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Res. 03950-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/02/2022
OutcomeResultado
The Municipality of Curridabat and the MOPT are ordered to prepare, within six months, a joint action plan to solve the María Aguilar River flooding, with 36 months for implementation; costs and damages are awarded.Se ordena a la Municipalidad de Curridabat y al MOPT elaborar en seis meses un plan de acción conjunto para solucionar el desbordamiento del río María Aguilar, con 36 meses para implementarlo, y se condena al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action by the Condominio Mallorca representative in Curridabat regarding constant flooding from the María Aguilar River overflow, especially at the National Route 02 bridge and the Cipreses access bridge. The claimants accuse the Municipality of Curridabat of insufficient corrective actions and lack of prevention, and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) of ignoring municipal requests. The Chamber finds the Municipality has undertaken cleaning, meteorological station installations, and a new bridge project approved by SETENA. However, the problem persists after years without an effective joint action plan. Claims against the Health Authority (no concrete petition) and failure to comply with CNE/CGR recommendations (not reviewable via amparo) are dismissed. The Chamber reaffirms the municipality's duty to ensure a healthy environment and coordinate with national entities. The amparo is partially granted: the Municipality and MOPT must prepare, within six months, a joint action plan to solve the flooding, with 36 months for implementation. Costs and damages are imposed on the State and Municipality. Justice Garro dissents on enforcement, referring it to the Administrative Court.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por la representante del Condominio Mallorca en Curridabat, debido a las constantes inundaciones por el desbordamiento del río María Aguilar, especialmente en el puente de la ruta nacional 02 y el puente hacia Cipreses. Se acusa a la Municipalidad de Curridabat de acciones correctivas insuficientes y falta de prevención, y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de desatención a las solicitudes municipales. La Sala constata que la Municipalidad ha realizado labores de limpieza, instalación de estaciones meteorológicas y un proyecto de nuevo puente aprobado por SETENA. No obstante, el problema persiste tras años sin un plan de acción conjunto efectivo. Se desestiman los reclamos contra el Área Rectora de Salud (falta de pretensión concreta) e incumplimiento de recomendaciones de CNE/CGR (no son fiscalizables en amparo). La Sala recuerda la obligación municipal de velar por un ambiente sano y coordinarse con entes nacionales. Declara parcialmente con lugar el recurso y ordena a la Municipalidad y al MOPT elaborar, en seis meses, un plan de acción conjunto para solucionar el desbordamiento, otorgando 36 meses para su implementación. Se condena al pago de costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro salva el voto sobre la ejecución, remitiéndola al Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
The Chamber also emphasizes the responsibility of the municipality, since its obligations extend beyond road effects and also include territorial planning, so that urban growth occurs within a healthy and ecologically balanced environment. This obligation includes planning, issuing permits, supervision of works, vigilance and conservation of locally protected areas (rivers and their margins) and coordination with other municipalities and state entities (Recital V). In the Chamber's view, the problem alleged by the petitioner falls within this duty to coordinate and watch over local and national interests. It emerges from the proven facts, especially those detailed in the preceding recital, that there has been some coordination with the MOPT to address the problem. However, it does not appear that an action plan was finalized, much less implemented. Facing this scenario, the Chamber must provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, issuing the relevant order. The Chamber recognizes that the magnitude of the problem makes an immediate solution impossible; hence the extended period granted, expressly reserving this Chamber's powers to ensure compliance (Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law). By virtue of the foregoing, this point is declared with merit in the terms set out in the operative part of this judgment.La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal obligación comprende la planificación, el otorgamiento de permisos, la fiscalización de obras, la vigilancia y conservación de zonas protegidas locales (ríos y sus márgenes) y la coordinación con otras municipalidad y entidades estatales (considerando V). En criterio de la Sala, el problema acusado por la recurrente se circunscribe en ese deber de coordinar y velar por los intereses locales y nacionales. Se extrae de los hechos probados, en especial lo que se detallaron en el considerando anterior, que ha habido cierta coordinación con el MOPT para abordar el problema. Sin embargo, no se observa que se concretara un plan de acción y, mucho menos, que él fuera implementado. Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente. La Sala reconoce que la magnitud del problema imposibilita que la solución sea inmediata; de ahí la amplitud del plazo otorgado, lo que se hace con reserva expresa de las potestades de esta Sala para velar por la ejecución de lo ordenado (artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo en los términos expuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"The Chamber also emphasizes the responsibility of the municipality, since its obligations extend beyond road effects and also include territorial planning, so that urban growth occurs within a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando IX
"La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando IX
"Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente."
"Facing this scenario, the Chamber must provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, issuing the relevant order."
Considerando IX
"Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente."
Considerando IX
"En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados... Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales... sí entro a conocer el fondo del asunto."
"As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification or demolition of any infrastructure work should be dismissed... However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights... I do proceed to hear the merits."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados... Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales... sí entro a conocer el fondo del asunto."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: February 18, 2022 at 09:30 Case File: 21-021282-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Judgment with Dissenting Vote Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Related Judgments Content of Interest: Strategic Themes: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
03950-22. MUNICIPALITY. THE MAYOR, THE DIRECTOR OF ROAD MANAGEMENT, AND THE PRESIDENT OF THE COUNCIL, ALL OF THE MUNICIPALITY OF CURRIDABAT, AND THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT ARE ORDERED, IN APPLICATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION, TO ISSUE THE NECESSARY ORDERS, WITHIN THEIR SPHERES OF COMPETENCE, SO THAT BOTH BODIES JOINTLY DRAFT AN ACTION PLAN TO RESOLVE THE PROBLEM OF OVERFLOW AND FLOODING OF THE RÍO MARÍA AGUILAR IN THE AREA THAT IS THE SUBJECT OF THIS PROCEEDING. THE RESPONDENTS ARE GRANTED A PERIOD OF SIX MONTHS.
“(…) Although this Chamber recognizes these efforts, it is no less true that the problem of overflow and flooding in the area persists. As early as 2018, this Chamber learned of the situation, as analyzed in the cited Judgment No. 2018-17706. Despite the passage of years, the case file does not contain a clear line that allows for the prediction that the problem will be resolved within a reasonable time. The main project is the new bridge on the route to Cipreses, mentioned above; however, no major work has been defined to be undertaken downstream, at the bridge on National Route 2 and the area of the petitioner's condominium. It is clear that this Chamber cannot make technical assessments and decide on a specific project or solution, not only because such aspects are beyond its competence, but also because there is disagreement between the parties or the technical reports. Thus, for example, dredging the river is sometimes recommended; at other times, it is indicated that this would be counterproductive and ineffective.
This Chamber also emphasizes the municipality's responsibility, as its obligations extend beyond road impacts and also encompass land-use planning (ordenamiento territorial), so that urban growth occurs within the framework of a healthy and ecologically balanced environment. Such an obligation includes planning, granting permits, supervising works, monitoring and conserving local protected areas (rivers and their banks), and coordinating with other municipalities and state entities (Considerando V). In this Chamber's opinion, the problem alleged by the petitioner falls within this duty to coordinate and to look after local and national interests. It is clear from the proven facts, especially those detailed in the preceding Considerando, that there has been some coordination with the MOPT to address the problem. However, it is not evident that an action plan was made concrete, much less that it was implemented.
Given this situation, it is incumbent upon this Chamber to provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, and to this end, to issue the pertinent order. This Chamber recognizes that the magnitude of the problem makes an immediate solution impossible; hence the breadth of the granted period, which is done with the express reservation of this Chamber's powers to ensure the execution of what has been ordered (Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). By virtue of the foregoing, this ground is declared with merit in the terms set forth in the operative part of this judgment. (…)” VCG03/2022 ... See more Related Judgments Content of Interest: Type of Content: Separate Note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
XI.Separate Note of Judge Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the Public Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements with greater latitude. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the protection of the life, public health, and physical integrity of the petitioners, the inhabitants of the Condominio Mallorca in Curridabat, is at stake, due to the flooding of their homes caused by the overflow of the Río María Aguilar, which causes the water current to drag all types of garbage and sewage (aguas negras), with evident damage also to property.
VCG03/2022 ... See more Content of Interest: Type of Content: Dissenting Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
XII.Partial dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Judge Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be declared with merit, I partially differ on where the enforcement phase of the matter should be placed, specifically regarding the actions stipulated to resolve the problem of overflow and flooding of the Río María Aguilar in the area that is the subject of this proceeding, because of the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the enforcement phase should take place before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.
VCG03/2022 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the eighteenth of February, two thousand twenty-two.
Amparo appeal processed in case file No. 21-021282-0007-CO, filed by ALEJANDRA ROJAS SALAZAR, identity card 0109520926, on behalf of CONDOMINIO MALLORCA, against the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT AND THE MINISTRY OF HEALTH.
Whereas:
Coordination with bodies such as CNE, MOPT, and CONAVI. They request that the appeal be dismissed.
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-02545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to review the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is presented, as it involves environmental matters. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the appeal. The appellant relates that the María Aguilar River overflowed on September 23, 2021, which affected the neighbors, including the Mallorca condominium. She affirms that the respondent municipality has not duly addressed this problem and has rather aggravated it by granting construction permits in the area. She accuses: 1.- The municipal studies on the problem were sent to the Curridabat Health Governing Area on October 22, 2019; however, she has not had a response; 2.- The municipality has not complied with recommendations from CNE and CGR (official letter DFOE-DL-IF-00012-2019) 3.- Sediments have accumulated in the riverbed, which decreases the river's capacity and causes the water to overflow; however, the municipality's work has been corrective, when it should be preventive; 4.- She claims non-compliance with judgment No. 2018-17706.
Regarding the MOPT, the plaintiff affirms that this body is in charge of maintaining the bridge over Route 2, where overflows occur due to sediment accumulation. She points out that the respondent municipality sent official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 to the minister of that portfolio; however, none were answered by the minister. She requests that the ministry present a remedial plan to intervene on said bridge.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
We do not omit to indicate that since 2003, we have made efforts for the Municipality of Curridabat to intervene, without having a satisfactory response to date that eliminates the imminent risks for the interested population. Sincerely, awaiting your response.” (See filing brief and submitted evidence).
We reiterate, once again our concern, regarding the experienced floods, pollution, stress, and traffic problems extensively expressed on different occasions. A situation that occurs every time it rains heavily and we have no certainty how much longer we will have to deal with this reality, in addition to contributing, as always, in whatever way is within our reach, with the previous proposal while broader technical and effective solutions are being developed. Being clear that the cleaning of the Río María Aguilar would be in accordance with what is indicated in Article 50 of our Constitución Política, and also with the very image of the canton you direct. We await your attentive response within the legally established deadlines.” (See filing brief and submitted evidence).
IV.Unproven Facts. The Chamber lacks elements to find it proven that the Área Rectora de Salud de Curridabat attended in any manner to the petitioner's written communication of October 22, 2019.
V.Case Law. Due to its importance for this case, the Chamber recalls its case law regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment and the obligations of municipal corporations on that subject. In judgment no. 2020-10630 of 9:15 a.m. on June 12, 2020:
“III.- ON THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Article 50 of the Constitution establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to procure \ "the greatest well-being for all the inhabitants of the country\". Thus, the \ "healthy and ecologically balanced environment\" forms part of the content of the greatest well-being of all inhabitants, being the cause, purpose, and also a condition and limit for the exercise of public powers and competencies, not only of the State, but also of the Municipalities. Like the right to property, the object upon which the right to the environment falls is external to the integrity of the human person (unlike, for example, the right to life), but also unlike the object of the right to property, the person forms part of the environment, integrates it; hence its protection entails the conservation of the essential context for human life; conduct with negative effects on it implies a danger to human existence itself and a reduction or loss of the \ "greatest well-being\" of all. Life depends on the environment; therefore, it must ensure that those conditions that guarantee life are maintained over time. In Judgment No. 601-2009, this Chamber provided the following:
\ "The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the modes of exploitation of natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and evolution favorable to the human being (..) what is important is to understand that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of \ "lesion\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself\".
Thus, it corresponds to public entities, among them the Municipalities, to ensure respect for a healthy and ecologically balanced environment in their respective territorial circumscription, as well as for the well-being of all the inhabitants of their respective canton, and within the framework of constitutional and legal competencies to act in favor of ensuring respect for this right for all residents, and to act -again within the framework of their competencies- to mitigate or correct actions that tend toward its violation.
Municipal competence and obligation of interinstitutional coordination. Article 169 of the Constitución Política provides that \ "The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)\". This norm has been developed by the ordinary legislator; in keeping with this, Article 3 of the Código Municipal, Ley N° 7794 of April 30, 1998, provides that: \ "The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government\". In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, the following was provided:
\ "VI.- ON THE ATTRIBUTIONS OF THE MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF \ "LOCAL\"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to \ "local\", that is, \ "the administration of the services and interests\" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (\ ") So that its powers are generic, insofar as there is no detailed enumeration of its specific duties, but rather a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of four twenty-five p.m. on October 8, 1997, in the following terms:
\ "(...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that not even the legislator could dictate regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Constitución Política; nor promulgate one that places its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority with respect to the rest of the country; nor one that affects the very essence of the local (government), so that the Corporation becomes a simple empty container of which only the nomination subsists, but deactivating the entire regime as conceived by the Asamblea Nacional Constituyente. In another vein, there will be duties that by their nature are municipal -local- and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible to dictate in advance the impassable limits of the local, but rather to unravel what corresponds or does not correspond to the communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)\".
From the foregoing, the fact stands out that, by the express will of our Carta Fundamental, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially\".
Consequently, if a group of residents, in their territorial circumscription, suffer floods with risk to their lives and serious patrimonial and psychological damages, quality of life, and general well-being, this falls within the concept of \ "local interests and services\" of article 169 of the Constitution, problems whose causes must be accurately identified and, even more so, the solutions, in order to implement them as quickly as possible; for which it corresponds to the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to \ "interests\" and duly provide \ "local services\". In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:
\ "(...) they refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Poder Ejecutivo, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of Article 170 of the Constitution, that the municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Constitución Política) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the matter that makes up the general purpose of \ "local interests and services\" and the \ "national\" or \ "state\" public interests and services, intrinsically different from one another, but which in reality are called to coexist (....). Having defined the material competence of the municipality in a specific territorial circumscription, it is clear that there will be duties that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; hence it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require it.
That is, the municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (Article 5 of the former Código Municipal, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \ "coordination\" between the municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called upon to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coinciding nature -in many cases- of interests around a concrete matter. In the doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own duties and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each one is common\".
So that coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which deals with that concurrence on the same object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on the latter is not possible, with which the indispensable interinstitutional \ "concert\", in the strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others\".
It should be noted, moreover, that the Municipalities are obliged, by imperative of Article 50 of the Constitución Política, to expend themselves in the protection of the environment (Judgment No. 2006-7994 of 8:57 a.m. on June 2, 2006).”
VI.Regarding the Área Rectora de Salud. The petitioner alleges that on October 22, 2019, she sent municipal studies on the problem that is the subject of this proceeding to the Área Rectora de Salud Curridabat; however, she has not received a response. After analyzing the case file, the Chamber found it proven that, indeed, the petitioner presented a document to that area rectora, where she indicated: “Attached please find the Technical Report of the Comisión Nacional de Emergencia (CNE) conducted on June 19, 2019, CNEUIAR-INF-0487-20 19, whose stated objectives are: (…) It is our interest that this document be of your knowledge, by virtue of the great concern regarding the points raised that have to do directly with the Environmental aspect: stagnant waters, garbage, pipes in poor condition, that apparently some of them could carry untreated sewage, among other worrying points indicated in the cited CNE report.
All these situations impact health risks for the high population density and high vulnerability in the areas adjacent to the Río María Aguilar, specifically in the stretch from Cipreses to downstream of the Mallorca Condominium, which puts the health of said population at risk, where this situation constitutes a warning sign, so that the necessary measures are taken to prevent future disasters, apart from broadening technical criteria that help provide safety and quality of life to this highly vulnerable area. We do not omit to indicate that since 2003, we have made efforts for the Municipality of Curridabat to intervene, without having a satisfactory response to date that eliminates the imminent risks for the interested population. Sincerely, awaiting your response.” Regarding this grievance, the respondent alleges that the petitioner did not specify the harm she suffers, as the CNE report is a general approach.
The Chamber could not find it proven that the Área Rectora de Salud de Curridabat attended in any manner to the cited written communication of the petitioner. After evaluating the note sent by the petitioner, the Chamber does not extract from it a concrete request, directed to the respondent área rectora, as her intention is that “…this document be of your knowledge…”. The vagueness of such a request cannot generate an expectation in the petitioner for its attention. Likewise, a concrete required action in relation to the situation of the Río María Aguilar is also not established. The Chamber also cannot attribute inaction to that área rectora de salud, as it has participated since 2010 in the Corredor Biológico Interurbano María Aguilar initiative and also in the Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030, deploying actions within its competence. Such considerations lead to dismissing the claim.
VII.Regarding compliance with the recommendations of the CNE and the CGR. The petitioner alleges that the Municipality of Curridabat has failed to comply with the recommendations of the CNE and the CGR. Regarding the CNE, she mentions official letters nos. DL-OF-198-2012 and CNE-UIAR-INF-0487-2019. The Chamber notes that compliance with the first was acknowledged through judgment no. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, issued in case file 18-006757-0007-CO, where it was resolved:
“The recourse is granted with place, solely, regarding the failure to comply with the recommendations provided by the Comisión Nacional de Emergencias to solve the problem that exists due to the overflow of the Río María Aguilar and its consequences. Alicia Borja Rodríguez, in her capacity as Mayor of the Municipality of Curridabat, or whoever in her place holds that position, is ordered, within the scope of her competence, to adopt the pertinent measures so that, within the maximum period of SIX MONTHS counted from the notification of this resolution, they solve the denounced problem that affects the petitioners (…)”.
On the other hand, regarding official letter no. CNE-UIAR-INF-0487-2019, the Chamber established in resolution no. 2019-014352 of 2:20 p.m. on August 1, 2019, also issued in case file 18-006757-0007-CO, that this report was a follow-up to no. DL-OF-198-2012, which should not be known by the Chamber:
“II.- Finally, in relation to technical report No. CNE-UIAR-INF- 0487-2019, subscribed by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entitled “Inspección y valoración de situación existente en el tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta No. 2”, as the respondent authority reported, it is a follow-up to report DPMINF- 0514-2012, which does not indicate the existence of non-compliance on the part of the respondent municipality. Likewise, it is on record that through technical report No. MC-GR-0064-07-2019 of July 11, 2019, the Risk Management Unit of the respondent municipality indicated to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias the dates and places where routine and extraordinary cleanings have been carried out in the area, in order to provide a solution to the alleged problem, information that said Commission did not have and which corresponds to the work that the municipality has carried out to comply with the referred judgment.
Thus, upon determining that said report deals with a follow-up conducted by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, which does not correspond to new facts that should be known by this Chamber nor that affect compliance with judgment 2018- 017706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, regarding this point, it is appropriate to declare the management inadmissible.” (Underlining added).
The party must abide by what was resolved there.
Regarding the recommendations of the CGR, the Chamber found it proven that it issued the “Operational audit report on the management of the stormwater sewerage service in the Municipality of Curridabat” (official letter no. DFOE-DL-IF-00012-2019 of September 6, 2019). With respect to compliance with this report, the Chamber corroborated that, through official letter DFOE-SD-0456 of March 18, 2021, the CGR communicated to the Municipality of Curridabat that it had reasonably complied with provision 4.6 of that report. Subsequently, through official letter DFOE-SEM-0936 of October 5, 2021, the CGR indicated that the municipality had complied with point 4.4 of the cited report. Upon analyzing the report, the only point that apparently has not been complied with is 4.5, where the mayor of Curridabat is instructed:
“Prepare a technical study to ascertain the current situation of the existing stormwater sewerage system, which allows for data and technical criteria such as hydraulic capacity of the system components, hydrological risks, vulnerabilities, materials and condition of the infrastructure, age, useful life, among others, to subsequently determine the maintenance and investment needs for the stormwater sewerage system. Once said study is completed, define a portfolio of medium and long-term projects in accordance with the maintenance and investment needs identified in the technical study (see paragraphs 2.20 to 2.31). For this, the following must be presented to the Área de Seguimiento de Disposiciones of the Contraloría General de la República: i. An official letter indicating the preparation of the technical study in accordance with the ordered terms, no later than June 30, 2020. ii. An official letter indicating the preparation of the project portfolio, no later than October 1, 2020.” Now then, the Chamber determines that this Court is not an oversight body for the compliance with the obligations of each institution.
Its role is the protection of fundamental rights. Thus, compliance with an institutional obligation could be protectable when it is directly related to a fundamental right. In this case, the omission to prepare a technical report to later define medium and long-term projects is far from being a real injury or threat to fundamental rights. For that reason, the claim is dismissed.
VIII.Regarding the attention given to official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 by the MOPT. The petitioner considers that the MOPT has violated Articles 27 and 30 of the Constitución Política, since it has not attended to official letters MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021, and MC-ALC-0869-10-2021 from the Municipality of Curridabat. In this regard, the Chamber found it proven that, through official letter DGV-289-05-2021 of May 5, 2021, the mayor of Curridabat made the respondent minister aware of the overflow problem of the Río María Aguilar. He requested his good offices for efficient maintenance intervention that would improve the hydraulic capacity of the bridge on national route 02. In response to this official letter, on June 10, 2021, municipal and MOPT officials inspected the overflow site. Subsequently, the deputy director of the Dirección de Obras Fluviales of the MOPT rendered a report to the director of that directorate regarding the inspection and issued recommendations (official letter DVOP-DOF-2021-0627 of June 18, 2021).
These recommendations were communicated to the respondent municipality through email of June 21, 2021. Subsequently, through official letter MC-ALC-0614-08-2021 of August 11, 2021, addressed to the respondent minister, the mayor of Curridabat followed up on official letter DGV-289-05-2021. He communicated that the Road Management Directorate and the Risk Management Department of the municipality conducted an inspection with engineers from the Dirección de Obras Fluviales. He requested the action that the MOPT would take and pointed out that there was a community vulnerable to flood risk. Subsequently, through official letter MC-ALC-0869-10-2021 of October 26, 2021, the mayor of Curridabat requested that the respondent minister assess and intervene at the sites where the Río María Aguilar causes flooding on national routes. In response to this official letter, the director of the Dirección de Obras Fluviales forwarded official letter DVOP-DOF-2021-1257 of November 3, 2021, to the respondent minister, a letter that was forwarded to the Municipality of Curridabat by email on November 4, 2021.
The Chamber explains to the petitioner that the aforementioned official letters are part of interinstitutional coordination, aimed at addressing the underlying problem (as will be seen in the following considerando). To that extent, they are not conceptualized as petitions or proceedings that fall within the scope of protection of Articles 27 and 30 of the Constitution. Consequently, the claim is dismissed.
IX.Regarding the problem of the Río María Aguilar overflow in the Curridabat sector. The petitioner states that the Río María Aguilar overflowed on September 23, 2021, affecting the neighbors, including the Mallorca condominium. She relates that similar events occur every year. She claims that the actions of the authorities are insufficient or merely corrective. After analyzing the case file, the Chamber took as an uncontroverted fact that, for about 10 years, the Río María Aguilar has overflowed when there are episodes of heavy rains in the Curridabat area, where the bridge of national route 2 and the bridge of the municipal route towards Cipreses are located.
When that occurs, the overflow affects the residents of the Mallorca condominium. One of those events occurred on September 23, 2021, as alleged. The Chamber confirmed that the Municipality of Curridabat has undertaken multiple actions to solve the problem and safeguard local interests. In that regard, it highlights that, during 2021 and up to the date of the report, the municipality had intervened on the María Aguilar River on 22 occasions with storm sewer cleaning, inspection, pruning, waste removal, etc. Likewise, the municipality has a project to install a network of meteorological stations that will allow measuring the intensity of the rains, estimating whether there will be an overflow of the river, and issuing an alert. The final installation phase of the project was scheduled to be completed in 2021. Also of great importance is the municipal management for a new bridge on the cantonal route toward Cipreses.
The project was approved by the CFIA, MINAE, and SETENA, and the resources for its construction were incorporated into the POA-2022. The work includes intervention in the channel, which will expand the hydraulic capacity 100 meters upstream and 75 meters downstream. Although the Chamber acknowledges these efforts, it is no less true that the problem of overflow and flooding in the area persists. As early as 2018, the Chamber was informed of the situation, as analyzed in the cited judgment No. 2018-17706. Despite the passage of years, a clear line that would allow foreseeing that the problem will be resolved within a reasonable time is not found in the case file. The main project is the new bridge on the route to Cipreses, previously mentioned; however, further works to be undertaken downstream, at the bridge of national route 2 and the area of the protected party’s condominium, have not been defined.
It is clear that the Chamber cannot carry out technical assessments and opt for a specific project or solution, not only because such aspects fall outside its jurisdiction, but because there is disagreement between the parties or the technical reports. Thus, for example, at times dredging the river is recommended; at other times it is indicated that this would be counterproductive and ineffective. The Chamber also emphasizes the responsibility of the municipality, since its obligations extend beyond road impact and also encompass land-use planning (ordenamiento territorial), so that urban growth occurs within the framework of a healthy and ecologically balanced environment. Such obligation includes planning, the granting of permits, the supervision of works, the monitoring and conservation of local protected areas (rivers and their banks), and coordination with other municipalities and state entities (considerando V).
In the Chamber’s opinion, the problem alleged by the appellant is circumscribed within that duty to coordinate and safeguard local and national interests. It is drawn from the proven facts, especially those detailed in the preceding considerando, that there has been some coordination with the MOPT to address the problem. However, it is not observed that an action plan was concretized, much less that it was implemented. Given this scenario, the Chamber must provide certainty to the protected parties regarding the restoration of their rights, issuing the pertinent order to that effect. The Chamber recognizes that the magnitude of the problem makes it impossible for the solution to be immediate; hence the breadth of the deadline granted, which is done with express reservation of this Chamber’s powers to ensure the execution of what is ordered (Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). By virtue of the foregoing, this claim is granted in the terms set forth in the operative part of this judgment.
X.With respect to judgment No. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018. Finally, noncompliance with judgment No. 2018-17706 of this Chamber is alleged. The interested party must file and substantiate the respective proceeding in the corresponding case file, if it deems appropriate.
XI.Note by Magistrate Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, since such omission constitutes a legality issue, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the protection of life, public health, and physical integrity of the appellants, the residents of the Mallorca Condominium in Curridabat, is at stake, due to the flooding their homes suffer from the overflow of the María Aguilar River, which causes the water current to drag garbage of all kinds, sewage (aguas negras), with evident damage also to property.
XII.Partial dissenting vote (voto salvado parcial) regarding the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I partially dissent on where to locate the execution phase of the matter, specifically regarding the actions stipulated to solve the problem of overflow and flooding of the María Aguilar River in the area subject to this process, due to the nonexistence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo on execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted, in the terms indicated in considerando IX of this judgment. Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya, and Óscar Mora Altamirano, in their respective order mayor, director of road management, and council president, all of the Municipality of Curridabat, and Rodolfo Méndez Mata, in his capacity as minister of Obras Públicas y Transportes, or whoever holds those positions, are ordered, applying inter-institutional coordination, to issue the necessary orders, within the scope of their competencies, so that both entities jointly prepare an action plan that solves the problem of overflow and flooding of the María Aguilar River in the area subject to this process. The respondents are granted a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, for the preparation of said plan, and an additional period of THIRTY-SIX MONTHS for its implementation.
The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Curridabat are ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts serving as grounds for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. As for compliance with the recommendations of the Comisión Nacional de Emergencia, abide by what was resolved in resolutions No. 2018-17706 of 9:20 a.m. on October 26, 2018, and 2019-014352 of 2:20 p.m. on August 1, 2019.
In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents from the vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
03950-22. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA AL ALCALDE, DIRECTOR DE GESTIÓN VIAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO, TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, Y AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, QUE, EN APLICACIÓN DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GIREN LAS ÓRDENES NECESARIAS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE AMBAS INSTANCIAS ELABOREN EN CONJUNTO UN PLAN DE ACCIÓN QUE SOLUCIONE EL PROBLEMA DE DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RÍO MARÍA AGUILAR EN LA ZONA OBJETO DE ESTE PROCESO. SE OTORGA A LOS RECURRIDOS EL PLAZO DE SEIS MESES.
“(…) Si bien la Sala reconoce estos esfuerzos, no menos cierto es que el problema de desbordamiento e inundación en la zona persiste. Ya en 2018, la Sala tuvo noticia de la situación, según se analizó en la citada sentencia n.° 2018-17706. A pesar del transcurso de los años no se encuentra en el expediente una línea clara que permita prever que se resolverá el problema en un plazo razonable. El principal proyecto es el nuevo puente por la ruta a Cipreses, antes mencionado; no obstante, no se han definido mayores labores a emprender río abajo, en el puente de la ruta nacional 2 y la zona del condominio de la amparada. Es claro que la Sala no puede efectuar valoraciones técnicas y decantarse por un proyecto o solución específica, no solo porque tales aspectos escapan de su competencia, sino porque existe discrepancia entre las partes o los informes técnicos. Así, por ejemplo, en ocasiones se recomienda dragar el río; en otras se indica que sería contraproducente y poco efectivo.
La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal obligación comprende la planificación, el otorgamiento de permisos, la fiscalización de obras, la vigilancia y conservación de zonas protegidas locales (ríos y sus márgenes) y la coordinación con otras municipalidad y entidades estatales (considerando V). En criterio de la Sala, el problema acusado por la recurrente se circunscribe en ese deber de coordinar y velar por los intereses locales y nacionales. Se extrae de los hechos probados, en especial lo que se detallaron en el considerando anterior, que ha habido cierta coordinación con el MOPT para abordar el problema. Sin embargo, no se observa que se concretara un plan de acción y, mucho menos, que él fuera implementado.
Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente. La Sala reconoce que la magnitud del problema imposibilita que la solución sea inmediata; de ahí la amplitud del plazo otorgado, lo que se hace con reserva expresa de las potestades de esta Sala para velar por la ejecución de lo ordenado (artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo en los términos expuestos en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” VCG03/2022 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
XI.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la vida, salud pública e integridad física de los recurrentes, de los habitantes del Condominio Mallorca en Curridabat, debido a las inundaciones que sufren sus viviendas por desbordamiento del río María Aguilar, lo que provoca que la corriente de agua arrastre basura de todo tipo, aguas negras, con daño evidente también a la propiedad.
VCG03/2022 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
XII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a las acciones que se estipulen para solucionar el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG03/2022 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 21-021282-0007-CO, interpuesto por ALEJANDRA ROJAS SALAZAR, cédula de identidad 0109520926, a favor del CONDOMINIO MALLORCA, contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y EL MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a materia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. La parte recurrente relata que el río María Aguilar se desbordó el 23 de setiembre de 2021, lo que afectó a los vecinos, incluyendo al condominio Mallorca. Afirma que la municipalidad accionada no ha atendido debidamente este problema y más bien lo ha agravado, al otorgar permisos de construcción en la zona. Acusa: 1.- Los estudios municipales sobre el problema fueron remitidos al Área Rectora de Salud Curridabat el 22 de octubre de 2019; sin embargo, no ha tenido respuesta; 2.- La municipalidad no ha acatado recomendaciones de la CNE y la CGR (oficio DFOE-DL-IF-00012-2019) 3.- Los sedimentos se han acumulado en el cauce, lo que disminuye la capacidad del río y provoca que el agua se desborde; empero, la labor de la municipalidad ha sido correctiva, cuando debería ser preventiva; 4.- Reclama desacato de la sentencia n.° 2018-17706.
En cuanto al MOPT, la parte accionante afirma que esa instancia es encargada del mantenimiento del puente sobre la ruta 2, donde ocurren desbordamientos por la acumulación de sedimentos. Señala que la municipalidad accionada envió al ministro de esa cartera los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021; empero, ninguno fue respondido por el ministro. Solicita que el ministerio presente un plan remedial para intervenir el citado puente.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
No omitimos indicar que desde el año 2003, hemos realizado esfuerzos para que Municipalidad de Curridabat intervenga, sin contar a la fecha con respuesta satisfactoria y que elimine los inminentes riesgos para la población interesada. Cordialmente, en espera de su respuesta.” (Ver escrito de interposición y prueba aportada).
Reiterarnos, una vez más nuestra preocupación, por las inundaciones experimentadas, contaminación, stress, problemas con el tránsito ampliamente externada en diferentes ocasiones. Situación que se da cada vez que llueve fuerte y que no tenemos certeza hasta cuánto más tenderemos que lidiar con esta realidad, además de contribuir como siempre, en lo que a nuestro alcance se pueda hacer, con el anterior planteamiento mientras se tienen soluciones técnicas y efectivas de mayor alcance. Teniendo claridad que la limpieza del río María Aguilar vendría a estar acorde con lo que señala el artículo 50 de nuestra Constitución Política, sino con la imagen misma del cantón que usted dirige. Quedamos en espera de su atenta respuesta en los plazos de ley establecidos.” (Ver escrito de interposición y prueba aportada).
IV.Hechos no probados. La Sala carece de elementos para tener por probado el que el Área Rectora de Salud de Curridabat atendiera de alguna manera el escrito del 22 de octubre de 2019 de la recurrente.
V.Jurisprudencia. Por su importancia para este caso, la Sala recuerda su jurisprudencia con respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y las obligaciones de las corporaciones municipales en ese tema. En la sentencia n.° 2020-10630 de las 9:15 horas del 12 de junio de 2020:
“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. El artículo 50, Constitucional, establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país". De tal manera que, el "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes, causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas, no solo del Estado, sino también de las Municipalidades. Al igual que el derecho de propiedad, el objeto sobre el que recae el derecho al ambiente es externo a la integridad de la persona humana (a diferencia por ejemplo del derecho a la vida), pero también a diferencia con el objeto del derecho de propiedad, la persona forma parte del ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del "mayor bienestar" de todos. La vida depende del ambiente, por tanto, debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida se mantengan en el tiempo. En Sentencia N° 601-2009, esta Sala dispuso lo siguiente:
"Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano (..) importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo".
Así las cosas, corresponde a los entes públicos, entre ellos a las Municipalidades, velar por el respeto a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en su respectiva circunscripción territorial, así como por el bienestar de todos los habitantes de su respectivo cantón, y dentro del marco de las competencias constitucionales y legales actuar a favor de asegurar el respeto de este derecho a todos los munícipes, y actuar -nuevamente dentro del marco de sus competencias- para mitigar o corregir las actuaciones que tienden a su violación.
Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:
"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:
" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".
En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numera 169, constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:
"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".
Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006).”
VI.En cuanto al Área Rectora de Salud. La accionante alega que el 22 de octubre de 2019 remitió al Área Rectora de Salud Curridabat estudios municipales sobre el problema objeto de este proceso; sin embargo, no ha tenido respuesta. Luego de analizar los autos, la Sala tuvo por probado que, efectivamente, la recurrente presentó un documento en esa área rectora, donde indicó: “Adjunto sírvase encontrar Informe Técnico de la Comisión Nacional de Emergencia, (CNE) realizado el 19 de junio 2019, CNEUIAR-INF-0487-20 19, cuyos objetivos indicados son: (…) Es nuestro interés que este documento sea de su conocimiento, en virtud de la gran preocupación por los puntos expuestos que tienen que ver de forma directa con la parte de Medio Ambiente: aguas estancadas, basura, tuberías en mal estado, que en apariencia alguna de ellas podrían transportar aguas negras, entre otros puntos preocupantes e indicados en el citado informe de la CNE.
Todas estas situaciones impactan riesgos de salud para la alta densidad poblacional y de alta vulnerabilidad en las zonas aledañas al Río María Aguilar, específicamente en el tramo de Cipreses hasta aguas abajo del Condominio Mallorca, lo que pone en riesgo la salud de dicha población, donde esta situación, se constituya en signo de alerta, para que se tomen las medidas necesarias, para prevenir futuros desastres, aparte de ampliar criterios técnicos que coadyuven en dar seguridad, calidad de vida a esta zona de alta vulnerabilidad. No omitimos indicar que desde el año 2003, hemos realizado esfuerzos para que Municipalidad de Curridabat intervenga, sin contar a la fecha con respuesta satisfactoria y que elimine los inminentes riesgos para la población interesada. Cordialmente, en espera de su respuesta.” En cuanto a este agravio, la recurrida alega que la accionante no concretó el perjuicio que sufre, pues el informe de la CNE es un abordaje general.
La Sala no pudo tener por probado que el Área Rectora de Salud de Curridabat atendiera de alguna manera el citado escrito de la accionante. Luego de valorar la nota enviada por la accionante, la Sala no extrae de ella una pretensión concreta, dirigida al área rectora recurrida, pues su intención es que “…este documento sea de su conocimiento…”. La vaguedad de tal pretensión no puede genera en la recurrente una expectativa en la atención de la misma. Igualmente, tampoco se establece un actuar concreto exigible en relación con la situación del río María Aguilar. La Sala tampoco puede achacar inacción a esa área rectora de salud, pues ha participado desde 2010 en la iniciativa Corredor Biológico Interurbano María Aguilar y también en la Estrategia Nacional de recuperación de cuencas urbanas 2020-2030, desplegando acciones propias de su competencia. Tales consideraciones llevan a desestimar el reclamo.
VII.Atinente al cumplimiento de las recomendaciones de la CNE y la CGR. La accionante alega que la Municipalidad de Curridabat ha incumplido las recomendaciones de la CNE y la CGR. En cuanto a la CNE, menciona los oficios n.os DL-OF-198-2012 y CNE-UIAR-INF-0487-2019. La Sala nota que el cumplimiento del primero fue conocido mediante sentencia n.° 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018, dictada en el expediente 18-006757-0007-CO, donde se resolvió:
“Se declara con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la falta de acatamiento de las recomendaciones brindadas por la Comisión Nacional de Emergencias para solucionar el problema que existe por el desbordamiento del río María Aguilar y sus consecuencias. Se ordena a Alicia Borja Rodríguez, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Curridabat, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del ámbito de su competencia, adopte las medidas pertinentes para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta resolución, den solución al problema denunciado, que afecta a los recurrentes (…)”.
Por otro lado, en cuanto al oficio n.° CNE-UIAR-INF-0487-2019, la Sala estableció en la resolución n.° 2019-014352 de las 14:20 horas del 1 de agosto de 2019, emitida también en el expediente 18-006757-0007-CO, que ese informe era un seguimiento del n.° DL-OF-198-2012, que no debía ser conocido por la Sala:
“II.- Finalmente, en relación con el informe técnico No. CNE-UIAR-INF- 0487-2019, suscrito por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, denominado “Inspección y valoración de situación existente en el tramo de Río María Aguilar carretera a Cartago, Ruta No. 2”, según informó la autoridad recurrida se trata de un seguimiento del informe DPMINF- 0514-2012, el cual no viene a señalar la existencia de un incumplimiento por parte del municipio recurrido. Asimismo, consta que mediante informe técnico No. MC-GR-0064-07-2019 del 11 de julio de 2019, la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio recurrido, indicó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, las fechas y lugares donde se han realizado las limpiezas rutinarias y extraordinarias en la zona, en aras de brindar una solución a la problemática alegada, información con la que no contaba dicha Comisión y que corresponde a los trabajos que ha realizado el municipio para dar cumplimiento a referida sentencia.
Así las cosas, al determinarse que dicho informe versa sobre un seguimiento realizado por Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, lo cual no corresponde a hechos nuevos que deban ser conocidos por esta Sala ni que incidan en el cumplimiento de la sentencia 2018- 017706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018, en cuanto a este extremo, lo procedente es declarar improcedente la gestión.” (El subrayado es agregado).
Deberá estarse la parte a lo ahí resuelto.
Atinente a las recomendaciones de la CGR, la Sala tuvo por probado que ella emitió el “Informe de auditoría operativa acerca de la gestión del servicio de alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat” (oficio n.° DFOE-DL-IF-00012-2019 del 6 setiembre de 2019). Con respecto al cumplimiento de este informe, la Sala corroboró que, mediante oficio DFOE-SD-0456 del 18 de marzo de 2021, la CGR comunicó a la Municipalidad de Curridabat que había cumplido razonablemente con la disposición 4.6 de ese informe. Luego, por oficio DFOE-SEM-0936 del 5 de octubre de 2021, la CGR señaló que la municipalidad había cumplido con el punto 4.4 del citado informe. Al analizar el informe, el único punto que aparentemente no ha sido cumplido es el 4.5., donde se indica al alcalde de Curridabat:
“Elaborar un estudio técnico que permita conocer la situación actual del sistema de alcantarillado pluvial existente, el cual permita disponer de datos y criterios técnicos tales como capacidad hidráulica de los componentes del sistema, riesgos hidrológicos, vulnerabilidades, materiales y estado de la infraestructura, antigüedad, vida útil, entre otros, para posteriormente determinar las necesidades de mantenimiento e inversión de alcantarillado pluvial. Una vez finalizado dicho estudio, definir una cartera de proyectos a mediano y largo plazo conforme a las necesidades de mantenimiento e inversión identificados en el estudio técnico (ver párrafos del 2.20 al 2.31). Para ello, se deberá presentar al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República lo siguiente: i. Un oficio en el cual se indique la elaboración del estudio técnico de acuerdo con los términos dispuestos, a más tardar el 30 de junio de 2020. ii.
Un oficio en el que se indique la elaboración de la cartera de proyectos, a más tardar el 01 de octubre de 2020.” Ahora bien, la Sala determina que este Tribunal no es una instancia fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones de cada institución. Su labor es la tutela de derechos fundamentales. Así, el cumplimiento de una obligación institucional podría ser amparable cuando esté directamente relacionado con un derecho fundamental. En este caso, la omisión de elaborar un informe técnico para luego definir proyectos a mediano y largo plazo dista de ser una lesión o amenaza real a derechos fundamentales. Por ese motivo, se desestima el reclamo.
VIII.En cuanto a la atención de los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021 por parte del MOPT. La parte accionante considera que el MOPT ha lesionado los numerales 27 y 30 de la Constitución Política, toda vez que no ha atendido los oficios MC-DGV-289-05-2021, MC-ALC-0614-08-2021 y MC-ALC-0869-10-2021 de la Municipalidad de Curridabat. Al respecto, la Sala tuvo por probado que, por oficio DGV-289-05-2021 del 5 de mayo de 2021, el alcalde de Curridabat puso al ministro accionado en conocimiento del problema de desbordamiento del río María Aguilar. Solicitó sus buenos oficios para la intervención de mantenimiento eficiente que permitiera mejorar la capacidad hidráulica del puente sobre la ruta nacional 02. En atención a este oficio, el 10 de junio de 2021, funcionarios municipales y del MOPT inspeccionaron el lugar de los desbordamientos. Luego, el subdirector de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT rindió informe al director de esa dirección con respecto a la inspección y emitió recomendaciones (oficio DVOP-DOF-2021-0627 del 18 de junio de 2021).
Tales recomendaciones fueron comunicadas a la municipalidad accionada mediante correo del 21 de junio de 2021. Posteriormente, por medio del oficio MC-ALC-0614-08-2021 del 11 de agosto de 2021, dirigido al ministro recurrido, el alcalde de Curridabat dio seguimiento al oficio DGV-289-05-2021. Comunicó que la Dirección de Gestión Vial y el Departamento de Gestión del Riesgo de la municipalidad realizaron una inspección con ingenieros de la Dirección de Obras Fluviales. Solicitó el accionar que daría el MOPT e hizo ver que había una comunidad vulnerable al riesgo de inundaciones. Luego, por oficio MC-ALC-0869-10-2021 del 26 de octubre de 2021, el alcalde de Curridabat solicitó al ministro recurrido la valoración e intervención de los sitios donde el río María Aguilar causa inundaciones en rutas nacionales. En atención a este oficio, el director de la Dirección de Obras Fluviales remitió el oficio DVOP-DOF-2021-1257 del 3 de noviembre de 2021 al ministro recurrido, oficio que fue trasladado a la Municipalidad de Curridabat por correo del 4 de noviembre de 2021.
La Sala explica a la recurrente que los oficios antes señalados son parte de la coordinación interinstitucional, tendente a la atención del problema de fondo (lo que se verá en el considerando siguiente). En ese tanto, no se conceptualizan como peticiones o gestiones que se circunscriban en el ámbito de protección de los numerales 27 y 30 constitucionales. En consecuencia, se desestima el reclamo.
IX.Con respecto al problema de desbordamiento del río María Aguilar en el sector de Curridabat. La parte accionante manifiesta que el río María Aguilar se desbordó el 23 de setiembre de 2021, lo que afectó a los vecinos, incluyendo al condominio Mallorca. Relata que todos los años ocurren eventos similares. Reclama que las acciones de las autoridades son insuficientes o meramente correctiva. Luego de analizar los autos, la Sala tuvo como hecho incontrovertido que, desde hace unos 10 años, el río María Aguilar se desborda cuando hay episodios de lluvias fuertes en la zona de Curridabat, donde está el puente de la ruta nacional 2 y el puente de la ruta municipal hacia Cipreses. Cuando eso ocurre, el desbordamiento afecta a los habitantes del condominio Mallorca. Uno de esos eventos ocurrió el 23 de setiembre de 2021, tal como se reclama. La Sala corroboró que la Municipalidad de Curridabat ha emprendido múltiples acciones para solucionar el problema y velar por los intereses locales.
En ese sentido destaca que, durante 2021 y hasta la fecha de rendición del informe, la municipalidad había intervenido en 22 oportunidades el río María Aguilar con labores de limpieza de alcantarillado pluvial, inspección, poda, retiro de residuos, etc. Asimismo, la municipalidad tiene un proyecto de instalación de una red de estaciones meteorológicas que permitirán medir la intensidad de las lluvias, estimar si habrá un desbordamiento del río y emitir una alerta. La última fase de instalación del proyecto estaba programada para terminar en 2021. De gran importancia también es la gestión municipal para un nuevo puente en la ruta cantonal hacia Cipreses. El proyecto fue aprobado por el CFIA, MINAE y SETENA, y los recursos para su construcción fueron incorporados en el POA-2022. La obra incluye intervención en el cauce, lo que ampliará la capacidad hidráulica 100 metros aguas arriba y 75 metros aguas abajo.
Si bien la Sala reconoce estos esfuerzos, no menos cierto es que el problema de desbordamiento e inundación en la zona persiste. Ya en 2018, la Sala tuvo noticia de la situación, según se analizó en la citada sentencia n.° 2018-17706. A pesar del transcurso de los años no se encuentra en el expediente una línea clara que permita prever que se resolverá el problema en un plazo razonable. El principal proyecto es el nuevo puente por la ruta a Cipreses, antes mencionado; no obstante, no se han definido mayores labores a emprender río abajo, en el puente de la ruta nacional 2 y la zona del condominio de la amparada. Es claro que la Sala no puede efectuar valoraciones técnicas y decantarse por un proyecto o solución específica, no solo porque tales aspectos escapan de su competencia, sino porque existe discrepancia entre las partes o los informes técnicos. Así, por ejemplo, en ocasiones se recomienda dragar el río; en otras se indica que sería contraproducente y poco efectivo.
La Sala también hace hincapié en la responsabilidad de la municipalidad, pues sus obligaciones se extienden más allá de la afectación vial y abarcar asimismo el ordenamiento territorial, de manera que el crecimiento urbano se dé en el marco de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal obligación comprende la planificación, el otorgamiento de permisos, la fiscalización de obras, la vigilancia y conservación de zonas protegidas locales (ríos y sus márgenes) y la coordinación con otras municipalidad y entidades estatales (considerando V). En criterio de la Sala, el problema acusado por la recurrente se circunscribe en ese deber de coordinar y velar por los intereses locales y nacionales. Se extrae de los hechos probados, en especial lo que se detallaron en el considerando anterior, que ha habido cierta coordinación con el MOPT para abordar el problema. Sin embargo, no se observa que se concretara un plan de acción y, mucho menos, que él fuera implementado.
Ante este panorama corresponde a la Sala brindar certeza a los tutelados con respecto al restablecimiento de sus derechos, girando para ello la orden atinente. La Sala reconoce que la magnitud del problema imposibilita que la solución sea inmediata; de ahí la amplitud del plazo otorgado, lo que se hace con reserva expresa de las potestades de esta Sala para velar por la ejecución de lo ordenado (artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En virtud de lo anterior, se declara con lugar este extremo en los términos expuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
X.Con respecto a la sentencia n.° 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018. Por último, se reclama el incumplimiento de la sentencia n.° 2018-17706 de esta Sala. La parte interesada deberá plantear y fundamentar la gestión respectiva en el expediente correspondiente, si a bien lo tiene.
XI.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la vida, salud pública e integridad física de los recurrentes, de los habitantes del Condominio Mallorca en Curridabat, debido a las inundaciones que sufren sus viviendas por desbordamiento del río María Aguilar, lo que provoca que la corriente de agua arrastre basura de todo tipo, aguas negras, con daño evidente también a la propiedad.
XII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a las acciones que se estipulen para solucionar el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso, lo anterior debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, en los términos señalados en el considerando IX de esta sentencia. Se ordena a Jimmy Cruz Jiménez, Randall Rodríguez Araya y Óscar Mora Altamirano, por su orden alcalde, director de gestión vial y presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Curridabat, y a Rodolfo Méndez Mata, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, o a quienes ejerzan esos cargos, que, en aplicación de la coordinación interinstitucional, giren las órdenes necesarias, en el ámbito de sus competencias, para que ambas instancias elaboren en conjunto un plan de acción que solucione el problema de desbordamiento e inundación del río María Aguilar en la zona objeto de este proceso. Se otorga a los recurridos el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para la elaboración del citado plan, y el plazo adicional de TREINTA Y SEIS MESES para su implementación.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Curridabat al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencia, estese a lo resuelto en las resoluciones n.os 2018-17706 de las 9:20 horas del 26 de octubre de 2018 y 2019-014352 de las 14:20 horas del 1 de agosto de 2019.
En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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