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Res. 04269-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/02/2022
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, finding that the respondent authorities acted within their powers and no fundamental rights violation was proven.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al considerar que las autoridades recurridas actuaron dentro de sus competencias y no se demostró violación de derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed the amparo filed by residents of Jiménez de Pococí against the Municipality of Pococí, the Ministry of Health, and MINAE regarding the construction of a battery recycling plant. The claimants argued that lead handling threatened the environment and health due to proximity to the Jiménez River and drinking water wells. The Chamber found that the authorities acted within their powers: SETENA granted environmental viability and later imposed and lifted precautionary measures after the developer committed to respecting the protection zone of a piped stream; the Ministry of Health approved plans and confirmed no polluting activity during construction; and the Water Directorate filed a criminal complaint for illegal works in a public watercourse, which is pending. Two judges provided separate reasoning, holding that the case should have been rejected because it involved a legality issue, not a constitutional one.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado por vecinos de Jiménez de Pococí contra la Municipalidad de Pococí, el Ministerio de Salud y el MINAE, por la construcción de una planta recicladora de baterías. Los recurrentes alegaban afectación al ambiente y la salud por el manejo de plomo, proximidad al río Jiménez y a pozos de agua. La Sala concluyó que las autoridades actuaron dentro de sus competencias: SETENA otorgó viabilidad ambiental y posteriormente ordenó y levantó medidas cautelares tras compromisos del desarrollador de respetar la zona de protección de una quebrada entubada; el Ministerio de Salud aprobó planos y determinó que no hay actividad contaminante en etapa constructiva; y la Dirección de Aguas presentó denuncia penal por obras ilegales en cauce público, la cual está en trámite. Dos magistrados salvaron el voto con razones diferentes, sosteniendo que el caso debió rechazarse por ser una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad.
Key excerptExtracto clave
IV.- Regarding the specific case. ... In light of that factual situation, as with the prior amparo, it is considered that in this matter no fundamental rights have been violated to the detriment of the petitioners, since it has been shown that the respondent authorities have acted within the scope of their powers and duties. ... Therefore, the complaint presented by the petitioner is inadmissible. V.- Conclusion. For the foregoing reasons, the amparo under consideration must be dismissed in its entirety, as hereby ordered. VI.- SEPARATE REASONS OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA. ... This amparo should have been rejected outright ad limine litis because it involves a matter of legality review; however, since it was not and was instead processed, it must be denied without ruling on the merits, given that it is up to the ordinary courts, particularly the administrative court, to determine whether the administrative actions and conduct (active or passive) in this case substantially comply with the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.IV.- Sobre el caso concreto. ... En atención a ese cuadro fáctico, al igual que el anterior recurso de amparo, se estima que en este asunto no se han infringido derechos fundamentales en perjuicio de los amparados, pues quedó demostrado que las autoridades accionadas han actuado dentro del marco de sus competencias y atribuciones. ... Por consiguiente, se estima que no es de recibo el reclamo presentado por el recurrente. V.- Conclusión. En razón de lo previamente señalado, procede desestimar el amparo en estudio en todos sus extremos, como así se dispone. VI.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA. ... El presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad; sin embargo, no habiendo sido así, pues se le dio curso, se debe declarar sin lugar, sin que se pronuncien en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Pull quotesCitas destacadas
"IV.- Sobre el caso concreto. ... se estima que en este asunto no se han infringido derechos fundamentales en perjuicio de los amparados, pues quedó demostrado que las autoridades accionadas han actuado dentro del marco de sus competencias y atribuciones."
"IV.- Regarding the specific case. ... it is considered that in this matter no fundamental rights have been violated to the detriment of the petitioners, since it has been shown that the respondent authorities have acted within the scope of their powers and duties."
Considerando IV
"IV.- Sobre el caso concreto. ... se estima que en este asunto no se han infringido derechos fundamentales en perjuicio de los amparados, pues quedó demostrado que las autoridades accionadas han actuado dentro del marco de sus competencias y atribuciones."
Considerando IV
"VI.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA. ... El presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad; sin embargo, no habiendo sido así, pues se le dio curso, se debe declarar sin lugar, sin que se pronuncien en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"VI.- SEPARATE REASONS OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA. ... This amparo should have been rejected outright ad limine litis because it involves a matter of legality review; however, since it was not and was instead processed, it must be denied without ruling on the merits, given that it is up to the ordinary courts, particularly the administrative court, to determine whether the administrative actions and conduct (active or passive) in this case substantially comply with the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando VI
"VI.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y LARA GAMBOA. ... El presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad; sin embargo, no habiendo sido así, pues se le dio curso, se debe declarar sin lugar, sin que se pronuncien en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando VI
"II.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. ... cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público -ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."
"II.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONAL AND LEGALITY REVIEW IN THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. ... when a public authority—administrative entity or body—has intervened in an activity, work or project by carrying out studies, evaluations, reports or assessments of any kind by application of the dense and vast infra-constitutional legal framework, it is clear that the matter must be brought before the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction."
Considerando VI
"II.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. ... cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público -ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: February 22, 2022, at 09:45 Case File: 21-020462-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Judgment with protected data, in accordance with current regulations *210204620007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five hours on February twenty-second, two thousand twenty-two.
Amparo appeal filed by [...], against the MUNICIPALITY OF POCOCÍ, THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
Whereas:
Based on what you requested in the document in question, we will refer point by point to its fulfillment. 1.- Physical delimitation of the protection zone of the stream declared by the Water Directorate (Dirección de Aguas): The requested document is attached. 2.- Photographic record indicating in the protection zone the absence of any type of scrap, machinery, or debris in its exclusion zone. As well as the Protection Area (Área de Protección, AP) duly delimited by beacons. What is required is provided. 3.- Delimit the AP seen in the sketch of Response Consecutive 1986-2021 in CRTM05 format. The respective technical study prepared by a Topographical Engineer and the digital file are provided. 4.- Indicate compliance indicators for the planting of native trees of the area in the AP. Reforestation will be carried out later, once the respective authorities pronounce on the matter. Currently, nothing can be planted or sowed in that area, since the AP is covered by a concrete slab.
The commitment in question is maintained according to the official instructions issued later.” By resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, follow-up is given to resolution R-090-2021. The recitals (parte considerativa) conclude: Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant” (Planta de Reciclaje de Baterías), administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) resolves regarding the protection zone of the stream.
Consequently, the information requested by this Secretariat is deemed complied with, and therefore, the lifting of the precautionary measure of work stoppage can proceed. Therefore, it is agreed: “FIRST: Based on the recitals of this resolution, the lifting of the Precautionary Measure of Work Stoppage, ordered in Resolution No. 0537-2020-SETENA, is ordered, this having complied with what was requested by this Secretariat in the THEREFORES FIRST AND SECOND of Resolution No. 090-2021-SETENA. SECOND: Notify the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the Municipality of Pococí of the facts evidenced, so that they may proceed as corresponds according to their competencies. THIRD: Notify the Water Directorate-MINAE (Dirección de Aguas-MINAE) of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project.
FOURTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero, AcTo) of SINAC of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FIFTH: Warn the Environmental Manager (Responsable Ambiental) that Article 79 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, of June 28, 2004, establishes that: “The environmental manager must issue the necessary environmental recommendations, according to the diverse situations that arise in any of the stages of the execution of the activity, work, or project.” SIXTH: Prevent the “Developer” and the “Environmental Regent” from complying with the provisions of articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 and also proceed as established in Executive Decree No. 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2019, as applicable.
SEVENTH: False information or non-compliance with this mandate will expose the “Project Developer” and the “Project Environmental Regent” to a technical and legal investigation process.” During the environmental assessment, all aspects related to chemical engineering were duly considered, as the flow diagram, process description, identification of impacts and environmental measures for all aspects related to pollution such as gaseous effluents, special solid waste, were considered, with the endorsement of the CIQPA, with the participation of a chemical engineering professional also being necessary in the project's oversight (regencia). Therefore, this Secretariat has acted in accordance with current legislation and has provided the respective environmental follow-up to the project Industrial Metal Recycling Plant (Planta Industrial Recicladora de Metales), file [Valor 002], in accordance with its competencies.
Furthermore, the developer has indicated his commitment to comply with environmental measures in accordance with current environmental legislation. It requests the appeal be declared without merit.\n7.- Under oath, Alexander Salas López, in his capacity as Regional Director of the Huetar Caribe Health Rectorate Regional Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe) of the Ministry of Health, reports (filing submitted at 8:33 p.m. on November 15, 2021) that the industrial activity for the purposes of his represented entity is called "Battery Depot" (Depósito de baterías), located in the Jiménez district, Pococí canton. Its actions are limited to determining the validation of the municipal land use (uso de suelo) to carry out the activity, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017" (Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017). In addition to the above, in follow-up to the case, the construction plans were submitted by the developer before the APC, with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," being duly approved by that Ministry, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" (un galerón tipo nave industrial), of approximately 570 square meters.
(See technical report MS-DRRSHCURS-IT-0024-2020). On-site, other ancillary construction works to the industrial building are evidenced, corresponding to contract number OC-906201, "Pedestals for Machines, Plant Layout Distribution Classification" (Pedestales para Máquinas, clasificación Distribuciones de Planta), whose construction permits were validated and signed by the Municipality of Pococí, without the need for them to be submitted to the APC platform. (See Follow-up report MS-DRRSHC-URS-0052-2021). This project has Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), issued by SETENA, under resolution No. 723-2021 SETENA; "Industrial Metal Recycling Plant Project" (Proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales). To date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site in dispute generating polluting actions, as there are no processes.
From what is stated in the regulations, the developer must necessarily obtain the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), complying with the formalities and solemnities of law, to carry out the activity according to law; a case which is not the one at hand at this moment, as there is no commercial activity. It requests the appeal be declared without merit.\n8.- By filing submitted at 8:56 a.m. on November 24, 2021, Judge Paul Rueda Leal filed a request for recusal (inhibitoria) to hear this matter.\n9.- By resolution of 1:19 p.m. on November 26, 2021, the Presidency of the Chamber ordered that Judge Paul Rueda Leal be separated from hearing this amparo. Furthermore, that the pertinent communication be made to the Presidency of the Supreme Court of Justice, so that his substitution may proceed, in accordance with Article 6 of the Law of the Constitutional Jurisdiction.\n10.- By filing submitted at 8:42 a.m. on December 3, 2021, the Presidency of the Supreme Court of Justice reported that Judge José Paulino Hernández Gutiérrez was appointed to substitute Judge Paul Rueda Leal.\n11.- By filing submitted at 1:55 p.m. on January 5, 2022, the Presidency of the Supreme Court of Justice reported that because the constitutional term of appointment as substitute judge for José Paulino Hernández Gutiérrez concluded, Fernando Enrique Lara Gamboa was appointed to substitute Judge Paul Rueda Leal.\n12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Judge Garro Vargas; and,\n\n Recitals (Considerando):\nI.- Purpose of the appeal (recurso).
The appellant alleges that the construction of the project called "Metal recycling plant" (Planta recicladora de metales) in Jiménez de Pococí, promoted by the company IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, is a battery recycling plant where lead is handled without considering the adverse effects on human health and the environment, since, among other situations, the property where the building is being carried out borders the Jiménez River and there are water wells for human consumption one kilometer from the site.\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n1) On June 20, 2019, through resolution No. 1923-2019-SETENA, Environmental Viability was granted to the project "Industrial Metal Recycling Plant" (Planta Industrial Recicladora de Metales), located in the Jiménez district, Pococí canton, in the name of the company IMIM RECYCLING S.R.L, with legal ID 3-101-015635-23, represented by Mr.
Jorge Durán Rodríguez, with identification number 1-1050-0127 (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\n2) Through official letter AL-0070-2020 of February 10, 2020, the Water Directorate (Dirección de Agua) filed a criminal complaint before the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, because the works being constructed corresponded to illegal works in public domain watercourses, as they did not have permits issued by that Directorate. This complaint is known under judicial file [Valor 003], which is being processed before the Judicial Venue of Pococí (report of the Water Director of MINAE and documentary evidence provided).\n3) In response to the complaint sent by the Water Directorate of MINAE regarding works in public domain watercourses, SETENA, through resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, concludes in the recitals: Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr.
Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant”, administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) resolves regarding the protection zone of the stream (report of the Secretary General of SETENA and documentary evidence provided).\n4) The Ministry of Health determined the validation of the municipal land use to carry out the activity, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017" (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n5) The construction plans submitted by the developer with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," were approved by the Ministry of Health, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" of approximately 570 square meters (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n6) On-site, other ancillary construction works to the industrial building are evidenced, corresponding to contract number OC-906201, "Pedestals for Machines, Plant Layout Distribution Classification," whose construction permits were validated and signed by the Municipality of Pococí (report of the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided).\n7) To date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site in dispute generating polluting actions, as there are no processes (report of the representative of the Ministry of Health).\nIII.- Regarding the previous amparo appeal.
This Chamber, in the amparo appeal 19-012364-0007-CO, heard a claim similar to the one raised here. The purpose of that matter was the following:\n“I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant files an amparo appeal and states that he is a resident of the Jiménez district, in the Pococí canton, Limón. He indicates that under file No. [Valor 004] the environmental assessment of the project called \"Industrial Metal Recycling Plant\" is being processed. He adds that this project is actually for battery recycling, as a lead-acid battery smelting plant, on a piece of land adjacent to the Jiménez River. He points out that the cited project will generate waste classified as hazardous, which endangers the environment and the health of the local residents, given that the land in question is surrounded by residential houses and an educational center and is a residential area. He comments that in the Pococí canton there is no regulatory plan according to the provisions of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana).
He indicates that the Municipality of Pococí issued a land use certificate for the cited project, in which it was stated that it is a conditional use subject to approval by the Ministry of Health. He adds that he filed a complaint before the Ministry of Health for possible environmental contamination due to the installation of a battery smelting plant. He adds that the complaint was forwarded to the Huetar Norte Regional Directorate for its knowledge and resolution, likewise, the municipality referred the case to the Regional Directorate noting that the place where the project is intended to be located is 600 meters from the sports plaza of Jiménez de Pococí. He affirms that even though the industrial activity subject to discussion in this appeal has not started, the applications for granting permits are already being processed. This, despite the fact that the Pococí Health Rectorate Area clarified that it has not received any application for processing the approval of location (visto bueno de ubicación) for said project.
He indicates that by resolution No. 1117-2019-SETENA issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) based on the technical report issued in file No. DEA-0622-2019, the environmental viability of the project was rejected. However, the Ministry of Health resolved that for the validation of land use for the battery recycling plant in the Jiménez district, the approval of that ministry is not required and that its intervention will be limited, in a second instance, when the sanitary operating permit is requested. By resolution No. 1614-2019-SETENA, the appealed secretariat revoked resolution No. 1117-2019-SETENA and ordered the continuation of the environmental assessment process for the project. He maintains that given the change of criteria of the Ministry of Health, SETENA also modified its resolution, without having a criterion on the location of the proposed site and the possible implications for the environment, which is contrary to the precautionary principle for the protection of a healthy and ecologically balanced environment.
He affirms that it is improper for the Ministry of Health and SETENA not to take anticipatory measures to verify the possible existence or non-existence of damage to the environment and that public health is put at risk. He considers that the foregoing violates his fundamental rights.”\n \nThrough judgment No. 2019-020625, of 9:30 a.m. on October 29, 2019, it was dismissed based on the following considerations:\n“VI.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any violation of the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the representatives of the appealed authorities – which is considered given under oath with the consequences, including criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, indeed, in administrative file No. [Valor 002], the Environmental Assessment Form (D1), the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromiso Ambientales, DJCA), and the analysis of the Environmental Impact Assessment of the project: Industrial Metal Recycling Plant, were processed in the name of the company IMIM Recycling S.R.L., with legal ID 3-102-734701, represented by Jorge Durán Rodríguez.
It is recorded that on January 10, 2018, the indicated file entered SETENA and through official letter SETENADT-DEA-0362-2018 of March 8, 2018 (folio 188), the developer was informed that a field inspection would be carried out. On March 24, 2018, the SETENA authorities conducted the field inspection. Through official letter SETENASG-DEA-0190-2018 of May 4, 2018, additional information was requested from the developer. On October 19, 2018, an opposition complaint was filed (folios 227-229) by Mrs. María Nazaret Vargas Brenes, identification number 1-1453-0520, referring to the Land Use Certificate DPCC-0234-2017 granted by the Municipality of Pococí. Among several arguments presented by the opponent, she sets forth the provisions of Articles 18 and 20 of the Industrial Hygiene Regulation (Reglamento de Higiene Industrial) of the Ministry of Health. Through official letter SETENA-SG-2411-2018 of November 26, 2018, a criterion was requested from the Pococí Health Area regarding the Industrial Use Hygiene Regulation of the Ministry of Health.
Consequently, through report HC-URS-0131-2019 of February 13, 2019, signed by Eng. Yarithna Tylor Sagot, an official of the Health Regulation Process of the Health Rectorate Unit of the Huetar Caribe Health Regional Directorate, she indicated that the land use does not comply with the current regulations and is defined as a NEGATIVE Approval (Visto Bueno) by that Rectorate entity. However, through official letter DR-HC-0656-2019 of April 1, 2019, Dr. Alexander Salas López, Director of the Huetar Caribe Health Rectorate Regional Directorate, indicates that the cited plant does not require an approval of location from this Ministry for the validation of land use and that the intervention of this Ministry will take place at the time the Sanitary Operating Permit is processed. Through resolution No. 1117-2019-SETENA, notified on April 22, 2019, the National Environmental Technical Secretariat resolved to reject the application for an Environmental Viability License, and ordered the archiving of the file.
On April 24, 2019, under consecutive No. 3226-AJ, a motion for revocation and subsidiary appeal entered the National Environmental Technical Secretariat against resolution No. 1117-2019-SETENA of April 5, 2019. Subsequently, on May 29, 2019, through resolution No. 1614-2019-SETENA notified on June 5, 2019, it resolves to declare the motion for revocation against resolution No. 1117-2019-SETENA admissible, ordering the continuation of the Environmental Assessment of the project, since what was resolved by the Ministry of Health was corrected and the negative approval was annulled. Finally, on June 20, 2019, through resolution No. 1923-2019-SETENA notified on June 27, 2019, the Environmental Viability license was granted for five years for the start of works for the project: “INDUSTRIAL METAL RECYCLING PLANT” for having correctly completed the Environmental Assessment procedure for the project in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), and the technical standards established in Executive Decree No. 31849, Articles 3, subsection 23, 81, Decree 32712-MINAE Article 5, and Article 20 of Law 7554.
From the factual basis accredited for the purposes of resolving the present amparo appeal, it is not possible to accredit what was alleged by the appellant. In that sense, it is found that, indeed, a project for the construction of an Industrial Metal Recycling Plant is being processed at the location indicated by the appellant. For the above, the corresponding permits have been processed before the defendant entities. Currently, the project has Environmental Viability, which was granted through resolution No. 1923-2019-SETENA. In that resolution, the technical environmental aspects regarding the project's risk were assessed, as well as the property's adjacency to the Jiménez River; with these aspects analyzed by the technical authority, the conditions under which the license was granted for the requested project were indicated in accordance with the regulations in force for such purposes.
In conclusion, it is not possible to accredit what was alleged by the appellant regarding any of the claimed grievances and, on the contrary, it was verified that the defendant authorities have acted within the framework of their competencies and attributions, consequently, the present appeal must be dismissed, as indicated in the operative part of this resolution.” (Highlighting not in the original).\n \nIV.- On the specific case. In the present matter, the appellant, on behalf of several local residents, likewise objects to the construction of the project called “Metal recycling plant” (Planta recicladora de metales), located in Jiménez de Pococí, as he indicates it is a battery recycling plant where lead is handled without considering the adverse effects on human health and the environment. He affirms that, among other situations, the property where the building is being carried out borders the Jiménez River and there are water wells for human consumption one kilometer from the site.
In this regard, reference is made to what was indicated in the aforementioned judgment, in the sense that the corresponding permits for this project have been processed before the defendant entities. Likewise, through resolution No. 1923-2019-SETENA, environmental viability was granted by SETENA. Also, regarding the Ministry of Health, there is no major variation to date, as it is reiterated that the validation of the municipal land use to carry out the activity was determined, granted through the municipal resolution "Land Use Certificate DPCC-0234-2017". The construction plans submitted by the developer with contract number OC-789974, "Bodegas Jiménez," were approved by the Ministry of Health, a fact verified on-site describing "an industrial building-type shed" of approximately 570 square meters. To which is added that to date, the construction works by the developer are ongoing, so for the purposes of the Ministry of Health, there is no industrial activity at the site generating polluting actions, as there are no processes.
However, it again warns that the developer must obtain the Sanitary Operating Permit, complying with the formalities and solemnities of law, to carry out the activity according to law. The differentiating element of the present appeal from the previous one is the reference made herein to the Water Directorate of MINAE, as it is noted that, in response to a complaint, during an inspection conducted at the site on November 13, 2019, the existence of a project in the full construction stage was verified, which stood on one of the bodies of water of the public domain decreed by that Directorate. It was located that a body of water was completely piped and crossed the property where the plant was being built, in a south-north direction. It is verified that two actions were taken regarding that situation: 1) It was brought to the attention of SETENA through official letter DA-0217-2020 of February 5, 2020. 2) A criminal complaint was filed before the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone through official letter AL-0070-2020 of February 10, 2020, which is known under judicial file [Valor 003] and is being processed.
Regarding SETENA's attention to this matter, it was accredited that through resolution No. 0723-2021 of May 12, 2021, the recitals conclude:\n“Pursuant to what has been seen in this Recital (Considerando), it is found that Mr. Jorge Durán Rodríguez, Developer of the project “Battery Recycling Plant”, administrative file [Valor 002], has submitted a response to what was requested through Resolution No. 090-2021-SETENA. He has submitted information where he commits to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the DA, has expressed his commitment to complying with environmental measures in accordance with current environmental legislation and, in turn, remains subject to whatever the Public Prosecutor's Office resolves regarding the protection zone of the stream. Consequently, the information requested by this Secretariat is deemed complied with, and therefore, the lifting of the precautionary measure of work stoppage can proceed.
Therefore, it is agreed: “FIRST: Based on the recitals of this resolution, the lifting of the Precautionary Measure of Work Stoppage, ordered in Resolution No. 0537-2020-SETENA, is ordered, this having complied with what was requested by this Secretariat in the THEREFORES FIRST AND SECOND of Resolution No. 090-2021-SETENA. SECOND: Notify the Ministry of Health and the Municipality of Pococí of the facts evidenced, so that they may proceed as corresponds according to their competencies. THIRD: Notify the Water Directorate-MINAE of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project. FOURTH: Notify the Tortuguero Conservation Area (AcTo) of SINAC of what was resolved by this Secretariat, urging them to maintain a direct communication channel between both agencies and to inform SETENA of any change for the area of the reference project.
FIFTH: Warn the Environmental Manager that Article 79 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, of June 28, 2004, establishes that: “(…) The environmental manager must issue the necessary environmental recommendations, according to the diverse situations that arise in any of the stages of the execution of the activity, work, or project.” SIXTH: Prevent the “Developer” and the “Environmental Regent” from complying with the provisions of articles 33 and 34 of the Forestry Law No. 7575 and also proceed as established in Executive Decree No. 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2019, as applicable. SEVENTH: False information or non-compliance with this mandate will expose the “Project Developer” and the “Project Environmental Regent” to a technical and legal investigation process”.\n \n In view of this factual picture, as with the previous amparo appeal, it is considered that in this matter fundamental rights have not been infringed upon to the detriment of the amparo petitioners, since it was demonstrated that the defendant authorities have acted within the framework of their competencies and attributions.
Meanwhile, regarding what was reported by the Water Directorate, it is inferred that SETENA already made the decision it deemed appropriate. So much so that the project developer committed to maintaining the setback from the protection zone of the stream declared by the Water Directorate, whose oversight is pending by that Secretariat. As for the criminal case, as indicated, it is being processed before the Public Prosecutor's Office. Finally, according to what was reported by the Ministry of Health, it is not possible to determine any polluting activity, as the project is in the construction stage. Consequently, it is considered that the claim presented by the appellant is not admissible.\nV.- Conclusion. By reason of what was previously stated, the amparo under study shall be dismissed in all its aspects, as so ordered.\nVI.- DIFFERING REASONS OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND LARA GAMBOA.
Judges Salazar Alvarado and Lara Gamboa declare the appeal without merit based on the following considerations, in whose drafting the former, at the time, accompanied Judge Jinesta Lobo.\n1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the Political Constitution of 1949, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in the 2nd paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, that which “Every person” has to enjoy “a healthy and ecologically balanced environment”. This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was widely developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing regulations in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Political Constitution.
After the partial amendment of that provision, a dense, broad, and detailed infra-constitutional regulatory framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that paragraph 3 provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional regulatory fabric, which translates into various laws, regulations, and executive decrees addressing substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in paragraph 3 of Article 50 of the Constitution.
Within this block or parameter of legality, created to develop this article, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Capítulo IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning (ordenamiento territorial) and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (áreas silvestres protegidas) (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Chapter XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI).
Also prominent in this dense and vast legislative fabric are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments, the Plant Health Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998; and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010, among others. On the other hand, even before the partial amendment of Article 50 of the Political Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain environmental aspects, such as the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its amendments, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994.
The regulatory framework, at the infra-legal level, is even more nourished with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that meticulously regulates all aspects of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) responsible for hearing and resolving complaints regarding threats of infraction or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damages or harm to these.
VII.Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Files before the Judiciary”, approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is declared without merit. Judges Salazar Alvarado and Lara Gamboa give different reasons.- Fernando Castillo V. President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Fernando Enrique Lara G.
*E47THWYNRWC061* FILE No. 21-020462-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:09:29.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210204620007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidos de febrero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por [...], contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:32 horas del 13 de octubre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pococí, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y expresa que son vecinos de Jiménez de Pococí, lugar que cuenta con 10.501 habitantes. Dice que desde el año 2019, se les ha dicho que una compañía pretendía instalar una planta de baterías en la zona. No obstante, arguye que la Municipalidad en una primera fase paralizó la construcción.
Pero para ello, en esa fase inicial, el 29 de octubre de 2019, los vecinos de la zona se apersonaron al ente municipal, junto con un químico industrial, a fin de demostrar que el plomo que contienen las baterías puede ocasionar enfermedades como deficiencia de aprendizaje, convulsiones, vómito, insuficiencia renal, estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensión, pérdida de la visión y de la memoria, intoxicación de los órganos reproductivos, depresión, ansiedad, caída de cabello y hasta la muerte. Se suma a ello, los daños que se provocan al medioambiente. Pese a lo anterior, en el mes de julio de 2021, se percataron de que las obras se reanudaron y, luego de investigar, vieron que se procedería a la construcción de la fábrica de baterías y, el proyecto se llamaría “Planta Industrial Recicladora de Metales”. Entiende que los permisos se otorgaron para reciclar materiales, no baterías.
Detalla que las plantas de reciclaje de baterías generan todo tipo de daño ambiental y un potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, suelo, del aire e, incluso, de los propios trabajadores de la planta. Aunado a lo anterior, la propiedad donde se está llevando a cabo la edificación, colinda con el Río Jiménez, además que, a un kilómetro del sitio hay pozos para consumo humano. A raíz de ello, los vecinos fueron a la Municipalidad y se dieron cuenta que el uso de suelo se otorgó en forma conjunta con el Ministerio de Salud, pues, en esa zona no hay plan regulador ni de zonificación aprobado. Esgrime que el 13 de febrero de 2019, la Dirección Regional de Rectoría de la Región Salud Huetar Caribe, mediante oficio HC-URS-0131-2019, no otorgó el uso de suelo porque consideró que el lugar donde se pretendía instalar la planta de baterías, no estaba en una zona industrial. Ese rechazo fue reiterado por la por la Dirección Regional de Rectoría de la Región Salud Huetar Caribe.
Incluso, dice que SETENA rechazó la viabilidad ambiental y ordenó que el expediente se archivara. Acusa que lastimosamente, el Ministerio de Salud después cambió de criterio y la SETENA otorgó la viabilidad ambiental. Pero el 14 de noviembre del 2019, los vecinos de la comunidad de Pococí se reunieron para analizar el expediente del Proyecto de la Planta Recicladora de Baterías, pidiendo el criterio técnico de un químico industrial, quien emitió un informe, en el cual se evidencian las implicaciones ambientales que podría generar un proyecto como el cuestionado. En ese momento, se firmó un acta donde pidieron que se detuviera el proyecto, ante lo que, el Concejo Municipal en la sesión 83 de 12 de noviembre de 2019, acordó rechazar la instalación de esa planta en todo el cantón de Pococí y, el tema se trasladó a la Alcaldía para que se detuvieran los procedimientos. De forma paralela, el 11 de noviembre de 2019, el SINAC atendió una denuncia ingresada por el sistema SITADAS 17858 – 2019, en la que se dijo que se estaba efectuando una construcción sobre un cuerpo de agua que afectaba la zona de protección.
Como parte de la investigación, el SINAC realizó 2 inspecciones al lugar junto con la Dirección de Aguas del MINAE. En esa visita, ubicaron 2 posibles nacientes que abastecen una quebrada que se encuentra entubada, determinándose por oficio ACTO-ORFVS-094-2019, que ese era un cuerpo de agua de dominio público con flujo de carácter permanente. Además, por medio del memorial ACTO- DIR-CP-DEN-017-2020 de 20 de enero de 2020, se estableció claramente que en la zona donde se pretende construir la planta recicladora, hay infraestructura sobre la quebrada entubada y “El SINAC también señala que revisó el expediente de SETENA y que no se mencionó en el mismo la presencia del cuerpo de agua, cabe mencionar que se realizaron las gestiones pertinentes por parte de le Dirección de Aguas solicitando sus respectivas indagaciones”. Por ello, en la sesión ordinaria No.025-2020 SETENA de 25 de marzo de 2020, se ordenó a la empresa desarrolladora de la obra mantener el cumplimiento de compromisos ambientales y se ordenó medida cautelar de paralización inmediata del proyecto.
El 22 de junio de 2020, el vecino Wesley Orlando Araya Arias, planteó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, buscando tutela de sus derechos y de los vecinos de la zona, pues, la planta generaría consecuencias irreparables al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Lastimosamente, el Tribunal Ambiental Administrativo rechazó la denuncia presentada. Pese a todo lo esgrimido, la construcción reinició, lo que mantiene a los vecinos de la zona sumamente preocupados. Con base en lo detallado, estima que con las actuaciones accionadas, se están lesionando derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 10:28 horas del 19 de octubre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al alcalde y el presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí, el director regional de Rectoría de la Región de Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud; así como, el secretario Técnico Nacional Ambiental, el director de Aguas y el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, todos del MINAE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua del MINAE (escrito presentado a las 19:04 horas del 26 de octubre de 2021), que tal y como se indica en el oficio DA-UHCAROG- 0736-2021, del 25 de octubre de 2021, suscrito por el Ing. Gilberth Molina, Coordinador de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua, la intervención de la Dirección en este caso, se dio con la atención de la denuncia que ingresó por medio del sistema de SITADA, la cual se atendió en forma conjunta y coordinada con el SINAC, oficinas del Área de Conservación Tortuguero.
Para ello se realizó inspección al sitio el 13 de noviembre del 2019. Como resultado de la inspección se emitió el oficio DA-UHCAROG-0754-2019 del 15 de noviembre del 2019, “en el que se dictaminan un total de 4 cuerpos de agua, 2 quebradas y dos nacientes, todos cuerpos de agua del dominio público.” Señalan los informes citados, que en el sitio se verificó la existencia de un proyecto en plena etapa constructiva, el cual contaba con viabilidad ambiental de SETENA otorgada mediante resolución N°1923-2019-SETENA, para un proyecto denominado: Planta de Reciclaje de Baterías, el cual se erguía sobre uno de los cuerpos de agua del dominio público dictaminados por la Dirección de Agua. Téngase a esos efectos a la vista el oficio DA-UHCAROG-0753-2019. La tapia que se observa pertenece al proyecto que se está desarrollando lo que evidencia la clara violación al área de protección de la quebrada e incluso en el mismo informe se le informa a SETENA que la nave principal de la estructura se levanta sobre el cuerpo de agua entubado.
Por otra parte, se localizó que el cuerpo de agua, se encontraba totalmente entubado y atravesaba la propiedad donde se estaba construyendo la planta, con dirección de sur-norte. Situación que se pone en conocimiento de SETENA mediante oficio DA-0217-2020 de 5 de febrero de 2020. En el punto anterior, es necesario llamar la atención de la Sala, que en cuanto a los hallazgos encontrados por los funcionarios de la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua, se pusieron de manera oportuna en conocimiento de la SETENA, en tanto, al momento de las inspecciones, el proyecto de encontraba en la etapa de desarrollo constructivo. Entienden que, abierto el proceso de control y seguimiento a través del Regente Ambiental nombrado ante la SETENA, conforme la viabilidad ambiental aprobada y vigente, le corresponde verificar si la empresa a través del gestor ambiental lo reportaba, para así, luego plantearse si actuaba de manera correctiva o se procedía como en derecho correspondía.
De ahí que, procesalmente, se consideró necesario informar a la SETENA, donde el desarrollador a través de su Regente Ambiental, debió alertar sobre estas condiciones anómalas y atendidas adecuadamente por el desarrollador. Teniéndose verificado que las obras que se estaban construyendo correspondían a obras ilegales en cauces de dominio público, por cuanto no contaban con permisos emitidos por esta Dirección, se presentó denuncia penal ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica mediante oficio AL-0070-2020 del 10 de febrero del 2020. Esta denuncia se encuentra tramitada bajo el expediente judicial [Valor 003], el cual se encuentra en trámite ante el Sede Judicial de Pococí. Posterior a la denuncia que se presentó en SITADA, antes citada, ingresa una nueva denuncia la cual es presentada por el propietario del proyecto, quien indica que toda la comunidad de Jiménez está construida sobre la quebrada entubada, denuncia que corresponde al ID- 23380-2020, la cual es atendida por la Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Agua y conforme la verificación en campo, se realiza ampliación a la denuncia penal citada supra, mediante el oficio UHCAROG-0676-2021 del 1°de octubre del 2021.
Es importante, tener claro, que efectivamente el problema que existe en el sitio, es el entubamiento de la quebrada y la existencia de algunas construcciones sobre ella. Situación que tal y como se comprueba fue denunciado en su momento, en la vía penal, ampliando la ya interpuesta en la vía judicial. Como queda evidenciado la Dirección de Agua, ha actuado conforme sus competencias, denunciando las obras ilegales encontradas en sitio y comunicándolo a las entidades correspondientes, encargadas tanto de los permisos de construcción como de la parte ambiental del proyecto y la vía judicial. Solicita declarar sin lugar el recurso. 4.- Informa bajo juramento Alexandra González Arguedas, en su condición de Secretaria del Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE (escrito presentado a las 15:01 horas del 27 de octubre de 2021), que el día 22 de junio del año 2020 se recibe en el Tribunal Ambiental Administrativo un escrito del señor Wesley Orlando Araya Arias, mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cedula jurídica 3-102-734701, en la cual se indica en la petitoria "1.
Se declare con lugar la presente denuncia. 2. Se anulen los actos administrativos emitidos por la SETENA a través de los cuales se realiza la evaluación de impacto ambiental para la planta de metales cuando en realidad se está ante la planta de baterias, toda vez que existe un impacto ambiental alto y no medio como por error se ha considerado. 3. En virtud de lo anterior se solicita respetuosamente se ordene a la SETENA a realizar los estudios de impacto ambiental para determinar la procedencia o no de la viabilidad ambiental, de conformidad con la normativa, lo que implica entonces que los estudios deberán realizarse para el Proyecto Planta Recicladora de Baterías. 4. Que se impongan las sanciones correspondientes según nuestro marco normativo". El 18 de junio del año 2020 se recibe escrito del señor Reinaldo Francisco Arguedas Solano, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Jiménez de Pococí-Limón, mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de las empresas denominadas ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A. cédula jurídica 3-101-598138 y IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701. solicitando lo siguiente "1.Que se suspenden los efectos de los actos emitidos y que han autorizados el inicio de la construcción de la planta de reciclaje de cita. 2.
Que se ordene la elaboración de un estudio de impacto ambiental que determine que dicho proyecto no cause daños a la salud y daños al ambiente. 3. Que se determine si a la fecha con el accionar de ios acá denunciados se han causado daños a la zona de protección del cuerpo de agua que discurre por Ia propiedad y que fue entubada por los acá denunciados para realizar las construcciones. 4. Que se acoja la solicitud de medida cautelar. 5. Que se les impongan las sanciones que correspondan según nuestro marco normativo”. Mediante resolución No. 2781-2020-TAA de las 15:00 horas del 09 de octubre del año 2020, se acuerda lo siguiente “Por lo anterior indicado, este Tribunal resuelve RECHAZAR POR INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el Sr. Wesley Orlando Araya Arias cédula de identidad número 3-0448-0563 en contra de IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701 y la denuncia interpuesta por el Sr Reinaldo Francisco Arguedas Solano cédula de identidad número 2-0526-0495 en su condición de Apoderado General de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JIMENEZ DE POCOCI LIMON en contra de las empresas denominadas ASTEROIDES DE ORO EN EL CIELO MEDITERRANEO S.A. cédula jurídica 3-101-598138, en calidad de propietaria registral y arrendante de la finca del partido de Limón Folio Real No. 59899-000 Plano Catastrado L-1581937-2012, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Sr. [Nombre 001], portador de la cédula de identidad No. [Valor 001] y en contra de IMIM RECYCLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-734701, en su condición de arrendataria de la finca antes mencionada y representada por el señor Jorge Durán Rodríguez cédula de identidad No. 1-1050-0127".
La resolución No. 2781-2020-TAA de las quince horas del 09 de octubre del año 2020 fue notificada a los denunciantes a los medios señalados para oír notificaciones el 17 de noviembre del año 2020, tal y como consta en las actas de notificación visible a los folios 367 y 368 del expediente administrativo, y no existiendo al interposición de recurso alguno se procedió a emitir la resolución No. 3309-2020-TAA de las diez horas con diez minutos del día diez de diciembre del año 2020 mediante la cual se archivó definitivamente la denuncia y se les notifica a las partes el día 23 de diciembre del año 2020, tal y como consta en las cédula de notificación visibles a los folios 374 y 375 del expediente administrativo. Solicita declarar sin lugar el recurso. 5.- Informan bajo juramento Manuel Hernández Rivera y Juan Luis Gómez Gómez, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipal de Pococí (escrito presentado a las 15:22 horas del 28 de octubre de 2021), que desde el año 2019, el Departamento de Planificación Urbana Control Constructivo, le indicó a la empresa Asteroides de Oro en el Cielo Mediterráneo S.A., cuando solicitó el Certificado de Uso de Suelo que para hacer el retiro frontal y posterior, deberá solicitar alineamiento ante el MOPT y el INVU, además de los seis metros hacia todos los linderos de la construcción.
Como observación se le indicó que "Deberá cumplir con las normas del Colegio Federado de Ingenieros. El presente Uso -de Suelo- se entrega como condicionado debido a que la zona donde se pretende ubicar el proyecto se encuentra FUERA DEL PLAN REGULADOR, por lo que corresponderá al Ministerio de Salud, en ausencia de un plan de zonificación, resolver si el sitio donde se va a ubicar es conforme o permitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento sobre Higiene Industrial N°44492. Deberá contar con la viabilidad ambiental aprobado por la SETENA". El Departamento de Topografía Municipal, señaló que el 20 de julio de 2019, el plano catastrado que citan fue visado, siendo que cumplía con los requisitos legales pero ello. El Departamento de Gestión Ambiental informa que tal como lo señalan los recurrentes, la empresa cuenta con los permisos de SETENA y que la conformidad o no del sitio donde se ubicó la Planta Industrial Recicladora de Metales, corresponde otorgarla al Ministerio de Salud, no a ese municipio.
Se debe tomar en cuenta lo resuelto en la sentencia No. 2019-020625, de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, en el expediente No. 19-012364-0007-CO, donde se resolvió este mismo caso. Ese gobierno local no tiene justificación legal ni técnica para denegar la referida actividad comercial o industrial en esa zona, pues la empresa desarrolladora de este proyecto ha venido cumpliendo con el bloque de legalidad que regulo esta materia. Solicitan declarar sin lugar el recurso. 6.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA (escrito presentado a las 14:49 horas del 10 de noviembre de 2021) que, de acuerdo a lo analizado en el presente recurso de amparo, no se identifican por parte de esta Secretaría alegatos en contra de sus actuaciones ni del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para el caso de referencia, el cual corresponde al expediente administrativo [Valor 002], para el proyecto denominado “Planta Industrial Recicladora de Metales”, salvo que en algunas ocasiones se menciona a SETENA como parte de la narrativa.
De acuerdo con lo expuesto y en relación con las competencias de cada Institución, esta Secretaría ha cumplido con los procesos de evaluación ambiental antes del otorgamiento de la Viabilidad Ambiental, la cual no constituye un permiso final, pues, para llevar a cabo el proyecto, el desarrollador deberá recurrir a otra clase de permisos, como lo son los Municipales o del Ministerio de Salud, por mencionar dos de ellos; la SETENA lo que evalúa es la proyección de una actividad, obra o proyecto, en relación con el impacto que éste pueda generar en el ambiente. De igual forma, es parte de las competencias de esta Secretaría, la fiscalización durante el desarrollo de la actividad, obra o proyecto en aras de la protección ambiental. En fecha 20 de junio de 2019, mediante resolución No. 1923-2019-SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto “Planta Industrial Recicladora de Metales ”, a nombre de la empresa IMIM RECYCLING S.R.L, con cédula jurídica 3-101-015635-23, representado por el señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula de identidad 1-1050-0127.
Mediante el consecutivo 836-2020 del 05 de febrero del 2020 y trasladado al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental en fecha 26 de febrero del 2020, ingresa el oficio DA-0217-2020 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, que hace traslado del informe UHCAROG-0753-2019, que se refiere a una potencial contaminación de un cuerpo de agua por el proyecto para el reciclaje de baterías y que aparentemente está en la etapa gestión ambiental de la Viabilidad (Licencia) Ambiental según Resolución No.1923-2019-SETENA. Mediante consecutivo 1186-2020 del 18 de febrero del 2020 y trasladado al Departamento de Auditoría y Seguimiento el 19 de febrero del 2020, ingresa el oficio DA-UHCAROG-0114-2020 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, que hace referencia a ampliación del oficio DA-0217-2020. Visible de folios 431 a 437. Además de lo anterior, indica lo siguiente: “ la Unidad Hidrogeológica del Caribe de la Dirección de Aguas y el Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC han presentado formalmente denuncia ante la fiscalía ambiental adjunta del segundo circuito judicial de la zona atlántica.” Mediante el consecutivo email-16-2020, del 20 de febrero del 2020 ingresa al Departamento de Auditoría y Seguimiento, el oficio ACTO-DIR-CP-DEN-017-2020 emitido por el Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, que hace referencia a la presentación de denuncia contra el proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías ”, visible de folios 438 a 474.
Además de lo anterior, que la relación de hechos en el punto CUARTO, se indica lo siguiente: “CUARTO: Sobre las construcciones en el inmueble: Sí hay infraestructura la cual está en período de construcción, encima de la quebrada, así como una casa de habitación que podría estar dentro del perímetro de área de protección, esta no se pudo medir ya que la quebrada se encuentra entubada y no se puede visualizar lo que podría ser el cauce de la misma”. El Ing. Alejandro González Barquero, funcionario de la Unidad de Inspecciones de esta Secretaría, realizó inspección de seguimiento al área del proyecto el día 27 de febrero del 2020, para dar seguimiento ambiental al proyecto en vista de los hechos evidenciados por SINAC y la Dirección de Aguas en sus respectivos informes. Según Acta de inspección (folio 475-478), se constatan las siguientes condiciones: 1. La estructura se ubica sobre entubamiento de cuerpo de agua. 2.
No cumple con el manejo de residuos sólidos en la propiedad; se observa residuos y chatarra en los alrededores del AP. 3. El proyecto no ha finalizado su fase constructiva, tiene techado no presenta paredes, se encuentra entre el 50% y 70% de avance de la etapa constructiva. 4. No está operando. 5. Se observó que la nave industrial se encuentra sobre entubamiento al norte, existe paso de agua con tubería para dar paso al norte de la propiedad. El 26 de marzo de 2020, la Comisión Plenaria emite la resolución No. 0537-2020-SETENA para plasmar el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No 025-2020 de 25 de marzo del 2020 en el artículo 18 (folios 486-492 del Tomo II) respecto al seguimiento y en parte estableció: “PRIMERO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002]. 1.
Mantener el cumplimiento de los Compromisos Ambientales. 2. Se dicta una medida cautelar de paralización inmediata del proyecto, con fundamento en lo indicado en los CONSIDERANDOS NOVENO Y DÉCIMO, hasta tanto esta Secretaría continúe el análisis y determine lo que legalmente corresponde para el proyecto de referencia. SEGUNDO: Notificar a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados para que se proceda según corresponda con sus competencias. TERCERO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. CUARTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia”.
En fecha 03 de abril de 2020, el señor Jorge Durán Rodríguez en condición de gerente de IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, presenta el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la Resolución No. 0537-2020-SETENA. Mediante Resolución Nº1105-2020-SETENA, del día 18 de junio del 2020, y notificada el 19 de junio del 2020, en su POR TANTO PRIMERO se resuelve DECLARAR SIN LUGAR recurso de revocatoria. Mediante Resolución R-192-2020-MINAE del día 10 de agosto del 2020 y notificada el 11 de agosto del 2020, en su POR TANTO PRIMERO se resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación, folio 582. El señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado ante esta Secretaría solicitud de levantamiento de medidas cautelares, acorde a los siguientes consecutivos: “C10082-2020, del 16 de noviembre del 2020.
Se Adjuntan los siguientes documentos: 1- Documento dirigido a la Comisión Plenaria con la solicitud de levantamiento de medidas cautelares. 2- Documento enviado a Dirección de Aguas y al SINAC. 3- Oficio Dirección de Aguas. 4- Oficio SINAC. (Los archivos aportados son copias simples) - C10211-2020, del 16 de noviembre del 2020 (25 de noviembre del 2020, se aporta documentación en físico y certificada). Adjuntan los siguientes documentos: 1- Documento dirigido a la Comisión Plenaria con la solicitud de levantamiento de medidas cautelares. 2- Documento enviado a Dirección de Aguas y al SINAC. 3- Oficio Dirección de Aguas. 4- Oficio SINAC. Mediante la resolución No. 090-2021 del 14 de enero del 2021 se acuerda: “PRIMERO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto y al Regente Ambiental señor Rodrigo Mora Goyenaga, cédula de identidad 105000312, subsanar de manera inmediata los incumplimientos evidenciados por esta Secretaría en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución y presentar en un plazo de 30 días hábiles, un informe de regencia extraordinario que detalle las acciones tomadas.
Igualmente, deberá cumplir con la presentación de los Informes de Regencia Ambiental, conforme a lo ordenado en la Resolución Nº 1923-2019-SETENA del día 20 de junio del 2019. SEGUNDO: Ordenar al señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto; presentar en un plazo de 30 días hábiles, la información solicitada por esta Secretaría en el CONSIDERANDO DÉCIMO anterior. TERCERO: El levantamiento de la Medida Cautelar de paralización de obras, ordenada en la Resolución N°0537-2020-SETENA, deberá ser solicitada una vez que se cumpla con lo solicitado por esta Secretaría en los POR TANTOS PRIMERO Y SEGUNDO anteriores. CUARTO: Notificar a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados para que se proceda según corresponda con sus competencias. QUINTO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia.
SEXTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo ) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia”. Mediante consecutivo 1986-2021, el señor Jorge Durán Rodríguez, con cédula física 1-1050-0127, como Representante Legal de la empresa IMIM Recycling S.R.L., con cédula jurídica 3-102-734701, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado respuesta a lo solicitado por esta Secretaría mediante Resolución Nº0090-2021-SETENA. Se detalla una serie de medidas a las cuales el Desarrollador se compromete a cumplir con el objetivo de salvaguardar la zona de protección del cauce declarado por la DA. Nuevas Medidas a Implementar: - Mantener el retiro de los 15 metros lineales, a cada lado de la quebrada entubada, que exige la Ley con respecto a las márgenes del cuerpo de agua. - Proceder al retiro de toda maquinaria, equipo manual, material de construcción, agregados y demás, del área que corresponde a la zona de protección. - Promover la regeneración natural de la vegetación de la zona de protección mediante la siembra de árboles nativos de la zona, que además aporte belleza natural al proyecto.
Inicialmente, se dará fuera del área techada, es decir a ambos lados de la obra ya levantada, mientras se conoce el pronunciamiento del juzgado. - Monitoreo mensual por parte de la regencia ambiental, del estricto cumplimiento de todo lo anterior y su respectiva documentación en la Bitácora Ambiental y registro fotográfico que será informado mediante los Informe de regencia ambiental. Prescindir del uso del área techada y reubicar las actividades pendientes en otras áreas sin restricción de uso”. Mediante Oficio DT-ASA-0443-2021, del 22 de marzo de 2021, se solicitó información adicional para resolver solicitud ingresada mediante consecutivo 1986-2021, para ello se otorgó un plazo de 15 días hábiles que vencen el 23 de abril de 2021. Por consecutivo 1986-2021, el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002] , ha presentado respuesta a lo solicitado mediante el Oficio DT-ASA-0443-2021 como complemento a lo ordenado por esta Secretaría mediante Resolución No. 0090-2021-SETENA.
Con base en lo solicitado por ustedes en el documento de marras, nos referiremos punto por punto al cumplimiento de este. 1.- Delimitación física de la zona de protección de la quebrada declarada por la Dirección de Aguas: Se adjunta documento pedido. 2.- Registro fotográfico que indique en la zona de protección, la no presencia de ningún tipo de chatarra, maquinaria o escombros en la zona de exclusión de ésta. Así como el Área de Protección (AP) debidamente delimitada por balizas. Se aporta lo requerido. 3.- Delimitar el AP vista en el croquis de Respuesta Consecutivo 1986-2021 en formato CRTM05. Se aporta estudio técnico respectivo elaborado por un Ingeniero Topógrafo y el archivo digital. 4.- Señalar indicadores de cumplimiento para la siembra de árboles nativos de la zona en el AP. Se realizará la reforestación posteriormente, hasta que las autoridades respectivas se pronuncien al respecto.
Actualmente en dicha zona no se puede plantar o sembrar nada, ya que el AP se encuentra cubierta por un planché de cemento. Se mantiene el compromiso de marras según sean las instrucciones oficiales giradas luego”. Mediante la resolución No. 0723-2021 del 12 de mayo del 2021, se da seguimiento a la resolución R-090-2021. La parte considerativa concluye: Conforme a lo visto en el presente Considerando se tiene que el señor Jorge Durán Rodríguez, Desarrollador del proyecto “Planta de Reciclaje de Baterías”, expediente administrativo [Valor 002], ha presentado respuesta a lo solicitado mediante la Resolución Nº090-2021-SETENA. Donde ha presentado información donde se compromete a mantener el retiro de la zona de protección de la quebrada declarada por la DA, ha expresado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente y a su vez queda anuente a lo que resuelva el Ministerio Público en torno a la zona de protección de la quebrada.
Por consiguiente, se tiene por cumplido con la información solicitada por esta Secretaría, por lo que se puede proceder al levantamiento de la medida cautelar de paralización de obras. Por tanto, se acuerda: “PRIMERO: Con base en la parte considerativa de la presente resolución se procede a ordenar el levantamiento de la Medida Cautelar de Paralización de obras, ordenada en la Resolución N°0537-2020-SETENA, esto al haber cumplido con lo solicitado por esta Secretaría en los POR TANTOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución Nº090-2021-SETENA. SEGUNDO: Notificar al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Pococí de los hechos evidenciados, para que se proceda según corresponda con sus competencias. TERCERO: Notificar a la Dirección de Aguas-MINAE, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia.
CUARTO: Notificar al Área de Conservación Tortuguero (AcTo) del SINAC, de lo resuelto por esta Secretaría, instando a mantener un canal de comunicación directo entre ambas dependencias e informar a la SETENA de cualquier cambio para el área del proyecto de referencia. QUINTO: Advertir al Responsable Ambiental que en el Artículo 79 del Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, se establece que: “El responsable ambiental deberá emitir las recomendaciones ambientales necesarias, conforme las situaciones diversas que se vayan presentando en cualquiera de las etapas de la ejecución de la actividad, obra o proyecto.” SEXTO: Prevenir al “Desarrollador” y al “Regente Ambiental” cumplir con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575 y además proceder según se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 25 de junio del 2019, según corresponda.
SÉTIMO: Información falsa o incumplimiento de este mandato expondrá al “Desarrollador del Proyecto” y al “Regente Ambiental del Proyecto” a un proceso de investigación técnica y legal ”. Durante la evaluación ambiental se contemplaron debidamente todos los aspectos relacionados con la ingeniería química, pues se consideró el diagrama de flujo, descripción del proceso, la identificación de impactos y medidas ambientales para todos los aspectos relacionados con contaminación como efluentes gaseosos, desechos sólidos especiales, con el refrendo del CIQPA, siendo necesario también la participación de un profesional en ingeniería química en la regencia del proyecto. Por tanto, esta Secretaría ha actuado conforme a la legislación vigente, y ha brindado el respectivo seguimiento ambiental al proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales, expediente [Valor 002], en apego a sus competencias. Además, el desarrollador ha indicado su compromiso por cumplir las medidas ambientales en apego a la legislación ambiental vigente.
Solicita declarar sin lugar el recurso. 7.- Informa bajo juramento Alexander Salas López, en su condición de Director Regional de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 20:33 horas del 15 de noviembre de 2021), que la actividad industrial para los efectos de su representada se denomina “Depósito de baterías”, sita distrito Jiménez, cantón Pococí. Sus actuaciones se ven circunscritas a determinar la validación del uso de suelo municipal para ejercer la actividad, otorgado mediante la resolución municipal “Certificado de Uso de suelo DPCC-0234-2017”. Además de lo anterior en seguimiento al caso, se presentaron los planos constructivos por el desarrollador ante la APC, con número de contrato OC-789974, “Bodegas Jiménez”, siendo aprobados debidamente por ese Ministerio, hecho que se constata en el sitio describiendo “un galerón tipo nave industrial ”, de aproximadamente 570 metros cuadrados.
(Véase informe técnico MS-DRRSHCURS-IT-0024-2020). En el sitio se evidencia otras obras anexas constructivas a la nave industrial, correspondientes al número de contrato OC-906201, “ Pedestales para Máquinas, clasificación Distribuciones de Planta”, las cuales dichos permisos de construcción fueron validados y firmados por la Municipalidad de Pococí, sin necesidad de que fueran presentados a la plataforma APC. (Véase informe de Seguimiento MS-DRRSHC-URS-0052-2021). Dicho proyecto cuenta con la Viabilidad Ambiental, emitida por la SETENA, bajo resolución No. 723-2021 SETENA; “ Proyecto Planta Industrial Recicladora de Metales”. A la fecha se mantienen las obras constructivas por parte del desarrollador, por lo que, para los efectos del Ministerio de Salud, no existe en el sitio en litigio, actividad industrial que genere acciones contaminantes, pues no existen procesos. De lo enunciado en la normativa debe necesariamente el desarrollador obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento cumpliendo con los formalismos y solemnidades de ley, para ejercer la actividad conforme a derecho corresponde; caso que no es el que nos ocupa al momento, pues no hay actividad comercial.
Solicita declarar sin lugar el recurso. 8.- Mediante escrito presentado a las 08:56 horas del 24 de noviembre de 2021, el Magistrado Paul Rueda Leal presentó solicitud de inhibitoria para conocer este asunto. 9.- Por resolución de las 13:19 horas del 26 de noviembre de 2021, la Presidencia de la Sala dispuso tener por separado del conocimiento de este amparo al magistrado Paul Rueda Leal. Además que se comunicara lo pertinente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se proceda a su sustitución, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 10.- Mediante escrito presentado a las 08:42 horas del 03 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que se designó al Magistrado José Paulino Hernández Gutiérrez en sustitución del Magistrado Paul Rueda Leal. 11.- Mediante escrito presentado a las 13:55 horas del 05 de enero de 2022, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que debido a que concluyó el periodo constitucional de nombramiento como magistrado suplente a José Paulino Hernández Gutiérrez, se designó a Fernando Enrique Lara Gamboa en sustitución del Magistrado Paul Rueda Leal. 12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la construcción del proyecto denominado “ Planta recicladora de metales” en Jiménez de Pococí, impulsado por la compañía IMIM Recycling Sociedad de Responsabilidad Limitada, es una planta recicladora de baterías en donde se maneja el plomo sin considerar los efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente, pues, entre otras situaciones, la propiedad donde se está llevando a cabo la edificación colinda con el Río Jiménez y a un kilómetro del sitio hay pozos de agua para consumo humano. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Fernando Enrique Lara G.
*E47THWYNRWC061*
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