworks (movimientos de tierra), among others, were observed, in contradiction to the area designated for the Moín aquifer (acuífero), as well as what is stipulated regarding activities that must not be carried out in the designated area; it can be stated that there is indeed an impact (…) there is no adequate disposal of wastewater (…) The cultivation of plantain and cassava, modification and removal of soil, development of various types of infrastructure, application of herbicides, burning of vegetation and residential waste, vegetation cover land-use change (cambio de uso en cobertura vegetal), among others, is evident. 4.

Unauthorized earthworks are indeed being carried out, along with the construction of buildings of varying sizes and materials (…) at coordinates E602883 N1105156, a spring (nacimiento de agua) was identified, which has sufficient flow to generate runoff. The protection area for this water body is nonexistent." Additionally, in memorandum UCC-0201-21-06-2022 of June 21, 2022, the head of the Census and Cadastre Unit of the Municipality of Nombre73 noted that in said location: "a considerable number of constructions were observed without generating any type of cadastral map (plano catastro) other than the parent maps (planos madres) for properties 7-27136-000 and 7-27138-000." Regarding the inspection report carried out by ICAA in June 2022, it was determined that: "The presence of garbage disposed of in surface water channels is identified (…) a sample was taken from an area of 159,959.26 m², representing 50% of the area of property L-0509859-1983; within this sample it was possible to verify that there are a total of 72 dwellings, of which 69 dwellings, representing 96%, treat wastewater using septic tank and drainage systems (tanque séptico y drenaje), and only 3, representing 4%, use pit latrines.

Likewise, of the total houses located within the sample area (159,959.26 m²), it was identified that a total of 12 houses (16.6%) discharge their greywater (aguas grises) into the yards of the dwellings, into ditches or furrows, and not directly into the sinkholes (dolinas), a situation that must be corrected in accordance with (sic) the regulations of the Ministry of Health (…) During the inspection of the property in question, a total of 15 sinkholes were identified, presenting various characteristics (…) earthworks such as filling have been carried out on the properties in order to build houses (…) In total, 14 sites were identified where some type of earthworks occurred. Furthermore, buildings currently under construction were found, using concrete and gypsum materials, with no signage whatsoever indicating a construction permit (…) A total of 5 tree-felling events were recorded in various sectors of the site under study, carried out for the opening of access trails (trochas) and for the establishment of residential dwellings (…) there are persons who have lived in the area for more than 20 years.

B. Based on the inspection conducted and together with a review of satellite photographs, a total of 194 structures (dwellings) were identified. (…) Ten clandestine sites for the deposit of solid waste were located, requiring the attention of the Local Government, due to the absence of a collection service. E. Fifteen sinkholes were identified in the field, with varying geometry and degrees of development, the most common being rounded. F. Fourteen points were located where earthworks were evidenced, mainly cuts and fills for the construction of dwellings and roads. G. At 5 sites, tree felling was identified for the opening of access trails and for the establishment of residential dwellings." In addition, in official communication UEN-GA-2022-01214 of June 27, 2022, ICAA established that: "1. AyA, following a review of its water supply systems, finds no impact on the quality of water drawn from the Moín aquifer, in which Dirección09 is located and which includes the properties with cadastral maps (planos de catastro) 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, the subject of the present amparo proceeding, and therefore the Fuentes-Moín intake remains active for the purposes of population water supply. 2.

The continuation of unplanned urban growth in Zona 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the implications that could arise in the future for the quantity and quality of the water resource drawn from the Moín sources. 3. The field work made it possible to identify that the Villa Plata settlement (asentamiento), located on the properties with cadastral maps 7-0509859-1983 and 7-059860-1983, has been inhabited for more than 20 years, as stated by local residents, with infrastructure (dwellings) identified, as documented in the inspection report (Anexo 1), as well as in the documentary record contained in the digital file of the Amparo proceeding" (bold added).

Based on the foregoing, this Court finds reprehensible the delay by the respondent authorities in addressing and resolving the problem in the restricted protection zone (zona de protección restringida) (classified as Zona 6) of the Moín aquifer, specifically in the area where the protected party's properties are located. This is because the inaction of the respondent parties in resolving the problem caused by the Villa Plata informal settlement (precario) puts the Moín aquifer at risk. Indeed, the inhabitants of that location, where 194 dwelling-type structures were detected, have engaged in clearing and burning of vegetation, improper management of solid waste and wastewater, earthworks, and illegal construction, uncontrolled agricultural activities, among others. Moreover, although the respondent authorities have undertaken some actions relating to the aforementioned problem, it is equally true that in the present case a diligent course of action has been lacking, despite the importance of the aforementioned aquifer.

In addition, it is necessary to address the situation described in an effective and diligent manner, since, as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados states in memorandum UEN-GA-2022-01214 of June 27, 2022: "The continuation of unplanned urban growth in Zona 6 must not be permitted, not only because of the impact on public services, but also because of the implications that could arise in the future for the quantity and quality of the water resource drawn from the Moín sources." Ergo, in the present case (sub examine) a violation of Article 50 of the Political Constitution is established, which reads:

"ARTICLE 50.- The State shall endeavor to secure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and promoting production and the most equitable distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. For this reason, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim compensation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions. Every person has the fundamental, basic, and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a national resource, indispensable for protecting this human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what the law created for these purposes establishes, and priority shall be given to the supply of drinking water for the consumption of individuals and communities." Accordingly, the appeal is granted with respect to this matter under the terms set forth in the operative section (parte dispositiva) of this ruling.

VII.On another matter, this Tribunal notes that the petition for relief requests the expropriation of two properties belonging to the protected party, in view of the severity of the restrictions imposed as a consequence of their location in Zona 6 of the Moín aquifer protection area.

In this regard, this Tribunal has considered claims such as the one described above. For example, in judgment No. 2010011878 of 10:18 a.m. on July 9, 2010, it was ordered:

"II.- ON THE MERITS. Zona 6, as mentioned, according to the copy of the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, Province of Limón, is a technically defined area, constituting a fundamental part of that aquifer, classified as an 'absolute protection zone' (zona de protección absoluta). This is a parcel of land with a total water recharge of 5,187,701 cubic meters per year and an extraction of 5,171,904 cubic meters per year, which indicates its importance in supplying water for the consumption of the population of that province. This Court has already ruled on the same administrative act affecting private properties included in that zone:

"VII.- SPECIFIC CASE: regarding limitations on the right to property. It is Article 45 of the Political Constitution that enshrines the right to property, and it does so as follows:

"Property is inviolable; no one may be deprived of their property except in the case of legally proven public interest, upon prior compensation as provided by law. In cases of war or internal unrest, prior compensation is not required. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the end of the state of emergency.

For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by a vote of two-thirds of all its members, impose social-interest limitations on property." The position upheld by this Court is that limitations imposed on property find their natural boundary in the degree of impact on that right, so that when the restriction becomes a true expropriation, the Administration incurs the obligation to compensate, because the right is entirely extinguished. That is to say, limitations imposed on property that allow the owner the possibility of 'normally' exploiting the asset are legitimate, except, of course, for the portion or function affected by the limitation imposed by the State, thereby respecting the natural use of the asset by maintaining its value as a means of production or its economic market value (In this regard, see, among others, judgments number 0796-91, of fifteen hours ten minutes on April 26, 1991; number 5893-95, of nine hours forty-eight minutes on October 27, 1995; and number 2345-96, of nine hours twenty-four minutes on May 17, 1996). In judgment number 2003-03656 of 14:53 hours on May 7, 2003, the following was stated on this particular point:

"Thus, the Full Court (Corte Plena) noted, with regard to limitations to be imposed on property when they exceed the stated threshold, in an extraordinary session on June 16, 1983:

'[...] that is to say, "limitations" as Article 45 calls them, but not a deprivation of private property nor a removal of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of assets is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the prior compensation requirement mandated by the Political Constitution.' In the same vein, this Tribunal ruled in the aforementioned judgments number 5097-93 and 2345-96, under the following considerations:

'IV.) In the Chamber's view, the reasonable limits that the State may impose on private property, in accordance with its nature, are constitutionally permissible provided they do not hollow out its substance. When that occurs, what exists is no longer a reasonable limitation but has become a deprivation of the right itself' (sentencia número 5097-93, cited above); 'That is, the attributes of property may be limited, provided the owner retains for himself the possibility of making normal use of the property, excluding, of course, the portion or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social welfare requires sacrifices from one person or from a few, compensation must be paid, just as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that he loses the entirety of the property. Thus, a limitation on property (limitación a la propiedad) withstands constitutional scrutiny when the impairment of the essential attributes of property—those that allow the natural use of the thing within the current socioeconomic reality—does not cause the nature of the property to disappear or make use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they in fact entail the impossibility of enjoying the usufruct of the property.' (sentencia número 2345-96, cited above). –Underlining in the original– In the present case, it is established as proven that the petitioner company (amparada) is the owner of two parcels located in the Province of Limón, Cantón Central, Distrito Central, registered in the Public Property Registry under registration number and , which are situated within what is known as Zone 6.

According to the Hydrogeological Study and Aquifer Vulnerability of Moín, Nombre73 carried out by hydrogeologist Nombre21, of the Basic Studies Unit of the Environmental Management Directorate of the respondent Institute, Zone 6 is characterized as a zone of high vulnerability to contamination, classifying it as a zone of absolute protection (zona de protección absoluta). It is likewise established as proven that, by means of Board of Directors resolution number AN-2007-177, item a) of article 6 of ordinary session N°2007-020 held on April 10, 2007, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers resolved to officially adopt the hydrogeological and vulnerability study of the Moín-Nombre73 aquifer and the update of the protection zone, incorporating those zones into the reserved zones (zonas reservadas) by reason of the public interest in protecting the aquifer layers (mantos acuíferos) located in the province. In the "Por tanto" of the cited resolution, the following is stated, insofar as relevant:

"…AS RECOMMENDATIONS FOR LAND-USE REGULATION, THE FOLLOWING RESTRICTIONS ARE ESTABLISHED:

1. ALL INDUSTRIAL ACTIVITY 2. THE USE AND STORAGE OF PESTICIDES, INSECTICIDES AND FUELS, OR THEIR PRECURSORS FOR ANY PURPOSE.

3. THE REMOVAL OR EXTRACTION OF ALL TYPES OF MATERIALS.

4. LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE LA TIERRA).

5. ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION.

6. ALL AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ACTIVITIES AND FACILITIES RELATED THERETO.

7. THE DRILLING OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER INTAKE WORKS.

8. THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL DEVELOPMENTS AND LOT SUBDIVISIONS.

9. THE INSTALLATION OF DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND.

10. ACTIVITIES OF ANY KIND THAT, IN THE OPINION OF Nombre01, AFFECT THE QUALITY AND QUANTITY OF WATER USED FOR THE SUPPLY OF POPULATED AREAS." Although the respondent authority argues that the Board of Directors resolution does not infringe the property right (derecho de propiedad) of the petitioner, since it establishes a series of recommendations and not limitations that must be observed, the fact is that, consistent with the legally assigned powers of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, these are binding recommendations, in light of the superior interest being protected, such that—in this Chamber's view—they become limitations that hollow out the substance of the attributes the petitioner derives from her property and must therefore be compensated by the respondent entity, as authorized by subparagraph c) of article 5 of the Constitutive Law of ICAA number 2726 of April 14, 1961 and its amendments.

The foregoing also takes into account what the Chamber stated in the cited judgment: that, given the characteristics of contamination of the aquifer layers intended for public supply and the difficulty of their regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective in nature, especially in a zone such as the one in which the petitioner company's property is located, which has been technically classified as having high vulnerability to contamination and, consequently, as an absolute protection zone" (see voto No. 012043-2008).

From the foregoing precedent, it follows that the challenged act—namely, the "recommendations" regarding land use in Zone 6—constitutes limitations that hollow out the substance of the attributes of the petitioner's property right. Consequently, the amparo writ (recurso) filed against Acueductos y Alcantarillados must be granted, and that institution must be ordered to carry out the corresponding expropriation (expropiación) process, in accordance with what the Chamber has already decided for this specific situation. Likewise, the writ must be denied with respect to the defendant Municipality, since it did not issue the challenged act" (emphasis added).

Whereas in sentencia n.° 2010012209 of 17:32 hours of July 20, 2010, this Chamber established:

"III.- ON THE LEGITIMACY OF LIMITATIONS BASED ON SOCIAL INTEREST. This Chamber has previously ruled on limitations such as those claimed by the petitioner (amparado), finding, insofar as relevant, the following:

"(…) in principle, by themselves and by definition, social-interest limitations (limitaciones de interés social) imposed on property are not compensable, since they do not entail expropriation—that is, when the property does not suffer severances (desmembraciones) that cause the right to disappear. Of course, they do imply a burden or legal duty—strictly speaking, a duty of forbearance, or at most, a duty to tolerate the State's intrusion into the property for public purposes, a duty that is added to the owner's powers or faculties without distorting or destroying them. These limitations must be general in character, which implies not only generality in their addressee, but also generality in the factual predicate for their application, since when they become singular or concrete they could be equated with true expropriations (…)" (Voto Nº 1996-04205 of 14:33 hrs. of August 20, 1996).

IV. SPECIFIC CASE

It is fully and properly established that the petitioner's property is located within the protection zone of the Moín-Limón Aquifer, defined as a zone of high hydrogeological vulnerability. Precisely because of their general character and because they do not hollow out the essential substance of the property right, the claimed limitations do not require compensation. Under this understanding, the Chamber dismisses the alleged injury. As a result of the foregoing, the writ must be denied" (bold not in the original).

Now, in the case under review, the petitioner alleges that the restrictions imposed on the protected party's properties located in zone 6 of the Moín aquifer protection area must lead to their expropriation, since the right to property cannot be freely enjoyed. In this regard, the Tribunal notes that agreement no. 2011-112 "PROJECT OF AGREEMENT TO PARTIALLY AMEND BOARD OF DIRECTORS AGREEMENT 2007-177, ADOPTED AT ORDINARY SESSION 2007-020, OF APRIL 10, 2007, IN ITS ARTICLE 6, SUBSECTION A, PUBLISHED IN LA GACETA Nº 83, OF WEDNESDAY MAY 2, 2007, CONCERNING THE OFFICIALIZATION OF THE HYDROGEOLOGICAL STUDY AND VULNERABILITY OF THE MOÍN AQUIFER, LIMÓN, AND THE UPDATE OF THE PROTECTION ZONE DGAMB-2007-031," adopted at ordinary session no. 2011-017 of April 5, 2011, by the ICAA Board of Directors, provided as follows: "FIRST: Agreement 2007-177 is hereby amended in its Second Whereas clause, with respect to the enumeration of recommendations for land-use regulation (regulación de uso del suelo) of Zone 6, with the following restriction guidelines and in application of the 'Matrix of Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources, issued by the SENARA Board of Directors at its session of September 26, 2006: • For all activities, the impermeable surface area per hectare must not exceed 20%. • Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the various stages of construction and operation, generate a negative environmental impact on the aquifer, must submit an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) duly approved by SETENA.

In accordance with the Ministry of Health Regulation, Decreto 30465 S, and the Regulation on Wastewater Discharge and Reuse, N. 26041-S MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to the possible risk of contamination. These high-risk activities are defined as those that pose the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the industrial process, as well as in pipelines and transportation, involving one or more hazardous substances and posing a serious danger (whether of immediate or delayed manifestation, reversible or irreversible) to the population, their property, the environment, and ecosystems. • Activities involving the storage and USE OF PESTICIDES, FUNGICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR THEIR PRECURSORS, FOR ANY PURPOSE, shall not be authorized. • For REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (earthworks, movimientos de tierra), a hydrogeological study must be conducted to confirm that the aquifer will not be affected, along with an Environmental Management Plan duly approved by SETENA. • CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXTRACTION WORKS IS NOT AUTHORIZED. • In the case of RESIDENTIAL SUBDIVISION DEVELOPMENTS, LOT DIVISIONS, subdivisions (fraccionamientos), AND CONDOMINIUMS, sanitary sewerage and an ordinary wastewater treatment plant must be constructed.

Developments with densities equal to or less than one residential unit per 1,000 square meters may be permitted. • In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING ESTABLISHMENTS, these may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the applicable Wastewater Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 persons per hectare. • LANDFILLS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DUMPS OF ANY KIND SHALL NOT BE INSTALLED. • Nombre01, taking into account studies submitted by the interested party and endorsed by the relevant authorities, may rule on other types of activities not enumerated in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of such activity. Nombre01 shall be empowered under Ley 2726 to assess whether the aquifer is being affected and whether wastewater is being properly disposed of in accordance with the applicable wastewater discharge regulation, as well as to approve or deny the activity. • Residential construction arising from natural population growth shall be permitted in Zone 6, provided it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means.

THIRD: The Local Government and the Competent Institutions are recommended to adopt protective measures aimed at the conservation of forested areas. FOURTH: The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and to request that the Municipality of Limón implement the recommendations issued in this agreement. FIFTH: The Senior Administration is instructed to take the appropriate steps and to request that MINAET restrict ALL CUTTING OF FOREST VEGETATION IN Dirección09. SIXTH: For Zone 6, the Huetar Atlántica Regional Directorate and the UEN of Environment, Research, and Development shall create and maintain a comprehensive inventory of land use, identifying the activities and establishments that store substances posing a risk to the quality of water for human consumption. They shall likewise be responsible for analyzing proposals submitted by the regulated party and assessing the non-impact on the aquifer and the proper disposal of wastewater. SEVENTH: In all other respects, the provisions set forth in Board of Directors Agreement 2007-177 remain in force. Notify. Publish." (emphasis added).

In light of the foregoing, this Constitutional Chamber rules out, at least prima facie, that the adoption of the aforementioned agreement no. 2011-112 has evidently and manifestly violated the essential core of the right to property to the detriment of the protected party, nor that the content of such right has been rendered void in the terms alleged. Accordingly, the appeal is dismissed as to this point. Nevertheless, the appealing party is advised that, should it persist in its disagreement with the restrictions imposed on the protected party's properties located in zone 6 of the Moín aquifer protection area, it may, if it so chooses, raise such claim before the ordinary courts of law, where the merits of the matter may be fully litigated.

VIII.Furthermore, the petitioner alleges that a request was sent via email on February 21, 2022, to the ICAA Moín Commission, in which information necessary to conduct a private contamination study of the aquifer was requested; however, no response has been given.

It is effectively verified that, on February 21, 2022, Nombre16 sent a written communication to Nombre03 of the ICAA Moín Commission, stating: "(…) However, we were informed that Nombre01 could not intervene, and we were advised that, in the event of conducting a technical study on the property in question, it is the owner's responsibility to create the conditions and coordinate security for the relevant officials when accessing the property, and that such work would need to be scheduled in accordance with institutional priorities. For that reason, the owner decided to assume responsibility for the corresponding study, given the workload and scheduling constraints that Nombre01 indicated prevented it from carrying out the study. In light of the above, we request that you indicate what aspects should be considered by the private firm in the aquifer contamination study, the terms of reference to be included in the Study, and the methodology to be employed on the property, so that said study may be accepted by the AYA.

For future notifications, mine will be received at the email address ...05, or by fax 27101678." In response, on March 2, 2022, the Huetar Caribe Region sent official communication GSP-RHC-2022-00354 to Nombre18, indicating that the case had been transferred to the UEN Ambiental Investigación y Desarrollo "which indicated it would work on drafting the terms of reference for the execution of the pertinent studies." The Sala notes that, on March 17, 2022, the UEN Gestión Ambiental sent memorandum UEN-GA-2022-00528 to the ICAA Huetar Caribe Region, in which it stated: "In response to the email sent by the Huetar Caribe Region Directorate to the UEN Gestión Ambiental Directorate, forwarding the note from Nombre02. Nombre14(Marín, regarding the case of the property owned by [Nombre72 003], the following is noted: 1. By means of Nombre01 Board of Directors Agreement Nº 2007-177, published in La Gaceta Nº 83 — Wednesday May 2, 2007, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the officialization of the hydrogeological study and vulnerability of the Moín aquifer, Limón, and the update of protection zone DGAMB-2007-031. 2.

By means of AyA Board of Directors Agreement Nº 2011-112, published in La Gaceta Nº 83 — Wednesday May 2, 2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented the project of agreement to partially amend Board of Directors Agreement 2007-177, in which restriction guidelines for Zone 6 were established. 3. By means of official communication UEN-GA-2021-02951, issued by the UEN Gestión Ambiental, the following was stated: 'Therefore, on the part of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that, prior to issuing recommendations, it is necessary to verify in the field the hydrogeological conditions of the property, specifically the presence and distribution of sinkholes (dolinas) within the lot, and therefore it is required of the interested party, should there be interest in carrying out such a survey, to coordinate with the Public Security Forces and other competent institutions to provide the necessary accompaniment for mapping the structures.

Therefore, on the part of the UEN Gestión Ambiental, the following is stated: a. The lots owned by [Nombre72 003] submitted by Lic. Nombre14(, are located in Zone 6 of High Vulnerability, within the Moín Aquifer Protection Zone, which was defined by means of Agreement 2011-0112 of the Nombre01 Board of Directors (Ordinary Session Number 2011-017 of April 7, 2011, published in La Gaceta No. 83, of May 2, 2011)…' Therefore, on the part of the UEN Gestión Ambiental, it is indicated that the property owned by [Nombre72 003] is located in Zone 6, which has intrinsically High Vulnerability as defined by the AYA, and therefore the technical study to be conducted must take this already-defined parameter into account and must incorporate the mapping of sinkholes (depressions in the terrain), which may vary in size, shape, and distribution. Once the relevant elements are known (high vulnerability and location of sinkholes), an environmental management plan consistent with the proposed activity must be submitted, guaranteeing that the water resource will not be affected.

Once the study presenting the final results has been completed by the interested party, it must be submitted to the Moín Commission coordinated by the Environmental, Research, and Development Sub-Management. Nombre01 reserves the right to verify the information submitted, for which purpose the interested party must arrange for the protection of officials by the Public Security Forces and other competent institutions in order to carry out a site visit." However, in the case at hand there is no evidentiary material whatsoever to establish that the UEN Gestión Ambiental transmitted official communication UEN-GA-2022-00528, signed on March 17, 2022, to the notification address indicated by the appealing party.

Consequently, in the present case it has not been established that ICAA provided a response to the petitioning party regarding the request submitted on 21 de febrero de 2022, which is why the writ is granted with respect to this point solely as it concerns the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

IX. JUSTICE Nombre60 ENTERS A CONCURRING NOTE

I must note that since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on 12 de febrero de 2019, my position has been as follows with respect to writs of amparo filed on behalf of legal entities:

"…in Advisory Opinion 22-16 of 26 de febrero de 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that, while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions—such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups—the fact remains that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, and therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in that treaty.' Furthermore, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may come to exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre84 et al. v. Venezuela); however, for such exercise to be cognizable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere connection between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than those of legal entities, are effectively being protected.

Indeed, it must be proven beyond simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that this participation relates in a substantial manner to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)." Now, while the writ was filed on behalf of [Nombre72 002], it is equally true that in the instant case the alleged injury concerns the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado), a right with respect to which a popular action (acción popular) lies in light of Article 105 of the Ley de Biodiversidad. In view of the foregoing, I consider it appropriate to rule on the merits of the matter (see, in a similar vein, the notes I entered in judgments Nos. 2022010648 of 9:40 a.m. on 13 de mayo de 2022, 2022013678 of 9:20 a.m. on 17 de junio de 2022, 2022018681 of 9:05 a.m. on 12 de agosto de 2022, 2022019174 of 9:15 a.m. on 19 de agosto de 2022, and 2022019289 of 9:15 a.m. on 19 de agosto de 2022).

X. CONCURRING NOTE OF JUSTICE Nombre64

In environmental matters, it is this Justice's view that where the Public Administration has already intervened, knowledge and resolution of the case belongs to the administrative-contentious jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do proceed to examine the merits when other rights of persons affected by contamination problems are at stake—including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Constitución Política)—as occurs in the present case, in which the owner of the parcels (fincas) on which the informal settlement (precario) Villa Plata is located alleges a longstanding problem: despite the area having been declared a restricted protection zone (zona de protección restringida) by ICAA, contamination and vulnerability of the Moín aquifer (acuífero Moín) are being caused by land-use change (cambio de uso del suelo) through informal construction, with no control over the use and management of wastewater, the drilling of wells, and tree felling—all of which manifestly affects the aquifer, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of living.

XI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are hereby notified that any document submitted in paper form, as well as any objects or evidence contained in any electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be retrieved from the court's office within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena under Article XXVI of session No. 27-11 of 22 de agosto de 2011, published in Boletín Judicial No. 19 of 26 de enero de 2012, as well as the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved under Article LXXXI of session No. 43-12 held on 3 de mayo de 2012.

Therefore:

The writ is granted with respect to the delay in addressing and resolving the problem affecting the Moín aquifer, specifically on the parcels owned by the protected party located in the restricted protection zone (classified as zone 6). Nombre07, Nombre08, Nombre22, Nombre24, and Nombre57—in their respective capacities as Minister of Environment and Energy, General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Mayor of Nombre73, and Minister of Health—or whoever may hold those positions in their stead, are hereby ordered to coordinate what is necessary and to carry out all actions within the scope of their respective competencies so that: 1) within FIVE DAYS, counted from notification of this ruling, an interinstitutional commission is established to address the problem affecting the Moín aquifer, specifically on the parcels owned by the protected party located in the restricted protection zone; and 2) within ONE MONTH, counted from the creation of the aforementioned interinstitutional commission, a plan is designed and put into effect to address and resolve the problem disturbing the Moín aquifer, specifically on the parcels owned by the protected party located in the restricted protection zone.

With respect to the failure to respond to the request submitted on behalf of the protected party on 21 de febrero de 2022, the writ is granted solely as it concerns the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Nombre08, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold that position in his stead, is hereby ordered to coordinate what is necessary and to carry out all actions within the scope of his competency so that, within THREE DAYS counted from notification of this judgment, the request submitted on behalf of the protected party on 21 de febrero de 2022 is properly addressed as the law requires and the corresponding response is notified through the means designated for that purpose. The foregoing is issued with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order issued in a writ of amparo that they are required to comply with or enforce and who fail to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision.

The State, the Municipalidad de Limón, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are ordered to pay court costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative-contentious jurisdiction. In all other respects, the writ is denied. Justice Nombre60 enters a concurring note. Justice Nombre64 enters a concurring note. Notify the parties.

Nombre65 Nombre04.

President Nombre66.

Nombre67 Nombre10.

Nombre68.

Nombre69.

Nombre70 Nombre11.

Nombre71 Nombre12.

CASE FILE No. 22-008354-0007-CO Phone numbers: Telf01 (800-7252-482). Fax: Telf05 / Telf06. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección16, Dirección35, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters involving vulnerable groups: Dirección17, San José, Distrito Catedral, Dirección37, Dirección09, Dirección18

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de setiembre de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-008354-0007-CO, interpuesto por [Nombre72 001], cédula de residencia [Valor CED03], a favor de [Nombre72 002], cédula jurídica [Valor CED04], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de abril de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declaró la zona de protección y de recarga acuífera de MOÍN, (ZONA 6) mediante acuerdo nro. 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, publicado en La Gaceta n.° 83 de 02 de mayo de 2007, mediante el cual se revocó el acuerdo nro. 80-121, en cuanto a su zona de limitación y recomendaciones de regulación de uso del suelo “de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado”.Señala que tal acuerdo afectó, entre otros sectores, a la finca propiedad de su representada, motivo por el cual se le impusieron estas limitaciones: “A.- Como recomendaciones de Regulación de Uso del Suelo se establecen las siguientes restricciones: Toda actividad industrial. Uso y almacenamiento de plaguicidas, pesticidas y combustibles, o precursores de estos con cualquier fin. La remoción o extracción de todo tipo de materiales. Cambio de uso de la tierra. Toda corta de vegetación forestal. Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. Las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de Cualquier índole. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del Nombre01 la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones”.Manifiesta que, desde la creación de la denominada zona seis de protección absoluta del acuífero de Moín, el ICAA ha incumplido sus deberes legales de protección del acuífero, pues dentro de esa zona se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción descontrolada de casas tipo precario, sin que se haya aplicado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos; además, no ha hecho acción alguna para evitar las talas de bosque, lo que constituye una lesión al área de protección del acuífero y genera una posible contaminación. Indica que la amparada es la legítima propietaria de la finca debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad al folio real 7-27136, cuya naturaleza es terreno de repasto y, en parte, de bosque, situada en el Dirección01, provincia de Limón. Esta finca se encuentra en zona catastrada, linderos: norte quebrada y Nombre01, sur calle pública con 529,18 metros, este quebrada y Nombre02, Estefano, oeste: con Cosas de Madera SA, plano: l-0509859-1983; y de la finca al folio real: 27138, naturaleza: terreno con 4 casas y sita en el Dirección01, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte calle pública, sur línea de ferrocarril y otro, este calle pública y otro, oeste trocha del ferrocarril, plano: l-0509860-1983.Narra que ambas fincas se ubican en un 100% dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín, denominada zona seis, razón por la cual el ICAA impuso, al crear la zona 6, una serie de limitaciones mediante acuerdo nro. 80-121 de la sesión nro. 80-028 del 14 de abril de 1980, que declaró ese sector como zona de protección de aguas de las nacientes de Moín-Nombre73 e impuso estas prohibiciones: la perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas; construcción de casas de habitación, instalaciones industriales y comerciales, porquerizas, gallineros y corrales, en general, de tanques sépticos, pozos negros o sistemas sanitarios que puedan afectar las aguas del subsuelo; la remoción o extracción de todo tipo de materiales; toda actividad agropecuaria; toda corta de vegetación forestal; el uso de plaguicidas, pesticidas o de sustancias venenosas con cualquier fin; instalación de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole.Agrega que la citada finca ubicada en la zona seis del acuífero de Moín fue afectada directamente mediante acuerdo nro. 2007-177, publicado en La Gaceta n.° 83 del 2 de mayo de 2007. Desde esa fecha, el ICAA no ha ejecutado acción alguna para la expropiación de la misma ni ha efectuado algún tipo de intervención en la finca para evitar la contaminación generada en el precario; tampoco ha realizado alguna gestión para detener el cambio de uso de suelo en esa zona. Indica que en las fincas que son propiedad de la amparada existe un conflicto precario, pues, a través del tiempo, algunas familias se han ido metiendo de manera clandestina y se han dedicado a efectuar un cambio de uso de suelo, talas de bosque y construcción de casas; además, se dedican a labores agrícolas en las áreas en que han eliminado el bosque, aplican químicos y no se realiza un manejo adecuado de las aguas negras y jabonosas salientes de las edificaciones construidas de manera precaria.Manifiesta que con esto se están incumpliendo las limitaciones establecidas por el ICAA al declarar esa área como zona 6. Narra que, dado que el mismo instituto afectó esa área con la denominada zona 6 de protección absoluta, se les solicito colaboración para proceder con el desalojo administrativo rápido de todas las personas invasoras de la finca, debido a los daños que causan a los recursos naturales y a la contaminación al acuífero. Agrega que, a pesar de reconocer que la finca se encuentra ubicada en la zona 6, se les indicó que no les atañe a ellos el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero, con el argumento de que no es finca propiedad del ICAA. Con esto se demuestra que la limitación impuesta lo es solo de manera administrativa, sin intervención directa en la finca, pues se limitó a emitir decretos con la limitación, pero sin aplicar materialmente sus ordenanzas en el campo y sin ejecutar las expropiaciones.Sostiene que los precaristas se encuentran organizados en una Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, con cédula jurídica CED05, la cual ha sido la encargada históricamente de meter la gente a la finca. Manifiesta que día a día y con el solo hecho de que los ocupantes ilegítimos de la propiedad dispongan de ella libremente, se está ocasionando contaminación al acuífero de Moín, por cuanto lanzan las aguas jabonosas, aguas de sanitarios, químicos utilizados en agricultura, al suelo que es de recarga acuífera; en adición, talan árboles y, por ende, cambian el uso de suelo. Ante tal situación, vía correo electrónico pidió ayuda al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que de manera conjunta con el dueño registral se procediera con el desalojo administrativo inmediato de los ocupantes ilegales en aras de evitar la contaminación al acuífero Moín. Expone que el recurrido contestó negativamente la solicitud, indicando que era un conflicto privado y que ellos no podían intervenir.Agrega que están desaplicando la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que obliga a este instituto a velar por la protección de los mantos acuíferos y lugares de recarga acuífera. Afirma que mediante oficio de 20 de enero de 2022 remitido por Nombre03 de la Región Huetar Caribe, en atención al oficio nro. PRE-J-2021-04524, se dio respuesta a su solicitud de colaborar con el desalojo administrativo inmediato de las personas ubicadas en la finca y que están contaminando el acuífero, respecto de lo cual se consignó: “… Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1- Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada Zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral”.Manifiesta que, merced a la negligencia del recurrido en ejercer sus potestades de protección del Acuífero de Moín, se envió solicitud vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 al Lic. Nombre03 de la Comisión Moín del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el que se le solicitó una serie de informaciones necesarias para poder realizar un estudio privado de contaminación al acuífero, pues la empresa contratada les solicitó pedir al ICAA cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el ICAA. Detalla que, a pesar del tiempo transcurrido, a la fecha no les ha dado respuesta. Agrega que en ese oficio se indicó: “Mediante MEMORANDO No.PRE-J-2022-00477, de fecha 7 de febrero del 2022, remitido por Nombre04 a la licenciada Nombre05, se resolvió una consulta planteada por el suscrito en relación con la forma de proceder con el desalojo de la finca de mi representada, [Nombre72 002], con cédula jurídica [Valor CED06], la cual es propietaria de las fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL Dirección01 DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE: QUEBRADA Y Nombre01, SUR: Dirección02, ESTE: QUEBRADA Y Nombre06, OESTE: Dirección03, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO: L-0509859-1983, DENTIFICADOR PREDIAL:CED07 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL Dirección04 DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: Dirección05, SUR: Dirección06, ESTE CALLE PUBLICA Y OTRO, OESTE TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRAD0s, PLANO: L 0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED08.Pues ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio N° 2007-177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB 2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. La consulta planteada Nombre01 lo era en el sentido de buscar de manera conjunta con el dueño registral, la forma más rápida de desalojar las familias que están generando cambios de uso de suelo, chapeas, talas, contaminación por desfloque de aguas negras y jabonosas al sueño, ello en un área denominada por el Nombre01 como de protección absoluta por la recarga acuífera.Sin embargo, se nos indicó que el Nombre01 no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional. Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el Nombre01 les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.Es por ello por lo que mi representada tomó la decisión de asumir el estudio técnico correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el Nombre01 les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos para considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA”. Sostiene que, a la fecha, tanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que se está dando a la denominada zona 6 del acuífero de MOIN, de los cambios de uso de suelo, de la contaminación; empero, no han ejecutado gestión alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado, como lo es la citada zona 6 de recarga acuífera. Solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 13:14 horas del 2 de mayo de 2022, se dio curso al proceso y se requirió informe el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el ministro de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de mayo de 2022, informa bajo juramento Nombre07, en su condición de ministro de Ambiente y Energía. Aclara la competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Manifiesta que se solicitó al Área de Conservación La Amistad Caribe, sector en el que se ubica el acuífero Moín, referirse sobre el recurso bajo estudio. Cita el memorial SINAC-ACLAC-DR-214-2022 del 9 de mayo de 2022. Sostiene que el SINAC no ha recibido del recurrente, del ICAA ni de alguna otra persona o institución algún escrito sobre los hechos alegados en el recurso. Solicita que se declare sin lugar el amparo.
  4. 4Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de mayo de 2022, informa bajo juramento Nombre08, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Refiere: “De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y Artículo 106 del Código Procesal Civil, SOLICITAMOS SE ENDERECE E INCLUYA EN ESTE AMPARO EN VIRTUD DE LA OBLIGATORIA LA LITIS CONSORCIO PASIVA NECESARIA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMON, a quien por competencia le corresponde controlar el desarrollo urbano, evitar la ubicación de construcciones sin cumplir con los permisos y condiciones correspondientes, asimismo, le corresponde ejercer su facultad de demolición de toda obra construido sin autorización, ejerciendo en conjunto con el propietario las acciones para el desalojo correspondiente. Ya, mediante Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751 ese Tribunal Constitucional dictaminó su competencia y (…) Para que se refiera a las razones por las cuales no realizó la demolición de construcciones sin autorización.RESPUESTA A LOS HECHOS PRIMERO: Procede aclarar los alcances de los Acuerdos No. 80-121 y Acuerdo 2007-177 que se invocan, en el siguiente sentido: Mediante Acuerdo 2007-177 de la Junta Directiva del AyA, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031 y se dispuso en su Por Tanto “(….) SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se recomienda aplicar la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant.N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Dirección01#(por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant. N=221367 y E=639410, se continua al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo Nombre72 con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant.N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continúa hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continúa por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la Dirección07#(Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el Dirección08 con 1arant.N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el pto.17 con 1arant. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant.N=221517 y E=639446. (…) COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: 1. Toda actividad industrial. 2. Uso y almacenamiento de plaguicidas, pesticidas y combustibles, o precursores de estos con cualquier fin. 3. La remoción o extracción de todo tipo de materiales. 4. Cambio de uso de la tierra. 5. Toda corta de vegetación forestal. 6. Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. 7. La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas. 8. El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. 9. Las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. 10. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del ombre01 la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones….” Las manifestaciones del recurrente resultan ser completamente erróneas al indica que no se permite ninguna actividad en la zona 6, el mismo acuerdo en su oportunidad estableció claramente: “…SE ADMITIRÁ EN LA Dirección09 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO…”, por otra parte véase que el acuerdo indica: Recomendaciones de Uso del Suelo, no indica restricciones.Mediante acuerdo de Junta Directiva No 2011-112, de la Sesión No 2011-017, de fecha 5-4-2011, Artículo 5, inciso 1, se dispuso: la modificación del Acuerdo AN-2007-177, en el cual se aclaran los alcances en el sentido de que hay una gran cantidad de actividades, que permiten disponer del inmueble con las recomendaciones según su uso, sin que ello implique expropiación, así se indica en el Por tanto Primero: “….PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA.De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no” habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario.Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El ombre01 considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El ombre01 estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio…” No existe violación a los Derechos Constitucionales señalados en el Artículo 45.El artículo 45 de la Constitución Política, en el segundo párrafo, establece la posibilidad de limitar el derecho de propiedad por razones de interés social. En el caso concreto, existen leyes que regulan el uso del suelo para este tipo de terrenos, como la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 128, Ley Orgánica del Ambiente. artículo 50 y siguientes, Ley General de Salud, artículos 275, 276, 285 y 291. La regulación del suelo es una función pública, es un poder-deber a cargo de los entes públicos con potestad normativa como es el caso de la Asamblea Legislativa, de las Municipalidades, del INVU, del Poder Ejecutivo, del Estado a través de sus instituciones. Como se mencionó existen leyes que establecen regulaciones en materia de protección al ambiente y al recurso hídrico. El Acuerdo de Junta Directiva de AyA, únicamente viene a definir una serie de recomendaciones conforme a lo que ya se encuentra establecido en diferentes leyes.No es cierto que los actores no puedan desarrollar ninguna actividad en la propiedad, ni tampoco que las recomendaciones dictaminadas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 signifiquen una expropiación obligatoria automática de parte del ombre01 en toda la localidad de Moín. Se aclara nuevamente, que las propiedades ubicadas en la zona 6, tienen aptitud para ser desarrolladas, no hay violación al artículo 45 Constitucional al que hace mención el recurrente. Sino que, cumpliendo los parámetros anteriormente indicados, pueden desarrollar las actividades que consideren. Es necesario recordar que la carga de la prueba de la no contaminación y factibilidad del proyecto de conformidad con la Ley, recae sobre el interesado ( Ley de Biodiversidad No. 7788 Artículo 109.- Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental.), y el Estado no puede venir a realizar dichos estudios de forma gratuita en beneficio de un interés privado, como lo es el de venta de una propiedad.SEGUNDO: No es cierto lo que indica el recurrente al decir: “…que la citada finca ubicada en la zona seis del acuífero de Moín fue afectada directamente mediante acuerdo 2007-177, publicado en la Gaceta No. 83 del miércoles 2 de mayo de 2007, y desde esa fecha el recurrido no ha realizado ninguna acción para la expropiación de la misma ni ha realizado ningún tipo de intervención en la finca para evitar la contaminación generada en el precario, ni ha realizado ninguna gestión para detener el cambio de uso de suelo en esa zona…” Como acciones en la Zona 6 Región Huetar Caribe mediante oficio GSP-RHC-2022-00714, que adjunta el informe correspondiente, los cuales se anexan como prueba se detalla lo siguiente: “…las gestiones realizadas durante 10 años de gestión para el resguardo del Acuífero Moín; en la Tabla N° 1, se muestra un resumen de 34 casos que fueron gestionados por AyA, estos casos se dividen en tres categorías: Denuncias, Desarrollos de Nuevos Proyectos e Instalaciones existentes.Dado que las actuaciones del AyA, en el tema de la Protección del Recurso Hídrico de Las Nacientes de Moín, han sido abordadas con la misma estrategia en los últimos 19 años, se utilizará la misma metodología de trabajo que se indicó en el memorando RHA-OM-2013-0666, donde se detallaran los principales casos atendidos del 2013 a la fecha, utilizando la misma categorización, con la diferencia que se realizarán explicaciones detalladas en los casos que permitan referirse de forma directa al Precario Villa Plata y a como se tramitan y ejecutan Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de ombre01 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo.(…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Nombre09 del ombre01 Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 ( Adjuntos ), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Nombre10 del ombre01 Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal.Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…) De estas denuncias, se evidencia que el ombre01 ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias. B) Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por ombre01 para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua.Tabla N° 2. Muestra las principales solicitudes de Proyectos presentadas al ombre01 desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color verde los proyectos que han contado con la disponibilidad de agua del AyA. En color rojo se indican los proyectos que no cuentan con disponibilidad de agua potable (…) Para explicar el proceso de cómo se valoran los proyectos nuevos, se procede a explicar el procedimiento seguido por la Región Huetar Caribe para verificar que la conceptualización estos cumpla con las recomendaciones de regulación plasmadas en el Acuerdo de Junta Directiva de ombre01 N° 2011-112 y como se valoran los casos en la Comisión del Acuífero, cuando un Proyecto con características especiales, así lo requiere. Como metodología, se explica el proceso mediante uno de los proyectos construidos, específicamente el Proyecto N° 2 denominado 24 Apartamentos MATAMA VILLAGE. Los pasos a seguir para valorar que la conceptualización de los Proyectos, cumplan las Recomendaciones de Regulación establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, son : Tal y como se ha acordado en la Comisión Institucional sobre las Nacientes de Moín; antes de suministrar la carta de disponibilidad de agua en los Proyectos dentro de la Dirección02, a los desarrolladores se les solicita una conceptualización del Proyecto que cumpla con algunos aspectos que se establecen en el Acuerdo de Junta Directiva ombre01 2011-0112.Entre los aspectos ha (sic) verificar en la concepción del Proyecto se tienen: (…) Una vez verificado que el bosquejo del Proyecto cumple con estos requerimientos, se procede a otorgar la carta de disponibilidad de agua para que los desarrolladores tramiten el proyecto, cumpliendo con toda la normativa ambiental aplicable. (…) De lo anterior se desprende que las Recomendaciones de Regulación establecidas por ombre01 en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico.En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona. (…) C) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el ombre01 Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por ombre01 dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo.(…) En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. (…) De la lectura de este texto, se desprende que el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…) Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de ombre01 las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, ombre01 ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112.Se adjunta como anexos los documentos GSP-L-2018-001218 y GSP-RHC-L-2022-00494, los que reafirman la posición Institucional referente al Precario Villa Plata…” Es importante reiterar y aclarar en lo que se refiere hasta este punto el informe, que al hacerse referencia al Precario Villa Plata; se trata del inmueble propiedad de un particular que durante años no realizó ninguna gestión como le correspondía; para defender su derecho de propiedad; sino que viene años después a escudarse en los acuerdos adoptados por el Instituto para hacer desaparecer su responsabilidad; trasladarla a las instituciones; y solicitar se le indemnice; cuando es claro que lo que existen son disposiciones socio-ambientales para protección de fuentes. Continúa indicando el informe remitido mediante oficio GSP-RHC-2022-00714: “…Finamente, el ombre01 en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están: A) Creación de la Comisión del Acuífero Moín: En el mes de julio del 2010; ombre01 creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”.En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del ombre01 y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. B) Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable: Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó: “ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación.Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la (sic) fuentes de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca” En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones). Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…) C) Comunicación al más alto Nivel: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de ombre01 la Ing. Nombre11; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de ombre73 ombre02.. ombre74 (sic) Nombre12, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…) De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de ombre01 la ombre03..Nombre11; notifica al Ing. Nombre13 de la Secretaria Técnica Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del ombre01 realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos.Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…) E) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín: Como parte de las gestiones realizadas por el ombre01 para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “ Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín. (…) CONCLUSIONES:1) El ombre01 por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de ombre73 y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.2) El ombre01 por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín.3) En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín.4) Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Zona 6 del Acuífero de Moín, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado.5) Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el ombre01 por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007, 177 y N° 2011-112.6) En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades.7) Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de ombre73 modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.8) No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con la Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos.9) El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios. 10) Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe…” Nótese además que mediante oficio GSP-RHC-L-2022-00494, se le dio respuesta a la Asociación de Desarrollo Villa Plata (asentamiento que se ubica en la propiedad objeto de este Amparo) de forma reciente: “(…) 1.Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral… 4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional. Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros…” De forma coincidente el informe UEN-GA-2022-00850 de la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo, desarrolla las Acciones de Coordinación Interinstitucional que el ombre01 ha materializado de la siguiente manera: (…) Tal y como lo citan los informes, se reitera particularmente en lo que respecta sobre esta propiedad, este Instituto dentro del marco de sus competencias y la posibilidad que le otorga la ley, interpuso las denuncias correspondientes mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), asimismo ante el Tribunal Ambiental se encuentra todavía en trámite el Expediente No. Telf01 Para que proceda una expropiación es necesario que se demuestre el interés público y que el propietario demuestre que se han vaciado todos los atributos del derecho de propiedad, elementos que en este caso no se configuran. Nuevamente con fundamento en lo expuesto en la Respuesta Primera, en este caso es importante retomar la indicación de que no se trata de prohibiciones que emanan de los Acuerdos de Junta Directiva, sino de recomendaciones de carácter general, para la protección del recurso hídrico. El propietario puede llevar a cabo actividades, que requieren ajustarse a recomendaciones, que velan por la protección del recurso. TERCERO: En lo que respecta a la petición de Expropiación. Se rechaza la solicitud de expropiación del inmueble en virtud de que no existe violación al derecho de propiedad, el propietario puede disponer de la misma. No se justifica una expropiación cuando es el propietario quien no ha cumplido con los requisitos para llevar a cabo la actividad que desea desarrollar en el inmueble o bien porque no quiere realizar los actos procedimentales para el desalojo ; dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. “(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y dos minutos del veinte de julio del dos mil diez) No hay una configuración de un interés público sobre el bien del actor ni existe un menoscabo del interés legítimo del derecho de propiedad, siendo estos los elementos necesarios para que proceda un análisis de expropiación. En la propiedad de análisis, el actor tiene aptitud para realizar o desarrollar distintas actividades, siempre y cuando cuenten con la prueba de ciencia y técnica que demuestre la factibilidad. CUARTO: El recurrente, pretende que el Estado por medio del Ministerio de Ambiente y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realice un estudio de una propiedad privada con la finalidad de que se le realice un desalojo de invasores. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla-dos, se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones, materia bajo la cual se tutelaría la realización de estudios sin justificación o fundamento en un convenio u otra figura legal en el que se garantice la existencia de un interés público conforme a las competencias institucionales, que se localice en propiedad privada. Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de ombre01 están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública. En ese sentido, además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras. Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. b) Petición de estudios por parte externa del ombre01 Se brindó una clara respuesta al amparado en su momento tal y como se aporta en la prueba, de que existe posibilidad jurídica de cumplir con una petición de realización de un estudio, sin embargo, dicha actuación no puede ser de forma gratuita, de conformidad con lo que se le explica a continuación: Con relación al Reglamento “Prestación de Servicios a los Clientes”, en su artículo 10 nos dice que: “Los servicios prestados por ombre01 a sus clientes, por Ley no podrán ser gratuitos, así se trate de entidades públicas nacionales, regionales o municipales”. Por otra parte, dentro de los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos N° 7593, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94, así: “Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecua-do desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…” Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brin-dan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”. De ahí que “las solicitudes de estudios técnicos especializados tales como la demarcación de la zona de protección, utilizando las metodologías actuales, de acuerdo al (sic) artículo 10 del Reglamento a la Prestación de Servicios al Cliente, el artículo 94 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y la normativa vigente, concluye que el servicio solicitado debe cobrarse, cuando dicha información deba ser generada como “nueva” por el AyA. Por otra parte, también se le brindó claridad al indicar que en caso de que decidiera que el ombre01 realizara el estudio, además de depositar los montos correspondientes, dicha actividad tendría que entrar en la agenda de asuntos de prioridad de acuerdo a (sic) la atención de actividades que se encuentran en orden de prelación y por otra parte debía como propietario realizar las coordinaciones correspondientes con la fuerza pública para asegurar la integridad física de los funcionarios, para el ingreso al inmueble. Todo este tipo de indicaciones pretende ahora el recurrente, que se le trasladen al ombre01 y al MINAE, y que la Sala ordene la realización de un Estudio, para que sean estas las que realicen el desalojo (que por principio de legalidad no puede plasmarse) y segundo, que en su defecto se obligue a realizar una expropiación, cuando ha quedado demostrado que las propiedades de la zona 6 pueden realizar actividades, no se les ha vaciado de contenido su derecho de propiedad. QUINTO: Tal y como indica el actor, la petición remitida vía correo electrónico fue: “…Mi consulta es de que forma el ombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del ombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos…“Este Instituto fue diligente en la atención a la consulta y explicó ampliamente los motivos por los cuales legal y técnicamente: “…de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras...” (oficio UEN-GA-2021-02951) y la consideración legal de imposibilidad legal de que el ombre01 asuma un desalojo de una propiedad privada que se encuentra invadida por precaristas (GSP-RHC-2022-00090, PRE-J-2022-00477), concluyéndole de forma clara el criterio legal PRE-J-2022-00477 que aportó como prueba en el escrito de interposición: (…) SEXTO: La Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo en relación a (sic) la gestión, remite el informe UEN-GA-2022-00850 , detallando las acciones realizadas de la siguiente forma y emitiendo las conclusiones: “(…) III. Caso de atención del recurso. En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [ombre72 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín: 1. Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Nombre14( (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita: “Mi consulta es de que forma el ombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del ombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“ 2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Nombre14(, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta. 3. Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Lic. Nombre14(. 4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Nombre14(, en el cual se indica (Figura 2): “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [ombre72 003] aportados por el Lic. Nombre14(, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del ombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…) c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.” 5. Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2.Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.” 6. Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.” 7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El ombre01 por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en ombre72 de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación. C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.” 8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Nombre14( de los criterios institucionales, en el que se indica: “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.” 9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Nombre14( solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble. 10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental en repuesta a la nota del Lic. Nombre14(, se indica: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [ombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El ombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica: a. Los Acuerdos de Junta Directiva del ombre01 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [ombre72 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del ombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional. c. El ombre01 con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007. d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio. Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de ombre73 y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias. e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales. En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Nombre14( (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente. f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico…” SEPTIMO: Como parte de las acciones realizadas por este Instituto ante el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, ÓRGANO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Expediente No. 064-19-01-TAA, DENUNCIADO: VILLA PLATA DE MOÍN, Lugar de los Hechos: Provincia de Limón, Sector de Villa Plata de Moín, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Infracción de la denuncia: Supuesto movimiento de tierra. Se interpuso denuncia por movimientos de tierra sin autorización en el folio real objeto de este recurso de Amparo, según consta mediante Comprobante de Denuncia INAD_064-19-01TAA. Así se le clarificó al Tribunal Ambiental el 25 de marzo del 2022, dentro del plazo señalado por el Tribunal Ambiental, al medio indicado, al correo electrónico: ...01 o, Lic. Nombre15: “…PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas Dirección03, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [ombre72 003], con cédula jurídica [Valor ED09]]], fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:ED10 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: ED11,,, ambas de la PROVINCIA: LIMON. El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que: “…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de ombre73 como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca Dirección11, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de ombre73 para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de ombre01 (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca. – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que ombre01 recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…” SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Nombre16, representante de los propietarios actuales del inmueble Dirección12, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida: “El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del ombre01 para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [ombre72 002], con cédula jurídica [Valor ED09]]], fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y Nombre01, SUR : Dirección02, ESTE : QUEBRADA Y Nombre06, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:ED10 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL Dirección04 DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : irección10,, SUR : Dirección06, ESTE : irección11,, OESTE : Dirección15, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: ED10.. Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. Mi consulta es de que forma el ombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…” A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados. Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos o dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [ombre72 003], con cédula jurídica [Valor ED09]]], fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:ED10 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: ED11 , ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión…”ASPECTOS DE FONDO La MUNICIPALIDAD DE LA LIMON tiene la obligación de supervisar su funcionamiento y vigilar las actuaciones de los miembros de su comunidad con respeto a la determinación de que lugares son aptos para el desarrollo urbano, la forma que construyen, descargan las aguas residuales provenientes de sus viviendas y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…) Ahora bien, en todo proceso constructivo, el Gobierno Municipal, tiene una responsabilidad de vigilancia, ya que es el ente estatal que en última instancia otorga el permiso constructivo, ejerciendo el ius aedifandi ( derecho a construir – edificar): (…) Con base en las normas citadas, se concluye que la MUNICIPALIDAD DE LIMON, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para determinar si en la propiedad objeto de este recurso es posible el desarrollo habitacional, evitar la invasión, precarismo y construcciones que no cumplan con los requisitos normativos., esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado (considérese además lo resuelto en el Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, que fuera citado en la solicitud de Litis Consorcio Pasiva Necesaria) La MUNICIPALIDAD DE LIMON tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. La Municipalidad teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad y sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. A diferencia del AyA, la Municipalidad si tiene competencia para demoler las construcciones que no han obtenido los permisos correspondientes, notificar al propietario registral y en conjunto con este realizar las acciones de desalojo que pretende el actor que sean realizadas por el MINAE y el AyA, quienes por principio de legalidad no pueden ingresar a propiedad privada, realizar desalojos. A) Sobre la responsabilidad del propietario de velar por la correcta disposición de las aguas residuales. Deriva una obligación a todo propietario el conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento. Tiene obligación de velar por la higiene y seguridad de su vivienda personal o familiar, debiendo realizar las prácticas especiales de limpieza, desinfección cumpliendo a cabalidad las instrucciones y órdenes que para tales efectos imparta la autoridad de salud. Todo propietario y administrador de viviendas y locales de alquiler, están en la obligación de dotar a sus inmuebles de las condiciones, instalaciones y servicios exigidos por las normas sanitarias reglamentarias, a fin de ofrecer a los arrendatarios y ocupantes, condiciones de sanidad y seguridad adecuados. Como sanción directa todo propietario que se conecte en forma ilícita o construya una infraestructura de tanque séptico contraviniendo las disposiciones legales y técnicas, sin ser aprobada por la Oficina respectiva, sufriendo las penas que tengan señaladas las leyes, sin que esto impida a la Comisión de Cañerías y Cloacas Municipales (hoy AyA) ordenar a costa del infractor, la destrucción o enmienda de lo instalado. Todo ciudadano tiene un “DERECHO DEBER” ambiental de costear las obras y servicios PRIVADOS que solicita desarrollar para que le garanticen ese ambiente sano. Lo que implica que si todos somos responsables del Desarrollo del país, no podemos pretender que la administración pública que representa a todo el pueblo, el ombre01 asuma los costos de mantenimiento, modificación, debida disposición, y se les construya la infraestructura, que en aplicación de los principios de razonabilidad, ellos están obligados a financiar. B) Sobre la imposibilidad de que el ombre01 invierta y asuma la administración – responsabilidad de sistemas de disposición de aguas residuales (privados) localizados en propiedad privada. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones (materia bajo la cual se tutelaría el mantenimiento – debido funcionamiento del sistema de consulta, que se localiza en propiedad privada). Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de ombre01 están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por último, cabe indicar que conforme con el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo No. 2019-461, Artículo 16, 17, la responsabilidad del ombre01 llega hasta el lindero de la propiedad, en cuanto prestación de servicios, y en este caso no se ha materializado al ser un asentamiento informal, este Instituto no brinda servicio de abastecimiento y recolección en la propiedad objeto de este recurso, Registro Público de la Propiedad al folio real 7-27136 cuya naturaleza es terreno de repasto y en parte de bosque, situada en el distrito 1-Limón, Cantón 1-Limón, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte quebrada y José Nombre17, Dirección16 y Nombre02, Estefano, oeste: con Cosas de Madera SA, plano: L-0509859-1983; y de la finca al folio real: 27138, naturaleza: terreno con 4 casas y sita en el distrito 1-Limón, cantón 1-Limón, de la provincia de Limón, finca que se encuentra en zona catastrada, linderos: norte calle pública, sur línea de ferrocarril y otro, este calle pública y otro, oeste trocha del ferrocarril, plano: l-0509860-1983 (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente indico que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines, no ha desobedecido, violentado normas, garantías, ni principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, apegándose al ordenamiento jurídico por lo que debe declararse sin lugar el recurso en todos sus extremos en contra de AyA, por principio de legalidad el ombre01 no puede realizar desalojos en propiedad privada, no puede realizar estudios técnicos de forma gratuita. Por más de 19 años, continúa este Instituto dentro del marco de sus competencias y posibilidad que le otorga el principio de legalidad, con la interposición de las denuncias y ha comunicado lo procedente ante la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud. No procede que este Instituto Expropie el inmueble de interés del propietario, pues no se han vaciado los atributos del derecho de propiedad, elementos que más bien están en completo ejercicio del titular, sin perjuicio de acatar las recomendaciones socio ambientales que soporta el inmueble. La realización del desalojo solicitada es una potestad que es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. No procede trasladarse la inercia y tolerancia del propietario al Estado, del presente caso, que desde el 2018 ya tenía conocimiento tanto el, como el Gobierno Local, con la finalidad de que ejerciera la defensa correspondiente en aras de evitar la invasión”.
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Nombre18 manifiesta: “Que siendo el abogado de la parte recurrente según consta en autos Solicito a su autoridad que se me incluya en el presente proceso como parte”.
  6. 6Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Nombre16 Nombre75 expone: “actuando en mi calidad de apoderado especial judicial del promovente, atento manifiesto lo siguiente: Dada la contestación del amparo emitida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, se desprende la omisión de deberes de dicho Instituto con base en lo siguiente: UNO: EL Artículo 31 de la Ley de Aguas es claro al señalar: Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas.Por ello al determinar cómo zona SEIS el área de terreno en donde se ubican las fincas propiedad de mis representados, está declarando como de dominio público la totalidad de la finca y la totalidad de terrenos particulares contenidos dentro de los límites de esa zona SEIS. Aunado a ello el voto de la Sala Constitucional dictado en el expediente Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas once minutos del primero de agosto de dos mil ocho. Recurso de amparo que se tramita en expediente número 07-009140-0007-CO, interpuesto por Nombre19, mayor, portadora de la cédula de identidad número CED12, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, declaró con lugar un Recurso de Amparo señalando: Se le ordena Nombre20, o a quien en su lugar ejerza el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados iniciar, a la mayor brevedad posible, los procedimientos de expropiación sobre las propiedades inscritas en el Registro Público, bajo folio real, matrículas y a fin que se le indemnice a la empresa amparada lo que le corresponda por ese motivo.Se le advierte a Nombre20 o a quien en su lugar ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Nombre20 o a quien ocupe el cargo de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. Pues en ese caso la Sala tuvo por probado que la empresa amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, Cantón Central, Distrito Central, inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula número y , que se ubican dentro de la denominada zona 6, la cual, según el estudio técnico Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Nombre73 que al efecto realizó la hidrogeóloga Nombre21., de la Unidad de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto recurrido, se caracteriza por ser una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación, determinándola como una zona de protección absoluta.También se tiene como demostrado que mediante acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número AN-2007-177, inciso a) del artículo 6 de la sesión ordinaria N°2007-020 celebrada el 10 de abril de 2007, se dispuso oficializar el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad del acuífero Moín-Nombre73 y actualización de la zona de protección, pasando esas zonas a formar parte de las zonas reservadas, en razón del interés público a la protección de mantos acuíferos ubicados en la provincia. Y señaló “…Si bien es cierto la autoridad recurrida aduce que el acuerdo de Junta Directiva no vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pues en él se establecen una serie de recomendaciones y no limitaciones que deben ser observadas, también lo es que en concordancia con las competencias legalmente asignadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se trata de recomendaciones vinculantes, en función del interés superior que se tutela, de manera tal que –a juicio de esta Sala- se convierten en limitaciones que vacían de contenido los atributos que deriva la amparada de su propiedad y, por consiguiente, deben serle indemnizadas por el ente recurrido, según le habilita el inciso c) del artículo 5° de la Ley Constitutiva del ICAA número 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas.Lo anterior, considerando, además, como dijo la Sala en el fallo de cita, que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad de la empresa amparada, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta…”. Por ello si hay una limitación absoluta del derecho de propiedad impuesta a la propiedad de mi representado por estar inmersa en esa Zona SEIS. DOS: Se demuestra el conocimiento del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS de la existencia de un asentamiento precario sobre la finca propiedad de mi representada que se ubica en la ZONA SEIS que es de alta sensibilidad de recarga acuífera, y que fue afectada directamente mediante acuerdo 2007-177, publicado en la Gaceta No. 83 del miércoles 2 de mayo de 2007, pues indica ese Instituto que ha denegado el otorgamiento de pajas de agua en ese sector y que han atendido denuncias, más sin embargo no ha hecho nada por la permanente construcción de casas, los usos de las aguas negras y jabonosas, las aplicaciones de químicos en agricultura, las chapeas, talas de árboles etc., incumpliendo con ello el principio ambiental in dubio pro-natura, pues la sola existencia de esas casas, de la presencia de gente trabajando al campo en la zona SEIS, genera un impacto ambiental.Por ello al detectar ese Instituto la presencia de un asentamiento precario en la ZONA SEIS debió interponer las solicitudes de desalojos correspondientes en aplicación del artículo 32 de la Ley de Aguas que establece: “Artículo 32.- Cuando en una área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación ya sea en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables a que alude el artículo siguiente, dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”. Con ello ese Instituto viola el artículo 50 Constitucional. Nótese al respecto como bien lo detalla la Sala en el voto señalado las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público son de difícil regeneración, y por ello es muy importante tomar las medidas preventivas y protectoras para evitar la contaminación máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta.SOLICITO SE TENGA AMPLIADO EL RECURSO DE AMPARO Tal y como lo indica el Instituto de Acueductos y Alcantarillados solicito se amplie (sic) el amparo en contra de la Municipalidad de Nombre73 por haber tolerado la construcción de viviendas sobre un área de protección absoluta como lo es la Zona seis, PROPIAMENTE DENTRO DE LAS FINCAS PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA, y se le ordene la demolición de las edificaciones existentes en esa finca y la expulsión de las personas que se ubican en ella. Asimismo, solicito se declare en el aparo (sic) que de conformidad con el artículo 50 Constitucional, en relación con el artículo 32 de la Ley de Aguas, el Instituto Cuestionado podía perfectamente solicitar desalojos administrativos en propiedad privada, cuando se está dando una contaminación a los mantos acuíferos y zonas de recarga acuífera”.
  7. 7Mediante resolución del magistrado instructor de las 8:28 horas del 6 de junio de 2022 se ampliaron las partes consignadas en el recurso y se requirió informe al director ejecutivo de SINAC y al alcalde de Limón, sobre los hechos acusados por la parte recurrente.
  8. 8Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de junio de 2022, informa bajo juramento Nombre22, en su condición de director ejecutivo del SINAC. Menciona que: “se pone en conocimiento el oficio SINAC-ACLAC-DR-214-2022 del 9 de mayo del 2022 emitido por el señor Nombre23 Director Regional a.i del Área de Conservación La Amistad Caribe, que en lo que interesa al Sistema Nacional de Áreas de conservación, específicamente al Área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre lo alegado por la parte recurrente ni tampoco ha sido notificado ni coordinado ninguna gestión por el Nombre01 sobre este particular en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  9. 9Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de junio de 2022, informa bajo juramento Nombre24, en su condición de alcalde de Limón. Refiere que: “(…) Que, a mi representada no le consta que se estén talando bosques y en cuanto a los precarios, existen desde tiempos inmemorables. TERCERO: Que, dichos precarios se encuentran en propiedad de [Nombre72 003], finca 7-27136, plano catastro L-0509859-1983. CUARTO: Como podemos notar, nuestra representada se encuentra impedida de poder ejercer acción alguna”. Pide que se declare sin lugar el recurso.
  10. 10Mediante resolución del magistrado instructor de las 9:36 horas del 16 de junio de 2022, se indicó: “se ordena como prueba para mejor resolver a Nombre08, Nombre07, Nombre22 y Nombre24, por su orden, gerente general del ICAA, ministro de Ambiente y Energía, director ejecutivo del SINAC y alcalde de Limón, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que, coordinen lo necesario y lleven a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, efectúen una inspección en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín zona 6, lo que incluye las fincas propiedad de la parte tutelada, a los efectos de que revisen lo concerniente a los hechos alegados por la parte accionante, a saber (…) Además de lo anterior, cada autoridad, dentro del ámbito de sus competencias, deberá remitir a la Sala, en los DOS DÍAS siguientes a la diligencia supramencionada, un informe en el que se describan los hallazgos de la inspección, así como aquellos aspectos que estimen convenientes en relación con los hechos acusados en el sub lite por la parte accionante. Asimismo, en tal informe se deberá indicar:1) si existe o no afectación al acuífero de Moín;2) si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales;3) si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos n. os 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA;4) si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos; y5) si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles”.
  11. 11Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de junio de 2022, Nombre18 “actuando en mi calidad de apodero especial judicial del promovente” manifiesta: “Debido a la inspección que solicita su autoridad para verificar la existencia de contaminación, solicito se tenga como prueba y antecedente de los problemas de contaminación que se dan en el acuífero, el expediente. 12-013986-0007-CO Res. Nº 2012016679, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Recurso de amparo interpuesto por [Nombre25], cédula de identidad […], Nombre76 EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.-, en el cual se señaló: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:35 del 25 de octubre de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Nombre73 y manifiesta que en el sector de Dirección17, así como en los barrios aledaños como Cielo y Villa Plata en Nombre73 no existe alcantarillado público, por lo que no se encuentra con ningún sistema de evacuación de aguas negras, servidas y pluviales, situación que genera una serie de problemas para dichas comunidades.Pese a ello, el 4 de julio de 2012 en horas de la tarde un funcionario del Ministerio de Salud se presentó a su casa de habitación, pues al parecer existe una demanda en su contra por un problema de aguas servidas, además que por medio de una orden sanitaria se le prevenía para que en el término de cinco días presentara los recursos correspondientes. En vista de lo anterior, el 10 de julio del año en curso presentó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la Orden Sanitaria número HA-ARS-L-06397-2012, no obstante, la misma que fue declarada sin lugar por medio de la resolución DM-J-4092-12 de las 10:50 horas. Señala que el Ministerio de Salud pretende que el problema de las aguas. En la contestación del recurso se señaló: 2.- Informa bajo juramento [Nombre26], en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Limón, que en atención a la denuncia confidencial número 121-12, en la que se acusaba problemas de malos olores y moscas, funcionarios del Área Rectora recurrida realizaron una inspección en el sitio donde se ubica la vivienda del recurrente.Indica que en dicha visita, se procedió a aplica<r una prueba de fluoresceína a las residencias cercanas, constatando que varias d estas disponían las aguas negras en el alcantarillado pluvial, por lo que procedieron a emitir una serie de ordenes sanitarias a distintas personas…Agrega que en dichas ordenes se requería realizar las acciones necesarias para eliminar la mala evacuación de las aguas servidas al sistema de alcantarillado pluvial, con la finalidad de proteger la salud pública….Por su parte el Nombre01 contestó el recurso a través de su Director Regional Huetar Atlántico , en los sectores de Dirección18, Cielo Amarillo, Moín y Villa Plata no existe alcantarillado sanitario, sin embargo, el recurrente no lleva razón al alegar que por ese hecho se generan una serie de problemas para las comunidades. Explica que en dichos sitios no existe alcantarillado sanitario pues en razón de las características de la tenencia de la tierra en esos sectores, donde las propiedades cuentan con suficiente zona verde, así como en virtud de la baja densidad de población, la dispersión entre los centros de población y las diferentes condiciones topográficas, el tratamiento y disposición de aguas residuales puede hacerse en forma adecuada mediante tanque séptico y drenajes, por lo que niega que se requiera de forma obligatoria la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario.Alega que el problema que enfrenta el recurrente se da por su mala práctica de no pagar para que se limpie el tanque séptico de su vivienda, insistiendo ahora que es Nombre01 quien debe solucionar la situación. Reitera que la solicitud del amparado para que se construya un alcantarillado sanitario no es factible y es técnicamente innecesaria, ya que los sistemas de tanque séptico son los recomendados para esas zonas. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso. Es preocupante la contestación dada por el Nombre01 en dicho recurso de amparo, pues ese expediente data del año 2012, y los lugares descritos en ese Amparo forman parte de la ZONA SEIS de protección absoluta, creada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que declaró la zona de protección y de recarga acuífera de MOIN, (ZONA 6) mediante acuerdo de 2007-177, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, en el cual se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOÍN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031.Con el cual revoca EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, ampliando la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031 y en esa zona es prohibido entre otras actividades la perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier otra obra de captación de aguas, el desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones, las instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del Nombre01 la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones. En este caso dentro de la Dirección09 se da la indicación de parte del Nombre01 que se puede realizar el desfogue de aguas negras al suelo en una zona de recarga acuífera”.
  12. 12Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de junio de 2022, informa bajo juramento Nombre22, en su condición de director ejecutivo de SINAC. Expone: “En cumplimiento en forma dentro del plazo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia, en cuanto a lo indicado sobre solicitud de informe, se pone en conocimiento el oficio SINACACLAC-PPCP-027-2022 emitido por el funcionario Nombre03. Nombre27 coordinador del Programa Prevención, Control y Protección ACLAC-SINAC-MINAE y se manifiesta que se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022”.
  13. 13Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de junio de 2022, informa bajo juramento Nombre07, en su condición de ministro de Ambiente y Energía. Indica que: “Que, según lo visto en el considerando anterior, este Despacho, a través del oficio DAJ-261-2022 de 16 de junio de 2022 emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica bajo mis instrucciones, solicitó al señor Nombre22, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –en adelante SINAC– la inspección de campo y el informe de hallazgos requerido por esta Sala Constitucional mediante la resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós del presente año. TERCERO: Que, mediante el oficio SINAC-ACLAC-DR-286-2022 del 20 de junio, suscrito por el señor Nombre23 director regional a.i del área de Conservación La Amistad Caribe y mediante el oficio número SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022 del 18 de junio de 2022 suscrito por ingeniero del SINAC Nombre27, coordinador del programa prevención control y protección del ACLAC-SINAC-MINAE se hace el traslado del informe de hallazgos encontrados en la inspección de campo realizada en la zona en cuestión, detallando los aspectos señalados por esta Sala.Ambos documentos del SINAC se adjuntan a este oficio de conformidad con las diligencias judiciales atendidas por orden emitida mediante la resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós del presente año 2022”.
  14. 14Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de junio de 2022, informa bajo juramento Nombre24, en su condición de alcalde de Nombre73. Indica: “Que, a mi representada no le consta que se estén talando bosques y en cuanto a los precarios, existen desde tiempos inmemorables. TERCERO: Que, dichos precarios se encuentran en propiedad de [Nombre72 003], Dirección19, plano catastro L-0509859-1983. CUARTO: Como podemos notar, nuestra representada se encuentra impedida de poder ejercer acción alguna”. Pide que se declare sin lugar el recurso.
  15. 15Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de junio de 2022, informa Nombre29, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expone que: “Como preámbulo, es necesario tener absoluta claridad que el asentamiento conocido como Villa Plata ubicado en la propiedad del amparado, tiene aproximadamente 25 años de existencia, su consolidación se ha debido a la tolerancia por parte de sus propietarios, quienes siendo los titulares de esa propiedad privada, no han ejercido el derecho de exclusión y defensa, y a las autorizaciones o falta de vigilancia de quienes tienen a su cargo el control urbano, por lo que los acuerdos de Junta Directiva del AyA, no han limitado de ninguna manera el derecho de propiedad. REVISION DE LA RESPUESTA A LOS HECHOS PRIMERO: Alcance de los Acuerdos No. 80-121, N°2007-177 N° 2011-112. En los años 80´s se había adoptado un acuerdo para la protección de las fuentes de Moín, el cual fue derogado mediante acuerdo Acuerdo N°2007-177 de la Junta Directiva del AyA, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, donde se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-03, éste posteriormente fue dimensionado y aclarado mediante Acuerdo N°2011-112, tomado en la Sesión No 2011-017 de fecha 5-4-2011 que plasma recomendaciones con son de carácter ambiental.En el Por Tanto primero de dicho acuerdo, se enlistan las posibilidades de desarrollo de actividades. 1) Los Acuerdos N° 2007-1777 y N°2011-112, no violentan la garantía tutelada en el artículo 45 de la Constitución Política; pues se trata de regulaciones de carácter socio-ambiental. Resulta claro lo expuesto a partir del segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política, donde se establece de forma clara la existencia de un dinamismo en el derecho de propiedad, y con ello la posibilidad de imponer dentro de su estructura, entendida como el conjunto de derechos y obligaciones del propietario limitaciones de interés social. En ese sentido, existen propiedades que tienen características distintas, propiedades como la que nos ocupa, que por su propia naturaleza soporta limitaciones ambientales. Indistintamente de si el Nombre01 capta las fuentes o no, no hace desaparecer las cargas socioambientales que debe soportar el inmueble así adquirido por el propietario.Las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes, pero esas medidas administrativas no vacían en ningún momento el derecho de propiedad. La regulación del uso del suelo y el ordenamiento urbano son una función pública, un poder-deber a cargo de los entes públicos con potestad normativa y un tema de reserva de Ley propia de la Asamblea Legislativa, de las Municipalidades, del INVU, del Poder Ejecutivo y del Estado. Por su parte, en el marco jurídico ambiental, la legislación regula el uso del suelo para terrenos con características particulares, ejemplo de ello es el artículo 128 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 50 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y los artículos 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud.Los Acuerdos de Junta Directiva de AyA, no vienen a variar o alterar el fondo del derecho del propietario, sino que definen una serie de recomendaciones, no solo concordantes con lo que ya se encuentra establecido en diferentes normativas, sino que dichas recomendaciones tienen el propósito de proteger el acuífero, sin perjuicio de permitir la coexistencia de actividades privadas, precisamente en procura de lograr un desarrollo sostenible en la zona. No es cierto que los amparados no puedan desarrollar ninguna actividad en la propiedad, ni tampoco que las recomendaciones establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, impliquen una expropiación automática en toda la localidad de Moín. Se aclara nuevamente, que las propiedades ubicadas en la zona 6 tienen aptitud para ser desarrolladas, por lo que no existe un quebranto al bien tutelado en el artículo 45 Constitucional al que hace mención el recurrente.Sino que, cumpliendo los parámetros indicados en los acuerdos, se pueden desarrollar las actividades que consideren. Es necesario recordar que la carga de la prueba de la no contaminación y factibilidad del proyecto de conformidad con la Ley, recae sobre el interesado ( Ley de Biodiversidad No. 7788 Artículo 109.- Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental.), por lo que el Nombre01 no puede venir a realizar dichos estudios de forma gratuita en beneficio de un interés privado, como lo es el de venta de una propiedad. 2) Posibilidad de desarrollo de actividades en las propiedades ubicadas en la zona 6 Moín (Informe Técnico de Respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, que anexa el oficio GSP-RHC-2022-00714, visibles a imágenes 573, 580 al 602 del Expediente digital del Amparo) Tal y como se indicó anteriormente, los acuerdos de Junta Directiva relacionados con la protección de la zona 6 de Moín, no impiden en ninguna manera la realización de actividades privadas, muestra de ello lo constituyen: A) Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín.Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por Nombre01 para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua. Otros proyectos fueron denegados por incumplimiento de requisitos de distinta índole. Tabla N° 2. Muestra las principales solicitudes de Proyectos presentadas al Nombre01 desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color verde los proyectos que han contado con la disponibilidad de agua del AyA. En color rojo se indican los proyectos que no cuentan con disponibilidad de agua potable. (…) De manera coincidente, en el anterior escrito de respuesta se explicó y aportó prueba suficiente, relacionada con las actividades posibles de desarrollar en la Zona 6 Moín.De lo anterior se desprende, que las Recomendaciones de Regulación establecidas por Nombre01 en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; de tal forma que permita maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permitan proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % que equivalen a 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Nombre73 dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona.Nótese la Tabla N° 3 que fuera aportada en la respuesta principal. Muestra las 80 disponibilidades de agua del año 2020 y 2021 solicitadas para el otorgamiento de servicios y construcción de vivienda unifamiliar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Se aprobaron 43 solicitudes de disponibilidad de agua y se denegaron 37 (…) B) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el Nombre01 Región Huetar Caribe, respecto a las instalaciones existentes y como lograr que estas, cumplan con las Recomendaciones de Regulación dadas por AyA, teniendo en consideración el sector donde se ubican y según los criterios técnicos de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo.Tabla N° 4. Muestra los principales criterios dados por Nombre01 sobre instalaciones o actividades existentes desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color, las que tienen que ver con el Precario Villa Plata. (…) SEGUNDO: En concordancia con la respuesta dada en el hecho anterior, no se requiere la expropiación del inmueble, considerando que este es susceptible de desarrollo por parte del propietario, acatando las recomendaciones de carácter técnico-ambiental. Acciones realizadas por el Nombre01 para la protección del recurso El Instituto dentro de los alcances de su competencia, ha realizado distintas acciones a lo largo del tiempo, también dirigidas a la protección de la zona 6, en las cuales se incluye el Precario Villa Plata ubicado en el inmueble propiedad del amparado; esto, teniendo presente que han sido acciones para que el Gobierno Local como ente competente, regule el ordenamiento urbano (uso del suelo), de igual forma, en el caso de perforación de pozos, el MINAE atienda lo que resulte ser de su competencia.El hecho de que el Instituto haya definido una zona de protección acuífera, no resulta ser contradictorio o incompatible con el derecho de propiedad privada, dado que no vacía su contenido, pues el Instituto no tiene las competencias de reserva de ley para los Gobiernos Locales, en cuanto a establecer limitaciones de uso del territorio. Lo anterior, sin dejar de tener presente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil, el propietario tiene además del derecho de posesión, el de defensa y exclusión, y todos los otros que en dicha norma se regulan, y no puede pretender que su inercia y tolerancia, hagan responsable a la institución de las acciones de desalojo de los habitantes en precario, que le corresponden a él de forma exclusiva y excluyente. A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de tierra, tala de árboles o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de Nombre01 2011-112 dentro de la Zona 6 de Moín.Para ser concisos sobre el tema, se evidencian los casos referentes al Precario Villa Plata, los cuales están presentados marcados en color amarillo. Tabla N° 1. Muestra las principales denuncias presentadas por Nombre01 desde el año 2013 a la fecha, se resaltan en color, las que tiene que ver con el Precario Villa Plata. (…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata, se ubican las siguientes: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Nombre09 del Nombre01 Región Huetar Caribe, estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (que fueran ya adjuntados como prueba y constan en el expediente), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra presuntamente ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000.A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Nombre10 del Nombre01 Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra presuntamente ilegales y corta de vegetación forestal. Lo anterior evidencia, que el Nombre01 ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes, ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias.B) Acción realizada ante el Tribunal Ambiental (Consta la prueba a imágenes 638-643 del expediente digital de la Sala Constitucional) Como parte de las acciones realizadas por el Instituto ante el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo el Expediente No. 064-19-01-TAA, se sigue procedimiento de denuncia por Supuesto movimiento de tierra sin autorización, contra VILLA PLATA DE MOÍN. Los hechos denunciados se dieron en el inmueble cuyo folio real es objeto de este recurso de Amparo. (Comprobante de Denuncia INAD_064-19-01TAA.) Así se le clarificó al Tribunal Ambiental el 25 de marzo del 2022, dentro del plazo señalado al medio indicado, al correo electrónico: ...01 o, Nombre02. Nombre15 C) Acción de comunicación directa de los Acuerdos vigentes a la Municipalidad de Nombre73 para lo que es de su competencia: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (Imagen 635 del Expediente de Amparo), la entonces Presidenta Ejecutiva de Nombre01 Nombre30; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Nombre73 Nombre02.Nombre31(, los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, para su aplicación de dentro del Plan Regulador de Limón, al efecto se indica: De igual forma, mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la entonces Presidenta Ejecutiva de Nombre01 la Nombre03. Nombre11; notifica al Nombre03. Nombre13 de la Secretaria Técnica Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Acciones que forman parte de la actividad ordinaria de la Institución que constan en el Informe de Prueba GSP-RHC-2022-00476 y SP-RHC-2022-00483, GSP-RHC-2022-00714 (Imagen de expediente digital 576-573) El Instituto como parte de sus actividades programadas de forma ordinaria, para la protección de la zona 6, ha desarrollado distintos proyectos, los cuales fueron expuestos de forma amplia en la respuesta primaria al recurso, entre ellos se mencionan los siguientes, cuya información se encuentra visible en las imágenes 576-573 del expediente del Amparo: 1) Proyecto Lidar 2) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín E) Acciones de coordinación interinstitucional (oficio UEN-GA-2022-00850 ya aportado al expediente digital imagen 678 a 692).El Nombre01 como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico, que permite la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón. Para lograr este propósito, se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes a fin de socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias para la adopción de los actos administrativos. A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre los años 2018, 2019 y 2020, las cuales se indican en el oficio UEN-GA-2022-00850 aportado al expediente, visible a imágenes digitales 678 a 692. 1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud, sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón. 2.Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Nombre13. Nombre32, directora del Área Rectora de Salud de Limón. 3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín. 4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información con la que cuenta el Nombre01 referente a la Dirección02. 5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón” 6.Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers. 7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicitó al Alcalde Municipal y al Nombre77 Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón, una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indicó: “Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del Nombre01 (UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del Nombre01 ubicada en Dirección20, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.” 8.Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica: “SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Nombre33, Nombre34, Nombre35 – Regidores Propietarios; Nombre36 – Regidora Suplente; Nombre37 – Síndico Propietario y Nombre38 – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019” 9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del Nombre01 en Limón, participaron los siguientes funcionarios: • Nombre39- Nombre01 • Nombre40. – Dirección Regional Ministerio de Salud • Nombre32 – Área Rectora de Salud • Nombre41 – AyA • Nombre42 – Nombre77 Municipal Nombre73 • Nombre43 -AyA • Nombre44. – AyA • Nombre45 – Nombre46• Nombre01 En donde se acuerda: 1.Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MINSA, Municipalidad.La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín… …6. Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional… …Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…” 10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Nombre77 Municipal de Nombre73 audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 11.Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica: “SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.” 12. Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina la participación en la sesión del Nombre77 Municipal de Nombre73 el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm. 13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos. 14.Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del Nombre01 en Limón, por parte del Nombre01 se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del Nombre01 al Nombre77 Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 16. Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el Nombre01 presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica: “MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Nombre02. Nombre47- Regidora Suplente, Nombre03. Nombre48-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Nombre49-Unidad de Censo y Catastro Municipal.” 17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Nombre77 Municipal de Nombre73 y los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. 18.Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del Nombre01 y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers. 19. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica: “Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Dirección09, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos: • Nombre78.Sc.Nombre41, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: ...02 • Nombre50, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: ...03” 20. Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers. 21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica: “En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…” 22.Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente: “De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.” 23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación con proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín.Es importante señalar, que el Nombre01 desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva del año 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020. Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por la enfermedad del COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el Nombre01 no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad con potestad para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el Nombre01 ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, está con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario.F) Consideraciones particulares sobre acciones en el caso Precario Villa Plata y las peticiones de Asociación de Desarrollo de Villa Plata. Tal y como reiteradamente se ha indicado, la propiedad del amparado por su propia tolerancia y negligencia se encuentra invadida por precaristas desde hace más de 25 años, mucho tiempo antes de la adopción de los acuerdos que están siendo objetados, la inacción de sus derechos al no realizar el desalojo ha permitido la permanencia de los ocupantes, y con ello la consolidación de las viviendas. En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4 que se cita en el hecho anterior, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario.Como ejemplo, se puede mencionar el Oficio GSP-RHC-L-2018-00348 (Imagen de expediente digital del Amparo 574) donde se le indica a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, su ubicación a los acuerdos de Junta Directiva. Así mismo, en atención a la solicitud de la Asociación de Desarrollo de Villa Plata, (documento anexo que este Instituto ya aportó como prueba) es importante resaltar, que dentro de la nota se indica por parte de esa Asociación lo siguiente: (…) De la lectura de este texto, se desprende que el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud, indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9 del Informe Técnico que se emitió como respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, que anexa el oficio GSP-RHC-2022-00714 Imágenes 573 y 595 del Expediente del Amparo), donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. Lo anterior, es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo, existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de Nombre01 las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo, independientemente de este hecho, Nombre01 ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112.Se adjunta como anexo, el documento GSP-RHC-L-2022-00494 (Imagen 587 de expediente digital del Amparo), los que reafirman la posición Institucional referente al Precario Villa Plata…” Tal y como lo citan los informes, se reitera en lo que respecta a esta propiedad, que el Instituto dentro del marco de sus competencias y la posibilidad que le otorga la ley, interpuso las denuncias correspondientes mediante oficios GSP-RA-2018- 02131 y 02132 (Imagen 549 , 555 del expediente digital del Amparo) con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAE (SINAC), asimismo, ante el Tribunal Ambiental se encuentra todavía en trámite el Expediente No. 064-19-01-TAA Nuevamente, reiterando lo expuesto en la respuesta al Hecho Primero, en este caso, es importante retomar la indicación de que no se trata de prohibiciones que emanan de los Acuerdos de Junta Directiva, sino de recomendaciones de carácter general, para la protección del recurso hídrico.El propietario puede llevar a cabo actividades, que requieren ajustarse a recomendaciones, que velan por la protección del recurso. Para que proceda una expropiación es necesario que se declare el interés público y la utilidad social, además de que el propietario demuestre que se han vaciado todos los atributos del derecho de propiedad, elementos que en este caso no se configuran. TERCERO: En lo que respecta a la petición de Expropiación. Se ratificó el rechazo de la solicitud de expropiación del inmueble, en virtud de que no existe interés por parte del Nombre01 en adquirir la propiedad del amparado, amén de que las disposiciones del Instituto plasmadas en los acuerdos de Junta Directiva, de ninguna manera violentan, lesionan y ni siquiera ponen en riesgo el derecho de propiedad, resulta claro que el propietario puede disponer de la misma. No se justifica una expropiación, cuando es el propietario quien no ha cumplido con los requisitos para llevar a cabo la actividad que desea desarrollar en el inmueble o bien porque no quiere realizar los actos procedimentales para el desalojo; dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran el dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, los de restitución e indemnización, los cuales se desarrollan más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 de dicha normativa, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.“(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996). Exp: 10-007810-0007-CO) (Res. Nº 2010012209 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San José, a las diecisiete horas y treinta y dos minutos del veinte de julio del dos mil diez) No hay una configuración de un interés público sobre el bien del actor, ni existe un menoscabo del interés legítimo del derecho de propiedad, siendo estos los elementos necesarios para que proceda un análisis de expropiación. En la propiedad de análisis, el actor tiene aptitud para realizar o desarrollar distintas actividades, siempre y cuando cuenten con la prueba de ciencia y técnica que demuestre la factibilidad. CUARTO: Sobre la petición puntual de colaboración para realizar el desalojo: Tal y como indica el amparado, la petición remitida vía correo electrónico fue: “…Mi consulta es de que forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del Nombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos…“Al respecto, diligentemente se atendió la consulta y se explicó ampliamente los motivos legales y técnicos de la improcedencia, señalándose: “…de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras…” (oficio UEN-GA-2021-02951 imagen 911-912 del expediente digital de la Sala Constitucional).Por su parte, la consideración de imposibilidad legal de que el Nombre01 asuma un desalojo de una propiedad privada que se encuentra invadida por precaristas, está visible en los oficios GSP-RHC-2022-00090 (imagen 914), y PRE-J-2022-00477 (Imagen 917-920, todos del Expediente digital del Amparo). Dicho criterio legal, fue aportado como prueba por parte del amparado en su escrito de interposición, igualmente consta en el escrito de respuesta primaria que se dio por parte de Nombre01 a este recurso y se confirma con la prueba aportada a los autos UEN-GA-2022-00850 (Imagen 678-691 del Expediente digital de la Sala Constitucional). Lo anterior, le fue comunicado mediante oficio PRE-J-2022-00480 (imagen 921), Memorando UEN-GA-2022-00182 (Imagen 915-916), con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090 Imagen 914, UEN-GA-2021-02951 en imagen 911-912 todos del expediente digital del Amparo), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN; así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 (Imagen 917-920), correspondiente al criterio del área legal ambiental.Llama poderosamente la atención, que el recurrente no indica a la Sala Constitucional de su inercia y tolerancia como propietario, durante todo este tiempo, considerando que desde el año 2018 y hasta el año en curso se realizan movimientos de tierra, sin que este ejerza su derecho de defensa de propiedad ante el Gobierno Local y ante la vía Judicial, los cuales permitieron que hoy en día exista ya un asentamiento consolidado. La actividad de invasión no materializa construcciones de un día para otro, requiere de movimientos de tierra, movimiento de materiales, movimiento de personas, que se dieron a vista, paciencia, tolerancia, inercia del propietario registral y del Gobierno Local, pese a las denuncias que este Instituto realizó mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAE (SINAC) ( Imagen 549 , 555 del expediente digital del Amparo), así mismo, ante el Tribunal Ambiental que todavía tiene en trámite el Expediente No. 064-19-01-TAA.En el mismo sentido, confirma y resume lo expuesto el oficio UEN-GA-2022-00850, que se ubica en Imagen 678-691 del expediente digital del Amparo aportado como prueba. “… a. Los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre72 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional… c. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales.En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de aproximadamente 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Nombre14( (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente…” RESPECTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA I) A efectos de poder remitir la prueba para mejor resolver solicitada por ese Tribunal Constitucional, el Instituto gestionó ante la Fuerza Pública el acompañamiento al sitio y con el propietario del inmueble la autorización de ingreso, a fin de poder realizar la inspección de campo y comunicó a las demás partes recurridas de esta gestión para lograr recabar dicha prueba, cuyos resultados se muestran en los informes (UEN-GA-2022-01214 & el Informe de Inspección: Caso De Asentamiento Informal (Precario) Dirección21) que se aportan para estos efectos, y que dan todo el soporte para contestar las interrogantes planteadas.1) ¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín? Con relación a esta pregunta, el Nombre01 no encuentra afectación al acuífero que incida la calidad del agua del servicio de abastecimiento poblacional, que se encuentra bajo su administración y operación. “…El desarrollo de proyectos en la Dirección09, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatibles con la protección del recurso hídrico, demuestran que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras… Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del Nombre01 (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero…”2) Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: El informe UEN-GA-2022-01214, determina que en las zonas densamente pobladas en la Zona 6 se cuenta con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, por lo que, sí hay disposición adecuada, en los casos particulares se han planteado las denuncias correspondientes para su corrección. “…Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos. En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el Nombre01 a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2)… En el caso particular del precario de Villa Plata, Nombre01 mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1: “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas…”3) ¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA? En la resolución de toda disponibilidad de servicio el Nombre01 da cumplimiento y verifica que los proyectos se ajusten a los Acuerdos 2007-177 y 2011-112. Corresponde a las demás Instituciones competentes cumplir con estas recomendaciones que emanan de la facultad del artículo 2 inciso d) de la Ley 2726. “…AyA en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente. Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros…”4) ¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos? Luego del análisis realizado por el Nombre01 y tal y como se prueba con las denuncias presentadas, se han detectado movimientos de tierra y construcciones no autorizadas. La competencia del Nombre01 por principio de legalidad, circunscribe su accionar en la interposición de estas denuncias, no tiene potestad de ingreso o demolición a la propiedad privada, pues dicha competencia es propia del gobierno local. “…De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes… En el marco de las competencias institucionales, el Nombre01 no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08…” 5) ¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles? La respuesta resulta ser afirmativa y conforme a ello, este Instituto dentro del marco de su competencia presentó las denuncias correspondientes. “…es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por corta de vegetación forestal. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1)…” Finalmente, el informe UEN-GA-2022-01214 concluye: “(…) 1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo. 4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto Nombre04 de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala…” (el resaltado es nuestro) II) En lo que respecta al Informe de Inspección: Caso De Asentamiento Informal (Precario) Dirección21, visita de inspección por parte de un equipo técnico del Nombre01 al inmueble folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 (propiedad sector norte) y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 (propiedad sector sur) el día 22 de junio del 2022, se indica en lo que interesa: La inspección realizada el 22 de junio del 2022, fue hecha en coordinación con el Sr Nombre18 representante legal de los propietarios del inmueble a Nombre72 Nombre05 Nombre51.A., con el apoyo de la Fuerza Pública de Nombre73 y la compañía del Sr Nombre52, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, que se anexa como prueba, y arribó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: “…3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas). C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud. D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección. E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas. F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales…” (el resaltado es nuestro) ASPECTOS DE FONDO Los acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112, para la zona de recarga del acuífero de Moín, se encuentran en igual rango a otras ya establecidas por el Nombre01 y se fundamentan en el Artículo 2 inciso d) de la Ley 2726; tales como: Puente Mulas, Rio Banano, Barranca y Bananito, que de ninguna manera implican una prohibición absoluta para el desarrollo de actividades, de hecho abarcan amplias zonas geográficas de población y desarrollo urbano sostenible y sustentable, que resultan compatibles con las recomendaciones socio ambientales, dentro de dichas declaratorias se tiene: A) Acuerdo Número 78.253-254 (No. JD-78.187), del 24 de octubre de 1978, Zona de Reserva de aguas subterráneas para el acueducto de Limón, publicado en la Gaceta 21 del 30 de enero del 79. La información de este Acuerdo se incorpora al Decreto Ejecutivo N° 29393-MINAE del 15 de enero del 2001. B) Acuerdo No.2015-253, Gaceta 141, miércoles 22 de julio del 2015 área de interés estratégico para Acueductos y Alcantarillados en las secciones superior y media de la cuenca del río Banano en el marco del Proyecto: Acueducto de Limón. C) Rio Barranca, Acuerdo 78-056, 4 de abril 1978, D) Bananito por Decreto 28024-MINAE, Gaceta 154, 10 de agosto 1999 El Instituto de conformidad con su Ley Constitutiva 2726, Artículo 2 inciso d), se encuentra facultado para emitir criterios técnicos con la finalidad de tutelar y regular el recurso hídrico para uso poblacional, así lo ha manifestado la Sala Constitucional mediante el Voto Exp:2008-004751, donde reconoce la legalidad e implementación en la valoración de permisos, licencias y autorizaciones por parte de las demás instituciones competentes de los Acuerdos de Junta Directiva 2007-177 y 2011-112. Lo anterior, se confirma además mediante el cumplimiento de la matriz de vulnerabilidad del uso del suelo, que estableciera el SENARA y que es la base del Acuerdo 2011-112, requiriéndose de su valoración para autorizar actividades de parqueo de contenedores o cualquier otra de gran desarrollo, así lo indica recientemente la Sala Constitucional, mediante Voto Nº 2012-08892 , 2017-006340, que clarifica que dichos acuerdos del AyA, deben de aplicarse en conjunto con la emisión del criterio de SENARA. Asimismo, de conformidad con el análisis que ha realizado la Sala en el voto 2010-012209 y en apego a las facultades que derivan de la Ley 2726, estamos ante actos administrativos de carácter general y no de acuerdos que resuelven una valoración particular y específica. La Legalidad también fue valorada mediante Voto Res. Nº 2010-012209 que considera que: “por sus efectos de carácter general y por cuanto no vacían el contenido esencial del derecho de propiedad, las limitaciones reclamadas no requieren de una indemnización.” En el desarrollo urbano y la consideración de tomar en cuenta la recomendación dada por el AyA, La Municipalidad de Nombre73 como parte de sus obligaciones, por competencia debe supervisar y vigilar las actuaciones de los miembros de su comunidad con respeto a la determinación de que lugares son aptos para el desarrollo urbano, la forma que construyen, descargan las aguas residuales provenientes de sus viviendas y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, es conveniente tomar en cuenta lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Política en relación con el Régimen Municipal: “Artículo 169.- La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.” Por su parte el Código Municipal, en el artículo 4 regula lo relativo a las atribuciones de las municipalidades, en donde se tipifica la responsabilidad de vigilancia, ya que es el ente estatal que en última instancia otorga el permiso constructivo, ejerciendo el ius aedifandi (derecho a construir – edificar): “(…)1) El permiso o licencia de construcción es una autorización administrativa de carácter municipal, por medio de la cual se ejerce un control preventivo en relación con el ejercicio del ius aedificandi, a través de la comprobación de su conformidad con el ordenamiento jurídico ambiental-urbanístico. Con su otorgamiento se remueven los obstáculos jurídicos para convertir al mismo en un ejercicio lícito de dicho derecho, y en consecuencia, se posibilita la realización de obras de construcción en una determinada localidad.2) A la par de las autorizaciones administrativas, se encuentra la actividad de inspección, como un deber o carga que la administración impone en forma generalizada a los administrados, y cuyo principal objetivo es corroborar el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, singulares o generales.3) En ejercicio de esta potestad de vigilancia, los inspectores municipales deben ingresar a predios o edificaciones privadas, con el único y exclusivo fin de constatar si las obras que se construyen se ajustan o no al ordenamiento urbanístico. Para tal efecto, se encuentran sujetos a límites objetivos y subjetivos, tales como la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de inspección, la inviolabilidad del domicilio, el respeto a la intimidad de los particulares, la imposibilidad de registrar o secuestrar información o documentos privados, el levantamiento del acta de inspección, la debida investidura del funcionario que practique la inspección, así como su acreditación como inspector municipal, entre otros.4) En caso de adoptarse un acto administrativo de sanción -previo cumplimiento de un procedimiento debidamente establecido y en acatamiento de normas legales que tipifican una infracción y su consecuencia punitiva- el mismo puede ser ejecutado por la misma administración sin necesidad de recurrir a los tribunales, y aún en contra la voluntad del administrado (artículo 146 de la LGAP). En la ejecución de la sanción, los funcionarios municipales se encuentran sujetos a los mismos límites de la inspección urbanística.5) Si la sanción que se ejecuta es la de demolición, la administración debe procurar la adecuada tutela de la seguridad, salubridad, propiedad y libertad de los administrados, de modo que en la destrucción de las edificaciones se adopten todas aquellas medidas necesarias y razonables que permitan prevenir, contener, mitigar y reparar cualquier daño o lesión que pueda ser causada a los ejecutados, vecinos o transeúntes.6) En la realización de esta diligencia, los funcionarios municipales pueden servirse de la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, quienes a su vez tienen la atribución de auxiliar a las municipalidades cuando éstas así lo soliciten. (…)”(Opinión Jurídica. Procuraduría General de la República C-390-2007, 6 de noviembre de 2007) (El resaltado es nuestro) Con base en las normas citadas, se concluye que la Municipalidad de Limón, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para determinar si en la propiedad objeto de este recurso es posible el desarrollo habitacional, evitar las construcciones que no cumplan con los requisitos normativos, esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado (considérese además lo resuelto en el Exp: 06-015593-0007-CO, Res. Nº 2008-004751, que fuera citado en la solicitud de Litis Consorcio Pasiva Necesaria) La Municipalidad de Nombre73 tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Municipalidad ha tenido pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, sin embargo, al parecer se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad, sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. A diferencia del AyA, la Municipalidad si tiene competencia para demoler las construcciones que no han obtenido los permisos correspondientes, notificar al propietario registral y en conjunto con este realizar las acciones de desalojo que ahora pretende el actor se trasladen al AyA, quien por principio de legalidad no puede ingresar a propiedad privada, ni realizar desalojos en Nombre72 de terceros. a) Sobre la imposibilidad de que el Nombre01 invierta y asuma la administración – responsabilidad de sistemas de disposición de aguas residuales (privados) localizados en propiedad privada. Es necesario tener presente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra inhibido por su Ley Constitutiva de realizar donaciones (materia bajo la cual se tutelaría el mantenimiento – debido funcionamiento del sistema de consulta, que se localiza en propiedad privada). Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de Nombre01 están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras). Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por último, cabe indicar que conforme con el Reglamento de Prestación de Servicios Acuerdo No. 2019-461, artículos 16 y 17, la responsabilidad del Nombre01 llega hasta el lindero de la propiedad, en cuanto prestación de servicios, y en este caso no se ha materializado al ser un asentamiento informal, este Instituto no brinda servicio de abastecimiento agua potable, ni de saneamiento en las propiedades objeto de este recurso. (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente se reitera que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines, no ha desobedecido, violentado normas, garantías, ni principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, apegándose al ordenamiento jurídico por lo que debe declararse sin lugar el recurso en todos sus extremos en su contra, por principio de legalidad el Nombre01 no puede realizar desalojos en propiedad privada, no puede realizar estudios técnicos de forma gratuita. Por más de 19 años, continúa este Instituto dentro del marco de sus competencias y posibilidad que le otorga el principio de legalidad, con la interposición de las denuncias y ha comunicado lo procedente ante la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud. No procede que este Instituto expropie el inmueble de interés del propietario, pues la adopción de los acuerdos de Junta Directiva, de ninguna forma han vaciado los atributos del derecho de propiedad, elementos que más bien están en completo ejercicio del titular, sin perjuicio de acatar las recomendaciones socio ambientales que soporta el inmueble. A nivel de Gobierno Local el Precario Villa Plata, está considerada como una comunidad, con una permanencia de más de 20 años, con aparentes calles públicas, alumbrado eléctrico interno, dentro de un terreno privado. En este caso se trata de un tema privado, que debe ser resuelto en la vía civil donde el propietario y los ocupantes logren concordar un acuerdo, con la finalidad de que se normalice la situación jurídica y urbana. La realización del desalojo solicitada es una potestad que es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrollan en los artículos 295 a 315 y 316 a 334 respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. No procede trasladarle la inercia y tolerancia del propietario al Instituto, pues es sabido que desde el año 2018 tanto él, como el Gobierno Local, tenían conocimiento de la situación y en ese momento debieron ejercer la defensa correspondiente en aras de evitar la invasión. A pesar de la existencia de la actividad urbana irregular en el Precario Villa Plata, que se ubica en las propiedades objeto de este recurso, el trabajo de campo realizado ha permitido concluir que la misma no ha generado afectación, en la calidad del agua del servicio de abastecimiento poblacional que brinda el Instituto en la Dirección09 y tampoco ha afectado o contaminado el acuífero”.
  16. 16Mediante resolución del magistrado instructor de las 14:49 horas del 28 de junio de 2022 se ampliaron las partes del recurso y se solicitó informe a la ministra de Salud. Además, se ordenó a tal autoridad que “efectúe una inspección en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín zona 6, lo que incluye las fincas propiedad de la parte tutelada, a los efectos de que se revise lo concerniente a los hechos alegados por la parte accionante. Además, deberá remitir un informe ante esta Cámara en el que se describan los hallazgos de la inspección, así como aquellos aspectos que estimen convenientes en relación con los hechos acusados en el sub lite por la parte accionante. Asimismo, en tal informe se deberá indicar: 1) si existe o no afectación al acuífero de Moín; 2) si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales; 3) si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos n. os 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA; 4) si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos; y 5) si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles”.
  17. 17Por escrito incorporado al expediente digital el 1° de julio de 2022, Nombre18 expone que: “aclaro a su autoridad que son falsas las manifestaciones que hace la accionada INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) al señalar: “…Tal y como reiteradamente se ha indicado, la propiedad del amparado por su propia tolerancia y negligencia se encuentra invadida por precaristas desde hace más de 25 años, mucho tiempo antes de la adopción de los acuerdos que están siendo objetados, la inacción de sus derechos al no realizar el desalojo ha permitido la permanencia de los ocupantes, y con ello la consolidación de las viviendas. …Lo anterior, es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo, existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de Nombre01 las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; ….Llama poderosamente la atención, que el recurrente no indica a la Sala Constitucional de su inercia y tolerancia como propietario, durante todo este tiempo, considerando que desde el año 2018 y hasta el año en curso se realizan movimientos de tierra, sin que este ejerza su derecho de defensa de propiedad ante el Gobierno Local y ante la vía Judicial, los cuales permitieron que hoy en día exista ya un asentamiento consolidado.La actividad de invasión no materializa construcciones de un día para otro, requiere de movimientos de tierra, movimiento de materiales, movimiento de personas, que se dieron a vista, paciencia, tolerancia, inercia del propietario registral y del Gobierno…, pues desde el año 2005 se encuentra en trámite un EXPEDIENTE [Valor 004] – PROCESO: ORDINARIO, PARTE ACTORA: PROPIEDADES [Nombre72 003], PARTE DEMANDADA: Nombre53 y otros, que se tramita en el JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, el cual ha sufrido un calvario judicial debido a las estrategias que se han utilizado por los precaristas, con la invasión hormiga consistente en que uno tras de otro van entrando a la propiedad, marcan terrenos, sin que se sepa quien lo marca como para demandarlo y de un día para otro ya hay una casa, en la cual en el día nunca hay nadie. Asimismo, se informa que los precaristas han sido desalojados una y otra vez de la finca y se vuelven a meter y prueba de ellos es la resolución 348-98 de las quince horas del 20 de marzo de 1998, dictada en un proceso de desalojo Administrativo.Por ello se demuestra los esfuerzos de los propietarios registrales para sacar a los precaristas de la finca. Todo ello con el agravante de que de manera ilegítima en este momento las 194 viviendas que describe el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) en su informe y que se ubican sobre la finca de mi representado, tienen acceso al agua potable, servicios de electricidad. Ello ha generado que en este momento el proceso judicial se tenga como demandados alrededor de un diez por ciento de personas, en relación con la cantidad de familias que ahí viven y además que de esas personas demandadas” muchas ya ni siquiera viven en la finca, siendo imposible poder identificar a todas las personas que habitan la zona, dado que muchas son extranjeras y con situación irregular en el país y debido a que muchos lotes no se saben quién reclama su posesión. La tesis del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), en el sentido de que en la zona SEIS no se imponen limitaciones al derecho de propiedad, alegando que se pueden construir viviendas.Ello no es de recibo, pues mi representados quieren recuperar la propiedad para establecer una plantación forestal de teca y evidentemente al imponer la limitación de no poder cortar árboles esa plantación forestal no podría cortarse. Con ello no pueden disponer mis representados de todos los atributos del derecho de propiedad. Nótese el artículo 31 de la Ley de Aguas Nº 276 es claro al señalar que toda la finca forma parte del área de recarga acuífera y por ello dicha norma decreta ese terreno como una zona de reserva de dominio a favor de la Nación. Igualmente el artículo 33 de la Ley Forestal establece que al estar la finca de mis representados dentro de la zona SEIS de protección absoluta de recarga del acuífero de Moín, se constituye en una zona de protección cuyos límites ya fueron determinados por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) zona de protección y de recarga acuífera de MOIN, (ZONA 6) mediante acuerdo de 2007-177, publicado en la Gaceta N° 83 del miércoles 2 de mayo del 2007, en el cual se otorgó la OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOÍN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031.Con el cual revoca EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO. Por ello la finca de mis representados forma parte del zona de protección del acuífero de Moín y todas las irregularidades que se han encontrado en la finca, daños, cambio de uso de suelo, mecanización de suelo, se deben detener y ello se puede únicamente sacando a la gente de la finca, pues hay regulaciones como las de no almacenar químicos, no aplicar fungicidas al suelo y otros, que implican, necesariamente la exclusión de las personas de esa zona. Solicito se tenga en consideración el voto de la Sala Constitucional que resolvió el tema de las limitaciones impuestas al derecho de propiedad por el (ICAA), al declarar que si existe una limitación al derecho de propiedad y ordenó a ese instituto proceder con la expropiación. Ver Recurso de Amparo que se tramitó en expediente número 07-009140-0007-CO, interpuesto por Nombre54., mayor, portadora de la cédula de identidad número CED13, a favor de [Nombre72 004] Nombre55, mayor, cédula de persona jurídica número CED14, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.Cuyo por tanto dispuso: Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena Nombre56., o a quien en su lugar ejerza el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados iniciar, a la mayor brevedad posible, los procedimientos de expropiación sobre las propiedades inscritas en el Registro Público, bajo folio real, matrículas y a fin de que se le indemnice a la empresa amparada lo que le corresponda por ese motivo. Se le advierte a Nombre56. o a quien en su lugar ocupe el cargo, que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.Se condena al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Nombre56. o a quien ocupe el cargo de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. COMUNÍQUESE. En el caso de mi representada el problema es más grave toda vez que en sus fincas son terceras personas las que están realizando actividades que generan un potencial riesgo de contaminación y daños al acuífero y por ello se acudió a la institución recurrida en busca de una colaboración para proceder con el desalojo administrativo rápido de los ocupantes y así evitar los daños y cambios de uso de suelo que se estaban dando. Adjunto copia de resolución de señalamiento a juicio en el expediente [Valor 004] – PROCESO: ORDINARIO, PARTE ACTORA: PROPIEDADES [Nombre72 003], PARTE DEMANDADA: Nombre53 y otros, que se tramita en el JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, en la que se demuestra las gestiones judiciales que se han desplegado para sacar a los precaristas de la finca, y documento en el que consta el proceso de desalojo administrativo.Por ello corresponde a la Honorable sala determinar si en la denominada zona SEIS se da una limitación al derecho de propiedad que debe ser expropiado, o bien si lleva razón el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, en que en esa zona NO SE LIMITA EL DERECHO DE PROPIEDAD y por ello se pueden desarrollar proyectos habitacionales. Sin embargo, en uno u otro sentido debe la Sala conminar a las citadas instituciones para que procedan a ordenar el desalojo de precaristas de la finca, con el fin de evitar la contaminación que se está dando”.
  18. 18Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de julio de 2022, informa bajo juramento Nombre57, en su condición de ministra de Salud. Refiere que: “Expuesto lo anterior, atiendo el presente informe de ley con sustento en los oficios N° Oficio N° MS-DRRSHC-0846-2022 (adjunto) del 06 de julio de 2022, suscrito por el Nombre14. Nombre58, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe y N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022 (adjunto) del 07 de julio de 2022, suscrito por la Dra. Nombre59, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón, a saber: a.- Oficio N° MS-DRRSHC-0846-2022, suscrito por el Nombre14. Nombre58, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe: “…les anexo el oficio MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, suscrito por Dra. Nombre59, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Nombre73 en el cual detalla los hallazgos de la inspección efectuada el a 01 de Julio del 2022.En salvaguarda de la salud como un bien tutelado por el Estado, este servidor reafirma las recomendaciones emitidas, con relación a que se debe realizar el debido desalojo tramitándose por la vía judicial, así como solicitar a las autoridades competentes de Acueducto y Alcantarillado y a la Municipalidad de Nombre73 la información requerida.” b.- Oficio N° MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, suscrito por la Dra. Nombre59, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón. “… Que en atención de lo enunciado líneas arriba se realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente. 1.Si existe o no afectación al acuífero de Moín: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar al Acueducto y Alcantarillado que se realice las pruebas pertinentes para la verificación, si los mantos acuíferos zona 6 están siendo afectados ya que dicha instancia es la responsable de la vigilancia y regulación de la zona Protegida. 2. Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar al Acueducto y Alcantarillado que se realice las pruebas pertinentes para la verificación que si las viviendas están afectando los mantos acuíferos zona 6, por la mala disposición de las aguas Residuales. 3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario.Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. 4. Sí en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos: Que con respecto al punto enunciado la misma se deberá solicitar a la Municipalidad de Nombre73 Regulador que da las autorizaciones para el movimiento de tierra. 5. Sí en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles: Que con respecto al punto anterior se deberá realizar la consulta al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) entidad reguladora de tala de árboles. (…) Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial.” CONCLUSIÓN: De conformidad con lo expuesto, autoridades de la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, desplegaron las acciones necesarias para dar respuesta a la información solicitada por el aquí amparado.Cabe destacar que en la inspección realizada en la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín, zona 6, dichas autoridades lograron constatar, en el lugar, un aproximado de 154 casas de habitación de las cuales utilizan un sistema de tanque séptico, y otras cuentan con una mala disposición de las aguas residuales. Como se puede observar, se atendió en el ámbito de nuestras competencias las acciones solicitas, tal y como se indica supra (…) En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Tribunal Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo, por cuanto esta Institución, dentro del ámbito de sus competencias, atendió las acciones planteadas; por lo que reitero la solicitud de que se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD Y SE DECLARE SIN LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO”.
  19. 19En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Nombre60; y,

Considerando:

I. CUESTIÓN PREVIA

En el escrito incorporado al expediente digital el 1° de junio de 2022, Nombre18 indica “Que siendo el abogado de la parte recurrente según consta en autos Solicito a su autoridad que se me incluya en el presente proceso como parte”.

Ahora bien, la Sala observa que el escrito de interposición fue planteado por [Nombre72 001]-Nombre79 a favor de Propiedades [Nombre72 003]. Ergo, no se verifica que Nombre18 figure como accionante ni como parte tutelada en el sub lite. Además, no se omite señalar que, si bien en el referido escrito figura el Nombre72 y firma de Nombre18, no menos cierto es que ello se consigna en su condición de abogado autenticante.

Así las cosas, en la especie no se comprueba que Nombre18 figure como accionante dentro del expediente bajo estudio, ni se aprecia que derive derechos subjetivos de los hechos objeto de este recurso, tampoco que posea un interés legítimo en el resultado del proceso. En consecuencia, no se acoge la solicitud formulada por Nombre18 a fin de que se le tenga como parte de este recurso de amparo.

II. OBJETO DEL RECURSO

La parte accionante refiere que la Junta Directiva del ICAA declaró la zona de protección y de recarga acuífera de Moín (zona 6), mediante acuerdo n.° 2007-177, en el cual se dio la oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007031. Señala que su representada tiene dos propiedades ubicadas en la referida zona 6, a las cuales se les impuso una serie de limitaciones. Indica que, desde la creación de la mencionada zona 6, el ICAA ha incumplido sus deberes, pues en ese lugar se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción de casas tipo precario, sin que se haya realizado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos y, además, no ha hecho cosa alguna para evitar la tala del bosque. Sostiene que, debido a lo anterior, requirió colaboración ante el ICAA con el fin de proceder con el desalojo administrativo de todas las personas que están invadiendo sus fincas, debido a los daños que generan a los recursos naturales y la contaminación al acuífero; empero, no se les proporcionó ayuda alguna.

Manifiesta que se envió una gestión vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 a la Comisión Moín del ICAA, en la cual se solicitó información necesaria para realizar un estudio privado de contaminación al acuífero; sin embargo, no se le ha dado respuesta. Acusa que tanto el ICAA como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que existe en la zona 6 del acuífero de Moín, de los cambios de uso de suelo y de la contaminación; sin embargo, no han realizado actuación alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado. Solicita que se declare con lugar el recurso y se condene a las autoridades recurridas por su negligencia al proteger la zona aludida. Pide que se ordene a la parte accionada efectuar los trámites necesarios para ejecutar los desalojos correspondientes de las fincas supramencionadas. Requiere que se ordene llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proteger al acuífero de Moín, mediante la expropiación y pago correspondiente a su representada.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)La parte amparada es dueña registral de las fincas inscritas en los folios reales 7-27136 y 27138, las cuales se encuentran en su totalidad dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín denominada Dirección09. Tales propiedades han sido invadidas por varias personas quienes conformaron el llamado “Precario Villa Plata”. (Hecho incontrovertido).
  • b)Desde el año 2005 se tramita ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica un proceso ordinario en el expediente [Valor 004]-0 interpuesto por la sociedad amparada. (Ver prueba documental).
  • c)En la sesión ordinaria n.° 2007-020 del 10 de abril de 2007, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso:

“(…) PRIMERO: Se oficializa el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, realizado por la Hidrogeologa (sic) Nombre41, para que la Dirección Región Huetar Atlántica lo aplique al momento de resolver las solicitudes presentadas por el Administrado, de conformidad con las siguientes zonas de vulnerabilidad: (…)

SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant. N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Nombre73 Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant.

N=221367 y E=639410, se continúa al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo Nombre72 con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant. N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continua hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant.

N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continua por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la Dirección07#(Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el Dirección08 con 1arant. N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el Dirección04 con 1arant.

N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant. N=221517 y E=639446. (…)

COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO DE LA Dirección09 SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:

1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES.

4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA.

5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL.

6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA.

7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS.

8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES.

9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL Nombre01 LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO A POBLACIONES.

SE ADMITIRÁ EN LA Dirección09 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO.

TERCERO: Se Establecen para las zonas 2, 5 y 7 del “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón”, las siguientes medidas de protección del acuífero:

1. No permitir el almacenamiento de químicos; 2. No permitir la construcción de estaciones de abastecimiento de combustible; 3. No permitir la explotación de tajos; 4. No permitir la construcción de pozos, permitiendo sólo para el abastecimiento público.

CUARTO: En la zona 2 se realizarán estudios de prospección con miras a determinar la capacidad de producción y se mantiene esta zona como reserva para el abastecimiento a la población del sector de río Blanco.

QUINTO: Para las zonas 7, 8, 9, y 10 se deberá exigir a todo proyecto de desarrollo la construcción de alcantarillado sanitario y el Nombre01 deberá iniciar los estudios necesarios a fin de construir los colectores primarios y secundarios que permitan evacuar el agua residual hacia el emisario submarino.

SEXTO: Se solicitará al poder ejecutivo que se se (sic) promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón” y las recomendaciones de uso del suelo.

SEPTIMO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la Dirección de Gestión Ambiental, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano.

OCTAVO: Se deberá promover ante los entes competentes, la realización de un análisis de riesgo de las industrias establecidas en la zona de influencia directa de las fuentes de Moin, que debe incluir una posible conflagración de varias industrias y se deberá establecer un protocolo de acción para enfrentar una posible emergencia que considere la participación de todas la (sic) industrias establecidas en la zona.

NOVENO: Para garantizar la observancia de las restricciones y dar seguimiento a la aplicación de las medidas definidas, se conformará la Comisión Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica, a cargo de la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

DECIMO: Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca.

SE LE NOTIFICARA (sic) A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA VULNERABILIDAD EL PRESENTE ACUERDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PLAN REGULADOR DE MANERA QUE “LAS RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DE LA PROPIEDAD Y EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO DE MOIN – LIMON” SEAN VINCULANTES, DANDO ÉNFASIS A LA NECESIDAD DE QUE SE CONSIDERE LA ZONA 6 COMO DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA. ASIMISMO SE NOTIFICARA (sic) AL MINISTERIO DE SALUD, AL MINAE, AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL SENARA Y A LA SETENA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS. RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. NOTIFIQUESE. PUBLÍQUESE” (la negrita fue agregada). (Ver prueba documental).

  • d)En la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso:

“PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006:

• Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA.

De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas.

• No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

• Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA.

• NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS.

• Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros.

• Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea.

• NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

• El Nombre01 considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El Nombre01 estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad.

• Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.

TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas.

CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo.

QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA Dirección09.

SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales.

SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).

  • e)El 5 de marzo de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA dirigió el oficio UEN-GA-2018-00322 al Ministerio de Salud y al alcalde de Limón, por medio del que externó:

“(…) El Nombre01 en aras de conservar y proteger las aguas subterráneas y captaciones que son aprovechadas para el abastecimiento público en la provincia de Limón, ha definido técnica y legalmente zonas de protección del acuífero kárstico en Moín, mediante el acuerdo de Junta Directiva 2011-112 sesión No.2011-017, donde se establecen restricciones al uso del suelo de las zonas que conforman este acuífero.

Ante esta situación y debido al interés de este Instituto (AyA) por proteger el agua subterránea usada para el abastecimiento público y en atención al Voto N°2012-006424, correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, se les solicita respetuosamente nos indiquen las consideraciones y fundamentos técnicos de parte de la Municipalidad y el Ministerio de Salud para otorgar nuevamente el permiso de funcionamiento del predio IRR al Caribe, ya que la Sala Constitucional consideró en esa oportunidad que la actividad realizada por esas empresas pone en peligro la calidad de las aguas subterráneas que sirven de abastecimiento público.

De igual manera, ¿qué medidas se implementaron para evitar todo riesgo de contaminación de las aguas subterráneas de la denominada zona 6 acuífero de Moín sus representadas? ¿fueron valoradas por la SETENA? ¿Se realizó una nueva valoración de la actividad de parte del SENARA para que la Municipalidad otorgara el nuevo permiso de funcionamiento? ¿Existe un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud?”. (Ver prueba documental).

  • f)El 9 de abril de 2018, el ICAA emitió el “INFORME TÉCNICO DE PROCESADO DE DATOS Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón”, en el que se indicó:

“8.6.- Conclusiones En este proyecto se ha puesto de manifiesto la potencialidad del empleo de sensores de última generación (concretamente, cámaras digitales fotogramétricas y sensores LiDAR) para la obtención de información de alta calidad (elevada exactitud posicional y un alto nivel de detalle) orientada al estudio de una zona marcadamente dolinizada. El empleo de este tipo de metodologías de captura de datos, apoyada en el tratamiento y posterior análisis de la información extraída permite una caracterización de los fenómenos que se producen en la misma, dicha caracterización constituye un buen punto de partida a completar con otros tipos de estudios. Todo ello en una zona con una complejidad importante, en el sentido, de ser una zona con una importante presencia de vegetación. Al respecto, se puede indicar que de las 438 dolinas detectadas en el interior de la zona 6, un total de 414 estaban completa o parcialmente cubiertas por árboles, dificultando su localización y caracterización mediante metodologías clásicas basadas en métodos topográficos de campo o incluso mediante imágenes aéreas”. (Ver prueba documental).

  • g)El 13 de abril de 2018, la Unidad Cantonal de Nombre73 del ICAA dirigió el oficio GSP-RHC-L-2018-00348 a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, mediante la que explicó:

“(…) En atención a su carta presentada a esta Oficina Cantonal, en donde solicita información sobre si Nombre01 tiene proyectado hacer uso del suelo en las fincas Dirección05 de Villa Plata, me permito indicarle que dicha comunidad se encuentra dentro de la zona de recarga y protección de aguas de las nacientes de Moín-Limón, según el Acuerdo de Junta Directiva N° 2007-177 y su modificación N° 2011-112.

Por lo tanto, a la comunidad de Villa Plata le alcanza las prohibiciones descritas en los anteriores Acuerdos de Junta Directiva”. (Ver prueba documental).

  • h)El 19 de abril de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA envió el oficio UEN-GA-2018-00556 a la directora del Área de Salud de Limón, por medio del cual explicó lo requerido por el instituto, de acuerdo con lo establecido en el memorial UEN-GA-2018-00332. (Ver prueba documental).
  • i)Por memorial GSP-RA-2018-02131 del 25 de setiembre de 2018 (con fecha de recibido 26 de setiembre de 2018), la Región Huetar Atlántica denunció ante la Municipalidad de Nombre73 movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín. Además, indicó:

“(…) El interés sobre este asunto nace a raíz de la ubicación de estos terrenos dentro de la denominada zona 6 de Moín, esto según el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad realizado para este acuífero. Para esta zona y otras del mismo acuífero, existen recomendaciones de uso establecidas en los acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 número 2007-0177 y 2011-0112. Este último es exclusivo para la zona 6 y dentro de las regulaciones se establece que para la remoción, corte y relleno materiales (movimientos de tierra), deberá realizarse un estudio hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA (…)

la finca donde se registran los movimiento (sic) de tierra se ubica en Villa Plata con coordenadas Dirección10 y Oeste 602415 (…)

se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos”. (Ver prueba documental).

  • j)La Región Huetar Atlántica del ICAA dirigió el memorial GSP-RA-2018-02132 del 25 de setiembre de 2018 a la Oficina Subregional de Nombre73 de MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en el que formuló una denuncia por movimiento de tierra en Villa Plata de Limón. Asimismo, señaló: “se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos. Se indica que en otros casos similares se ha contado con el apoyo de MINAET ACLAC para levantar las pruebas necesarias, en caso que se realice una denuncia de tipo administrativa o judicial”. Tal denuncia fue remitida al Tribunal Ambiental Administrativo, quien le asignó el expediente n.° 064-19-01-TAA. (Ver prueba documental).
  • k)El 2 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental del ICAA remitió el documento UEN-GA-2018-01659 a la gerencia general del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, por medio del cual señaló:

“En atención a los acuerdos de la reunión celebrada el día 02 de octubre de 2018 en las instalaciones del SENARA con referencia al Caso de Matama Village, se adjunta el estudio técnico denominado “Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón” realizado por la empresa STEREO CARTO CENTROAMERICA mediante contratación 2017FTS – 00113 – PRI del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas de la UEN de Gestión Ambiental.

El estudio se elaboró en la Zona 6 del acuífero Moín, la cual fue oficializada mediante los acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 2007 – 177 y 2011 – 112”. (Ver prueba documental).

  • l)El 2 de noviembre de 2018, el ICAA denegó la solicitud de paja de agua planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata el 9 de octubre de 2018, debido a que no se ajusta a los requerimientos al estar dentro de la denominada zona 6. (Ver prueba documental).
  • m)El 14 de marzo de 2019, el ICAA remitió el oficio GSP-RA-2019-00456 al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Nombre73 y el alcalde de Nombre73 referente a “Corta Forestal y Movimientos de tierra en la Zona Boscosa de Recarga del Acuífero de Moín”. En tal documento se indicó que ese mismo día se constató el uso de maquinaria tipo retroexcavador que estaba realizando movimientos de tierra para la posible conformación de caminos dentro de la zona de protección de las fuentes de Moín denominada Dirección02. Asimismo, se afirmó que se “está dando la tala de árboles dentro de la misma zona de protección”. De igual forma, se detalló la importancia de garantizar la protección de las nacientes de Moín. Además, se señaló:

“Las actividades de conformación de caminos, movimientos de tierra y tala de árboles dentro de la zona , cuya ubicación se indica en la Figura N° 4, provoca: deforestación, pérdida de recarga acuífera, contaminación con sedimentos y aguas residuales dentro de la zona de recarga e incluso descargando este tipo de desechos directamente en las dolinas, que son ventanas al acuífero; se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín).

Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona.

No se omite manifestar que se espera una acción rápida y oportuna por parte de sus dependencias, esto por las consecuencias a la salud pública y al medio ambiente, que tienen las acciones denunciadas”. (Ver prueba documental).

  • n)El 31 de mayo de 2019, la Región Huetar Caribe del ICAA remitió el documento CSP-RA-2019-01013 al Nombre77 Municipal de Limón, por medio del cual solicitó una audiencia, a fin de que el instituto expusiera los alcances técnicos, ambientales y legales de la zona 6 de Moín. Ante tal requerimiento, la Municipalidad de Nombre73 autorizó la audiencia para el 19 de junio de 2019. (Ver prueba documental).
  • o)El 1° de julio de 2019, el ICAA emitió el escrito PRE-2019-00810, en el que indicó:

“(…) se le pone en conocimiento, que se han realizado por parte de la Comisión Moín, conformada por la UEN Gestión Ambiental, Área Legal Ambiental y la Región Huetar Atlántica, las siguientes acciones:

1. Reunión con el personal del Ministerio de Salud local, para dar una capacitación de la importancia del Acuífero Moín, desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo. (realizada el día 19 de julio 2019) 2. Audiencia en el Nombre77 Municipal de Limón, en relación a (sic) la (sic) implicaciones de la Zona 6 (Acuífero Moín), Limón, se le explicó al Concejo, la necesidad de que se dé una constatación previa de que no existe riesgo de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, de toda actividad, antes del otorgamiento de permisos de ubicación y de funcionamiento. (realizada el día 19 de julio 2019) De conformidad con lo anterior, se acordó la conformación de una comisión interinstitucional conformada por un representante del Nombre77 Municipal, de la Municipalidad, Área de Salud Nombre73 y Dirección Regional AyA. Por otra parte, para iniciar con las labores de constatación, que ha ordenada la Sala Constitucional, el día 11 de julio 2019, se estará convocando a una gira en conjunto a la empresa Ticontainers, como parte de los casos existentes, y luego de la visita, se emita el informe técnico y se tomen las acciones inmediatas a corto y largo plazo procedentes”. (Ver prueba documental).

  • p)El 11 de julio de 2019, el ICAA efectuó una inspección a la empresa Ticontainers. (Ver prueba documental).
  • q)En febrero de 2020, el ICAA emitió un informe de “INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ZONA 6 – ACUÍFERO MOÍN Nombre01 – MINISTERIO DE SALUD CASO: PLANTEL DE CONTENEDORES, TICONTAINERS S. A.”. En tal documento se consignó:

“Conclusiones a) La propiedad inspeccionada (Plano L-843089-2003) se ubica dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín que es de vulnerabilidad alta.

  • b)En la propiedad objeto de inspección se identifica un plantel de contenedores, en la cual se encuentran oficinas, taller mantenimiento y reparación, así como materiales dispersos sin orden, ni disposición correcta en la propiedad.
  • c)En la propiedad se identifican geológicamente depósitos coralinos aflorando en los altos topográficos. Las zonas planas en la propiedad fueron conformadas y niveladas con gravas, los cuales están subyacidas por las formaciones coralinas.
  • d)Se ubicaron dos dolinas dentro de la propiedad, las cuales han sido modificada y condicionada para el desfogue pluvial de la propiedad objeto de inspección.
  • e)Se observaron dos dolinas fuera de la propiedad, a las cuales llegan las aguas pluviales generadas por la escorrentía superficial tanto en la propiedad de inspección como del proyecto que colinda al Oeste (Empresa AI Caribe) y de la Dirección23.
  • f)Se ha identificado hidrocarburos, químicos (con etiquetas de sustancias peligrosas), aceites almacenados sin tratamiento, disposición final y resguardo adecuado, expuestos al agua, sol y viento, sin alguna medida de seguridad, lo cual representa un alto riesgo a la salud de los trabajadores y al recurso hídrico que abastece a la provincia de Limón.
  • g)Se determinó el derrame de aguas residuales crudas sobre la superficie del predio (ver fotos), los cuales son focos de contaminación para las aguas subterráneas.
  • h)Las aguas residuales son dispuestas usando tanques sépticos, drenajes y pozos de absorción con serias deficiencias, el uso de este tipo de sistemas que infiltran las aguas residuales, no deben ser utilizadas como medio de disposición en la zona 6.

8. Recomendaciones Con el objetivo de protección del recurso hídrico en la Zona 6 del Acuífero Moín, se recomiendan las siguientes acciones:

  • a)Se recomienda el acatamiento de los alcances de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112.
  • b)Se recomienda al Ministerio de Salud que se giren las instrucciones de disposición, recolección y tratamiento de conformidad con las actividades de predio, inspección, mantenimiento y reparación de transporte de contenedores, lo anterior con lo normado en la legislación vigente, debido a que la ausencia genera una amenaza sobre las aguas subterráneas, lo que implica ser una condicionante necesaria.
  • c)Debido a la Vulnerabilidad Alta donde se localiza la propiedad no corresponde el almacenamiento de hidrocarburos y la utilización de químicos que pongan en riesgo el abastecimiento con agua potable a 15 mil personas del Sistema de Limón, incluyendo la zona portuaria y la nueva terminal de contenedores.
  • d)Señalizar, proteger y usar adecuadamente las dolinas en la propiedad de manera que las actividades que se realicen en el predio no las impacten negativamente.
  • e)Separar las aguas residuales ordinarias y especiales de las aguas pluviales, de tal manera que el ingreso del agua (pluviales y escorrentía) a las dolinas no representen una amenaza a la calidad del acuífero y no se vea afectada la recarga al agua subterránea.
  • f)Eliminar la estructura existente del pozo de absorción y todos los sistemas de tanques sépticos y drenajes en el predio.
  • g)Se recomienda la implementación de un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias y especiales que no utilice como medio de disposición final la infiltración en el subsuelo ni las dolinas.
  • h)Se solicita al Ministerio de Salud la verificación en el predio no exista combustibles almacenados, según las recomendaciones de los acuerdos de Junta Directiva.
  • i)Presentar el diseño del sitio, en el cual se indique los porcentajes de impermeabilización según se establece en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112 (no superar el 20%), así como la infraestructura de manejo de aguas pluviales, que garantice la disposición adecuada de las mismas.

Es importante indicar, que dado que la Ley 2726 no le otorga al Nombre01 competencias para emisión de Ordenes y ante el desacato posibilidad de resolver clausura de locales, corresponde al Área de Salud del Ministerio de Salud, la valoración de las recomendaciones presentadas en este informe, para que proceda conforme con sus competencias, según la Ley 5395.

De parte de este Instituto se les indica al Ministerio de Salud, que estamos con la anuencia en brindar acompañamiento, revisión de documentación y asesoramiento en las inspecciones de actividades que se realicen en las zonas que estén relacionados con los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112”. (Ver prueba documental).

  • r)El 5 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud le comunicó al ICAA que la empresa TICONTAINERS cumplió los aspectos solicitados en la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, por lo que se archivó el caso. (Ver prueba documental).
  • s)El 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó:

“(…) A. Acciones de coordinación realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el marco de sus competencias ha realizado distintas acciones enfocadas al manejo y protección de la zona 6 del Acuífero Moín, las cuales se detallan a continuación:

V.Mediante publicación en la Gaceta 83 del 02 de mayo de 2011, del Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (Anexo 1), se modificó parcialmente el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, sobre la oficialización del Estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031.

En dicho Acuerdo se establecen recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6 a las entidades competentes en el por tanto Primero.

b. Gestiones de coordinación más recientes entre las distintas instancias competentes:

• Oficios emitidos por la Comisión Moín N° UEN – GA – 2018 – 00322 (Anexo 2) con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Anexo 3) con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Anexo 4) con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975 (Anexo 5) con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud.

• Exposición dada por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del Nombre01 – Huetar Caribe a la Municipalidad de Nombre73 y al Ministerio de Salud para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón.

• Exposición dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Nombre77 Municipal de Nombre73 de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín.

• Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19.

B. Competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. Tal y como se le ha indicado anteriormente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como entidad pública, debe apegarse al Principio de Legalidad, que emana de la Ley General de Administración Pública en su artículo 11 y circunscribe las competencias del Nombre01 en su Ley Constitutiva Nº2726.

Nuevamente, se le aclara que la Institución no tiene competencia para ingresar a propiedad privada para constatar que las edificaciones cumplan con los parámetros constructivos o que utilicen correctamente el sistema de tanque séptico, realizar desalojos, levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales, tampoco puede “dejar sin efecto un permiso de funcionamiento”, o “clausurar una actividad” y mucho menos, plantear una denuncia o recurso sin que esté fundamentado en un informe técnico.

b. Los acuerdos de Junta Directiva, son recomendaciones de orden técnico, que corresponde aplicar a las Instituciones competentes, al momento de resolver una petición, u otorgar permisos, licencias o autorizaciones. De igual forma, a partir de lo que dispone la Ley General de Administración Pública, estas instituciones tienen la posibilidad de apartarse de esas recomendaciones de forma motivada.

En razón de lo anterior, es claro que el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones:

V.Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA.

A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. Téngase presente que la Sala Constitucional en toda la localidad de Nombre73 incluyendo la Dirección09, en ningún momento ordenó no otorgar nuevos permisos de funcionamiento (al efecto véase los Votos Nº2008-004751 de 27/3/08 y N°2012-006424, este último correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO) 2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización.

3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA.

De lo expuesto, lo que correspondería en principio es que su persona como interesado, dirija su inquietud a dichas instancias para que le brinden la información que resulta de su interés. Sin embargo, en aplicación de la Ley 8220 y sus reformas, se pondrá en conocimiento de esas entidades esta misma nota, para que manifiesten lo procedente según sus competencias.

4. Para que sea posible y eficaz la exigencia de responsabilidad, toda denuncia debe aportar una carga probatoria que permita demostrar la existencia del nexo de causalidad, entre la realización de una actividad o conducta y el resultado ineludible de la comisión de un daño.

En materia judicial se aplican los protocolos acordados con la Fiscalía Ambiental. A la fecha el Nombre01 no tiene en su infraestructura de abastecimiento, indicios de contaminación que hayan hecho salir de operación la planta potabilizadora o los sistemas de abastecimiento en la Dirección24; tampoco hay sospechas de alguna entidad, persona física o jurídica que figure en esa condición, por ocasionar algún hecho contaminante.

Por tanto, de parte de este Instituto se reitera la anuencia de continuar con la realización de acciones entre las diferentes instituciones competentes, con el objetivo de que las actividades que actualmente se desarrollan, o las que potencialmente se lleguen a autorizar, no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico que es aprovechado para el abastecimiento poblacional”. (Ver prueba documental).

  • t)El 13 de octubre de 2021, Nombre16 remitió un correo a ...04, por medio del cual expuso la situación experimentada en las fincas de la sociedad tutelada. Además, indicó: “Mi consulta es de que (sic) forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero (…)”. En respuesta, el día siguiente se acusó recibido de la comunicación electrónica y se requirió el envió de los planos de la propiedad en formato “shape”. (Ver prueba documental).
  • u)El 15 de noviembre de 2021, la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental del ICAA emitió el memorando UEN-GA-2021-02951 en atención a consulta efectuada por Nombre16 referente a las propiedades de Val Di S. A., en el cual se indicó:

“Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre80 (sic) Nombre06, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011).

b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional.

c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda”. (Ver prueba documental).

  • v)El 20 de enero de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00090, por medio del que se señaló en respuesta al oficio PRE-J-2021-04524:

“Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente:

V- Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha.

2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral”. (Ver prueba documental).

  • w)El 28 de enero de 2021 (sic), la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA explicó, en el memorando UEN-GA-2022-00182, que:

“se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia:

• Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda”. (Ver prueba documental).

  • x)El 7 de febrero de 2022, un servidor del ICAA emitió el memorando PRE-J-2022-00477, en el que se detalló:

“(…) Se consideran para efectos de esta respuesta los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, de la Región Huetar Caribe y UEN-GA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 de la UEN Gestión Ambiental, para indicar al efecto:

Por principio de legalidad, el Nombre01 en cumplimiento de la Ley 2726, no tiene competencia para realizar desalojos en propiedades – folio real, que no se encuentren inscritas a su nombre, siendo ésta, facultad exclusiva del propietario registral. Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de Nombre01 están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, directamente en la infraestructura bajo administración del AyA, en las propiedades que se encuentran a Nombre72 del AyA, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, o realizar acciones en propiedad privada, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras).

Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta.

Por otra parte, de conformidad con la posibilidad de realización de un estudio en la Propiedad de consulta, de conformidad con los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, martes 9 de febrero del 2021, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94 de de (sic) la Ley indicada, así:

“Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…” Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”.

Es necesario tener presente que el Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008 que se invoca, indicando que corresponde al AyA: “…c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…) la obligación del Nombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos….”, debe ser analizado bajo el contexto que se dio y que obedeció a la valoración de una propiedad en particular, en donde este Instituto debió proceder a realizar los estudios correspondientes por orden de la Sala Constitucional, para llegar a determinar la aptitud de utilización de la propiedad, dicho voto no implica ser una autorización general para que el Nombre01 realice dicha labor en todas las propiedades que se ubican en la Dirección09, sin la autorización del propietario y sin que el propietario genere las condiciones para que se pueda realizar la valoración correspondiente.

CONCLUSION

De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que:

  • A)El Nombre01 por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.
  • B)Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en Nombre72 de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación.
  • C)En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional”. (Ver prueba documental).
  • y)El 7 de febrero de 2022, una funcionaria del ICAA dirigió el memorando PRE-J-2022-00480 a Nombre16, mediante el cual indicó “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental”. (Ver prueba documental).
  • z)El 21 de febrero de 2022, Nombre16 remitió un escrito a Nombre03 de la Comisión Moín del ICAA, en el que externó:

“(…) Sin embargo, se nos indicó que el Nombre01 no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.

Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el Nombre01 les impedía realizarla.

Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.

Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo ...Telf02, o bien al fax Telf03”. (Ver prueba documental).

aa) El 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe le remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Nombre18, por medio del cual se indicó que su caso fue trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”. (Ver prueba documental).

bb) El 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental le envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó:

“En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Lic. Nombre14( Marín, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre 003], se indica lo siguiente:

1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del Nombre01 Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031.

2. Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6.

3. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente:

“Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras.

Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

V.Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre80 (sic) Nombre06, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…”

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución.

Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El Nombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”. (Ver prueba documental).

  • cc)El 25 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00483, en el que se detalló:

“En atención al oficio del asunto y a la información adicional solicitada vía correo electrónico, y con relación a la denuncia por movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín, Limón, se indica lo siguiente:

- El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Nombre73 como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca Dirección11, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A.

No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes.

- La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Nombre73 para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio.

- Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca.

- En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que Nombre01 recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos.

- Esta denuncia no corresponde al caso ya tratado de la Escuela de Villa del Mar 1 (ver imagen 1) (…)”. (Ver prueba documental).

dd) El 25 de marzo de 2022, el presidente ejecutivo del ICAA remitió un escrito ante el Tribunal Ambiental Administrativo concerniente al expediente 064-19-01-TAA en el que se indicó:

“PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas Dirección25, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín.

Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [Nombre72 003], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED16 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED17, ambas de la PROVINCIA: LIMON.

El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que:

“…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Nombre73 como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca Dirección11, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A.

No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes.

- La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Nombre73 para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio.

- Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca.

- En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten. Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que Nombre01 recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…” SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Nombre16, representante de los propietarios actuales del inmueble Dirección12, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida:

“El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del Nombre01 para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [Nombre07 002], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL Dirección13 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y Nombre01, SUR : Dirección14, ESTE : QUEBRADA Y Nombre06, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED16 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL Dirección27 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : Dirección10, SUR : Dirección06, ESTE : Dirección14, OESTE : TROCHA DEL FERROCARRIL, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED17.

Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca.

Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero.

Mi consulta es de que forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…” A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados. Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos ó (sic) dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [Nombre72 003], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED16 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED17 , ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión”. (Ver prueba documental).

ee) El 8 de abril de 2022, la Unidad Cantonal de Nombre73 del ICAA emitió el documento GSP-RHC-L-2022-00494 dirigido a la Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, en el que se consignó:

“Como adenda y aclaración al oficio GSP-RHC-L-2022-00488 del 07 de abril del 2022, quiero referirme muy atentamente a lo siguiente:

1. Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral.

2. Villa Plata es un asentamiento no autorizado por el dueño registral de la Finca, razón por lo cual, sus habitantes no cuentan con la titularidad de los bienes inmuebles. Por esta razón, Nombre01 no puede entrar a valorar la factibilidad de prestar su servicio en Villa Plata. Considerando lo anterior, no es posible realizar una inspección de campo de acuerdo con los solicitado en su documento recibido en esta Oficina el pasado 25-03-2022, ya que el asentamiento es de índole privado.

3. Villa Plata está ubicada en una zona estratégica dentro de las áreas de recarga del acuífero de Moín, en especial lo atinente a la denominada “Zona 6”, con recomendaciones establecidas y reguladas por los Acuerdos de Junta Directiva N° AN-2007-177 y N° 2011-112. Se adjuntan los acuerdos mencionados.

4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional. Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros.

Siendo este un asentamiento en condición precaria no es posible entrar a analizar o sugerir al respecto de la solicitud planteada, hasta que sea resuelto la tenencia de suelos, y se ajuste el requerimiento a los mencionados Acuerdos de Junta Directiva (…)”. (Ver prueba documental).

ff) El 5 de mayo de 2022, el ministro de MINAE y el presidente ejecutivo del ICAA fueron notificados de la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).

gg) El 9 de mayo de 2022, el ICAA efectuó el informe técnico PRE-J-2022-01740 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, en el que se indicó:

“A) Denuncias Presentadas:

En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de Nombre01 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…)

Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata:

Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Nombre09 del Nombre01 Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (Adjuntos), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000. A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA.

Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Nombre10 del Nombre01 Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal.

Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…)

De estas denuncias, se evidencia que el Nombre01 ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias.

  • B)Desarrollo de Nuevos Proyectos:

En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por Nombre01 para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua (…)

(…) las Recomendaciones de Regulación establecidas por Nombre01 en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico.

En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona (…)

  • C)Instalaciones existentes:

En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el Nombre01 Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por Nombre01 dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…)

En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario. Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112 (…)

(…) el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…)

Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de Nombre01 las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, Nombre01 ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (…)

Finamente, el Nombre01 en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están:

  • V)Creación de la Comisión del Acuífero Moín:

En el mes de julio del 2010; Nombre01 creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”. En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del Nombre01 y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112.

  • B)Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Potable:

Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó:

“ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca” En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones).

Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…)

  • C)Comunicación al más alto Nivel:

Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 la Nombre03. Nombre11; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Nombre73 Nombre02. Nombre24, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…)

De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 la Nombre03. Nombre11; notifica al Nombre03. Nombre13 de la Secretaria Técnica Ambiental, donde lo notifica sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112.

  • D)Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín.

Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del Nombre01 realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos. Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…)

  • E)Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín:

Como parte de las gestiones realizadas por el Nombre01 para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “ Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín (…)

CONCLUSIONES:

  • 1)El Nombre01 por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Nombre73 y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.
  • 2)El Nombre01 por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín.
  • 3)En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín.
  • 4)Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Zona 6 del Acuífero de Moín, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado.
  • 5)Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el Nombre01 por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007, 177 y N° 2011-112.
  • 6)En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades.
  • 7)Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de Nombre73 modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.
  • 8)No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con las Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos.
  • 9)El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero Moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios.
  • 10)Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe”. (Ver prueba documental).

hh) El 9 de mayo de 2022, la UEN Gestión Ambiental del ICAA suscribió el memorando UEN-GA-2022-00850, en el que se indicó:

“(…) II. Acciones de Coordinación Interinstitucional El Nombre01 como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico que permita la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón.

Debido a lo anterior, por parte del Nombre01 se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes para socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias.

A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre el año 2018, 2019 y 2020:

1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón.

2. Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Nombre13. Nombre32, directora del Área Rectora de Salud de Limón.

3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín.

4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información referente a la Zona 6, con la que cuenta el AyA.

5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón” 6. Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers.

7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicita al Alcalde Municipal y al Nombre77 Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón,una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indica:

“Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del Nombre01 (UEN Gestion (sic) Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del Nombre01 ubicada en Dirección20, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.” 8. Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica:

“SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Nombre33, Nombre34, Nombre35 – Regidores Propietarios; Nombre36 – Regidora Suplente; Nombre37 – Síndico Propietario y Nombre38 – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019” 9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del Nombre01 en Limón, participaron los siguientes funcionarios: (…)

En donde se acuerda: 1.Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MinSa, Municipalidad. La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín…

…6. Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional…

…Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…” 10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Nombre77 Municipal de Nombre73 audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

11. Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica:

“SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el día miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.” 12. Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina la participación en la sesión del Nombre77 Municipal de Nombre73 el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm.

13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos.

14. Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del Nombre01 en Limón, por parte del Nombre01 se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del Nombre01 al Nombre77 Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

16. Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el Nombre01 presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica:

“MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Nombre02. Nombre47-Regidora Suplente, Nombre03. Nombre48-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Nombre49-Unidad de Censo y Catastro Municipal.” 17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Nombre77 Municipal de Nombre73 y los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112.

18. Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del Nombre01 y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers.

19. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica:

“Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Dirección09, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos:

• Nombre61, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: ...02 • Nombre50, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: ...03” 20. Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers.

21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica:

“En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…” 22. Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente:

“De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de Marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.” 23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación a (sic) proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín.

Es importante señalar, que el Nombre01 desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020.

Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por el COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el Nombre01 no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad competente para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico, que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el Nombre01 ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, esta con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario.

III. Casos de aplicación de acuerdo de Junta Directiva en proyectos de desarrollo

De conformidad con el interés institucional por conservar la cantidad y calidad del agua subterránea que es captada en las Fuentes Moín y el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva citados en el apartado del punto I de este oficio, el Nombre01 ha fiscalizado levantamientos de campo, reuniones con las partes interesadas y realizado informes técnicos, de manera que las actividades que se desarrollen sean congruentes con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

A continuación, se presentan algunos ejemplos donde los interesados han presentado informes técnicos:

a. Mediante oficio PRE-2018-00116 emitido por la Presidencia Ejecutiva del AyA, se emite criterio en referencia a los levantamientos de campo realizados por el Nombre01 en los inmuebles con Plano 7-1615161-2012 (Nombre81) y 7-1615160-2012 (Nombre82) b. Mediante oficio UEN-GA-2016-00363, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remiten la siguiente información:

• Observaciones correspondientes a la revisión del “Estudio Hidrogeológico de detalle, análisis de vulnerabilidad a la contaminación acuífera y revisión de las zonas de protección del Acuífero Moín (Zona 6) para las propiedades según catastros L-862177-2003 y L- 859280-2003”, elaborado por la Empresa Geotest, noviembre 2015.

• Se presenta el informe técnico denominado “INSPECCION GEOLOGICA, PLANO L-86217-2003 y L-859280-2003 MOIN, LIMON”, elaborado por el Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental.

c. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494, emitido por la Comisión Moín, se remite al Ministerio de Salud el informe de inspección realizado de manera conjunta entre el Nombre01 y el Ministerio de Salud en el Proyecto Ticontainers ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón, en el cual se informa de los resultados obtenidos en la visita de campo, así como recomendaciones técnicas.

d. Mediante oficio UEN-GA-2021-00736, emitido por la UEN Gestión Ambiental, en referencia a la consulta realizada por el Lic. Nombre62 en representación del Sr. Nombre63, se indica lo siguiente:

““…Hay una invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble…” “Ante esta indicación, será necesario que el propietario del inmueble realice las gestiones necesarias en coordinación con la fuerza pública para resguardar la seguridad de los funcionarios del AyA, que estarán realizando la corroboración de campo correspondiente con la presencia del propietario registral o su apoderado, además de aportar los permisos por escrito de acceso al inmueble ante la UEN Gestión Ambiental.

Estos requerimientos indicados en el párrafo anterior deberán ser coordinados por el propietario del inmueble debido a que el AyA, no tiene infraestructura destinada a servicio público en la propiedad. En cuanto al trámite con la fuerza pública, se requiere el documento correspondiente de esta entidad, que respalde el acompañamiento durante todo el recorrido con los funcionarios del AyA, siendo necesario para el trabajo de campo 4 oficiales.

Por lo tanto, la UEN Gestión Ambiental, solicita con el objetivo de atender la consulta correspondiente al plano L-768772-2002, que, con al menos 15 días hábiles, se le indique la fecha para realizar la corroboración de campo, a efecto de que este Instituto pueda coordinar a lo interno lo que corresponda y confirmar si la fecha propuesta es viable según los programas de trabajo.”

IV. Caso de atención del recurso

En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre72 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín:

V.Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Nombre14( (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita:

“Mi consulta es de que forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del Nombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“ 2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Nombre14(, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta.

3. Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Nombre02. Nombre14(.

4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Nombre14(, en el cual se indica (Figura 2):

“Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente:

a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre14(, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011).

b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…)

c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.” 5. Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente:

“Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente:

1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada Dirección02, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha.

2. Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.” 6. Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente:

“Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia:

• Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1).

• Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2).

Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.” 7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente:

“De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que:

  • A)El Nombre01 por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.
  • B)Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en Nombre72 de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación.
  • C)En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.” 8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Nombre14( de los criterios institucionales, en el que se indica:

“Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PREJ-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.” 9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Nombre14( solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble.

10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental el (sic) repuesta a la nota del Lic. Nombre14(, se indica:

“Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El Nombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica:

a. Los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional.

b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre72 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional.

c. El Nombre01 con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007.

d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio.

Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Nombre73 y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias.

e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales.

En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Nombre14( (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente.

f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico”. (Ver prueba documental).

  • ii)El 9 de mayo de 2022, el director regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC emitió el escrito SINAC-ACLAC-DR-214-202, en el que detalló:

“Que el Sistema Nacional de Áreas de conservación, área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre los hechos narrados por el recurrente, ni el SINACACLAC, ha sido notificado por el Nombre01 sobre este particular.

QUINTA: Es importante que el recurrente presente documento de recibido, que valide su dicho sobre que el SINAC-ACLAC está informado de los hechos denunciados con el fin de darle mejor seguimiento y respuesta a esta honorable Sala, ya que por el volumen de casos y denuncias es prácticamente tarea imposible encontrar algún antecedente sin documentos de referencia.

SEXTA: A la fecha el Nombre01 no ha informado, notificado o coordinado con SINAC- ACLAC, para atender algo en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín, ni hemos recibido alguna denuncia al respecto”. (Ver prueba documental).

jj) E 7 de junio de 2022, el director ejecutivo de SINAC fue notificado de la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).

kk) El 13 de junio de 2022, el director de ingeniería de la Municipalidad de Nombre73 emitió el memorial DIM-029-2022, en el que se indica:

“Respecto de esto debo indicarle, que el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es acuerdo 2007-107 “Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031” (…)

Dicho acuerdo fue debidamente comunicado y en consecuencia, el Gobierno Local, fue obligado a incorporar en la operativización de nuestro Plan Regulador dicha Matriz, por lo que no autoriza el uso de suelo, que no cumpla con dichos requisitos”. (Ver prueba documental).

  • ll)El 18 de junio de 2022, el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC emitió el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, en el que se detalló:

“Según lo indicado en el Oficio SINAC-SE-AJ-257-2022, se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022.

Atendiendo de manera puntual lo solicitado, se resuelve de la siguiente manera:

1. En el sitio, según lo determinado en el acuerdo 2007-177 del AYA, se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación.

2. De las infraestructuras de habitación desarrolladas en el sitio, le compete a la Municipalidad respectiva determinar si cuentan con permisos de construcción. Estas son en su mayoría de latas con estructuras de madera, de las cuales se visualizó tubos para el desagüe de las aguas grises las cuales no tienen un adecuado encausamiento, al lado de las mismas se observó los espacios denominados letrinas. De manera que se determinó que no existe la adecuada disposición de las aguas residuales.

3. Según lo dispuesto en los acuerdos por la Junta Directiva del ICAA, en este sitio no se está cumpliendo lo anterior. Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros.

4. Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales. Los residentes de este sitio se encuentran usurpando dichas zonas.

5. El cambio de uso de la cobertura de los inmuebles en cuestión es evidente y constante. Se identificó tocones en estado avanzado de descomposición, y árboles con poco tiempo de haber sido cortados, entre las especies que se pudo apreciar que han sido taladas son, poro, guácimo colorado, laurel y chilamate. Así también se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente”. (Ver prueba documental).

mm) El 21 de junio de 2022, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nombre73 emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN FINCA PROPIEDADES [Nombre 003], Dirección28, COMUNIDAD DE VILLA PLATA, LIMON”, en el que se señaló:

“Este primer recorrido comprende zona baja de la finca con topografía relativamente plana. En ese sector se puede observar una serie de construcciones a la orilla de la calle principal que recorre el límite de la finca. Existen accesos por trochas que van hacia otros lotes que se ubican al pie de la pendiente.

No observé cuerpos de agua superficiales en este sector. Hay un puente que atraviesa un zanjo, que aparentemente se construyó para evacuar las aguas pluviales de escorrentía que bajan del lado NORTE de la pendiente de la finca y que se acumulan en la parte baja y que forman parte de las aguas superficiales que recorren el sector sur en la parte baja de Villa Plata.

No se observó en el momento de la inspección, acumulación de aguas negras en el zanjo, que demuestren una afectación de contaminación superficial por el vertido de aguas de las viviendas.

El segundo recorrido se realizó sobre la calle de acceso de la finca hacia el límite ESTE, aproximadamente de 650 metros. Esta parte tiene pendientes relativamente fuertes, sin embargo también se han realizado contrucciones (sic) en ese sector a lo largo de las diferentes calles internas de acceso dentro de la finca. Quizá por la pendiente y otros factores asociados que limitan el desarrollo urbanístico, se observa una menor densidad de construcciones comparado con la parte baja y también se observan patios más arborizados, principalmente con especies frutales diversos e inclusive cultivo de cacao en algunos patios.

Tomamos una calle interna de acceso hacia el OESTE de la finca, casi se puede decir que es la cresta (parte mas (sic) alta) de la finca por el relieve que presenta, esa área de relieve acusado y que perfectamente se puede indicar que es la divisoria de aguas, ya que son elevaciones mayores donde las aguas de lluvia de precipitación natural (pluviales) escurren hacia los diferntes (sic) sectores.

Durante todo el recorrido, no se observaron cuerpos de aguas superficiales que nacen en ese sector que formen un sistema fluvial y que escurren a los diferentes lados de la finca y que conformen una cuenca o microcuenca.

Si es importante mencionar que en ese sector hay una menor ocupación y una densidad menor de contrucciones (sic). Se observa más lotes dedicados a los cultivos de cacao y otras especies frutales de subsistencia como son fruta de pan, guanábana, pejibaye, manzana de agua, carambola, caimito, nance, entre otras, esto hace que se visualice una mayor cobertura vegetal hacia el sector norte y oeste de la finca.

En los sitios visitados, no se notó condiciones de bosque secundario o primario, pero si hay una mayor cobertura vegetal en ese sector hacia el lado norte y oeste de la finca. Hasta el momento la ocupación se nota con una mayor dedicación a la producción agrícola de subsistencia y con una predominancia de cultivo de especies frutales. En lo observado tampoco se nota una regeneración que evolucione hacia un bosque secundario, esto debido a las actividades que están relizando (sic) los ocupantes de la propiedad.

Con relación al tratamiento que realizan los ocupantes de viviendas dentro de la finca, no se pudo observar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y aguas negras, debido a que no se pudo accesar a los lotes que han sido delimitados dentro de la propiedad, ya que no es posible ingresar a las viviendas sin la debida autorización.

CONCLUSIONES

• La finca bajo folio real 7-27136, se encuentra dentro de la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín.

• Es posible que haya una afectación de las aguas subterráneas o mantos acuíferos de ese sector, pero no es posible determinarlo mediante está inspección, y debe ser con profesionales especializados de instituciones de competencia, aplicando metodologías científicas que puedan determinar la situación con respecto a la afectación que está produciendo la ocupación de la finca.

• La ocupación que existe en la finca, debió ser controlada por el dueño registral de la propiedad, debido a que las contrucciones (sic) ilegales se encuentran dentro de la propiedad privada.

• No es posible determinar, sin una línea base, cual (sic) era la situación de cobertura boscosa o vegetal de la finca y el nivel de deterioro y/o recuperación de la misma, así como la afectación que ha causado la ocupación actual que se ha dado en la finca. Las autoridades en el campo ambiental y aguas (MINAE y AyA) con sus profesionales especializados en ese campo pueden hacer una mejor valoración al respecto.

• Se nota que en la parte NORTE y OESTE de la finca existe una menor densidad de contrucciones (sic) y una mayor cobertura vegetal, lo que implica un menor impacto ambiental en relación al (sic) sector SUR que esta (sic) más poblado y urbanizado.

• No se pudo determinar mediante esta gira de inspección los tratamientos que están dando los ocupantes de la finca a las aguas residuales o aguas negras en las diferentes construcciones establecidas en los lotes segregados por los ocupantes en la finca privada”. (Ver prueba documental).

nn) El 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Nombre73 emitió el memorial UCC-0201-21-06-2022, en el que se indicó:

“(…) se realizó inspección en el sitio el día martes veinte uno de Junio del presente año, en la provincia de Limón, cantón de Nombre73 distrito de Nombre73 lugar conocido como villa de plata, comenzando en las coordenada Dirección06 Y NORTE 1105530.712 hacia el sector de cielo amarillo.

Donde en la parte catastral obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas 7-27136-000 y la finca 7-27138-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre72 002] cedula jurídica CED15 donde la primera cuenta con el plano CED18 con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano CED19 con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación.

Ya en el campo ambas propiedades tienen un frente a calle publica principal que se dirige al Dirección15 de aproximadamente cuatrocientos metros lineales, además de accesos internos dentro de ambas propiedades, conjuntamente es importante mencionar que la finca 7- 27136-000 tiene un camino que se dirige hacia el Dirección30 que la parte en dos a la finca 7-27136-000 Asimismo, se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000.

Toda esta información obtenida le corresponde a la de la Unidad de Topografía y fue rescatada mediante la visita de campo y el estudio en oficina realizado”. (Ver prueba documental).

oo) El 22 de junio de 2022, el jefe de la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Nombre73 expresó en el oficio UTE-AML-025-2022 que:

“El presente documento es la recopilación de datos que se encontraron el día 21 de junio en la inspección con los compañeros de la ubicación Villa Plata.

En la inspección que se realizó se apreció caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, se logro (sic) ver que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública.

Las casas que se visualizaron fueron en sistema de block, madera, fibrolit y baldosas, siendo un aproximado de 81.13% viviendas materiales de baldosa y un 9.43% fibrolit.

Todas las casas que detectaron rondaban entre 42 metros cuadrados y 120 metros cuadrados, la mayoría sin cielo raso en sus viviendas y sin precinta y con el alero excediendo el límite permitido como lo indica el Articulo 150. Marquesinas (Reglamento Construcciones) en edificaciones cuya planta se proyecte construir en línea de propiedad, pueden incluir un alero, marquesina o voladizo de un ancho mínimo igual al ancho total de la acera, menos 0.50 metros.

Se encontró viviendas que no poseen canoas ni bajantes para darle la evacuación correcta a las aguas de lluvia como lo establece el Artículo 121. Drenaje Pluvial. (Reglamento construcciones). No se permite la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto de canoas y bajante pluviales desde techos, balcones, voladizo y cualquier otro saliente que deriven tragante para encauzar las aguas hasta el caño, dentro de la acera.

Se aprecio (sic) viviendas con elevaciones superiores con respecto a las otras viviendas ocasionando erosión en las pendientes de los taludes, se encontró mucho material arcilloso y parte de coral en el camino transitado duraste la inspección en sitio.

Las viviendas tenían cerramiento perimetral en sus propiedades. Unos de los materiales utilizados para realizar el cerramiento fueron alambre de púas, zinc y sarán. Los zincs que utilizaron para sus techos fueron de lámina ondulada sin embargo la mayoría se encontraba en mal estado porque no se coloco (sic) pintura anticorrosiva para techos para evitar corrosión y darle mayor durabilidad al zinc.

Se otro (sic) hallazgo, fue ver viviendas que no han sido terminadas, lo que ha generado corrosión en las varillas por no tener su recubrimiento respectivo. La mayoría viviendas poseen verjas en sus ventanas con materiales distintos algunos con varillas 3/8, otros con malla electrosoldada (4.88 mm) y malla panel cerca galvanizada (50 x 200 x 4 mm).

Se detecto (sic) un puente de 2 metros de ancho con 4 metro lineales de largo el cual está sin baranda para paso de peatones y sin sistema de contención para vehículos. Se logro (sic) ver que el cauce (Cuerpo Receptor) tenía un tirante por debajo de 1.50 metros y un espejo de agua de 2 metros, pero lo boscoso que estaba el cauce impidió poder tomar medidas exactas.

La mayoría de viviendas no poseen cerámica, sino tienen una losa de concreto, se encuentra con la losa de concreto sin darle ningún acabado respectivo.

La mayoría de techos de las viviendas poseen 3 a 4 caídas de agua y no hay un control estas. El 90% de viviendas poseen ventanas laterales irrespetando el Artículo 127. (Reglamento Construcciones). Ventanas a colindancia 1 piso a 1.50 metros debe estar la tapia y 2 piso 3.00 metros debe estar la tapia. Se encontró caminos con lastre manipulado con maquinaria pesada para realizar el camino respectivo.

Se encontró viviendas que excedía su cobertura (Área construida). Como lo indica Articulo 95 Cobertura (Reglamento Construcciones). No se puede exceder del 75% del área del predio, Cuando la relación frente – fondo exceda de 3.5 la cobertura no debe ser mayor de un 70%. Aclarar que esas viviendas NO están registradas con permisos de construcción en la base de datos del año 2017 al 2022”. (Ver prueba documental).

pp) En junio de 2022, el ICAA emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN: CASO DE ASENTAMIENTO INFORMAL (PRECARIO) Dirección21”, en el cual se consignó:

“(…) El día 22 de junio del 2022 se realiza inspección en los inmuebles folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 en coordinación con el Sr Nombre18 representante legal de los propietarios del inmueble a Nombre72 de VAL DI SOMER S.A., y con el apoyo de la fuerza pública de Limón.

Durante las inspecciones se tuvo la compañía del Sr Nombre52, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata (…)

  • V)MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (Fotografía 1), además de excavaciones realizadas para la acumulación de desechos (Fotografía 2) y la disposición de estos sobre patios de viviendas (Fotografía 3). En el sector no se presta el servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Limón. En total se levantaron 10 puntos donde se da esta afectación (Figura 2) (…)
  • b)DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Corresponde con todos aquellos vertidos generados en las viviendas, tanto las descargas de los servicios sanitarios como aquellas descargas de aguas jabonosas provenientes de baños, pilas lavadoras y cocinas, las cuales se catalogan como aguas grises. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas.

De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud.

En las fotografías 4 y 5, se muestran ejemplos de los tanques sépticos que se ubican en el sitio (…)

La mayoría de los hogares visitados cuentan con algún tipo de tanque séptico para la disposición de las aguas residuales. Se encuentran tuberías que descargan aguas jabonosas hacia la parte trasera de los terrenos (Fotografía 6) (…)

Se evidencia un caso donde el rebalse del tanque séptico se dispone directamente en la superficie del terreno (Fotografía 7). (…)

  • c)CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS-KÁRSTICAS (DOLINAS) Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características. En la Fotografía 8 se observa la presencia de una dolina con un diámetro de unos 15 cm y una profundidad que supera los 20 cm. Mientras que en el sector noreste del área de Villa Plata se encontraron dolinas con un mayor tamaño, con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo más comunes las redondeadas, como se observa en la Fotografía 9 y Fotografía 10 (…)

En el suroeste de la zona estudiada se observó el agua estancada en una dolina (Fotografía 11) (…)

Mientras que en el sector Oeste de la propiedad en estudio, se identifica la presencia de dolinas incipientes de tamaños variados y de formas subredondeadas, con extensiones de 8 m de largo por 4 m de ancho hasta 10 m de largo por 4 m de ancho y una de forma circular de 1.5 m de radio (Fotografía 12 y Fotografía 13) (…)

  • d)MOVIMIENTOS DE TIERRA Según las observaciones de campo y conversaciones con los propietarios de algunas casas, se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas, como se observa en la Fotografía 14, Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17, donde se dio un movimiento del terreno para prepáralo para construcciones (…)

En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo.

Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (Fotografía 20 y Fotografía 21). En el mapa de la Figura 4, se muestran todas las estructuras (viviendas) reconocidas en el campo con ayuda de fotografías aéreas, sumando un total de 194 (…)

  • e)CORTA DE ÁRBOLES Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24) (…)

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar.

B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas).

C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud.

D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección.

E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas.

Nombre08. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos.

Nombre83. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”. (el destacado fue incorporado). (Ver prueba documental).

qq) El 27 de junio de 2022, el ICAA emitió el memorando UEN-GA-2022-01214, en el que se detalló:

“En atención a la solicitud de prueba para mejor resolver emitida por la Sala Constitucional, con fecha 16 de junio de 2022, expediente 22 008354 0007 CO, interpuesto por [Nombre72 001], referente a la Zona 6 del Acuífero de Moín, que incluye al inmueble PROPIEDADES [Nombre72 003], se desarrollan los puntos indicados en el orden solicitado:

  • V)¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín?

Como parte del seguimiento establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N°2007-177 y N°2011-112, se ha definido como estrategia para prevenir y proteger la eventual afectación al acuífero de Moín, y en este caso particular para la Zona 6, la ejecución de las siguientes acciones:

V.5 Interposición de denuncias: cuando se detectan o conocen actividades que afecta-rían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6.

A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 16 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el Nombre01 no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana.

Ejemplo de lo anterior son las denuncias citadas en el oficio RHA-OM-2013-0666 del 09 de abril de 2013 (imágenes 644 al 675 del expediente digital del amparo) y el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo).

1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras.

Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, Nombre01 ha conformado la Comisión Moín, la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, representantes de Nombre01 en SETENA y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados.

Tal y como se evidencia en la tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo), se han tramitado en esta comisión desde el año 2013 a la fecha 10 proyectos nuevos, de los cuales el 50% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De los restantes cinco proyectos, a la fecha de emisión de este informe, se está a la espera de la presentación de subsanaciones de dos de ellos.

El ejemplo más reciente corresponde al desarrollo “Matama Village”, el cual es un edificio para 24 apartamentos que se describe en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo).

1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por Nombre01 o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde Nombre01 se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros.

Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente.

Del 2003 a la fecha, se ha realizado 23 inspecciones a instalaciones (oficio RHA-OM-2013-0666 tabla N° 1 (imagen 444 hasta la 451 del expediente digital del Amparo) y el informe de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 Tabla N° 4 (imagen 593 del expediente digital del Amparo). A manera de ejemplo se cita el caso de TICONTAINER, tramitado mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (imagen 676 a 677 del expediente digital del Amparo) adjunto en anexo al oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del Amparo) adjunto en el primer informe remitido a la Sala Constitucional para este expediente.

Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de Nombre01 al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, Nombre01 indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen.

Caso Villa Plata:

Como resultado del trabajo de campo ordenado por la Sala Constitucional, se determinó para el Precario Villa Plata que hay un total de 194 viviendas, ubicadas en los planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, donde a pesar de su situación irregular de cumplimiento de normas de ordenamiento urbano, las viviendas en su gran mayoría realizan las descargas y tratamiento de sus aguas residuales a través de tanque séptico y drenajes, entre otras características que se detallan en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09. Exp 22-008354-0007-CO”, y de donde se puede indicar (Anexo 1.):

“A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas.

De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área, un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud” 1.4 Coordinación institucional. Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA, Nombre11, notifica al señor Alcalde de la Municipalidad de Limón, señor Nombre24, sobre la actualización de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, para que sean incluidos dentro del Plan Regulador de Limón. Este oficio hace referencia a la orden emitida por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08 que indica: “…en el término improrrogable de doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, inicien el procedimiento respectivo para modificar el Plan Regulador de Nombre73 a efectos incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.” También, mediante oficio PRE-1426-2012 de noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 notifica al señor Nombre13, de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112.

Según lo indicado en el oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del amparo), en el apartado 2, se mencionan todas las acciones realizadas por el AyA, en las cuales se ha coordinado con diferentes instancias competentes relacionada con actividades ubicadas en la zona 6. Como ejemplo se cita la reunión el 22 de mayo de 2019 con el Área Rectora Nombre73 del Ministerio de Salud y con representantes de La Municipalidad de Limón, en donde se crea la Comisión Interinstitucional Moín.

Adicionalmente, se realizó una exposición de los acuerdos de Junta Directiva para Moín en la sesión del Nombre77 Municipal del 19 de junio de 2019, que quedó registrada en el Acta Municipal Extraordinaria N° 33 (imagen 823 a 872 del expediente digital del Amparo) donde se hace referencia a la invasión por precarios en zonas boscosas dentro de la zona de recarga de los acuíferos de Moín.

1.5 Infraestructura para mitigar el riesgo a contaminación. Como medida para 1arantizar la salud pública de la población que es abastecida por las fuentes de Moín, Nombre01 ha desarrollado obras de infraestructura tales como la planta potabilizadora y los estudios y diseños para un sistema de alcantarillado sanitario dentro de las zonas con mayor densidad de población dentro de la zona 6 (Dirección31, Loma de Moín y Villa Plata) En el caso de la planta potabilizadora de Moín, se construye en acatamiento al punto 10 del acuerdo de Junta Directiva 2007-177 y entra en operación en marzo de 2012 con un costo cercano a los ¢400 millones (informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo) En cuanto al “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, actualmente se encuentra en la fase diseño (citado en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, anexado por el oficio GSP-RHC-2022-00714 (imagen 599 a 602 del expediente digital del amparo), se ampliará más adelante al referirse a la pregunta número 2 (aguas residuales) solicitada por la Sala Constitucional.

Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón.

En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del Nombre01 (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero.

Se considera que esta situación favorable, es el resultado de que este asentamiento tiene una cronología de vieja data (más de 20 años), lo que fue constatado durante la visita, donde las condiciones de las viviendas son semejantes a la de cualquier barrio residencial-urbano.

Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la zona 6, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011 112.

En la Figura 1, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2022. (…)

  • 2)Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales:

Tal como se indicó en la respuesta anterior, existe un abordaje institucional para garantizar que los nuevos proyectos cuenten con soluciones de aguas residuales según lo recomendado en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA.

Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos.

En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el Nombre01 a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Villa del Mar 1 y 2, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2). (…)

En el caso particular del precario de Villa Plata, Nombre01 mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Dirección21. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1:

“A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas” 3) ¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA?

De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio, el Nombre01 en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón.

Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente.

Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros.

  • 4)¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos?

De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes.

A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron movimientos de tierra distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1).

Es importante señalar, que la instalación de infraestructura o edificaciones carentes de los permisos respectivos, se dan mayormente en asentamientos informales, por ejemplo el asentamiento de Villa Plata, en donde se han identificado 194 viviendas, las cuales no han gestionado ninguna disponibilidad de agua para su construcción y edificadas sobre accesos que en su mayoría no corresponden a calles públicas ni a servidumbres de paso, lo que se evidencia en el informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1.

En el marco de las competencias institucionales, el Nombre01 no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08.

  • 5)¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles?

Antes de contestar esta pregunta, es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por corta de vegetación forestal.

De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata.

A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección09. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1).

Finalmente es importante mencionar lo siguiente:

1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Dirección09 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional.

2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín.

3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo.

4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto Nombre04 de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala”. (Ver prueba documental).

rr) El 7 de julio de 2022, la directora a. i. del Área Rectora de Salud de Nombre73 del Ministerio de Salud emitió el memorial MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, en el que se consignó:

“(…) realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente. (…)

3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros (…)

Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial”. (Ver prueba documental).

IV. HECHO NO PROBADO

De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

  • a)Que se le haya remitido el oficio UEN-GA-2022-00528 suscrito el 17 de marzo de 2022 por la UEN Gestión Ambiental al medio de notificaciones establecido por la parte recurrente.

V. SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO

Concerniente a la naturaleza de los hechos acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.

Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios.

Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52.

Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.

En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55.

Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59.

El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.

También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:

“(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)

Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)

Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)

1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).

Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:

“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).

Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).

Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:

“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente; 3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional; 4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.

Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.

Precisamente, la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.

Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.

En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.

Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.

En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos.

VI. SOBRE EL CASO CONCRETO

Del estudio de los autos se desprende que la parte amparada es dueña registral de las fincas inscritas en los folios reales 7-27136 y 27138, las cuales se encuentran en su totalidad dentro de la zona de protección absoluta del acuífero de Moín denominada zona 6. Tales propiedades han sido invadidas por varias personas quienes conformaron el llamado “Precario Villa Plata”. Además, se observa que desde el año 2005 se tramita ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica un proceso ordinario en el expediente [Valor 004]-0 interpuesto por la sociedad amparada.

En la sesión ordinaria n.° 2007-020 del 10 de abril de 2007, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2007-177 “OFICIALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO MOÍN, LIMÓN, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso: “(…) PRIMERO: Se oficializa el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, realizado por la Hidrogeologa (sic) Nombre41, para que la Dirección Región Huetar Atlántica lo aplique al momento de resolver las solicitudes presentadas por el Administrado, de conformidad con las siguientes zonas de vulnerabilidad: (…) SEGUNDO: SE REVOCA EL ACUERDO 80-121 EN CUANTO A SU ZONA DE LIMITACION Y RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO, de conformidad con la delimitación y ubicación realizada por los Departamentos de Topografía de la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección Región Huetar Atlántica, la Dirección de Gestión Ambiental y el informe DGAmb-2007-031, se determina la ubicación topográfica de la ZONA DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA, catalogada como Zona 6, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o autorización presentada por el Administrado, de la siguiente forma: Partiendo del pto. 1 con 1arant.

N=221517 y E=639446 en el cruce del camino viejo a Nombre73 Ruta #240 (por la costa) y la entrada oeste a la Urbanización Cangrejos, se continua unos 106m al sur por la calle de la Urbanización hasta el pto. 2 con 1arant. N=221414, E=639471, se dobla al sur oeste unos 77m hasta el pto. 3 con 1arant. N=221367 y E=639410, se continúa al este unos 316m hasta el cruce con el camino a Pacuare, pto. 4 con 1arant. N=221297, E=639682, luego se continua al sur unos 1.4 km por este camino hasta el pto 5, inicio de la Urbanización del mismo Nombre72 con 1arant. N=220474 y E=640380, continuando con rumbo sur sur oeste unos 170m hasta el pto. 6 con 1arant. N=220318 y E=640302, luego con rumbo sur este unos 38m hasta el pto 7 con 1arant. N=220297 y E=640333, luego hacia el sur sur oeste unos 82m hasta el pto. 8 con 1arant. N=220159 y E=640251. De este pto. 8 donde termina la calle de la Urbanización, se continua con el mismo rumbo sur sur oeste a campo traviesa unos 370m hasta el pto. 9 con 1arant.

N=219858 y E=640034. Se continua a campo traviesa hacia el oeste unos 190m hasta encontrarse la calle que va a Cielo Amarillo en el pto. 10 con 1arant. N=219846 y E=639845, de este pto. 10 que venía paralela al lindero, ya en la calle, se continua hacia el sur unos 90m hasta el pto. 11 con 1arant. N=219764 y E=639832. De este pto. 11 se continua por la calle que va a Villa Plata unos 220m al sur oeste hasta el pto. 12 con 1arant. N=219689 y E=639630, se continua al sur unos 320m hasta la línea del ferrocarril en el pto. 13 con 1arant. N=219449 y E=639624, continúese por la línea férrea hacia el este unos 100m hasta el pto. 14 con 1arant. N=219447 y E=639723 de este pto. 14 se continua unos 460m hacia el sur por la calle que sale a la Dirección07#(Saopin) hasta el pto. 15 con 1arant. N=218995 y E=639652. De este pto. 15 ya en la calle se continua unos 2.4 km hacia el oeste por la ruta # 32, hasta llegar a la primera entrada hacia Villa Vista del Mar 1 hasta el Dirección08 con 1arant.

N=218883 y E=637297 y luego a la derecha con rumbo norte para ir a Villa Vista del Mar 1, unos 270m hasta llegar al cruce de caminos, a un costado de la escuela de Villa Vista de Mar 1, en el Dirección04 con 1arant. N=219085 y E=637177, 106m norte luego se continua por 106m al norte hasta el pto 18 con 1arant. N=219207 y E=637179, de este pto. 18, se continua unos 260m al oeste hasta el fin de la calle y de ahí continua unos 160m siempre al oeste por el lindero norte entre predios hasta intersectar (sic) la carretera de concreto ruta #240, en el pto. 19 con 1arant. N=219325 y E=636795, luego continuando 2km hacia el noreste por la ruta #240 hasta la intersección de caminos hacia Villa Plata en el pto. 20. con 1arant. N=220976 y E=637688, de este pto. 20 se continua al norte por la ruta #240 con una distancia aproximadamente de 2.6km hasta llegar a la intersección de caminos con la Urbanización Cangrejos siendo este cruce el pto. 1 de partida con 1arant.

N=221517 y E=639446. (…) COMO RECOMENDACIONES DE REGULACION DE USO DEL SUELO DE LA Dirección09 SE ESTEBLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: 1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. 3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES. 4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA. 5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL. 6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA. 7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS. 8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES. 9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. 10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL Nombre01 LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO A POBLACIONES. SE ADMITIRÁ EN LA Dirección09 LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS ORIGINADAS POR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, SIEMPRE QUE SE ASEGURE QUE LAS AGUAS RESIDUALES NO SE DESCARGAN A DOLINAS Y SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL U OTRO MEDIO.

TERCERO: Se Establecen para las zonas 2, 5 y 7 del “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón”, las siguientes medidas de protección del acuífero: 1. No permitir el almacenamiento de químicos; 2. No permitir la construcción de estaciones de abastecimiento de combustible; 3. No permitir la explotación de tajos; 4. No permitir la construcción de pozos, permitiendo sólo para el abastecimiento público. CUARTO: En la zona 2 se realizarán estudios de prospección con miras a determinar la capacidad de producción y se mantiene esta zona como reserva para el abastecimiento a la población del sector de río Blanco. QUINTO: Para las zonas 7, 8, 9, y 10 se deberá exigir a todo proyecto de desarrollo la construcción de alcantarillado sanitario y el Nombre01 deberá iniciar los estudios necesarios a fin de construir los colectores primarios y secundarios que permitan evacuar el agua residual hacia el emisario submarino.

SEXTO: Se solicitará al poder ejecutivo que se se (sic) promulgue un decreto con miras a la protección de las fuentes de Moín; así como las limitaciones de uso del suelo que aseguren la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales en las otras zonas del Acuífero de Moín; en concordancia con el “Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Limón” y las recomendaciones de uso del suelo. SEPTIMO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la Dirección de Gestión Ambiental, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. OCTAVO: Se deberá promover ante los entes competentes, la realización de un análisis de riesgo de las industrias establecidas en la zona de influencia directa de las fuentes de Moín, que debe incluir una posible conflagración de varias industrias y se deberá establecer un protocolo de acción para enfrentar una posible emergencia que considere la participación de todas la (sic) industrias establecidas en la zona.

NOVENO: Para garantizar la observancia de las restricciones y dar seguimiento a la aplicación de las medidas definidas, se conformará la Comisión Regional de Control Ambiental de la Región Atlántica, a cargo de la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. DECIMO: Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación. Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca.

SE LE NOTIFICARA (sic) A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE UBICAN EN LAS ZONAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA VULNERABILIDAD EL PRESENTE ACUERDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PLAN REGULADOR DE MANERA QUE “LAS RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DE LA PROPIEDAD Y EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO DE MOIN – LIMON” SEAN VINCULANTES, DANDO ÉNFASIS A LA NECESIDAD DE QUE SE CONSIDERE LA ZONA 6 COMO DE PROTECCIÓN RESTRINGIDA. ASIMISMO SE NOTIFICARA (sic) AL MINISTERIO DE SALUD, AL MINAE, AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL SENARA Y A LA SETENA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS. RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. NOTIFIQUESE. PUBLÍQUESE” (la negrita fue agregada).

Mientras que, en la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011, la Junta Directiva del ICAA adoptó el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, en el que se dispuso: “PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA.

De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario.

Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El Nombre01 considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El Nombre01 estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.

TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas. CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo. QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA Dirección09. SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado).

El 5 de marzo de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA dirigió el oficio UEN-GA-2018-00322 al Ministerio de Salud y al alcalde de Limón, por medio del que externó: “(…) El Nombre01 en aras de conservar y proteger las aguas subterráneas y captaciones que son aprovechadas para el abastecimiento público en la provincia de Limón, ha definido técnica y legalmente zonas de protección del acuífero kárstico en Moín, mediante el acuerdo de Junta Directiva 2011-112 sesión No.2011-017, donde se establecen restricciones al uso del suelo de las zonas que conforman este acuífero. Ante esta situación y debido al interés de este Instituto (AyA) por proteger el agua subterránea usada para el abastecimiento público y en atención al Voto N°2012-006424, correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO, se les solicita respetuosamente nos indiquen las consideraciones y fundamentos técnicos de parte de la Municipalidad y el Ministerio de Salud para otorgar nuevamente el permiso de funcionamiento del predio IRR al Caribe, ya que la Sala Constitucional consideró en esa oportunidad que la actividad realizada por esas empresas pone en peligro la calidad de las aguas subterráneas que sirven de abastecimiento público.

De igual manera, ¿qué medidas se implementaron para evitar todo riesgo de contaminación de las aguas subterráneas de la denominada zona 6 acuífero de Moín sus representadas? ¿fueron valoradas por la SETENA? ¿Se realizó una nueva valoración de la actividad de parte del SENARA para que la Municipalidad otorgara el nuevo permiso de funcionamiento? ¿Existe un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud?”.

El 9 de abril de 2018, el ICAA emitió el “INFORME TÉCNICO DE PROCESADO DE DATOS Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón”, en el que se indicó: “8.6.- Conclusiones En este proyecto se ha puesto de manifiesto la potencialidad del empleo de sensores de última generación (concretamente, cámaras digitales fotogramétricas y sensores LiDAR) para la obtención de información de alta calidad (elevada exactitud posicional y un alto nivel de detalle) orientada al estudio de una zona marcadamente dolinizada. El empleo de este tipo de metodologías de captura de datos, apoyada en el tratamiento y posterior análisis de la información extraída permite una caracterización de los fenómenos que se producen en la misma, dicha caracterización constituye un buen punto de partida a completar con otros tipos de estudios.

Todo ello en una zona con una complejidad importante, en el sentido, de ser una zona con una importante presencia de vegetación. Al respecto, se puede indicar que de las 438 dolinas detectadas en el interior de la zona 6, un total de 414 estaban completa o parcialmente cubiertas por árboles, dificultando su localización y caracterización mediante metodologías clásicas basadas en métodos topográficos de campo o incluso mediante imágenes aéreas”.

Mientras que, el 13 de abril de 2018, la Unidad Cantonal de Nombre73 del ICAA dirigió el oficio GSP-RHC-L-2018-00348 a la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata, mediante la que explicó: “(…) En atención a su carta presentada a esta Oficina Cantonal, en donde solicita información sobre si Nombre01 tiene proyectado hacer uso del suelo en las fincas N° 00027138-000 y 00027136-000 de Villa Plata, me permito indicarle que dicha comunidad se encuentra dentro de la zona de recarga y protección de aguas de las nacientes de Moín-Limón, según el Acuerdo de Junta Directiva N° 2007-177 y su modificación N° 2011-112. Por lo tanto, a la comunidad de Villa Plata le alcanza las prohibiciones descritas en los anteriores Acuerdos de Junta Directiva” (el destacado fue agregado). Además, el 19 de abril de 2018, la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA envió el oficio UEN-GA-2018-00556 a la directora del Área de Salud de Limón, por medio del cual explicó lo requerido por el instituto, de acuerdo con lo establecido en el memorial UEN-GA-2018-00332.

Por memorial GSP-RA-2018-02131 del 25 de setiembre de 2018 (con fecha de recibido 26 de setiembre de 2018), la Región Huetar Atlántica denunció ante la Municipalidad de Nombre73 movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín. Además, indicó: “(…) El interés sobre este asunto nace a raíz de la ubicación de estos terrenos dentro de la denominada zona 6 de Moín, esto según el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad realizado para este acuífero. Para esta zona y otras del mismo acuífero, existen recomendaciones de uso establecidas en los acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 número 2007-0177 y 2011-0112. Este último es exclusivo para la zona 6 y dentro de las regulaciones se establece que para la remoción, corte y relleno materiales (movimientos de tierra), deberá realizarse un estudio hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA (…) la finca donde se registran los movimiento (sic) de tierra se ubica en Villa Plata con coordenadas Dirección10 y Oeste 602415 (…) se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos”.

Asimismo, la Región Huetar Atlántica del ICAA dirigió el memorial GSP-RA-2018-02132 del 25 de setiembre de 2018 a la Oficina Subregional de Nombre73 de MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en el que formuló una denuncia por movimiento de tierra en Villa Plata de Limón. Asimismo, señaló: “se solicita la intervención para que la actividad se detenga por completo y se investiguen los hechos descritos. Se indica que en otros casos similares se ha contado con el apoyo de MINAET ACLAC para levantar las pruebas necesarias, en caso que se realice una denuncia de tipo administrativa o judicial”. Tal denuncia fue remitida al Tribunal Ambiental Administrativo, quien le asignó el expediente n.° 064-19-01-TAA.

En tanto que, el 2 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental del ICAA remitió el documento UEN-GA-2018-01659 a la gerencia general del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, por medio del cual señaló: “En atención a los acuerdos de la reunión celebrada el día 02 de octubre de 2018 en las instalaciones del SENARA con referencia al Caso de Matama Village, se adjunta el estudio técnico denominado “Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero de Moín, Limón” realizado por la empresa STEREO CARTO CENTROAMERICA mediante contratación 2017FTS – 00113 – PRI del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas de la UEN de Gestión Ambiental. El estudio se elaboró en la Zona 6 del acuífero Moín, la cual fue oficializada mediante los acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 2007 – 177 y 2011 – 112”. Asimismo, se observa que, el 2 de noviembre de 2018, el ICAA denegó la solicitud de paja de agua planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata el 9 de octubre de 2018, debido a que no se ajusta a los requerimientos al estar dentro de la denominada zona 6.

El 14 de marzo de 2019, el ICAA remitió el oficio GSP-RA-2019-00456 al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Nombre73 y el alcalde de Nombre73 referente a “Corta Forestal y Movimientos de tierra en la Zona Boscosa de Recarga del Acuífero de Moín”. En tal documento se indicó que ese mismo día se constató el uso de maquinaria tipo retroexcavador que estaba realizando movimientos de tierra para la posible conformación de caminos dentro de la zona de protección de las fuentes de Moín denominada zona 6. Asimismo, se indicó que se “está dando la tala de árboles dentro de la misma zona de protección”. De igual forma, se detalló la importancia de garantizar la protección de las nacientes de Moín. Además, se afirmó: “Las actividades de conformación de caminos, movimientos de tierra y tala de árboles dentro de la zona , cuya ubicación se indica en la Figura N° 4, provoca: deforestación, pérdida de recarga acuífera, contaminación con sedimentos y aguas residuales dentro de la zona de recarga e incluso descargando este tipo de desechos directamente en las dolinas, que son ventanas al acuífero; se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín).

Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona. No se omite manifestar que se espera una acción rápida y oportuna por parte de sus dependencias, esto por las consecuencias a la salud pública y al medio ambiente, que tienen las acciones denunciadas” (el destacado fue añadido). Mientras que, el 31 de mayo de 2019, la Región Huetar Caribe del ICAA remitió el documento CSP-RA-2019-01013 al Nombre77 Municipal de Limón, por medio del cual solicitó una audiencia, a fin de que el instituto expusiera los alcances técnicos, ambientales y legales de la zona 6 de Moín. Ante tal requerimiento, la Municipalidad de Nombre73 autorizó la audiencia para el 19 de junio de 2019.

El 1° de julio de 2019, el ICAA emitió el escrito PRE-2019-00810, en el que indicó: “(…) se le pone en conocimiento, que se han realizado por parte de la Comisión Moín, conformada por la UEN Gestión Ambiental, Área Legal Ambiental y la Región Huetar Atlántica, las siguientes acciones: 1. Reunión con el personal del Ministerio de Salud local, para dar una capacitación de la importancia del Acuífero Moín, desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo. (realizada el día 19 de julio 2019) 2. Audiencia en el Nombre77 Municipal de Limón, en relación a (sic) la (sic) implicaciones de la Zona 6 (Acuífero Moín), Limón, se le explicó al Concejo, la necesidad de que se dé una constatación previa de que no existe riesgo de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, de toda actividad, antes del otorgamiento de permisos de ubicación y de funcionamiento. (realizada el día 19 de julio 2019) De conformidad con lo anterior, se acordó la conformación de una comisión interinstitucional conformada por un representante del Nombre77 Municipal, de la Municipalidad, Área de Salud Nombre73 y Dirección Regional AyA.

Por otra parte, para iniciar con las labores de constatación, que ha ordenada la Sala Constitucional, el día 11 de julio 2019, se estará convocando a una gira en conjunto a la empresa Ticontainers, como parte de los casos existentes, y luego de la visita, se emita el informe técnico y se tomen las acciones inmediatas a corto y largo plazo procedentes”. Así, el 11 de julio de 2019, el ICAA efectuó una inspección a la empresa Ticontainers. Además, en febrero de 2020, el ICAA emitió un informe de “INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ZONA 6 – ACUÍFERO MOÍN Nombre01 – MINISTERIO DE SALUD CASO: PLANTEL DE CONTENEDORES, TICONTAINERS S. A.”. En tal documento se consignó: “Conclusiones a) La propiedad inspeccionada (Plano L-843089-2003) se ubica dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín que es de vulnerabilidad alta. b) En la propiedad objeto de inspección se identifica un plantel de contenedores, en la cual se encuentran oficinas, taller mantenimiento y reparación, así como materiales dispersos sin orden, ni disposición correcta en la propiedad. c) En la propiedad se identifican geológicamente depósitos coralinos aflorando en los altos topográficos.

Las zonas planas en la propiedad fueron conformadas y niveladas con gravas, los cuales están subyacidas por las formaciones coralinas. d) Se ubicaron dos dolinas dentro de la propiedad, las cuales han sido modificada y condicionada para el desfogue pluvial de la propiedad objeto de inspección. e) Se observaron dos dolinas fuera de la propiedad, a las cuales llegan las aguas pluviales generadas por la escorrentía superficial tanto en la propiedad de inspección como del proyecto que colinda al Oeste (Empresa AI Caribe) y de la Dirección23. f) Se ha identificado hidrocarburos, químicos (con etiquetas de sustancias peligrosas), aceites almacenados sin tratamiento, disposición final y resguardo adecuado, expuestos al agua, sol y viento, sin alguna medida de seguridad, lo cual representa un alto riesgo a la salud de los trabajadores y al recurso hídrico que abastece a la provincia de Limón. g) Se determinó el derrame de aguas residuales crudas sobre la superficie del predio (ver fotos), los cuales son focos de contaminación para las aguas subterráneas. h) Las aguas residuales son dispuestas usando tanques sépticos, drenajes y pozos de absorción con serias deficiencias, el uso de este tipo de sistemas que infiltran las aguas residuales, no deben ser utilizadas como medio de disposición en la zona 6. 8.

Recomendaciones Con el objetivo de protección del recurso hídrico en la Zona 6 del Acuífero Moín, se recomiendan las siguientes acciones: a) Se recomienda el acatamiento de los alcances de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112. b) Se recomienda al Ministerio de Salud que se giren las instrucciones de disposición, recolección y tratamiento de conformidad con las actividades de predio, inspección, mantenimiento y reparación de transporte de contenedores, lo anterior con lo normado en la legislación vigente, debido a que la ausencia genera una amenaza sobre las aguas subterráneas, lo que implica ser una condicionante necesaria. c) Debido a la Vulnerabilidad Alta donde se localiza la propiedad no corresponde el almacenamiento de hidrocarburos y la utilización de químicos que pongan en riesgo el abastecimiento con agua potable a 15 mil personas del Sistema de Limón, incluyendo la zona portuaria y la nueva terminal de contenedores. d) Señalizar, proteger y usar adecuadamente las dolinas en la propiedad de manera que las actividades que se realicen en el predio no las impacten negativamente. e) Separar las aguas residuales ordinarias y especiales de las aguas pluviales, de tal manera que el ingreso del agua (pluviales y escorrentía) a las dolinas no representen una amenaza a la calidad del acuífero y no se vea afectada la recarga al agua subterránea. f) Eliminar la estructura existente del pozo de absorción y todos los sistemas de tanques sépticos y drenajes en el predio. g) Se recomienda la implementación de un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales ordinarias y especiales que no utilice como medio de disposición final la infiltración en el subsuelo ni las dolinas. h) Se solicita al Ministerio de Salud la verificación en el predio no exista combustibles almacenados, según las recomendaciones de los acuerdos de Junta Directiva. i) Presentar el diseño del sitio, en el cual se indique los porcentajes de impermeabilización según se establece en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112 (no superar el 20%), así como la infraestructura de manejo de aguas pluviales, que garantice la disposición adecuada de las mismas.

Es importante indicar, que dado que la Ley 2726 no le otorga al Nombre01 competencias para emisión de Ordenes y ante el desacato posibilidad de resolver clausura de locales, corresponde al Área de Salud del Ministerio de Salud, la valoración de las recomendaciones presentadas en este informe, para que proceda conforme con sus competencias, según la Ley 5395. De parte de este Instituto se les indica al Ministerio de Salud, que estamos con la anuencia en brindar acompañamiento, revisión de documentación y asesoramiento en las inspecciones de actividades que se realicen en las zonas que estén relacionados con los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y 2011-112”. En tanto que, el 5 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud le comunicó al ICAA que la empresa TICONTAINERS cumplió los aspectos solicitados en la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0360-2020-OS, por lo que se archivó el caso.

Este Tribunal acredita que, el 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó: “(…) A. Acciones de coordinación realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el marco de sus competencias ha realizado distintas acciones enfocadas al manejo y protección de la zona 6 del Acuífero Moín, las cuales se detallan a continuación: a. Mediante publicación en la Gaceta 83 del 02 de mayo de 2011, del Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (Anexo 1), se modificó parcialmente el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177, sobre la oficialización del Estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. En dicho Acuerdo se establecen recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6 a las entidades competentes en el por tanto Primero. b. Gestiones de coordinación más recientes entre las distintas instancias competentes: • Oficios emitidos por la Comisión Moín N° UEN – GA – 2018 – 00322 (Anexo

  • 2)con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 (Anexo
  • 3)con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 (Anexo
  • 4)con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975 (Anexo
  • 5)con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud. • Exposición dada por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del Nombre01 – Huetar Caribe a la Municipalidad de Nombre73 y al Ministerio de Salud para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón. • Exposición dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Nombre77 Municipal de Nombre73 de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín. • Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo
  • 6)y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19. B. Competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a. Tal y como se le ha indicado anteriormente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como entidad pública, debe apegarse al Principio de Legalidad, que emana de la Ley General de Administración Pública en su artículo 11 y circunscribe las competencias del Nombre01 en su Ley Constitutiva Nº2726. Nuevamente, se le aclara que la Institución no tiene competencia para ingresar a propiedad privada para constatar que las edificaciones cumplan con los parámetros constructivos o que utilicen correctamente el sistema de tanque séptico, realizar desalojos, levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales, tampoco puede “dejar sin efecto un permiso de funcionamiento”, o “clausurar una actividad” y mucho menos, plantear una denuncia o recurso sin que esté fundamentado en un informe técnico. b. Los acuerdos de Junta Directiva, son recomendaciones de orden técnico, que corresponde aplicar a las Instituciones competentes, al momento de resolver una petición, u otorgar permisos, licencias o autorizaciones. De igual forma, a partir de lo que dispone la Ley General de Administración Pública, estas instituciones tienen la posibilidad de apartarse de esas recomendaciones de forma motivada. En razón de lo anterior, es claro que el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones: 1. Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA. A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. Téngase presente que la Sala Constitucional en toda la localidad de Nombre73 incluyendo la Dirección09, en ningún momento ordenó no otorgar nuevos permisos de funcionamiento (al efecto véase los Votos Nº2008-004751 de 27/3/08 y N°2012-006424, este último correspondiente al Recurso de Amparo 10-013628-0007-CO) 2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización. 3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA. De lo expuesto, lo que correspondería en principio es que su persona como interesado, dirija su inquietud a dichas instancias para que le brinden la información que resulta de su interés. Sin embargo, en aplicación de la Ley 8220 y sus reformas, se pondrá en conocimiento de esas entidades esta misma nota, para que manifiesten lo procedente según sus competencias. 4. Para que sea posible y eficaz la exigencia de responsabilidad, toda denuncia debe aportar una carga probatoria que permita demostrar la existencia del nexo de causalidad, entre la realización de una actividad o conducta y el resultado ineludible de la comisión de un daño. En materia judicial se aplican los protocolos acordados con la Fiscalía Ambiental. A la fecha el Nombre01 no tiene en su infraestructura de abastecimiento, indicios de contaminación que hayan hecho salir de operación la planta potabilizadora o los sistemas de abastecimiento en la Dirección24; tampoco hay sospechas de alguna entidad, persona física o jurídica que figure en esa condición, por ocasionar algún hecho contaminante. Por tanto, de parte de este Instituto se reitera la anuencia de continuar con la realización de acciones entre las diferentes instituciones competentes, con el objetivo de que las actividades que actualmente se desarrollan, o las que potencialmente se lleguen a autorizar, no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico que es aprovechado para el abastecimiento poblacional” (el resaltado fue agregado).

Aunado a lo anterior, el 13 de octubre de 2021, Nombre16 remitió un correo a ...04, por medio del cual expuso la situación experimentada en las fincas de la sociedad tutelada. Además, indicó: “Mi consulta es de que (sic) forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero (…)”. En respuesta, el día siguiente se acusó recibido de la comunicación electrónica y se requirió el envió de los planos de la propiedad en formato “shape”. El 15 de noviembre de 2021, la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental del ICAA emitió el memorando UEN-GA-2021-02951 en atención a consulta efectuada por Nombre16 referente a las propiedades de Val Di S. A., en el cual se indicó: “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre80 (sic) Nombre06, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional. c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda”.

En tanto que, el 20 de enero de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00090, por medio del que se señaló en respuesta al oficio PRE-J-2021-04524: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1- Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2- Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral” (la negrita fue incorporada).

El 28 de enero de 2021 (sic), la Dirección UEN Gestión Ambiental del ICAA explicó, en el memorando UEN-GA-2022-00182, que: “se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda”. Mientras que, el 7 de febrero de 2022, un servidor del ICAA emitió el memorando PRE-J-2022-00477, en el que se detalló: “(…) Se consideran para efectos de esta respuesta los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, de la Región Huetar Caribe y UEN-GA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 de la UEN Gestión Ambiental, para indicar al efecto: Por principio de legalidad, el Nombre01 en cumplimiento de la Ley 2726, no tiene competencia para realizar desalojos en propiedades – folio real, que no se encuentren inscritas a su nombre, siendo ésta, facultad exclusiva del propietario registral.

Lo anterior, también encuentra fundamento en el hecho de que los ingresos de Nombre01 están respaldados, únicamente, en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios que brinda el Instituto. En ese sentido, la ley obliga a invertir los rubros autorizados en los pliegos tarifarios respectivos, directamente en la infraestructura bajo administración del AyA, en las propiedades que se encuentran a Nombre72 del AyA, en la prestación de los servicios a nuestros clientes en condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. La disposición de los fondos derivados de las tarifas, por parte de AyA, en otras instituciones, igualmente obligadas a cubrir con sus tarifas, créditos u otras formas de financiamiento aceptables dentro del sector público, sus obligaciones, o realizar acciones en propiedad privada, genera no sólo la transgresión de diversa normativa como la indicada, sino todo el marco jurídico aplicable conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración Pública (En ese sentido además, aplicarían las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno, Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras).

Igualmente, pondría al Instituto ante la disyuntiva de dejar de lado algunas de las obligaciones que requieren de dichos fondos y que fueron justificados oportunamente ante ARESEP y autorizados por ésta. Por otra parte, de conformidad con la posibilidad de realización de un estudio en la Propiedad de consulta, de conformidad con los principios de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27, martes 9 de febrero del 2021, se encuentra el principio de servicio al costo, y de autorización los cuales están definidos por los numerales 3 y 94 de de (sic) la Ley indicada, así: “Artículo 3.- Definiciones Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (…) b) Servicio al costo: principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31…” Artículo 94.- “Autorización: Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín a sus competencias”.

Es necesario tener presente que el Exp: 07-009140-0007-CO, Res. Nº 012043-2008 que se invoca, indicando que corresponde al AyA: “…c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…) la obligación del Nombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos….”, debe ser analizado bajo el contexto que se dio y que obedeció a la valoración de una propiedad en particular, en donde este Instituto debió proceder a realizar los estudios correspondientes por orden de la Sala Constitucional, para llegar a determinar la aptitud de utilización de la propiedad, dicho voto no implica ser una autorización general para que el Nombre01 realice dicha labor en todas las propiedades que se ubican en la Dirección09, sin la autorización del propietario y sin que el propietario genere las condiciones para que se pueda realizar la valoración correspondiente.

CONCLUSION De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UENGA-2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El Nombre01 por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA. B) Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en Nombre72 de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación.

  • C)En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional”. Por su parte, el 7 de febrero de 2022, una funcionaria del ICAA dirigió el memorando PRE-J-2022-00480 a Nombre16, mediante el cual indicó “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC-2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN. Así como el Memorando No.PRE-J-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental”.

El 21 de febrero de 2022, Nombre16 remitió un escrito a Nombre03 de la Comisión Moín del ICAA, en el que externó: “(…) Sin embargo, se nos indicó que el Nombre01 no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional. Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el Nombre01 les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.

Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo ...Telf02, o bien al fax Telf04”. Al respecto, el 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe le remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Nombre18, por medio del cual se indicó que su caso fue trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”. Mientras que, el 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental le envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó: “En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Lic. Nombre14( Nombre09, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre72 003], se indica lo siguiente: 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del Nombre01 Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. 2.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6. 3. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras.

Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre14(, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El Nombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”.

De otro lado, el 25 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe del ICAA emitió el memorando GSP-RHC-2022-00483, en el que se detalló: “En atención al oficio del asunto y a la información adicional solicitada vía correo electrónico, y con relación a la denuncia por movimientos de tierra en el sector de Villa Plata de Moín, Limón, se indica lo siguiente: - El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Nombre73 como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca Dirección11, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Nombre73 para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca. – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten.

Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que Nombre01 recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos. – Esta denuncia no corresponde al caso ya tratado de la Escuela de Villa del Mar 1 (ver imagen 1) (…)” (la negrita fue incorporada).

Adicionalmente, el 25 de marzo de 2022, el presidente ejecutivo del ICAA remitió un escrito ante el Tribunal Ambiental Administrativo concerniente al expediente 064-19-01-TAA en el que se indicó: “PRIMERO: Mediante informe GSP-RHC-2022-00476, se indica que originalmente este Instituto por medio de la Dirección Región Huetar Caribe presentó denuncia ante las instancias administrativas mediante oficios GSP-RA-2018-02131 y 02132 con sello de recibido por la Municipalidad y el MINAET (SINAC), gestión que fuera trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo, sin que el SINAC realizara la valoración correspondiente. En dichas notas se evidenciaba, que los movimientos de tierra eran en Villa Plata, en el sitio que se ubica en las coordenadas Dirección03, específicamente 350 metros este y 200 metros norte de El Empalme de Moín. Las anteriores coordenadas se ubican en la propiedad de [Nombre72 003], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136, PLANO: L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED16 y de la finca FINCA: 27138 PLANO: L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED17, ambas de la PROVINCIA: LIMON.

El informe GSP-RHC-2022-00483 indica respecto a la verificación de localización de las coordenadas originalmente citadas que: “…-El sitio para el que se presenta la denuncia, tanto a la municipalidad de Nombre73 como al MINAE SINAC Área de Conservación La Amistad Caribe, se ubica en la finca Dirección11, cuyo propietario registral es Propiedades Val Di Sole S.A. No obstante, se aclara que esta finca es objeto de ocupación precaria desde hace muchos años y que lo trabajos denunciados muy probablemente fueron ejecutados por algunos de los ocupantes. – La finca se ubica dentro de la denominada zona 6 de área de recarga del acuífero de Nombre73 para el cual existen acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 (2007-177 y 2011-112) que recomiendan regulaciones en el uso del territorio. – Por su misma condición precaria, no existen servicios formales de agua potable en la finca. – En cuanto a los movimientos de tierra, por el tiempo transcurrido, estos no persisten.

Este tipo de intervenciones son normalmente de corta duración, de ahí que Nombre01 recurra a las instituciones locales, con la autoridad suficiente para detenerlos…” SEGUNDO: Mediante oficio PRE-J-2021-04524, comunicado por correo electrónico, se da traslado y se pone en conocimiento el 13 de octubre del 2021, al Lic. Nombre16, representante de los propietarios actuales del inmueble Dirección12, donde se realizaron los movimientos de tierra, la situación con respecto al acceso a dicha finca, la cual se encuentra invadida: “El Presente correo tiene por objeto se me informe el resultado de la gestión realizada a esa oficina administrativa del Nombre01 para el desalojo de las personas que están contaminando el acuífero de Moín y que están a la vez sobre la finca [Nombre 002], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO Y EN PARTE DE BOSQUE, SITUADA EN EL DISTRITO 1-LIMON CANTON 1-LIMON DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : QUEBRADA Y Nombre01, SUR : Dirección02, ESTE : QUEBRADA Y Nombre06, OESTE : CON COSAS DE MADERA S A, MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED07 y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: 27138 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA: TERRENO CON 4 CASAS Y OTROS, SITUADA EN EL Dirección04 DE LA PROVINCIA DE LIMON, FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA, LINDEROS: NORTE : Dirección10, SUR : Dirección06, ESTE : Dirección11, OESTE : Dirección15, MIDE: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED10.

Ambas fincas se ubican en un lugar llamado Villa Plata, que es un precario donde hay gran cantidad de casas y personas usurpando la finca. Dichas fincas se ubican en un cien por ciento dentro de la zona 6 descrita en el oficio Nº 2007- 177, ASUNTO: Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031, y en ella existen gran cantidad de casas de habitación, parceleros que están ilegítimamente poseyendo la finca y al mismo tiempo generando daños al ambiente y contaminación del acuífero. Mi consulta es de que forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero…” A partir de lo indicado, se señala que, pese a que el momento de la denuncia (2018) los movimientos de tierra fueron responsabilidad del propietario registral, los mismos no continuaron luego de los hechos denunciados.

Por lo cual, no puede identificarse al día de hoy, de forma fehaciente, cuál fue la consecuencia de los mismos ó (sic) dimensionar el daño causado al momento de su realización. Este Instituto debido a la situación actual de invasión al inmueble, el cual es a la fecha un asentamiento consolidado en la propiedad de [Nombre72 003], con cédula jurídica CED15, fincas 7-27136, PLANO:L-0509859-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:CED16 y de la finca FINCA: 27138 PLANO:L-0509860-1983, IDENTIFICADOR PREDIAL: CED17, ambas de la PROVINCIA: LIMON, no puede a la fecha, facilitar la individualización de la persona que provocó el daño ambiental, para lo que corresponde a ese Tribunal Ambiental en la búsqueda de la verdad real de los hechos, así como para lo que corresponda al derecho de defensa de los presuntos causantes del daño al ambiente y a la salud de las personas por acción u omisión”. (la negrita fue incorporada).

El 8 de abril de 2022, la Unidad Cantonal de Nombre73 del ICAA emitió el documento GSP-RHC-L-2022-00494 dirigido a la Asociación de Desarrollo Integral Villa Plata, en el que se consignó: “Como adenda y aclaración al oficio GSP-RHC-L-2022-00488 del 07 de abril del 2022, quiero referirme muy atentamente a lo siguiente: 1. Si bien es cierto, las declaraciones juradas son para terrenos sin escribir, Villa Plata posee una finca generada (tiene dueño registral), razón por lo cual esta gestión no es procedente para el caso en cuestión. Se aclara a su vez que no aplica para el caso de Villa Plata, los planos de agrimensura y declaraciones juradas, debido a que el asentamiento posee un dueño registral. 2. Villa Plata es un asentamiento no autorizado por el dueño registral de la Finca, razón por lo cual, sus habitantes no cuentan con la titularidad de los bienes inmuebles. Por esta razón, Nombre01 no puede entrar a valorar la factibilidad de prestar su servicio en Villa Plata.

Considerando lo anterior, no es posible realizar una inspección de campo de acuerdo con los solicitado en su documento recibido en esta Oficina el pasado 25-03-2022, ya que el asentamiento es de índole privado. 3. Villa Plata está ubicada en una zona estratégica dentro de las áreas de recarga del acuífero de Moín, en especial lo atinente a la denominada “Zona 6”, con recomendaciones establecidas y reguladas por los Acuerdos de Junta Directiva N° AN-2007-177 y N° 2011-112. Se adjuntan los acuerdos mencionados. 4. La solicitud de servicios para Villa Plata no tan sólo trata sobre el suministro de agua potable, sino de una regularización completa, cumpliendo para todos los demás servicios, dentro de los cuales la solución de aguas residuales, tamaño de terreno y área impermeabilizada, resultan de importancia por lo ya expuesto y por lo indicado en los ya mencionados Acuerdos de Junta Directiva de AyA, mismos que son vinculantes según lo indicado por la Sala Constitucional.

Esto quiere decir que, aun resolviéndose el tema de titularidad de los terrenos de Villa Plata, debe de considerarse las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva, tratamiento y solución de las aguas residuales, capacidad hidráulica e hídrica, entre otros. Siendo este un asentamiento en condición precaria no es posible entrar a analizar o sugerir al respecto de la solicitud planteada, hasta que sea resuelto la tenencia de suelos, y se ajuste el requerimiento a los mencionados Acuerdos de Junta Directiva (…)”.

El 9 de mayo de 2022, el ICAA efectuó el informe técnico PRE-J-2022-01740 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, en el que se indicó: “A) Denuncias Presentadas: En la Tabla N° 1, se muestran las Denuncias presentadas por movimientos de Tierras, tala de árboles dentro de la Zona 6 de Moín o instalación de actividades no compatibles con las Recomendaciones de Regulación, establecidas en el Acuerdo de Junta Directiva de Nombre01 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…) Detallando las denuncias que tienen que ver con el Precario de Villa Plata: Denuncia N° 7 y N° 8: En setiembre del 2018 se presentó por parte del Ingeniero Nombre09 del Nombre01 Región Huetar Caribe estas denuncias mediante los Oficios GSP-RA-2018-02131 y GSP-RA-2018-02132 (Adjuntos), las cuales fueron notificadas tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales en el Precario Villa Plata y dentro de la propiedad Folio Real N° 27136-000.

A la fecha se tramita la misma, a través del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N° 064-19-01-TAA. Denuncia N° 9: En marzo del 2019, se presentó por parte del Ingeniero Nombre10 del Nombre01 Región Huetar Caribe, Oficio GSP-RA-2019-00456 donde denuncia Corta Forestal y Movimiento de Tierra en la Zona Boscosa del Acuífero de Moín, la cual fue notificada tanto a las autoridades del MINAE, como a la Municipalidad de Limón, sobre movimientos de tierra ilegales y corta de vegetación Forestal. Tal y como se muestre en la Figura N° 1, parte de estos movimientos de tierra y corta de vegetación forestal, se dieron en el costado Sur este de la Finca Folio Real N° 27136-000 (…) De estas denuncias, se evidencia que el Nombre01 ha aplicado los mecanismos que el marco jurídico le permite, para denunciar la corta de vegetación y movimientos de tierra en la propiedad Folio Real N° 27136-000, situación que no ha sido atendida por las autoridades competentes ni por el propio dueño de la propiedad, el cual nunca ha sido posible contactar al momento que se hace este tipo de denuncias.

  • B)Desarrollo de Nuevos Proyectos: En la Tabla N° 2, se muestran las principales solicitudes de Nuevos Proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín. Para demostrar que es factible la realización de los Proyectos en Zona 6 del Acuífero Moín, se enmarcan de color verde los Proyectos que han obtenido el visto bueno y disponibilidades de agua requeridas para construir estos; tal y como se desprende de los resultados obtenidos, de 10 Proyectos propuestos el 50 % fueron aprobados por Nombre01 para iniciar los trámites constructivos correspondientes, mediante la emisión de cartas de disponibilidad de agua (…) las Recomendaciones de Regulación establecidas por Nombre01 en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico.

En adición a este planteamiento, se tiene que en el período de los años 2020 y 2021; tal y como se muestra en la Tabla N° 3, se tienen 80 solicitudes de disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar, de las cuales el 54 % o 43 solicitudes de disponibilidad de agua, fueron aprobadas por la Oficina Cantonal de Limón, dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín, lo que refuerza el hecho de que es factible desarrollar las propiedades dentro de esta zona (…) C) Instalaciones existentes: En la Tabla N° 4, se muestran los principales criterios dados por el Nombre01 Región Huetar Caribe, respecto a las Instalaciones existentes y como (sic) lograr que estas instalaciones, logren cumplir con las Recomendaciones de Regulación dadas por Nombre01 dependiendo en el sector donde se ubican y según criterios de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 o N° 2011-112. Para ser concisos sobre el tema solicitado, solo se adjuntará la evidencia de los casos referente al Precario Villa Plata, los cuales serán presentados como anexos de este documento y son los marcados en color amarillo (…) En el caso del Precario Villa Plata, se han externado a través del tiempo múltiples criterios emitidos por la Oficina Cantonal de Limón, en el caso de la Tabla N° 4, se indican 3 de ellos, en los cuales ha sido reiterado el criterio de que no es posible otorgar servicio de agua, ni disponibilidades de agua, ni la posibilidad de colocar pajas públicas dentro del precario.

Adicionalmente, en todas las notas se le indica la ubicación de este Precario dentro de la Zona de recarga y de protección de aguas de las nacientes de Moín, donde se debe dar el cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112 (…) el Precario Villa Plata tiene muchos años de haberse establecido, de hecho, el sello de la Asociación de Desarrollo impreso en la solicitud indica el año 2010, esto puede ser corroborado con la Figura N° 9, donde al hacer un extracto de una imagen de Google Earth con fecha febrero del 2010, ya se tiene dentro de las propiedades 00027138-000 y 00027136-000 gran cantidad de caminos internos, viviendas, áreas sin bosque; etc. (…) Lo anterior es muy importante hacerlo notar dado a que los propietarios de estos terrenos indican que AyA, no ha hecho lo necesario para proteger el Acuífero de Moín; sin embargo existe evidencia documental suficiente para demostrar que durante más de 14 años se ha denegado por parte de Nombre01 las disponibilidades de servicios de agua potable en el Precario Villa Plata y que durante ese mismo tiempo, no consta ninguna gestión por parte de los propietarios de estos terrenos para recobrarlos; sin embargo independientemente de este hecho, Nombre01 ha realizado las denuncias y las actuaciones que la ley le permite dentro de lo que en el informe se ha denominado “instalaciones existentes” en la Zona 6, para que se cumpla el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112 (…) Finamente, el Nombre01 en el caso de la Zona 6 del Acuífero Moín ha realizado diferentes Proyectos o acciones y planea hacer otras actividades que permiten mejorar la Protección del Recurso Hídrico de las Nacientes de Moín, entre ellos están: A) Creación de la Comisión del Acuífero Moín: En el mes de julio del 2010; Nombre01 creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como “ Comisión de Acuífero Moín”.

En esta instancia, se tiene representación de la Unidad Ambiental, Departamento Legal, la Subgerencia General del Nombre01 y funcionarios de la Región Huetar Caribe. Actualmente esta Comisión emite de manera colegiada los criterios técnicos en proyectos o casos que así lo ameriten en las Zonas establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva N° 2007-177 y N° 2011-112. B) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Potable: Dentro del décimo punto del Acuerdo Nº 2007- 177 se indicó: “ Salvo que se demuestre que las fuentes de Moín hayan sido afectadas de manera irreversible, según la normativa, por el evento de Químicos Holanda, se deberán mantener en uso para abastecimiento a la población por razones de orden técnico, de demanda; con las siguientes condiciones: Ordenar la construcción inmediata de una planta de tratamiento, incluyendo un sistema de carbón activado o de la tecnología necesaria para asegurar la calidad por cualquier posible contaminación.

Se deberá iniciar de inmediato los estudios para definir la posibilidad de utilizar la cuenca alta del río Banano con miras a sustituir la fuentes (sic) de Moín en caso de que se lleguen a contaminar por las actividades industriales que se desarrollan en la cuenca” En acatamiento a ese acuerdo y tal y como se observa en la Figura N° 10, está operando desde el mes de marzo del 2012, la Planta de Tratamiento de Moín, cuyo costo fue del orden de ¢ 400,000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones). Esta planta permite tratar las aguas de la Naciente, mediante la remoción de turbiedad y carga orgánica que tienen las aguas de las Nacientes de Moín y de esta manera garantizar la potabilidad del agua que se brinda a la población. Es importante indicar que esta planta, no está capacitada para tratar sustancias peligrosas, químicos, combustibles, etc (…) C) Comunicación al más alto Nivel: Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012, la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 la Nombre03.

Nombre11; notifica al Sr Alcalde de la Municipalidad de Nombre73 Nombre02. Nombre24, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, dentro del Plan Regulador de Limón, finalmente se indica: (…) De igual forma mediante Oficio PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (adjunto), la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 la Nombre03. Nombre11; notifica al Nombre03. Nombre13 de la Secretaria Técnica Ambiental, donde lo notifica sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. D) Proyecto Lidar: Mediante la contratación N° 2017FTS-00113-PRI por un monto de 20 millones de colones, se contrató por parte del Departamento de Cuencas hidrográficas del AyA, los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín.

Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 11, se logró identificar las dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite identificar la densidad de estos elementos dentro de las propiedades donde se solicita la realización de Proyectos nuevos en la zona 6 del Acuífero Moín, una vez identificadas estas estructuras; la Unidad Ambiental del Nombre01 realiza el levantamiento en el sitio y emite el criterio correspondiente sobre los mismos. Esta información permite valorar la conceptualización de los proyectos sobre la Zona 6 antes detallada para emitir las disponibilidades de agua de estos y para corroborar la información que emiten los desarrolladores. (…) E) Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moín: Como parte de las gestiones realizadas por el Nombre01 para la Protección del Acuífero de Moín, se tiene dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad Eficiencia del Servicio BCIE 2188, el Proyecto BPIP 1984 denominado “Construcción de Alcantarillado Sanitario de Moín, el cual pretende realizar la construcción del alcantarillado sanitario en el área mostrada en la Figura N° 12 y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrada en la Figura N° 13, todo dentro de los sectores con mayor densidad de población dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín (…) CONCLUSIONES:

  • 1)El Nombre01 por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Nombre73 y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.
  • 2)El Nombre01 por más de 19 años ha revisado que la conceptualización de los Nuevos Proyectos en las Zonas de Recarga del Acuífero de Moín, cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112, permitiendo a la fecha la realización del 50 % de los Proyectos presentados, con resultados exitosos, como lo es el ejemplo mostrado donde los Apartamentos de Matama Village tienen 6 años de estar en operación, sin generar ningún riesgo de contaminación al Acuífero de Moín.
  • 3)En los años 2020 y 2021 se han aprobado el 54 % de las disponibilidades de agua para construcción de vivienda unifamiliar en la Zona 6 del Acuífero de Moín.
  • 4)Considerando lo indicado en las conclusiones 2 y 3, no cabe duda que es factible el desarrollo de diferentes tipos de Proyectos en la Dirección32, con lo que estas regulaciones, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado.
  • 5)Con respecto a las actividades existentes, queda demostrado que el Nombre01 por 19 años ha emitido los criterios necesarios para poder lograr que las actividades actuales cumplan con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007, 177 y N° 2011-112.
  • 6)En el caso particular del Precario Villa Plata, a la fecha no se ha suministrado ninguna disponibilidad de servicio de agua, ni paja pública para este desarrollo, donde recurrentemente, se pone de conocimiento de la Asociación Integral de Desarrollo de Villa Plata, las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112 y la imposibilidad de brindar los servicios, de igual manera se han interpuesto las denuncias respectivas dentro del propio Precario. Todo lo anterior en resguardo de la titularidad de ambas propiedades.
  • 7)Las autoridades de más alto nivel del AyA, han solicitados el cumplimiento del Voto N° 2008-004751 de la Sala Constitucional, para que la Municipalidad de Nombre73 modifique el Plan Regulador para que se incorporen las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112.
  • 8)No consta en nuestro archivos y expedientes ninguna gestión realizada por el propietario de las Fincas N° 00027138-000 y 00027136-000, para lograr frenar la ocupación por más 14 años del Precario Villa Plata y no ha existido ninguna comunicación previa del propietario con las Región Huetar Caribe, que hubiese permitido coordinar las denuncias que se han presentado o para mantenerle informado sobre resultado de las gestiones de solicitud de agua potable que realiza la Asociación Integral del Precario Villa Plata en sus terrenos.
  • 9)El Instituto ha realizado proyectos importantes en la Protección del Acuífero Moín, como lo son la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Moín, el Desarrollo del Proyecto Lidar ya explicado y a futuro la realización del alcantarillado sanitario de Moín y su Planta de Tratamiento de aguas residuales , donde el Sector de Villa Plata ( Sector 3) está incluido como parte del caudal de tratamiento, ya que se desconoce a futuro que va a pasar con el Precario de Villa Plata, precisamente por la inacción por varios años de sus propietarios. 10) Con todo lo anterior se demuestra que lo apuntado por el recurrente respecto a la inacción Institucional carece de sustento técnico y documental, tal y como queda demostrado en este informe” (la negrita fue incorporada).

El 9 de mayo de 2022, la UEN Gestión Ambiental del ICAA suscribió el memorando UEN-GA-2022-00850, en el que se indicó: “(…) II. Acciones de Coordinación Interinstitucional El Nombre01 como institución rectora en el abastecimiento poblacional, ha realizado investigaciones con el objetivo de generar el sustento técnico que permita la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, del cual se abastece parte de la población de Limón. Debido a lo anterior, por parte del Nombre01 se han realizado acciones con diferentes instituciones competentes para socializar la información técnica que se ha generado y asesorarlas desde el punto de vista hidrogeológico, legal y operativo, de manera que la información brindada sea una herramienta en las valoraciones técnicas que realizan las instancias. A continuación, se presenta un resumen de las gestiones efectuadas entre el año 2018, 2019 y 2020: 1. Mediante oficio UEN-GA-2018-00322 (Anexo 3), la UEN Gestión Ambiental, realiza consulta a la Dirección del Ministerio de Salud sobre el permiso de funcionamiento de un proyecto ubicado en la Dirección33, Limón. 2.

Mediante oficio DR-HC-0488-2018 (Anexo 4), la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Limón, atiende el oficio UEN-GA-2018-00322, en el cual informa que estará dando respuesta a lo solicitado a la brevedad a través de la Nombre13. Nombre32, directora del Área Rectora de Salud de Limón. 3. Mediante oficio UEN-GA-2018-00556 (Anexo 5), la UEN Gestión Ambiental, solicita al Área Rectora de Salud, información técnica referente a permisos de funcionamiento para el proyecto IRR ALCARIBE, ubicado en la Zona 6, Moín. 4. Mediante reunión celebrada el 02 de octubre de 2018 (Anexo 6), entre el SENARA y el AYA, se expone la información técnica relacionada al Proyecto Matama Village, en donde se acuerda compartir la información referente a la Zona 6, con la que cuenta el AyA. 5. Mediante oficio UEN-GA-2018-01659 (Anexo 7), con fecha 02 de octubre de 2018, la UEN Gestión Ambiental hace entrega al SENARA del estudio técnico denominado: “Servicios de levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y LiDAR en un sector del Acuífero Moín, Limón” 6.

Mediante oficio UEN-GA-2018-01975 (Anexo 8) con fecha 21 de noviembre de 2018, la Comisión Moín, solicita al alcalde Municipal información sobre el expediente administrativo de la Empresa Ticontainers. 7. Mediante oficio PRE-2019-00516 (Anexo 9), la Presidencia Ejecutiva del AyA, solicita al Alcalde Municipal y al Nombre77 Municipal de Limón, así como al Director Regional del Ministerio de Salud y al Área Rectora de Salud de Limón, una reunión para atender un caso de un proyecto en la Zona 6, en la cual indica: “Ante esto se les solicita muy amablemente ser parte de la reunión con los técnicos del Nombre01 (UEN Gestion (sic) Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, Dirección Jurídica, Dirección Regional), el día 22 de mayo de 2019 (fecha definida con suficiente antelación para la coordinación de agendas respectivas), a las 08:30 am en las oficinas de la Dirección Regional del Nombre01 ubicada en Dirección20, Limón, y posteriormente si se considera oportuno una visita de campo.” 8.

Mediante Acuerdo SM-248-2019 (Anexo 10), con fecha 07 de mayo de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia al oficio PRE-2019-00516 del AyA, indica: “SE ACUERDA: Confirmar la participación de las siguientes personas: Nombre33, Nombre34, Nombre35 – Regidores Propietarios; Nombre36 – Regidora Suplente; Nombre37 – Síndico Propietario y Nombre38 – Síndica Suplente; con el fin que asistan el día 22 de mayo del 2019” 9. Mediante reunión del 22 de mayo de 2019 (Anexo 11), celebrada en Dirección Regional del Nombre01 en Limón, participaron los siguientes funcionarios: (…) En donde se acuerda: 1. Crear una Comisión Interinstitucional Moín, conformada por al menos un representante de cada una de las instituciones, AyA, MinSa, Municipalidad. La cual analizará en conjunto la constatación de no afectación de contaminación de las fuentes captadas por el AyA, en los permisos de funcionamiento ubicados en la Zona 6 Moín… …6.

Girar invitación a la Dirección de Aguas del MINAE para que participe de la Comisión Interinstitucional… …Para el caso de la Empresa Ticontainers, se acuerda la realización de una inspección conjunta, el día 04 de julio de 2019, luego de dicha inspección se emitirán recomendaciones técnicas…” 10. Mediante oficio GSP-RA-2019-01013 (Anexo 12), emitido por la Dirección Regional del AYA, se solicita al Nombre77 Municipal de Nombre73 audiencia para exponer por parte de la Comisión Moín del AyA, los alcances ambientales, técnicos y legales, de la Zona 6 Moín, como Zona de Interés Estratégico de Captación, los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-017 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 11. Mediante Acuerdo SM-331-2019 (Anexo 13), con fecha 11 de junio de 2019, el Nombre77 Municipal de Limón, en referencia a la solicitud de audiencia emitida por el AyA, indica: “SE ACUERDA: Se le autoriza la Audiencia para el día miércoles 19 de junio de 2019, al ser las 17:00 horas; en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Limón.” 12.

Mediante correo emitido por la Dirección de la UEN Gestión Ambiental con fecha 12 de junio de 2019 (Anexo 14), dirigido a los representantes de la Comisión Interinstitucional conformada en la reunión del 22 de mayo de 2019, se coordina la participación en la sesión del Nombre77 Municipal de Nombre73 el 19 de junio de 2019 a las 05:00 pm. 13. Mediante correo emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud (Anexo 15), con fecha 17 de junio de 2019, se coordina una presentación por parte del AyA, al personal técnico del Ministerio de Salud sobre las investigaciones realizadas en la Zona 6, y de aspectos legales y operativos. 14. Mediante reunión celebrada el 19 de junio de 2019 (Anexo 16) en la Dirección Regional del Nombre01 en Limón, por parte del Nombre01 se expone a los funcionarios del Ministerio de Salud los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 15. Mediante Sesión Municipal del 19 de junio de 2019, se expone por parte del Nombre01 al Nombre77 Municipal los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. 16.

Mediante Acta Extraordinaria N°33 del miércoles 19 de junio de 2019 (Anexo 17), se presentan los acuerdos de la sesión municipal, en la cual el Nombre01 presentó aspectos técnicos referentes a la Zona 6 del Acuífero Moín, entre los que se indica: “MOCIÓN: Nombrar a las siguientes personas para que formen parte de la Comisión Interinstitucional del AyA; a la Nombre02. Nombre47-Regidora Suplente, Nombre03. Nombre48-Dirección de Ingeniería Municipal y el Ing. Nombre49-Unidad de Censo y Catastro Municipal.” 17. Mediante correo del 25 de junio de 2019 (Anexo 18), la UEN Gestión Ambiental, le remite a la Dirección de Agua la presentación técnica realizada el 19 de junio de 2019 en el Nombre77 Municipal de Nombre73 y los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. 18. Mediante inspección realizada el 11 de julio de 2019 (Anexo 19), se realiza visita de campo por parte de funcionarios del Nombre01 y Ministerio de Salud al proyecto Ticontainers. 19.

Mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (Anexo 20), emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remite al Área Rectora de Salud en Limón, el informe de inspección de la visita de campo realizada en Ticontainers y coordina para futuras reuniones, en donde indica: “Asimismo, se le solicita su anuencia para continuar con el acompañamiento de las inspecciones en proyectos ubicados en la Dirección09, siendo de interés particular de la Comisión Moín realizar una reunión para elaborar un cronograma del año 2020, ante esto le proponemos el jueves 26 de marzo, a las 1:00 pm en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha, con los siguiente contactos: • Nombre78.Sc. Nombre41, Directora UEN de Gestión Ambiental Correo: ...02 • Nombre50, Director Área Funcional de Hidrogeología Correo: ...03” 20.

Mediante oficio MS-DRRSHC-ARSL-01437-2020 (Anexo 21), la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón, remite a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, el informe técnico MS-DRRSHC-IT-01030-2020, referente al caso Ticontainers. 21. Mediante oficio UEN-GA-2020-00836 (Anexo 22), la UEN Gestión Ambiental comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud, la cancelación de reunión por pandemia y reprogramación de la misma, en donde se indica: “En atención al oficio UEN-GA-2020-00494, donde se solicita una reunión sobre el Proyecto Ticontainers, a realizarse el día 26 de marzo del 2020, muy amablemente y en referencia a la situación del país, ante la presencia del Covid-19, se procederá a reprogramar la reunión para el día 23 de abril del 2020, a la 1:00 pm, en sus instalaciones o en las instalaciones de la Región Huetar Caribe del AyA, quedamos atentos a su disponibilidad, mediante correo o nota en atención a esta propuesta de fecha…” 22.

Mediante oficio UEN-GA-2020-01399 (Anexo 23), la UEN Gestión Ambiental, le comunica a la Dirección del Área Rectora de Salud lo siguiente: “De la manera más atenta, y según documento UEN-GA-2020-00836, de fecha 18 de Marzo del 2020, donde se indica la fecha 23 de abril del 2020, como fecha tentativa, para realizar reunión de seguimiento sobre el Proyecto Ticontainers y otras empresas, y debido a la emergencia Covid-19, la misma se tendrá que reprogramar hasta nuevo aviso, ya que es sumamente importante la reunión presencial y ese mismo día realizar la gira de campo.” 23. Mediante oficios UEN-GA-2018-01766 (Anexo 24), PRE-2019-00009 (Anexo 25), PRE-2019-00810 (Anexo 26), PRE-2020-00865 (Anexo 27), emitidos por el AyA, se ha informado a grupos organizados como es el caso de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, sobre acciones de coordinación y abordaje con las instituciones y el Gobierno Local, en relación a (sic) proyectos en la Zona 6 del Acuífero Moín.

Es importante señalar, que el Nombre01 desde la publicación del Acuerdo de Junta Directiva 2007, ha realizado acciones de coordinación con las diferentes instituciones públicas, sin embargo, para atender el recurso de amparo, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas durante los años 2018, 2019 y 2020. Adicionalmente, por un tema de salud pública, en el marco de pandemia por el COVID, el Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo importante y liderazgo en la atención de la misma, razón por la que el Nombre01 no ha continuado con las reuniones e inspecciones presenciales, debido a que requiere el acompañamiento del Ministerio, quien es la entidad competente para ingresar a las propiedades para realizar las inspecciones de las actividades que no impacten el recurso hídrico, que es utilizado para abastecimiento poblacional. Sin embargo, el Nombre01 ante una solicitud de inspección de un proyecto de urgencia y contando con el aval del propietario y las medidas de seguridad correspondiente, esta (sic) con la entera disposición de realizar la misma en caso de ser necesario.

III. Casos de aplicación de acuerdo de Junta Directiva en proyectos de desarrollo. De conformidad con el interés institucional por conservar la cantidad y calidad del agua subterránea que es captada en las Fuentes Moín y el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva citados en el apartado del punto I de este oficio, el Nombre01 ha fiscalizado levantamientos de campo, reuniones con las partes interesadas y realizado informes técnicos, de manera que las actividades que se desarrollen sean congruentes con los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. A continuación, se presentan algunos ejemplos donde los interesados han presentado informes técnicos: a. Mediante oficio PRE-2018-00116 emitido por la Presidencia Ejecutiva del AyA, se emite criterio en referencia a los levantamientos de campo realizados por el Nombre01 en los inmuebles con Plano 7-1615161-2012 (Nombre81) y 7-1615160-2012 (Nombre82) b. Mediante oficio UEN-GA-2016-00363, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se remiten la siguiente información: • Observaciones correspondientes a la revisión del “Estudio Hidrogeológico de detalle, análisis de vulnerabilidad a la contaminación acuífera y revisión de las zonas de protección del Acuífero Moín (Zona 6) para las propiedades según catastros L-862177-2003 y L- 859280-2003”, elaborado por la Empresa Geotest, noviembre 2015. • Se presenta el informe técnico denominado “INSPECCION GEOLOGICA, PLANO L-86217-2003 y L-859280-2003 MOIN, LIMON”, elaborado por el Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental. c. Mediante oficio UEN-GA-2020-00494, emitido por la Comisión Moín, se remite al Ministerio de Salud el informe de inspección realizado de manera conjunta entre el Nombre01 y el Ministerio de Salud en el Proyecto Ticontainers ubicado en la Zona 6 del Acuífero Moín, Limón, en el cual se informa de los resultados obtenidos en la visita de campo, así como recomendaciones técnicas. d. Mediante oficio UEN-GA-2021-00736, emitido por la UEN Gestión Ambiental, en referencia a la consulta realizada por el Lic. Nombre62 en representación del Sr. Nombre63, se indica lo siguiente: ““…Hay una invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble…” “Ante esta indicación, será necesario que el propietario del inmueble realice las gestiones necesarias en coordinación con la fuerza pública para resguardar la seguridad de los funcionarios del AyA, que estarán realizando la corroboración de campo correspondiente con la presencia del propietario registral o su apoderado, además de aportar los permisos por escrito de acceso al inmueble ante la UEN Gestión Ambiental.

Estos requerimientos indicados en el párrafo anterior deberán ser coordinados por el propietario del inmueble debido a que el AyA, no tiene infraestructura destinada a servicio público en la propiedad. En cuanto al trámite con la fuerza pública, se requiere el documento correspondiente de esta entidad, que respalde el acompañamiento durante todo el recorrido con los funcionarios del AyA, siendo necesario para el trabajo de campo 4 oficiales. Por lo tanto, la UEN Gestión Ambiental, solicita con el objetivo de atender la consulta correspondiente al plano L-768772-2002, que, con al menos 15 días hábiles, se le indique la fecha para realizar la corroboración de campo, a efecto de que este Instituto pueda coordinar a lo interno lo que corresponda y confirmar si la fecha propuesta es viable según los programas de trabajo.” IV. Caso de atención del recurso. En atención al caso referente al recurso de amparo con Expediente No. 22-008354-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre72 001], se indican las siguientes acciones realizadas por la Comisión Moín: 1.

Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021, emitido por el Lic. Nombre14( (Anexo 28), se realiza consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se cita: “Mi consulta es de que forma el Nombre01 nos puede ayudar para iniciar un proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, pues en voto de la Sala Constitucional fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2008 a las 10:11 a. m, Expediente: 07-009140-0007-CO, de la Sala Constitucional y que consiste en un recurso de amparo que se interpuso directamente sobre el caso del acuífero de Moín, se dispuso la obligación del Nombre01 de ejercer las potestades administrativas para proteger los mantos acuíferos“ 2. Mediante correo electrónico con fecha 14 de octubre de 2021 (Anexo 29), por parte de la Dirección Jurídica, se solicita al Lic. Nombre14(, la información referente al shp con la delimitación del inmueble en consulta. 3.

Mediante correo electrónico con fecha 03 de noviembre de 2021 (Anexo 30), se adjunta por parte de la Dirección Jurídica – Legal Ambiental, el archivo denominado “prop valdi shp”, aportado por el Nombre02. Nombre14(. 4. Mediante oficio UEN-GA-2021-02951 (Anexo 31), con fecha 15 de noviembre de 2021, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se da respuesta a la Dirección Jurídica a la consulta del Lic. Nombre14(, en el cual se indica (Figura 2): “Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre14(, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011). b. Se recomienda al Área Legal de la Región Huetar Caribe, realizar consulta a la Dirección Regional Huetar Caribe, con el objetivo de que se manifieste si en la propiedad se encuentra infraestructura operativa destinada a servicio de abastecimiento poblacional (…) c. En cuanto a la colaboración para el proceso de desalojo de todas las personas que están contaminando el acuífero, es importante que desde el punto de vista Legal se establezcan las recomendaciones, a efectos que la UEN Gestión Ambiental apoye según corresponda.” 5.

Mediante oficio GSP-RHC-2022-00090, con fecha 20 de enero de 2022 (Anexo 32), emitido por la Dirección Región Huetar Caribe, se indica lo siguiente: “Respecto a la consulta recibida debo de indicar lo siguiente: 1. Efectivamente la propiedad descrita se encuentra dentro de la denominada zona 6, en esta zona existe una tubería de HF 300 mm conducción de la planta potabilizadora de Moín hacia el tanque de Pueblo Nuevo, lo que no significa que esta tubería está en esa finca propiamente dicha. 2. Sobre solicitudes de desalojo, debo de indicar que no le corresponde a esta Dirección gestionar el desalojo de propiedad que son de un tercero, esto si lo hemos hecho para propiedades del AyA, también hemos puesto en conocimiento de la situación al MINAE, sin embargo, reitero no podemos hacer gestiones para que se den desalojos en una propiedad que no le pertenece al Instituto, de hecho las autoridades de policía ni siquiera reciben la denuncia si no son interpuestas por el propietario registral.” 6.

Mediante oficio UEN-GA-2022-00182 (Anexo 33), con fecha 28 de enero, emitido por la UEN Gestión Ambiental, hacia la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “Debido a lo anterior, se adjuntan los siguientes criterios emitidos en referencia: • Memorando UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental (Anexo 1). • Memorando GSP-RHC-2022-00090, emitido por la Dirección regional Huetar Caribe de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos (Anexo 2). Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se dan traslado de los oficios correspondientes al caso en consulta, siendo necesario que se defina desde el punto de vista Legal las recomendaciones referentes al involucramiento y apoyo de parte de las áreas institucionales, según corresponda.” 7. Mediante oficio PRE-J-2022-00477 (Anexo 34), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se indica lo siguiente: “De conformidad con lo indicado en los criterios técnicos, GSP-RHC-2022-00090, UEN-GA- 2021-02951 y UEN-GA-2022-00182 corresponde que se le comuniquen al interesado, reiterando que: A) El Nombre01 por principio de legalidad no puede instaurar procesos de desalojo en propiedades privadas; pues dicha potestad es exclusiva del titular del dominio del inmueble, de conformidad con el artículo 264 del Código Civil, donde se enumera cuáles son los derechos que integran a el (sic) dominio o la propiedad absoluta sobre una cosa, y entre ellos se encuentran los de defensa y exclusión, y los de restitución e indemnización, los que se desarrolla más adelante en los artículos 295 a 315 y 316 a 334, respectivamente, de tal forma que, la potestad probatoria de la titularidad, como requisito fundamental para el proceso de desalojo resulta excluyente en este caso para el AyA.

  • B)Si bien el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 2726 establece un deber para el Instituto, de controlar la contaminación de los cuerpos de agua y la Sala Constitucional mediante distintas sentencias ha hecho referencia a la protección al recurso hídrico, no puede el Instituto violentar el ordenamiento jurídico y transgredir derechos fundamentales como el de propiedad y en Nombre72 de dicho deber arrogarse competencias que van más allá de su límite de actuación. C) En caso de realización de estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional.” 8. Mediante oficio PRE-J-2022-00480 (Anexo 35), con fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la Dirección Jurídica, se da traslado al Lic. Nombre14( de los criterios institucionales, en el que se indica: “Sirva encontrar adjunto, los documentos que sirven como traslado para dar respuesta a la consulta realizada: Memorando UEN-GA-2022-00182, con sus dos anexos (GSPRHC- 2022-00090, UEN-GA-2021-02951), los cuales corresponden al criterio técnico de la UEN.

Así como el Memorando No.PREJ-2022-00477 correspondiente al criterio del área legal ambiental.” 9. Mediante nota con fecha 21 de febrero de 2022 (Anexo 36), emitido por el Lic. Nombre14( solicita a la Comisión Moín los aspectos técnicos para considerar en el estudio hidrogeológico a realizar en el inmueble. 10. Mediante oficio UEN-GA-2022-00528 (Anexo 37), con fecha 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental el (sic) repuesta a la nota del Lic. Nombre14(, se indica: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución. Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico.

Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El Nombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio.” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica: a. Los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 2007-117 y 2011-112, establecen recomendaciones para la protección del acuífero Moín, de tal manera que las actividades que se desarrollen sean sostenibles con el ambiente y no haya afectación al recurso hídrico captado en las fuentes Moín para el abastecimiento poblacional. b. Los lotes mencionados en el recurso, propiedad de [Nombre72 003], se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011), los cuales cuentan con recomendaciones para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico que es empleado para abastecimiento poblacional. c. El Nombre01 con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, conformó a lo interno de la institución la Comisión Moín, la cual está constituida por la UEN Gestión Ambiental, la Dirección Jurídica, la Dirección Regional Huetar Caribe, la UEN Programación y Control y la Dirección de Urbanizaciones, estas áreas desde el ámbito de sus competencias, realizan los análisis correspondientes para los casos en consulta relacionados con los Acuerdo del Acuífero Moín, actividad que se ha mantenido desde el año 2007. d. El AyA, con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para la protección del recurso hídrico en el Acuífero Moín, ha socializado, divulgado y capacitado a diferentes instituciones en referencia a los Acuerdos de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, como ha quedado demostrado en la sección II, del presente oficio.

Además, se ha conformado la Comisión Interinstitucional integrada por el AyA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Nombre73 y la Dirección de Agua, para dar seguimiento a las inspecciones que se acuerden de manera integral según solicitud de alguna de estas instancias. e. A partir de lo expuesto en el punto IV de este oficio, queda demostrado que las consultas realizadas por el interesado siempre fueron atendidas de conformidad con las competencias institucionales. En este caso particular, debido a que la propiedad tiene una de invasión de 150 personas que resguardan con armas los distintos accesos que tiene el inmueble, según comunicado por el Lic. Nombre14( (abogado representante del propietario), el apoyo brindado por el AyA, estaría condicionado, a que el propietario genere las condiciones y coordinaciones para que se brinde seguridad de los funcionarios públicos del AyA, para el acompañamiento e inspección correspondiente. f. El AyA, de conformidad con lo definido con el Acuerdo de Junta Directiva 2007-117 y 2011-112, a partir de la información y estudios suministrados (Art. 109, Ley de Biodiversidad) ha dado apoyo a diferentes proyectos, a través de las inspecciones conjuntas a inmuebles, donde ha privado el interés institucional, en la protección del recurso hídrico” (el resaltado fue suplido).

El 9 de mayo de 2022, el director regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC emitió el escrito SINAC-ACLAC-DR-214-202, en el que detalló: “Que el Sistema Nacional de Áreas de conservación, área de Conservación la Amistad Caribe, no ha recibido denuncia alguna sobre los hechos narrados por el recurrente, ni el SINACACLAC, ha sido notificado por el Nombre01 sobre este particular. QUINTA: Es importante que el recurrente presente documento de recibido, que valide su dicho sobre que el SINAC-ACLAC está informado de los hechos denunciados con el fin de darle mejor seguimiento y respuesta a esta honorable Sala, ya que por el volumen de casos y denuncias es prácticamente tarea imposible encontrar algún antecedente sin documentos de referencia. SEXTA: A la fecha el Nombre01 no ha informado, notificado o coordinado con SINAC- ACLAC, para atender algo en relación con los hechos denunciados, ni sobre el tema de contaminación en el acuífero Moín, ni hemos recibido alguna denuncia al respecto”.

El 13 de junio de 2022, el director de ingeniería de la Municipalidad de Nombre73 emitió el memorial DIM-029-2022, en el que se indica: “Respecto de esto debo indicarle, que el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es acuerdo 2007-107 “Oficialización del estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031” (…) Dicho acuerdo fue debidamente comunicado y en consecuencia, el Gobierno Local, fue obligado a incorporar en la operativización de nuestro Plan Regulador dicha Matriz, por lo que no autoriza el uso de suelo, que no cumpla con dichos requisitos”.

El 18 de junio de 2022, el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC emitió el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, en el que se detalló: “Según lo indicado en el Oficio SINAC-SE-AJ-257-2022, se realizó la inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, esta inspección fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, en la unidad 347-63, el día 17 de junio de 2022. Atendiendo de manera puntual lo solicitado, se resuelve de la siguiente manera: 1. En el sitio, según lo determinado en el acuerdo 2007-177 del AYA, se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación. 2.

De las infraestructuras de habitación desarrolladas en el sitio, le compete a la Municipalidad respectiva determinar si cuentan con permisos de construcción. Estas son en su mayoría de latas con estructuras de madera, de las cuales se visualizó tubos para el desagüe de las aguas grises las cuales no tienen un adecuado encausamiento, al lado de las mismas se observó los espacios denominados letrinas. De manera que se determinó que no existe la adecuada disposición de las aguas residuales. 3. Según lo dispuesto en los acuerdos por la Junta Directiva del ICAA, en este sitio no se está cumpliendo lo anterior. Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros. 4. Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales.

Los residentes de este sitio se encuentran usurpando dichas zonas. 5. El cambio de uso de la cobertura de los inmuebles en cuestión es evidente y constante. Se identificó tocones en estado avanzado de descomposición, y árboles con poco tiempo de haber sido cortados, entre las especies que se pudo apreciar que han sido taladas son, poro, guácimo colorado, laurel y chilamate. Así también se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente” (el destacado fue añadido).

Por su parte, el 21 de junio de 2022, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nombre73 emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN FINCA PROPIEDADES [Nombre 003], Dirección28, COMUNIDAD DE VILLA PLATA, LIMON”, en el que se señaló: “Este primer recorrido comprende zona baja de la finca con topografía relativamente plana. En ese sector se puede observar una serie de construcciones a la orilla de la calle principal que recorre el límite de la finca. Existen accesos por trochas que van hacia otros lotes que se ubican al pie de la pendiente. No observé cuerpos de agua superficiales en este sector. Hay un puente que atraviesa un zanjo, que aparentemente se construyó para evacuar las aguas pluviales de escorrentía que bajan del lado NORTE de la pendiente de la finca y que se acumulan en la parte baja y que forman parte de las aguas superficiales que recorren el sector sur en la parte baja de Villa Plata.

No se observó en el momento de la inspección, acumulación de aguas negras en el zanjo, que demuestren una afectación de contaminación superficial por el vertido de aguas de las viviendas. El segundo recorrido se realizó sobre la calle de acceso de la finca hacia el límite ESTE, aproximadamente de 650 metros. Esta parte tiene pendientes relativamente fuertes, sin embargo también se han realizado contrucciones (sic) en ese sector a lo largo de las diferentes calles internas de acceso dentro de la finca. Quizá por la pendiente y otros factores asociados que limitan el desarrollo urbanístico, se observa una menor densidad de construcciones comparado con la parte baja y también se observan patios más arborizados, principalmente con especies frutales diversos e inclusive cultivo de cacao en algunos patios. Tomamos una calle interna de acceso hacia el OESTE de la finca, casi se puede decir que es la cresta (parte mas (sic) alta) de la finca por el relieve que presenta, esa área de relieve acusado y que perfectamente se puede indicar que es la divisoria de aguas, ya que son elevaciones mayores donde las aguas de lluvia de precipitación natural (pluviales) escurren hacia los diferntes (sic) sectores.

Durante todo el recorrido, no se observaron cuerpos de aguas superficiales que nacen en ese sector que formen un sistema fluvial y que escurren a los diferentes lados de la finca y que conformen una cuenca o microcuenca. Si es importante mencionar que en ese sector hay una menor ocupación y una densidad menor de contrucciones (sic). Se observa más lotes dedicados a los cultivos de cacao y otras especies frutales de subsistencia como son fruta de pan, guanábana, pejibaye, manzana de agua, carambola, caimito, nance, entre otras, esto hace que se visualice una mayor cobertura vegetal hacia el sector norte y oeste de la finca. En los sitios visitados, no se notó condiciones de bosque secundario o primario, pero si hay una mayor cobertura vegetal en ese sector hacia el lado norte y oeste de la finca. Hasta el momento la ocupación se nota con una mayor dedicación a la producción agrícola de subsistencia y con una predominancia de cultivo de especies frutales.

En lo observado tampoco se nota una regeneración que evolucione hacia un bosque secundario, esto debido a las actividades que están relizando (sic) los ocupantes de la propiedad. Con relación al tratamiento que realizan los ocupantes de viviendas dentro de la finca, no se pudo observar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y aguas negras, debido a que no se pudo accesar a los lotes que han sido delimitados dentro de la propiedad, ya que no es posible ingresar a las viviendas sin la debida autorización. CONCLUSIONES • La finca bajo folio real 7-27136, se encuentra dentro de la zona 6 de protección y de recarga acuífera de Moín. • Es posible que haya una afectación de las aguas subterráneas o mantos acuíferos de ese sector, pero no es posible determinarlo mediante está inspección, y debe ser con profesionales especializados de instituciones de competencia, aplicando metodologías científicas que puedan determinar la situación con respecto a la afectación que está produciendo la ocupación de la finca. • La ocupación que existe en la finca, debió ser controlada por el dueño registral de la propiedad, debido a que las contrucciones (sic) ilegales se encuentran dentro de la propiedad privada. • No es posible determinar, sin una línea base, cual (sic) era la situación de cobertura boscosa o vegetal de la finca y el nivel de deterioro y/o recuperación de la misma, así como la afectación que ha causado la ocupación actual que se ha dado en la finca.

Las autoridades en el campo ambiental y aguas (MINAE y AyA) con sus profesionales especializados en ese campo pueden hacer una mejor valoración al respecto. • Se nota que en la parte NORTE y OESTE de la finca existe una menor densidad de contrucciones (sic) y una mayor cobertura vegetal, lo que implica un menor impacto ambiental en relación al (sic) sector SUR que esta (sic) más poblado y urbanizado. • No se pudo determinar mediante esta gira de inspección los tratamientos que están dando los ocupantes de la finca a las aguas residuales o aguas negras en las diferentes construcciones establecidas en los lotes segregados por los ocupantes en la finca privada”.

El 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Nombre73 emitió el memorial UCC-0201-21-06-2022, en el que se indicó: “(…) se realizó inspección en el sitio el día martes veinte uno de Junio del presente año, en la provincia de Limón, cantón de Nombre73 distrito de Nombre73 lugar conocido como villa de plata, comenzando en las coordenada Dirección06 Y NORTE 1105530.712 hacia el sector de cielo amarillo. Donde en la parte catastral obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas 7-27136-000 y la finca 7-27138-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre72 002] cedula jurídica CED15 donde la primera cuenta con el plano CED01 con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano CED02 con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS.

Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación. Ya en el campo ambas propiedades tienen un frente a calle publica principal que se dirige al Dirección07 de aproximadamente cuatrocientos metros lineales, además de accesos internos dentro de ambas propiedades, conjuntamente es importante mencionar que la finca 7- 27136-000 tiene un camino que se dirige hacia el barrio de Ojo de Agua que la parte en dos a la finca 7-27136-000 Asimismo, se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000. Toda esta información obtenida le corresponde a la de la Unidad de Topografía y fue rescatada mediante la visita de campo y el estudio en oficina realizado” (la negrita fue incorporada).

El 22 de junio de 2022, el jefe de la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Nombre73 expresó en el oficio UTE-AML-025-2022 que: “El presente documento es la recopilación de datos que se encontraron el día 21 de junio en la inspección con los compañeros de la ubicación Villa Plata. En la inspección que se realizó se apreció caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, se logro (sic) ver que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública. Las casas que se visualizaron fueron en sistema de block, madera, fibrolit y baldosas, siendo un aproximado de 81.13% viviendas materiales de baldosa y un 9.43% fibrolit. Todas las casas que detectaron rondaban entre 42 metros cuadrados y 120 metros cuadrados, la mayoría sin cielo raso en sus viviendas y sin precinta y con el alero excediendo el límite permitido como lo indica el Articulo 150.

Marquesinas (Reglamento Construcciones) en edificaciones cuya planta se proyecte construir en línea de propiedad, pueden incluir un alero, marquesina o voladizo de un ancho mínimo igual al ancho total de la acera, menos 0.50 metros. Se encontró viviendas que no poseen canoas ni bajantes para darle la evacuación correcta a las aguas de lluvia como lo establece el Artículo 121. Drenaje Pluvial. (Reglamento construcciones). No se permite la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto de canoas y bajante pluviales desde techos, balcones, voladizo y cualquier otro saliente que deriven tragante para encauzar las aguas hasta el caño, dentro de la acera. Se aprecio (sic) viviendas con elevaciones superiores con respecto a las otras viviendas ocasionando erosión en las pendientes de los taludes, se encontró mucho material arcilloso y parte de coral en el camino transitado duraste la inspección en sitio.

Las viviendas tenían cerramiento perimetral en sus propiedades. Unos de los materiales utilizados para realizar el cerramiento fueron alambre de púas, zinc y sarán. Los zincs que utilizaron para sus techos fueron de lámina ondulada sin embargo la mayoría se encontraba en mal estado porque no se coloco (sic) pintura anticorrosiva para techos para evitar corrosión y darle mayor durabilidad al zinc. Se otro (sic) hallazgo, fue ver viviendas que no han sido terminadas, lo que ha generado corrosión en las varillas por no tener su recubrimiento respectivo. La mayoría viviendas poseen verjas en sus ventanas con materiales distintos algunos con varillas 3/8, otros con malla electrosoldada (4.88 mm) y malla panel cerca galvanizada (50 x 200 x 4 mm). Se detecto (sic) un puente de 2 metros de ancho con 4 metro lineales de largo el cual está sin baranda para paso de peatones y sin sistema de contención para vehículos.

Se logro (sic) ver que el cauce (Cuerpo Receptor) tenía un tirante por debajo de 1.50 metros y un espejo de agua de 2 metros, pero lo boscoso que estaba el cauce impidió poder tomar medidas exactas. La mayoría de viviendas no poseen cerámica, sino tienen una losa de concreto, se encuentra con la losa de concreto sin darle ningún acabado respectivo. La mayoría de techos de las viviendas poseen 3 a 4 caídas de agua y no hay un control estas. El 90% de viviendas poseen ventanas laterales irrespetando el Artículo 127. (Reglamento Construcciones). Ventanas a colindancia 1 piso a 1.50 metros debe estar la tapia y 2 piso 3.00 metros debe estar la tapia. Se encontró caminos con lastre manipulado con maquinaria pesada para realizar el camino respectivo. Se encontró viviendas que excedía su cobertura (Área construida). Como lo indica Articulo 95 Cobertura (Reglamento Construcciones). No se puede exceder del 75% del área del predio, Cuando la relación frente – fondo exceda de 3.5 la cobertura no debe ser mayor de un 70%. Aclarar que esas viviendas NO están registradas con permisos de construcción en la base de datos del año 2017 al 2022” (el destacado fue incorporado).

Este Tribunal observa que, en junio de 2022, el ICAA emitió el “INFORME DE INSPECCIÓN: CASO DE ASENTAMIENTO INFORMAL (PRECARIO) Dirección21”, en el cual se consignó: “(…) El día 22 de junio del 2022 se realiza inspección en los inmuebles folio real 7-27136 plano: L-0509859-1983 y folio real 7-27138 plano L-0509860-1983 en coordinación con el Sr Nombre18 representante legal de los propietarios del inmueble a Nombre72 de VAL DI SOMER S.Nombre10., y con el apoyo de la fuerza pública de Limón. Durante las inspecciones se tuvo la compañía del Sr Nombre52, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Plata (…) a) MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (Fotografía 1), además de excavaciones realizadas para la acumulación de desechos (Fotografía 2) y la disposición de estos sobre patios de viviendas (Fotografía 3).

En el sector no se presta el servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Limón. En total se levantaron 10 puntos donde se da esta afectación (Figura 2) (…) b) DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Corresponde con todos aquellos vertidos generados en las viviendas, tanto las descargas de los servicios sanitarios como aquellas descargas de aguas jabonosas provenientes de baños, pilas lavadoras y cocinas, las cuales se catalogan como aguas grises. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas.

De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud. En las fotografías 4 y 5, se muestran ejemplos de los tanques sépticos que se ubican en el sitio (…) La mayoría de los hogares visitados cuentan con algún tipo de tanque séptico para la disposición de las aguas residuales. Se encuentran tuberías que descargan aguas jabonosas hacia la parte trasera de los terrenos (Fotografía 6) (…) Se evidencia un caso donde el rebalse del tanque séptico se dispone directamente en la superficie del terreno (Fotografía 7). (…) c) CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS-KÁRSTICAS (DOLINAS) Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características.

En la Fotografía 8 se observa la presencia de una dolina con un diámetro de unos 15 cm y una profundidad que supera los 20 cm. Mientras que en el sector noreste del área de Villa Plata se encontraron dolinas con un mayor tamaño, con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo más comunes las redondeadas, como se observa en la Fotografía 9 y Fotografía 10 (…) En el suroeste de la zona estudiada se observó el agua estancada en una dolina (Fotografía 11) (…) Mientras que en el sector Oeste de la propiedad en estudio, se identifica la presencia de dolinas incipientes de tamaños variados y de formas subredondeadas, con extensiones de 8 m de largo por 4 m de ancho hasta 10 m de largo por 4 m de ancho y una de forma circular de 1.5 m de radio (Fotografía 12 y Fotografía 13) (…) d) MOVIMIENTOS DE TIERRA Según las observaciones de campo y conversaciones con los propietarios de algunas casas, se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas, como se observa en la Fotografía 14, Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17, donde se dio un movimiento del terreno para prepáralo para construcciones (…) En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo.

Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (Fotografía 20 y Fotografía 21). En el mapa de la Figura 4, se muestran todas las estructuras (viviendas) reconocidas en el campo con ayuda de fotografías aéreas, sumando un total de 194 (…) e) CORTA DE ÁRBOLES Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24) (…) 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. A partir de la inspección realizada y las entrevistas a los habitantes del asentamiento informal (precario) Villa Plata, se indica que hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas).

C. A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2, se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud. D. Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección.

E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas. F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”. (el destacado fue incorporado).

El 27 de junio de 2022, el ICAA emitió el memorando UEN-GA-2022-01214, en el que se detalló: “En atención a la solicitud de prueba para mejor resolver emitida por la Sala Constitucional, con fecha 16 de junio de 2022, expediente 22 008354 0007 CO, interpuesto por [Nombre72 001], referente a la Zona 6 del Acuífero de Moín, que incluye al inmueble PROPIEDADES [Nombre72 003], se desarrollan los puntos indicados en el orden solicitado:

  • 1)¿Si existe o no afectación al acuífero de Moín? Como parte del seguimiento establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N°2007-177 y N°2011-112, se ha definido como estrategia para prevenir y proteger la eventual afectación al acuífero de Moín, y en este caso particular para la Zona 6, la ejecución de las siguientes acciones: 1.1 Interposición de denuncias: cuando se detectan o conocen actividades que afecta-rían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de Nombre01 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 16 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el Nombre01 no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana. Ejemplo de lo anterior son las denuncias citadas en el oficio RHA-OM-2013-0666 del 09 de abril de 2013 (imágenes 644 al 675 del expediente digital del amparo) y el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo). 1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras. Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, Nombre01 ha conformado la Comisión Moín, la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, Dirección de Urbanizaciones, representantes de Nombre01 en SETENA y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados. Tal y como se evidencia en la tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del amparo), se han tramitado en esta comisión desde el año 2013 a la fecha 10 proyectos nuevos, de los cuales el 50% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De los restantes cinco proyectos, a la fecha de emisión de este informe, se está a la espera de la presentación de subsanaciones de dos de ellos. El ejemplo más reciente corresponde al desarrollo “Matama Village”, el cual es un edificio para 24 apartamentos que se describe en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo). 1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por Nombre01 o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde Nombre01 se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros. Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente. Del 2003 a la fecha, se ha realizado 23 inspecciones a instalaciones (oficio RHA-OM-2013-0666 tabla N° 1 (imagen 444 hasta la 451 del expediente digital del Amparo) y el informe de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 Tabla N° 4 (imagen 593 del expediente digital del Amparo). A manera de ejemplo se cita el caso de TICONTAINER, tramitado mediante oficio UEN-GA-2020-00494 (imagen 676 a 677 del expediente digital del Amparo) adjunto en anexo al oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del Amparo) adjunto en el primer informe remitido a la Sala Constitucional para este expediente. Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de Nombre01 al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, Nombre01 indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen. Caso Villa Plata: Como resultado del trabajo de campo ordenado por la Sala Constitucional, se determinó para el Precario Villa Plata que hay un total de 194 viviendas, ubicadas en los planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, donde a pesar de su situación irregular de cumplimiento de normas de ordenamiento urbano, las viviendas en su gran mayoría realizan las descargas y tratamiento de sus aguas residuales a través de tanque séptico y drenajes, entre otras características que se detallan en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, y de donde se puede indicar (Anexo 1.): “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área, un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud” 1.4 Coordinación institucional. Tal y como consta en el documento PRE-1426-2012 en el mes noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de AyA, Nombre11, notifica al señor Alcalde de la Municipalidad de Limón, señor Nombre24, sobre la actualización de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112, para que sean incluidos dentro del Plan Regulador de Limón. Este oficio hace referencia a la orden emitida por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08 que indica: “…en el término improrrogable de doce meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, inicien el procedimiento respectivo para modificar el Plan Regulador de Nombre73 a efectos incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.” También, mediante oficio PRE-1426-2012 de noviembre del 2012 (imagen 634 del expediente digital del amparo), la Presidenta Ejecutiva de Nombre01 notifica al señor Nombre13, de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, sobre la aplicación de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007-177 y N° 2011-112. Según lo indicado en el oficio UEN-GA-2022-00850 (imagen 678 a 691 del expediente digital del amparo), en el apartado 2, se mencionan todas las acciones realizadas por el AyA, en las cuales se ha coordinado con diferentes instancias competentes relacionada con actividades ubicadas en la zona 6. Como ejemplo se cita la reunión el 22 de mayo de 2019 con el Área Rectora Nombre73 del Ministerio de Salud y con representantes de La Municipalidad de Limón, en donde se crea la Comisión Interinstitucional Moín. Adicionalmente, se realizó una exposición de los acuerdos de Junta Directiva para Moín en la sesión del Nombre77 Municipal del 19 de junio de 2019, que quedó registrada en el Acta Municipal Extraordinaria N° 33 (imagen 823 a 872 del expediente digital del Amparo) donde se hace referencia a la invasión por precarios en zonas boscosas dentro de la zona de recarga de los acuíferos de Moín. 1.5 Infraestructura para mitigar el riesgo a contaminación. Como medida para 1arantizar la salud pública de la población que es abastecida por las fuentes de Moín, Nombre01 ha desarrollado obras de infraestructura tales como la planta potabilizadora y los estudios y diseños para un sistema de alcantarillado sanitario dentro de las zonas con mayor densidad de población dentro de la zona 6 (Dirección31, Loma de Moín y Villa Plata) En el caso de la planta potabilizadora de Moín, se construye en acatamiento al punto 10 del acuerdo de Junta Directiva 2007-177 y entra en operación en marzo de 2012 con un costo cercano a los ¢400 millones (informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (imágenes 580 a 602 del expediente digital del Amparo) En cuanto al “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, actualmente se encuentra en la fase diseño (citado en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, anexado por el oficio GSP-RHC-2022-00714 (imagen 599 a 602 del expediente digital del amparo), se ampliará más adelante al referirse a la pregunta número 2 (aguas residuales) solicitada por la Sala Constitucional. Dado lo anterior, se considera que en el marco de las competencias institucionales ha existido un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participó mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha garantizado la protección del acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. En el caso particular del precario de Villa Plata, el cual es objeto del presente recurso, se realizó un levantamiento de campo el día 22 de junio de 2022 por parte del Nombre01 (Anexo 1), en el que se determinó que un 96% de las casas inspeccionadas, descargan sus aguas residuales a un sistema de tanque séptico y drenaje, sin que estás se ubiquen en las dolinas o sumideros. Se detectó una descarga de aguas grises (jabonosas) en algunos patios, los cuales, aunque no son descargas adecuadas, no drenan directo al acuífero. Se considera que esta situación favorable, es el resultado de que este asentamiento tiene una cronología de vieja data (más de 20 años), lo que fue constatado durante la visita, donde las condiciones de las viviendas son semejantes a la de cualquier barrio residencial-urbano. Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la zona 6, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011 112. En la Figura 1, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2022. (…)
  • 2)Si en la zona 6 del referido acuífero se da o no la adecuada disposición de las aguas residuales: Tal como se indicó en la respuesta anterior, existe un abordaje institucional para garantizar que los nuevos proyectos cuenten con soluciones de aguas residuales según lo recomendado en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA. Respecto a las instalaciones existentes, se han planteado las denuncias correspondientes para que se corrijan las descargas inadecuadas en la Zona 6 del Acuífero de Moín, medidas que han sido acatadas en la mayoría de los casos. En el caso de las zonas densamente pobladas con sistemas de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenaje, dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, el Nombre01 a través del “Proyecto BPIP 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón”, ha considerado las siguientes poblaciones: Dirección08, Loma de Moín y el aporte del caudal del Precario de Villa Plata (Figura 2). (…) En el caso particular del precario de Villa Plata, Nombre01 mediante la construcción del alcantarillado sanitario de Moín, ha dispuesto resolver la descarga y el tratamiento de las aguas residuales mediante la asignación del caudal generado por esta población, tal como se indica en el informe de inspección denominado “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Dirección02. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1: “A partir del levantamiento de campo realizado en el inmueble cuyo plano catastrado es el L-0509859-1983, el cual tiene un área total de 322 421.32 m2 (Figura 3), se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas”
  • 3)¿Si en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA? De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio, el Nombre01 en el marco de las competencias institucionales ha dado un abordaje para el cumplimiento de los Acuerdos de la Junta Directiva del AyA, en referencia al acuífero de Moín, en específico en aquellas actividades donde Nombre01 participa mediante gestión de denuncias, conceptualización de nuevos desarrollos, regularización de actividades existentes, coordinaciones interinstitucionales y construcción de infraestructura, con lo cual a la fecha, se ha procurado la protección al acuífero de Moín, el cual es estratégico para el abastecimiento de la población presente y futura de la Ciudad de Limón. Es importante señalar que estos acuerdos de Junta Directiva del AyA, son un marco orientador para que la administración encargada de resolver el permiso, licencia o autorización, lo considere e implemente. Para que se dé un cumplimiento de los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 y que se pueda garantizar que la protección sea efectiva, es necesario la participación de las entidades que regulan el uso del territorio y ordenamiento urbano, como la Municipalidad, Ministerio de Salud, Vivienda, IMAS, INDER, MINAE, entre otros.
  • 4)¿Si en la zona 6 del acuífero de Moín se han producido o no movimientos de tierra no autorizados y si se han construido o no edificaciones carentes de los permisos respectivos? De conformidad con lo indicado en la respuesta de la pregunta 1 de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4, 5 y 34 (imagen 646 a 653 del expediente digital del amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por movimientos de tierra. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, casos 7, 8 y 9, anexado por GSP-RHC-2022-00714 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncian movimientos de tierra y talas dentro del precario Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, ante los entes competentes. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron movimientos de tierra distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1). Es importante señalar, que la instalación de infraestructura o edificaciones carentes de los permisos respectivos, se dan mayormente en asentamientos informales, por ejemplo el asentamiento de Villa Plata, en donde se han identificado 194 viviendas, las cuales no han gestionado ninguna disponibilidad de agua para su construcción y edificadas sobre accesos que en su mayoría no corresponden a calles públicas ni a servidumbres de paso, lo que se evidencia en el informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1. En el marco de las competencias institucionales, el Nombre01 no aprueba, ni fiscaliza los permisos de construcción, siendo que ha brindado los insumos al Gobierno Local, para que los desarrollos se ejecuten según las recomendaciones dadas en el Acuerdo de Junta Directiva, cuya aplicación ha sido indicada por la Sala Constitucional en el Voto 4751-08.
  • 5)¿Si en el sitio en cuestión se ha producido o no la tala de árboles? Antes de contestar esta pregunta, es importante identificar que el ente competente para determinar si ha existido una tala de árboles o no, es el SINAC; aclarado lo anterior y de conformidad con lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 1, de este oficio y según lo señalado en el oficio RHA-OM-2013-00666, específicamente en la Tabla N°1, los casos 3, 4 y 5 (imagen 646 a 653 del expediente digital del Amparo), evidencian las denuncias presentadas por el Nombre01 ante los entes competentes por corta de vegetación forestal. De igual manera, en el informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, en la Tabla N°1, caso N° 9 (imagen 582 del expediente digital del Amparo), se denuncia la corta de vegetación Forestal dentro del precario Villa Plata. A partir del levantamiento de campo realizado el día 22 de junio de 2022 (Anexo 1), en el precario de Villa Plata, objeto del presente recurso de amparo, se identificaron árboles cortados distribuidos en diferentes sectores (Figura 2, del informe de inspección “Caso de Asentamiento Informal (precario) Villa Plata, Zona 6. Exp 22-008354-0007-CO”, Anexo 1). Finalmente es importante mencionar lo siguiente: 1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Zona 6 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo. 4. Luego de una revisión de la documentación aportada en el expediente digital del Amparo, se aprecia el informe rendido por el SINAC, mediante Oficio SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022, Inspección de campo al sitio indicado que dispone de los números de plano catastrado 7-0509859-1983 y 7-0509860-1983, la cual fue realizada por los funcionarios Nombre27 y Nombre28, el día 17 de junio de 2022 (visible a imágenes 1100-1110 del expediente digital del Amparo), es importante señalar, que se procedió a verificar las coordenadas que se cita en el punto Nombre04 de este informe, las cuales no coinciden en los planos citados, sino que se encuentran a una distancia de 400 metros al Sureste, lejos del inmueble que debió valorarse según lo ordenado por la Sala” (el destacado fue suplido).

Por último, el 7 de julio de 2022, la directora a. i. del Área Rectora de Salud de Nombre73 del Ministerio de Salud emitió el memorial MS-DRRSHC-ARSL-04398-2022, en el que se consignó: “(…) realiza la inspección el día 01 de Julio del 2022, al ser las 13:30 horas, donde se realiza el recorrido por toda la comunidad, donde se visualiza un aproximado de 154 casas de habitación construidas a base de material de cemento, Block, Madera, Baldosas y que muchos utilizando un sistema de Tanque Sépticos y tanque séptico mejorados, algunas viviendas cuentan con una mala disposición de las aguas Residuales, es importante mencionar que existen una verdulería y venta de cocos rayado dentro de las misma vivienda, con respecto al fondo del recurso se recomienda que dicho desalojo deberá ser tramitado por la vía Judicial (Tribunales de Justicia), con respecto a lo solicitado bajo el Recurso de Amparo se le informa de lo siguiente.

(…) 3. Sí en tal zona se cumple o no lo dispuesto en los acuerdos N. OS 2007- 177 y 2011-112 adoptados por la Junta Directiva del ICAA: Que según lo indicado reformado el punto anterior mediante acuerdo N° 112-2011, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del 2011), Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros (…) Por lo tanto, según lo indicado bajo en los puntos ya explicados y por lo que se recomienda que el debido desalojo se deberá tramitar por la vía judicial” (la negrita fue agregada).

Ahora bien, en el sub examine, la parte accionante refiere que la Junta Directiva del ICAA declaró la zona de protección y de recarga acuífera de Moín (zona 6), mediante acuerdo n.° 2007-177, en el cual se dio la oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007031. Señala que su representada tiene dos propiedades ubicadas en la referida zona 6, a las cuales se les impuso una serie de limitaciones. Indica que, desde la creación de la mencionada zona 6, el ICAA ha incumplido sus deberes, pues en ese lugar se ha dado un cambio de uso de suelo con la construcción de casas tipo precario, sin que se haya realizado un control del uso y manejo de las aguas residuales, aguas negras, perforaciones de pozos y, además, no ha hecho cosa alguna para evitar la tala del bosque. Sostiene que, debido a lo anterior, requirió colaboración ante el ICAA con el fin de proceder con el desalojo administrativo de todas las personas que están invadiendo sus fincas, debido a los daños que generan a los recursos naturales y la contaminación al acuífero; empero, no se les proporcionó ayuda alguna.

Acusa que tanto el ICAA como el MINAE tienen conocimiento de la usurpación que existe en la zona 6 del acuífero de Moín, de los cambios de uso de suelo y de la contaminación; sin embargo, no han realizado actuación alguna para desalojar a las personas que de manera ilegítima usurpan el patrimonio del Estado. Solicita que se declare con lugar el recurso y se condene a las autoridades recurridas por su negligencia al proteger la zona aludida. Pide que se ordene a la parte accionada efectuar los trámites necesarios para ejecutar los desalojos correspondientes de las fincas supramencionadas. Requiere que se ordene llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proteger al acuífero de Moín, mediante la expropiación y pago correspondiente a su representada.

Al respecto, obsérvese que este Tribunal se ha pronunciado previamente sobre el acuífero supramencionado y la tutelada jurídica que merece. En ese sentido, en la sentencia n.° 2008012043 de las 10:11 horas del 1° de agosto de 2008, se indicó:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. Acude la recurrente en tutela del derecho de propiedad de la empresa [Nombre 004]. Dice que la amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, ubicados en la zona 6, las cuales, por medio del artículo 6, inciso a) de la Sesión de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número 2007-20, pasaron a formar parte de una serie de zonas ubicadas en la provincia de Nombre73 catalogadas como zonas reservadas por un interés público de protección a mantos acuíferos. Aduce que según ese acuerdo la empresa amparada no puede ejercer ninguna actividad en sus propiedades, cuya cabida entre las dos cubre un área de trescientos treinta y tres mil ciento noventa y un metros con dieciséis decímetros cuadrados, por lo que se vulnera su derecho de propiedad al establecer limitaciones a ese derecho por la vía de un acuerdo de Junta Directiva de una institución autónoma y no por medio de una ley; asimismo, porque se trata de una limitación excesiva que conlleva un desapoderamiento de sus propiedades, es decir “un acto de expropiación de hecho”, al incluirlas dentro de zonas con reserva absoluta y totalmente limitadas en cuanto a su uso y explotación sin proceder a la respectiva expropiación conforme al derecho de la Constitución (…)

III. AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

En la sentencia de esta Sala número 2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004, se trató ampliamente el tema de las aguas subterráneas y su ligamen con los derechos fundamentales. Específicamente se dijo lo siguiente:

“Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la (sic) necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972).

En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente.” Se determinó, además, que cuando se produce la contaminación de las aguas subterráneas su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y, en ocasiones, irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo, así como por la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación, de ahí que la degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos.

IV. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la sentencia de cita se estableció que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. No obstante, se llegó a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico- administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas, regulación con la cual sí cuentan en otros países, por ejemplo en la. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto, en la cual se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Al efecto, textualmente dijo la Sala lo siguiente:

“Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio.

En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada. Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:

  • a)Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.).

Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA- debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.). Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo.

La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes.

Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.

  • b)Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga- y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas.

En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..

  • c)Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.
  • d)Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).” (El resaltado en negritas no es del original)

V. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA

Este aspecto fue abordado en la sentencia 2004-01923, de la siguiente forma:

“El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección.

De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación.

El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial.

La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”, “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”.

Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas. Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)” “Decláranse (sic) de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”.

En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem).

En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c) Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem).

La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”.

Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.

VI.ENTES Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. Siguiendo el fallo que se viene citando, se indicó que en el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-. Refiriéndose específicamente al ente aquí recurrido textualmente dijo la Sala lo siguiente:

“(…) 2.- Administración descentralizada.

  • a)ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”.

De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”.

De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla.

El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.” (el destacado fue agregado).

En virtud de lo expuesto, en el sub lite se constata la lesión al derecho al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado ante la inacción de las autoridades recurridas en atender y resolver la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6).

Nótese que desde el año 2007 se adoptó el acuerdo n.° 2007-177, por medio del cual el ICAA declaró la zona de protección restringida (zona 6) concerniente al acuífero de Moín e impuso una serie de restricciones, la cuales fueron modificadas por el acuerdo n.° 2011-112. Además, en la especie queda acreditado que las partes recurridas tienen conocimiento de la existencia de un precario denominado Villa Plata, que se ubica en las propiedades de la parte amparada y ha ocasionado alteraciones en la zona que ponen en riesgo el acuífero referido. Verbigracia, este Tribunal aprecia que, en setiembre de 2018, el ICAA formuló denuncias tanto ante la Municipalidad de Nombre73 como ante el MINAE MINAET (con sello de recibido del 26 de setiembre de 2018 por SINAC-ACLAC), en la que acusó que en las propiedades mencionadas se estaban efectuando movimientos de tierra. Asimismo, por oficio GSP-RA-2019-00456 del 14 de marzo de 2019, el ICAA comunicó al director del ACLAC MINAE, el jefe de la Subregión de Nombre73 y el alcalde de Limón, que en la zona en cuestión se estaban dando movimientos de tierra y tala de árboles; además, se afirmó que “se considera que estas actividades denunciadas provocan un alto riesgo e impacto sobre la Zona de Protección del Acuífero de Moín, máxime si se considera que este sitio de posible invasión, corresponde a uno de los lugares con mayor cobertura boscosa de la Zona de Recarga Directa de las Nacientes de Moín (Pulmón de Nacientes de Moín).

Por todo lo anterior, se les solicita de forma inmediata y dentro del marco de sus competencias, que se realicen acciones necesarias para impedir de forma oportuna, que se siga talando y realizando movimientos de tierra en el sitio denunciado y se pueda proteger la cobertura boscosa de esta zona”.

De igual forma, cabe reiterar que, el 15 de junio de 2020, la presidenta ejecutiva del ICAA emitió el oficio PRE-2020-00865, en el que expresó: “Mediante oficios UEN-GA-2020-00836 (Anexo 6) y UEN-GA-2020-01399 (Anexo 7), se han estado gestionando inspecciones con el Ministerio de Salud, sin embargo, se han pospuesto debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19 (…) el Instituto en el marco de sus competencias e interés de proteger el Acuífero Moín, del cual se abastece un sector de la población de Limón, ha realizado una serie de acciones y creado instrumentos, que sirven de insumo tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, para que puedan emitir regulaciones en el uso del terreno, así como autorizar la realización de actividades que no afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico, es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones: 1. Es el Ministerio de Salud, en el caso de edificaciones industriales y comerciales, quien en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, otorga el permiso de funcionamiento; para esto, considera el pronunciamiento técnico que ha comunicado el AyA.

A nivel administrativo, el otorgamiento de todo permiso debe apegarse al principio de legalidad, al cumplimiento y verificación de los requisitos, para que la Administración pueda proceder a realizar la valoración y resolver de conformidad. (…) 2. El Área de Salud respectiva, es quien puede realizar un levantamiento del estado físico sanitario de cada una de las construcciones y actividades comerciales; de hecho, se encuentra dentro de su actividad ordinaria realizar dicha gestión de forma permanente acatando el deber de fiscalización. 3. Por su parte, es al Gobierno Local a quien le compete otorgar las patentes y emitir el permiso de construcción de toda edificación, de conformidad con el uso del suelo y la valoración técnica que diera el AyA (…)”.

Por su parte, en el informe técnico PRE-J-2022-01740 del 9 de mayo de 2022 referente al “Precario Villa Plata Fincas 00027138-000 y 00027136-000”, el ICAA indicó: “(…) 1) El Nombre01 por más de 19 años ha realizado las denuncias necesarias ante la Municipalidad de Nombre73 y el Ministerio de Ambiente y Energía para que se paralicen los movimientos de tierra, cortas de vegetación forestal en el momento en que se detecta una afectación a las zonas de Recarga del Acuífero de Moín. Además, denuncia la realización de actividades existentes que no son compatibles con las Recomendaciones de Regulación establecidas en los Acuerdos de Junta Directiva del Nombre01 N° 2007- 177 y N° 2011-112 (…)”.

Aunado a lo anterior, ante la prueba para mejor resolver ordenada en el sub lite, las autoridades recurridas inspeccionaron las fincas de la tutelada. En ese sentido, destaca lo señalado por el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del SINAC en el memorial SINAC-ACLAC-PPCP-027-2022: “(…) se observó el desarrollo de infraestructura, mal manejo de desechos sólidos y aguas residuales, prácticas agrícolas, tala y quema de vegetación, tenencia de animales domésticos, movimiento de tierra, entre otros, en contraposición al área determinada para el acuífero Moín, así como lo estipulado para las actividades que no se deben realizar en el área determinada, se puede aducir que si existe una afectación (…) no existe la adecuada disposición de las aguas residuales (…) Es evidente el cultivo de plátano, yuca, modificación y remoción del suelo, desarrollo de distintos tipos de infraestructura, aplicación de herbicidas, quemas de vegetación y basura residual del consumo humano, cambio de uso en cobertura vegetal, entre otros. 4.

Efectivamente se realizan movimientos de tierra no autorizados, y el desarrollo de edificaciones de diferentes tamaños y materiales (…) se identificó en las coordenadas E602883 N1105156 un nacimiento de agua, el cual dispone del suficiente caudal para generar escorrentía. El área de protección para este cuerpo de agua es inexistente”. Adicionalmente, en el memorial UCC-0201-21-06-2022 del 21 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Nombre73 destacó que en tal lugar: “se observaron bastantes construcciones sin generar ningún tipo de plano catastro diferente al de los planos madres de las fincas 7-27136-000 y 7-27138-000”.

En cuanto al informe de inspección efectuado por el ICAA en junio de 2022, se determinó que: “Se identifica la presencia de basura dispuesta en cauces de agua superficial (…) se tomó una muestra de un área de 159 959,26 m2, lo cual representa un 50% del área del inmueble L-0509859-1983, se pudo constatar en esta muestra que hay un total de 72 viviendas, de las cuales 69 viviendas representan el 96%, tratan las aguas residuales mediante sistemas de tanque séptico y drenaje y solamente 3 que representan el 4%, utilizan letrinas. De igual manera, del total de las casas ubicadas dentro de la muestra de área (159 959,26 m2), se identificó que un total de 12 casas (16,6%) disponen sus aguas grises en los patios de las viviendas caños o surcos y no de forma directa a las dolinas, situación que debe corregirse de acuerdo a (sic) la normativa del Ministerio de Salud (…) Durante el recorrido de la propiedad en interés, se identificaron un total de 15 dolinas las cuales presentan diversas características (…) se han realizado movimientos de tierra como relleno en las propiedades para construir casas (…) En total se reconocieron 14 sitios donde se presentaron movimientos de tierra de algún tipo.

Además, se encontraron edificación actualmente en construcción, con materiales de concreto y gypsum los cuales no tenían ningún tipo de rotulación referente a un permiso para su construcción (…) Se contabilizaron un total de 5 cortas de árboles en diversos sectores del sitio en estudio, realizadas para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales (…) hay personas que cuentan con más de 20 años de habitar en el lugar. B. Con base en la inspección realizada y aunado a la revisión de fotografías satelitales, se identificaron un total de 194 estructuras (viviendas). (…) Se ubicaron 10 sitios clandestinos para el depósito de desechos sólidos que requieren de la atención del Gobierno Local, lo anterior por la inexistencia del servicio de recolección. E. Se identificaron 15 dolinas en campo con geometría y grado de desarrollo distinto, siendo las más comunes las redondeadas.

F. Se ubicaron 14 puntos en donde se evidenció movimientos de tierra, principalmente cortes y rellenos para la construcción de viviendas y caminos. G. En 5 sitios se identifica la corta de árboles para la apertura de trochas de acceso y para el establecimiento de viviendas habitacionales”.

En adición, en el oficio UEN-GA-2022-01214 del 27 de junio de 2022, el ICAA estableció que: “1. El AyA, luego de la revisión de sus sistemas de acueducto, no encuentra afectación a la calidad del agua captada del acuífero Moín, en la cual se ubica la Dirección09 y que incluye los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, objeto del presente recurso de amparo, razón por la cual se mantiene vigente la captación de la Fuentes-Moín, para fines de abastecimiento poblacional. 2. No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín. 3. El trabajo de campo permitió identificar que el asentamiento Villa Plata, ubicado en los inmuebles con planos de catastro 7-0509859-1983 y 7-059860-1983, se encuentra habitado desde hace más de 20 años, según así lo manifestaron los habitantes de la localidad, identificándose infraestructura (viviendas), la cual consta en el informe de inspección (Anexo 1), así como el registro documental que consta en el expediente digital del Amparo” (la negrita fue añadida).

Con base en lo expuesto, esta Sala considera reprochable la demora de las autoridades recurridas en atender y solucionar la problemática en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6) del acuífero de Moín, específicamente, en el sector donde se ubican las fincas de la amparada. Lo anterior porque la inacción de las partes recurridas en resolver el problema ocasionado por el precario Villa Plata, pone en riesgo al acuífero de Moín. Justamente, los habitantes de tal lugar, en el que se detectaron 194 estructuras tipo vivienda, han provocado tala y quema de vegetación, mal manejo de desechos sólidos y de aguas residuales, movimientos de tierra y construcciones ilegales, actividades agrícolas carentes de control, entre otras. Además, si bien las autoridades accionadas han emprendido algunas acciones relativas a la problemática aludida, no menos cierto es que en el sub lite se echa de menos una actuación diligente, a pesar de la importancia del acuífero mencionado.

Aunado a lo anterior, resulta menester abordar de forma eficaz y diligente la situación expuesta, dado que, tal como asevera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el memorial UEN-GA-2022-01214 del 27 de junio de 2022: “No debe permitirse la continuidad de un crecimiento urbano sin planificación en la Zona 6, no solo por el impacto en los servicios públicos, sino por las implicaciones que se puede tener a futuro en la cantidad y calidad del recurso hídrico que se capta en las fuentes Moín”.

Ergo, en el sub examine se acredita la conculcación al ordinal 50 de la Constitución Política, el cual reza:

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.

Por ende, se acoge el recurso en lo que a este extremo atañe en los términos establecidos en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VII.De otro lado, este Tribunal observa que en el escrito de interposición se solicita la expropiación de dos fincas de la parte amparada debido a la gravedad de las limitaciones impuestas, consecuencia de estar ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín.

Al respecto, este Tribunal ha conocido reclamos como el supramencionado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2010011878 de las 10:18 horas del 9 de julio de 2010, se dispuso:

“II.- SOBRE EL FONDO. La Zona 6 ya citada, de acuerdo con la copia del Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, Provincia de Limón, es un área determinada técnicamente, como parte fundamental de ese acuífero, catalogada como “zona de protección absoluta”. Se trata de una porción de terreno que tiene una recarga total de agua de 5.187.701 metros cúbicos al año y una extracción de 5.171.904 metros cúbicos al año, lo que indica su importancia en el abastecimiento de agua para el consumo de la población de esa provincia. Ahora bien, esta Sala ya se ha pronunciado sobre el mismo acto administrativo de afectación de las propiedades privadas incluidas en esa zona:

“VII.- CASO CONCRETO: de las limitaciones al derecho de propiedad. Es el artículo 45 de la Constitución Política el que consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera:

"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social ." El criterio sostenido por la Sala es que las limitaciones que se impongan a la propiedad encuentran su frontera natural en el grado de afectación a ese derecho, por lo que cuando la restricción se convierte en una verdadera expropiación, se constituye para la Administración la obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho. Es decir, que serán legítimas las limitaciones que se impongan a la propiedad que permitan al propietario la posibilidad de explotar "normalmente" el bien, salvo, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado, con lo cual se respeta el uso natural del bien, al mantenerse su valor como medio de producción o valor económico en el mercado (En este sentido, entre otras, ver sentencias número 0796-91, de las quince horas diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y número 2345-96, de las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis). En la sentencia número 2003-03656 de las 14:53 horas del 7 de mayo de 2003 se dijo, sobre este particular, lo siguiente:

“Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres:

‘[...] es decir «limitaciones» como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política.’ En igual sentido se pronunció este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; bajo las siguientes consideraciones:

‘IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo’ (sentencia número 5097-93, supra citada); ‘Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien.’ (sentencia número 2345-96, supra citada). –El subrayado es del original- En el presente caso se tiene por probado que la empresa amparada es propietaria de dos inmuebles situados en la Provincia de Limón, Cantón Central, Distrito Central, inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula número y , que se ubican dentro de la denominada zona 6, la cual, según el estudio técnico Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín, Nombre73 que al efecto realizó la hidrogeóloga Nombre21., de la Unidad de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto recurrido, se caracteriza por ser una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación, determinándola como una zona de protección absoluta.

También se tiene como demostrado que mediante acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados número AN-2007-177, inciso a) del artículo 6 de la sesión ordinaria N°2007-020 celebrada el 10 de abril de 2007, se dispuso oficializar el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad del acuífero Moín-Nombre73 y actualización de la zona de protección, pasando esas zonas a formar parte de las zonas reservadas, en razón del interés público a la protección de mantos acuíferos ubicados en la provincia. En el “Por Tanto” del citado acuerdo se señala, en lo que interesa:

“…COMO RECOMENDACIONES DE REGULACIÓN DE USO DEL SUELO SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:

1. TODA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 2. USO Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y COMBUSTIBLES, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN.

3. LA REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES.

4. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA.

5. TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL.

6. TODA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTALACIONES LIGADAS A LA MISMA.

7. LA PERFORACIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUAS.

8. EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y DE LOTIFICACIONES.

9. LAS INSTALACIONES DE BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

10. ACTIVIDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE AFECTEN A CRITERIO DEL Nombre01 LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES.” Si bien es cierto la autoridad recurrida aduce que el acuerdo de Junta Directiva no vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pues en él se establecen una serie de recomendaciones y no limitaciones que deben ser observadas, también lo es que en concordancia con las competencias legalmente asignadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se trata de recomendaciones vinculantes, en función del interés superior que se tutela, de manera tal que –a juicio de esta Sala- se convierten en limitaciones que vacían de contenido los atributos que deriva la amparada de su propiedad y, por consiguiente, deben serle indemnizadas por el ente recurrido, según le habilita el inciso c) del artículo 5° de la Ley Constitutiva del ICAA número 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas.

Lo anterior, considerando, además, como dijo la Sala en el fallo de cita, que por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, máxime en una zona como en la que se ubica la propiedad de la empresa amparada, que ha sido técnicamente catalogada como de alta vulnerabilidad a la contaminación y, por ende, como una zona de protección absoluta” (ver voto No. 012043-2008).

Del anterior precedente jurisprudencial se desprende que el acto impugnado, es decir, las “recomendaciones” sobre el uso del suelo en la Zona 6, son limitaciones que vacían de contenido los atributos del derecho de propiedad de la amparada. En consecuencia, procede estimar el recurso formulado contra Acueductos y Alcantarillados, y ordenarle que realice el respectivo proceso de expropiación, de acuerdo con lo que la Sala ya ha resuelto para esta concreta situación. Asimismo, corresponde desestimarlo en relación con la Municipalidad accionada, dado que no dictó el acto recurrido” (el destacado fue agregado).

Mientras que en la sentencia n.° 2010012209 de las 17:32 horas del 20 de julio de 2010, esta Sala estableció:

“III.- SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES POR RAZÓN DE INTERÉS SOCIAL. Con anterioridad, esta Sala se ha pronunciado sobre limitaciones como las que reclama el amparado, estimando en lo que interesa, lo siguiente:

“(…) en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones (…)” (Voto Nº 1996-04205 de las 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996).

IV. CASO CONCRETO

Se encuentra plena e idóneamente demostrado que el inmueble del amparado, se encuentra ubicado dentro de la zona de protección del Acuífero Moín- Limón, definida como una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica. Precisamente, por sus efectos de carácter general y por cuanto no vacían el contenido esencial del derecho de propiedad, las limitaciones reclamadas no requieren de una indemnización. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso” (la negrita no es del original).

Ahora bien, en el sub examine, el accionante acusa que las limitaciones impuestas a las fincas de la tutelada ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín deben llevar a su expropiación, pues no se puede disfrutar libremente del derecho a la propiedad. Al respecto, el Tribunal aprecia que el acuerdo n.° 2011-112 “PROYECTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2007-177, TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 2007-020, DEL 10 DE ABRIL DEL 2007, EN SU ARTÍCULO 6, INCISO A, PUBLICADO EN LA GACETA Nº 83, DEL MIERCOLES 2 DE MAYO DEL 2007, SOBRE LA OFICIALIZACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO MOIN, LIMON, Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DGAMB-2007-031”, adoptado en la sesión ordinaria n.° 2011-017 del 5 de abril de 2011 por la Junta Directiva del ICAA se dispuso: “PRIMERO: Se Modifica el Acuerdo 2007-177, en su Por Tanto Segundo, respecto a la enumeración de recomendaciones de regulación de uso del suelo de la Zona 6, con los siguientes lineamientos de restricción y en aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, emitida por la Junta Directiva de SENARA en sesión del 26 de setiembre del 2006: • Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20% • Aquellas ACTIVIDADADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA.

De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud, Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales. N. 26041-S MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. • No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. • Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente aprobados por SETENA. • NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. • Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario.

Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros. • Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de efluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder una carga equivalente a 50 personas por hectárea. • NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. • El Nombre01 considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El Nombre01 estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. • Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.

TERCERO: Se recomienda al Gobierno Local y a las Instituciones Competentes, proceder a realizar medidas de protección tendientes a la conservación de las zonas boscosas. CUARTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione lo procedente y solicite a la Municipalidad de Limón, la implementación de las recomendaciones emitidas en el presente acuerdo. QUINTO: Se instruye a la Administración Superior, para que gestione a lo procedente y solicite al MINAET, para que restrinja TODA CORTA DE VEGETACIÓN FORESTAL EN LA Dirección09. SEXTO: Para la zona 6, la Dirección Regional Huetar Atlántica y la UEN de Ambiente, Investigación y Desarrollo, harán y mantendrán un inventario exhaustivo del uso del suelo, identificando las actividades y establecimientos que almacenen sustancias de riesgo para la calidad del agua para uso humano. Asimismo les corresponderá el análisis de las propuestas presentadas por el Administrado y la valoración de no afectación del acuífero y disposición correcta de las aguas residuales. SÉTIMO: En todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el Acuerdo de Junta Directiva 2007-177. Notifíquese. Publíquese” (el destacado fue agregado).

En virtud de lo anterior, a priori esta Cámara Constitucional descarta que con la adopción del supracitado acuerdo n.° 2011-112 se haya vulnerado de forma evidente y manifiesta el núcleo esencial del derecho a la propiedad en perjuicio de la parte tutelada, ni que se haya vaciado el contenido de tal derecho en los términos acusados. Ergo, se desestima el recurso en cuanto a este extremo. No obstante, advierta la parte recurrente que, de persistir su inconformidad con las limitaciones impuestas a las fincas de la parte amparada ubicadas en la zona 6 de protección del acuífero de Moín, si a bien lo tiene, puede formular tal reclamo en la vía jurisdiccional ordinaria, donde se podrá discutir de forma amplia sobre el fondo del asunto.

VIII.Por otra parte, el accionante acusa que se envió una gestión vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022 a la Comisión Moín del ICAA, en la cual se solicitó información necesaria para realizar un estudio privado de contaminación al acuífero; sin embargo, no se le ha dado respuesta.

Efectivamente, se verifica que, el 21 de febrero de 2022, Nombre16 remitió un escrito a Nombre03 de la Comisión Moín del ICAA, en el que expuso: “(…) Sin embargo, se nos indicó que el Nombre01 no podía intervenir y se nos indicó que, en caso de realización de un estudio técnico en la propiedad de consulta, corresponde al propietario generar las condiciones y coordinación para que se brinde seguridad de los funcionarios correspondientes en el ingreso a la propiedad, asimismo dicha labor deberá programarse de conformidad con la prioridad institucional. Es por ello por lo que el propietario tomó la decisión de asumir el estudio correspondiente en virtud de la carga de trabajo y agenda que se manifestó el Nombre01 les impedía realizarla. Por lo anterior se requiere nos indiquen cuáles serían los ámbitos a considerar por parte de la empresa privada en el estudio de contaminación del acuífero, los términos de referencia que se deben consignar en el Estudio, metodología a emplear en la propiedad, con el fin de que dicho estudio sea aceptado por el AYA.

Para notificaciones futuras se ofrece Las mías las recibiré en el correo ...05, o bien al fax 27101678”. En respuesta, el 2 de marzo de 2022, la Región Huetar Caribe remitió el oficio GSP-RHC-2022-00354 a Nombre18, por medio del cual señaló que su caso había sido trasladado a la UEN Ambiental Investigación y Desarrollo “que indica va a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los estudios pertinentes”.

La Sala aprecia que, el 17 de marzo de 2022, la UEN Gestión Ambiental envió el memorando UEN-GA-2022-00528 a la Región Huetar Caribe del ICAA, mediante el cual se consignó: “En atención al correo electrónico emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en donde se da traslado de la nota del Nombre02. Nombre14( Marín, referente al caso del inmueble propiedad de [Nombre72 003], se indica lo siguiente: 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva del Nombre01 Nº 2007-177, publicado en La Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2007, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Oficialización del estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón, y la actualización de la zona de protección DGAMB-2007-031. 2. Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2011-112 del AyA, publicado en la Gaceta Nº 83 — Miércoles 2 de mayo del 2011, se presenta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el acuerdo de Junta Directiva 2007-177, en el cual se establecen lineamientos de restricción para la Zona 6. 3.

Mediante oficio UEN-GA-2021-02951, emitido por la UEN Gestión Ambiental, se indica lo siguiente: “Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que de previo a emitir recomendaciones, es necesario verificar en campo las condiciones hidrogeológicas del inmueble, en específico la presencia y distribución de las dolinas dentro del lote, por lo que se requiere por parte del interesado, en caso de interés de realizar dicho levantamiento, se gestione con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes realizar el acompañamiento respectivo para el cartografiado de las estructuras. Por lo tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental se indica lo siguiente: a. Los lotes propiedad de [Nombre72 003] aportados por el Lic. Nombre14(, se encuentran ubicados en la Zona 6 de Vulnerabilidad Alta, dentro de la Zona de Protección del Acuífero Moín, la cual fue definida mediante Acuerdo 2011-0112 Junta Directiva del Nombre01 (Sesión Ordinaria Número 2011-017 del 7 de abril del 2011 y publicado en la Gaceta No.83, del 2 de mayo del 2011)…” Por tanto, de parte de la UEN Gestión Ambiental, se indica que el inmueble propiedad de [Nombre72 003], se ubica en la Zona 6, la cual tiene Vulnerabilidad intrínseca Alta definida por el AyA, por lo que el estudio técnico que se debe realizar debe contemplar este parámetro ya definido e incorporar el levantamiento de dolinas (depresiones en el terreno), las cuales pueden variar en dimensión, forma y distribución.

Una vez conocidos los elementos (vulnerabilidad alta y ubicación de dolinas), deberá presentar un plan de manejo ambiental concordante con la actividad que se pretenda realizar que garantice la no afectación al recurso hídrico. Una vez finalizado el estudio donde se presenten los resultados finales por parte del interesado, se deberá entregar ante la Comisión Moín coordinada por la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo. El Nombre01 se reserva la facultad de constatación de la información aportada, para lo cual, deberá gestionarse por el interesado la protección de los funcionarios con la Fuerza Pública y demás Instituciones competentes para realizar la visita al sitio”.

Sin embargo, en el sub lite no hay material probatorio alguno para acreditar que la UEN Gestión Ambiental haya remitido el oficio UEN-GA-2022-00528, suscrito el 17 de marzo de 2022, al medio de notificaciones señalado por la parte recurrente.

En consecuencia, en la especie no se tiene por demostrado que el ICAA haya brindado una respuesta a la parte recurrente a la gestión formulada el 21 de febrero de 2022, motivo por el cual se acoge el recurso en lo que a este extremo se refiere únicamente respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

IX. EL MAGISTRADO Nombre60 CONSIGNA NOTA

Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre84 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.

En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso fue formulado a favor de [Nombre72 002], no menos cierto es que en el sub lite se acusa la lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho respecto del cual procede la acción popular a la luz del numeral 105 de la Ley de Biodiversidad. En virtud de lo anterior, estimo procedente pronunciarme sobre el fondo del asunto (en similar sentido véanse las notas que consigné en las sentencias n.os 2022010648 de las 9:40 horas del 13 de mayo de 2022, 2022013678 de las 9:20 horas del 17 de junio de 2022, 2022018681 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022, 2022019174 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022, 2022019289 de las 9:15 horas del 19 de agosto de 2022).

X. NOTA DEL MAGISTRADO Nombre64

En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por problemas de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la propietaria de las fincas sobre las cuales se ubica el precario Villa Plata, acusa un problema de larga data, pues a pesar de haberse declarado zona de protección restringida (ICAA), se causa problemas de contaminación y vulnerabilidad del acuífero Moín, por el cambio de uso de suelo con construcciones en precario, sin control de uso y manejo de las aguas residuales, perforaciones de pozos y tala de árboles, lo que evidentemente afecta el manto acuífero, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

XI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso en cuanto a la demora en atender y dar una solución a la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida (catalogada como zona 6). Se les ordena a Nombre07, Nombre08, Nombre22, Nombre24 y Nombre57, por su orden, de ministro de Ambiente y Energía, gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, alcalde de Nombre73 y ministra de Salud, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se cree una comisión interinstitucional que se encargue de abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en las fincas que son propiedad de la amparada ubicadas en la zona de protección restringida; y 2) en el plazo de UN MES, contado a partir de la creación de la comisión interinstitucional supramencionada, se diseñe y ponga en ejecución un plan para atender y dar solución al problema que perturba al acuífero de Moín, específicamente, en las fincas que son propiedad de la tutelada ubicadas en la zona de protección restringida.

En cuanto a la falta de atención a la gestión formulada a favor de la parte tutelada el 21 de febrero de 2022, se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se le ordena a Nombre08, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en derecho corresponda la gestión formulada a favor de la parte amparada el 21 de febrero de 2022, y se le notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Estado, a la Municipalidad de Limón, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El magistrado Nombre60 consigna nota. El magistrado Nombre64 pone nota. Notifíquese.

Nombre65 Nombre04.

Nombre66.

Nombre67 Nombre10.

Nombre68.

Nombre69.

Nombre70 Nombre11.

Nombre71 Nombre12.

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