← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 07512-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 01/04/2022
OutcomeResultado
The Chamber ordered MINAE, SINAC-ACOSA, and the Municipality of Golfito to fulfill all recommendations in report DFOE-SM-IF-5-2010 within twelve months and required the mayor to report on the eviction’s progress within five business days.La Sala ordenó al MINAE, SINAC-ACOSA y la Municipalidad de Golfito cumplir en doce meses todas las recomendaciones del informe DFOE-SM-IF-5-2010 y exigió al alcalde informar en cinco días hábiles sobre el avance del desalojo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo because irregular occupation and environmental damage persisted on Isla Grande de Golfito, an area encompassing mangroves and State Natural Heritage. Although MINAE, SINAC, the Osa Conservation Area, and the Municipality of Golfito had conducted inspections, meetings, and other actions, the Chamber found that those measures had not been sufficient or effective to resolve the long-diagnosed problem. The lack of institutional coordination violated the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50. The municipality’s failure to answer the request for information about the eviction also infringed the right of petition under Article 27. The judgment ordered the authorities to comply with all recommendations in the Comptroller General’s report DFOE-SM-IF-5-2010 within twelve months and required the municipality to provide the claimant with information on the eviction’s progress within five business days. The remainder of the petition, including the claim against the Ministry of Health, was denied.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo por la persistencia de ocupaciones irregulares y daños ambientales en Isla Grande de Golfito, una zona que comprende manglares y Patrimonio Natural del Estado. Aunque el MINAE, el SINAC, el Área de Conservación Osa y la Municipalidad de Golfito habían realizado inspecciones, reuniones y otras actuaciones, la Sala consideró que estas no fueron suficientes ni eficaces para resolver el problema diagnosticado desde años atrás. La falta de coordinación lesionó el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido por el artículo 50 constitucional. Además, la omisión municipal de responder la solicitud sobre el desalojo vulneró el derecho de petición del artículo 27. La sentencia ordenó cumplir, en doce meses, todas las recomendaciones del informe DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General de la República y entregar a la recurrente, en cinco días hábiles, información sobre los avances del desalojo. El recurso fue rechazado en lo restante, incluido lo dirigido contra el Ministerio de Salud.
Key excerptExtracto clave
VII.- In sum, the reported problem persists, and although the respondent authorities have taken actions aimed at resolving it, those actions have not been sufficient or effective. Based on the reasons stated, this Chamber finds that, in this particular case, there has been a lack of coordination, to the detriment of the public interest in preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment and public health. For this reason, and in light of the considerations set out in this judgment, it is essential to order the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Golfito, each within the scope of its authority, to reassess the situation, adopt the measures necessary to comprehensively remedy the diagnosed problem, and finally comply with the recommendations contained in the cited report of the Comptroller General of the Republic. The petition is partially granted against the Ministry of Environment and Energy for violation of Article 50 of the Constitution and against the Municipality of Golfito for violation of Articles 50 and 27 of the Constitution. Consequently, Andrea Meza Murillo, Minister of Environment and Energy; Paula María Mena Corea, Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas; Fernando Bustos Villafuerte, President of the Golfito Municipal Council; and Freiner Lara Blanco, Mayor of Golfito—or whoever holds those offices—are ordered to take the necessary steps, within the scope of their authority, so that, within twelve months from notification of this judgment, all recommendations contained in report DFOE-SM-IF-5-2010, issued by the Comptroller General of the Republic, are fulfilled. Freiner Lara Blanco, Mayor of Golfito, or whoever holds that office, is ordered to provide the claimant, within five business days from notification of this judgment, with information on the progress of the ordered eviction. The petition is denied in all other respects.VII.- En suma, el problema denunciado persiste y si bien las autoridades recurridas han tomado acciones en aras de solucionarlo, estas no ha sido suficientes ni eficaces. Con fundamento en las razones expuestas, considera esta Sala que en el caso particular ha existido falta de coordinación, en detrimento del interés público de preservar el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la salud pública. Por esta razón y en mérito de lo que se ha venido considerando en esta sentencia, se hace indispensable ordenar al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Municipalidad de Golfito que, cada uno dentro del ámbito de sus competencias valore nuevamente la situación y dicten las medidas que sean necesarias para sanear integralmente el problema diagnosticado, y cumplir finalmente con las recomendaciones contenidas en el informe de la Contraloría General de la República citado. Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía por violación al artículo 50 constitucional y en contra de la Municipalidad de Golfito por lesión de los artículos 50 y 27 constitucionales. En consecuencia, se ordena a Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía, a Paula María Mena Corea, Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a Fernando Bustos Villafuerte, Presidente del Concejo Municipal de Golfito y a Freiner Lara Blanco, Alcalde de Golfito, o a quienes ocupen esos cargos, que realicen las gestiones necesarias, en el ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se cumpla con todas recomendaciones contenidas en el informe DFOE-SM-IF-5-2010, emitido por la Contraloría General de la República. Se ordena a Freiner Lara Blanco, Alcalde de Golfito, o a quien ocupe ese cargo, brindar, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la recurrente la información sobre los avances del desalojo ordenado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"De nuevo, se constata que el problema subsiste, sin que la coordinación y las reuniones institucionales hubieran dado su fruto."
"Once again, it is established that the problem persists, without institutional coordination and meetings having produced results."
Considerando IV
"De nuevo, se constata que el problema subsiste, sin que la coordinación y las reuniones institucionales hubieran dado su fruto."
Considerando IV
"El amparo, en consecuencia procede contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y también directamente contra la Ministra de Ambiente y Energía, pues si bien las recomendaciones principales del informe de la Contraloría General de la República iban dirigidas al sistema de conservación, no pueden sustraerse las autoridades del Ministerio de la responsabilidad que cabe con el fin de solucionar el problema descrito."
"The amparo therefore lies against the National System of Conservation Areas and also directly against the Minister of Environment and Energy because, although the principal recommendations in the Comptroller General’s report were directed to the conservation system, Ministry authorities cannot evade their responsibility to resolve the problem described."
Considerando IV
"El amparo, en consecuencia procede contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y también directamente contra la Ministra de Ambiente y Energía, pues si bien las recomendaciones principales del informe de la Contraloría General de la República iban dirigidas al sistema de conservación, no pueden sustraerse las autoridades del Ministerio de la responsabilidad que cabe con el fin de solucionar el problema descrito."
Considerando IV
"Por otra parte, pese a que no constan permisos ni patentes, lo cierto es que se llevan a cabo actividades comerciales."
"Moreover, although no permits or business licenses are on record, commercial activities are in fact being conducted."
Considerando V
"Por otra parte, pese a que no constan permisos ni patentes, lo cierto es que se llevan a cabo actividades comerciales."
Considerando V
"Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida."
"The foregoing violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 22-002856-0007-CO Decision No. 2022007512 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen a.m. on April 1, 2022.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card number CED02, against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalidad de Golfito.
RESULTS:
“In view of the foregoing, I request that the proceeding be granted and that the Área de Conservación de Osa and the Municipalidad de Golfito be ordered to provide a comprehensive report on the current legal status of the eviction being conducted on Isla Grande de Golfito, known as ye-yei, given that, in 2011—that is, 11 years ago—this authority ordered that the corresponding measures be taken and that the directives issued by the Contraloría General de la República in 2010 through report DFOE-SM-IF-5-2010 be complied with, as that report issued mandatory provisions. Both sets of costs shall be awarded.”
“SUBJECT: Report concerning amparo proceeding 22-002856-0007-CO For purposes of responding to the aforementioned proceeding regarding the first and second points requested, I hereby state the following:
I hereby inform you that, since 2005, the Área de Conservación Osa has carried out numerous activities, which have continued and been strengthened over time through the present. I therefore provide a summary in response to the points indicated.
In official letter SINAC-ACOSA-D-046-2011, issued by Engineer Etilma Morales Mora, Directora Regional del Área de Conservación Osa, she requested that Ms. Guiselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva del SINAC, provide funds to comply with the provisions of report DFOE-SMIF-5-2010, the report that has addressed this problem since its inception.
In official letter DM151-2011, issued by Engineer Teófilo de la Torre Arguello, Ministro del Ambiente, he requested that the Executive Directors of the following institutions:
• Dr. Jose Maria Tijerino, of the Ministerio de Seguridad Pública.
• Dr. Maria Luisa Ávila, Ministra de Salud • Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente del IMAS.
• Lic. Marielos Hernández Corella, Presidenta del Patronato nacional de la Infancia Designate one representative from each institution to analyze the matter and form a working group to work on the eviction process.
On May 10, 2011, official letter SINAC-DE-583 was issued by Directora Ejecutiva Guiselle Méndez Vega, instructing Mr. Marco Tulio Chinchilla, Coordinador Administrativo, to coordinate with Engineer Etilma Morales Mora to make the budget amendment (modificación presupuestaria) required to comply with the provisions of report DFOE-SM-IF-5-2010.
A complaint was documented in official letter ACOSA-V02-D-04-2011 and handled by Mr. Jonathan Noguera Bristan, accompanied by the following persons: Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Sidar Villalta Martínez, and Wendy Barrantes Ramírez. It was observed that, in the Puntarenitas beach sector, a shelter was being built within the maritime-terrestrial zone in a mangrove area. Criminal case 11-885-455-PE, filed against Nombre02.
A complaint was documented in official letter ACOSA-V02-D-06-2011 and handled by Mr. Jonathan Noguera Bristan, who reported that work was being performed within the maritime-terrestrial zone, where a “gabion” retaining wall was under construction. That structure was intended to prevent erosion of the land caused by rising tides. According to the complaint, Mr. Leonel Bustos Espinoza, identity card CED01, who was in charge of the construction, did not have the required permits and stated that he worked for Mr. Gerardo Vicente Salazar, owner of the property named Nombre03.
On June 14, 2011, official letter SINAC-DE-CA-0142 was issued by Lic. Ana Lucia Ovares Jaén, Jefa de Departamento Financiero, forwarding a budget amendment report approved by Directora Ejecutiva Guiselle Méndez Vega so that the activities scheduled in the island’s procurement plan could be carried out.
In official letter SINAC-DE-1096, issued by Directora Ejecutiva Guiselle Méndez Vega, the Isla Grande action plan was forwarded to Lic. Marjorie Gómez Chávez, Gerente de Área de la Contralora General de la República.
In official letter ACOSA-PNPB-RNFSG-AD-232-2011, the report on the census conducted on Isla Grande was forwarded to Directora Paula Mena Corea.
In official letter ACOSA-D-209-11, issued by Directora Paula Mena Corea, a working group was appointed to comply with the provisions of the Contraloría General de la República.
Isla Grande Commission Categorization Commission Environmental damage assessment (valoración de daño Ambiental) Ana C. Medina Miguel Madrigal Carlos Madriz Martín Gonzales Wendy Barrantes Wendy Barrantes Joel Gracia Gerardo Palacios Gerardo Palacio Wendi Barrantes Ana C. Medina Jose Quirós Marta Herra Gerardo Chaves Stephanie Mori Cristian Masis In official letter ACOSA-D-219-2011, issued by Acting Directora Paula Mena Corea, Mr. Miguel Madrigal Hernández was appointed Coordinator of the Isla Grande and Isla Garza commission process.
In official letters SINAC-ACOSA-AL-144-2011 and SINAC-ACOSA-AL-155-2011, issued by Lic. Martín González Vargas, Legal Adviser to ACOSA, he submitted a report on the information collected during the site visit conducted on August 30 and 31 on Isla Grande.
Point 16: In Decision ACOSA-D-119-2019, issued by Engineer Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación Osa, she resolved to order compliance with the provisions of the Contraloría in report DFOE-SM-IF-5-2010.
Notice of the eviction was published in the following editions of La Gaceta.
• La Gaceta number 145 of July 27, 2012 • First publication • Notice of eviction from Isla Grande • La Gaceta number 146 of July 30, 2012 • Second notice • Notice of eviction from Isla Grande • La Gaceta number 147 of July 31, 2012 • Third notice • Notice of eviction from Isla Grande In official letter ACOSA-AL-129-2012, issued by Lic. Martín González Vargas, Legal Adviser to the Área de Conservación Osa, the following institutions were summoned:
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales This meeting was convened to organize the work and address specific matters relating to the eviction.
In report SINAC-ACOSA-V02-INF-006-2014, issued by Engineer Julio Solano Duran, and report SINAC-ACOSA-V02-INF-006-2015, issued by Lic. Ana Cecilia Medina Gutiérrez, an inspection visit was conducted to ascertain the island’s current condition.
In official letter DM-635-2015, issued by Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del Ambiente, he requested that the commission be reactivated by the Executive Presidents of the various institutions. This was intended to ensure compliance with the provisions of report DFOE-SM-IF-5-2010 and to form a team.
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales Whereas, in official letter SINAC-ACOSA-D-098-2016, issued by Licenciado Olger Méndez Fallas, acting director of Área de Conservación Osa, he called upon the representatives of each institution to form a working team to direct the process, taking into account the socioeconomic circumstances of those affected.
Whereas, in official letter SINAC-ACOSA-D-103-2016, issued by Licenciado Olger Méndez Fallas, acting director of Área de Conservación Osa, the members of the Isla Grande coordinating committee were requested to submit a report concerning the work performed with the other institutions.
Whereas, in official letter SINAC-ACOSA-AL-077-2016, the members of the committee provided the report requested in official letter SINAC-ACOSA-D-103, in which they reported on the actions taken jointly with the other institutions.
Whereas, a meeting was held on 17 de mayo del 2016 to coordinate support from the other institutions; it was also noted that the eviction (desalojo) would take 3 or 4 days and that SENASA should be present to address matters involving domestic animals.
From 2018 to date, complaints have been addressed and expert reports and inspections have been conducted in the areas surrounding Isla Grande. Copies of the documentation are attached.
Whereas, on 22 de octubre de 2019, through official letter SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-2102019, señora Ana Cecilia Medina Gutiérrez, who at that time served as administrator of RNFSG, prepared the aforementioned report on the control and protection measures carried out on Isla Grande, consisting of the following reports:
SINAC-ACOSA-RNFSG-P-004-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-013-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-023-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-097-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-060-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-086-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-103-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-092-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-079-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-121-2018 SINAC-ACOSA-V02-IF-011-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-155-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-077-2017 SINAC-ACOSA-RNFSG-P004-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-152-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P004-2019 Whereas, on 16 de noviembre de 2019, through report SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-228-2019, prepared by official Rodolfo Acuña Hidalgo, a report was issued on the interinstitutional operation conducted on Isla Grande, which resulted in a survey of the areas occupied by businesses in Puntarenitas, the types of existing infrastructure, and the possible owners or tenants, yielding the data from the operation.
Whereas, on 02 de noviembre del 2020, a meeting was held in the assembly hall of Área de Conservación Osa, under the responsibility of Engineer Laura Rivera Quintanilla, acting director of ACOSA. The following officials attended that meeting:
ATTENDEES Name Representing 1 Laura Rivera Quintanilla ACOSA 2 Mariela León Salas Legal-ACOSA 3 Olger Méndez Fallas PNE-ACOSA 4 Roberto Martínez Fernández PNE-ACOSA 5 Ginette Jiménez Soto PNE-ACOSA 6 Ronny Romero Ruiz Fiscalía Ambiental 7 Freiner Lara Blanco Municipalidad de Golfito 8 Andrés Solano Municipalidad de Golfito 9 Vivian Jiménez Hidalgo Municipalidad de Golfito 10 Juan Luis Sánchez Villarevia Acting Administrator, PNPB and RNFSG The minutes are attached to provide a better understanding of the actions being taken by ACOSA, specifically noting the involvement of other institutions to respond promptly to the request.
Additionally, it is important to emphasize that, because the matter involves social, economic, security, public-health, and activity-regulation issues, this work must be carried out on an interinstitutional basis with the following stakeholders:
• Municipalidad de Golfito • Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales • Servicio Nacional de Salud Animal As part of the work undertaken by ACOSA, field visits were conducted on 08 de septiembre de 2021 and 22 de octubre de 2021, leading to the following conclusions:
6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Both the field verification and the analysis conducted using Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica) confirmed harm to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in mangrove ecosystems (ecosistemas de manglar).
In addition to the removal of vegetation cover (cobertura), harm from wastewater (aguas residuales) was observed, since there was no indication that it received any treatment; the water being used comes from the forested portion of the island without any type of permit; waste is not properly managed and is often swept away by the tides, ultimately ending up in the sea or the mangrove ecosystem (ecosistema de mangle); mangrove trees were found to have been cut down, and a wooden dock had been constructed.
Removal of the infrastructure would not cause significant harm to the ecosystem, since the materials used and the temporary appearance of the structures would not cause any greater damage than already exists.
It is recommended that the existing infrastructure be removed in coordination with the interinstitutional committee and any stakeholders deemed relevant, including, among others: Fuerza Pública, IMAS, PANI. (report SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021 is attached) In addition to the foregoing, the Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is informed that the petitioner (recurrente) has already been heard and that the requests submitted regarding this specific case have been answered; the response is also attached. (report SINAC-ACOSA-D-620-2021 is attached).”
“REGARDING THE FACTS OF THE APPEAL (RECURSO): I deny them and hereby respond as follows:
FIRST: I have no personal knowledge of the petitioner’s visit to the area. The party’s assertions are denied, although the invasion and impacts on the State Natural Heritage are acknowledged, as verified and reported in official letters No. SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021 and No. SINAC-ACOSA-AL2022 dated 15 de febrero de 2022, signed by Licenciada Mariella León Salas, an official of Área de Conservación Osa of Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
SECOND: I have no personal knowledge of the petitioner’s statements concerning consultations with the residents and their responses. This does not concern an act of this Ministry.
THIRD: It is true. With regard to the construction of the dock, Área de Conservación Osa reported the following in the recommendations contained in official letter SINAC-ACOSAAL-2022: “In addition to the removal of vegetation cover, harm from wastewater was observed, since there was no indication that it received any treatment; the water being used comes from the forested portion of the island without any type of permit; waste is not properly managed and is often swept away by the tides, ultimately ending up in the sea or the mangrove ecosystem; mangrove trees were found to have been cut down, and a wooden dock had been constructed.” I have no personal knowledge of the other matters identified, and they have not been reported.
FOURTH: I have no personal knowledge of this. The respondent Municipalidad must report on that alleged permit because it does not concern an act of this Ministry.
FIFTH: I have no personal knowledge of this, and I deny the party’s assertions. This Ministry is not responsible for regulating the health measures implemented in response to the COVID-19 Pandemic and, consequently, it is not responsible for reporting on this point; rather, Ministerio de Salud must do so.
Regarding the occupation and structures found at the site, report SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021 states:
“A total of 61 structures were found (Figure 9). Residential use accounts for the highest percentage, at 73,77%. A total of 9,84% of the structures serve both residential and commercial purposes. Commercial and recreational structures account for 6,56%. The lowest percentage (1,64%) consists of structures that do not appear to be currently in use.” SIXTH: It is true as to the literal wording of report DFOE-SM-IF-5-2010 of Contraloría General de la República. The party’s assertions are denied.
SEVENTH: I have no personal knowledge of this. An online review of Sala Constitucional records included reading the Por tanto of the judgment in expediente No. 11-014083-0007-CO cited by the petitioner, in which this Ministry is not named among the parties against which relief was ordered, although the person who was then the Director of Área de Conservación Osa was named.
EIGHTH: I have no personal knowledge of matters concerning the other respondent institutions. Sistema Nacional de Áreas de Conservación addressed and answered the petitioner’s requests through official letter SINAC-ACOSA-D-620-2021, a copy of which is attached.
NINTH: Only the literal wording of Certification No. ACOSAPNE-01-09 is acknowledged. The party’s assertions are denied. Although the eviction process has not been completed, neither has it been abandoned. As Área de Conservación Osa informed the petitioner in official letter SINAC-ACOSA-D-620-2021 and this Office in report SINAC-ACOSA-AL-2022, both signed by ACOSA official Licenciada Mariella León Salas, in addition to the institutional coordination and preparatory steps for the eviction, control and protection measures have continued to be undertaken in the area, resulting in numerous criminal complaints against the offenders.
Licenciada León Salas states in her report: “From 2018 to date, complaints have been addressed and expert reports (informes periciales) and inspections have been conducted in the areas surrounding Isla Grande, …
Whereas, on 16 de noviembre de 2019, through report SINAC-ACOSA-RNFSG-AD228-2019, prepared by official Rodolfo Acuña Hidalgo, a report was issued on the interinstitutional operation conducted on Isla Grande, which resulted in a survey of the areas occupied by businesses in Puntarenitas, the types of existing infrastructure, and the possible owners or tenants, yielding the data from the operation.
Whereas, on 02 de noviembre del 2020, a meeting was held in the assembly hall of Área de Conservación Osa, under the responsibility of Engineer Laura Rivera Quintanilla, acting director of ACOSA…
Additionally, it is important to emphasize that, because the matter involves social, economic, security, public-health, and activity-regulation issues, this work must be carried out on an interinstitutional basis with the following stakeholders:
• Municipalidad de Golfito • Ministerio Salud • Ministerio de Seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales • Servicio Nacional de Salud Animal As part of the work undertaken by ACOSA, field visits were conducted on 08 de septiembre de 2021 and 22 de octubre de 2021…” As may be seen from the reports, the measures necessary to comply with the recommendations of Contraloría General de la República have continued, even during the difficult period of the COVID-19 Pandemic, with efforts being made to follow due process (debido proceso) and provide support for the administrative actions.
TENTH: It is not true. It is acknowledged that some of the complaints have resulted in dismissals (sobreseimientos) in the criminal courts, but this cannot be generalized. The party’s assertions concerning this Ministry’s actions are denied because, as Sistema Nacional de Áreas de Conservación has reported, it has acted in accordance with its statutory authority.
In this case, Área de Conservación Osa has reported institutional actions dating back to 2005. When Contraloría General de la República issued report DFOE-SM-IF-5-2010, the actions and budget allocations necessary for their implementation were initiated.
ELEVENTH: This is true. Since mangrove areas were declared wetlands (humedales) under Costa Rican legislation, they form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and, as such, are inalienable, not subject to adverse possession, and immune from attachment (inalienables, imprescriptibles e inembargables). However, the uses authorized for the State Natural Heritage are regulated by Ley Forestal itself in Articles 18 and 18 Bis, and by other special laws through the legal mechanism of a use permit (permiso de uso), provided that the requirements are met.
I hereby submit the requested report, based on the reports concerning the facts and inspections conducted by Área de Conservación Osa, which serves the area on a territorial basis as part of the powers decentralized by Ley de Biodiversidad to Sistema Nacional de Áreas de Conservación. I request that these reports be deemed incorporated into my response.
LEGAL BASIS: Based on the foregoing, this Ministerial Office considers that the appellant’s constitutional rights have not been violated. The actions of Sistema Nacional de Áreas de Conservación demonstrate significant progress in planning and identifying sites for intervention, and the appellant has been informed by Área de Conservación Osa of all actions taken.
RELIEF REQUESTED:
For the factual and legal reasons set forth above, I request that this Honorable Chamber deem the requested report duly submitted and reject in all respects the appellant’s claim regarding the actions taken by Ministerio de Ambiente y Energía.”
“I, the undersigned, in my capacity as Acting Municipal President of Municipalidad de Golfito, hereby submit to your authority, in a timely and proper manner, a response to the Decision issued at nine hours and five minutes on February fourteenth, two thousand twenty-two, in the amparo proceeding (Recurso de Amparo) being processed under case file No 22-002856-007-CO Regarding the appellant’s allegations concerning the area near Golfito known as Isla Grande, I respond as follows:
1.1. By Report NO DFOE-SM-IF-5-2010, dated June 30, 2010, Contraloría General de la República notified this municipality of the “Report on the occupation and use of land on Isla Grande de Golfito in violation of the applicable legal framework, 1.2. The location that is the subject of the proceeding is certified as State Natural Heritage, pursuant to certification NO ACOSA-PNE-01-09, dated September 03, 2009.
1.3. In response to the directives issued by Contraloría General de la República, Concejo Municipal has adopted resolutions aimed at complying with said report (see transcripts NO 142-02-2011 and 258-05-2011).
1.4 Memorandum NO. AM-MG: 0643-2021, issued by Alcaldía Municipal, is currently under review and analysis by Comisión de Ambientales; if appropriate and in compliance with due process (debido proceso), any pending case files in this area will be closed.
2.1. Regarding the activities that the appellant states are conducted in this area, on November 10, 2020, Ministerio de Salud issued Health Order MS-DRRSBRU-ARSGO-OS1875-2020.
2.2. Alcaldía responded to that health order by stating that compliance was impossible because said area is administered by MINAE, pursuant to 2.3. Although this area is State Natural Heritage and is therefore administered by Área de Conservación de Osa of Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, this Office of the President is aware that an interinstitutional committee already exists and is coordinating actions to address the problems arising from the occupation and the activities described by the appellant.”
“1. Actions taken:
As part of an interinstitutional approach, following coordination among authorities from Ministerio de Ambiente y Energía – Sistema Nacional de Áreas de Conservación – Área de Conservación Osa (acronyms MINAE-SINAC-ACOSA), Municipalidad de Golfito, and Ministerio de Salud, with the cooperation and accompaniment of Oficiales de Guardacostas and Fuerza Pública, entry was made into Isla Grande, in the sector known as Puntarenitas, located in Golfo Dulce, Golfito district, Golfito canton, Puntarenas province, between 08:00 and 16:00 on Wednesday, September 08, 2021, and between 08:00 and 16:00 on Friday, October 22, 2021, to conduct on-site inspections regarding the island’s current condition. In Technical Report MS-DRRSBRU-DARSGO-IT-0560-2021, Alexander Sánchez Herrera and Edgar Martín Montero Arias, both Technicians on Equipo de Regulación de Salud of Área Rectora de Salud de Golfito, reported that six of the structures appeared to have a commercial design, resembling clandestine bars, and even displayed handmade signs reading “Rancho Grande,” “La Macha,” “Techo Verde,” “Donde Juan,” “Rancho Jardín,” and “El Rancho de Yola”; however, no activity was observed during the visits.
In response to the written submission sent by Ms. Nombre01 via email, the undersigned addressed the matter through official letter MS-DRRSBRU-DARSG-11922021, dated November 24, requesting that she supplement her submission by explaining fully her legitimate interest or subjective right (interés legítimo o derecho subjetivo), as well as identifying which party she wished to support as an active intervenor (coadyuvante activa) in the administrative case file concerning Isla Grande de Golfito.
2. Merits and subject matter of the amparo proceeding:
According to the order providing notice of the amparo proceeding filed by Ms. Nombre01—and, in summary—she visited the Golfito area in recent months and became aware that a large number of people had proceeded to establish themselves in an area near the mangrove in the Isla Grande de Golfito area. She adds that, when she consulted the residents, they stated that they exercised possession (posesión) over the area. She states that a type of dock containing used oil had been built at the entrance to the mangrove and that she observed spraying pumps that prevent the normal growth of weeds and vegetation for a period of up to 3 months. She explains that local residents stated that they had applied for a land-use permit (permiso de uso de suelo) within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) in the coastal sector of Isla Segura and that they also had a use permit granted by Concejo Municipal de Golfito.
She adds that she was able to observe a large number of commercial establishments on the island, including bars and food vendors, among others, where large numbers of people congregate in compliance with the health measures established by Ministerio de Salud in connection with the COVID-19 pandemic. She states that, after conducting extensive research, she learned that Report No. DFOE-SM-IF-5-2010, issued by Contraloría General de la República and addressed to Ministerio del Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Municipalidad de Golfito, Instituto Costarricense de Turismo, and Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, communicated a series of mandatory directives intended to resolve the existing problems on Isla Grande de Golfito. She explains that on November 4, 2011, an amparo proceeding was filed before this Chamber and processed under case file No. 11-014083-0007-CO; it was granted, and the respondent authorities were ordered to comprehensively remedy the diagnosed problem and comply with the recommendations contained in Report No. DFOE-SM-IF-5-2010 of Contraloría General de la República.
She adds that in November 2021, she appeared before Municipalidad de Golfito, Ministerio de Salud, and Área de Conservación Osa to request information regarding the progress of the eviction (desalojo) from Isla Grande de Golfito, but neither the health authorities nor the respondent municipality answered her inquiries. She maintains that, although the existence of irregular occupation (ocupación irregular) and environmental damage (daño al ambiente) on Isla Grande de Golfito was established—that is, in an area declared State Natural Heritage pursuant to certification No. COSA-PNE-01-09 of September 3, 2009—the actions were deemed concluded in 2016, even though the ordered eviction was not carried out. She asserts that, although a final dismissal of the criminal action (sobreseimiento definitivo de la acción penal) was ordered in judicial proceedings, this does not excuse the respondent authorities from taking action within the scope of their powers to provide a genuine solution to the problems affecting the protected area, including pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive use of natural resources, all of which jeopardize the right to the environment and human health.
She reiterates that the mangrove area is inalienable, not subject to adverse possession, and not subject to private occupation (inalienable, imprescriptible e insusceptible de ocupación privada), because it forms part of the National Heritage of the State (Patrimonio Nacional del Estado). She states that the respondent authorities have failed to fulfill their duty to protect natural resources, which may not be subject to concessions or included within the Regulatory Plan (Plan Regulador). She considers that the facts set forth violate her fundamental rights.
Regarding the allegations made by the appellant, this Área Rectora de Salud is unsure whether Concejo Municipal de Golfito has granted any land-use permits; no documentation concerning such permits appears in the administrative case file maintained by Área Rectora de Salud de Golfito, and the undersigned therefore cannot address them because they concern a different institution.
As an interinstitutional approach, following coordination among authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía – Sistema Nacional de Áreas de Conservación – Área de Conservación Osa (MINAE-SINAC-ACOSA), the Municipalidad de Golfito, and the Ministerio de Salud, with the cooperation and support of officers from the Guardacostas and the Fuerza Pública, entry was made onto Isla Grande, in the sector known as Puntarenitas, located in Golfo Dulce, Golfito district, Golfito canton, Puntarenas province, between 08:00 and 16:00 hours on Wednesday 08 de setiembre de 2021 and between 08:00 and 16:00 hours on Friday 22 de octubre de 2021, to conduct on-site inspections. In Technical Report MS-DRRSBRU-DARSGO-IT-0560-2021, Alexander Sánchez Herrera and Edgar Martín Montero Arias, both technicians with the Health Regulation Team of the Área Rectora de Salud de Golfito, state that six of the structures appeared to have a commercial design, resembling clandestine bars, and even displayed handmade signs reading “Rancho Grande,” “La Macha,” “Techo Verde,” “Donde Juan,” “Rancho Jardín,” and “El Rancho de Yola”; however, no activity was observed during the visits.
They further state that the sector of Isla Grande known as Puntarenitas, whether regarded as a Mangrove and Wetland Protection Zone, as the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), or as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), has sustained impacts on its existing natural resources as a result of private human activities that have apparently been established, conducted, or exploited for years without regulations, oversight, monitoring, permits, authorizations, or any control other than that exercised by the private individuals themselves. Therefore, at the time of the interinstitutional visit, the Health Authority was unable to verify the petitioner’s allegation concerning noncompliance with the health measures established by the Ministerio de Salud in response to the COVID-19 pandemic, since no activity of any kind was taking place during the visits.
With respect to report N°DFOE-SM-IF-5-2010 issued by the Contraloría General de la República, which is addressed to the Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, the Directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Concejo Municipal de Golfito, the Alcalde Municipal de Golfito, the Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, and the Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and which establishes mandatory provisions that must be complied with within the period and under the terms granted for that purpose, Part 4, Provisions, states in summary as follows:
“4.1. To the Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), in his capacity as President of the Consejo Nacional de Áreas de Conservación Take the appropriate actions to support, to the extent and in the manner incumbent upon that Ministry, the action plan proposed by the Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación for the effective and timely implementation of the provisions issued by the Contraloría General in section 4.2 of this report, so that the necessary resources—financial, human, technological, and logistical—as well as the required support are provided, thereby facilitating the implementation of the proposed actions and enabling that Ministry to exercise its responsibility for administering the areas of Isla Grande de Golfito that form part of the PNE, in accordance with the body of law governing this matter. In this regard, see the discussion in points 2.1, 2.2, and 2.3. of this report.
To demonstrate compliance with this provision, the relevant information must be submitted to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República by a deadline no later than 30 de noviembre de 2010.
4.2. To the Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Formulate an action plan, using as a reference the “Informe del levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande-Golfito,” prepared by ACOSA, which must include at least:
i. The actions that the Área de Conservación de Osa will undertake to comply with the directives of the Procuraduría General de la República regarding the circumstances of the persons and structures located on Isla Grande, as well as a clear description of coordination with other institutions concerning the location and use currently prevailing there.
ii. The preparation of the relevant studies on that Island to provide technical evidence of the damage sustained by that heritage as a result of the deforestation and mangrove cutting that have occurred in that area, and the actions to be taken in that regard.
iii. An assessment of whether it is appropriate to conduct a technical study of the protected wild areas (áreas silvestres protegidas) and a biological study of the existing ecosystem on Isla Grande, and whether it will be assigned a management category and sustainable use, taking into account the provisions of Articles 18 of the Ley Forestal and 39 of the Ley de Biodiversidad.
iv. The strategy for administering the PNE located on Isla Grande de Golfito.
The plan must contain details of the actions, the implementation schedule, and the names of the entities and officials responsible for each action and, fundamentally, must take into account the necessary resources—financial, human, technological, and logistical—that will be required. A deadline no later than 30 de noviembre de 2010 is granted for its preparation. The plan must propose a reasonable timeframe, based on the complexity of the matters, representing the Ministry’s commitment to fulfill the responsibility assigned to it by law to take possession and assume administration of the PNE. That action plan and the corresponding schedule must be submitted no later than the aforementioned date to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General. In this regard, see the discussion in points 2.1, 2.2, and 2.3 of this report.
4.3. To the Concejo Municipal de Golfito a) Adopt, by a deadline no later than 30 de setiembre de 2010, the resolutions necessary to order and carry out the following administrative actions:
i. Revoke the resolutions listed in Anexo Nro. 1 of this Report under which use permits (permisos de uso) were granted on Isla Grande, because the lands constitute PNE and their administration is the responsibility of MINAET. For compliance with this provision, a deadline no later than 29 de octubre de 2010 is granted to bring the situations described into legal compliance and issue final decisions in each case. See point 2.1.1 of this report.
ii. Annul, pursuant to Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and through the commencement of an administrative proceeding (procedimiento administrativo), the resolutions listed in Anexo Nro. 2 of this report, through which the Concejo permitted the occupation and use of lands in the ZMT of Isla Grande de Golfito by approving the assignment of occupancy rights (cesión de derechos de ocupación) to 15 companies, because those lands constitute PNE. For compliance with this provision, a deadline no later than 29 de octubre de 2010 is granted. For this purpose, the principles and guarantees of due process (debido proceso) must be observed, and all parties involved must be given a hearing so that they may examine and assess the matter and exercise their right of defense, in accordance with subsection 3 of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and Articles 239 et seq., related provisions, and 308 et seq. and related provisions of the aforementioned Law. See point 2.1.2 of this report.
iii. Annul, pursuant to Article 174 of the Ley General de la Administración Pública, the resolution adopted at ordinary session No. 19, chapter 7, Article 22, of 11 de octubre de 2004, through which the Concejo approved the Plan Regulador Caleta Central de Isla Grande, because the entire area covered by that plan constitutes PNE and its administration is the responsibility of MINAET, through ACOSA. For compliance with this provision, a maximum deadline no later than 29 octubre de 2010 is granted. ICT and INVU must be informed of the annulment resolution so that they may take the actions incumbent upon them. In this regard, see the discussion in point 2.1.3. of this report.
iv. Revoke the land-use permits (permisos de uso de suelo) approved in Playa Azul de Isla Grande, the resolutions for which are listed in Anexo Nro. 3 of this report, for the reasons set forth in point 2.2. of this document. For this purpose, the provisions of Article 154 of the Ley General de la Administración Pública must be taken into account. For compliance with this provision, a deadline no later than el29 octubre de 2010 is granted.
The information requested in this report to demonstrate compliance with the preceding provisions must be submitted, within the deadlines established above, to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.4. To the Alcalde Municipal de Golfito a) Conduct a study in Playa Azul de Isla Grande to determine the status of the persons settled there and prepare a plan containing the administrative actions to be taken concerning cases in which construction work (obras) has been carried out in clear violation of Article 12 of Law No. 6043. Compliance with this provision must be completed by a maximum deadline no later than 29 de octubre de 2010. In this regard, see the discussion in point 2.2 of this report.
The information requested in this report to demonstrate compliance with the preceding provisions must be submitted, within the deadlines established above, to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.5. To the Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) At the session immediately following receipt of this report, adopt the resolution to proceed, pursuant to Article 174 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), to annul Resolution No. 5275, Article 5, subsection 11, adopted at the ordinary session held on November 4, 2003, whereby the regulatory plan (Plan Regulador) for the coastal sector known as “Caleta Central” on Isla Grande de Golfito was approved, in accordance with the “Institutional Procedure Regarding Coastal Regulatory Plans Approved Prior to October 19, 2004” (“Procedimiento Institucional sobre Planes reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 2004”), and because the entire area covered by that plan constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the administration of which falls under the authority of MINAET.
A transcript of the corresponding resolution must be forwarded to the Office for Monitoring Compliance with Directives (Área de Seguimiento de las Disposiciones) of this Office of the Comptroller General. Compliance with this directive must occur by no later than October 29, 2010. In this regard, see the discussion in section 2.1.3. of this report.
4.6. To the Board of Directors of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) At the session immediately following receipt of this report, adopt the resolution to proceed with annulling that Institute’s approval of the regulatory plan for the coastal sector known as “Caleta Central” on Isla Grande, because the entire area covered by that plan constitutes State Natural Heritage, the administration of which falls under the authority of MINAET. Compliance with this directive must occur by no later than October 29, 2010. In this regard, see the discussion in section 2.1.3. of this report.
Finally, the information requested in this report as evidence of compliance with this directive must be forwarded, within the period established above, to the Office for Monitoring Compliance with Directives of the Contraloría General de la República.” In view of the foregoing, because the Ministerio de Salud was not ordered to comply with the provisions of Report No. DFOE-SM-IF-5-2010 issued by the Contraloría General de la República, the undersigned cannot address that report.
The appellant alleges that on November 04, 2011, an amparo appeal (Recurso de Amparo) was filed under case No.11-014083-0007-CO, which was granted and ordered the respondent authorities to comprehensively remedy the diagnosed problem and comply with the recommendations contained in Report No.DFOE-SM-IF-5-2010 of the Contraloría General de la República. Nevertheless, in Decision No.2021001315 issued at nine thirty in the morning on February 3, 2012, in case No.11-014083-0007CO, the operative part (por tanto) of the decision provides: “…Ana Luisa Catón Baltodano, in her capacity as Acting Municipal Mayor of Golfito, and Etilma Morales Araya, in her capacity as Director of the Área de Conservación de Osa, are ordered to take the measures and issue the instructions necessary to comply immediately with the recommendations contained in Report DFOE-SM-IF5-2010, issued by the Contraloría General de la República…” (sic). Accordingly, the undersigned cannot address that amparo appeal because the Ministerio de Salud is not a party to the proceeding and the orders are directed to other institutions.
Regarding the allegation by Ms. Nombre01 that she appeared before the Ministerio de Salud in November 2021 to request information concerning the progress of the eviction from Isla Grande de Golfito and that the Health Authority did not respond to her submissions, the administrative case file (expediente administrativo) shows that, on November 17, 2021, an undated written submission signed by Ms. Nombre01 was received by email, in which she requested recognition as an active supporting intervenor (coadyuvante activo) in the administrative case file concerning Isla Grande de Golfito; that, in that capacity, she be notified of proceedings, administrative acts (actos administrativos), and decisions; and that she be granted the right to file written submissions and appeals and to participate actively in any hearing. Ms. Nombre01 mistakenly indicated that the matter was being processed by the Municipalidad, whereas the correct institution was the Ministerio de Salud.
Accordingly, through official letter MS-DRRSBRU-DARSG-1192-2021 dated November 24, 2021, the undersigned responded to Ms. Nombre01’s submission by requesting that she supplement it with a detailed explanation of her legitimate interest (interés legítimo) or subjective right (derecho subjetivo), and also specify which party she wished to support as an active supporting intervenor in the administrative case file concerning Isla Grande de Golfito. In view of the foregoing, Ms. Nombre01’s allegation that she requested information concerning the progress of the eviction from Isla Grande de Golfito is untrue. Furthermore, a response was provided to the written submission filed on November 24, 2021; however, the administrative case file contains no response addressing official letter MS-DRRSBRUDARSG-1192-2021.
It must be borne in mind that the eviction from Isla Grande falls within the jurisdiction of other institutions, as stated both by the Contraloría General de la República in Report DFOE-SM-IF-5-2010 and by the Sala Constitucional in Decision 2012-001315, which ordered the Municipalidad de Golfito and ACOSA to take the measures and issue the instructions necessary to comply immediately with the recommendations issued in Report DFOE-SM-IF-5-2010 by the Contraloría General de la República.
The Ministerio de Salud is focused on responding to the national COVID-19 emergency and verifying compliance with the guidelines currently in force and applicable within the framework of the public-health emergency. Likewise, there has been an increase in cases in the Región Brunca, and responding to COVID-19 is therefore a priority. Nevertheless, the Área Rectora de Salud de Golfito remains fully willing to provide technical support in matters of public health.”
“First.
Regarding the allegations made by the appellant, her written submission states that the Isla Grande de Golfito area contains a large number of commercial establishments, including bars and food vendors. She also alleges the existence of a pier containing used oil and that the persons established at the site possess possessory rights over the area, among other allegations.
Second.
According to Opinion DFOE-SM-IF-5-2010 of the Contraloría General de la República, the lands of Isla Grande constitute and qualify as State Natural Heritage, abbreviated in Spanish as PNE.
Third.
Licda. Etilma Morales Mora, Director of the Área de Conservación Osa, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, certifies that Isla Grande de Golfito contains 196.6 hectares of mangrove, 439.03 hectares of forest, and 33.77 hectares of land suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal) that is currently devoid of forest, and that all these areas form part of the State Natural Heritage and are duly identified, georeferenced, and quantified in the following table:
MAP SHEET REGULATORY PLAN CLASSIFICATION POLYGON CODE GEOGRAPHIC COORDINATES AREA OF FOREST, LAND SUITABLE FOR FORESTRY, WETLAND AND/OR MANGROVE IN HA.
Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest B1 554505 N, 284000E 439.03 TOTAL 439.03 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M1 553576 N, 285392 E 10.51 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M2 553577 N, 284878 E 0.12 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M3 553517 N, 284699 E 0.07 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M4 553517 N, 284663 E 0.03 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M5 553493 N, 284663 E 0.02 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M6 553528 N, 284544 E 0.21 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M7 553756 N, 284579 E 12.47 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M8 554090 N, 285022 E 2.31 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M9 554258 N, 285308 E 2.83 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M10 554855 N, 285619 E 6.01 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M11 555525 N, 284245 E 0.16 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M12 555441 N, 284137 E 0.80 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M13 555477 N, 283994 E 2.12 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M14 555489 N, 282990 E 4.43 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M15 555560 N, 282834 E 2.39 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M16 555489 N, 282464 E 0.04 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M17 555477 N, 282476 E 0.15 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M18 555477 N, 282464 E 0.01 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M19 555453 N, 282476 E 0.07 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M20 555381 N, 282476 E 0.66 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove Telf04 555417 N, 282547 E Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M22 555262 N, 282500 E 0.15 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M23 555285 N, 282356 E 0.18 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M24 555274 N, 282320 E 0.04 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M25 555118 N, 282273 E 0.05 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M26 555130 N, 282261 E 0.05 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M27 555202 N, 282297 E 1.19 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M28 554843 N, 282464 E 0.12 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M29 554879 N, 282416 E 0.06 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M30 554879 N, 282368 E 0.06 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M31 554927 N, 282320 E 0.48 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M32 555740 N, 281962 E 47.73 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M33 555453 N, 281591 E 7.15 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M34 555704 N, 281627 E 0.27 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M35 557547 N, 279181 E 1.55 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove Telf05 557338 N, 279570 E Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M37 557186 N, 279655 E 0.15 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M38 557150 N, 279870 E 1.56 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M39 556540 N, 280372 E 24.61 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M40 557042 N, 280049 E 0.24 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M41 555991 N, 281018 E 29.61 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M42 555919 N, 281496 E 0.15 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M43 554724 N, 286205 E 0.13 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M44 554162 N, 286277 E 23.41 Golfito All of Isla Grande de Golfito Mangrove M45 554174 N, 286587 E 10.63 TOTAL 196.59 Golfito All of Isla Grande de Golfito Land suitable for forestry AF1 554830 N, 282621 E 1.91 Golfito All of Isla Grande de Golfito Land suitable for forestry AF2 555099 N, 282352 E 0.05 Golfito All of Isla Grande de Golfito Land suitable for forestry AF3 555153 N, 282406 E 0.19 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability (aptitud forestal) AF4 554333 N, 282884 E 0.91 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF5 555255 N, 283088 E 8.64 Golfito All of Isla Forest AF6 555530 N, 1.58 Grande de Golfito suitability 283190 E Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF7 555877 N, 283519 E 0.86 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF8 555578 N, 283854 E 0.92 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF9 555374 N, 284003 E 0.43 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF10 555422 N, 284303 E 1.29 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF11 556009 N, 284937 E 0.78 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF12 555069 N, 284734 E 5.51 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF13 554728 N, 285344 E 3.85 Golfito All of Isla Grande de Golfito Forest suitability AF14 553860 N, 284488 E 6.85 TOTAL 33.77 Processed at the request of the Municipalidad de Golfito in the locality of Golfito, Puntarenas, at thirteen hours on the First day of October of the year Two Thousand Eight.
cc. Concejo Municipal de Golfito Procuraduría General de la República Instituto Costarricense de Turismo Contraloría General de La República SINAC Case File Sequential No.
Fourth By Official Letter N° AM-MG-O-0353-2020 dated 12 de noviembre del 2020, a response was provided to Health Order MS-DRRSBRU-ARSGO-OS-1875-2020, stating as follows:
“Based on the foregoing, IT CERTIFIES:
“… Accordingly, this Área de Conservación de Osa certifies that Isla Grande de Golfito contains 196.6 hectares of mangrove, 439.03 hectares of forest, and 33.77 hectares of forest-suitability lands currently devoid of forest, and that all these areas form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and are duly identified, georeferenced, and quantified…” (the table appears in the cited certification) Accordingly, pursuant to Article 73 of Ley N°. 6043 and Articles 13, 14, and 15 of Ley N°. 7575 “Ley Forestal”, you are hereby informed that administration of the property of Isla Grande, Golfo Dulce, Golfito district, Golfito canton, province of Puntarenas, falls to the Área de Conservación de Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE. For that reason, it is materially and legally impossible for this Municipality to comply with the health measures issued in Health Order MSDRRSBRU-ARSGO-OS-1875-2020. You are therefore urged to issue them to the Área de Conservación de Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, which is the entity competent to implement the actions ordered by this Ministry.” Fifth Administrative Resolution N° MGPS-R-000056-2022 expands the certification, recording that:
“There are no records in the municipal archives of any PERMITS, BUSINESS LICENSES, or LICENSES authorized by this Municipality at the location known as ISLA GRANDE during the period from April 2007 through 18 de febrero de 2022.” Sixth:
Official Letter ZMT-MG-O-I-021-2022 from the Zona Marítimo Terrestre department states as follows:
“Sole Item: On ‘Isla Grande’ de Golfito, which covers 747.8 hectares, we have no active case files; as of today, they are being closed and/or have been closed with due notice. As a result of Contraloría General de la República Report N°DFOE-SM-IF-5-2010 of 30 de junio del año 2010, which established the areas affected by the State Natural Heritage, it was determined that approximately 10% (78.4Ha) of the area is unaffected, specifically where the sector known as Playa Azul is located. It is in this portion of land that, to date, the Municipalidad de Golfito has active case files containing applications for use permits (permisos de uso); two of these active case files concern granted use permits, as follows:
1. Case File N° PU-167-97 in the name of Nombre04, use permit granted by the Concejo Municipal at Ordinary Session 07, Chapter 6°, Twentieth Article, of 18- 022006.
2. Case File N° PU-577-93 in the name of Inversiones Ronsu S.A., use permit granted by the Concejo Municipal at Ordinary Session 17, Seventeenth Article, of 20-071993.
Seventh:
By memorandum N° AM-MG-0643-2021 dated 28 de octubre del 2021, the Concejo Municipal was informed of five case files in its possession. It was also advised that those case files needed to be delivered to the municipal archives so that their closure could proceed and the provisions of Contraloría General de la República Report N°DFOE-SM-IF-5-2010 of 30 de junio del año 2010 could be fully complied with.
The foregoing demonstrates that this Municipality has undertaken the corresponding procedures to fully comply with the provisions of Contraloría General de la República Report N°DFOE-SM-IF-5-2010 of 30 de junio del año 2010.
Accordingly, the report requested at the hearing granted at nine hours and five minutes on catorce de febrero de dos mil veintidós, San José, has been duly submitted.”
“ON THE JURISDICTION OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL:
The Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is a decentralized and participatory institutional management and coordination system that integrates powers relating to forestry, wildlife, protected areas, and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), with the aim of establishing policies and planning and implementing processes intended to achieve sustainability in the management of Costa Rica’s natural resources.
SINAC consists of 11 territorial units known as Conservation Areas (Áreas de Conservación), under the general supervision of MINAE through the Consejo Nacional de Áreas de Conservación.
Those territorial units include the Área de Conservación Pacífico Central and the Área de Conservación Osa, each of which has independent administrative and territorial jurisdiction.
The Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) is located in the country’s Central Pacific region.
It encompasses the lands extending from the community of Manzanillo, at the northern end of the province of Puntarenas, to Río Barú in the canton of Aguirre, as well as the intervening lands in the southwestern Valle Central and part of the high-mountain lands of the Cordillera de Talamanca.
By contrast, the Área de Conservación Osa (ACOSA) is located in the southern region of the country, specifically in the South Pacific, Golfito, encompassing the península de Osa. Within its territorial jurisdiction lies Isla Grande (Golfito), which has an area of 734,02 square meters and is the subject of this proceeding.
Accordingly, by reason of territorial and administrative jurisdiction, those matters fall within the knowledge and responsibility of the Área de Conservación Osa, and there is no record of any action by ACOPAC concerning the alleged facts.
In light of the foregoing, this Honorable Chamber is respectfully requested not to treat the Office of the Área de Conservación Pacífico Central as a respondent party, because it lacks administrative and territorial jurisdiction over the alleged facts and the area that is the subject of this proceeding.”
Drafted by Justice Picado Brenes; and,
Considering:
I.Subject Matter. The petitioner alleged that a large number of people had settled in an area near the mangrove in the Isla Grande de Golfito area and claimed to exercise possession (posesión) over the area. They built a type of pier at the entrance to the mangrove, and there are numerous commercial establishments, such as bars and food vendors, among others, where large numbers of people gather in violation of the health measures ordered by the Ministerio de Salud in response to the COVID-19 pandemic. The residents allege that they have submitted an application for a land-use permit (permiso de uso suelo) and that they also hold a use permit granted by the Concejo Municipal de Golfito. The petitioner further stated that Report DFOE-SM-IF-5-2010, issued by the Contraloría General de la República and addressed to the Ministerio del Ambiente y Energía, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Municipalidad de Golfito, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, communicated a series of mandatory provisions intended to resolve the existing problems on Isla Grande de Golfito.
She added that in November 2021 she appeared before the Municipalidad de Golfito, the Ministerio de Salud, and the Área de Conservación Osa to request information concerning the progress of the eviction (desalojo) on Isla Grande de Golfito, but neither the health authorities nor those of the respondent Municipality replied to her requests; it is clear, however, that the eviction has not been carried out. She also asserts that a final dismissal (sobreseimiento definitivo) was entered in a criminal case concerning the facts described, but that this does not mean, she argues, that the respondent authorities should refrain from taking actions within the scope of their jurisdiction to provide a genuine solution to the problems affecting the protected area. She requests the following:
“In view of the foregoing, I request that the petition be granted and that the Área de Conservación de Osa and the Municipalidad de Golfito be ordered to submit a comprehensive report on the current legal status of the eviction being carried out on Isla Grande de Golfito, known as ye-yei, given that this authority ordered the corresponding measures to be taken and the directives issued by the Contraloría General de la República in 2010 through Report DFOE-SM-IF-5-2010, which contained mandatory provisions, to be complied with in 2011—that is, 11 years ago. Both parties shall be ordered to pay costs and attorney’s fees.”
The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter:
A. Concerning the occupation of Isla Grande de Golfito 1) Isla Grande de Golfito contains 196.6 hectares of mangrove, 439.03 hectares of forest, and 33.77 hectares of forest-suitability lands currently devoid of forest, and all these areas form part of the State Natural Heritage (reports submitted and documentation provided).
“4.1. To the Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), in his capacity as President of the Consejo Nacional de Áreas de Conservación Take the appropriate actions to support, to the extent and in the manner incumbent upon that Ministry, the action plan proposed by the Executive Directorate of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación for the effective and timely fulfillment of the directives issued by the Contraloría General in section 4.2 of this report, so that the necessary resources (financial, human, technological, and logistical), as well as the required support, are provided to facilitate the implementation of the proposed actions, thereby enabling that Ministry to exercise its authority over the areas that form part of the Patrimonio Natural del Estado on Isla Grande de Golfito, in accordance with the body of law governing this matter. In this regard, note the comments in points 2.1, 2.2 and 2.3. of this report.
To demonstrate compliance with this directive, the pertinent information must be submitted to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República within a period not extending beyond November 30, 2010.
4.2. To the Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Prepare an action plan, using as a reference the “Report on the Survey of Patrimonio Natural del Estado Areas on Isla Grande-Golfito,” prepared by ACOSA, which shall include, at a minimum:
i. The actions that the Área de Conservación de Osa will carry out to comply with the instructions of the Procuraduría General de la República concerning the situation of the persons and structures located on Isla Grande, as well as a clear account of coordination with other institutions involved in matters relating to the location and use currently prevailing there.
ii. The preparation of the relevant studies on that Island to provide technical proof of the damage suffered by that natural heritage, in terms of the deforestation and mangrove cutting that have occurred in that area, and the actions to be taken in response.
iii. An assessment of whether it is appropriate to conduct a technical study of the protected wildlands (áreas silvestres protegidas) and a biological study of the ecosystem existing on Isla Grande, and whether it will be assigned a management category (categoría de manejo) and sustainable use (uso sostenible), taking into account the provisions of articles 18 of the Ley Forestal and 39 of the Ley de Biodiversidad.
iv. The strategy for administering the Patrimonio Natural del Estado located on Isla Grande de Golfito.
The plan must contain details of the actions, the implementation schedule, and the names of the entities and officials responsible for each action, and, fundamentally, must consider the necessary resources (financial, human, technological, and logistical) that will be required. A period not extending beyond November 30, 2010 is granted for its preparation. The plan must propose a reasonable period, in accordance with the complexity of the matters, representing the Ministry’s commitment to fulfill the responsibility assigned to it by law to take possession and assume administration of the Patrimonio Natural del Estado. That action plan and the corresponding schedule must be submitted no later than the aforementioned date to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General. In this regard, note the comments in points 2.1, 2.2 and 2.3 of this report.
4.3. To the Concejo Municipal de Golfito a) Within a maximum period not extending beyond September 30, 2010, adopt the resolutions necessary to direct and carry out the following administrative actions:
i. Revoke the resolutions detailed in Anexo Nro. 1 of this Report, through which use permits (permisos de uso) were granted on Isla Grande, because the lands constitute PNE and their administration falls under the authority of MINAET. For compliance with this directive, a period not extending beyond October 29, 2010 is granted to bring the situations described into compliance with the law and to issue final decisions in each case. See point 2.1.1 of this report.
ii. Annul, pursuant to article 173 of the Ley General de la, Administración Pública and through the initiation of an administrative proceeding (procedimiento administrativo), the resolutions listed in Anexo Nro. 2 of this report, through which the Concejo authorized the occupancy and use of land in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT) of Isla Grande de Golfito by approving the assignment of occupancy rights (cesión de derechos de ocupación) in favor of 15 companies, because those lands constitute PNE. For compliance with this directive, a period not extending beyond October 29, 2010 is granted. For this purpose, the principles and safeguards of due process (debido proceso) must be observed, affording all parties involved an opportunity to be heard so that they may examine and evaluate the matter and exercise their right of defense, in accordance with subsection 3 of article 173 of the Ley General de la Administración Pública and articles 239 et seq. and related provisions, and 308 et seq. and related provisions, of the aforementioned Law. See point 2.1.2 of this report.
iii. Annul, pursuant to article 174 of the Ley General de la Administración Pública, the resolution adopted at ordinary session No. 19, chapter 7, article 22, of October 11, 2004, through which the Concejo approved the Plan Regulador Caleta Central de Isla Grande, because the entire area covered by that plan constitutes Patrimonio Natural del Estado and its administration falls under the authority of MINAET, through ACOSA. For compliance with this directive, a maximum period not extending beyond October 29, 2010 is granted. ICT and INVU must be informed of the annulment resolution so that they may take the actions incumbent upon them. In this regard, see the discussion in point 2.1.3. of this report.
iv. Revoke the land-use permits (permisos de uso de suelo) approved in Playa Azul de Isla Grande, the resolutions for which are detailed in Anexo Nro. 3 of this report, for the reasons set forth in point 2.2. of this document. For this purpose, the provisions of article 154 of the Ley General de la Administración Pública must be taken into account. For compliance with this directive, a period not extending beyond October 29, 2010 is granted.
The information requested in this report to demonstrate compliance with the foregoing directives must be submitted, within the periods established above, to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.4. To the Alcalde Municipal de Golfito a) Conduct a study in Playa Azul de Isla Grande to determine the status of the persons settled there and prepare a plan containing the administrative actions concerning cases in which works have been carried out in clear violation of article 12 of Ley No. 6043. Compliance with this directive must be completed within a maximum period not extending beyond October 29, 2010. In this regard, note the comments in point 2.2 of this report.
The information requested in this report to demonstrate compliance with the foregoing directives must be submitted, within the periods established above, to the Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República (report submitted).
“A total of 61 structures were found (Figure 9). Residential use accounts for the largest percentage, at 73.77%. A total of 9.84% of the structures serve both residential and commercial purposes. Commercial and recreational structures account for 6.56%. The smallest percentage (1.64%) consists of structures that do not appear to be currently in use.” (report submitted).
B. Regarding the Área de Conservación de Osa 4) In official letter SINAC-ACOSA-D-046-2011, issued by Engineer Etilma Morales Mora, regional director of the Área de Conservación Osa, she requests that Ms. Guiselle Méndez Vega, executive director of SINAC, provide funds to comply with the provisions of report DFOE-SMIF-5-2010 of the Contraloría General de la República (report submitted).
• La Gaceta number 145 of July 27, 2012. First publication. Eviction notice for Isla Grande • La Gaceta number 146 of July 30, 2012. Second notice. Eviction notice for Isla Grande • La Gaceta number 147 of July 31, 2012. Third notice. Eviction notice for Isla Grande (report submitted).
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales This meeting was convened to coordinate the work and address the specific matters relating to the eviction (desalojo) (report submitted).
“6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Both the field verification and the analysis conducted using Geographic Information Systems confirmed harm to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in mangrove ecosystems.
In addition to the removal of forest cover (cobertura), harm caused by wastewater was observed, since no treatment whatsoever appears to be provided; the water being used comes from the forested area of the island without any type of permit; waste is not managed properly and is often carried away by the tides, ultimately reaching the sea or the mangrove ecosystem; mangrove trees were found to have been cut down, and a wooden pier had been constructed.
Removal of the infrastructure would not cause significant harm to the ecosystem, since the materials used and the apparently temporary nature of the buildings would not cause any damage beyond that which already exists.
It is recommended that the existing infrastructure be removed in coordination with the interinstitutional commission and any stakeholders deemed appropriate, including, among others: Fuerza Pública, IMAS, PANI (report submitted).
In addition to the foregoing, the honorable Sala Constitucional is informed that the appellant has already been heard and that the requests submitted regarding this specific case have been answered; that response is also attached. (report SINAC-ACOSA-D-620-2021 is attached)”.
B. Regarding Municipalidad de Golfito 24) In compliance with the provisions issued by Contraloría General de la República, Concejo Municipal de Golfito, at ordinary session number eight held on 25 de febrero del año 2011, resolved as follows:
“RESOLUTION No 15 Having reviewed the memorandum submitted by Mr. Deylon Arroyo Blandón, Municipal Mayor, containing a description of the resolutions and agreements issued by Municipalidad de Golfito for the granting of land-use permits (permisos de uso de suelo) in the ISLA GRANDE sector, Distrito Primero, Golfito; and pursuant to the provisions contained in item 4.3 of Report DFOE-SM-IF-5-2010, IT IS UNANIMOUSLY APPROVED: To adopt in full the proposal submitted by the Mayor; consequently, the municipal resolutions described in items I through 30 (annexes I, 2,3) of the aforementioned report are hereby revoked.
The administration is ordered to proceed immediately with the corresponding notification of the annulled resolutions to the interested parties.
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República is requested to grant a one-month extension so that the administration may notify those affected, with the understanding that it will be informed of the results and progress of the proceedings conducted once the period has elapsed.
This resolution is exempted from all procedural formalities and is declared FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED.
The decision of this Concejo Municipal shall be communicated to Área de Seguimientos de Disposiciones de la Contraloría General de la República and to the Municipal Mayor” (documentation submitted).
“THEREFORE:
C. Regarding Ministerio de Salud 30) In a written submission dated 17 de noviembre del 2021, the appellant requested the following from Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud:
“… I request that I be recognized as an ACTIVE SUPPORTING PARTY (COAYUVANTE ACTIVO) in the ADMINISTRATIVE CASE FILE (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO) concerning Isla Grande de Golfito being processed by that Municipality.
In this capacity as a supporting party, I request notification of all proceedings, administrative acts, and decisions issued in this administrative proceeding, that I be granted the right to submit written pleadings and appeals, and that I be permitted to participate actively in any hearing granted for that purpose”. (report and documentation submitted) 31) In official letter number MS-DRRSBRU- DARSG-1192-2021 of 24 de noviembre de 2021, Área Rectora de Salud responded as follows:
“Warm greetings. I, Fernando Alfonso Mata Castro, in my capacity as Director de Área Rectora de Golfito of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud, in response to your submission dated 17 de noviembre del 2021, hereby request that you supplement the submission filed, explaining fully your legitimate interest (interés legítimo) or subjective right (derecho subjetivo), and indicating which of the parties you wish to support as an active supporting intervenor (coadyuvante activa) in the administrative proceeding (expediente administrativo) concerning Isla Grande de Golfito.” (report submitted and documentation provided).”
III.On the right to a healthy and ecologically balanced environment and the obligation of the State—as a whole—to safeguard and coordinate efforts for the comprehensive protection of the environment. In view of the arguments raised and the factual circumstances of the case at bar (sub lite), it is appropriate to set forth what this Chamber has stated in prior cases concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment and the duty of the Public Administration to coordinate and act for the comprehensive protection of the environment. Thus, in judgment Nº 2011-03114, issued at 9:03 hrs. on 11 de marzo de 2011, this Court ruled as follows:
“II.- The right to a healthy and ecologically balanced environment. Article fifty of the Political Constitution establishes as a fundamental right the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Even before Article 50 was amended to expressly address environmental matters, the Chamber, through its case law, had already derived this right from the constitutional provisions of Articles 21—the right to life and health—69—the rational use of land—and 89—the protection of natural beauty. The Chamber has adopted an open or macro-level understanding of the concept of the environment and of the protection afforded to it, going beyond the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, the diversity of flora and fauna, and the landscape, to include elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural development, and others. Accordingly, in judgment number 5893-095, issued at nine hours and forty-eight minutes on 27 de octubre de 1993, the Chamber held that:
“[E]nvironmental law (Derecho Ambiental) should not be associated solely with nature, since nature is only one part of the environment. Nature-protection policy also extends to other matters, such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is therefore a macro-environmental concept, intended to ensure that important concepts are not excluded and thus to unify the body of law that we call Environmental Law.”
III.The State’s duty to safeguard the environment. The amendment of constitutional Article 50, which expressly enshrined environmental rights (derecho ambiental) as a fundamental right, also unequivocally established the State’s obligation to guarantee, defend, and safeguard that right, thereby making the State the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. Under this provision, read in conjunction with Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, the State bears responsibility for exercising a safeguarding and governing function in this field, as provided by the constitutional rule under discussion—a function further developed by environmental legislation. The constitutional mandate thus imposes on the State the duty to guarantee, defend, and preserve that right. In this regard, it must be noted that the applicable law designates the Ministerio del Ambiente y Energía as the governing body for the natural-resources, energy, and mining sector, pursuant to Article 2 of the Ley Orgánica of that ministry, number 7152, of 4 de junio de 1990.
In the Chamber’s view, this governing function (función de rectoría) in environmental matters includes not only establishing appropriate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided by Article 56 of the Ley Orgánica del Ambiente, but also assigns it the important function of exercising leadership in environmental matters, which entails maintaining a leading role in this field. In this respect, oversight and enforcement (control y fiscalización) of environmental matters and activities constitute an essential function of the State under Article 50 of the Constitution, insofar as the relevant portion of its third paragraph provides: “The State shall guarantee, defend, and preserve that right.” This is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of their own functions, particularly when those functions are essential.
Thus, with respect to environmental protection, the functions of governance, oversight, and enforcement in environmental matters belong to the State and are entrusted to its various administrative agencies.
(…)V.- Coordination among public institutions in the comprehensive protection of the environment. The State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the governed. For purposes of this task, “public institution” includes both the Central Administration—ministries such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud, which, by virtue of their subject-matter responsibilities, have extensive involvement and responsibility regarding environmental conservation and preservation and which generally act through their specialized agencies, such as the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—and decentralized institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Municipalities likewise bear significant responsibility for this task within their territorial jurisdictions. Given the diversity of actors that may be involved, it might be thought that this shared responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of authority of differing origin and nature, the duplication of national and local efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish coordinated relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between those bodies and the municipalities, so that they may carry out the functions entrusted to them. This Chamber has previously addressed the principle requiring coordination between public agencies and municipalities in pursuing common objectives, holding in judgment number 5445-99, issued at fourteen hours and thirty minutes on 14 de julio de 1999, that:
“[C]oordination is the ordering of relationships among these various independent activities, taking account of their convergence upon the same objective or entity in order to make that convergence useful to an overall public plan, without eliminating the mutual independence of the participating entities. Because there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, specific conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional ‘concerted action,’ in the strict sense, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and comprehensive framework, within which each performs a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, relations between municipalities and other public entities may be conducted only on an equal footing, resulting in agreed forms of coordination that exclude any mandatory arrangement detrimental to municipal autonomy or that subjects corporate entities to a coordination framework without or against their consent; this does, however, permit the necessary subordination of those entities to the State and in the State’s interest (through the State’s ‘administrative oversight’ (tutela administrativa), specifically its function of reviewing legality, under which it possesses general supervisory powers over the entire sector).” Furthermore, failures to comply with the duty to protect the environment and with environmental regulations are constitutionally significant because the Administration’s inaction in this field may cause harm to the environment and natural resources, sometimes with consequences similar to or greater than those resulting from the Administration’s actions.
Examples include authorizing zoning plans (planes reguladores) or construction projects without approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; failing to oversee and enforce the implementation of management plans (planes de manejo) for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía; allowing companies to operate without the required health permits regarding wastewater treatment—Acueductos y Alcantarillados and Ministerio de Salud—or failing to verify noise-level controls in bars, restaurants, or event venues—municipalities and Ministerio de Salud—.
VI.The role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, bear, within the scope of their powers and obligations, a substantial degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements demonstrating adequate environmental management before other public authorities is required, or through regular inspections and the referral of risk situations to the authorities having greater powers of intervention. It has already been established that local governments are subject to the obligation of coordination and prevention in environmental matters within their territorial jurisdiction; it follows that municipalities are indeed important actors in the task of environmental protection. The authority of local governments to establish their own land-use planning (ordenación territorial) through regulatory plans (planes reguladores) is beyond dispute; however, the existence of such plans—which, for the most part, lack planning supplements from the standpoint of a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado)—does not render environmental protection legislation (legislación tutelar ambiental) inapplicable.
On the contrary, the Sala finds that it must be a fundamental requirement, one that does not infringe the constitutional principle of municipal autonomy (principio constitucional de la autonomía municipal), that every regulatory plan, before being approved and implemented, be considered together with an environmental impact assessment (examen del impacto ambiental) from the perspective provided by Article 50 of the Constitution, so that land-use regulation (ordenamiento del suelo) and its various regimes are compatible with the scope of the superior provision, particularly considering that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities. This undoubtedly includes municipalities, which are not exempt from the application of the constitutional provision and its implementing legislation. It is evident that, in this case, the national and local interests are fully aligned, and therefore local governments may and must require compliance with environmental requirements within their territory and, in the event of a conflict with the authorities governing environmental matters, may submit the disputes to the appropriate judicial review (contralor jurisdiccional), depending on the nature of the violation.
For the foregoing reasons, environmental protection provisions are not incompatible, from a constitutional standpoint, with the powers and responsibilities of municipalities, which are required, by mandate of Article 50 of the Constitución Política, to devote themselves to protecting the environment—see, to this effect, judgment number 2006-7994, at ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006—.” (emphasis added)
IV.Specific case. The reports submitted under oath and the body of proven facts (hechos probados) make it abundantly clear that, although the problem of irregular occupation and the high level of risk affecting the areas declared State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) on Isla Grande has been accurately diagnosed for several years, the problem persists. The respondent authorities have indeed taken steps aimed at resolving it, but they have not yet taken all the actions necessary to remedy the situation. Report DFOE-SM-IF-5-2010 issued mandatory provisions. At this time, it should be noted that the Área de Conservación itself, following an inspection conducted in setiembre y octubre del 2021, reached the following conclusions and recommendations:
“6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Both the field verification and the analysis conducted using Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica) confirmed adverse impacts on State Natural Heritage within mangrove ecosystems (ecosistemas de manglar).
In addition to the removal of vegetation cover (cobertura), adverse impacts from wastewater (aguas residuales) were observed, since no treatment appears to be provided; the water being used comes from the forested area of the island without any type of permit; waste is not properly managed and is often carried away by the tides, ultimately reaching the sea or the mangrove ecosystem; the cutting of mangrove trees and the construction of a wooden pier were also found.
Removal of the structures would not cause a major adverse impact on the ecosystem, since the materials used and the appearance of the temporary buildings would not cause significantly more damage than already exists.
It is recommended that the existing structures be removed in coordination with the interinstitutional commission and any stakeholders deemed appropriate, including, among others: Fuerza Pública, IMAS, PANI. Once again, it is confirmed that the problem persists and that institutional coordination and meetings have not borne fruit. Consequently, the writ of amparo (amparo) lies against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and also directly against the Ministra de Ambiente y Energía because, although the principal recommendations in the Contraloría General de la República report were directed to the conservation system, the Ministry authorities cannot evade their responsibility to resolve the problem described. Finally, regarding the request for information submitted by the petitioner (recurrente), she herself states, and the respondent authorities confirm, that they did provide her with a response well before this amparo proceeding. In view of the foregoing, the amparo must be granted for violation of Article 50 of the Constitución Política, but not with respect to Article 27.
V.With regard to the Municipalidad de Golfito, it is also true that it has taken steps aimed at complying with the directives of the Contraloría General de la República, but actions remain pending, and the municipal government likewise cannot avoid responsibility for the definitive resolution of the problem. First, there is no evidence that all case files (expedientes) have been closed or that it has “fully complied with the provisions of the Contraloría General de la República,” as acknowledged by the Alcalde. Second, although there is no record of permits or business licenses (patentes), commercial activities are in fact being conducted. Finally, the petitioner alleged that a request for information had not been answered. The reports are silent on this point, and the allegation is therefore deemed true. Consequently, the amparo also lies against the municipality. In view of the foregoing, the amparo must be granted for violation of Article 50 of the Constitución Política and also with respect to Article 27.
VI.With regard to the Ministerio de Salud, it is true that the provisions of the Contraloría are not directed to it. Furthermore, it was established that the petitioner filed a submission (gestión) with the Área Rectora in noviembre del 2021, but it was not a request for information, and the Área Rectora did respond to it. Finally, it is not within the jurisdiction of this Sala to verify proper compliance with the public-health measures (medidas sanitarias) ordered by the Ministerio de Salud regarding the response to the COVID-19 pandemic. Consequently, there is no basis for granting the appeal (recurso) with respect to the Área de Salud.
VII.In sum, the reported problem persists, and although the respondent authorities have taken steps aimed at resolving it, those steps have not been sufficient or effective. Based on the reasons set forth above, this Sala finds that, in this particular case, there has been a lack of coordination, to the detriment of the public interest in preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment and public health. For this reason, and in light of the considerations set forth in this judgment, it is essential to order the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Golfito, each within the scope of its respective powers, to reassess the situation and adopt the measures necessary to comprehensively remedy the diagnosed problem and finally comply with the recommendations contained in the aforementioned Contraloría General de la República report.
In environmental matters, it is the undersigned’s view that, where the Administración Pública has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where adverse impacts on a mangrove (State Natural Heritage), as well as noncompliance with the public-health measures ordered by the Ministerio de Salud regarding the response to the COVID-19 pandemic in relation to commercial establishments on Isla Grande de Golfito, are alleged, thereby creating a risk to public health. The foregoing violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.
The petitioner is hereby advised that, if she submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, she must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 business days calculated from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session number 27-11 del 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 del 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session number 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The amparo petition (recurso de amparo) against the Ministry of Environment and Energy is partially granted for violation of Article 50 of the Constitution, as is the petition against the Municipalidad de Golfito for violation of Articles 50 and 27 of the Constitution. Accordingly, Andrea Meza Murillo, Minister of Environment and Energy; Paula María Mena Corea, Director of the Área de Conservación Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Fernando Bustos Villafuerte, President of the Concejo Municipal de Golfito; and Freiner Lara Blanco, Mayor of Golfito, or whoever holds those offices, are ordered to take the necessary steps, within the scope of their authority, to ensure that, within twelve months from notice of this judgment, all recommendations contained in report DFOE-SM-IF-5-2010, issued by the Contraloría General de la República, are implemented. Freiner Lara Blanco, Mayor of Golfito, or whoever holds that office, is ordered to provide the petitioner, within five business days from notice of this judgment, with information regarding the progress of the ordered eviction (desalojo).
The petition is denied in all other respects. Notice is hereby given that failure to comply with the foregoing order shall constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Municipalidad de Golfito are ordered to pay the court costs (costas), damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in administrative-litigation judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Justice Salazar Alvarado files a separate note. Let notice be served.
Fernando Castillo V.
Chief Justice Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jose Roberto Garita N.
CASE FILE N° 22-002856-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Intake of matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de abril de dos mil veintidos .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED02, contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Golfito.
RESULTANDO:
“Con vista en lo expuesto, solicito se declare con lugar el Recurso y se les ordene al Área de Conservación de Osa y a la Municipalidad de Golfito que rindan un informe exhaustivo del estado actual legal del desalojo que se está llevando a cabo en la Isla Grande de Golfito conocida como ye-yei, toda vez, que su autoridad desde el año 2011 o sea hace 11 años ordenó que se tomaran las medidas correspondientes y se cumpliera con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República en el año 2010 mediante el informe DFOE-SM-IF-5-2010 y en el mismo se emitieron disposiciones de acatamiento obligatorio. Se condene al pago de ambas costas.”
“ASUNTO: Informe recurso de amparo 22-002856-0007-CO A fin de dar respuesta al recurso mencionado para el punto primero y segundo de lo solicitado, me permito indicar lo siguiente:
Hago de su conocimiento que desde el año 2005 se han desarrollado múltiples labores de parte del Área de Conservación Osa, acciones que se han ido realizando y fortaleciendo con el tiempo y hasta la actualidad. Por lo que se hago un resumen en respuesta a los puntos indicados.
En el oficio SINAC-ACOSA-D-046-2011, emitido por la Ingeniera Etilma Morales Mora, directora regional del Área de Conservación Osa, le solicita a la señora Guiselle Méndez Vega, directora ejecutiva del SINAC, fondos para cumplir con lo dispuesto en el informe DFOE-SMIF-5-2010 informe que maneja esta problemática desde su génesis.
En el oficio DM151-2011, emitido por el Ing. Teófilo de la Torre Arguello, Ministro del Ambiente, solicita a los Directores Ejecutivos de las siguientes instituciones:
• Dr. Jose Maria Tijerino, del Ministerio de Seguridad Pública.
• Dra. Maria Luisa Ávila, Ministra de Salud • Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente del IMAS.
• Licda. Marielos Hernández Corella, Presidenta del Patronato nacional de la Infancia Solicita que se designe a un representante de cada uno de las instituciones, para analizar y conformar un equipo de trabajo para trabajar en el proceso de desalojo.
Que en fecha 10 de mayo de 2011 se emite oficio SINAC-DE-583, por la directora ejecutiva Guiselle Méndez Vega, donde se le da instrucciones al señor Marco Tulio Chinchilla, Coordinador Administrativo, coordinar con la Ingeniera Etilma Morales Mora, para realizar la modificación presupuestaria que se requiere para cumplir con las disposiciones del informe DFOE-SM-IF-5-2010.
Que en oficio ACOSA-V02-D-04-2011, se realiza denuncia atendida por el señor Jonathan Noguera Bristan, en compañía con las siguientes personas: Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Sidar Villalta Martínez y Wendy Barrantes Ramírez. Se observa que en el sector de la playa de Puntarenitas, estaban construyendo un rancho dentro de la zona marítima terrestre en área de manglar. Causa penal 11-885-455-PE, presentada contra Nombre02.
Que se realiza denuncia en el oficio ACOSA-V02-D-06-2011 atendida por el señor Jonathan Noguera Bristan, en donde informa que estaban trabajando en dentro de zona marítimo terrestre, estaban realizando una construcción de muro de contención “gaviones”. Dicha construcción es para evitar la erosión del terreno por el crecimiento de las mareas. En la denuncia el señor Leonel Bustos Espinoza, cedula CED01, encargado de la construcción, no porta con los permisos e indica que trabaja para el señor Gerardo Vicente Salazar, dueño de la propiedad con el nombre de Nombre03.
Que en fecha 14 de junio de 2011 se emite oficio SINAC-DE-CA-0142, emitido por la Licenciada Ana Lucia Ovares Jaén, Jefa de Departamento Financiero, remite informe de modificación de presupuesto, con el visto bueno de la señora Directora Ejecutiva Guiselle Méndez Vega. Para poder realizar las gestiones programadas en el plan de compras de la Isla.
Que en el Oficio SINAC-DE-1096, emitido por la directora ejecutiva Guiselle Méndez Vega, se le traslada plan de acción de la Isla Grande a la Licenciada Marjorie Gómez Chávez, Gerente de Área de la Contralora General de la República.
Que en el oficio ACOSA-PNPB-RNFSG-AD-232-2011, se le traslada informe del censo realizado a la Isla Grande, a la señora Directora Paula Mena Corea Que en el oficio ACOSA-D-209-11, emitido por la directora Paula Mena Corea, comisiona un grupo de trabajo, para cumplir con las disposiciones de la Contraloría General de la República.
Comisión isla grande Comisión de categorización Valoración de daño Ambiental Ana C. Medina Miguel Madrigal Carlos Madriz Martín Gonzales Wendy Barrantes Wendy Barrantes Joel Gracia Gerardo Palacios Gerardo Palacio Wendi Barrantes Ana C. Medina Jose Quirós Marta Herra Gerardo Chaves Stephanie Mori Cristian Masis Que en el oficio ACOSA-D-219-2011, emitido por la señora Directora ai, Paula Mena Corea, nombra al señor Miguel Madrigal Hernández, Coordinador del proceso de la comisión de Isla Grande e Isla Garza.
Que en el oficio SINAC-ACOSA-AL-144-2011 y SINAC-ACOSA-AL-155-2011, emitido por el Lic. Martín González Vargas, Asesor Legal de ACOSA. Presenta un informe de la información recopilada en la gira que se realizó el 30 y 31 de agosto en la Isla Grande.
Punto 16: Que en la Resolución ACOSA-D-119-2019, emitida por la Ingeniera Etilma Morales Mora, directora del Área de Conservación Osa. Resuelve ordenar con las disposiciones de la Contraloría en el informe DFOE-SM-IF-5-2010.
Se realiza la publicación del desalojo en las siguientes Gacetas.
• La Gaceta número 145 del 27 de julio del 2012 • Publicación de primera vez • Notificación de desalojo de isla Grande • La Gaceta número 146 del 30 Julio del 2012 • Notificación de segunda vez • Notificación de desalojo de isla Grande • La Gaceta número 147 del 31 Julio del 2012 • Notificación de tercera vez • Notificación de desalojo de isla Grande Que en el oficio ACOSA-AL-129-2012, emitido por el Lic. Martín González Vargas, Asesor Legal del Área de Conservación Osa, realiza convocatoria a las siguientes instituciones:
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales Esta convocatoria se realizó para gestionar las labores y tratar los puntos específicos para el Desalojo.
Que en el informe SINAC-ACOSA-V02-INF-006-2014, emitido por el Ingeniero Julio Solano Duran y en el informe SINAC-ACOSA-V02-INF-006-2015, emitido por la Licenciada. Ana Cecilia Medina Gutiérrez. Realiza visita de inspección para conocer el estado actual de la isla.
Que en el oficio DM-635-2015, emitido por el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del Ambiente, solicita la activación de la comisión, a los Presidentes Ejecutivos de las diferentes instituciones. Esto con el fin de cumplir con las disposiciones del informe DFOE-SM-IF-5-2010 y conformar un equipo.
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales Que en el oficio SINAC-ACOSA-D-098-2016, emitido por el licenciado Olger Méndez Fallas, director ai del Área de Conservación Osa. Realiza la convocatoria a los representantes de cada institución, para conformar el equipo de trabajo, para dirigir el proceso tomando en cuenta la situación socioeconómica de los afectados.
Que en el oficio SINAC-ACOSA-D-103-2016, emitido por el licenciado Olger Méndez Fallas, director ai del Área de Conservación Osa. se les solicita a los miembros de la comisión coordinadora de Isla Grande, que presenten un informe, con respecto a los trabajos efectuados con las otras instituciones.
Que en el oficio SINAC-ACOSA-AL-077-2016, los miembros de la comisión brindan informe solicitado en el oficio SINAC-ACOSA-D-103, en donde informan las acciones tomadas en conjunto con las otras instituciones.
Que se realiza reunión del día 17 de mayo del 2016, para coordinar el acompañamiento con las otras instituciones, a su vez se comenta que el desalojo duraría 3 o 4 días, y que SENASA debería de estar para tratar lo de animales domésticos.
Desde el 2018 a la fecha se han venido realizando, atención de quejas, informes periciales e inspecciones en los sectores aledaños a la Isla Grande, se adjuntan copias de la documentación.
Que en fecha 22 de octubre de 2019 por medio de oficio SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-2102019, la señora Ana Cecilia Medina Gutiérrez quien para ese entonces fungía como administradora del RNFSG, elabora el mencionado informe con las acciones realizadas en control y protección en Isla Grande, que consta de los siguientes informes:
SINAC-ACOSA-RNFSG-P-004-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-013-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-023-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-097-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-060-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-086-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-103-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-092-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-079-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-121-2018 SINAC-ACOSA-V02-IF-011-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-155-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-077-2017 SINAC-ACOSA-RNFSG-P004-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-P-2019 SINAC-ACOSA-RNFSG-152-2018 SINAC-ACOSA-RNFSG-P004-2019 Que el 16 de noviembre de 2019, mediante informe SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-228-2019, elaborado por el funcionario Rodolfo Acuña Hidalgo, se emite informe de operativo interinstitucional (Isla Grande), dando como resultado el levantamiento de las áreas, ocupadas por el comercio en Puntarenitas, tipo infraestructura existente y los posibles dueños o inquilinos, emanando los datos del operativo.
Que 02 de noviembre del 2020 Se celebra reunión en el salón de actos del Área de Conservación Osa, siendo la responsable de la reunión la Ingeniera, Laura Rivera Quintanilla, directora a.i de ACOSA, en esta reunión se hicieron presentes los siguientes funcionario ASISTENTES Nombre Representando a 1 Laura Rivera Quintanilla ACOSA 2 Mariela León Salas Legal-ACOSA 3 Olger Méndez Fallas PNE-ACOSA 4 Roberto Martínez Fernández PNE-ACOSA 5 Ginette Jiménez Soto PNE-ACOSA 6 Ronny Romero Ruiz Fiscalía Ambiental 7 Freiner Lara Blanco Municipalidad de Golfito 8 Andrés Solano Municipalidad de Golfito 9 Vivian Jiménez Hidalgo Municipalidad de Golfito 10 Juan Luis Sánchez Villarevia Administrados a.i. PNPB y RNFSG Se adjunta minuta para mejor comprensión de las actuaciones que está tomando el ACOSA, acotando puntualmente la incorporación de otras instituciones para atender de forma oportuna lo solicitado.
Adicionalmente es importante recalcar que en vista que la problemática responde a un problema social, económico, seguridad, salud pública y regulación de actividades, este trabajo se debe desarrollar de forma interinstitucional con los siguientes actores:
• Municipalidad de Golfito • Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales • Servicio Nacional de Salud Animal Como parte del trabajo que se ha desarrollado del ACOSA, se realizó gira el 08 de septiembre de 2021 y 22 de octubre de 2021, donde se concluyó lo siguiente:
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Tanto la verificación en campo como el análisis realizado mediante los Sistemas de Información Geográfica, se logró verificar la afectación de Patrimonio Natural del Estado en Ecosistemas de manglar.
Además de la eliminación de la cobertura, se logró observar afectación por aguas residuales ya que no se observa que se le dé ningún tratamiento; el agua que se está utilizando proviene de la parte boscosa de la isla sin ningún tipo de permiso; no existe manejo adecuado de los desechos y en muchas ocasiones son arrastrados por mareas terminando en el mar o en el ecosistema de mangle; Se encontró corta de árboles de mangle y la construcción de un muelle de madera.
La eliminación de las infraestructuras no implicaría en una gran afectación del ecosistema, ya que los materiales utilizados y la apariencia de edificaciones provisionales no causarían mayor daño al ya existente.
Se recomienda la eliminación de las infraestructuras presentes en coordinación con la comisión interinstitucional y los actores que se consideren pertinentes por mencionar algunas: Fuerza Pública, IMAS, PANI. (se adjunta informe SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021) Además de lo anterior se le informa a la honorable Sala Constitucional que a la recurrente ya se le ha escuchado y respondido las solicitudes presentadas sobre este caso concreto de lo cual se adjunta respuesta también. (se adjunta informe SINAC-ACOSA-D-620-2021)”.
“SOBRE LOS HECHOS DEL RECURSO: Los rechazo y procedo a dar respuesta en los siguientes términos:
PRIMERO: No me consta lo relativo a la visita de la recurrente a la zona. Se rechazan las apreciaciones de parte, aunque se acepta lo relativo a la invasión y los impactos sobre el Patrimonio Natural del Estado según lo constatado e informado mediante Oficios No. SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021 y No. SINAC-ACOSA-AL2022 de fecha 15 de febrero de 2022 firmados por la funcionaria del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Licenciada Mariella León Salas.
SEGUNDO: No me consta lo indicado por la recurrente sobre consulta a los vecinos y sus respuestas. No corresponde a un hecho de este Ministerio.
TERCERO: Es cierto. En cuanto a la construcción del muelle según lo ha informado el Área de Conservación Osa, en las recomendaciones del Oficio SINAC-ACOSAAL-2022 al indicar: “Además de la eliminación de la cobertura, se logró observar afectación por aguas residuales ya que no se observa que se le dé ningún tratamiento; el agua que se está utilizando proviene de la parte boscosa de la isla sin ningún tipo de permiso; no existe manejo adecuado de los desechos y en muchas ocasiones son arrastrados por mareas terminando en el mar o en el ecosistema de mangle; Se encontró corta de árboles de mangle y la construcción de un muelle de madera.” Los demás aspectos señalados no me constan y no han sido informados.
CUARTO: No me consta. La Municipalidad recurrida deberá informar sobre ese supuesto permiso ya que no corresponde a un acto de este Ministerio.
QUINTO: No me consta y rechazo las apreciaciones de parte. No corresponde a este Ministerio regular lo relativo a las medidas sanitarias que se implementan por la Pandemia por el COVID-19 y en consecuencia no corresponde informar sobre este punto, sino será el Ministerio de Salud que lo haga.
En lo relativo a la ocupación y edificaciones encontradas en el sitio el informe SINAC-ACOSA-PNE-AD-011-2021 indica:
“En total se lograron encontrar 61 construcciones (Figura 9). El uso con mayor porcentaje es el habitacional con un 73,77%. Existe un 9,84% de construcciones que cumplen con la función habitacional y comercial. Las construcciones del tipo comercial y recreacional representan un 6,56%. El menor porcentaje (1,64%) está representado por construcciones que no aparentan un uso actual.” SEXTO: Es cierto en cuanto a la literalidad del informe DFOE-SM-IF-5-2010 del la Contraloría General de la República. Se rechazan las apreciaciones de parte.
SETIMO: No me consta. En revisión en línea a la Sala Constitucional se da lectura al Por tanto de la sentencia dentro del expediente No. 11-014083-0007-CO, indicado por la recurrente donde no figura en la condenatoria este Ministerio, aunque sí la Directora del Área de Conservación Osa en ese momento.
OCTAVO: No me consta lo relativo a las otras instituciones recurridas. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación atendió y contestó las solicitudes de la recurrente mediante el oficio SINAC-ACOSA-D-620-2021 del cual se adjunta copia.
NOVENO: Se acepta únicamente en la literalidad de la Certificación No. ACOSAPNE-01-09. Se rechazan las apreciaciones de parte. El proceso de desalojo si bien no se ha completado, tampoco se abandonó. Según lo informa el Área de Conservación Osa a la recurrente en el oficio SINAC-ACOSA-D-620-2021 y a este Despacho mediante el informe SINAC-ACOSA-AL-2022, ambos firmados por la funcionaria de ACOSA Licenciada Mariella León Salas, además de las coordinaciones institucionales y actos preparatorios del desalojo se han mantenido realizando acciones de control y protección de la zona y generado con ello muchas denuncias penales contra los infractores.
Indica la Licenciada León Salas en su informe que: “Desde el 2018 a la fecha se han venido realizando, atención de quejas, informes periciales e inspecciones en los sectores aledaños a la Isla Grande, …
Que el 16 de noviembre de 2019, mediante informe SINAC-ACOSA-RNFSG-AD228-2019, elaborado por el funcionario Rodolfo Acuña Hidalgo, se emite informe de operativo interinstitucional (Isla Grande), dando como resultado el levantamiento de las áreas, ocupadas por el comercio en Puntarenitas, tipo infraestructura existente y los posibles dueños o inquilinos, emanando los datos del operativo.
Que 02 de noviembre del 2020 Se celebra reunión en el salón de actos del Área de Conservación Osa, siendo la responsable de la reunión la Ingeniera, Laura Rivera Quintanilla, directora a.i de ACOSA…
Adicionalmente es importante recalcar que en vista que la problemática responde a un problema social, económico, seguridad, salud pública y regulación de actividades, este trabajo se debe desarrollar de forma interinstitucional con los siguientes actores:
• Municipalidad de Golfito • Ministerio Salud • Ministerio de Seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales • Servicio Nacional de Salud Animal Como parte del trabajo que se ha desarrollado del ACOSA, se realizó gira el 08 de septiembre de 2021 y 22 de octubre de 2021…” Como puede observarse de los informes la atención de las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, se han continuado, incluso en tiempos difíciles por la Pandemia por COVID-19, procurando seguir un debido proceso y respaldo para las actuaciones administrativas.
DECIMO: No es cierto. Se acepta que algunas de las denuncias han terminado con sobreseimientos en la sede penal, pero no se puede generalizar. Se rechazan las apreciaciones de parte sobre las actuaciones de este Ministerio ya que como ha informado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se ha actuado conforme con las competencias legales.
El presente caso las actuaciones institucionales se reportan por el Área de Conservación Osa desde el año 2005. Para el momento en que la Contraloría General de la República emite el informe DFOE-SM-IF-5-2010 se da inicio a las acciones y asignaciones de presupuesto para ejecutarlas.
UNDECIMO: Es cierto. Las zonas de manglar en tanto fueron declaradas como humedales en la legislación costarricense, forman parte del Patrimonio Natural del Estado y como tal tienen las características de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, los usos autorizados para el Patrimonio Natural del Estado se encuentran regulados por la misma ley Forestal en los artículos 18,18 Bis y otras leyes especiales a través del instituto jurídico del permiso de uso siempre que se cumpla con los requisitos.
De esta manera dejó rendido el informe solicitado teniendo como fundamento los informes sobre los hechos e inspecciones realizadas por el Área de Conservación Osa que, por territorio atiende la zona como parte de las competencias desconcentradas por Ley de Biodiversidad al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Solicito que estos informes se tengan por incorporados a mi respuesta.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Por lo indicado considera este Despacho Ministerial que no se le han violentado los derechos constitucionales a la recurrente. La actuación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación muestra un avance significativo en la planificación e identificación de sitios a intervenir y la recurrente ha sido informada por el Área de Conservación Osa de todo lo actuado.
PETITORIA:
Es por las razones de hecho y de derecho expuestas, que solicito a esta Honorable Sala, se tenga por rendido el informe solicitado, se rechace en todos sus extremos la pretensión de la recurrente en cuanto a lo actuado por el Ministerio de Ambiente y Energía”.
“El suscrito en mi calidad de Presidente Municipal en Ejercicio de la Municipalidad de Golfito, en tiempo y forma presento a su autoridad respuesta a la Resolución de las nueve horas cinco minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós del Recurso de Amparo que se tramita en expediente No 22-002856-007-CO En cuanto a los alegatos de la recurrente del área cercana a Golfito, conocida como Isla Grande, me refiero en los siguientes términos:
1.1. Que mediante Informe NO DFOE-SM-IF-5-2010, del 30 de junio, 2010, la Contraloría General de la República notificó a este municipio el "Informe sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito al margen de la normativa legal, 1.2. Que el lugar objeto del recurso cuenta con certificación de Patrimonio Natural de Estado, mediante certificación NO ACOSA-PNE-01-09, de 03 de setiembre de 2009.
1.3. Que ante las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República el Concejo Municipal ha adoptado acuerdos tendientes al cumplimiento de dicho informe (ver transcripciones NO 142-02-2011 y 258-05-2011).
1.4 Que en la Comisión de Ambientales actualmente está en estudio Memorando NO. AM-MG: 0643-2021 emitido por la Alcaldía Municipal, para la revisión y análisis, siendom que si fuera procedente y cumpliendo el debido proceso se procederá al cierre de expedientes en esta área que hubiese pendientes.
2.1. Que en relación a las actividades que indica la recurrente que se realizan en esta área, en fecha 10 de noviembre de 2020 el Ministerio de Salud emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-ARSGO-OS1875-2020.
2.2. Que dicha orden sanitaria fue respondida por la Alcaldía en el sentido de la imposibilidad de dar cumplimiento pues dicha área en administración del MINAE, conforme 2.3. Que a pesar de ser esta área Patrimonio Natural del Estado y por ende en administración del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, conoce esta presidencia que ya existe una comisión interinstitucional coordinando acciones para atender la problemática que se presenta con la ocupación y con las actividades descritas por la recurrente”.
“1. Sobre lo actuado:
Como abordaje interinstitucional, previa coordinación entre autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía – Sistema Nacional de Áreas de Conservación – Área de Conservación Osa (por sus siglas MINAE-SINAC-ACOSA), de la Municipalidad de Golfito y del Ministerio de Salud, con colaboración y acompañamiento de Oficiales de Guardacostas y de la Fuerza Pública; entre las 08:00 y las 16:00 horas del miércoles 08 de setiembre de 2021 y entre las 08:00 y las 16:00 horas del viernes 22 de octubre de 2021, se realiza ingreso a la Isla Grande, sector conocido como Puntarenitas, ubicada en el Golfo Dulce, distrito Golfito, cantón Golfito, provincia Puntarenas, para realizar verificaciones en el sitio, con relación a la situación actual de la isla, y mediante el Informe Técnico MS-DRRSBRU-DARSGO-IT-0560-2021, refieren los señores Alexander Sánchez Herrera y Edgar Martín Montero Arias ambos Técnicos del Equipo de Regulación de Salud del Área Rectora de Salud de Golfito, que, seis de las estructuras se observan con diseño comercial, tipo bares clandestinos, incluso con rotulaciones artesanales como “Rancho Grande”, “La Macha”, “Techo Verde”, “Donde Juan”, “Rancho Jardín”, “El Rancho de Yola”; pero no se observó actividad durante las visitas.
En atención al escrito presentado por la señora Nombre01, vía correo electrónico; el suscrito procede a dar atención mediante el oficio MS-DRRSBRU-DARSG-11922021, de fecha 24 de noviembre, por medio del cual le solicita ampliación del escrito presentado, donde refiera de manera amplia cuál es su interés legítimo o derecho subjetivo, así mismo, indicar en cuál de las partes desea ser coadyuvante activa en el expediente administrativo de Isla Grande de Golfito.
2. Sobre el fondo y el objeto del amparo:
De acuerdo con lo que expone el auto de traslado del amparo interpuesto por la señora Nombre01- y, en resumen- que en meses recientes visitó la zona de Golfito y se percató que en área cercana al manglar en la zona del Isla Grande de Golfito había gran cantidad de personas que procedieron a instalar en el sitio. Añade que al consultar a los vecinos, indicaron que ellos ejercen una posesión sobre el área. Comenta que en la entrada al manglar se construyó una especie de muelle que contiene aceite quemado y observó unas bombas de fumigación que impide el crecimiento normal de la maleza y vegetación hasta por un período de 3 meses. Explica que los lugareños indicaron que tiene una solicitud de permiso de uso de suelo en zona marítimo terrestre en el sector costero de Isla Segura, además que cuentan con permiso de uso otorgado por el Concejo Municipal de Golfito. Agrega que en pudo observar que en la Isla existen gran cantidad de locales comerciales, como bares, venta de comidas, entre otros, en los que se aglomeran gran cantidad de personas en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, respecto de la atención de la pandemia de la enfermedad de COVID-19.
Comenta que luego de realizar una basta investigación, tuvo conocimiento que por informe No. DFOE-SM-IF-5-2010 emitido por la Contraloría General de la República dirigido al Ministerio del Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Municipalidad de Golfito, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se comunicó una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio con la finalidad de dar una solución a los problemas existentes en Isla Grande de Golfito. Expone que el 4 de noviembre de 2011 se interpuso un recurso de amparo ante esta Sala que se tramita en el expediente No. 11-014083-0007-CO, el cual se declaró con lugar y ordenó a las autoridades recurridas sanear de manera integral el problema diagnosticado y cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe No. DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General de la República.
Agrega que en el mes de noviembre de 2021 se apersonó a la Municipalidad de Golfito, el Ministerio de Salud y Área de Conservación Osa para solicitar información relacionada con los avances del desalojo en la Isla Grande de Golfito, pero ni las autoridades de salud ni de la municipalidad recurrida dieron respuesta a sus gestiones. Sostiene que a pesar de que se constató la existencia de un problema de ocupación irregular y daño al ambiente en la Isla Grande de Golfito, sea, en una zona declarada Patrimonio Natural del Estado, según certificación No. COSA-PNE-01-09 de 3 de setiembre de 2009, se tuvieron por finalizadas las acciones desde el año 2016, pese a que no se ejecutó el desalojo decretado. Afirma que a pesar de que se decretó el sobreseimiento definitivo de la acción penal en sede judicial, esto no obsta, para que las autoridades recurridas no realicen las acciones dentro del ámbito de su competencia para dar una solución real a los problemas que afectan la zona protegida, la contaminación, deforestación, extensión de la flora y fauna, así como el uso desmesurado de los recursos naturales, lo que pone en riesgo el derecho al ambiente y la salud de las personas.
Reitera que la zona de manglares es inalienable, imprescriptibles e insusceptibles de ocupación privada, debido que forma parte del Patrimonio Nacional del Estado. Manifiesta que las autoridades recurridas han incumplido con su deber respecto a la protección de los recursos naturales, los cuales no pueden ser objeto de concesiones ni para ser incluido dentro del Plan Regulador. Considera que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.
Sobre los alegatos expuestos por la recurrente, esta Área Rectora de Salud no tiene claro si por parte del Concejo Municipal de Golfito se han otorgado permisos de uso de suelo; siendo que no consta documentación sobre dichos permisos en el expediente administrativo que se lleva en el Área Rectora de Salud de Golfito, razón de lo cual no puede el suscrito referirse a los mismos por ser un tema de una institución distinta.
Como abordaje interinstitucional, previa coordinación entre autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía – Sistema Nacional de Áreas de Conservación – Área de Conservación Osa (por sus siglas MINAE-SINAC-ACOSA), de la Municipalidad de Golfito y del Ministerio de Salud, con colaboración y acompañamiento de Oficiales de Guardacostas y de la Fuerza Pública; entre las 08:00 y las 16:00 horas del miércoles 08 de setiembre de 2021 y entre las 08:00 y las 16:00 horas del viernes 22 de octubre de 2021, se realiza ingreso a la Isla Grande, sector conocido como Puntarenitas, ubicada en el Golfo Dulce, distrito Golfito, cantón Golfito, provincia Puntarenas, para realizar verificaciones en el sitio, y mediante el Informe Técnico MS-DRRSBRU-DARSGO-IT-0560-2021, refieren los señores Alexander Sánchez Herrera y Edgar Martín Montero Arias ambos Técnicos del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Golfito, que, seis de las estructuras se observan con diseño comercial, tipo bares clandestinos, incluso con rotulaciones artesanales como “Rancho Grande”, “La Macha”, “Techo Verde”, “Donde Juan”, “Rancho Jardín”, “El Rancho de Yola”; pero no se observó actividad durante las visitas; así mismo que el sector de la Isla Grande referido como Puntarenitas, sea visto como Zona de Protección de Manglares y Humedales, como Zona Marítimo Terrestre, o como Patrimonio Natural del Estado, presenta impacto en los recursos naturales existentes producto de las actividades humanas de tipo particular presentes, que en apariencia se han instalado, desarrollado o explotado sin regulaciones, fiscalización, vigilancia, permisos, autorizaciones o control más que el que ejercen los mismos particulares durante años, por lo anterior, en el momento de la visita interinstitucional por parte de la Autoridad de Salud no se pudo constatar lo alegado por la recurrente sobre el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, respecto a la atención de la pandemia de la enfermedad de COVID-19, siendo que no había ningún tipo de actividad durante las visitas.
Con respecto al informe N°DFOE-SM-IF-5-2010 emitido por la Contraloría General de la República, el cual es dirigido al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la Directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al Concejo Municipal de Golfito, al Alcalde Municipal de Golfito, a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo y a la junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde se establecen disposiciones de carácter obligatorio, y que deberán ser cumplidas dentro del plazo y términos conferido para ello, y a manera de resumen establece en la parte 4. Disposiciones, lo siguiente:
“4.1. Al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación Tomar las acciones que correspondan, para apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese Ministerio, el plan de acción que proponga la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General en el aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos y logísticos), así como del apoyo requerido, que permitan la fluidez en la implementación de las acciones propuestas, para que se ejerza la administración que le compete a ese Ministerio de las áreas que constituyen parte del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande de Golfito, conforme el bloque de legalidad que regula esta materia. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. de este informe.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir la información pertinente, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República, en un plazo que no sobrepase el 30 de noviembre de 2010.
4.2. A la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Formular un plan de acciones, teniendo como referencia el “Informe del levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande-Golfito”, elaborado por el ACOSA, que contemple como mínimo:
i. Las acciones que ejecutará el Área de Conservación de Osa para cumplir lo señalado por la Procuraduría General de la República, en cuanto a la situación de las personas y construcciones ubicadas en Isla Grande, así como reflejar claramente las coordinaciones con otras instituciones relacionadas con los temas de la ubicación y uso que actualmente prevalece en ese lugar.
ii. La elaboración de los estudios correspondientes en dicha Isla, para que se demuestre técnicamente el daño que sufrió ese patrimonio, en cuanto a la deforestación y corta de manglar que se ha producido en esa zona y las acciones que van a ejercer al respecto.
iii. La valoración de si procede realizar un estudio técnico de las áreas silvestres protegidas y el estudio biológico del ecosistema existente en Isla Grande y si se le va a dar una categoría de manejo y un uso sostenible, considerando lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Forestal y 39 de la Ley de Biodiversidad.
iv. La estrategia para la administración del Patrimonio Natural del Estado que se ubica en Isla Grande de Golfito.
El plan debe contener un detalle de las acciones, el cronograma de ejecución y el nombre de las entidades y los funcionarios responsables de cada una de ellas y de manera fundamental se consideren los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos y logísticos) que se van a requerir. Para su elaboración se otorga un plazo que no debe sobrepasar el 30 de noviembre de 2010. Dicho plan deberá proponer un plazo razonable, de acuerdo con la complejidad de los asuntos, que represente el compromiso del Ministerio para materializar la responsabilidad que le asigna la normativa legal de tomar posesión y administración del Patrimonio Natural del Estado. Ese plan de acciones y el respectivo cronograma se debe remitir a más tardar en la fecha citada al Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 de este informe.
4.3. Al Concejo Municipal de Golfito a) Tomar, en el plazo máximo que no sobrepase el 30 de setiembre de 2010, los acuerdos necesarios para que se instruya y se lleven a cabo las siguientes acciones administrativas:
i. Revocar los acuerdos que se detallan en el Anexo Nro. 1 de este Informe mediante los cuales se concedieron los permisos de uso en Isla Grande, debido a que los terrenos constituyen PNE y su administración le compete al MINAET. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010 para poner a derecho las situaciones descritas y las resoluciones finales emitidas para cada uno de los casos. Ver punto 2.1.1 de este informe.
ii. Anular, con sustento en el artículo 173 de la Ley General de la, Administración Pública, mediante la apertura de un procedimiento administrativo, los acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de este informe, mediante los cuales el Concejo permitió la ocupación y aprovechamiento de terrenos en la ZMT de Isla Grande de Golfito, mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de 15 sociedades debido a que esos terrenos constituyen PNE. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Para tal fin, deben observarse los principios y las garantías del debido proceso, brindado audiencia a todas las partes involucradas para que examinen, valoren, y ejerzan su derecho de defensa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y artículos 239, siguientes y concordantes y 308, siguientes y concordantes de la citada Ley. Ver punto 2.1.2 de este informe.
iii. Anular, con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 19, capítulo 7, artículo 22, del 11 de octubre de 2004, mediante el cual el Concejo aprobó el Plan Regulador Caleta Central de Isla Grande, debido a que toda el área que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le compete al MINAET, a través de ACOSA. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo máximo que no sobrepase el 29 octubre de 2010. Debe informarse al ICT y al INVU sobre el acuerdo de anulación, para que ellos ejerzan las acciones que le corresponde. Al respecto véase lo expuesto en el punto 2.1.3. de este informe.
iv. Revocar los permisos de uso de suelo aprobados en Playa Azul de Isla Grande, cuyos acuerdos se detallan en el Anexo Nro. 3 de este informe por las razones que se exponen en el punto 2.2. de este documento. Para tal fin debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no debe sobrepasar el29 octubre de 2010.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.4. Al Alcalde Municipal de Golfito a) Realizar un estudio en Playa Azul de Isla Grande, para determinar la condición de las personas asentadas en ese lugar y elaborar un plan que contenga las acciones administrativas respecto de los casos que han ejecutado obras en clara contravención del artículo 12 de la Ley No. 6043. La atención de lo dispuesto debe estar cumplida en un plazo máximo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.2 de este informe.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.5. A la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) Tomar en la sesión inmediata posterior al recibo de este informe, el acuerdo para que se proceda con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, a anular el acuerdo Nro. 5275, artículo 5, inciso 11, tomado en la sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2003, mediante el que se aprobó el Plan Regulador del sector costero denominado “Caleta Central” en Isla Grande de Golfito, esto de conformidad con el “Procedimiento Institucional sobre Planes reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 2004”, y en virtud de que toda el área que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le compete al MINAET.
Deberá remitirse al Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General, una transcripción del acuerdo respectivo. El cumplimiento de esta disposición darse en un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.1.3. de este informe.
4.6. A la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) Tomar en la sesión inmediata posterior al recibo de este informe, el acuerdo para que se proceda a anular el acto de aprobación de ese Instituto al Plan Regulador del sector costero denominado “Caleta Central” en Isla Grande, en virtud de que toda el área que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le compete al MINAET. El cumplimiento de esta disposición debe darse en un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Al respecto, véase lo comentado en el punto 2.1.3. de este informe.
Finalmente, la información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.” Por lo anterior expuesto, siendo que no se le conmina al Ministerio de Salud lo estipulado en el informe N° DFOE-SM-IF-5-2010 emitido por la Contraloría General de la República, no puede el suscrito referirse a dicho informe.
Alega la recurrente que en fecha 04 de noviembre de 2011 se interpuso un Recurso de Amparo bajo el expediente N°11-014083-0007-CO, el cual se declaró con lugar y ordenó a las autoridades recurridas sanear de manera integral el problema diagnosticado y cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe N°DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General de la República, no obstante, mediante la resolución N°2021001315 de las nueve horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil doce del expediente N°11-014083-0007CO, en el por tanto de la resolución establece: “…se ordena a Ana Luisa Catón Baltodano, en su calidad de Alcaldesa Municipal a.i. de Golfito y a Etilma Morales Araya, en su condición de Directora del Área de Conservación de Osa, tomar las medidas y girar instrucciones necesarias para acatar de manera inmediata las recomendaciones contenidas en el informe DFOE-SM-IF5-2010, emitido por la Contraloría General de la República…” (sic), por lo anterior, el suscrito no puede referirse a dicho recurso de amparo, en vista que el Ministerio de Salud no es parte en el proceso y que las ordenanzas van dirigidas a otras instituciones.
Sobre el alegato de la señora Nombre01 con respecto a que se apersonó al Ministerio de Salud en el mes de noviembre de 2021 para solicitar información relacionada con los avances del desalojo en la Isla Grande de Golfito y que la Autoridad de Salud no dio respuesta a sus gestiones, consta en el expediente administrativo, que en fecha 17 de noviembre de 2021 se recibe escrito sin fecha, suscrito por la señora Nombre01, vía correo electrónico, mediante el cual solicita se tenga como coadyuvante activo dentro del expediente administrativo de Isla Grande de Golfito, que en condición de coadyuvante se le notifique de las actuaciones, actos administrativos y resoluciones, se le otorgue el derecho de presentar escritos, recursos y participar de manera activa en cualquier audiencia, por error la señora Nombre01 indica que se tramita en la Municipalidad siendo lo correcto Ministerio de Salud; por lo anterior, mediante el oficio MS-DRRSBRU-DARSG-1192-2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, el suscrito, procede a brindar respuesta del escrito de la señora Nombre01, solicitando una ampliación del escrito, donde refiera de manera amplia cuál es el interés legítimo o derecho subjetivo, así mismo indicar en cuál de las partes desea ser coadyuvante activa en el expediente administrativo de Isla Grande de Golfito, por lo anterior expuesto no es cierto lo alegado por la señora Nombre01 con respecto a que solicitó información relacionada con los avances del desalojo en la Isla Grande de Golfito, así mismo, se le brindó respuesta al escrito presentado el 24 de noviembre de 2021, sin embargo, no consta en el expediente administrativo la respuesta a atención del oficio MS-DRRSBRUDARSG-1192-2021.
Se debe tener presente que el desalojo de Isla Grande es competencia de otras instituciones, tal y como ha sido señalado tanto por la Contraloría General de la República en el Informe DFOE-SM-IF-5-2010 y por la Sala Constitucional, que en el voto 2012-001315, mediante el cual ordena a la Municipalidad de Golfito y a ACOSA tomar las medidas y girar las instrucciones necesarias para acatar de manera inmediata las recomendaciones emitidas en el informe DFOE-SM-IF-5-2010 emitido por la Contraloría General de la República.
El Ministerio de Salud se encuentra enfocado en la atención de la emergencia nacional por COVID-19, verificando el cumplimiento de los lineamientos vigentes y aplicables en el marco de la emergencia sanitaria, así mismo en la Región Brunca se ha dado un aumento de casos y por lo anterior es prioridad la atención del COVID-19, no obstante, por parte del Área Rectora de Salud de Golfito, nos mantenemos en la mayor disposición de brindar apoyo técnico en materia de salud pública”.
“Primero.
Con respecto a los alegatos enunciados por la parte recurrente, se tiene que, en su escrito manifiesta que en la zona de Isla Grande de Golfito existe gran cantidad de locales comerciales, como bares, venta de comidas entre otros. Además, alega la existencia de un muelle que contiene aceite quemado y que las personas que se encuentran instaladas en el sitio poseen posesión sobre el área; entre otros alegatos más.
Segundo.
Según dictamen DFOE-SM-IF-5-2010 de la Contraloría General de la República los terrenos de Isla Grande constituyen y califican como Patrimonio Natural del Estado, en sus siglas PNE.
Tercero.
Licda. Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación Osa Sistema Nacional de Áreas de Conservación Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, certifica que, en la Isla Grande de Golfito, existen 196.6 hectáreas de manglar, 439.03 hectáreas de bosque y 33.77 hectáreas de terrenos de aptitud forestal hoy desprovistos de bosque, y que todas estas áreas forman parte del Patrimonio Natural del Estado y quedan debidamente identificadas, georreferenciadas y cuantificadas en el siguiente cuadro:
HOJA CARTOGRÁ- FICA PLAN REGULADOR CLASIFICACIÓN CÓDIGO DEL POLÍGONO COORDENADAS GEOGRÁFICAS ÁREA DE BOSQUE, APT. FORESTAL, HUMEDAL y/o MANGLAR EN HA.
Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Bosque B1 554505 N, 284000E 439.03 TOTAL 439.03 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M1 553576 N, 285392 E 10.51 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M2 553577 N, 284878 E 0.12 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M3 553517 N, 284699 E 0.07 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M4 553517 N, 284663 E 0.03 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M5 553493 N, 284663 E 0.02 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M6 553528 N, 284544 E 0.21 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M7 553756 N, 284579 E 12.47 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M8 554090 N, 285022 E 2.31 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M9 554258 N, 285308 E 2.83 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M10 554855 N, 285619 E 6.01 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M11 555525 N, 284245 E 0.16 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M12 555441 N, 284137 E 0.80 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M13 555477 N, 283994 E 2.12 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M14 555489 N, 282990 E 4.43 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M15 555560 N, 282834 E 2.39 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M16 555489 N, 282464 E 0.04 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M17 555477 N, 282476 E 0.15 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M18 555477 N, 282464 E 0.01 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M19 555453 N, 282476 E 0.07 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M20 555381 N, 282476 E 0.66 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar Telf04 555417 N, 282547 E Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M22 555262 N, 282500 E 0.15 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M23 555285 N, 282356 E 0.18 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M24 555274 N, 282320 E 0.04 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M25 555118 N, 282273 E 0.05 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M26 555130 N, 282261 E 0.05 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M27 555202 N, 282297 E 1.19 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M28 554843 N, 282464 E 0.12 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M29 554879 N, 282416 E 0.06 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M30 554879 N, 282368 E 0.06 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M31 554927 N, 282320 E 0.48 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M32 555740 N, 281962 E 47.73 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M33 555453 N, 281591 E 7.15 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M34 555704 N, 281627 E 0.27 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M35 557547 N, 279181 E 1.55 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar Telf05 557338 N, 279570 E Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M37 557186 N, 279655 E 0.15 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M38 557150 N, 279870 E 1.56 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M39 556540 N, 280372 E 24.61 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M40 557042 N, 280049 E 0.24 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M41 555991 N, 281018 E 29.61 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M42 555919 N, 281496 E 0.15 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M43 554724 N, 286205 E 0.13 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M44 554162 N, 286277 E 23.41 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Manglar M45 554174 N, 286587 E 10.63 TOTAL 196.59 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF1 554830 N, 282621 E 1.91 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF2 555099 N, 282352 E 0.05 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF3 555153 N, 282406 E 0.19 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF4 554333 N, 282884 E 0.91 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF5 555255 N, 283088 E 8.64 Golfito Toda la Isla Aptitud AF6 555530 N, 1.58 Grande de Golfito forestal 283190 E Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF7 555877 N, 283519 E 0.86 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF8 555578 N, 283854 E 0.92 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF9 555374 N, 284003 E 0.43 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF10 555422 N, 284303 E 1.29 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF11 556009 N, 284937 E 0.78 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF12 555069 N, 284734 E 5.51 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF13 554728 N, 285344 E 3.85 Golfito Toda la Isla Grande de Golfito Aptitud forestal AF14 553860 N, 284488 E 6.85 TOTAL 33.77 Tramitado a solicitud de la Municipalidad de Golfito en la localidad de Golfito de Puntarenas al ser las trece horas del día Primero del mes de Octubre del año Dos mil Ocho.
cc. Concejo Municipal de Golfito Procuraduría General de la República Instituto Costarricense de Turismo Contraloría General de La República SINAC Consecutivo Cuarto Mediante oficio N° AM-MG-O-0353-2020 con fecha 12 de noviembre del 2020, se da respuesta a la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-ARSGO-OS-1875-2020, indicando lo siguiente:
“Con fundamento en lo expuesto CERTIFICA:
“… Por lo anterior ésta Área de Conservación de Osa certifica que en la Isla Grande de Golfito existen 196.6 hectáreas de manglar, 439.03 hectáreas de bosque y 33.77 hectáreas de terrenos de aptitud forestal hoy desprovistos de bosque, y que todas estas áreas forman parte del Patrimonio Natural del Estado y quedan debidamente identificadas, georeferenciadas y cuantificadas…” (consta el cuadro en la certificación de cita) Así las cosas, de conformidad con los artículos 73 de la Ley N°. 6043 y los ordinales 13, 14 y 15 de la Ley N°. 7575 “Ley Forestal”, se pone de su conocimiento que el inmueble de Isla Grande, Golfo Dulce, distrito Golfito, cantón Golfito, provincia de Puntarenas su administración le corresponde a el Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, razón por la cual, es material y legalmente imposible para este Ayuntamiento acatar las medidas sanitarias emitidas en la Orden Sanitaria MSDRRSBRU-ARSGO-OS-1875-2020, por lo tanto, se le insta emitirlas al Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, la cual es la competente para aplicar las acciones dispuestas por este Ministerio.” Quinto Mediante la Resolución administrativa N° MGPS-R-000056-2022, se extiende la certificación haciendo constar que:
“No consta en archivos municipales PERMISOS, PATENTES o LICENCIAS autorizadas en el lugar conocido como ISLA GRANDE por parte de este ayuntamiento en el periodo que abarca desde el mes de abril del año 2007 al 18 de febrero de 2022”.
Sexto:
Según Oficio ZMT-MG-O-I-021-2022 del departamento de Zona Marítimo Terrestre, se indica lo siguiente:
“Único: En la “Isla Grande” de Golfito, la cual tiene una cobertura de 747.8 hectáreas, no tenemos expedientes activos, los mismos se encuentran en proceso de cierre y/o cerrados al día de hoy con su debida notificación Como resultado del Informe de la Contraloría General de la República N°DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio del año 2010, en el cual se establecieron las áreas afectadas por Patrimonio Natural del Estado, se definió que contamos con un área aproximada a un 10% (78.4Ha) de esta sin afectación, propiamente donde se ubica el sector conocido como Playa Azul, es en esta porción de tierra que la Municipalidad de Golfito a la fecha, tiene expedientes activos con solicitudes de Permiso de Uso, incluso dos de estos expedientes con los Permiso de Uso otorgados se encuentran activos, son los siguientes:
1. N° Expediente PU-167-97 a nombre de Nombre04, permiso de uso otorgado por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria. 07, Capitulo 6°, Artículo Vigésimo, del 18- 022006.
2. N° Expediente PU-577-93 a nombre de Inversiones Ronsu S.A. permiso de uso otorgado por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria. 17, Artículo Décimo Sétimo, del 20-071993 Séptimo:
Mediante memorando N° AM-MG-0643-2021 con fecha 28 de octubre del 2021, se le indicó al Concejo Municipal sobre cinco expedientes que se encuentran en posesión del Concejo Municipal. Además de lo anterior se les manifestó que era necesario que se entregaran dichos expedientes al archivo municipal para así continuar con el cierre de los expedientes y atender a cabalidad las disposiciones de la Contraloría General de la República en su informe N°DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio del año 2010 Por lo expuesto anterior mente queda demostrado que este Ayuntamiento ha gestionado los trámites correspondientes para atender a cabalidad las disposiciones de la Contraloría General de la República en su informe N°DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio del año 2010 Así las cosas, queda debidamente rendido el informe solicitado mediante audiencia conferida de las nueve horas cinco minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós San José”.
“SOBRE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL:
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el objetivo de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.
El SINAC está constituido por 11 unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del MINAE, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación.
Que dentro de dichas unidades territoriales se encuentran el Área de Conservación Pacífico Central y el Área de Conservación Osa, las cuales poseen una competencia administrativa y territorial independiente.
El Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), se encuentra ubicada en la zona del Pacífico Central del país, abarca las tierras comprendidas entre la comunidad de Manzanillo, en el extremo norte de la provincia de Puntarenas, hasta el Río Barú en el cantón de Aguirre y las tierras intermedias en el suroeste del Valle Central y parte de las tierras de altas montañas en la Cordillera de Talamanca.
Por el contrario, el Área de Conservación Osa (ACOSA) se ubica en la zona sur del país, específicamente en el Pacífico Sur, Golfito, abarcando la península de Osa. Dentro de su jurisdicción territorial localizándose la Isla Grande (Golfito) la cual posee un área de 734,02 metros cuadrados, objeto del presente recurso.
Es por lo anterior que, por competencia territorial y administrativa, dichos hechos son de conocimiento y responsabilidad del Área de Conservación Osa, no constando registro ni actuación alguna por parte del ACOPAC, en los hechos alegados.
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a esta honorable sala no tener como parte recurrida a la dirección del Área de Conservación Pacífico Central, por carecer de competencia administrativa y jurisdiccional con respecto a los hechos alegados el área objeto de recurso”.
Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,
Considerando:
I.Objeto. La recurrente alegó que una gran cantidad de personas se instalaron en un área cercana al manglar en la zona del Isla Grande de Golfito y alegan que ejercen una posesión sobre el área. Construyeron una especie de muelle a la entrada del manglar y existen gran cantidad de locales comerciales, como bares, venta de comidas entre otros, en los que se aglomeran grandes cantidades de personas en incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, respecto de la atención de la pandemia de la enfermedad de COVID-19. Los vecinos alegan que tienen una solicitud de permiso de uso suelo y además que cuentan con permiso de uso otorgado por el Concejo Municipal de Golfito. Por otra parte, la recurrente agregó que por informe número DFOE-SM-IF-5-2010 emitido por la Contraloría General de la República dirigido al Ministerio del Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Municipalidad de Golfito, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se comunicaron una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio con la finalidad de dar una solución a los problemas existentes en Isla Grande de Golfito.
Añade que en noviembre de 2021 se apersonó a la Municipalidad de Golfito, el Ministerio de Salud y el Área de Conservación Osa para solicitar información relacionada con los avances del desalojo en la Isla Grande de Golfito, pero ni las autoridades de salud ni de la municipalidad recurrida dieron respuesta a sus gestiones, pero es claro que no se ha ejecutado el desalojo. También afirma que en una causa penal seguida por los hechos descritos, se dictó sobreseimiento definitivo, pero esto obsta (según alega) significa que las autoridades recurridas no deben realizar las acciones dentro del ámbito de su competencia para dar una solución real a los problemas que afectan la zona protegida. Solicita lo siguiente:
“Con vista en lo expuesto, solicito se declare con lugar el Recurso y se les ordene al Área de Conservación de Osa y a la Municipalidad de Golfito que rindan un informe exhaustivo del estado actual legal del desalojo que se está llevando a cabo en la Isla Grande de Golfito conocida como ye-yei, toda vez, que su autoridad desde el año 2011 o sea hace 11 años ordenó que se tomaran las medidas correspondientes y se cumpliera con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República en el año 2010 mediante el informe DFOE-SM-IF-5-2010 y en el mismo se emitieron disposiciones de acatamiento obligatorio. Se condene al pago de ambas costas.”
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
A. Sobre la ocupación de la Isla Grande de Golfito 1) En la Isla Grande de Golfito existen 196.6 hectáreas de manglar, 439.03 hectáreas de bosque y 33.77 hectáreas de terrenos de aptitud forestal hoy desprovistos de bosque, y todas estas áreas forman parte del Patrimonio Natural del Estado (informes rendidos y documentación aportada).
“4.1. Al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación Tomar las acciones que correspondan, para apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese Ministerio, el plan de acción que proponga la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General en el aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos y logísticos), así como del apoyo requerido, que permitan la fluidez en la implementación de las acciones propuestas, para que se ejerza la administración que le compete a ese Ministerio de las áreas que constituyen parte del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande de Golfito, conforme el bloque de legalidad que regula esta materia. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. de este informe.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir la información pertinente, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República, en un plazo que no sobrepase el 30 de noviembre de 2010.
4.2. A la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Formular un plan de acciones, teniendo como referencia el “Informe del levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande-Golfito”, elaborado por el ACOSA, que contemple como mínimo:
i. Las acciones que ejecutará el Área de Conservación de Osa para cumplir lo señalado por la Procuraduría General de la República, en cuanto a la situación de las personas y construcciones ubicadas en Isla Grande, así como reflejar claramente las coordinaciones con otras instituciones relacionadas con los temas de la ubicación y uso que actualmente prevalece en ese lugar.
ii. La elaboración de los estudios correspondientes en dicha Isla, para que se demuestre técnicamente el daño que sufrió ese patrimonio, en cuanto a la deforestación y corta de manglar que se ha producido en esa zona y las acciones que van a ejercer al respecto.
iii. La valoración de si procede realizar un estudio técnico de las áreas silvestres protegidas y el estudio biológico del ecosistema existente en Isla Grande y si se le va a dar una categoría de manejo y un uso sostenible, considerando lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Forestal y 39 de la Ley de Biodiversidad.
iv. La estrategia para la administración del Patrimonio Natural del Estado que se ubica en Isla Grande de Golfito.
El plan debe contener un detalle de las acciones, el cronograma de ejecución y el nombre de las entidades y los funcionarios responsables de cada una de ellas y de manera fundamental se consideren los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos y logísticos) que se van a requerir. Para su elaboración se otorga un plazo que no debe sobrepasar el 30 de noviembre de 2010. Dicho plan deberá proponer un plazo razonable, de acuerdo con la complejidad de los asuntos, que represente el compromiso del Ministerio para materializar la responsabilidad que le asigna la normativa legal de tomar posesión y administración del Patrimonio Natural del Estado. Ese plan de acciones y el respectivo cronograma se debe remitir a más tardar en la fecha citada al Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 de este informe.
4.3. Al Concejo Municipal de Golfito a) Tomar, en el plazo máximo que no sobrepase el 30 de setiembre de 2010, los acuerdos necesarios para que se instruya y se lleven a cabo las siguientes acciones administrativas:
i. Revocar los acuerdos que se detallan en el Anexo Nro. 1 de este Informe mediante los cuales se concedieron los permisos de uso en Isla Grande, debido a que los terrenos constituyen PNE y su administración le compete al MINAET. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010 para poner a derecho las situaciones descritas y las resoluciones finales emitidas para cada uno de los casos. Ver punto 2.1.1 de este informe.
ii. Anular, con sustento en el artículo 173 de la Ley General de la, Administración Pública, mediante la apertura de un procedimiento administrativo, los acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de este informe, mediante los cuales el Concejo permitió la ocupación y aprovechamiento de terrenos en la ZMT de Isla Grande de Golfito, mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de 15 sociedades debido a que esos terrenos constituyen PNE. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Para tal fin, deben observarse los principios y las garantías del debido proceso, brindado audiencia a todas las partes involucradas para que examinen, valoren, y ejerzan su derecho de defensa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y artículos 239, siguientes y concordantes y 308, siguientes y concordantes de la citada Ley. Ver punto 2.1.2 de este informe.
iii. Anular, con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 19, capítulo 7, artículo 22, del 11 de octubre de 2004, mediante el cual el Concejo aprobó el Plan Regulador Caleta Central de Isla Grande, debido a que toda el área que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le compete al MINAET, a través de ACOSA. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo máximo que no sobrepase el 29 octubre de 2010. Debe informarse al ICT y al INVU sobre el acuerdo de anulación, para que ellos ejerzan las acciones que le corresponde. Al respecto véase lo expuesto en el punto 2.1.3. de este informe.
iv. Revocar los permisos de uso de suelo aprobados en Playa Azul de Isla Grande, cuyos acuerdos se detallan en el Anexo Nro. 3 de este informe por las razones que se exponen en el punto 2.2. de este documento. Para tal fin debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no debe sobrepasar el29 octubre de 2010.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.
4.4. Al Alcalde Municipal de Golfito a) Realizar un estudio en Playa Azul de Isla Grande, para determinar la condición de las personas asentadas en ese lugar y elaborar un plan que contenga las acciones administrativas respecto de los casos que han ejecutado obras en clara contravención del artículo 12 de la Ley No. 6043. La atención de lo dispuesto debe estar cumplida en un plazo máximo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.2 de este informe.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República (informe rendido).
“En total se lograron encontrar 61 construcciones (Figura 9). El uso con mayor porcentaje es el habitacional con un 73,77%. Existe un 9,84% de construcciones que cumplen con la función habitacional y comercial. Las construcciones del tipo comercial y recreacional representan un 6,56%. El menor porcentaje (1,64%) está representado por construcciones que no aparentan un uso actual.” (informe rendido).
B. En relación con el Área de Conservación de Osa 4) En el oficio SINAC-ACOSA-D-046-2011, emitido por la Ingeniera Etilma Morales Mora, directora regional del Área de Conservación Osa, le solicita a la señora Guiselle Méndez Vega, directora ejecutiva del SINAC, fondos para cumplir con lo dispuesto en el informe DFOE-SMIF-5-2010 de la Contraloría General de la República (informe rendido).
• La Gaceta número 145 del 27 de julio del 2012. Publicación de primera vez. Notificación de desalojo de isla Grande • La Gaceta número 146 del 30 Julio del 2012. Notificación de segunda vez. Notificación de desalojo de isla Grande • La Gaceta número 147 del 31 Julio del 2012. Notificación de tercera vez. Notificación de desalojo de isla Grande (informe rendido).
• Ministerio salud • Ministerio de seguridad Publica • Patronatos de la infancia • Instituto Mixto de Ayudad Sociales Esta convocatoria se realizó para gestionar las labores y tratar los puntos específicos para el Desalojo (informe rendido).
“6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Tanto la verificación en campo como el análisis realizado mediante los Sistemas de Información Geográfica, se logró verificar la afectación de Patrimonio Natural del Estado en Ecosistemas de manglar.
Además de la eliminación de la cobertura, se logró observar afectación por aguas residuales ya que no se observa que se le dé ningún tratamiento; el agua que se está utilizando proviene de la parte boscosa de la isla sin ningún tipo de permiso; no existe manejo adecuado de los desechos y en muchas ocasiones son arrastrados por mareas terminando en el mar o en el ecosistema de mangle; Se encontró corta de árboles de mangle y la construcción de un muelle de madera.
La eliminación de las infraestructuras no implicaría en una gran afectación del ecosistema, ya que los materiales utilizados y la apariencia de edificaciones provisionales no causarían mayor daño al ya existente.
Se recomienda la eliminación de las infraestructuras presentes en coordinación con la comisión interinstitucional y los actores que se consideren pertinentes por mencionar algunas: Fuerza Pública, IMAS, PANI (informe rendido).
Además de lo anterior se le informa a la honorable Sala Constitucional que a la recurrente ya se le ha escuchado y respondido las solicitudes presentadas sobre este caso concreto de lo cual se adjunta respuesta también. (se adjunta informe SINAC-ACOSA-D-620-2021)”.
B. En relación con la Municipalidad de Golfito 24) En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal de Golfito, en sesión ordinaria número ocho celebrada el 25 de febrero del año 2011, acordó lo siguiente:
“ACUERDO No 15 Vista la nota que presenta el señor Deylon Arroyo Blandón, Alcalde Municipal, que contiene la descripción de los acuerdos y convenios emitidos por la Municipalidad de Golfito para el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el sector de ISLA GRANDE, Distrito Primero, Golfito; y con fundamento en las disposiciones contenidas en el punto 4.3 del Informe DFOE-SM-IF-5-2010, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la propuesta presentada por el señor Alcalde, consecuentemente se revocan los acuerdos municipales como se han descritos en los punto del I al 30 (anexos I, 2,3) del referido informe.
Se ordena a la administración proceder en forma inmediata hacer la notificación correspondiente de los acuerdos anulados a las partes interesadas.
Se solicita al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, conceder una prórroga de un mes para que la administración pueda hacer las notificaciones a los afectados, con la observación de que se les informará una vez cumplido el plazo de los resultados y avances de los procesos realizados.
Se dispensa este acuerdo de trámite de todo trámite y se declara en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Comuníquese al Área de Seguimientos de Disposiciones de la Contraloría General de la República y al Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo Municipal” (documentación aportada).
“POR LO TANTO:
C. En relación con el Ministerio de Salud 30) En escrito de fecha 17 de noviembre del 2021, la recurrente solicitó al Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud lo siguiente:
“… solicito se me tenga como COAYUVANTE ACTIVO, dentro del EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO de Isla Grande de Golfito que se tramita en ésa Municipalidad.
En esta condición de coadyuvante, solicito que se me notifiquen todas las actuaciones, actos administrativos y resoluciones que se dicten dentro de este procedimiento administrativo, se me otorgue el derecho a presentar escritos y recursos y participar de manera activa en cualquier audiencia que se otorgue al efecto”. (informe rendido y documentación aportada) 31) En oficio número MS-DRRSBRU- DARSG-1192-2021 del 24 de noviembre de 2021, el Área Rectora de Salud le contestó lo siguiente:
“Reciba un cordial saludo, quien suscribe, Fernando Alfonso Mata Castro, en mi calidad de Director de Área Rectora de Golfito de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud, en atención a su escrito de fecha 17 de noviembre del 2021, procedo a solicitarle una ampliación del escrito presentado, donde refiera de manera amplia cuál es su interés legítimo o derecho subjetivo, así mismo, indicar en cuál de las partes desea ser coadyuvante activa en el expediente administrativo de Isla Grande de Golfito”. (informe rendido y documentación aportada)”.
III.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la obligación del Estado –como un todo- de tutelar y coordinar en aras de una protección integral al ambiente . Dados los alegatos esgrimidos y el cuadro fáctico del sub lite, conviene referir lo que esta Sala ha manifestado en asuntos precedentes sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el deber de la Administración Pública de coordinar y actuar en aras de la protección integral al ambiente. Así, en sentencia Nº 2011-03114 de las 9:03 hrs. del 11 de marzo de 2011, este Tribunal se pronunció, en los siguientes términos:
“II.- El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo cincuenta de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del 27 de octubre de 1993, la Sala estableció que:
“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental"
III.El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de 4 de junio de 1990.
Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales.
De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.
(…)V.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente . Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999, que:
"[L]a coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales -Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud-, o no verificar los controles sónicos en bares, restaurantes o centros de fiestas -municipalidades y Ministerio de Salud-.
VI.El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente.
Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, valorando que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda, a las municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo.
Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente -ver, en este sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006-”. (énfasis agregado)
IV.Caso concreto. De los informes rendidos bajo fe de juramento y del elenco de hechos probados se desprende con meridiana claridad que, a pesar de haberse diagnosticado con precisión, desde hace varios años, la problemática de ocupación irregular y el alto riesgo en que se encuentran las zonas declaradas Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande, el problema subsiste. Ciertamente, las autoridades recurridas han realizado acciones en aras de solucionarlo, pero aún no han realizado todas las acciones necesarias para solventar dicha situación. En el informe DFOE-SM-IF-5-2010 se emitieron disposiciones de acatamiento obligatorio. En este momento, véase que la misma Área de Conservación, tras una inspección realizada en setiembre y octubre del 2021, concluyó y recomendó lo siguiente:
“6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Tanto la verificación en campo como el análisis realizado mediante los Sistemas de Información Geográfica, se logró verificar la afectación de Patrimonio Natural del Estado en Ecosistemas de manglar.
Además de la eliminación de la cobertura, se logró observar afectación por aguas residuales ya que no se observa que se le dé ningún tratamiento; el agua que se está utilizando proviene de la parte boscosa de la isla sin ningún tipo de permiso; no existe manejo adecuado de los desechos y en muchas ocasiones son arrastrados por mareas terminando en el mar o en el ecosistema de mangle; Se encontró corta de árboles de mangle y la construcción de un muelle de madera.
La eliminación de las infraestructuras no implicaría en una gran afectación del ecosistema, ya que los materiales utilizados y la apariencia de edificaciones provisionales no causarían mayor daño al ya existente.
Se recomienda la eliminación de las infraestructuras presentes en coordinación con la comisión interinstitucional y los actores que se consideren pertinentes por mencionar algunas: Fuerza Pública, IMAS, PANI. De nuevo, se constata que el problema subsiste, sin que la coordinación y las reuniones institucionales hubieran dado su fruto. El amparo, en consecuencia procede contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y también directamente contra la Ministra de Ambiente y Energía, pues si bien las recomendaciones principales del informe de la Contraloría General de la República iban dirigidas al sistema de conservación, no pueden sustraerse las autoridades del Ministerio de la responsabilidad que cabe con el fin de solucionar el problema descrito. Finalmente, en cuanto a la solicitud de información que presentó la recurrente ella misma indica y las autoridades recurridas lo confirman, que sí le brindaron respuesta mucho antes de este amparo. En razón de lo expuesto el amparo debe estimarse por lesión al artículo 50 de la Constitución Política, pero no así en relación con el artículo 27.
V.En cuanto a la Municipalidad de Golfito se refiere, también es cierto que ha tomado acciones en aras de cumplir con lo dispuesto por la Contraloría General de la República, pero aún quedan acciones pendientes y tampoco puede sustraerse la corporación municipal de la solución definitiva del problema. Por una parte no consta que se hubieran procedido el cierre de todos los expedientes y “atender a cabalidad las disposiciones de la Contraloría General de la República”, como lo reconoce el Alcalde. Por otra parte, pese a que no constan permisos ni patentes, lo cierto es que se llevan a cabo actividades comerciales. Finalmente, la recurrente alegó que no se la ha contestado una solicitud de información. Sobre este este punto los informes son omisos de manera que se tiene por cierto. En consecuencia, el amparo es procedente también contra la municipalidad. En razón de lo expuesto el amparo debe estimarse por lesión al artículo 50 de la Constitución Política y además en relación con el artículo 27.
VI.En cuanto al Ministerio de Salud se refiere, es cierto que las disposiciones de la Contraloría no se dirigen a este. Por otra parte, se demostró que la recurrente presentó una gestión ante el Área Rectora en noviembre del 2021, pero esta no es una solicitud de información y el Área Rectora sí le contestó. Finalmente, no es competencia de esta Sala verificar el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, respecto de la atención de la pandemia de la enfermedad de COVID-19. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso en cuanto al Área de Salud se refiere.
VII.En suma, el problema denunciado persiste y si bien las autoridades recurridas han tomado acciones en aras de solucionarlo, estas no ha sido suficientes ni eficaces. Con fundamento en las razones expuestas, considera esta Sala que en el caso particular ha existido falta de coordinación, en detrimento del interés público de preservar el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la salud pública. Por esta razón y en mérito de lo que se ha venido considerando en esta sentencia, se hace indispensable ordenar al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Municipalidad de Golfito que, cada uno dentro del ámbito de sus competencias valore nuevamente la situación y dicten las medidas que sean necesarias para sanear integralmente el problema diagnosticado, y cumplir finalmente con las recomendaciones contenidas en el informe de la Contraloría General de la República citado.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la afectación de un manglar (patrimonio natural del Estado), así como el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, respecto de la atención de la pandemia por el COVID-19, en relación con los locales comerciales en Isla Grande de Golfito, lo que implica un riesgo para la salud pública. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía por violación al artículo 50 constitucional y en contra de la Municipalidad de Golfito por lesión de los artículos 50 y 27 constitucionales. En consecuencia, se ordena a Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía, a Paula María Mena Corea, Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a Fernando Bustos Villafuerte, Presidente del Concejo Municipal de Golfito y a Freiner Lara Blanco, Alcalde de Golfito, o a quienes ocupen esos cargos, que realicen las gestiones necesarias, en el ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se cumpla con todas recomendaciones contenidas en el informe DFOE-SM-IF-5-2010, emitido por la Contraloría General de la República. Se ordena a Freiner Lara Blanco, Alcalde de Golfito, o a quien ocupe ese cargo, brindar, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la recurrente la información sobre los avances del desalojo ordenado.
En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jose Roberto Garita N.
Document not found. Documento no encontrado.