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Res. 03249-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/02/2022
OutcomeResultado
The amparo petition is denied in its entirety, as no fundamental rights were violated and the claims involve ordinary legality issues that must be heard by the contentious-administrative jurisdiction.Se declara sin lugar el recurso de amparo, por no existir lesión a derechos fundamentales y tratarse de cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser conocidas por la jurisdicción contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies an amparo petition filed on behalf of an 80-year-old developer seeking water availability certificates for a 10-lot subdivision project, the reopening of a well, and the installation of meters. The petition was brought against the ASADA de Pénjamo, the Costa Rican Water and Sewer Institute (ICAA), and the Public Services Regulatory Authority (ARESEP), claiming lack of response and violation of fundamental rights. The Chamber holds that the claims do not fall under the constitutional right of petition (Article 27), because they are not a simple request for information but rather an attempt to obtain a change in administrative criteria on the technical feasibility of the project. It notes the project is commercial, not for personal housing, so no fundamental rights are at stake. Regarding administrative delay or disagreement with prior decisions, the Chamber redirects the matter to the contentious-administrative jurisdiction, now considered an adequate and expeditious remedy for ordinary legality issues. The petition is denied in its entirety.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo presentado a favor de una persona adulta mayor que buscaba obtener cartas de disponibilidad de agua potable para un proyecto de lotificación de diez lotes, así como la reapertura de un pozo y la instalación de medidores. El recurso se dirigió contra la ASADA de Pénjamo, el ICAA y la ARESEP, alegando falta de respuesta y violación de derechos. La Sala determina que las pretensiones no se enmarcan en el derecho de petición del artículo 27 constitucional, porque no se trata de una solicitud simple de información, sino de obtener un cambio de criterio administrativo sobre la factibilidad del proyecto. Advierte que el proyecto tiene carácter comercial, no de vivienda personal, por lo que no se acredita lesión a derechos fundamentales. En cuanto a la mora administrativa o la inconformidad con actos previos, indica que deben ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la vía idónea y célere para discutir cuestiones de legalidad ordinaria. En consecuencia, declara sin lugar el recurso en todos sus extremos.
Key excerptExtracto clave
Upon reading it, this Court notes that the petitioners are requesting a change of criteria regarding the issuance of water availability certificates for the development of their project, a situation that cannot be framed as a simple and pure request for information under the requirements of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as the petitioner intends to frame it in her initial brief. Hence, no violation of any fundamental right is observed, because if her intention was to have the respondent authorities act in a certain manner, and they did not, with the prejudicial consequences of the case, or if they disagree with the acts issued by the respondents in prior stages, these are not acts that could violate her right of petition in the terms set out in her initial brief; therefore, it is reiterated that any missing explanations or disagreements regarding her request must be pursued before the respondents. Likewise, failure to comply with legal deadlines and delay in resolving her claims could potentially constitute a violation of Article 41 of the Political Constitution; thus, being administrative claims, the petition is inadmissible, so she should take into account that since ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has held as indicated in the following recitals.De la lectura de la misma, aprecia este Tribunal que los accionantes solicitan un cambio de criterio en cuanto a la entrega de las cartas de disponibilidad de agua para el desarrollo de su proyecto, situación que no es posible enmarcar en una petición pura y simple de información que se pueda enmarcar en los presupuestos del artículo 27, Constitucional y del 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como pretende plantear la recurrente en su escrito de interposición. De ahí que no se observa que se haya lesionado derecho fundamental alguno, ya que si su intención era procurar que los recurridos actuaran de determinada forma, y no lo hicieron, con las consecuencias perjudiciales del caso, o tienen alguna inconformidad con los actos dispuestos por los recurridos en etapas previas, estos no son actos que puedan lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en su memorial inicial, por lo que se reitera, las explicaciones que se extrañan o disconformidades que medien en cuanto a su solicitud, deben ser gestionadas ante los recurridos. Asimismo, el incumplimiento de plazos legales y mora en la resolución de sus pretensiones, podría constituir eventualmente, en su caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política, tratándose así de reclamos administrativos, el recurso resulta inadmisible, por lo que deberá tomar en cuenta que desde el voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala se pronunció conforme a lo que se indica en los considerandos siguientes.
Pull quotesCitas destacadas
"De la lectura de la misma, aprecia este Tribunal que los accionantes solicitan un cambio de criterio en cuanto a la entrega de las cartas de disponibilidad de agua para el desarrollo de su proyecto, situación que no es posible enmarcar en una petición pura y simple de información que se pueda enmarcar en los presupuestos del artículo 27, Constitucional y del 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
"Upon reading it, this Court notes that the petitioners are requesting a change of criteria regarding the issuance of water availability certificates for the development of their project, a situation that cannot be framed as a simple and pure request for information under the requirements of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction."
Considerando IV
"De la lectura de la misma, aprecia este Tribunal que los accionantes solicitan un cambio de criterio en cuanto a la entrega de las cartas de disponibilidad de agua para el desarrollo de su proyecto, situación que no es posible enmarcar en una petición pura y simple de información que se pueda enmarcar en los presupuestos del artículo 27, Constitucional y del 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Considerando IV
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
"In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity and promptness, for the effective protection of substantial legal situations of citizens where evidence must be gathered or ordinary legality issues must be defined."
Considerando V
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
Considerando V
"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ... es una evidente cuestión de legalidad ordinaria."
"It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by a final act ... is clearly a matter of ordinary legality."
Considerando VI
"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ... es una evidente cuestión de legalidad ordinaria."
Considerando VI
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Date of Resolution: February 11, 2022, at 09:30 Case File: 21-026340-0007-CO Type of Matter: Amparo (Recurso de amparo) Judgment with protected data, in accordance with current regulations *210263400007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on February eleventh, two thousand twenty-two.
Amparo (Recurso de amparo) filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], on behalf of [Nombre 002], identity card [Valor 002], against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE PENJAMO, AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, REGIÓN HUETAR NORTE.
RESULTANDO:
States, that “(…) jointly, a response was provided by the AYA, since although the request was filed before the ASADA of Pénjamo by Mr. [Name 002] and Mr. [Name 013], the information request was referred via email to the AYA regional office in Ciudad Quesada. Additionally, and it is recorded in the administrative file of the managed party [Name 004], that indeed, in view of Official Letter PRE-J-2021-03522, a general statement was issued in which the nullity of the minutes of the previous Board of Directors, which suffered from formal defects, was firm, and that in turn, according to the recommendation of the governing body ORAC-AYA, regarding new water availabilities, the provisions of the Reglamento de las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, Decreto Ejecutivo Nº 42582-S-MINAE, had to be followed, therefore, in the response to the request by the managed party [Name 002], it was referred to the hierarchical superior as the governing body and whose binding opinion was necessary for addressing the request itself.” Indicates that the current housing project differs widely from what was proposed in technical study UEN-GAR-2016-01983, since currently on the parent property there are twelve dwellings each with water service, with which an attempt has been made to cover a demand greater than originally foreseen in the 2016 technical study, segregations that are recorded in the National Registry of Property under property number 2-159710-000, plan number A-672952-2000.
Points out that the ASADA of Pénjamo has conveyed information of general interest to the community through general assemblies and statements on social networks, and the requests of the interested party, whose competence falls on the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, have been forwarded; it being the case that actions or agreements seeking to limit access to information or means of challenge available to the managed party have never been carried out. Regarding the disconnection of the Pozo Maroto, specifies that it does not respond to malicious actions, but to compliance with an instruction from the Dirección de Aguas, Unidad Hidrológica San Juan of MINAE of Región Huetar Norte, administrative file 984-Q, pursuant to Article 38 of the Decreto Ejecutivo 35884-MINAE, a mandatory administrative resolution. Likewise, highlights that the subdivision (lotificación) mentioned by the appellant is supplied exclusively by the Riggioni system, which is not supplied by the Pozo Maroto; therefore, it bears no relation to what is claimed.
Requests that the appeal be dismissed. 7.- By means of a brief incorporated into the digital file at 3:39 p.m. on January 21, 2022, Roberto Jiménez Gómez, in his capacity as Regulador General and President of the Board of Directors of the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, reports under oath that the request for water availability referred to by the appellant was filed before the ASADA of Pénjamo and before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; it being the case that the relationship with respect to ARESEP is merely residual. Points out that according to Article 9 of the Reglamento Técnico de la Autoridad Reguladora N°AR-PSAYA-2015, for any request for water service, an availability report based on a technical study must be issued, which it is the provider's responsibility to prepare and cover its cost. Likewise, the same regulation provides in its Article 9 that the cost of the works to provide the service must be covered by the interested party or applicant.
That is, it must be proven that technical feasibility exists to be able to grant the availability of potable water service. Specifies that the validity of the availability certification is a maximum period of twelve months, according to Article 10 of the Reglamento Técnico N°AR-PSAYA-2015. However, highlights that the only claim against ARESEP lies in the alleged lack of attention to a complaint filed; in this regard, points out the following: “According to the records of the Dirección General de Atención al Usuario of ARESEP, and having reviewed the Laserfiche system used by this Autoridad Reguladora as an institutional repository, it is found that on November 15, 2021, from the email address “Daniela de CBQ Consultores”, Mr. [Name 002] filed a complaint at the email [email protected] (managed by the Dirección General de Atención al Usuario), with the quoted text “Marco Tulio Soto”. Said complaint was filed against the Board of Directors of AyA, the Executive President of AyA, the General Manager of AyA, the Internal Auditor of AyA, Mr.
Héctor Paniagua, Regional Head of AyA, ORAC-Huetar Norte -San Carlos– Alajuela, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA of Pénjamo. (…) With regard to the present case, the fact that Mr. [Name 002] is an older adult over 80 years of age does not influence the treatment that this Autoridad Reguladora, through the Dirección General de Atención al Usuario, must give to his proceeding, given that we are dealing with a procedure where he requires, both for himself and for other persons (who are not necessarily older adults), a water availability service for approximately 10 lots, from which it follows that said procedure is a business matter, and does not actually revolve around an affectation to his person in his capacity as an older adult as a user per se. Hence, from the analysis of his procedure, it is not inferred that he has been placed in a condition of vulnerability with regard to the proceeding he is undertaking before this Autoridad Reguladora, due to his age.
However, as indicated in the response to facts 11 and 20, Mr. [Name 002]'s procedure was entered as a complaint for an alleged denial of services to an urban development project of 10 lots, insofar as, according to the complainant, he fulfilled all the requirements requested by the ASADA of Pénjamo and AyA, and even so they are denying him the requested water service, for which administrative procedure AU-674-2021 was opened. Regarding the period or term during which the referenced complaint has been under analysis by this Autoridad Reguladora, it has been approximately two months, counted from November 15, 2021 (date the complaint was filed) and the date of this report, the foregoing, evidently without counting the 15 calendar days of the institutional closure carried out from December 20, 2021, to January 3, 2022. Therefore, as of the filing date of this recurso de amparo, December 27, 2021, the term established in the legal system, that is, in Article 261.1 of the Ley General de la Administración Pública, for resolving the complaint filed by the petitioner since November 18, 2021, has not yet fully elapsed, therefore, the rejection of this recurso de amparo against my represented party is appropriate.
A matter that, moreover, does not correspond to the knowledge of this jurisdiction, as indicated in the response to fact eleventh. (…) It is worth mentioning that from the totality of the documentation reviewed, referring to the complaint of Mr. [Name 002], ARESEP determined that a copy of the identity card had not been submitted, and furthermore, there was no record that the Asociación Administradora del Acueducto de Pénjamo, Florencia district, San Carlos canton, Alajuela province, held a delegation agreement (convenio de delegación) to be an authorized operator of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In view of the foregoing, the Dirección General de Atención al Usuario of ARESEP requested the interested party a copy of the identity card, as recorded in the copy of the email attached as evidence 1, and through official letter OF-0084-DGAU-2022 of January 19, 2022, formally requested the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, so that, for the purposes of being able to continue processing the complaint under analysis, it proceed to provide the following information: “1.
Clarify if the ASADA of Pénjamo has a Delegation Agreement (Convenio de Delegación). 2. If so, provide said document and a copy of the legal status (personería jurídica), as well as the means of notification of said ASADA. (…) For its part, ARESEP informed Mr. [Name 002], through official letter OF-0085- DGAU-2022 of January 19, 2022 (notified by email that same day), of the status of his complaint, informing him of the request for information made to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and that once said information was received, he would be informed of the procedure to follow.” Requests that the appeal be dismissed. 9.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.Object of the appeal. The appellant considers that the fundamental rights of the protected party have been harmed, given that he has filed various procedures before the ASADA of Pénjamo, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos regarding letters of availability of water service for a subdivision project (proyecto de lotificación); however, he has not received a response from any of the respondent authorities. II.- On the amparo against subjects of private law. Due to its exceptional nature, the ordinary processing of recursos de amparo against subjects of private law requires beginning by examining whether, in the specific case, we are or are not dealing with one of the assumptions that make it admissible, in order to -subsequently and if affirmative- determine whether or not it can be upheld. In this particular, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its Article 57, stipulates under what assumptions the amparo is admissible against the actions or omissions of subjects of private law, that is, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2°, subsection a), of the same Law.
Having seen the foregoing, in the specific case, it is deemed appropriate to hear the merits of the matter, considering that the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Pénjamo de Florencia acts in the exercise of public functions or powers. Consequently, the appeal is proceeded to be heard on the merits.
III.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, according to what is set forth in the initial order:
The protected party has been processing access to water service for a housing development project of ten lots to be segregated from property 2 159710-000 since 2016, before the Asociación Administradora del Acueducto de Pénjamo de Florencia de San Carlos (see attached evidence).
Through a note of August 6, 2021, the protected party addresses the ASADA of Pénjamo and states the following: "Gentlemen ASADA Pénjamo Dear Sirs, the undersigned [Name 002] (…) and [Name 006] (…) request that you respect and fulfill the feasibility study conducted in May 2016 by Technical Advisors of Acueductos and signed by engineer Néstor Martín Vargas (…) we were the first to conduct a technical study of the aqueduct for the entire community of Pénjamo, which we hope is in your files. 2. Said study concluded that there IS sufficient water at the source to currently supply, and with the ten-year growth projection, the demand of this sector of the community and our project. (…) 6. With the foregoing we demonstrate that the indispensable requirement was to carry out the works as they were actually done (…) 9. It is possible that the aqueduct has leaks of various types, among them an administrative accounting leak since it is possible that the following exists: projects without studies, two or more houses with a single meter, this being potentially detrimental because there may be dwellings with water consumption not measured or measured by a single meter and not applying the rules established by ARESEP and AyA.
REQUEST 1-We request that we be given (sic) the water availability letter for the 9 lots we are missing 2- We immediately request the installation of the connections (previstas) and immediately following we will be paying the amount established by ARESEP. EVIDENCE FEASIBILITY STUDY UEN-GAR-2016-01983 Date August 24, 2016 ASAPEN0- 084-2019 Date November 12, 2019" (see attached evidence).
Through a note of August 9, 2021, addressed to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Región Huetar Norte, the protected party stated the following: "We are sending you a copy of the note sent to the ASADA of Pénjamo, which deals with the subdivision project (proyecto de lotificación) of the undersigned [Name 002] (…) and [Name 006] (…) EVIDENCE FEASIBILITY STUDY UEN-GAR-2016-01983 Date August 24, 2016 ASAPEN0-084-2019 Date November 12, 2019 REQUEST We request that we be given (sic) the water availability letter for the 9 lots we are missing. We immediately request the installation of the connections (previstas) and immediately following we will be paying the amount established by ARESEP for each connection (prevista) (…)" (see attached evidence). By email of August 9, 2021, the head of the Oficina Huetar Norte of Acueductos y Alcantarillados indicated to the protected party the following: "(…) In relation to the documentation submitted last August 6, subsequently expanded with the official letter of today, it is observed that a procedure was filed before the ASADA of Pénjamo." It was indicated that he had to wait for the response, according to Article 100 of the Reglamento de las ASADAS (see attached evidence).
By email of August 10, 2021, the ASADA of Pénjamo made the following inquiry to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: “Based on the ASADA's articles of incorporation; Article Sixteen explicitly states that a quorum must exist to make decisions and for this to happen, three members of the Board of Directors must be present. Additionally, evidence is attached that proves and supports the previous statement. With the support of this statement and the minute books in custody of the ASADA, we request that all procedures carried out during this period (03/18/20 page 240, until 06/17/21 page 303), be without legal effect. As well as all availability letters issued between those dates” (see attached evidence). By email of August 26, 2021, the representatives of the ASADA indicated to the protected party that they had requested advice from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and were awaiting the corresponding legal opinion regarding his request (see attached evidence).
Through official letter PRE-J-2021-03522 of September 8, 2021, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in response to the inquiry made by the ASADA, orders the following: “(…) This Legal Advisory Office cannot rule on the legality of the decisions made by the Board of Directors in the indicated periods, since it is the obligation of said organization with its own legal status to resolve what corresponds, or instead make the respective inquiry to the Registro de Asociaciones. 2-Regarding the second inquiry about the validity of the certificates of service availability (constancias de disponibilidad de servicios) granted in the period from 03/18/20 to 06/17/21, it will be the obligation of the Board of Directors to review said certificates and if they have technical feasibility, they must be remedied with a ratification of the decisions. Otherwise, if they do not have technical feasibility, the Board of Directors must revoke them as established in Articles 152 and 153 and following of the Ley General de la Administración Pública, for lacking a technical basis to support them, according to the aforementioned regulations (...)” (see attached evidence).
Through official letter No. GSD-UEN-GAR-2022-00103 of January 12, 2022, issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it is certified that within the property 2 159710-000, subdivision project (proyecto de lotificación) of the protected party, the existence of twelve built dwellings with an installed water meter (hidrómetro) and active water service is observed (see report and attached evidence). -Regarding the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos: a) Through briefs received on November 15 and 18, 2021, by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, the opening of administrative file AU-674-2021 was carried out for the processing of the complaint filed by the protected party against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Asociación Administradora del Acueducto de Pénjamo de Florencia de San Carlos (see report rendered under oath and evidence provided). b) Through official letter OF-0084-DGAU-2022 of January 19, 2022, the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos requested the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide the following information: “1.
Clarify if the ASADA of Pénjamo has a Delegation Agreement (Convenio de Delegación). 2. If so, provide said document and a copy of the legal status (personería jurídica), as well as the means of notification of said ASADA” (see report and attached evidence). c) Through official letter OF-0085-DGAU-2022 of January 19, 2022, notified via email, the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos informed Mr. [Name 002] of the status of his complaint and the continuity in its processing (see report and attached evidence). IV.- On the specific case. In the sub lite, the appellant considers that the fundamental rights of the protected party have been harmed, given that he has filed various procedures before the ASADA of Pénjamo, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos regarding a request for water service for a subdivision project (proyecto de lotificación); however, he has not received a response from any of the respondent authorities.
From the factual picture set forth supra, this Chamber considers it proven that the procedures filed by the protected party and the appellant before the ASADA of Pénjamo, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as before the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, are framed within an administrative procedure initiated in 2016, regarding a request for water service for the development of a residential real estate project. In this regard, it should be noted that the availability of water service for the use and enjoyment of the petitioners here in their dwelling is not under discussion, but rather it is directed at the development of a housing complex; thus, given that it is a commercial project, this Court does not observe any threat to fundamental rights in this aspect, nor that the condition of the protected party as an older adult is relevant in the case at hand.
In this sense, it must be noted that the allegations and claims set forth by the appellant are not within the competence of this Constitutional Court, given that what is pointed out by the appellant in relation to the granting of water availabilities for the subdivision project (proyecto de lotificación), the reopening of the Pozo Maroto, and the fulfillment or non-fulfillment of the requirements according to the infraconstitutional regulations governing the matter, are matters of legality that must be determined by the competent authorities, since their analysis is not within the competence of this constitutional jurisdiction. On the other hand, regarding the alleged violation of Article 27 of the Constitution for lack of a prompt response, it is observed from the evidence provided in the case file that the procedure of August 6, 2021, filed by the protected party before the ASADA of Pénjamo and reiterated on August 9, 2021, before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, consisted of the following: "(…) we request that you respect and fulfill the feasibility study conducted in May 2016 by Technical Advisors of Acueductos and signed by engineer Néstor Martín Vargas (…) we were the first to conduct a technical study of the aqueduct for the entire community of Pénjamo, which we hope is in your files. 2.
Said study concluded that there IS sufficient water at the source to currently supply, and with the ten-year growth projection, the demand of this sector of the community and our project. (…) 6. With the foregoing we demonstrate that the indispensable requirement was to carry out the works as they were actually done (…) 9. It is possible that the aqueduct has leaks of various types, among them an administrative accounting leak since it is possible that the following exists: projects without studies, two or more houses with a single meter, this being potentially detrimental because there may be dwellings with water consumption not measured or measured by a single meter and not applying the rules established by ARESEP and AyA. REQUEST 1-We request that we be given (sic) the water availability letter for the 9 lots we are missing 2- We immediately request the installation of the connections (previstas) and immediately following we will be paying the amount established by ARESEP.
EVIDENCE FEASIBILITY STUDY UEN-GAR-2016-01983 Date August 24, 2016 ASAPEN0- 084-2019 Date November 12, 2019". From reading the same, this Court sees that the petitioners request a change of criteria regarding the delivery of water availability letters for the development of their project, a situation that cannot be framed as a pure and simple request for information that can be framed within the assumptions of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as the appellant intends to pose in her initial brief. Hence, it is not observed that any fundamental right has been harmed, since if her intention was to ensure that the respondents act in a certain way, and they did not, with the harmful consequences of the case, or they have some disagreement with the acts ordered by the respondents in prior stages, these are not acts that can harm her right to petition in the terms she sets forth in her initial memorial, therefore, it is reiterated, the explanations that are missed or disagreements that arise regarding her request must be pursued before the respondents.
Likewise, the failure to comply with legal deadlines and delay in resolving her claims could potentially constitute, in her case, a violation of the provisions of Article 41 of the Political Constitution, and thus, being administrative claims, the appeal is inadmissible, for which she should take into account that since Vote No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber ruled in accordance with what is indicated in the following considerations. Likewise, regarding the possible violation of the provisions of Article 41, with respect to the procedure filed on November 15 and 18, 2021, before the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, it must be warned that, for the purpose of resolving the filed complaint, the Administration requires an investigative and study process that leads it to issue a well-founded technical opinion, whose eventual inertia would correspond to be widely discussed through the administrative contentious channel, as set forth in the subsequent paragraphs.
V.- New administrative justice, expeditious and effective mechanism for the protection of substantial legal situations of the administered parties. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that are grounded in the infraconstitutional legal system or parameter of legality, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. On this particular, one should not lose perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, gives indirect support to any imaginable substantial legal situation of persons. However, under a better weighting and given the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that the justiciable parties now have a plenary and universal administrative contentious jurisdiction, highly expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines to carry out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality–and its subprinciples of concentration, immediacy, and swiftness-, the sole instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or “amparo de legalidad”, processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal.
All these novel procedural institutes have the end and manifest purpose of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or effective protection of the substantial legal situations of the administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new administrative contentious jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the protection and effective protection of the substantial legal situations of the administered parties in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality. VI.- Verification of the deadlines set by law to resolve administrative proceedings: an evident matter of ordinary legality. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative proceedings, to resolve a final act of an administrative proceeding –initiated ex officio or at the instance of a party– or to hear the appropriate administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality which, henceforth, can be discussed and resolved before the administrative contentious jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense –that is, appearing without legal representation– and gratuity for the appellants.
Consequently, the dismissal of the appeal is required and the managing party is warned that, if they deem it appropriate, they may resort to the administrative contentious jurisdiction. VII.- Conclusion. In summary, the appeal is dismissed in its entirety, as it deals with the development of a commercial project, without any harm to a fundamental right being observed and, in turn, dealing with claims outside the competence of this constitutional jurisdiction. VIII.- Documentation provided to the file . The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, informatic, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43- 12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is dismissed.- Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Alexandra Alvarado P.
*CPTDE799CDG61* Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210263400007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .
Recurso de interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE PENJAMO, AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, REGIÓN HUETAR NORTE.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado ; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. La recurrente estima lesionados los derechos fundamentales del amparado, toda vez que ha presentado diversas gestiones ante la ASADA de Pénjamo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en cuanto a unas cartas de disponibilidad de servicio de agua para un proyecto de lotificación; sin embargo, no ha recibido respuesta de parte de ninguna de las autoridades recurridas. II.- Sobre el amparo contra sujetos de derecho privado. Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para -posteriormente y en caso afirmativo-, dilucidar si es estimable o no. En ese particular, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, estipula bajo qué supuestos es admisible el amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, es decir, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2°, inciso a), de la misma Ley.
Visto lo anterior, en el caso concreto, se estima procedente entrar a conocer el fondo del asunto, considerando que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Pénjamo de Florencia actúa en ejercicio de funciones o potestades públicas. En consecuencia, se procede a conocer el recurso por el fondo.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
El amparado ha estado tramitando el acceso a servicio de agua para un proyecto de desarrollo habitacional de diez lotes a segregar en la finca 2 159710-000 desde el año 2016, ante la Asociación Administradora del Acueducto de Pénjamo de Florencia de San Carlos (ver prueba adjunta).
Mediante nota del 6 de agosto de 2021, el amparado se dirige a la ASADA de Pénjamo y manifiesta lo siguiente: "Señores ASADA Pénjamo Estimados señores los suscritos [Nombre 002] (…) y [Nombre 006] (…) solicitamos a ustedes respetar y cumplir el estudio de factibilidad realizado en mayo del 2016 por Asesores Técnicos de Acueductos y firmado por el ingeniero Néstor Martín Vargas (…) fuimos los primeros en realizar un estudio técnico del acueducto de toda la comunidad de Pénjamo el cual esperamos que se encuentre en sus archivos. 2. En Dicho estudio se concluyó SI tiene el agua suficiente en la fuente para abastecer actualmente y con la proyección de crecimiento a diez años, la demanda de este sector de la comunicad y de nuestro proyecto. (…) 6. Con lo anterior demostramos que el requisito indispensable eran realizar las obras como realmente se hicieron (…) 9. Es posible que el acueducto tenga fugas de varios tipos entre ellas la fuga de contabilidad administrativa ya que es posible que exista lo siguiente: proyectos sin estudios, que existan de dos casas en adelante con un solo medidor, siendo esto perjudicial posiblemente por existir viviendas con el consumo de agua no medida o medida por un solo medidor y no aplicando las reglas establecidas por ARESEP y AyA PETITORIA 1-Solicitamos se nos de (sic) la carta de disponibilidad hídrica para los 9 lotes que nos faltan 2-De una vez solicitamos la instalación de las previstas y de seguido de forma inmediata estaremos cancelando el monto que establece ARESEP PRUEBA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD UEN-GAR-2016-01983 Fecha 24 de agosto del 2016 ASAPEN0- 084-2019 Fecha 12 de noviembre del 2019" (ver prueba adjunta).
Mediante nota del 9 de agosto de 2021 dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Región Huetar Norte, el amparado manifestó lo siguiente: "Le remitimos copia de nota enviada a la ASADA de Pénjamo, la cual versa sobre el proyecto de lotificación de los suscritos [Nombre 002] (…) y [Nombre 006] (…) PRUEBA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD UEN-GAR-2016-01983 Fecha 24 de agosto del 2016 ASAPEN0-084-2019 Fecha 12 de noviembre del 2019 PETITORIA Solicitamos se nos de (sic) la carta de disponibilidad hídrica para los 9 lotes que nos faltan De una vez solicitamos la instalación de las previstas y de seguido de forma inmediata estaremos cancelando el monto que establece ARESEP para cada prevista (…)" (ver prueba adjunta). Por correo electrónico del 9 de agosto de 2021, el jefe de la Oficina Huetar Norte de Acueductos y Alcantarillados indicó al tutelado lo siguiente: "(…) En relación con la documentación presentada el pasado 6 de agosto, posteriormente ampliada con el oficio del día de hoy, se visualiza que se presentó una gestión ante la ASADA de Pénjamo".
Se indicó que debía esperar por la respuesta, según el artículo 100 del Reglamento de las ASADAS (ver prueba adjunta). Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2021, la ASADA de Pénjamo realiza la siguiente consulta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: “Basados en los estatutos de constitución de la ASADA; artículo Décimo Sexto cita de forma explícita que debe existir quorum para tomar acuerdos y para que esto suceda deben estar presentes tres miembros de la Junta Directiva. Adicionalmente se adjunta evidencia que comprueba y sustenta la anterior afirmación. Con el respaldo de este enunciado y los libros de actas en custodia por la ASADA, solicitamos que toda gestión realizada durante este período (18/03/20 página 240, hasta el 17/06/21 página 303), sin efecto legal. Así como todas las cartas disponibilidad realizadas entre esas fechas” (ver prueba adjunta).
Por correo electrónico de 26 de agosto de 2021, los representantes de la ASADA le indicaron al amparado que habían solicitado asesoría al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y estaban a la espera del criterio jurídico correspondiente en cuanto a su petición (ver prueba adjunta). Mediante oficio PRE-J-2021-03522 del 8 de setiembre de 2021, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en atención a la consulta realizada por la ASADA, dispone lo siguiente: “(…) Esta Asesoría legal no se puede pronunciar en lo que respecta a la legalidad de los acuerdos tomados por la Junta Directiva en los períodos indicados, ya que es obligación de dicha organización con personería jurídica propia resolver lo que corresponda, o en su lugar realizar la respectiva consulta al Registro de Asociaciones, 2-Sobre la segunda consulta sobre la validez de las constancias de disponibilidad de servicios otorgadas en el período comprendido entre el 18/03/20 hasta el 17/06/21, será obligación de la Junta Directiva revisar las citadas constancias y de contar con factibilidad técnica, estas deberán de subsanarse con una ratificación de los acuerdos.
Caso contrario de no contar con factibilidad técnica será necesario que la Junta Directiva revoque las mismas según lo establecen los artículos 152 y 153 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, por no tener un fundamento técnico que las sustente, según la normativa supra citada (...)” (ver prueba adjunta). Mediante oficio Nº GSD-UEN-GAR-2022-00103 del 12 de enero de 2022, emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se hace constar que dentro de la finca 2 159710-000, proyecto de lotificación del amparado, se aprecia la existencia de doce viviendas construidas con hidrómetro instalado y servicio de agua activo (ver informe y prueba adjunta). -En cuanto a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos: a) Mediante escritos recibidos el 15 y 18 de noviembre de 2021 por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, se dio la apertura de expediente administrativo AU-674-2021 para la tramitación de queja presentada por el amparado contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asociación Administradora del Acueducto de Pénjamo de Florencia de San Carlos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). b) Por medio del oficio OF-0084-DGAU-2022 del 19 de enero de 2022, al Autoridad Reguladora de Servicios Públicos solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que brindara la siguiente información: “1.
Aclarar si la Asada de Pénjamo cuenta con Convenio de Delegación. 2. En caso de que sí, aportar dicho documento y copia de la personería jurídica, así como los medios de notificación de dicha Asada” (ver informe y prueba adjunta). c) Mediante oficio OF-0085-DGAU-2022 del 19 de enero de 2022, notificado vía correo electrónico, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos informó al señor [Nombre 002] el estado de su queja y la continuidad en su tramitación (ver informe y prueba adjunta). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima lesionados los derechos fundamentales del amparado, toda vez que ha presentado diversas gestiones ante la ASADA de Pénjamo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en cuanto a una solicitud de servicio de agua para un proyecto de lotificación; sin embargo, no ha recibido respuesta de parte de ninguna de las autoridades recurridas.
A partir del cuadro fáctico expuesto supra, esta Sala tiene por acreditado que las gestiones presentadas por el amparado y la recurrente ante la ASADA de Pénjamo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos se enmarcan dentro de un procedimiento administrativo iniciado desde el año 2016, en cuanto a una solicitud de servicio de agua para el desarrollo de un proyecto inmobiliario habitacional. Al respecto, nótese, que no se encuentra en discusión la disponibilidad del servicio de agua para uso y disfrute de los aquí accionantes en su vivienda, sino que está dirigida al desarrollo de un complejo habitacional; de modo que, al tratarse de un proyecto comercial, no observa este Tribunal que medie amenaza alguna a derechos fundamentales en este aspecto ni que la condición de persona adulta mayor del amparado tenga relevancia en el caso en cuestión.
En ese sentido, los alegatos y pretensiones expuestas por la recurrente, se impone advertir que no son competencia de este Tribunal Constitucional, dado que lo señalado por la recurrente en relación con el otorgamiento de las disponibilidades de agua para el proyecto de lotificación, la reapertura del pozo Maroto, y el cumplimiento o no de los requisitos según la normativa infraconstitucional que regula la materia, son extremos de legalidad que corresponden ser determinados por las autoridades competentes, pues su análisis no es competencia de esta jurisdicción constitucional. Por otro lado, en cuanto a la alegada violación al artículo 27 constitucional por falta de pronta respuesta, se aprecia de la prueba aportada en autos que la gestión del 06 de agosto de 2021, presentada por el amparado ante la ASADA de Pénjamo y reiterada el día 09 de agosto de 2021 ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, consistía en lo siguiente: "(…) solicitamos a ustedes respetar y cumplir el estudio de factibilidad realizado en mayo del 2016 por Asesores Técnicos de Acueductos y firmado por el ingeniero Néstor Martín Vargas (…) fuimos los primeros en realizar un estudio técnico del acueducto de toda la comunidad de Pénjamo el cual esperamos que se encuentre en sus archivos. 2.
En Dicho estudio se concluyó SI tiene el agua suficiente en la fuente para abastecer actualmente y con la proyección de crecimiento a diez años, la demanda de este sector de la comunicad y de nuestro proyecto. (…) 6. Con lo anterior demostramos que el requisito indispensable eran realizar las obras como realmente se hicieron (…) 9. Es posible que el acueducto tenga fugas de varios tipos entre ellas la fuga de contabilidad administrativa ya que es posible que exista lo siguiente: proyectos sin estudios, que existan de dos casas en adelante con un solo medidor, siendo esto perjudicial posiblemente por existir viviendas con el consumo de agua no medida o medida por un solo medidor y no aplicando las reglas establecidas por ARESEP y AyA PETITORIA 1-Solicitamos se nos de (sic) la carta de disponibilidad hídrica para los 9 lotes que nos faltan 2-De una vez solicitamos la instalación de las previstas y de seguido de forma inmediata estaremos cancelando el monto que establece ARESEP PRUEBA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD UEN-GAR-2016-01983 Fecha 24 de agosto del 2016 ASAPEN0- 084-2019 Fecha 12 de noviembre del 2019".
De la lectura de la misma, aprecia este Tribunal que los accionantes solicitan un cambio de criterio en cuanto a la entrega de las cartas de disponibilidad de agua para el desarrollo de su proyecto, situación que no es posible enmarcar en una petición pura y simple de información que se pueda enmarcar en los presupuestos del artículo 27, Constitucional y del 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como pretende plantear la recurrente en su escrito de interposición. De ahí que no se observa que se haya lesionado derecho fundamental alguno, ya que si su intención era procurar que los recurridos actuaran de determinada forma, y no lo hicieron, con las consecuencias perjudiciales del caso, o tienen alguna inconformidad con los actos dispuestos por los recurridos en etapas previas, estos no son actos que puedan lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en su memorial inicial, por lo que se reitera, las explicaciones que se extrañan o disconformidades que medien en cuanto a su solicitud, deben ser gestionadas ante los recurridos.
Asimismo, el incumplimiento de plazos legales y mora en la resolución de sus pretensiones, podría constituir eventualmente, en su caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política, tratándose así de reclamos administrativos, el recurso resulta inadmisible, por lo que deberá tomar en cuenta que desde el voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala se pronunció conforme a lo que se indica en los considerandos siguientes. De igual forma, en cuanto a la posible violación de lo dispuesto en el artículo 41, respecto a la gestión presentada en fechas 15 y 18 de noviembre 2021 ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, se debe advertir que, a efectos de resolver la queja interpuesta, la Administración requiere de un proceso investigativo y de estudio que la lleve a dictar un criterio técnico de manera fundada, cuya eventual inercia correspondería ser discutida ampliamente por medio de la vía contenciosa administrativa, tal y como se expone en los párrafos subsiguientes.
V.- Nueva justicia administrativa, mecanismo célere y cumplido para la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infraconstitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad–y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación.
Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. VI.- Verificación de los plazos pautados por ley para resolver los procedimientos administrativos: cuestión evidente de legalidad ordinaria. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes.
Consecuentemente, se impone la desestimatoria del recurso y, advierta la parte gestionante que, si a bien lo tienen, pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. VII.- Conclusión. En resumen, se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos, al tratarse del desarrollo de un proyecto comercial, sin que se apreciara lesión a derecho fundamental alguno y, a su vez, tratarse de pretensiones ajenas a la competencia de esta jurisdicción constitucional. VIII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia.
De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43- 12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Alexandra Alvarado P.
*CPTDE799CDG61*
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