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Res. 02496-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/01/2022
OutcomeResultado
The amparo is granted, ordering the TAA to carry out the inspection scheduled for February 1, 2022, resolve the precautionary measure within three days of the inspection, and issue the final decision in the administrative proceeding under file 232-17-01-TAA within three months.Se declara con lugar el recurso de amparo y se ordena al TAA realizar la inspección fijada para el 1° de febrero de 2022, resolver la medida cautelar en tres días a partir de dicha inspección, y dictar el acto final del procedimiento administrativo en el expediente 232-17-01-TAA en un plazo de tres meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Administrative Environmental Tribunal (TAA) for failing to resolve a request for a precautionary measure in an administrative proceeding regarding the invasion of the protection area of a permanent spring on Finca 3 of the University of Costa Rica (UCR). The petitioners filed a complaint in 2017 about the piping of the Pichichueca stream and the imminent construction of a building affecting the spring. The substantive hearing, scheduled for October 2021, was suspended, and although the petitioners reiterated their request for a precautionary measure, the TAA did not issue any ruling for over two months, while the UCR began earthworks and tree felling. The Chamber finds a violation of the right to a prompt and complete administrative proceeding, noting that 18 months elapsed between the original complaint and the opening of the proceeding, and then over two months to decide the request made at the hearing. It orders the inspection to proceed and the precautionary measure to be resolved within set timeframes.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por la omisión de resolver una solicitud de medida cautelar en un procedimiento administrativo por invasión del área de protección de una naciente permanente en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las recurrentes denunciaron en 2017 el entubamiento de la quebrada Pichichueca y la inminente construcción de un edificio que afectaría la naciente. La audiencia de fondo, fijada para octubre de 2021, se suspendió y, pese a que las recurrentes insistieron en la medida cautelar, el TAA no emitió pronunciamiento alguno durante más de dos meses, mientras la UCR iniciaba movimientos de tierra y tala. La Sala constata la violación del principio de justicia pronta y cumplida, ya que el TAA dejó transcurrir 18 meses entre la denuncia original y la apertura del procedimiento, y luego más de dos meses para resolver lo solicitado en audiencia. Se ordena realizar la inspección programada y resolver la medida cautelar en los plazos fijados.
Key excerptExtracto clave
In sum, this Chamber does not find it proven that the request for a precautionary measure made by the petitioner on October 26, 2021, has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, much less that the TAA has issued the final act in file 232-17-01-TAA initiated in October 2017. This situation is contrary to the principle of prompt and complete justice, as well as to the provision in article 110 of the Organic Environment Law, which states: 'Speed of proceedings. The Administrative Environmental Tribunal shall, ex officio, promote the procedure and processing of matters within its competence with the speed required by the affected situation. The ruling shall be rendered within a term of no more than thirty days; in special cases, the term may be extended up to thirty additional days. The administration's obligation to provide a prompt and complete response is established.' Thus, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the petitioner due to the delay by the Administrative Environmental Tribunal in resolving the complaint processed in file 232-17-01-TAA, as well as the request for a precautionary measure filed by the petitioners since October 26, 2021.En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual dispone: “Celeridad del trámite. De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. De este modo, la Sala verifica la conculcación de los derechos fundamentales de la parte recurrente, debido a la tardanza por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en resolver la denuncia tramitada en el expediente 232-17-01-TAA, así como la solicitud de medida cautelar planteada por las amparadas desde el 26 de octubre de 2021.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: “De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”."
"Article 110 of the Organic Environment Law enshrines the principle of speed in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, expressly establishing the following: 'The Administrative Environmental Tribunal shall, ex officio, promote the procedure and processing of matters within its competence with the speed required by the affected situation. The ruling shall be rendered within a term of no more than thirty days; in special cases, the term may be extended up to thirty additional days. The administration's obligation to provide a prompt and complete response is established.'"
Considerando V
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: “De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”."
Considerando V
"En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente."
"In sum, this Chamber does not find it proven that the request for a precautionary measure made by the petitioner on October 26, 2021, has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, much less that the TAA has issued the final act in file 232-17-01-TAA initiated in October 2017. This situation is contrary to the principle of prompt and complete justice, as well as to the provision in article 110 of the Organic Environment Law."
Considerando V
"En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente."
Considerando V
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022; 2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021; y 3) en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los escritos pendientes, se realicen las actuaciones necesarias y se dicte la resolución final, según corresponda, concerniente al procedimiento administrativo tramitado en el expediente n.° 232-17-01-TAA."
"The amparo is granted. Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever holds that position, is ordered to coordinate and carry out all actions within her competence to: 1) on February 1, 2022, conduct the on-site inspection set in resolution No. 40-22-TAA at 7:05 a.m. on January 17, 2022; 2) within THREE DAYS from the completion of said inspection, resolve the request for a precautionary measure filed by the petitioner on October 26, 2021; and 3) within THREE MONTHS from notification of this judgment, resolve the pending briefs, take the necessary steps, and issue the final decision, as appropriate, regarding the administrative proceeding in file No. 232-17-01-TAA."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que: 1) el 1° de febrero de 2022 se efectúe la inspección ocular fijada en la resolución n.° 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022; 2) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del diligenciamiento de la inspección supramencionada, se resuelva la solicitud de dictado de una medida cautelar formulada por la parte recurrente el 26 de octubre de 2021; y 3) en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan los escritos pendientes, se realicen las actuaciones necesarias y se dicte la resolución final, según corresponda, concerniente al procedimiento administrativo tramitado en el expediente n.° 232-17-01-TAA."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-eighth of January, two thousand twenty-two.
Amparo remedy processed in dossier number 22-000743-0007-CO, filed by MECHTHILD FRIDERIEKE BORS DE BARQUERO, residency ID 127600115431, and PAULINA MATA MONGE, identity card 0107910223, against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL (TAA).
Whereas:
Drafted by Magistrate Pacheco Salazar; and,
Considering:
In the sub lite case, the petitioner requested this Tribunal to issue a precautionary measure (medida cautelar); however, given that the remedy is being resolved on its merits, such a measure is dispensed with.
One of the indicated aspects could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, based on decision number 2008002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure — initiated ex officio or at the request of a party — or to hear the applicable administrative recourses. Precisely, this remedy raises a case of exception, given that the sub examine is related to the filing of an environmental complaint. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the remedy.
The petitioners claim that since 2017, a complaint was filed before the TAA due to an invasion of the protection area of a permanent spring (naciente) on Finca 3 of the University of Costa Rica. They explain that the merits hearing for that case was scheduled for October 26, 2021; however, it was suspended at the request of the respondent party. They state that at that hearing, they reiterated to the TAA their request to issue a precautionary measure (medida cautelar), which had been previously made because the UCR had scheduled the start of construction of the building in the protection area of the spring (naciente). They indicate that on that day, the Administrative Environmental Tribunal undertook to resolve that request for a precautionary measure (medida cautelar); however, it has not yet ruled on the matter, aggravating the situation since the construction process has already begun. They request that the TAA be ordered to resolve their request for a precautionary measure (medida cautelar). They request that this Chamber temporarily issue a precautionary measure (medida cautelar) against the referenced earthworks (movimientos de tierra) and construction works.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
“FIRST: That prior to ruling on the statements raised, being the nullity recourse filed by the representation of the respondent party alleged at minute 47:40 of the oral and public hearing, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainants as recorded at minute 50:55 of the hearing, this Tribunal considers it necessary, in order to establish the real truth of the facts in relation to what has been denounced, to conduct an on-site ocular inspection 'in situ', to determine the location of the bodies of water established in the imputation of charges (resolution number 1230-19-TAA visible on folios 136 to 139), in relation to the opinions issued by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, thus defining the body of water in question, its nature, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether it is or is not affected in its watercourse or in its protection area, establishing the impact and its extent, this according to the competencies in the matter of both the Water Directorate (Dirección de Agua) and SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal. For this purpose, the following persons are summoned due to being considered necessary:
• Ing. Marilyn Mora, in her capacity as an official of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, or whoever holds her position, or whomever the office designates; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, in her capacity as Head of the San José Office of the Central Conservation Area, or whoever holds her position, or whomever the Office designates; • Mrs. Paulina Mata Monge and Mechthild Bors de Barquero, both in their capacity as complainants; • The University of Costa Rica, in its capacity as respondent, whose current Rector is Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SECOND: That said inspection will be carried out on February 1, 2022, with the meeting point at the Sports City of the University of Costa Rica, at 08:30 hours.
THIRD: The summoned officials and/or designees must render a report on said proceeding with the information pertaining to the inspection conducted and submit it to this Office within a period of TEN calendar days from the next business day following the notification of this Resolution, the foregoing in accordance with article 262 of the General Law of Public Administration (…)” (emphasis added). (See documentary evidence).
In the sub examine, the petitioners claim that since 2017, a complaint was filed before the TAA due to an invasion of the protection area of a permanent spring (naciente) on Finca 3 of the University of Costa Rica. They explain that the merits hearing for that case was scheduled for October 26, 2021; however, it was suspended at the request of the respondent party. They state that at that hearing, they reiterated to the TAA their request to issue a precautionary measure (medida cautelar), which had been previously made because the UCR had scheduled the start of construction of the building in the protection area of the spring (naciente). They indicate that on that day, the Administrative Environmental Tribunal undertook to resolve that request for a precautionary measure (medida cautelar); however, it has not yet ruled on the matter, aggravating the situation since the construction process has already begun. They request that the TAA be ordered to resolve their request for a precautionary measure (medida cautelar). They request that this Chamber temporarily issue a precautionary measure (medida cautelar) against the referenced earthworks (movimientos de tierra) and construction works.
On this matter, the Chamber verifies that, on October 12, 2017, by official letter OSJ-648, the head of the San José Subregional Office of the Central Conservation Area filed a complaint against the UCR for the alleged piping (entubamiento) of a spring (naciente) of the Pichichueca stream (quebrada Pichichueca) located on finca 3. This complaint was assigned dossier 232-17-01-TAA. Furthermore, it is observed that, on December 1, 2017, the amparo petitioners filed a complaint before the TAA against the UCR, which was incorporated into the referenced dossier 232-17-01-TAA.
Likewise, it is verified that, by resolution 1230-19-TAA of 1:15 p.m. on July 22, 2019, the TAA ordered the opening of an ordinary administrative proceeding against the UCR for the alleged invasion and piping (entubamiento) of a section of a stream (quebrada) watercourse, as well as for the alleged invasion of the protection area of a permanent spring (naciente). Furthermore, it summoned the parties to an oral and public hearing for June 29, 2021. However, by resolution 761-21-TAA of 2:15 p.m. on June 28, 2021, the appealed authority suspended the aforementioned oral and public hearing because the amparo petitioner Paulina Mata Monge was under an isolation order. Consequently, by resolution 1177-21-TAA of 7:10 a.m. on September 9, 2021, the TAA rescheduled said proceeding for 8:30 a.m. on October 26, 2021.
The Chamber confirms that on October 26, 2021, the oral and public hearing concerning dossier 232-17-01-TAA was held; however, it was suspended. Likewise, in said proceeding, the appealed authority indicated that said tribunal would hear the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainants “by brief, by resolution.” In turn, this Tribunal accredits that, by resolution 40-22-TAA of 7:05 a.m. on January 17, 2022, the Administrative Environmental Tribunal ordered: “FIRST: That prior to ruling on the statements raised, being the nullity recourse filed by the representation of the respondent party alleged at minute 47:40 of the oral and public hearing, as well as the request for a precautionary measure (medida cautelar) raised by the complainants as recorded at minute 50:55 of the hearing, this Tribunal considers it necessary, in order to establish the real truth of the facts in relation to what has been denounced, to conduct an on-site ocular inspection 'in situ', to determine the location of the bodies of water established in the imputation of charges (resolution number 1230-19-TAA visible on folios 136 to 139), in relation to the opinions issued by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, thus defining the body of water in question, its nature, its location in coordinates and located on a map for this purpose, as well as whether it is or is not affected in its watercourse or in its protection area, establishing the impact and its extent, this according to the competencies in the matter of both the Water Directorate (Dirección de Agua) and SINAC, this jointly with the officials of this Tribunal.
For this purpose, the following persons are summoned due to being considered necessary: • Ing. Marilyn Mora, in her capacity as an official of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, or whoever holds her position, or whomever the office designates; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, in her capacity as Head of the San José Office of the Central Conservation Area, or whoever holds her position, or whomever the Office designates; • Mrs. Paulina Mata Monge and Mechthild Bors de Barquero, both in their capacity as complainants; • The University of Costa Rica, in its capacity as respondent, whose current Rector is Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SECOND: That said inspection will be carried out on February 1, 2022, with the meeting point at the Sports City of the University of Costa Rica, at 08:30 hours. THIRD: The summoned officials and/or designees must render a report on said proceeding with the information pertaining to the inspection conducted and submit it to this Office within a period of TEN calendar days from the next business day following the notification of this Resolution, the foregoing in accordance with article 262 of the General Law of Public Administration (…)” (emphasis added).
Finally, in the sub iudice it is considered uncontroverted that the Administrative Environmental Tribunal has not resolved the precautionary measure (medida cautelar) requested by the amparo petitioners at the hearing held on October 26, 2021, nor has it issued the final act concerning dossier 232-17-01-TAA.
By virtue of the foregoing, this Constitutional Chamber considers it appropriate to bring up what is provided in judgment no. 2016018377 of 9:05 a.m. on December 16, 2016, in which a case similar to the sub lite was analyzed:
“IV.- On the right to prompt and complete justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens compliance with prompt and complete justice, without denial, which implies, in the sphere of administrative justice, its obligation to decide the claims raised by the administered parties with diligence and speed, in such a way that its resolution is congruent with the alleged extremes, as well as to communicate to the interested parties what has been decided, all within a reasonable timeframe.” In this sense, the “reasonable” nature of the duration of the administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be discharged, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right that constitutional review be applied to those actions of the Administration in which there are insufficient grounds to justify the time taken to resolve some type of administrative proceeding.
V.Regarding the specific case. In the sub lite, the appellant claims that a complaint related to the La Carpio Sanitary Landfill, located in San José, has been before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) since 2007; however, as of the date of filing the appeal, this has not been resolved.
From the study of the case file, it is proven that on August 1, 2007, a complaint was filed before the Administrative Environmental Tribunal against the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), the Municipality of San José, and the Ministry of Health, for the alleged impact of emanations, noises, and pollution derived from the malfunctioning of the La Carpio Sanitary Landfill (Administrative File No. 215-07-02-TAA). Additionally, it was later expanded against the company EBI Costa Rica, which manages the La Carpio Sanitary Landfill.
In addition, it is verified that on May 16, 2014, Juan José Echeverría Alfaro filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal for the illegal operation of the La Carpio Sanitary Landfill, against the Ministry of Health and SETENA (Administrative File No. 85-74-01-TAA).
Likewise, it is taken as true that the Administrative Environmental Tribunal, through resolution No. 119-16-TAA at 11:15 a.m. on February 9, 2016, resolved to consolidate Administrative File No. 85-74-01-TAA with No. 215-07-02-TAA.
Also, it is taken as proven that on August 8, 2016, Melissa Flores Núñez, representing ASOCARIARI, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal related to the illegal operation of the La Carpio Sanitary Landfill.
In the same manner, as is evident from the case file, on October 26, 2016, the Administrative Environmental Tribunal was notified of the course of this proceeding, and that same authority, through resolution No. 1523-16-TAA at 8:20 a.m. on November 1, 2016, scheduled an inspection at the Sanitary Landfill for November 7, 2016, at 8:00 a.m.
Finally, it was reported under oath that Administrative File No. 215-07-02-TAA is under preliminary investigation.
From this perspective, the right to prompt and complete justice is deemed violated.
Regarding this matter, although neither the appellant nor the coadjuvant were the ones who filed the 2007 complaint before the Administrative Environmental Tribunal, the truth is that they have standing to bring action in the constitutional avenue, due to the nature of the rights involved. It must be considered that in environmental processes and procedures, there is broad standing to appear before them, which derives from Article 50 of the Political Constitution, which states: “(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. (...)”.
Concerning the specific case, the Chamber, through judgment No. 2016-2168 at 9:05 a.m. on February 12, 2016, indicated:
“In the Chamber's opinion, the lack of procedural impulse on the part of the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) enshrines the principle of procedural celerity in the handling of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: “Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a period not exceeding thirty days; in special cases, this period may be extended by up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.” In this regard, this Court understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad contradictory process; however, it cannot deem it reasonable that a complaint filed in 2007 is still under preliminary investigation, as was reported.
Additionally, although the challenged Tribunal argues that the filing of the new complaints that were consolidated with the one from 2007 justifies the delay in the final resolution, it must be noted that all of them set forth facts related to the La Carpio Sanitary Landfill and, to date, the veracity or not of what was reported has not been determined, and thus a disproportionate period has elapsed to resolve it. Such being the case, this Chamber does not see it as feasible to justify a delay of more than 9 years in the case at hand.
Similarly, even though the challenged Tribunal, on the occasion of the amparo, pointed out and conducted a new inspection at the La Carpio sanitary landfill, the truth is that, currently, there is not even an approximate period of time for issuing the final resolution of the complaint, an aspect contrary to Constitutional Law, especially when the preliminary investigation stage has lasted so many years.
For all the foregoing, the right to prompt and complete justice is deemed violated, and it is appropriate to grant the appeal, with the order that will be given in the operative part.” Having clarified the foregoing, in the present matter, it is accredited that on October 12 and December 1, 2017, the complaints concerning file 232-17-01-TAA were formulated, through which, among other things, the possible invasion of the protection area of a spring (naciente) by the UCR was alleged. However, it was not until July 22, 2019, through resolution 1230-19-TAA, that the Administrative Environmental Tribunal ordered the opening of an ordinary administrative proceeding against the aforementioned university and scheduled the oral and public hearing for June 29, 2021. In other words, more than 18 months elapsed between the formulation of the complaints in question and the first pronouncement of the TAA, which set the holding of the aforementioned hearing for June 2021, that is, almost two years after the date of the issuance of the referred resolution.
Furthermore, this Chamber notes that on October 26, 2021, the aforementioned oral and public hearing was held —which was suspended— in which, among other things, the appellant requested the issuance of a precautionary measure (medida cautelar). On that occasion, the respondent indicated that that tribunal would take cognizance of the request for a precautionary measure raised by the complainant “via written submission, by resolution.” However, it was not until January 17, 2022, that the Administrative Environmental Tribunal issued resolution 40-22-TAA, through which it clarified that, prior to resolving such request, it is necessary to carry out an on-site ocular inspection, which was scheduled for February 1, 2022. Such being the case, the TAA took more than two and a half months to determine the need to carry out an inspection in order to resolve the request for the precautionary measure mentioned above.
In sum, this Chamber does not consider it proven that the request for the issuance of a precautionary measure raised by the claimant on October 26, 2021, has been resolved by the Administrative Environmental Tribunal, much less that the TAA has issued the final act for file 232-17-01-TAA formulated since October 2017. Such situation is contrary to the principle of prompt and complete justice, as well as to that prescribed in Article 110 of the Organic Law of the Environment, which provides: “Celerity of processing. Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a period not exceeding thirty days; in special cases, this period may be extended by up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.” Thus, the Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the appellant, due to the delay by the Administrative Environmental Tribunal in resolving the complaint processed in file 232-17-01-TAA, as well as the request for a precautionary measure raised by the persons protected under this amparo since October 26, 2021. Ergo, it is appropriate to grant the appeal in the terms indicated in the operative part of this pronouncement.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is declared with merit. Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies so that:
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.
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Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-000743-0007-CO, interpuesto por MECHTHILD FRIDERIEKE BORS DE BARQUERO, cédula de residencia 127600115431, y PAULINA MATA MONGE, cédula de identidad 0107910223, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO (TAA).
Resultando:
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,
Considerando:
En el sub lite, la parte accionante solicitó a este Tribunal el dictado de una medida cautelar; empero, dado que se procede a resolver por el fondo el recurso, se prescinde de tal medida.
Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008002545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa ‑con algunas excepciones‑ aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción, dado que el sub examine está relacionado con la interposición de una denuncia ambiental. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
La parte accionante acusa que desde el año 2017 se interpuso ante el TAA una denuncia, debido a una invasión del área de protección de una naciente permanente en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica. Explican que la audiencia de fondo de ese caso fue programada para el 26 de octubre de 2021; no obstante, se suspendió a solicitud de la parte denunciada. Expresan que en esa audiencia reiteraron al TAA su solicitud de emitir una medida cautelar, la cual había sido formulada previamente, porque la UCR había programado el inicio de la construcción del edificio en el área de protección de la naciente. Indican que, ese día, el Tribunal Ambiental Administrativo se comprometió a resolver esa solicitud de medida cautelar; sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto, con el agravante de que ya se comenzó el proceso de construcción. Solicitan que se ordene al TAA resolver su solicitud de medida cautelar. Piden que esta Sala emita temporalmente una medida cautelar contra los movimientos de tierra y las obras de construcción referidas.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
“PRIMERO: Que previo a resolver sobre las manifestaciones planteadas, siendo el recurso de nulidad presentado por la representación de la parte denunciada alegada en el minuto 47:40 de la audiencia oral y pública, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante según consta al minuto 50:55 de la audiencia, este Tribunal considera necesario a fin de establecer la verdad real de los hechos en relación con lo denunciado, realizar una inspección ocular "in situ", para determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal. Para ello se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario:
• Ing. Marilyn Mora, en su condición de funcionaria de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacifico Central, o quien ocupe su cargo, o a quien la oficina designe; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, en su condici6n de Jefe de la Oficina de San José del Área de Conservación Central o a quien ocupe su cargo o a quien la Oficina designe; • Sra. Paulina Mata Monge y Mechthild Bors de Barquero, ambas en su condición de denunciantes; • La Universidad de Costa Rica, en su condición de denunciada, cuyo actual Rector es el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 01 de febrero del 2022, teniendo como punto de encuentro en la Ciudad Deportiva de la Universidad de Costa Rica, a las 08:30 horas.
TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada y sea presentado ante este Despacho en un plazo de DIEZ DIAS naturales a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública (…)” (el destacado fue añadido). (Ver prueba documental).
En el sub examine, la parte accionante acusa que desde el año 2017 se interpuso ante el TAA una denuncia, debido a una invasión del área de protección de una naciente permanente en la Finca 3 de la Universidad de Costa Rica. Explican que la audiencia de fondo de ese caso fue programada para el 26 de octubre de 2021; no obstante, se suspendió a solicitud de la parte denunciada. Expresan que en esa audiencia reiteraron al TAA su solicitud de emitir una medida cautelar, la cual había sido formulada previamente, porque la UCR había programado el inicio de la construcción del edificio en el área de protección de la naciente. Indican que, ese día, el Tribunal Ambiental Administrativo se comprometió a resolver esa solicitud de medida cautelar; sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto, con el agravante de que ya se comenzó el proceso de construcción. Solicitan que se ordene al TAA resolver su solicitud de medida cautelar. Piden que esta Sala emita temporalmente una medida cautelar contra los movimientos de tierra y las obras de construcción referidas.
Sobre el particular, la Sala verifica que, el 12 de octubre de 2017, por medio de oficio OSJ-648, la jefa de la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central formuló denuncia contra la UCR por el supuesto entubamiento de una naciente de la quebrada Pichichueca ubicada en finca 3. A tal denuncia se le asignó el expediente 232-17-01-TAA. Además, se observa que, el 1° de diciembre de 2017, las amparadas plantearon una denuncia ante el TAA contra la UCR, la cual fue incorporada al referido expediente 232-17-01-TAA.
Asimismo, se verifica que, por resolución 1230-19-TAA de las 13:15 horas del 22 de julio de 2019, el TAA ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la UCR por la supuesta invasión y entubamiento de un tramo de cauce de una quebrada, así como por la presunta invasión del área de protección de una naciente permanente. Además, convocó a las partes a una audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. No obstante, mediante resolución 761-21-TAA de las 14:15 horas del 28 de junio de 2021, la autoridad recurrida suspendió la audiencia oral y pública antes mencionada, debido a que la amparada Paulina Mata Monge se encontraba con una orden de aislamiento. En consecuencia, mediante resolución 1177-21-TAA de las 7:10 horas del 9 de setiembre de 2021, el TAA reprogramó tal diligencia para las 8:30 horas del 26 de octubre de 2021.
La Sala constata que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública concerniente al expediente 232-17-01-TAA; empero, esta fue suspendida. Asimismo, en tal diligencia, la autoridad recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. A su vez, este Tribunal acredita que, por resolución 40-22-TAA de las 7:05 horas del 17 de enero de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo dispuso: “PRIMERO: Que previo a resolver sobre las manifestaciones planteadas, siendo el recurso de nulidad presentado por la representación de la parte denunciada alegada en el minuto 47:40 de la audiencia oral y pública, así como la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante según consta al minuto 50:55 de la audiencia, este Tribunal considera necesario a fin de establecer la verdad real de los hechos en relación con lo denunciado, realizar una inspección ocular "in situ", para determinar la ubicación de los cuerpos de agua establecidos en la imputación de cargos (resolución número 1230-19-TAA visible a folios 136 a 139), en relación con los dictámenes realizados por la Dirección de Agua del MINAE, definiendo entonces el cuerpo de agua de que se trata, su carácter, su ubicación en coordenadas y ubicadas en un mapa al efecto, así como si el mismo está o no afectado en su cauce o en su área de protección, estableciendo la afectación y su medida, esto según sus competencias en la materia tanto de la Dirección de Agua como del SINAC, esto en forma conjunta con los funcionarios de este Tribunal.
Para ello se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario: • Ing. Marilyn Mora, en su condición de funcionaria de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacifico Central, o quien ocupe su cargo, o a quien la oficina designe; • MSc. Aimara Espinoza Ulate, en su condici6n de Jefe de la Oficina de San José del Área de Conservación Central o a quien ocupe su cargo o a quien la Oficina designe; • Sra. Paulina Mata Monge y Mechthild Bors de Barquero, ambas en su condición de denunciantes; • La Universidad de Costa Rica, en su condición de denunciada, cuyo actual Rector es el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 01 de febrero del 2022, teniendo como punto de encuentro en la Ciudad Deportiva de la Universidad de Costa Rica, a las 08:30 horas. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada y sea presentado ante este Despacho en un plazo de DIEZ DIAS naturales a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública (…)” (el destacado fue añadido).
Finalmente, en el sub iudice se tiene como incontrovertido que el Tribunal Ambiental Administrativo no ha resuelto la medida cautelar requerida por las amparadas en la audiencia realizada el 26 de octubre de 2021, ni ha dictado el acto final referente al expediente 232-17-01-TAA.
En virtud de lo expuesto, esta Cámara Constitucional estima procedente traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2016018377 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, en la que se analizó un caso similar al sub lite:
“IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.
V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente alega que en el Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra desde el año 2007 una denuncia relacionada con el Relleno Sanitario La Carpio, ubicado en San José; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, esta no ha sido resuelta.
Del estudio de los autos, se tiene por comprobado que desde el 1º de agosto de 2007, por la supuesta afectación de emanaciones, ruidos y contaminación derivada del mal funcionamiento del Relleno Sanitario La Carpio, se interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud (Expediente administrativo No. 215-07-02-TAA). Además, posteriormente, se amplió contra la empresa EBI Costa Rica, la cual administra el Relleno Sanitario La Carpio.
En adición, se tiene por verificado que el 16 de mayo de 2014, Juan José Echeverría Alfaro presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio, en contra del Ministerio de Salud y la SETENA (Expediente administrativo No. 85-74-01-TAA).
Asimismo, se tiene por cierto que el Tribunal Ambiental Administrativo, mediante resolución No. 119-16-TAA de las 11:15 horas de 9 de febrero de 2016, resolvió acumular el expediente administrativo No. 85-74-01-TAA al No. 215-07-02-TAA.
También, se tiene como probado que el 8 de agosto de 2016, Melissa Flores Núñez, en representación de ASOCARIARI, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo relacionada con la operación ilegal del Relleno Sanitario La Carpio.
De igual manera, según se desprende de los autos, el 26 de octubre de 2016, el Tribunal Ambiental Administrativo fue notificado del curso de este proceso y esa misma autoridad, mediante resolución No. 1523-16-TAA de las 8:20 horas de 1º de noviembre de 2016, fijó una inspección en el Relleno Sanitario para el 7 de noviembre 2016 a las 8:00 horas.
Finalmente, se informó bajo juramento que el expediente administrativo No. 215-07-02-TAA se encuentra en investigación preliminar.
Desde este panorama, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida.
Sobre el particular, si bien ni la recurrente ni el coadyuvante fueron los que interpusieron la denuncia del año 2007 ante el Tribunal Ambiental Administrativo, lo cierto es que se encuentran legitimados para accionar en la vía constitucional, debido a la naturaleza de los derechos involucrados. Debe reputarse que en los procesos y procedimientos ambientales, existe una legitimación amplia para apersonarse a ellos, la cual se deriva del artículo 50 de la Constitución Política que indica: “(…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. (…)”.
Atinente al caso concreto, la Sala, mediante sentencia Nº 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: “De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Al respecto, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimar razonable que una denuncia presentada en el año 2007 todavía se encuentre en investigación preliminar, tal y como fue informado.
Adicionalmente, si bien el Tribunal recurrido argumenta que la presentación de las nuevas denuncias que se acumularon con la del año 2007, justifican la dilación en la resolución final; debe acotarse que todas exponen hechos relacionados con el Relleno Sanitario La Carpio y hasta la fecha no se ha determinado la veracidad o no de lo denunciado, por lo cual ha transcurrido un plazo desproporcionado para resolver. Así las cosas, esta Sala no ve factible que se pueda justificar en el caso de marras una tardanza de más 9 años.
De igual forma, aunque el Tribunal recurrido, con ocasión del amparo, haya señalado y realizado una nueva inspección en el relleno sanitario La Carpio, lo cierto es que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, máxime cuando la etapa de investigación preliminar ha durado tantos años.
Por todo lo expuesto, se tiene por violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida y procede estimar el recurso, con la orden que se dará en la parte dispositiva”.
Aclarado lo anterior, en la especie se acredita que el 12 de octubre y el 1° de diciembre de 2017 se formularon las denuncias concernientes al expediente 232-17-01-TAA, por medio de las cuales se acusó, entre otras cosas, la posible invasión del área de protección de una naciente por parte de la UCR. Empero, no fue sino hasta el 22 de julio de 2019, mediante la resolución 1230-19-TAA cuando el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó la apertura de un procedimiento ordinario administrativo contra la referida universidad y programó la audiencia oral y pública para el 29 de junio de 2021. En otras palabras, transcurrieron más de 18 meses entre la formulación de las denuncias en cuestión y el primer pronunciamiento del TAA, quien fijó la realización de la citada audiencia para junio de 2021, sea, casi dos años después de la fecha del dictado de la resolución aludida.
Además, esta Cámara aprecia que el 26 de octubre de 2021 se efectuó la audiencia oral y pública supramencionada -la cual se suspendió‑ en la que, entre otras cosas, la parte recurrente solicitó el dictado de una medida cautelar. En tal ocasión, la parte recurrida indicó que ese tribunal conocería la solicitud de medida cautelar planteada por la parte denunciante “vía escrito, mediante resolución”. No obstante, no fue sino hasta el 17 de enero de 2022 cuando el Tribunal Ambiental Administrativo dictó la resolución 40-22-TAA, mediante la cual aclaró que, de previo a resolver tal requerimiento, es necesario realizar una inspección ocular in situ, la cual fue programada para el 1° de febrero de 2022. Así las cosas, el TAA tardó más de dos meses y medio para determinar la necesidad de efectuar una inspección, a fin de resolver la solicitud de medida cautelar antes mencionada.
En suma, esta Sala no tiene por demostrado que la solicitud del dictado de una medida cautelar planteada por la parte accionante el 26 de octubre de 2021 haya sido resuelta por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, ni mucho menos que el TAA haya dictado el acto final del expediente 232-17-01-TAA formulado desde octubre de 2017. Tal situación resulta contraria al principio de justicia pronta y cumplida, así como a lo preceptuado en el numeral 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual dispone: “Celeridad del trámite. De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
De este modo, la Sala verifica la conculcación de los derechos fundamentales de la parte recurrente, debido a la tardanza por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en resolver la denuncia tramitada en el expediente 232-17-01-TAA, así como la solicitud de medida cautelar planteada por las amparadas desde el 26 de octubre de 2021. Ergo, procede acoger el recurso en los términos indicados en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ocupe ese puesto, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que:
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.
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