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Res. 05037-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/03/2022
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismisses the non-compliance motion and the request to directly issue a precautionary measure, since the Environmental Administrative Tribunal already issued the ordered precautionary measure through resolution No. 313-22-TAA of February 24, 2022.La Sala Constitucional declara sin lugar la gestión de desobediencia y la solicitud de dictar directamente una medida cautelar, al constatar que el Tribunal Ambiental Administrativo ya emitió la medida cautelar ordenada mediante resolución n.° 313-22-TAA del 24 de febrero de 2022.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears a subsequent motion filed by petitioners Mechthild Bors de Barquero and Paulina Mata Monge, concerning judgment No. 2022002496 of January 28, 2022, which ordered the Environmental Administrative Tribunal (TAA) to conduct an on-site inspection and to rule within three days on a request for a precautionary measure to halt construction of a UCR building on Finca 3. The petitioners allege that the inspection carried out on February 9 was incomplete and that the TAA has not issued the precautionary measure. The Chamber dismisses the challenges to the inspection's scope as matters of ordinary legality, and refuses to directly issue a precautionary measure, as that is within the TAA's competence. However, it notes that the TAA did issue the precautionary measure through resolution No. 313-22-TAA of February 24, 2022, ordering the stoppage of works within a 100-meter radius of a spring. Consequently, it declares the motion without merit, holding that the prior judgment's order was substantially complied with by the issuance of that measure.La Sala Constitucional conoce una gestión posterior planteada por las recurrentes Mechthild Bors de Barquero y Paulina Mata Monge, en relación con la sentencia n.° 2022002496 del 28 de enero de 2022, que ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) realizar una inspección ocular y resolver en tres días una solicitud de medida cautelar para detener la construcción de un edificio de la UCR en la Finca 3. Las gestionantes alegan que la inspección realizada el 9 de febrero fue incompleta y que el TAA no ha dictado la medida cautelar. La Sala desestima los cuestionamientos sobre el alcance de la inspección por ser materia de legalidad ordinaria, y rechaza dictar directamente una medida cautelar, pues corresponde al TAA resolverla. No obstante, constata que el TAA dictó la medida cautelar mediante resolución n.° 313-22-TAA del 24 de febrero de 2022, ordenando la paralización de obras en un radio de 100 metros de una naciente. En consecuencia, declara sin lugar la gestión, al considerar que la orden de la sentencia previa fue sustancialmente cumplida con el dictado de dicha medida.
Key excerptExtracto clave
By virtue of the reasons stated, the motion filed is denied. Therefore: The motion is dismissed.En mérito de las razones expuestas, no ha lugar a la gestión formulada. Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada.
Pull quotesCitas destacadas
"Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia planteada. En consecuencia, se le reitera a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la resolución n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, únicamente en relación con el punto dos de la parte dispositiva, a saber: “2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021.”"
"The non-compliance motion is partially granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Environmental Administrative Tribunal, or whoever holds that position, is reiterated the immediate compliance with the provisions of resolution No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, only in relation to point two of the operative part, namely: “2) within THREE DAYS, counted from the completion of the aforementioned inspection, the request for a precautionary measure filed by the petitioner on October 26, 2021 shall be resolved.”"
Por tanto (Sentencia anterior)
"Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia planteada. En consecuencia, se le reitera a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la resolución n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, únicamente en relación con el punto dos de la parte dispositiva, a saber: “2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021.”"
Por tanto (Sentencia anterior)
"De modo que, en el pronunciamiento supramencionado el plazo que esta Cámara Constitucional le otorgó a la presidenta del TAA para atender la solicitud del dictado de la medida cautelar requerida por las accionantes el 26 de octubre de 2021 fue de tres días, contando a partir del diligenciamiento de la inspección ocular, la cual, según informa la presidenta mencionada, se realizó el 9 de febrero de 2022. Por ende, el plazo para que la autoridad recurrida resolviera la solicitud en cuestión venció el 14 de febrero de 2022; empero, de los autos no se desprende material probatorio alguno que permita tener por comprobado que la medida cautelar solicitada por las amparadas en la fecha antes mencionada haya sido resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cual evidencia un incumplimiento a lo ordenado en el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia n.° 2022002496"
"Thus, in the above-mentioned ruling, the time limit that this Constitutional Chamber granted to the president of the TAA to address the request for a precautionary measure filed by the petitioners on October 26, 2021 was three days, counted from the completion of the on-site inspection, which, according to the aforementioned president, took place on February 9, 2022. Therefore, the deadline for the respondent authority to resolve the request in question expired on February 14, 2022; however, there is no evidence in the record allowing to prove that the precautionary measure requested by the petitioners on the aforementioned date has been resolved by the Environmental Administrative Tribunal, which shows non-compliance with the order in point 2 of the operative part of judgment No. 2022002496."
Considerando V (Sentencia anterior)
"De modo que, en el pronunciamiento supramencionado el plazo que esta Cámara Constitucional le otorgó a la presidenta del TAA para atender la solicitud del dictado de la medida cautelar requerida por las accionantes el 26 de octubre de 2021 fue de tres días, contando a partir del diligenciamiento de la inspección ocular, la cual, según informa la presidenta mencionada, se realizó el 9 de febrero de 2022. Por ende, el plazo para que la autoridad recurrida resolviera la solicitud en cuestión venció el 14 de febrero de 2022; empero, de los autos no se desprende material probatorio alguno que permita tener por comprobado que la medida cautelar solicitada por las amparadas en la fecha antes mencionada haya sido resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cual evidencia un incumplimiento a lo ordenado en el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia n.° 2022002496"
Considerando V (Sentencia anterior)
"En virtud de lo expuesto, dado que este Tribunal ordenó a la parte recurrida que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, debe resolver los escritos pendientes, realizar las actuaciones necesarias y dictar la resolución final dentro del procedimiento administrativo concerniente al expediente n.° 232-17-01-TAA, no se estima necesario acoger la solicitud de la parte amparada que es objeto de análisis en este considerando."
"In view of the foregoing, since this Tribunal ordered the respondent to resolve pending submissions, carry out the necessary actions and issue the final decision within the administrative proceeding concerning case file No. 232-17-01-TAA within three months from the notification of the judgment, it is not considered necessary to grant the petitioners' request under analysis in this paragraph."
Considerando VI (Sentencia anterior)
"En virtud de lo expuesto, dado que este Tribunal ordenó a la parte recurrida que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, debe resolver los escritos pendientes, realizar las actuaciones necesarias y dictar la resolución final dentro del procedimiento administrativo concerniente al expediente n.° 232-17-01-TAA, no se estima necesario acoger la solicitud de la parte amparada que es objeto de análisis en este considerando."
Considerando VI (Sentencia anterior)
Full documentDocumento completo
Costa Rican Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. San José, at nine hours and twenty minutes on the second of March, two thousand twenty-two.
Subsequent action filed by MECHTHILD FRIDERIEKE BORS DE BARQUERO, residence card 127600115431, in relation to judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022.
Whereas:
Drafted by Judge Sánchez Navarro; and,
Considering:
"V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the petitioner alleges that since 2017 a complaint was filed before the TAA due to an invasion of the protection area of a permanent spring (naciente) on Finca 3 of the University of Costa Rica. They explain that the substantive hearing (audiencia de fondo) of that case was scheduled for October 26, 2021; however, it was suspended at the request of the respondent. They state that at that hearing they reiterated to the TAA their request to issue a precautionary measure, which had been previously formulated, because the UCR had scheduled the start of building construction in the protection area of the spring. They indicate that, on that day, the Administrative Environmental Tribunal committed to resolving that request for a precautionary measure; however, it has not yet ruled on the matter, with the aggravating factor that the construction process has already begun. They request that the TAA be ordered to resolve their request for a precautionary measure. They ask that this Chamber temporarily issue a precautionary measure against the referred earthworks (movimientos de tierra) and construction works.
On this matter, the Chamber verifies that, on October 12, 2017, through official letter OSJ-648, the head of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area filed a complaint against the UCR for the alleged piping of a spring (naciente) of the quebrada Pichichueca located on finca 3. This complaint was assigned case file 232-17-01-TAA. Furthermore, it is observed that, on December 1, 2017, the petitioners filed a complaint before the TAA against the UCR, which was incorporated into the referenced case file 232-17-01-TAA.
It is also verified that, by resolution 1230-19-TAA of 1:15 p.m. on July 22, 2019, the TAA ordered the opening of an ordinary administrative procedure against the UCR for the alleged invasion and piping of a section of a ravine's channel, as well as for the alleged invasion of the protection area of a permanent spring (naciente). Additionally, it summoned the parties to a public oral hearing for June 29, 2021. However, through resolution 761-21-TAA of 2:15 p.m. on June 28, 2021, the appealed authority suspended the aforementioned public oral hearing because the petitioner Paulina Mata Monge was under an isolation order. Consequently, through resolution 1177-21-TAA of 7:10 a.m. on September 9, 2021, the TAA rescheduled said proceeding for 8:30 a.m. on October 26, 2021.
The Chamber confirms that on October 26, 2021, the public oral hearing concerning case file 232-17-01-TAA was held; however, it was suspended. Additionally, in said proceeding, the appealed authority indicated that that tribunal would hear the request for a precautionary measure raised by the complainant party "by brief, through a resolution." In turn, this Tribunal certifies that, by resolution 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, the Administrative Environmental Tribunal ordered: "FIRST: That prior to resolving the arguments raised, specifically the nullity appeal presented by the representation of the respondent party alleged at minute 47:40 of the public oral hearing, as well as the request for a precautionary measure raised by the complainant party as stated at minute 50:55 of the hearing, this Tribunal considers it necessary, in order to establish the material truth of the facts in relation to what has been reported, to conduct an on-site inspection (inspección ocular 'in situ'), to determine the location of the water bodies established in the statement of charges (resolution number 1230-19-TAA visible on pages 136 to 139), in relation to the expert reports (dictámenes) made by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, thus defining the water body in question, its character, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether or not it is affected in its channel or in its protection area, establishing the affectation and its extent, this according to their competencies in the matter both from the Water Directorate (Dirección de Agua) and from SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal.
For this purpose, the following persons are summoned, considering it necessary: • Eng. Marilyn Mora, in her capacity as an official of the Tárcoles-Pacific Central Hydrological Unit, or whoever holds her position, or whoever the office designates; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, in her capacity as Head of the San José Office of the Central Conservation Area or whoever holds her position or whoever the Office designates; • Ms. Paulina Mata Monge and Mechthild Bors de Barquero, both in their capacity as complainants; • The University of Costa Rica, in its capacity as respondent, whose current Rector is Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SECOND: That said inspection will be carried out on February 1, 2022, having the meeting point at the Sports City of the University of Costa Rica, at 8:30 a.m. THIRD: The summoned officials and/or the designated ones must render a report of said proceeding with the corresponding information regarding the inspection conducted and present it before this Office within a period of TEN calendar days starting from the next business day following the notification of this Resolution, in accordance with Article 262 of the General Law of Public Administration (…)" (emphasis added).
Finally, in the sub iudice, it is uncontroverted that the Administrative Environmental Tribunal has not resolved the precautionary measure requested by the petitioners in the hearing held on October 26, 2021, nor has it issued the final act concerning case file 232-17-01-TAA.
By virtue of the foregoing, this Constitutional Chamber deems it appropriate to bring up what was stipulated in judgment No. 2016018377 of 9:05 a.m. on December 16, 2016, in which a case similar to the sub lite was analyzed:
"IV.- On the right to prompt and complete justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the achievement of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the realm of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by the administrated parties, so that its resolution is consistent with the extremes alleged, as well as to communicate what has been ordered to the interested parties, all within a reasonable timeframe. In this sense, the 'reasonable' nature of the duration of administrative activity is determined casuistically based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be evacuated, or the degree of impact on the person or the environment of the contested act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right to apply constitutional control over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in the resolution of some type of administrative management.
V.On the specific case. In the sub lite, the petitioner claims that a complaint related to La Carpio Landfill, located in San José, has been before the Administrative Environmental Tribunal since 2007; however, as of the date of filing of the appeal, it has not been resolved.
From the study of the case records, it is proven that since August 1, 2007, for the alleged impact from emanations, noises, and contamination derived from the malfunctioning of the La Carpio Landfill, a complaint was filed before the Administrative Environmental Tribunal against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the Municipality of San José, and the Ministry of Health (Administrative File No. 215-07-02-TAA). Furthermore, it was subsequently expanded to include the company EBI Costa Rica, which manages the La Carpio Landfill.
In addition, it is verified that on May 16, 2014, Juan José Echeverría Alfaro filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal for the illegal operation of the La Carpio Landfill, against the Ministry of Health and SETENA (Administrative File No. 85-74-01-TAA).
It is also established that the Administrative Environmental Tribunal, through resolution No. 119-16-TAA of 11:15 a.m. on February 9, 2016, resolved to consolidate administrative file No. 85-74-01-TAA with No. 215-07-02-TAA.
Also, it is proven that on August 8, 2016, Melissa Flores Núñez, representing ASOCARIARI, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal related to the illegal operation of the La Carpio Landfill.
Similarly, as can be deduced from the case records, on October 26, 2016, the Administrative Environmental Tribunal was notified of the course of this process, and that same authority, through resolution No. 1523-16-TAA of 8:20 a.m. on November 1, 2016, scheduled an inspection at the Landfill for November 7, 2016, at 8:00 a.m.
Finally, it was reported under oath that administrative file No. 215-07-02-TAA is under preliminary investigation.
From this panorama, the right to prompt and complete justice is deemed violated.
On this matter, although neither the petitioner nor the coadjuvant were the ones who filed the 2007 complaint before the Administrative Environmental Tribunal, the truth is that they are legitimized to take action in the constitutional jurisdiction due to the nature of the rights involved. It must be considered that in environmental processes and procedures, there is broad standing to appear before them, which derives from Article 50 of the Political Constitution which states: "(…) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimated to report the acts that infringe on that right and to claim reparation for the damage caused. (…)".
Regarding the specific case, the Chamber, through judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, stated:
“In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus by the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified delay that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Organic Law of the Environment enshrines the principle of procedural speed (celeridad) in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: 'Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The judgment must be issued within a term no greater than thirty days; in special cases, the deadline may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.' In this regard, this Tribunal understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad contradictory process; however, it cannot consider it reasonable that a complaint filed in 2007 is still under preliminary investigation as reported.
Additionally, although the appealed Tribunal argues that the presentation of the new complaints that were consolidated with the 2007 one justify the delay in the final resolution, it must be noted that all of them present facts related to the La Carpio Landfill, and to date, the veracity or otherwise of what has been reported has not been determined, for which a disproportionate amount of time has elapsed for resolution. Thus, this Chamber does not see it as feasible to justify a delay of more than 9 years in the case at hand.
Similarly, although the appealed Tribunal, on the occasion of the amparo, has scheduled and conducted a new inspection at the La Carpio landfill, the truth is that, currently, there is not even an approximate period of time for the issuance of the final resolution of the complaint, an aspect that is contrary to the Right of the Constitution, especially when the preliminary investigation stage has lasted so many years.
For all the reasons stated, the right to prompt and complete justice is deemed violated, and it is appropriate to grant the appeal, with the order that will be given in the operative part”.
Having clarified the foregoing, in the present species it is certified that on October 12 and December 1, 2017, the complaints concerning case file 232-17-01-TAA were filed, through which, among other things, the possible invasion of the protection area of a spring (naciente) by the UCR was alleged. However, it was not until July 22, 2019, through resolution 1230-19-TAA, that the Administrative Environmental Tribunal ordered the opening of an ordinary administrative procedure against the referenced university and scheduled the public oral hearing for June 29, 2021. In other words, more than 18 months elapsed between the filing of the complaints in question and the first pronouncement by the TAA, which set the holding of said hearing for June 2021, i.e., almost two years after the date of issuance of the aforementioned resolution.
Furthermore, this Chamber notes that on October 26, 2021, the aforementioned public oral hearing was held —which was suspended— in which, among other things, the petitioner requested the issuance of a precautionary measure. On that occasion, the appealed party indicated that that tribunal would hear the request for a precautionary measure raised by the complainant party "by brief, through a resolution." However, it was not until January 17, 2022, that the Administrative Environmental Tribunal issued resolution 40-22-TAA, through which it clarified that, prior to resolving such request, it is necessary to conduct an on-site inspection (inspección ocular in situ), which was scheduled for February 1, 2022. Thus, the TAA took more than two and a half months to determine the need to carry out an inspection in order to resolve the aforementioned request for a precautionary measure.
In summary, this Chamber has not proven that the request for the issuance of a precautionary measure raised by the petitioner on October 26, 2021, has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, much less that the TAA has issued the final act for case file 232-17-01-TAA, filed since October 2017. Such a situation is contrary to the principle of prompt and complete justice, as well as to the provisions of numeral 110 of the Organic Law of the Environment, which states: "Speed (Celeridad) of proceedings. Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The judgment must be issued within a term no greater than thirty days; in special cases, the deadline may be extended for up to thirty more days.
“The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.” Thus, the Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioners, due to the delay by the Administrative Environmental Tribunal in resolving the complaint processed in file 232-17-01-TAA, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) filed by the protected parties since October 26, 2021. Ergo, it is appropriate to grant the appeal in the terms indicated in the operative part of this ruling.
(…)
Therefore:
The appeal is granted. Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her powers so that:
“II.- PRELIMINARY. In the sub iudice, the petitioners requested this Tribunal to issue a precautionary measure (medida cautelar); however, given that the non-compliance proceeding is being resolved on the merits, such measure is dispensed with.
In the present case, the appellants file a disobedience proceeding in relation to judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022. They accuse that the Environmental Tribunal did not carry out the on-site inspection (inspección ocular) on February 1, 2022, a proceeding that was rescheduled for February 9, 2022. They indicate that this situation causes the postponement of the issuance of the resolution concerning the requested precautionary measure (medida cautelar). They claim that more than three months have passed since the respondent tribunal suspended the hearing of the case and to this moment they have not set a certain date for its holding. They request that this Tribunal order the respondent authority to reschedule the hearing suspended in October 2021.
By means of vote No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Chamber ordered the president of the Administrative Environmental Tribunal that: “1) on February 1, 2022, the on-site inspection (inspección ocular) scheduled in resolution No. 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, be carried out (...)”. Regarding this matter, the petitioners accuse non-compliance with that order, since the Administrative Environmental Tribunal did not carry out the on-site inspection (inspección ocular) on the aforementioned date, but rather rescheduled that proceeding for February 9, 2022.
In relation to this point, the respondent party stated: “It is worth indicating to the honorable Constitutional Chamber that this Tribunal had scheduled, by means of resolution No. 40-22-TAA of seven hours five minutes on the seventeenth day of January of two thousand twenty-two, the carrying out of the ‘in situ’ on-site inspection (inspección ocular), however this was rescheduled due to health situations of the participating officials by means of resolution No. 123-22-TAA of 07:30 hours on January 27, 2022, for February 9 of this same year at 8:30 am, this because one of the officials who would participate in this inspection had COVID symptoms, and aware that we must be responsible for our own health and the safety of everyone else, as well as comply with all guidelines indicated by the Ministry of Health or any other competent entity in any activity that involves risk of exposure to the virus, this Tribunal considered this rescheduling necessary, which was carried out (sic) at said time and date indicated with the participation of the parties in the present process, (...)”.
Thus, this Chamber does not consider that the reasons that motivated the rescheduling of the aforementioned on-site inspection (inspección ocular) are openly arbitrary and disproportionate. In any case, this Constitutional Chamber verifies that such inspection was carried out at 8:30 a.m. on February 9, 2022. Consequently, the alleged non-compliance regarding the first point of the order issued by this Tribunal in judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, is not accredited.
Additionally, by judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Chamber ordered the respondent party: “(...) 2) within a period of THREE DAYS, counted from the completion of the aforementioned inspection, the request for issuance of a precautionary measure (medida cautelar) filed by the petitioners on October 26, 2021, be resolved; (...)”. Regarding this point, the appellants claim that the request for a precautionary measure (medida cautelar) they filed on October 26, 2021, has not yet been resolved.
In this regard, the president of the respondent tribunal stated that: “(...) it is also worth indicating that the administrative file still does not contain the presentation of the technical reports from the competent entities that participated in it, which would be the Water Directorate as well as the San José Subregional Office (sic) of the Conservation Area and the Technical Unit of this Tribunal, the deadline for the presentation of these being still within the term (sic) of the period established in the aforementioned resolutions of 10 calendar days for their presentation, therefore this Office is unable to resolve the allegations raised in the nullity appeal filed by the respondent party in accordance with minute 47:40 of the hearing on October twenty-sixth of the year (sic) two thousand twenty-one, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the petitioners as recorded at minute 50:55 of said hearing, because this Tribunal must weigh the impact of the activity on the environment, based on the Principle of Sustainable Development and the reports of the competent authorities, which at this moment are not in the administrative file.” Thus, in the aforementioned ruling the period that this Constitutional Chamber granted to the president of the TAA to address the request for the issuance of the precautionary measure (medida cautelar) required by the plaintiffs on October 26, 2021, was three days, counting from the completion of the on-site inspection (inspección ocular), which, according to the aforementioned president, was carried out on February 9, 2022.
Therefore, the period for the respondent authority to resolve the request in question expired on February 14, 2022; however, no evidentiary material whatsoever emerges from the record that allows it to be proven that the precautionary measure (medida cautelar) requested by the protected parties on the aforementioned date has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, which evidences non-compliance with what was ordered in point 2 of the operative part of judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022. Ergo, it is appropriate to grant the disobedience proceeding.
Finally, the protected parties request this Chamber to order the Administrative Environmental Tribunal to reschedule the hearing that was suspended since October 2021. In this regard, it is appropriate to point out to the protected party that, contrary to what was indicated in the disobedience proceeding under study, this Constitutional Chamber was indeed aware that the hearing scheduled for October 26, 2021, was suspended. For instance, in the judgment under analysis, it was recorded in proven fact f): “On October 26, 2021, the oral and public hearing concerning file 232-17-01-TAA was held; however, it was suspended. Likewise, in said proceeding, the respondent authority indicated that that tribunal would hear the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainant party ‘via written brief, by means of resolution’. (See documentary evidence).” Having clarified the foregoing, it should be noted that, in judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this Constitutional Chamber ordered Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies that position in her stead, to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her powers so that: “(...) 3) within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pending briefs are resolved, the necessary actions are carried out, and the final resolution is issued, as applicable, concerning the administrative procedure processed in file No. 232-17-01-TAA (...)” (emphasis added).
By virtue of the foregoing, given that this Tribunal ordered the respondent party that, within a period of three months, counted from the notification of the judgment, it must resolve the pending briefs, carry out the necessary actions, and issue the final resolution within the administrative procedure concerning file No. 232-17-01-TAA, it is not considered necessary to grant the request of the protected party that is the subject of analysis in this recital (…)
Therefore.
The disobedience proceeding filed is partially granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies that position in her stead, is reiterated the immediate compliance with what was ordered in resolution No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, solely in relation to point two of the operative part, namely: “2) within a period of THREE DAYS, counted from the completion of the aforementioned inspection, the request for issuance of a precautionary measure (medida cautelar) filed by the petitioners on October 26, 2021, be resolved.” The foregoing is ordered under the warning that an administrative procedure will be ordered to be opened against her or that certified copies will be sent to the Public Ministry if she fails to do so. In all other respects, the proceedings filed are not granted. Let this resolution be notified to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or to whoever occupies that position in her stead, in person.” This ruling was personally notified to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, on February 22, 2022.
In the first place, the Chamber observes that the plaintiff party raises before this Tribunal a series of disagreements in relation to the inspection that was carried out on February 9, 2022, since it considers that on that occasion all the documentation that was provided at the time to the file was not taken into account and, therefore, it considers that the inspection carried out was incomplete or anomalous.
In this regard, the appellant should note that this specialized Chamber is not a controlling body of the administration, so it is not the competence of this Tribunal to analyze whether, at the time of carrying out the ordered inspection, all the evidence provided to the administrative file was or was not taken into account, nor whether the expert's performance was incomplete or anomalous in the terms alleged. The foregoing insofar as such aspects constitute matters of ordinary legality that must be resolved in the administrative venue, or else, before the corresponding judicial authority.
Hence, it is appropriate to dismiss the proceeding insofar as this point is concerned.
IV.On the other hand, the plaintiff party again requests the Chamber to issue a measure and order the construction process of the Office of Wellness and Health building at the UCR sports facilities to be halted.
Regarding this matter, it should be noted that it is not the competence of this constitutional jurisdiction to resolve the request for such a precautionary measure (medida cautelar), since it must be requested, heard, and resolved by the Administrative Environmental Tribunal, the body before which the complaint formulated by the petitioners is being processed. The foregoing, above all, if it is taken into consideration that, in judgment No. 2022002496 of 9:15 a.m. on January 28, 2022, this specialized Chamber ordered the president of the TAA: “that: 1) on February 1, 2022, the on-site inspection (inspección ocular) scheduled in resolution No. 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, be carried out; 2) within a period of THREE DAYS, counted from the completion of the aforementioned inspection, the request for issuance of a precautionary measure (medida cautelar) filed by the petitioners on October 26, 2021, be resolved (...)”. Hence, it is appropriate to dismiss this point of the proceeding.
In any case, from the study of the record it emerges that the Administrative Environmental Tribunal, on the occasion of the request for a precautionary measure (medida cautelar) formulated by the plaintiff party within file 232-17-01-TAA on October 26, 2021, issued resolution No. 313-22-TAA of February 24, 2022, and resolved: “FIRST: To issue a PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) consisting of the following: the immediate and total stoppage of all activity not permitted by regulation, within a radius of ten meters measured horizontally from the Nameless Spring (Naciente Sin Nombre) tributary of the Cangreja Creek (Quebrada Cangreja), established at the Lambert North coordinates Latitude 214,183 Longitude 531,546 denominated as Source 1 in Official Letter DAUI-IPTCOSJ-3077-2017 (See folio 116 to 117 of the administrative file) and that apparently is located on Property 3 of the University of Costa Rica, be this earthworks (movimientos de tierra), land-use change (cambio de uso del suelo), corresponding constructions on the property where the Sports Facilities of the University of Costa Rica are located, this for a period of 30 calendar days or in suspensive effect, until there is a final report of the criteria and Reports issued by the Water Directorate as the entity with the technical authority granted by Law for this specific topic.
Likewise, commission Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate, or whoever occupies his position, for its implementation. SECOND: To warn Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate of MINAE, or whoever occupies his position, that within a period of thirty calendar days he shall proceed to send said final report resulting from the review and analysis of all the opinions and technical reports that are contained in the present file Official Letter DA-UHPTCOSJ-3077-2017 DA-UHTPCOSJ-1767-2018. DA-UHTPCOSJ-2541-201 a, DA-UHTPCOSJ-1 927-2019. DA-UHTPCOSJ-1871-2020, DA-UHTPCOSJ-1923-2019, DA-1811-2020. DA-3998-2011 and any other opinions that were issued by officials of said institution, a report with which all bodies of water at the complaint site are determined as well as the nature and characteristics of these” (emphasis supplied).
Even more, from the evidence it emerges that such precautionary measure (medida cautelar) was made known to the petitioners on February 25, 2022.
By virtue of the reasons stated, the proceeding filed is not granted.
The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The proceeding filed is not granted.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
Jorge Isaac Solano A.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintidos .
Gestión posterior planteada por MECHTHILD FRIDERIEKE BORS DE BARQUERO, cédula de residencia 127600115431, en relación con la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022.
Resultando:
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
“V.-SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte accionante acusa que desde el año 2017 se interpuso ante el TAA una denuncia, debido a una invasión del área de protección de una naciente permanente en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica. Explican que la audiencia de fondo de ese caso fue programada para el 26 de octubre de 2021; no obstante, se suspendió a solicitud de la parte denunciada. Expresan que en esa audiencia reiteraron al TAA su solicitud de emitir una medida cautelar, la cual había sido formulada previamente, porque la UCR había programado el inicio de la construcción del edificio en el área de protección de la naciente. Indican que, ese día, el Tribunal Ambiental Administrativo se comprometió a resolver esa solicitud de medida cautelar; sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto, con el agravante de que ya se comenzó el proceso de construcción. Solicitan que se ordene al TAA resolver su solicitud de medida cautelar. Piden que esta Sala emita temporalmente una medida cautelar contra los movimientos de tierra y las obras de construcción referidas.
Sobre el particular, la Sala verifica que, el 12 de octubre de 2017, por medio de oficio OSJ-648, la jefa de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central formuló denuncia contra la UCR por el supuesto entubamiento de una naciente de la quebrada Pichichueca ubicada en finca 3. A tal denuncia se le asignó el expediente 232-17-01-TAA. Además, se observa que, el 1° de diciembre de 2017, las amparadas plantearon una denuncia ante el TAA contra la UCR, la cual fue incorporada al referido expediente 232-17-01-TAA.
Asimismo, se verifica que, por resolución 1230-19-TAA de las 13:15 horas del 22 de julio de 2019, el TAA ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la UCR por la supuesta invasión y entubamiento de un tramo de cauce de una quebrada, así como por la presunta invasión del área de protección de una naciente permanente. Además, convocó a las partes a una audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. No obstante, mediante resolución 761-21-TAA de las 14:15 horas del 28 de junio de 2021, la autoridad recurrida suspendió la audiencia oral y pública antes mencionada, debido a que la amparada Paulina Mata Monge se encontraba con una orden de aislamiento. En consecuencia, mediante resolución 1177-21-TAA de las 7:10 horas del 9 de setiembre de 2021, el TAA reprogramó tal diligencia para las 8:30 horas del 26 de octubre de 2021.
La Sala constata que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública concerniente al expediente 232-17-01-TAA; empero, esta fue suspendida. Asimismo, en tal diligencia, la autoridad recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. A su vez, este Tribunal acredita que, por resolución 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo dispuso: “PRIMERO: Que previo a resolver sobre las manifestaciones planteadas, siendo el recurso de nulidad presentado por la representación de la parte denunciada alegada en el minuto 47:40 de la audiencia oral y pública, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante según consta al minuto 50:55 de la audiencia, este Tribunal considera necesario a fin de establecer la verdad real de los hechos en relación con lo denunciado, realizar una inspección ocular "in situ", para determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal.
Para ello se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario: • Ing. Marilyn Mora, en su condición de funcionaria de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacifico Central, o quien ocupe su cargo, o a quien la oficina designe; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, en su condici6n de Jefe de la Oficina de San José del Área de Conservación Central o a quien ocupe su cargo o a quien la Oficina designe; • Sra. Paulina Mata Monge y Mechthild Bors de Barquero, ambas en su condición de denunciantes; • La Universidad de Costa Rica, en su condición de denunciada, cuyo actual Rector es el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 01 de febrero del 2022, teniendo como punto de encuentro en la Ciudad Deportiva de la Universidad de Costa Rica, a las 08:30 horas. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada y sea presentado ante este Despacho en un plazo de DIEZ DIAS naturales a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública (…)” (el destacado fue añadido).
Finalmente, en el sub iudice se tiene como incontrovertido que el Tribunal Ambiental Administrativo no ha resuelto la medida cautelar requerida por las amparadas en la audiencia realizada el 26 de octubre de 2021, ni ha dictado el acto final referente al expediente 232-17-01-TAA.
En virtud de lo expuesto, esta Cámara Constitucional estima procedente traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2016018377 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, en la que se analizó un caso similar al sub lite:
“IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.
V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente alega que en el Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra desde el año 2007 una denuncia relacionada con el Relleno Sanitario La Carpio, ubicado en San José; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, esta no ha sido resuelta.
Del estudio de los autos, se tiene por comprobado que desde el 1º de agosto de 2007, por la supuesta afectación de emanaciones, ruidos y contaminación derivada del mal funcionamiento del Relleno Sanitario La Carpio, se interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud (Expediente administrativo No. 215-07-02-TAA). Además, posteriormente, se amplió contra la empresa EBI Costa Rica, la cual administra el Relleno Sanitario La Carpio.
En adición, se tiene por verificado que el 16 de mayo de 2014, Juan José Echeverría Alfaro presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio, en contra del Ministerio de Salud y la SETENA (Expediente administrativo No. 85-74-01-TAA).
Asimismo, se tiene por cierto que el Tribunal Ambiental Administrativo, mediante resolución No. 119-16-TAA de las 11:15 horas de 9 de febrero de 2016, resolvió acumular el expediente administrativo No. 85-74-01-TAA al No. 215-07-02-TAA.
También, se tiene como probado que el 8 de agosto de 2016, Melissa Flores Núñez, en representación de ASOCARIARI, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo relacionada con la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio.
De igual manera, según se desprende de los autos, el 26 de octubre de 2016, el Tribunal Ambiental Administrativo fue notificado del curso de este proceso y esa misma autoridad, mediante resolución No. 1523-16-TAA de las 8:20 horas de 1º de noviembre de 2016, fijó una inspección en el Relleno Sanitario para el 7 de noviembre 2016 a las 8:00 horas.
Finalmente, se informó bajo juramento que el expediente administrativo No. 215-07-02-TAA se encuentra en investigación preliminar.
Desde este panorama, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida.
Sobre el particular, si bien ni la recurrente ni el coadyuvante fueron los que interpusieron la denuncia del año 2007 ante el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cierto es que se encuentran legitimados para accionar en la vía constitucional, debido a la naturaleza de los derechos involucrados. Debe reputarse que en los procesos y procedimientos ambientales, existe una legitimación amplia para apersonarse a ellos, la cual se deriva del artículo 50 de la Constitución Política que indica: “(…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. (…)”.
Atinente al caso concreto, la Sala, mediante sentencia Nº 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: “De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Al respecto, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimar razonable que una denuncia presentada en el año 2007 todavía se encuentre en investigación preliminar, tal y como fue informado.
Adicionalmente, si bien el Tribunal recurrido argumenta que la presentación de las nuevas denuncias que se acumularon con la del año 2007, justifican la dilación en la resolución final; debe acotarse que todas exponen hechos relacionados con el Relleno Sanitario La Carpio y hasta la fecha no se ha determinado la veracidad o no de lo denunciado, por lo cual ha transcurrido un plazo desproporcionado para resolver. Así las cosas, esta Sala no ve factible que se pueda justificar en el caso de marras una tardanza de más 9 años.
De igual forma, aunque el Tribunal recurrido, con ocasión del amparo, haya señalado y realizado una nueva inspección en el relleno sanitario La Carpio, lo cierto es que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, máxime cuando la etapa de investigación preliminar ha durado tantos años.
Por todo lo expuesto, se tiene por violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida y procede estimar el recurso, con la orden que se dará en la parte dispositiva”.
Aclarado lo anterior, en la especie se acredita que el 12 de octubre y el 1° de diciembre de 2017 se formularon las denuncias concernientes al expediente 232-17-01-TAA, por medio de las cuales se acusó, entre otras cosas, la posible invasión del área de protección de una naciente por parte de la UCR. Empero, no fue sino hasta el 22 de julio de 2019, mediante la resolución 1230-19-TAA cuando el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la referida universidad y programó la audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. En otras palabras, transcurrieron más de 18 meses entre la formulación de las denuncias en cuestión y el primer pronunciamiento del TAA, quien fijó la realización de la citada audiencia para junio de 2021, sea, casi dos años después de la fecha del dictado de la resolución aludida.
Además, esta Cámara aprecia que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública supramencionada -la cual se suspendió‑ en la que, entre otras cosas, la parte recurrente solicitó el dictado de una medida cautelar. En tal ocasión, la parte recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. No obstante, no fue sino hasta el 17 de enero de 2022 cuando el Tribunal Ambiental Administrativo dictó la resolución 40-22-TAA, mediante la cual aclaró que, de previo a resolver tal requerimiento, es necesario realizar una inspección ocular in situ, la cual fue programada para el 1° de febrero de 2022. Así las cosas, el TAA tardó más de dos meses y medio para determinar la necesidad de efectuar una inspección, a fin de resolver la solicitud de medida cautelar antes mencionada.
En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual dispone: “Celeridad del trámite. De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
De este modo, la Sala verifica la conculcación de los derechos fundamentales de la parte recurrente, debido a la tardanza por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en resolver la denuncia tramitada en el expediente 232-17-01-TAA, así como la solicitud de medida cautelar planteada por las amparadas desde el 26 de octubre de 2021. Ergo, procede acoger el recurso en los términos indicados en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
(…)
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que:
“II.- DE PREVIO. En el sub iudice, las gestionantes solicitaron a este Tribunal el dictado de una medida cautelar; empero, dado que se procede a resolver por el fondo la gestión de incumplimiento, se prescinde de tal medida.
En la especie, las recurrentes formulan una gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Acusan que el Tribunal Ambiental no realizó el 1 de febrero de 2022 la inspección ocular, diligencia que fue reprogramada para el 9 de febrero de 2022. Señalan que esta situación genera la postergación del dictado de la resolución concerniente a la medida cautelar solicitada. Reclaman que han pasado más de tres meses desde que el tribunal recurrido suspendió la audiencia del caso y a este momento no han fijado una fecha cierta para su celebración. Solicitan que este Tribunal le ordene a la autoridad recurrida reprogramar la audiencia suspendida en octubre de 2021.
Mediante el voto n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Sala le ordenó a la presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo que: “1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022 (...)”. Sobre el particular, las gestionantes acusan el incumplimiento de tal orden, toda vez que el Tribunal Ambiental Administrativo no llevó a cabo la inspección ocular en la fecha supramencionada, sino que reprogramó tal diligencia para el 9 de febrero de 2022.
En relación con este extremo, la parte accionada señaló: “Cabe indicarle a la honorable Sala Constitucional que este Tribunal había señalado mediante resolución N° 40-22-TAA de las siete horas cinco minutos del día diecisiete de enero del dos mil veintidós, la realización de la inspección ocular “in situ”, sin embargo esta por situaciones de salud de los funcionarios participantes en esta fue reprogramada mediante resolución N° 123-22-TAA de las 07:30 horas del día 27 de enero del 2022, para el día 9 de febrero de este mismo año a las 8:30 am, esto en razón de que uno de los funcionarios que participaría en esta inspección se encontraba con síntomas de COVID, y conscientes de que debemos ser responsables con la salud propia y la seguridad de todos los demás, así como cumplir con todos los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad competente en cualquier actividad que involucre riesgo a la exposición con el virus, este Tribunal considero necesaria dicha reprogramación, la cual se llevo (sic) a cabo dicha hora y fecha señaladas contando con la participación de las partes en el presente proceso,(...)”.
Así la cosas, esta Sala no estima que las razones que motivaron la reprogramación de la inspección ocular aludida resulten abiertamente arbitrarias y desproporcionales. En todo caso, esta Cámara Constitucional constata que tal inspección se llevó a cabo a las 8:30 horas del 9 de febrero de 2022. En consecuencia, no se acredita el incumplimiento acusado respecto al punto primero de la orden emanada por este Tribunal en la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022.
Adicionalmente, por sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Cámara le ordenó a la parte accionada: “(…) 2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021; (...)”. En cuanto a este extremo, las recurrentes reclaman que todavía no se ha resuelto la solicitud de medida cautelar que formularon desde el 26 de octubre de 2021.
Al respecto, la presidenta del tribunal recurrido manifestó que: “(...) cabe indicar también que aún no se cuenta en el expediente administrativo con la presentación de los informes técnicos de las entidades competentes que participaron en ella, las cuales serían la Dirección de Agua así como de la Oficina Subregional de San Jose (sic) del Área de Conservación y de la Unidad Técnica de este Tribunal, encontrándose todavía para la presentación de estos en el termino (sic) del plazo establecido en las resoluciones antes citadas de los 10 días naturales para la presentación de los mismos, por lo se encuentra imposibilitado este Despacho de resolver sobre los alegatos planteados en el recurso de nulidad presentado por la parte denunciada de conformidad en el minuto 47:40 de la audiencia del día veintiséis de octubre del ano (sic) dos mil veintiuno, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte recurrente según consta al minuto 50:55 de dicha audiencia, en razón de que este Tribunal debe sopesar el impacto de la actividad al medio ambiente, con base en el Principio de Desarrollo Sostenible y los informes de las autoridades competentes, que en este momento no se tienen en el expediente administrativo”.
De modo que, en el pronunciamiento supramencionado el plazo que esta Cámara Constitucional le otorgó a la presidenta del TAA para atender la solicitud del dictado de la medida cautelar requerida por las accionantes el 26 de octubre de 2021 fue de tres días, contando a partir del diligenciamiento de la inspección ocular, la cual, según informa la presidenta mencionada, se realizó el 9 de febrero de 2022. Por ende, el plazo para que la autoridad recurrida resolviera la solicitud en cuestión venció el 14 de febrero de 2022; empero, de los autos no se desprende material probatorio alguno que permita tener por comprobado que la medida cautelar solicitada por las amparadas en la fecha antes mencionada haya sido resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cual evidencia un incumplimiento a lo ordenado en el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022. Ergo, lo procedente es acoger la gestión de desobediencia.
Finalmente, las amparadas le solicitan a esta Sala que se le ordene al Tribunal Ambiental Administrativo reprogramar la audiencia que fue suspendida desde octubre de 2021. Al respecto, conviene señalarle a la parte tutelada que, contrario a lo indicado en la gestión de desobediencia bajo estudio, esta Cámara Constitucional sí tuvo conocimiento de que la audiencia fijada para el 26 de octubre de 2021 fue suspendida. Verbigracia, en la sentencia objeto de análisis se consignó en el hecho probado f): “El 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública concerniente al expediente 232-17-01-TAA; empero, esta fue suspendida. Asimismo, en tal diligencia, la autoridad recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. (Ver prueba documental)”.
Aclarado lo anterior, cabe señalar que, en la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Cámara Constitucional le ordenó a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: “(…) 3) en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los escritos pendientes, se realicen las actuaciones necesarias y se dicte la resolución final, según corresponda, concerniente al procedimiento administrativo tramitado en el expediente n.° 232-17-01-TAA (...)” (énfasis agregado).
En virtud de lo expuesto, dado que este Tribunal ordenó a la parte recurrida que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, debe resolver los escritos pendientes, realizar las actuaciones necesarias y dictar la resolución final dentro del procedimiento administrativo concerniente al expediente n.° 232-17-01-TAA, no se estima necesario acoger la solicitud de la parte amparada que es objeto de análisis en este considerando (…)
Por tanto.
Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia planteada. En consecuencia, se le reitera a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la resolución n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, únicamente en relación con el punto dos de la parte dispositiva, a saber: “2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021”. Lo anterior se dicta bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público si no lo hiciere. En todo lo demás, no se acogen las gestiones planteadas. Notifíquese esta resolución a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, en forma personal”.
Tal pronunciamiento fue notificado personalmente a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, el 22 de febrero de 2022.
En primer término, la Sala observa que la parte accionante plantea ante este Tribunal una serie de disconformidades en relación con la inspección que se efectuó el 9 de febrero de 2022, toda vez que estima que en tal ocasión no se tomó en cuenta toda la documentación que fue aportada en su momento al expediente y, por ello, estima que la inspección realizada fue incompleta o anómala.
Al respecto, advierta el recurrente que esta Sala especializada no es órgano contralor de la administración, por lo que no compete a este Tribunal analizar si al momento de efectuarse la inspección ordenada, se tomaron o no en cuenta todas las pruebas aportadas al expediente administrativo, ni si la actuación del perito fue incompleta o anómala en los términos acusados. Lo anterior en tanto que tales aspectos constituyen extremos de legalidad ordinaria que deben ser dirimidos en sede administrativa, o bien, ante la autoridad judicial correspondiente.
De ahí que proceda desestimar la gestión en lo que a tal extremo atañe.
IV.Por otra parte, la parte accionante solicita nuevamente a la Sala que se dicte una medida y se ordene detener el proceso de construcción del edificio de la Oficina de Bienestar y Salud en las instalaciones deportivas de la UCR.
Sobre el particular, adviértase que no compete a esta jurisdicción constitucional resolver la solicitud de tal medida cautelar, pues la misma debe ser requerida, conocida y resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo, órgano ante el cual se tramita la denuncia formulada por la parte recurrente. Lo anterior, sobre todo, si se toma en consideración que, en la sentencia n.° 2022002496 de las 9:15 horas del 28 de enero de 2022, esta Cámara especializada le ordenó a la presidenta del TAA: “que: 1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022; 2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021 (…)”. De ahí que proceda desestimar este extremo de la gestión.
En todo caso, del estudio de los autos se desprende que el Tribunal Ambiental Administrativo, con ocasión de la solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora dentro del expediente 232-17-01-TAA el 26 de octubre de 2021, dictó la resolución n.° 313-22-TAA del 24 de febrero de 2022 y resolvió: “PRIMERO: Dictar una MEDIDA CAUTELAR que consiste en lo siguiente: la paralización Inmediata y de manera total de toda actividad no permitida por la norma, dentro radio de den metros medidos de modo horizontal do la Naciente Sin Nombre afluente de la Quebrada Cangreja, establecida en las coordenadas Lambert Norte Latitud 214.183 longitud 531.546 denominada como Fuente 1 en el Oficio DAUI-IPTCOSJ-3077-2017 (Ver folio 116 a 117 del expediente administrativo) y que en apariencia se encuentra en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica, sea esta movimientos de tierra, cambio de uso de suelo, construcciones correspondientes en la finca donde se encuentran la Instalaciones Deportivas de la Universidad de Costa Rica, esto por el plazo de 30 días naturales o en efecto suspensivo, hasta tanto se cuente con un informe final de los criterios e Informes emitidos por la Dirección de Agua como ente con la autoridad técnica otorgada por Ley para este tema específico.
Asimismo. comisionar para la implementación de la misma al señor José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua o a quien ocupe su cargo. SEGUNDO: Prevenir el Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua del MINAE, o a quien ocupe su cargo que en el plazo de treinta días naturales proceda a remitir dicho informe final resultado de la revisión y análisis de todos los dictámenes e Informes técnicos que constan en el presente expediente Oficio DA-UHPTCOSJ-3077-2017 DA-UHTPCOSJ-1767-2018. DA-UHTPCOSJ-2541-201 a, DA-UHTPCOSJ-1 927-2019. DA-UHTPCOSJ-1871-2020, DA-UHTPCOSJ-1923-2019, DA-1811-2020. DA-3998-2011 y cualesquiera otros dictámenes que fueron emitidos por funcionarios de dicha institución, informe con el cual se determine todos los cuerpos de agua en el sitio de la denuncia así como la naturaleza y características de estos” (el énfasis es suplido).
Incluso, de la prueba se desprende que tal medida cautelar fue puesta en conocimiento de la parte recurrente el 25 de febrero de 2022.
En mérito de las razones expuestas, no ha lugar a la gestión formulada.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
No ha lugar a la gestión formulada.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
Jorge Isaac Solano A.
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