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Res. 27601-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/12/2021

Alcohol Advertising in Sports and Children's RightsPublicidad de alcohol en el deporte y derechos de la niñez

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OutcomeResultado

Substantive defect foundVicio de fondo estimado

The consultation was answered by finding substantive defects in the bill for violating the best interests of the child, reasonableness, progressive realization of rights, Article 25 of the Ibero-American Convention on Youth Rights, and the right to health; no procedural defect was found. Justice Garro Vargas filed a partial dissenting vote.La consulta se evacuó declarando que el proyecto presenta vicios de fondo por violación del interés superior del menor, razonabilidad, progresividad de derechos fundamentales, artículo 25 de la Convención Iberoamericana de los Jóvenes y derecho a la salud; no se encontró vicio de procedimiento. La magistrada Garro Vargas emitió un voto salvado parcial.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed a legislative consultation on a bill to authorize alcohol advertising and sponsorship in sports and create a National High-Performance Sports Fund (file 21.745). The majority ruling found no procedural defect regarding the alleged failure to consult PANI and INAMU, but concluded that the bill's substance violated the best interests of the child, reasonableness, the progressive realization of fundamental rights, Article 25 of the Ibero-American Convention on Youth Rights, and the right to health. The Chamber determined that permitting alcohol advertising in sports—without adequate preventive or compensatory measures and despite extensive scientific evidence in the legislative record showing negative impacts on minors—would unjustifiably undermine public health protection and the best interests of children. The consultation was declared inadmissible regarding the alleged violation of the Belém do Pará Convention, the CEDAW, and the principle of tax legality. Justice Garro Vargas partially dissented, arguing there was a procedural defect due to omitted institutional consultations and that Article 2 violated the tax legality principle.La Sala Constitucional evacuó la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento" (expediente 21.745). En el voto de mayoría, se determinó que el proyecto no adolece del vicio de procedimiento alegado (falta de consulta al PANI e INAMU), pero sí presenta vicios de fondo al violentar los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad, progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el derecho a la salud. La Sala consideró que la autorización de publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, sin medidas de prevención o compensación adecuadas y pese a la abundante evidencia científica recabada en el expediente legislativo sobre el impacto negativo en menores, constituía un retroceso injustificado en la protección de la salud pública y el interés superior de la infancia. Se declaró inevacuable la consulta en cuanto a la presunta violación de la Convención Belém Do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como sobre el principio de reserva legal tributaria. La magistrada Garro Vargas salvó parcialmente el voto y consideró que sí existió un vicio en el procedimiento legislativo por la omisión de consultas institucionales y que el artículo 2 infringía el principio de legalidad tributaria.

Key excerptExtracto clave

"In the case at hand, it is relevant to apply it as a right, which means that public authorities—in this case legislators—should have weighed different interests when deciding to reverse the current ban on advertising alcoholic beverages in sports activities, where minors and young people mainly participate, with the guarantee that their decision primarily sought to protect the rights of minors. (...) Despite all the data and studies referenced in the aforementioned opinions, as the petitioners point out, the legislative file lacks a single study or assessment indicating how the warned dangers would be prevented, eradicated, or addressed, not only for vulnerable populations but for public health. Undoubtedly, determining whether to allow advertising in such cases is a matter of legislative discretion; however, this Court has also held that such discretion is not absolute but must fall within the framework of the Political Constitution and the international conventions subscribed by our country.""En el caso sub examine resulta de relevancia aplicarlo como derecho, lo cual implica que las autoridades públicas, en este caso los legisladores, hayan debido sopesar distintos intereses para tomar la decisión de revertir la prohibición actual de la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en las actividades deportivas, donde participan principalmente menores de edad y jóvenes, con la garantía de que su decisión atendió, principalmente, a tutelar el derecho de las personas menores de edad. (...) A pesar de todos los datos y estudios referidos en los criterios señalados, tal como refieren los y las consultantes, se echa de menos en el expediente legislativo, un solo estudio o valoración de la situación que denote cómo serían prevenidos, erradicados o tratados los peligros advertidos, no solo para las poblaciones vulnerables, sino para la salud pública. Sin duda alguna determinar si se autoriza o no el uso de la publicidad en esos supuestos es una cuestión de discrecionalidad del legislador; sin embargo, también ha señalado este Tribunal, que esa discrecionalidad no es absoluta, sino que debe estar enmarcada dentro de lo dispuesto en la Constitución Política y en los convenios internacionales suscritos por nuestro país."

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Estado costarricense tiene la obligación convencional de atender, en la toma de sus decisiones políticas, administrativas o judiciales, el interés superior del niño como una consideración primordial. Y en estos casos, resulta evidente que, ello es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo, tal como en el caso de estudio."

    "The Costa Rican State has the conventional obligation to consider the best interests of the child as a primary consideration in its political, administrative, or judicial decisions. And in these cases, it is evident that this is especially important when States are weighing conflicting priorities, such as short-term economic considerations and long-term development decisions, as in the case under study."

    Considerando VI

  • "El Estado costarricense tiene la obligación convencional de atender, en la toma de sus decisiones políticas, administrativas o judiciales, el interés superior del niño como una consideración primordial. Y en estos casos, resulta evidente que, ello es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo, tal como en el caso de estudio."

    Considerando VI

  • "No obstante, en el expediente legislativo se echa de menos la revelación, por ejemplo, de cifras numéricas o de las necesidades particulares palpables en relación con tal fin, que permitan a este Tribunal valorar y determinar, si realmente es indispensable demeritar la protección actual en la salud pública frente a una mayor difusión de la promoción de bebidas, cuyo alto consumo es nocivo para la salud, para obtener mayores ingresos en el deporte..."

    "Nevertheless, the legislative file lacks, for example, the disclosure of numerical figures or particular palpable needs in relation to that end, which would allow this Court to assess and determine whether it is truly indispensable to diminish the current protection of public health in the face of greater dissemination of the promotion of beverages whose high consumption is harmful to health, in order to obtain greater income for sports..."

    Considerando VI

  • "No obstante, en el expediente legislativo se echa de menos la revelación, por ejemplo, de cifras numéricas o de las necesidades particulares palpables en relación con tal fin, que permitan a este Tribunal valorar y determinar, si realmente es indispensable demeritar la protección actual en la salud pública frente a una mayor difusión de la promoción de bebidas, cuyo alto consumo es nocivo para la salud, para obtener mayores ingresos en el deporte..."

    Considerando VI

  • "...esa discrecionalidad no es absoluta, sino que debe estar enmarcada dentro de lo dispuesto en la Constitución Política y en los convenios internacionales suscritos por nuestro país."

    "...such discretion is not absolute, but must be framed within the provisions of the Political Constitution and the international agreements signed by our country."

    Considerando VI

  • "...esa discrecionalidad no es absoluta, sino que debe estar enmarcada dentro de lo dispuesto en la Constitución Política y en los convenios internacionales suscritos por nuestro país."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Resolution No. 27601 - 2021** **Date of Resolution:** December 8, 2021 at 12:15 **Expediente:** 21-021764-0007-CO **Drafted by:** Marta Eugenia Esquivel Rodríguez **Type of matter:** Facultative legislative consultation **Constitutional control:** Estimatory judgment **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with separate note** **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS **Topic:** COMMERCE **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

**Topic:** FACULTATIVE LEGISLATIVE CONSULTATION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

27601-21. COMMERCE. ADVERTISING AND SPONSORSHIP OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN SPORTS. Facultative Legislative Consultation regarding the Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Alcoholic Beverages in Sports and Creation of the National Fund for High-Performance Sports. Legislative File 21.745 Operative part: The facultative consultation of constitutionality is resolved, in the sense that the consulted bill processed under file number 21.745, "Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Alcoholic Beverages in Sports and Creation of the National Fund for High-Performance Sports": 1) Does not present the procedural defect alleged by the consultants. 2) Presents substantive defects, only insofar as it violates the principles of the best interests of the minor, reasonableness, progressivity of fundamental rights, Article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, and the right to health, in the terms alleged by the consultants. Regarding the alleged violation of the Belém do Pará Convention and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, as well as the Principle of Tax Legal Reserve, the consultation is declared impossible to evacuate. Judge Castillo Víquez only considers that the bill contains the following substantive defects: it violates the right to health, the right to the best interests of the minor, the principle of progressivity of fundamental rights, and Article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth; in addition, he records a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas records a note. Judge Garro Vargas partially dissents and resolves the consultation in the sense that there was a substantial defect in the legislative procedure, due to the omission of carrying out the institutional consultations contemplated in Article 190 of the Political Constitution. Furthermore, Judge Garro Vargas resolves the consultation in the sense that Article 2 of the bill incurs an infraction of the principle of tax legality. Let it be communicated.

**Conclusion.** In accordance with what was stated in the preceding considering clauses, it is determined that legislative file No. 21.745 does not present the procedural defect alleged by the consultants. Regarding the substantive defects, the bill in question only violates the principles of the best interests of the minor, reasonableness, progressivity of fundamental rights, Article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, and the right to health, in the terms alleged by the consultants. As for the alleged violation of the Belém do Pará Convention and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the appropriate course is to declare the consultation impossible to evacuate. CO04/22 ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE **Topic:** Best interests of the minor.

**Subtopics:** NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF THE BEST INTERESTS OF THE MINOR. “…the Costa Rican State has the conventional obligation to attend, in making its political, administrative, or judicial decisions, to the best interests of the child as a primary consideration. And in these cases, it is evident that this is especially important when States are weighing opposing priorities, such as short-term economic considerations and long-term development decisions, as in the case under study. Even more so, when it is decided to reduce the scope of protection that already exists. Under these conditions, States must explain how the right for the best interests of the child to be taken into account has been respected in the adoption of their decisions, including the way in which this has been weighed against other considerations, which is notably absent in this legislative bill, given the abundant evidence of the risk of impact and the lack of technical criteria or studies to justify it. It must be remembered that the State's action must be preventive, because as the Committee stated, childhood is an exceptional period of physical, psychological, emotional, and spiritual development, and violations of the child's rights, such as exposure to products that endanger their health, can have permanent, irreversible, and even transgenerational consequences. In the same sense, the protection of public health must be preventive…” CO04/22 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE **Topic:** Proportionality or reasonableness **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND REASONABLENESS. “… However, what is notably absent in the legislative file is the disclosure, for example, of numerical figures or the palpable particular needs in relation to that end, which would allow this Court to assess and determine whether it is truly essential to diminish the current protection of public health in favor of a greater dissemination of the promotion of beverages, whose high consumption is harmful to health, in order to obtain greater income for sports, also taking into consideration that all the institutional criteria based on scientific studies warn that a measure of such a nature will be more burdensome than the intended benefit. This being the case, if the consequence of such an act would be so serious (such as eventually causing greater harm to public health, due to increased alcohol consumption by the population and its collateral effects, especially for minors and youth) and there is no technical justification whatsoever that weighs such consequences and justifies that this route is the most suitable, the transgression of the principles of reasonableness and proportionality becomes evident…” CO04/22 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS **Topic:** LEGISLATIVE ASSEMBLY **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

VIII.- NOTE FROM JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. A subject of great depth raised in this matter—apropos the alleged violation of the principle of reasonableness—is whether it is possible to exercise a kind of control of discretion over legislative or parliamentary activity. As is well known, control of discretion is a technique that arises to verify whether the activity of the Public Administration conforms or not to the univocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, and convenience. Ergo, the exercise of discretionary powers is subject to the general principles of law, and to the control of the determining facts and indeterminate legal concepts, as well as the regulated elements of the administrative act, by the Contentious-Administrative Judge. It is evident, and as far as I remember, nowhere in the world has such an absurdity been reached, that this control be applied to parliamentary activity; this type of control could never be exercised over legislative or parliamentary activity, because Parliament would be reduced to a minimal expression, and a core element of the republican system would be dislocated. What is possible is to exercise a constitutionality control of parliamentary activity and, consequently, of the final parliamentary act, whether it be a legislative decree or agreement, for violating the principles of reasonableness and proportionality when they are linked to a fundamental right and, consequently, emptying its essential content. The foregoing means, in plain terms, that the legislator, in the exercise of the power to legislate, the self-normative power, political control, political direction, etc., has a wide margin of discretion, a sort of legislative policy, and can therefore opt for a multiplicity of variables within the framework of a plural, democratic body, where political consensus constitutes a necessary channel, especially when in a constitutional period or legislature, a political party or the governing party lacks a parliamentary majority. That margin of discretion is exempt from constitutionality control, since, if this were not the case, the Constitutional Court would come to substitute the will of Parliament, causing a severe dislocation to the democratic system, especially and very significantly injuring the principle of separation of powers. Having said this, Parliament has broad freedom to follow a specific technical criterion or to depart from it, provided that it does not thereby affect the essential content of a fundamental right and, consequently, also violate the principles of reasonableness and proportionality, as this Court has established regarding environmental impact, where it has required, for the Law to pass constitutional scrutiny, that there be technical studies or respective compensations demonstrating that there is no impairment to the environment. The foregoing is even more certain when in the discussion of a bill there are different technical criteria or these are contradictory among themselves. In these cases, the legislator is not bound to follow a specific technical criterion, but may well adopt a political decision taking other elements of judgment into consideration. In other words, it is not possible to declare a Law unconstitutional because it departed from one or several technical criteria—this is proper to a control over the activity of the Public Administration—except when such omission leads to the violation of the essential content of a fundamental right. CO04/22 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS **Topic:** COMMERCE **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

IX.- NOTE FROM JUDGE GARRO VARGAS In previous notes (see judgments 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316) I have made some considerations regarding the exercise of constitutionality control and international instruments as a parameter of assessment. In this regard, in pertinent part and in summary, I stated the following:

"The function of controlling the conformity of laws and general provisions with treaties and agreements is not expressly provided for in the constitutional text but only in Art. 73.d) LJC, but it is not contrary to it, because it allows guaranteeing the effectiveness of Art. 7 CP. That function of controlling said conformity is a different function from that which the Chamber exercises by reason of Art. 10 CP—the control of constitutionality—and from that established in Art. 48 CP—jurisdictionally guaranteeing constitutional rights and those of a fundamental nature established in international instruments on human rights—.

When this Chamber exercises its function of constitutionality control, it is not appropriate to resort to treaties and use them de facto as if they were part of the constitutionality parameter. Such instruments, and only if they are duly ratified, can become a parameter of conformity of legal and infralegal norms with themselves, by reason of what is established in Art. 7 CP and 73.d) LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a fundamental principle of any democratic State governed by the rule of law." (The highlighting does not correspond to the original votes).

In the specific case, there is an express reference to General Comments No. 14 and 16 of the United Nations Committee on the Rights of the Child. I consider that such invocation is entirely pertinent, if it is understood to be for hermeneutical purposes, but not for any supposed binding effects for this Court.

Additionally, I must clarify that the Costa Rican State's obligation to ensure the best interests of the minor does not derive from what was said by said Committee. In this regard, it should be noted that the principle of the best interests of the minor must indeed inspire and govern the elaboration of public policies that may eventually impact them and the conduct of authorities in making decisions that concern them. However, that obligation derives, firstly, from the provisions of Art. 51 of the Political Constitution, which states that children have the right to special protection from the State. In addition to Art. 3.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Law No. 7184 of July 18, 1990, which orders the following:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration." (The highlighting does not correspond to the original).

This Chamber has stated that from that determination, the principle of the best interests of the minor was fully established as a general principle of law, so that, due to its legal nature, its guiding function radiates throughout the entire legal system.

In summary, I consider that it is these sources that establish the principle under analysis, and not what was said in itself by the United Nations Committee on the Rights of the Child, because its observations, although extremely valuable, do not form part of the constitutionality control parameter.

**X.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS.** With the usual respect, I dissent regarding the defect in the parliamentary procedure concerning the omission to conduct institutional consultations with the Patronato Nacional de la Infancia (PANI) and the Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Regarding the substance, I declare an infraction of the principle of tax legality.

A.- Regarding the defect in the parliamentary procedure In the sub lite, it was questioned the alleged infraction of Art. 190 of the Political Constitution by the introduction of the provision transcribed below. The foregoing, without, for those purposes, the institutional consultations having been conducted with two autonomous institutions, such as PANI and INAMU. The provision under analysis states the following:

"Art. 3- National Fund for the Financing of High-Performance Sports.

The National Fund for the Financing of High-Performance Sports is created as an instrument for the administration of resources destined to finance high-performance athletes.

(…) d) One percent (1%) to Icoder, for the elaboration and execution of actions destined to prevent domestic violence; for the design of these actions, Icoder must coordinate with the Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), and the Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)." (The highlighted portion—which is not from the original—corresponds to what was specifically consulted).

On this point, as can be inferred from the advisory opinion signed by the majority, the subsection under analysis was introduced via substantive motions in the Plenary, without, subsequent to its approval, the text having been duly consulted to the mentioned autonomous institutions. That is, the introduced provision, in the sense that they must coordinate with the Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) the elaboration and execution destined to prevent domestic violence, was not consulted to the referred autonomous institutions, even though it impacts their organic competencies. This omission, in my opinion, harms what is ordered in Art. 190 of the Political Constitution, which states the following:

"Art. 190. For the discussion and approval of bills relating to an autonomous institution, the Legislative Assembly shall first hear the opinion thereof." When analyzing that norm, the Chamber has emphasized that institutional consultations are constitutionally mandatory in cases where there is a legal impact on the ends constitutionally and legally entrusted to the respective autonomous institution (see, for example, votes No. 2008-013832, 2009-10553, and 2019-016766). Likewise, it is mandatory in cases where the legal framework defining the functional organization and competencies of the institution is affected. In the words of this Chamber, when "the legal means for the fulfillment of its ends" are affected. That is, when it is intended to regulate different and/or new ends that divert human and financial resources from fulfilling the obligations for which such institutions were created. The same applies in relation to the modification or alteration of the organic structure or the competencies of the institution. However, in the exercise of the legislators' power and right of amendment, a bill can undergo modifications with respect to the original proposal published and consulted to the various institutions, so that not every modification through the exercise of this right must be consulted to autonomous institutions, but only if there are novel aspects referred to the constitution or organic structure or the essential scope of the competencies of the institutions involved. A contrario sensu, when there is indeed an impact, the consultation becomes mandatory so that the Legislative Assembly carries it out at an opportune procedural moment, so that the institutional opinion is truly evaluated before making a parliamentary decision. In this regard, this Chamber has considered that it is not a mere procedural formality, devoid of substantive meaning or purpose, since a purpose related to the suitability or quality of the law is pursued with it to obtain the concrete results intended to be achieved with it (resolutions of this Chamber numbers 1633-93, 2001-02642, 2003-05404, and 2020-015523).

In the specific case, we are examining the impact on the competencies granted to PANI and INAMU. The figure of PANI is of constitutional creation according to what is contemplated in Art. 55 of the Political Constitution, which states the following:

"Art. 55.- The special protection of the mother and the minor shall be in charge of an autonomous institution called Patronato Nacional de la Infancia, with the collaboration of the other State institutions." In addition, the Organic Law of the Patronato Nacional de la Infancia No. 7648 of December 9, 1996, states that it is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget, establishing that its primary purpose is to especially and comprehensively protect minors and their families, as a natural element and pillar of society.

On the other hand, Law No. 7801 of April 30, 1998, which is the Law of the Instituto Nacional de las Mujeres, provides in its Art. 1 the transformation of the Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia into the Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), conceived as an autonomous public law institution with its own legal personality and patrimony.

It does not escape me that the transcribed Art. 3 subsection d) does not strip resources from any of the institutions. Moreover, that 1% would always remain in the hands of ICODER. Neither do I ignore the fact that, at first glance, such a subsection does not harm the organic structure or the essential scope of the competencies of the institutions involved; however, it seems to allow Icoder to have interference in determining the design and execution of activities and policies that correspond precisely to the competencies that are specific to each of those autonomous institutions. The utility and necessity of the respective consultations is precisely what would dispel any doubt and provide the legislator with the elements to ensure that the coordination indicated by that norm would not curtail the effectiveness and extent of the competencies of said institutions.

From the foregoing, it follows that both are autonomous institutions, one is even of constitutional creation. Therefore, in accordance with the provisions of Art. 190 of the Constitution, if a bill that impacts their competencies is to be approved, the prior institutional consultation becomes necessary. Upon verifying that the corresponding consultations were not carried out, I consider that an essential defect in the parliamentary procedure occurred, which invalidates it.

B.- Violation of the principle of tax legal reserve The consulting legislators affirm that in the case of the bill under consultation, a doubt of constitutionality arises, because in the first paragraph of Art. 2, the tax is created by indicating that "a tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of alcoholic beverages are provided"; that is, it is expressly stated that the rate applies to the income generated by sports activities, events, or articles. However, later, in the second paragraph, when the taxable base is established, it states: "The taxable base on which the tax established in this section shall be calculated shall be the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships." They state the doubt that the problem of applying the tax law arises, because the taxable event (hecho generador) appears to be the income derived from the sports activities being sponsored, as well as the sale articles on which the sponsorship falls, and that the rate applies to the income generated by the sporting events or articles, a situation that is completely different from what is established in the taxable base, which expressly refers to the tax falling on the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships, not on the income generated by sports activities and events, sports articles and implements. This is because it is not the same to pay 6% of the income of the sporting event where the advertising appears, as it is to pay 6% of the amount paid for advertising. Therefore, they mention that as the tax in question was drafted, it will be impossible to apply due to the lack of harmony between the taxable event (hecho generador) and the taxable base, which appear to correspond to two completely different types of taxes, which will mean that the Tax Administration must fill in the gaps or issue directives that necessarily end up breaching the legal mandate.

What is questioned by the legislators is related to the provisions of Art. 2, which provides for the creation of a National Fund for the Financing of High-Performance Sports. Said fund will be financed, in addition to transfers and donations that public or private institutions make in its favor, by means of a tax "that shall fall on the resources paid for service contracts for advertising, propaganda, or sponsorship in activities, events, sports articles of individuals or legal entities that produce, market, or distribute alcoholic beverages." The bill provides the following:

"Art. 2- A tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of alcoholic beverages are provided, without distinction of the medium used, whether through digital or printed formats on signs, notices, billboards, prints, or similar, whose purpose is to make commercial propaganda, advertising, or sponsorship or to draw attention to an alcoholic product, shall be subject to this tax. The contract may be annual or monthly.

The taxable base on which the tax established in this section shall be calculated shall be the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships.

The taxpayer (contribuyente) of this tax is the advertiser. Advertiser is understood to be the individual or legal entity whose product or commercial activity benefits commercially from the advertising, propaganda, and sponsorship.

Individuals or legal entities that grant the right to advertise in their events, facilities, or sports implements may also be appointed as responsible for this tax, as withholding and collection agents.

The administration, collection, and oversight of this tax correspond to the Dirección General de Tributación. Tax payments must be made within fifteen business days following the payment for advertising, in the form and places designated by the Tax Administration to the taxpayers (contribuyentes).

The provisions contained in Chapter II of Title IV and, in case of non-compliance, what is established in Article 57 and Title III, all of Law 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, of May 3, 1971, including the reduction of penalties provided for in its Article 88, shall apply to the taxpayers (contribuyentes) and to the withholding or collection agents of the tax." (The highlighting does not correspond to the original).

The principle of tax legal reserve means that it corresponds solely and exclusively to the Legislative Assembly to establish taxes, national contributions, and to authorize municipal ones. Art. 121 subsection 13) of the Political Constitution contemplates it by stating:

"Art. 121.- In addition to the other powers conferred by this Constitution, it corresponds exclusively to the Legislative Assembly:

  • 13)To establish national taxes and contributions, and to authorize municipal ones" That numeral was the subject of legal development, to establish clearly and precisely the scope and coverage of the cited postulate. The Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Tax Code) in Art. 5 regulates it as follows:

"Article 5.- Matters exclusive to the law. In tax matters, only the law can:

  • a)Create, modify, or suppress taxes; define the taxable event (hecho generador) of the tax relationship; establish the tax rates and their calculation bases; and indicate the taxpayer (sujeto pasivo);" In light of said constitutional principle, only by the will of the legislator can taxes be created, modified, or suppressed, as well as exempt certain subjects from payment, specifying the conditions and requirements for that purpose. Regarding this principle, in judgment No. 2014-1226, the Chamber considered the following:

"Based on the transcribed norm, which develops the legal reserve provided for in Article 121 subsection 13 of the Political Constitution, for the establishment of 'national taxes and contributions,' it is understood that it is only the Legislative Assembly that, through the procedure for the creation of formal law, can establish the essential elements of national taxes: the taxpayer (sujeto pasivo), the taxable base, the taxable event (hecho generador), and the percentage of the levy. The taxpayer (sujeto pasivo), who is the person obligated to comply with the tax obligations (Article 15 of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios); the taxable event (hecho generador), which is the prerequisite established by the Law to typify the tax and whose realization originates the birth of the obligation (Article 31 ibid.); the taxable base as that from which the amount of the tax obligation will be calculated; and the tax rate, that is, the percentage of the taxable base that must be paid by the taxpayer (sujeto pasivo). In this sense, judgment number 2004-05015, at fourteen hours and fifty-three minutes on May twelve, two thousand four)." Similarly, this Court referred to the principle of legal reserve in tax matters, in the following terms:

"VI.- The alleged principle of legal reserve in tax matters was developed by the Supreme Court of Justice, then in its constitutional jurisdiction functions, in Resolution of eight o'clock on the twenty-ninth of November of nineteen seventy-three, by expressing what is of interest:

"II.- The principle of 'legal reserve' in tax matters results from the provisions of Article 121, subsection 13 of the Political Constitution, according to which it corresponds exclusively to the Legislative Assembly to 'establish national taxes and contributions'; an attribution that, in accordance with Article 9 of the same, the Assembly could not delegate to the Executive Branch, which also would not be lawful to invade the sphere of the legislator in the exercise of the regulatory powers granted by Article 140, subsection 3 of the same Constitution. The problem consists, then, in defining what should be understood by 'establishing taxes,' to determine thereby if the Tax Reform Law delegated or not to the Executive Branch, in the manner alleged in the appeal, the exclusive power conferred by Article 121, subsection 13 of the Political Constitution.

"III.- To establish means 'to institute,' and also 'to order, command, decree,' according to the Dictionary of the Language. To establish a tax is, therefore, to order or decree a certain tax burden; that is, stated more broadly, to create the tax and determine 'the taxable objects, the bases and the rates...' (Judgment number 4785-93, of eight thirty-nine hours on the thirtieth of September, nineteen ninety-three)." In the present case, at first glance, it is appreciated that the constitutional condition that the tax be approved by the Legislative Assembly is being met and, additionally, the essential elements of the tax are established, thereby fulfilling the principle of legal reserve in tax matters. In this regard, it is observed that the taxable event (hecho generador) is "the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems or names of beverages with alcoholic content is provided, without distinction of the medium used, whether through digital formats or printed on signs, notices, billboards, stampings or similar, whose purpose is to make propaganda, advertising or commercial sponsorship or draw attention to a product with alcoholic content, will be taxed with this tax"; the taxable base (base imponible) will be calculated on the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships; the tax amount is six percent (6%) and the norm defines the taxpayer (sujeto pasivo), which would be the advertiser. Therefore, in accordance with the foregoing, in principle, it would not be verified that the consulted norm establishes a delegation of essential elements of the tax. However, a more careful reading of the norm leads to the conclusion that in the sub lite case there is such imprecision that it violates the principle of legal reserve in tax matters, just as the consulting legislators argue.

Note that on the one hand, when indicating the taxable event (hecho generador), it speaks of "the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems or names of beverages with alcoholic content is provided"; but, later, when defining the taxable base (base imponible), it does so on "the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships." That is to say, there is a gross lack of consistency between the activities intended to be taxed. The description of the taxable event (hecho generador) and what is established regarding the taxable base (base imponible) are radically different —on one hand it speaks of sports activities and events and, on the other hand, the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships— when they should be consistent and maintain the necessary harmony that makes the norm intelligible and applicable.

Certainly, tax norms are complex and, for this reason, in addition to the Executive Branch regulating them, the Tax Administration develops them through directives, opinions, and instructions. Furthermore, it must be kept in mind that the Administration and the Tax Court cannot disapply a legal norm; therefore, if it is not only ambiguous but intrinsically contradictory and incomprehensible, the margin for developing the norm expands excessively. The aforementioned Article 2, on the one hand, refers to contracts and corresponding agreements for advertising, propaganda, and sponsorship operations, but it additionally includes a series of additional activities (income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature). Thus, this normative structure is contrary to the logic and reasonableness that the legislator must respect. Consequently, I consider that the deficient exercise of legislative power injures in itself the principle of legal reserve and induces its violation (by the Executive Branch and the Tax Administration).

Based on the considerations made, in my judgment, it is necessary to uphold this aspect of the legislative consultation. CO04/22 ... See more Content of Interest:

Content Type: Separate Note Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS Topic: COMMERCE Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Case File No. 21-021764-0007-CO Note by Magistrate Salazar Alvarado.

Although I agree with the majority of the Chamber that the reform established in the process of "Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Beverages with Alcoholic Content in Sport and Creation of the National Fund for High-Performance Sport," contains flaws that make it unconstitutional, I do not consider that to reach this conclusion it is necessary to demand technical studies that confirm, in one sense or another, the negative effects of lifting the absolute prohibition on using alcoholic beverage advertisements in sports events, in general, and the positive or negative impact on minors. It is clear that the provision under consultation, as presented, has problems of constitutional relevance. There is no doubt that advertising of beverages with alcoholic content must be subject to restrictions in favor of protecting the most vulnerable people in society, among them, minors.

However, I also admit that at times modulation of the Chamber's position is necessary, as I expressed in Judgment No. 2020-013837 of 6:30 p.m. on July 22, 2020, "The Chamber must act with caution when bills are under examination that are called into question for the lack of rigorous scientific and technical information, which would oblige it to identify those cases to impose a high scientific and technical standard. In that sense, under such weighting, the constitutionality examination of the provisions must be done avoiding such strict scrutiny as to assess – at this consultative stage – the level of scientific certainty demanded by the legislator. In a process of prior constitutionality control, the Court would end up assuming technical and scientific assessments, as well as making value judgments on the quality of technical studies carried out within the legislative file, which should be the exclusive domain of the legislator. It must be remembered that the preventive role of constitutionality is exercised, which is abstract in nature, different from what could be done when referring to a posteriori control of legislation, of a more concrete and precise nature, and although not entirely free from a judgment of abstraction due to the forms of direct standing, it is important to affirm that it allows a level of substantiation within the national reality and public policy that passes through the Legislative Assembly." In this sense, the Constitutional Judge must exercise some degree of self-restraint, especially when it comes to demanding a degree of technical or scientific certainty, in absolute or nearly absolute terms. Likewise, it must be admitted that failure to meet certain or specific scientific and technical parameters would not imply that the regulation is automatically unconstitutional, since in that decision-making process, human fields are often traversed where technical and scientific opinions may abound, many times contradictory.

The problem of demonstrating that the Legislative Assembly did not provide such and such information, or that more legislative precautions were not taken, implies in itself a somewhat debatable value judgment on the matter regulated by the bill. Thus, a requirement by this Chamber to add technical studies to the legislative process, to demonstrate the presumed benefits that would counteract the harms of the legislative measure, is excessive and unnecessary in my opinion. One should not look at or delegitimize a certain legislative measure to the extreme of demanding technical and scientific studies; such a requirement would in many cases be highly cumbersome, or redundant due to the multidisciplinary dimension of the information demanded, or simply limit or close the legislator's freedom of configuration, as Magistrate Castillo Víquez well points out in his note.

The Chamber's opinion is sustained by abundant information and criteria, but that does not mean one should forget that there are other solutions to bring more resources to sport (which remain in force in the world), as can be inferred from the argumentation in favor of tempering the absolute prohibition.

It should not be ruled out that there is another side to the coin. The context in which high-performance athletes in the country have to develop is extremely complicated, something that can easily be derived from the bill's statement of motives, from the history of the few high-performance athletes the country has offered to the world, and the scarce experience of those who have completed their training career, which has been – mainly – with personal sacrifice and private support. The lack of resources is one of the factors that has clouded a more favorable environment for national athletes in international competitions, and continues to prevent the formation of talents that cannot shine in the world. It is clear that the State is not responsible for providing all the resources, but it can and must provide state support.

It is somewhat paradoxical that what abounds most in our country today, as a public and notorious fact, is the scarcity of public resources, and this obviously dominates the national political debate, so that, while a part of the bill with the current text may be considered repugnant to Constitutional Law, it could be subject to other approaches.

The purpose of advertising is to position a certain product or cause a behavioral change in the consumer, so that there is a preference or positive consideration towards a product.

On the other hand, the dialogue of international United Nations organizations, and other organizations in the world that promote business conduct guidelines, should not be wasted, which are and have been, to a certain extent very intense, coinciding on the need to restrict and even prohibit the promotion of alcoholic beverages or tobacco use, especially targeted at minors. But, in an economic and market context like the Costa Rican one, it is evident that some strategies can be attempted, including many of the United Nations initiatives that have been strengthened to introduce corporate social ethics based on the "Guiding Principles on Business and Human Rights," known as the Ruggie Rules, or from UNICEF with the "Children's Rights and Business Principles" (Derechos-nino-y-principios-empresariales.pdf (unicef.es)), which indicate:

"5 All businesses must ensure that products and services are safe and that they promote children's rights.

The corporate responsibility to respect includes:

…e. Seek to prevent and eliminate the risk that certain products and services are used for abuse, exploitation or any type of harm towards children" …" And, "6 All businesses must use marketing and advertising that respect and support children's rights.

The corporate responsibility to respect includes:

a. Ensure that neither communications nor marketing have a negative impact on children's rights b. Comply with the business conduct standards established in the instruments of the World Health Assembly related to marketing and health.

The corporate commitment to promote includes:

c. The use of marketing that raises awareness about and promotes children's rights, positive self-esteem, a healthy lifestyle and non-violent values".

It is clear that a balance must be sought between the different economic interests at play, which are not necessarily well reconciled with absolute prohibitions, but can be well pondered, and open to the recognition of responsibilities that companies voluntarily committed to business principles and human rights can accept, as well as good practices regarding the human rights of children.

Nothing prevents the existence of different advertising strategies that make it possible to limit such advertising to exclude from the message the promotion of beverages with alcoholic content to minors. This is essential. But, one can think of marketing sports activities modulated by restrictions on size, visibility of brands, etc., especially so that they are directed at adults. The prohibition is sustained when it concerns, of course, the message content being directly or indirectly directed at youth and childhood, which in effect is, and must be, prohibited or restricted. CO04/22 ... See more *CO* Res. No. 2021027601 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve fifteen hours on the eighth of December of two thousand twenty-one.

Optional legislative consultation of constitutionality filed by deputies CAROLINA HIDALGO HERRERA, CATALINA MONTERO GÓMEZ, ENRIQUE SÁNCHEZ CARBALLO, JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA, MARÍA VITA MONGE GRANADOS, MILEIDY ALVARADO ARIAS, NIELSEN PÉREZ PÉREZ, PAOLA VEGA RODRÍGUEZ, PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ, SHIRLEY DÍAZ MEJÍA and WALTER ENRIQUE MUÑOZ CÉSPEDES, regarding the draft approval of "Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Beverages with Alcoholic Content in Sport and Creation of the National Fund for High-Performance Sport," processed under legislative file number 21.745.

Whereas:

1.- On October 28, 2021, a document signed by 11 deputies of the Republic was received at the Secretariat of this Chamber, filing an optional consultation of constitutionality in accordance with Article 96, subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding the bill processed under legislative file No. 21.745. By way of introduction, they state the following: that this bill was initiated on December 10, 2019, published in Scope 285 of the Official Gazette La Gaceta 242, on December 19, 2019, recommended by the Permanent Ordinary Commission of Economic Affairs on September 8, 2020, and voted in first debate on October 26, 2021. They indicate that the referred project intends to reform Article 12 of the Law for the Regulation and Commercialization of Beverages with Alcoholic Content, Law No. 9047, with the purpose of eliminating the current prohibition on the use of alcoholic beverages in sports sponsorship. Sponsorship is authorized in all types of sports and may be used by brands or names of beverages with alcoholic content, in advertising related to sport, as well as on billboards in stadiums and gymnasiums, uniform lettering, means of transport used for competitions, and sports articles of any team, association, federation, Olympic committee, sports league, or cantonal sports committee. Regarding substantive flaws, they consider that the consulted bill could violate the fundamental right to health, the constitutional principle of protecting the best interest of minors, the principle of reasonableness and proportionality and the principle of progressivity of fundamental rights, the Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human Rights, the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, the Belem do Pará Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and the principle of legal reserve in tax matters. Violation of the right to health: they point out that, in accordance with different national and international studies on the consumption and advertising of alcohol, this has direct effects on early alcohol consumption, as well as greater effectiveness in driving youth to consume this type of drug. Thus, through official letter DG-0544-06-2020 of June 19, 2020, the IAFA issued an institutional opinion before the Legislative Assembly on file 21.745 and indicated its opposition to the initiative, because "The State must ensure the health of its population, which is not compatible with the State itself permitting sponsorship in sports activities, since it would be failing in its duty; moreover, with its approach there is no guarantee that Minors (Personas Menores de Edad, PME) will not be recipients of commercial advertising; on the contrary, allowing a reform of this type would be constantly exposing PME to advertising of beverages with alcoholic content, contrary to the postulates of the international entities expert in the matter, as will be indicated below. II. The bill has an eminently economic slant, it prioritizes the interests of private enterprise over the general interest of the population and above the right to health of human beings; supporting a project of this type would disregard the achievements the country has reached in this field and violate the rights of the population. Costa Rica is a member country of the World Health Organization (WHO); many of the preventive measures, aimed at the decrease of alcohol consumption, obey recommendations issued by that body, which aims to build a better and healthier future for people around the world. So, taking measures that would revert the achievements in the health field could be seen as a breach by the country regarding the commitments assumed, as a member of the United Nations Organization (UN), and therefore of the WHO. Exposing the population to more advertising of beverages with alcoholic content will undoubtedly skyrocket the demand for health services, the bill not containing an administrative measure to reinforce the institutions providing these services, despite the eminent impact they would suffer.". In this same sense, the Ministry of Health pronounced through official letter MS-DM-JM-150-2020 of January 8, 2020, and indicated: "In accordance with the analyzed, in relation to the proposal to modify Article No. 12 of Law No. 9047, and for the purpose of attending to the request, the opinion was requested from the Commission for the Regulation and Control of Commercial Advertising of Beverages with Alcoholic Content, of the Ministry of Health, an instance that through official letter MS CRPBA 363 2020, issues its considerations, which state what is of interest: It is relevant to highlight that the health of the population is a human right, a fundamental public interest good protected by the State and prevails over other types of interests, whether economic, commercial, or of another nature, hence it is the function of the State to ensure the health of the Costa Rican population through its institutions, subject to the rights recognized in the Political Constitution and in current legislation.// In relation to what has been stated, it is considered that it is not feasible to appeal to the economic need of the various sports groups or athletes, through sponsorship, arguing an economic benefit, to promote and expose the national population daily to a series of advertising materials that promote the consumption of beverages with alcoholic content, since sponsorship is viewed and projected through advertising in all its modalities such as television, radio, billboards, cinema, print and internet, among others, reaching the sight of minors, even if they are not the target market; from another perspective, this constitutes the means by which the lack of maturity of minors is taken advantage of to understand this advertising and rationally discern their acts, which would be counterproductive since this population group holds special legal protection at the national and international level; therefore, the benefit of the economic contribution generated through the sponsorship of beverages with alcoholic content to a reduced group of athletes is not considered proportional, in proportion to the negative impact that this would generate on the entire national population". An opinion that was reiterated through official letter MS-DM-KR-5218-2020 of September 22, 2020. They add that, with what has been stated, it can be concluded that it is not possible to control, in any way, the subjects who observe the advertising, once released. In that sense, they state that it is necessary to maintain and improve the current regulations that prevent the exposure of minors to any type of stimulus reinforcing consumption before reaching the age of majority. Thus, according to the right to comprehensive health, it is the State's responsibility to limit these advertising messages that stimulate low risk perception and disinhibit self-control awareness in the face of the potential harms of legal psychoactive substances. They indicate that, given the harmful repercussion of the different bills processed in the legislative stream for the sponsorship of sport with alcoholic beverages, among which is the consulted file 21.745, the Pan American Health Organization/World Health Organization, through official letter CRI-PWR-63.00 249115-20 of July 7, 2020, expressed its concern to the president of the Legislative Assembly regarding the approval of the consulted bill. Violation of the constitutional principle of the best interest of minors: they state that there are various international studies on the negative impact of alcohol advertising in sport on children and youth, including as a trigger for domestic family violence, from which it is clear that there is a direct relationship between alcohol sponsorship in sport and its consumption, but, furthermore, it is demonstrated that such advertising is much more effective on minors. This scientific evidence provided by the consulted institutions and contained in the legislative file allows them to conclude that the action of the legislative State in eliminating the prohibition of this type of sponsorship directly affects the health and cultural patterns of alcohol consumption of minors, which necessarily implies a violation of the country's conventional obligations. Given that studies confirm that minors are the most affected, it is indisputable that the best interest of the minor is not safeguarded, but rather the best interest of a sector of the economy. They explain that the controller of constitutionality has defined the best interest of minors as the guarantee of the effective respect of their fundamental rights, as well as the free and full development of their personality in a healthy physical and mental environment, which must be reflected in the conduct of the institutions and branches of the state apparatus; that is, all public actions must consider and protect the best interest of the minor, as ordered to the State by the Constitution itself, when it establishes special protection for minors in Article 51 of the Constitution. They indicate that, in the case of the consulted project, nowhere in the legislative file does it appear that the deputies took into account in their discussion the impact on minors, who are the most affected by alcohol advertising, a situation that was demonstrated in the institutional opinions sent by the IAFA, the WHO/PAHO and the Ministry of Health. These opinions on the impact on children were confirmed by UNICEF Costa Rica, through official letter REP-CTR-2020-0607 of December 2, 2020, since, when referring to file 21.745, it indicated: "Although it is true, it is important to have resources to finance high-performance sports activities, it is considered extremely risky that, as a means for generating income, girls, boys and adolescents are exposed to new propaganda that makes alcohol consumption seem like a recommendable activity. The massive exposure of messages, both in the context of sports activities and in any other context, in the medium and long term, could have an effect on people's behaviors where what is clearly sought is to increase sales and profits for the companies that market it. Within the framework of the Convention on the Rights of the Child and the observations issued by the Committee on the Rights of the Child to the country in 2020, it is important to ensure that children and adolescents are included in public policies and plans on issues that affect them, which is particularly important regarding alcohol consumption...For the indicated reason, UNICEF does not recommend eliminating the prohibition associated with allowing advertising, propaganda or sponsorship of beverages with alcoholic content in sport.". They consider that the Legislative Assembly is legislating against all the technical and scientific criteria and warnings made by the competent bodies in the matter, despite the demonstrated impact on the health of minors, which is not compensated or remedied with a fund for prevention campaigns, and it becomes paradoxical that it is ultimately sport that ends up incentivizing consumption and the culture of consumption of drugs harmful to health, which represents a regression in matters of protection and rights of children and youth. Violation of the principle of progressivity of fundamental rights: they point out that the consulted project does not contemplate a single measure of compensation or restriction on the advertising that is being enabled; sponsorship on minor league uniforms is prohibited, as if that meant that minors would not see the advertising of major leagues and be equally incited to alcohol consumption, through advertising on billboards, in stadiums, gymnasiums, means of transport used for competitions and sports articles of any team, association, federation, Olympic committee, sports league or cantonal sports committee, as permitted by the bill. They mention that the proposal completely lacks proportionality, because, in addition to regressing on the protection of a fundamental right, it only contains studies that demonstrate the negative impacts of the measure and which were not taken into account when legislating, as well as having no limitation whatsoever for alcohol advertising in sport. They indicate that there does not exist in the file, nor during the discussion of the initiative, any assessment of measures to compensate for the damage that will occur to the health of minors; quite the contrary, the sole and predominant criteria demonstrate a broad impact on youth, which also implies a violation of the principle of reasonableness and non-regression of fundamental rights. They argue that it is evident that the intention of the legislators is to favor a sector of the economy over people's health, to prioritize the right to free trade over protecting the best interest of minors. They emphasize that the guarantees weighing on fundamental rights and human rights cannot be regressed, considering that rights are not absolute and can have limitations; the Constitutional Chamber has already privileged the right to health over free trade and free competition, when the limitation currently established in Article 12 of the Law for the Regulation and Commercialization of Beverages with Alcoholic Content, which bill 21.745 seeks to reform, was challenged (they mention resolution number 6469-97 of 4:20 p.m. on October 8, 1996).

They consider that it is absolutely unreasonable, disproportionate, and regressive to approve legislation despite the existence of technical and scientific studies that demonstrate the significant impact on the exercise of the right to health, especially for minors, by allowing sports sponsorship by alcoholic beverages without any limitation. Violation of the American Convention on Human Rights (Pact of San José), Convention on the Rights of the Child, Ibero-American Convention on the Rights of Youth: they argue that it falls to the Constitutional Chamber to enforce international human rights conventions through judicial means, understanding that the persons involved have special protection at the international level, as is the case with persons and the right to health, as well as childhood, under the principle of protection of the best interests of minors. They insist that the legislation intended to be approved through legislative file 21.745 violates the right to health of minors, in accordance with constitutional law and the American Convention on Human Rights, the Convention on the Rights of the Child, and the express mandate of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth in its article 25. They point out that this international convention, approved by legislative decree 86-12-A of November 1, 2007, orders the State to take preventive measures against alcoholism, not to promote it as the consulted legislative proposal supposedly does. They argue that if the proposed legal reform contained in file 21.745 is approved, Costa Rica would be failing to comply with its conventional obligations, leaving the country's children and youth unprotected in an absolutely arbitrary and disproportionate manner. Violation of the state obligation to prevent, punish, and eradicate violence against women, under the Inter-American Convention to Prevent, Punish, and Eradicate Violence against Women “Convention of Belém do Pará” and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: they note that the impact of sports sponsorship by alcoholic beverages is not exclusive to minors but has a special repercussion in the increase of violence against women, which was confirmed in official communication CIEM-095-2020 of July 6, 2020, signed by the Director of the Women's Studies Research Center (Centro de Investigación en Estudios de la Mujer) of the University of Costa Rica, in which she expressed her opposition and concern regarding the eventual approval of file 21.745. Likewise, the National Women's Institute (Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU) also expressed its opposition to the bill through official communication INAMU-PE-0434-2020 of June 6, 2020. These demonstrate that this type of advertising directly influences violence against women, and they therefore consider that the legislative bill would be unconstitutional for violating the conventions cited, since the Costa Rican State would be failing in its obligation to take all necessary measures to prevent and eradicate violence against women in all its forms, as well as failing to take measures to modify the sociocultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and other practices based on the idea of the inferiority or superiority of either sex or on stereotyped roles for men and women. As IAFA explained in its institutional opinion on this legislative bill, alcohol consumption responds to cultural patterns that are promoted by advertising and marketing, which are effective not only in increasing product consumption but also in the behavior of individuals in general. They refer to data provided by INAMU, which confirms that during a single soccer match, there was an increase of up to 150 cases of domestic violence compared to previous days, and it is indicated that "there are contexts that provoke anger, frustration over a stolen penalty, or liquor consumption that, together, exacerbate attitudes of abuse of power and the exercise of violence against women and their daughters and sons." They believe that Costa Rica would be retreating in its policies for the prevention and eradication of violence against women, because we are facing a measure that worsens the conditions of vulnerability of women in the face of sexist violence, where soccer and alcohol have been shown to constitute triggers for violent events against women, which evidently violates the principle of progressivity of human rights and the aforementioned international conventions on women's rights. Violation of the principle of legal tax reserve: they argue that this principle consists of the obligation of legislators to include at least the essential elements of the tax in the law, these being: the passive subject, who is the person obliged to fulfill the tax obligation; the taxable base, from which the amount of the obligation will be calculated, taking concrete form in the legal conditions under which the tax imposition will fall, that is, the taxable event, the realization of which constitutes the birth of the obligation; and the tax rate. As part of taxpayer guarantees, the law must clearly and precisely establish the essential elements of the tax; otherwise, the tax authorities would be left with the power to complete the rules, thereby participating in the creation of a tax contrary to the exclusive constitutional powers of the Legislative Branch. They argue that in the case of the legislative bill under consultation, the question of constitutionality arises when the first paragraph of Article 2 creates the tax by indicating that “a tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided”; that is, it expressly indicates that the rate applies to income generated by sports activities, events, or articles. However, later, in the second paragraph, when the taxable base is established, it states: “The taxable base upon which the tax established in this section will be calculated shall be the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships.” They indicate that a problem of application of the tax law arises because the taxable event appears to be the income derived from the sports activities being sponsored, as well as the articles for sale upon which the sponsorship falls, and that the rate applies to the income generated by the sports events or articles, a situation that is completely different from what is established in the taxable base, which expressly refers to the tax falling on the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships, not on the income generated by sports activities and events, sports articles and implements, since taxing 6% of the income from the sporting event in which the advertising appears is not the same as 6% of the amount paid for advertising. Due to the foregoing, they mention that, as drafted, the tax in question will be impossible to apply due to the lack of harmony between the taxable event and the taxable base, which appear to correspond to two completely different types of tax, which will mean that the tax authority must fill in the gaps or issue directives that will necessarily end up failing to comply with the legal mandate. They believe that the tax created by the legislative initiative is impossible to apply because it is not clear whether what is decided to be taxed is the advertising itself or the income generated by the sponsored sporting activity. In addition to the above, they refer that collecting the tax will be impossible, as can be seen in the text of the consulted bill, where Article 2 indicates that the Dirección General de la Tributación will administer, collect, and audit said tax; but at the same time, Article 3 states that the Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación will administer the tax, and the resources will be deposited into its accounts. In their opinion, there is a serious contradiction regarding the administration of the tax, which generates the violation of this aforementioned principle and creates legal uncertainty for taxpayers. Regarding the procedural defect, they believe that the legislative bill in question should have been consulted with the Patronato Nacional de la Infancia. They assert that via a substantive motion approved on the second day of motions under Article 137 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, a substitute text was approved that incorporated specific destinations for the tax created by the legislative proposal, whose Article 3, subsection d), indicates: “ARTICLE 3.- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento…d) One percent (1%) to Icoder, for the development and execution of actions aimed at preventing domestic violence; for the design of these actions, Icoder must coordinate with the Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), and the Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).” Therefore, the bill in question obliges two autonomous institutions—Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) and Patronato Nacional de la Infancia (PANI)—to fulfill part of their essential competencies—prevention of domestic violence, according to the corresponding scope (gender or childhood)—with the Instituto Costarricense del Deporte, a semi-autonomous institution whose enabling law does not include competencies related to the development and execution of policies to prevent domestic violence. They point out that, although it is true that these types of mandates are part of the criteria of convenience and opportunity that the Legislative Assembly possesses, this new obligation to coordinate with ICODER for the execution of gender and childhood policies to prevent domestic violence, which form part of the essential competencies of INAMU and PANI, obliged the Assembly to carry out a mandatory consultation with these institutions, in accordance with constitutional Article 190, for the purpose of hearing about the possible impacts or limitations they will have in the execution of the public policies entrusted to them by law. They clarify that they do not question the specific destination established therein, but rather the lack of institutional consultation with PANI, as it affects the essential competencies of the autonomous institution, because it obliges ICODER to execute public policies that legally are not its responsibility and that are the responsibility of PANI, in turn obliging it to coordinate with another entity to fulfill its essential constitutional purposes, which directly affects its autonomy. They believe that the lack of consultation with PANI contravenes Articles 55 and 190 of the Political Constitution. By virtue of the foregoing, they believe that the legislative bill contains substantive constitutional defects and essential procedural defects.

2.- By resolution of this Chamber at 12:29 p.m. on October 29, 2021, the facultative consultation filed by the deputies was received, and the Directorio of the Asamblea Legislativa was requested to send legislative file number 21.745 or a certified copy thereof.

3.- By resolution at 10:46 a.m. on November 03, 2021, the certified copy of the requested legislative file was received, and the file was assigned to Magistrate Nancy Hernández López, to whom it corresponds by turn, a date from which the one-calendar-month period runs, meaning the consultation expires on December 03 of the current year.

4.- The prescriptions of law have been observed in the process.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considering:

I.- Preliminary aspects concerning the scope of the Chamber's pronouncements in facultative consultations. The first point to clarify is that the Constitutional Chamber, in matters of facultative consultations, according to its reiterated case law, only rules on the issues consulted, not on the entirety of the legislative bill, such that it cannot be interpreted beyond that scope, nor can it be inferred that there is any endorsement of the consulted bill regarding aspects on which no pronouncement is made. Indeed, the Chamber does not rule on the questions of appropriateness and convenience of legislative bills, a matter reserved for the legislature, nor does it rule on extremes not consulted. There may well be, therefore, conflicts with the Constitution in a given legislative bill regarding which no consultation was made. Naturally, for those aspects, should they exist, the avenue of subsequent judicial review remains open, specifically the acción de inconstitucionalidad, to guarantee the supremacy of the Political Constitution. (See, in this regard, rulings number 2001-11643, 2001-12459, 2012-9253, 2019-9220, among others).

II.- On the admissibility of the consultation. For the purposes of the admissibility of this consultation, it is important to recall that the ordinary processing of legislative bills in the Asamblea Legislativa, in accordance with the Ley de la Jurisdicción Constitucional, Articles 96(b) and 98, requires two indispensable requisites to file a facultative consultation of constitutionality—ten signatures of Deputies and the interposition of the consultation after the bill is approved in the first debate and before it is approved in the second—for ordinary laws such as the one consulted on this occasion.

It is verified that the present consultation meets the admissibility requirements, having been signed by 11 deputies at the time of its admissibility and it being accredited that it has undergone the first debate, as recorded in legislative file No. 21.745, which was approved in the first debate in legislative session No. 57 of October 26, 2021, with 22 votes in favor and 16 against (folio 1006, of Volume V of the certified copy of the attached legislative file).

Likewise, it is noted that, although this Tribunal recently resolved a legislative consultation on a similar topic to the one under study through ruling No. 2021-9111, at 1:15 p.m. on May 5, 2021, that pronouncement corresponded to a different legislative file, No. 21.663, called “Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional”. Thus, file No. 21.745, called "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento", is consulted in this jurisdiction for the first time.

Consequently, the facultative consultation of constitutionality meets all the admissibility requirements established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III.- General background of legislative file No. 21.745. The legislative proposal under study has undergone the following process in the legislative venue:

  • a)The consulted bill was received in the Secretariat of the Directorio on December 10, 2019 (folio 1).
  • b)On December 10, 2019, the file was assigned for consideration of the Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (folio 11).
  • c)On December 17, 2019, it was transferred to the Department of Archives (folio 12).
  • d)On December 17, 2019, the Department of Archives sent this file to the Imprenta Nacional for publication (folio 19).
  • e)On May 21, 2020, the legislative bill was received by the Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios (folio 21).
  • f)The bill was published in Alcance 285 of the Diario Oficial La Gaceta 242, of December 19, 2019, at which time it consisted of only two articles, the first relating to the reform of Article 12 of Ley No. 9047, of June 25, 2012, “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico,” allowing sports sponsorship by companies producing, marketing, or distributing beverages with alcoholic content to any organization, entity, or person dedicated to the practice of sports; and the second, through which a tax of 5% of the value of advertising contracts of this type was established, allocating it to the creation of a Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento, which is verified at the following web address: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/12/19/ALCA285_19_12_2019.pdf g) In extraordinary session No. 1 of the Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, the study of this file was assigned to subcommittee No. 1 (folio 27).
  • h)On May 26, 2020, the acting director of the Department of Technical Services of the Assembly indicated that this legislative bill had no mandatory consultations (folio 29).
  • i)In extraordinary session No. 2 of the Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, it was indicated that the deadline for the assigned subcommittees was 30 days (folio 33).
  • j)By official communication PRES-AL-ENCS-44-2020 of June 3, 2020, the Presidency of the Asamblea Legislativa authorized the transfer of file 21.745 from the agenda of the Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios to the Comisión de Asuntos Económicos, which was effected on the following June 5 (folios 36 and 37).
  • k)In ordinary session No. 05 of June 16, 2020, the Comisión Permanente de Asuntos Económicos approved two motions for the bill under study to be consulted with the following institutions: Ministry of Health, Ministry of Culture, Youth, and Sports, Ministry of Finance, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Centro de Investigación y Estudio de la Mujer (CIEM), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), National Olympic Committee, National Treasurer, Contraloría General de la República, Dirección General de Tributación Directa, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministry of the Interior and Police, and Ministry of Public Security (folios 62 and 63).
  • l)By official communication AL-DEST- IJU -165-2020 of June 25, 2020, the legal report for this legislative file was issued (folios 166 to 169 of the copy sent to this Tribunal, and in the digital file).
  • m)In session No. 13 of September 8, 2020, the Comisión Permanente de Asuntos Económicos approved the Subcommittee Report, a motion for a substitute text, and ordered its publication and consultation with the following institutions: Ministry of Culture, Youth, and Sports, Ministry of Finance, INAMU, IAFA, Ministry of Health, ICODER, Dirección General de Tributación, Cámara de Comunicación Comercial (CAMCO), Unión de Clubes de Primera División (UNAFUT), and the Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (folios 161, 238, and 239).
  • n)The two-article substitute text was published in Alcance 248 of the Diario Oficial La Gaceta 233, of September 21, 2020 (folio 322).
  • o)In ordinary plenary session No. 56 of October 21, 2021, a final wording was approved with 2 motions via Article 148 bis, rollback (folios 919 to 957).
  • p)In ordinary plenary session No. 57 of October 26, 2021, the legislative bill processed in file No. 21.745 was approved in the first debate, with a text of three articles and a single transitory provision, added by substantive motions, with 22 votes in favor and 16 against, out of the 38 deputies present (folios 985 to 1006).
  • q)On October 28, 2021, the Comisión Permanente de Redacción sent the final wording of the text of this legislative bill to the Secretariat of the Directorio (folio 1045).

The initiative in question was justified on the basis that, currently, technology as an element of financial growth has generated a change in the way business must be conducted and ventures developed, including the management of advertising and sponsorships in various sports activities. The explanatory memorandum notes that in Costa Rica there is an absolute prohibition for these sponsorships and advertising in sports activities to be carried out by commercial companies representing brands of beverages with alcoholic content, which results in a detriment to the income that could be received for this concept. It indicates that advertising and sponsorships in sports constitute a substantial, relevant, and important investment that strengthens this industry, since these monies received for these items translate into better conditions for developing sports, including aspects of athlete nutrition, infrastructure for practicing the sports activity, and the strengthening of programs developed with children and youth to encourage them to practice sports activities. High-performance sports have not had stability in the allocation of resources for the adequate preparation of athletes, nor have they had the sports infrastructure for the better development of their skills; therefore, this initiative seeks to generate resources to be destined exclusively for the acquisition and contracting of goods and services for the equipment and logistics of athletes participating in the Olympic cycle.

To complement the justification provided, the initial legislative proposal is cited below:

“ARTICLE 1- Reform Article 12 of Ley No. 9047, of June 25, 2012, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, to read as follows:

Article 12- Commercial Advertising The Ministry of Health shall be responsible for the regulation and control of all types of commercial advertising related to the marketing of beverages with alcoholic content, carried out by any means of communication free of charge or through payment. All control shall be carried out prior to the dissemination of the advertising.

Sports sponsorship by companies producing, marketing, or distributing beverages with alcoholic content to any organization, entity, or person dedicated to the practice of sports is permitted.

This sponsorship may be used on the brands or names of beverages with alcoholic content, in advertising related to sports, as well as on billboards in stadiums and gyms, on uniforms, means of transportation used for competitions, and sports articles of any sports team, association, federation, and league. Likewise, it may sponsor all types of sports, recreational, or cultural activities.

The use of brands or names of beverages with alcoholic content in advertising, on uniforms, and in sports, recreational, or cultural activities aimed at minors shall be prohibited.

ARTICLE 2- Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento 1- Create the Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento as an instrument for the administration of resources allocated to finance high-performance athletes.

The National Olympic Committee shall be responsible for the administration of the Fund's resources. Said administration shall be carried out in accordance with this law and the support policies and strategy established by the State.

The Fund shall be financed with resources from the following sources:

  • a)Transfers and donations that public or private institutions make in favor of the Fund.
  • b)A special contribution that shall fall on the resources paid for advertising, propaganda, or sponsorship services in sports activities, events, and articles by individuals or legal entities that produce, market, or distribute beverages with alcoholic content.

The Fund's resources shall be destined exclusively for the acquisition and contracting of goods and services intended for the construction of infrastructure and equipment of sports facilities, as well as the contracting of goods and services, equipment, and logistics for athletes participating in the Olympic cycle.

The administration of the Fund's resources shall be subject to the oversight of the Contraloría General de la República, without prejudice to the internal control mechanisms provided for legally and regulatorily.

The Tesorería Nacional shall be obligated to deposit the monies collected in a separate account in the name of the National Olympic Committee within fifteen calendar days of the month following their entry into said account, according to the disbursement schedule established jointly with the Committee. The collection of this contribution shall not have a destination unrelated to the financing of the programs that constitute its reason for being, nor may they be used for administrative expenses of any kind.

2- A special contribution of five percent (5%) is established on the income from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided, without distinction of the medium used, whether through digital formats or printed on signs, notices, billboards, stampings, or similar, the purpose of which is to create propaganda, advertising, or commercial sponsorship or to draw attention to a product with alcoholic content; these shall be subject to this special contribution.

The taxable base upon which the special contribution established in this section will be calculated shall be the economic value established in the corresponding contracts or agreements for the advertising, propaganda, and sponsorship operations subject to this special contribution.

The taxpayer of this tax is the advertiser; advertiser is understood to mean the individual or legal entity whose product or commercial activity benefits commercially from the advertising, propaganda, and sponsorship.

May be appointed as responsible for this tax, in the capacity of collection and withholding agents, the legal entities that grant the right to carry out advertising at their events, in their facilities, or on their sports implements.

The administration and auditing of this tax correspond to the Dirección General de la Tributación Directa. Tax payments must be made in the form and places designated by the tax authority to the taxpayers.

The provisions contained in chapter II of title IV and, in case of non-compliance, those established in Article 57 and title III, all of Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, of May 3, 1971, and its reforms, including the reduction of penalties provided for in its Article 88, shall apply to the taxpayers and the withholding or collection agents of the tax.

In matters not provided for in this law, the provisions of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, shall apply supplementarily. Likewise, this Code shall apply with regard to sanctions and disciplinary proceedings.” III.- On the object of the consultation. For a better understanding of the study of this consultation, the final approved text of legislative bill No. 21.745 is cited, which establishes the following:

“ARTICLE 1- Article 12 of Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, of June 25, 2012, is reformed. The text is as follows:

Article 12- Commercial Advertising The Ministry of Health shall be responsible for the regulation and control of all types of commercial advertising related to the marketing of beverages with alcoholic content, carried out by any means of communication free of charge or through payment.

All controls shall be carried out prior to the dissemination of the advertising.

Advertising of alcoholic beverages is permitted in all types of sports, by public or private companies that produce, market, or distribute these alcoholic beverages, to any organization, entity, or person dedicated to the practice of sports through the figure of sports sponsorship.

This sponsorship may be used by the brands or names of alcoholic beverages, in advertising related to sports, as well as on billboards in stadiums and gyms, uniform lettering, means of transportation used for competitions, and sports articles of any team, association, federation, Olympic committee, sports league, or cantonal sports committee.

The use of brands or names of alcoholic beverages on sports uniforms and in minor league sports activities is prohibited.

The sponsor must obtain permission for the sponsorship from the Ministry of Health, for which it must be current in the payment of its obligations with the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS), the Joint Institute for Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), the Social Development and Family Allowances Fund (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf), and in the payment of its taxes before the Ministry of Finance.

ARTICLE 2- A tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of alcoholic beverages is provided, without distinction of the medium used, whether through digital or printed formats on signs, notices, billboards, stampings, or similar, whose purpose is to make commercial propaganda, advertising, or sponsorship or to draw attention to a product with alcoholic content, shall be taxed with this tax. The contract may be annual or monthly.

The taxable base on which the tax established in this section shall be calculated will be the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships.

The taxpayer of this tribute is the advertiser. Advertiser is understood to mean the natural or legal person whose product or commercial activity commercially benefits from the advertising, propaganda, and sponsorship.

Natural or legal persons that grant the right to carry out advertising at their events, facilities, or sports implements may also be named responsible for this tribute, in the capacity of withholding and collection agents.

The administration, collection, and oversight of this tribute correspond to the Dirección General de Tributación. Payments of the tribute must be made within fifteen business days following the payment for advertising, in the form and at the places designated by the Tax Administration to the taxpayers.

The provisions contained in chapter II of title IV shall apply to the taxpayers and the withholding or collection agents of the tribute, and in case of non-compliance, the provisions established in article 57 and title III, all of Law 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, of May 3, 1971, including the reduction of penalties provided for in its article 88.

ARTICLE 3- National Fund for the Financing of High-Performance Sports.

The National Fund for the Financing of High-Performance Sports is created as an instrument for the administration of resources destined to finance high-performance athletes.

The Costa Rican Institute of Sport (Instituto Costarricense del Deporte, Icoder) shall be in charge of the administration of the Fund's resources. Such administration must be carried out in accordance with this law, the policies and support strategy established by the State, the current regulations regarding the administration of public resources and budgetary legality, as well as the principles of sustainability, transparency, and accountability.

The Fund shall be financed with resources from the following sources:

  • a)Transfers and donations that public or private institutions make in favor of the Fund.
  • b)A tax that shall fall on the resources paid for advertising service contracts, propaganda, or sponsorship in activities, events, sports articles of natural or legal persons that produce, market, or distribute alcoholic beverages. The resources corresponding to this tax must be incorporated and approved in the budget of the Republic.

The resources referred to in subsections a) and b) shall be deposited in the accounts of the Costa Rican Institute of Sport and Recreation (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Icoder) and shall be administered through a separate account; once the budgetary legality block is fulfilled, the Icoder shall distribute the resources as follows:

  • a)Three percent (3%) to the Olympic Committee of Costa Rica.
  • b)One percent (1%) to the cantonal sports committees.
  • c)One percent (1%) to the National Paralympic Committee.
  • d)One percent (1%) to the Icoder, for the elaboration and execution of actions aimed at preventing intrafamily violence; for the design of these actions, the Icoder must coordinate with the National Institute for Women (Instituto Nacional de la Mujer, Inamu), the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), and the National Council of the Older Adult (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Conapam).

The beneficiary institutions shall allocate, exclusively, the resources for the acquisition, contracting of goods and services destined for the construction of infrastructure and equipment of sports properties, as well as the contracting of goods and services, the equipment, and logistics of athletes participating in the Olympic cycle and may not be used for administrative expenses of any kind.

The Icoder must verify that the resources that make up the Fund are being executed and are destined according to the purpose or public need sought to be satisfied.

In matters not provided for in this law, the provisions of Law 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, of May 3, 1971, shall apply supplementarily. Likewise, this Code shall apply with regard to sanctions and disciplinary processes.

SOLE TRANSITORY PROVISION- The Ministry of Health shall have six months to implement the procedure." Regarding this initiative, the legislators raise six defects in relation to the substance of the draft law in question and an alleged procedural defect. Given that the effects produced by the pronouncements of this jurisdiction differ when dealing with a procedural or substantive defect, as provided in article 101 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is considered pertinent to address the alleged procedural defect first, despite the order of the arguments raised by the consulting legislators.

In relation to form, the consulting legislators point out that the draft law was not referred to the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), according to articles 55 and 190 of the Constitution, despite the fact that, in article 3, two autonomous institutions—National Institute for Women (Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU) and National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI)—are obliged to coordinate with the Costa Rican Institute of Sport (Instituto Costarricense del Deporte, ICODER), one of their essential competencies, the execution of gender and childhood policies to prevent intrafamily violence.

Regarding the substance, the consulting legislators state that the draft law could violate:

  • 1)The right to health, as they refer that national and international studies on alcohol consumption and advertising reveal that the latter has direct effects on early alcohol consumption and more effectively promotes youth to consume this type of drugs, thereby harming the right to comprehensive health of minors.
  • 2)The best interest of the child, given that this draft law authorizes alcohol advertising in sports, despite the existence of various international studies that develop the negative impact that this produces in sports regarding childhood, youth, and intrafamily violence, directly affecting their health. They warn that it is paradoxical that it is sports that ends up encouraging the consumption and culture of consumption of drugs harmful to health, which they consider not only contrary to the best interest of minors but a setback in terms of protection and the rights of children and youth.
  • 3)The principle of progressivity of fundamental rights, reasonableness, and proportionality, as they argue that the consulted project does not contemplate a single compensation or restriction measure on the advertising that would be enabled. They estimate that it lacks proportionality, because the questioned draft law only contains studies that demonstrate its negative impacts; however, they were not even taken into account by the legislators. Nor were measures contemplated to compensate for the damages; they only sought to favor the economic sector, above people's health.
  • 4)The Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human Rights, and the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, since, by approving this legislative file, conventional obligations would be breached, unprotecting the country's childhood and youth in an absolutely arbitrary and disproportionate manner.
  • 5)The Belém do Pará Convention and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, given that this draft law intends to authorize sports sponsorship with alcoholic beverages, despite the fact that this has a special repercussion on the increase in violence against women, which they consider violates the aforementioned conventions, as it not only fails to comply with the obligation to take all measures to prevent and eradicate violence against women in any of its forms, but also omits adopting all necessary measures to modify the sociocultural patterns of conduct of men and women that promote violence.
  • 6)The principle of tax legal reservation, since they affirm there is a problem in the application of the tax law, due to the contradiction that arises between the taxable event and the taxable base of article 2 of the consulted project, which will make its application impossible, by not clearly establishing what it decides to tax (the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships of a sporting event; or the total income generated by the sporting event in which the advertising is carried out). In addition, they refer that, in the text of the consulted project, it initially mentions that it is the Dirección General de la Tributación that will administer, collect, and oversee said tax; however, subsequently, it indicates that it is the Costa Rican Institute of Sport and Recreation that will administer the tax and the resources will be deposited in its accounts.

IV.- On the alleged procedural defect. The consulting legislators question whether the draft law under study should have or should not have been referred to the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), according to articles 55 and 190 of the Constitution, given that, in article 3, two autonomous institutions—National Institute for Women (Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU) and National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI)—are obliged to coordinate with the Costa Rican Institute of Sport (Instituto Costarricense del Deporte, ICODER), one of their essential competencies, referring to the execution of gender and childhood policies to prevent intrafamily violence. From the procedural iter indicated in considerando II of this judgment, it is clearly evident that, although in ordinary session No. 05 of June 16, 2020, the Permanent Commission on Economic Affairs approved two motions so that the project under study would be referred to various institutions, among them the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), the truth is that the text of the project, at that time, had only 2 articles and the norm being questioned did not exist. It was not until being in the Plenary that, through the approval of substantive motion No. 5, in ordinary session No. 56 of October 21, 2021, article 3 under consultation was incorporated (folios 938 to 943 of volume V of the certified copy of the attached legislative file), after which no additional institutional consultation was ordered, but rather, subsequently—on October 26, 2021—the draft law was approved in the first debate. Having confirmed the above, it is now appropriate to determine whether, in effect, such provision should have been referred or not to the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia) before its approval in the first debate. Article 190 of the Political Constitution establishes that "For the discussion and approval of projects relating to an autonomous institution, the Legislative Assembly shall previously hear the opinion of that institution." In judgment No. 2018-19511 of 9:45 p.m. on November 23, 2018, this Tribunal referred to article 190 of the Constitution in the following sense:

"...Beyond the foregoing and in reference to the legislative competence to regulate matters assigned to an autonomous institution in general, from the discussion of article 190 in the 1949 National Constituent Assembly, the competence of Parliament to regulate the competencies of autonomous institutions is clear. Indeed, it is worth recalling that the Social Democratic Fraction proposed, as part of the title relating to autonomous institutions, the following normative proposal:

"(...) No draft law relating to matters entrusted to an Autonomous Institution may be discussed in the Legislative Assembly, without the respective Institution having rendered a report on the matter. Said report must be included and published, obligatorily, as one of the considerandos of the law that is approved." (A.A.C.: volume III; p. 465).

Note that the matter relating to the qualified majority for the approval of the draft law when there is a negative opinion from the institution is no longer proposed. Apparently, the adverse votes of the National Constituent Assembly in the cases of the University and the Technical Body in charge of determining the monetary unit dissuaded the members of the Social Democratic Fraction from presenting that initiative. The reasons for this numeral are offered by Facio Brenes, who states: "(...) through it what is sought is to oblige the essentially political body that is Congress, to listen to the voice of the autonomous institutions in those matters that affect them." (A.A.C.N.: volume III; p. 467). The reasons why such a norm was not approved in the proposed form were:

"Representatives Arroyo, Vargas, Fernández, and Esquivel expressed disagreement. The first stated that it was not possible to continue taking away powers from the Legislative Assembly, obliging it to consult all the autonomous institutions of the state. The Assembly integrates from within its bosom, distinct commissions that have the obligation to consult and document themselves in due form regarding matters entrusted to them. If a draft law related to an autonomous institution is presented, it is logical that those bodies will be consulted. The second indicated that the motion under debate introduces a new system, since, if an autonomous institution does not render the respective report, the Legislative Assembly may not hear the draft law. The third stated that he will not vote for any motion that comes to the detriment of the powers of the Legislative Assembly, the maximum representation of the people in our political system, obliging it to even include in the considerandos of the law that is approved, the Opinion of the Autonomous Institution" (A.A.N.C.: volume III; p.473).

As a result, Representative Chacón Jinesta suggested a new wording: "for the discussion and approval of projects relating to an autonomous Institution, the Legislative Assembly must hear the opinion of that institution" (A.A.N.C.: volume III, p. 473). Deputy F.B., on behalf of his colleague, decided to withdraw the motion and ultimately the proposal of Deputy C.J. was voted on.

From the above discussion, it is concluded that the drafters of the current Political Constitution were very clear that matters subject to the competence of autonomous institutions could be subject to regulation by the Legislative Assembly, as long as they were consulted." (The highlighting is not from the original).

In correlation with the above, this Tribunal has also indicated that such consultation is imperative to the autonomous institution when the draft law in question affects its essential competencies, which does not mean that every draft law or any modification related to an autonomous institution through a legislative initiative must be consulted. Only when it affects those aspects related to its constitution or organic structure, or else, those related to the essential scope of the competencies of the institutions involved. So indicated this Chamber in judgment No. 2014-7914 of 9:15 a.m. on June 6, 2014, reiterated in 2020-008848 of 9:20 a.m. on May 13, 2020, in the following sense:

"...Regarding the lack of mandatory consultation established in article 190 of the Constitution. While it is true that reiterated jurisprudence of this Chamber has indicated that (see resolutions numbers Judgment 2012-02675 and 2008-004569) before the legislative approval of a draft law relating to an autonomous institution, the Legislative Assembly must hear the opinion of the latter. The foregoing, of course, does not mean that every draft law or any modification related to an autonomous institution through a draft law must be consulted to it, but only those aspects related to its constitution or organic structure, or else, those related to the essential scope of the competencies of the institutions involved. In this case, the reform introduced to the form of distribution of the beneficiary institutions of a tax has no relation to the organic structure of the IFAM, nor to its competencies. While it is true that it is related to its sources of financing, the ordinary legislator is competent and sovereign to vary the specific destinations of tax revenues. Therefore, in this case, the obligatory consultation to the IFAM did not apply, as part of the parliamentary procedure..." The foregoing requires reviewing the competency framework of the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), for the purpose of determining whether, in effect, the provision in article 3 under consultation affects or does not affect those aspects related to its constitution or organic structure, or else, those related to the essential scope of its competencies. Article 55 of the Political Constitution states that "The special protection of the mother and the minor shall be in charge of an autonomous institution called Patronato Nacional de la Infancia, with the collaboration of the other State institutions." For its part, article 1 of the Organic Law of the Patronato Nacional de la Infancia provides that the PANI is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget. Its primary purpose is to protect specially and comprehensively minors and their families, as the natural element and pillar of society. As provided in article 2, this institution is governed by the following principles:

“a) The priority obligation of the Costa Rican State to recognize, defend, and guarantee the rights of children, adolescents, and the family.

  • b)The best interest of the minor.
  • c)The protection of the family as the natural and fundamental element of society, for being the ideal means for the integral development of the human being.
  • d)The comprehensive protection of children and adolescents, as well as the recognition of their rights and guarantees established in the Political Constitution, the norms of international law, and the laws pertaining to the matter.
  • e)The dignity of the human person and the spirit of solidarity as basic elements that guide the institutional work.” Likewise, as provided in article 3 of that same law, among its purposes we can cite the following:

"... f) Promote the values and moral principles that inspire the right to life, the family, education, peaceful coexistence, mutual respect, culture, growth, and dignified progress for all inhabitants of the Republic.

  • g)Stimulate citizen solidarity and the sense of collective responsibility to strengthen, promote, and guarantee the rights and duties of children and adolescents.
  • h)Promote the organized participation of civil society, parents, state institutions, and social organizations in the processes of study, analysis, and decision-making in matters of childhood, adolescence, and family, in order to guarantee the fulfillment of the rights and duties of minors…
  • k)Maintain permanent inter-institutional coordination, with the participation of organized society, to execute and oversee childhood and adolescence policies.
  • l)Dictate and implement, in coordination with civil society and state institutions, policies in matters of childhood, adolescence, and family…
  • n)Plan, execute, and supervise prevention programs jointly with the respective institutions, with the object of eradicating, in minors, all forms of delinquency, prostitution, mistreatment, sexual abuse, drug addiction, alcoholism, abandonment, or other causes that harm their integrity.” (The highlighting is not from the original).

In order to fulfill those purposes, in article 4, the law assigns it the following powers of interest:

“f) Provide supervision and advice in matters of childhood, adolescence, and family, both to public and private organizations and to civil society that requires them…

  • h)Promote compliance with the principles of the Convention on the Rights of the Child…
  • j)Collaborate with entities in the promotion and execution of specific projects and programs in matters of childhood and adolescence…
  • p)Resolve the requests for operation of public and private organizations, whose purpose is to develop activities linked to the care of minors…
  • v)The other powers established in the Convention on the Rights of the Child and in the current legislation on the matter.” Now, the consulted article 3, in what is of interest, provides:

“ARTICLE 3- National Fund for the Financing of High-Performance Sports.

The National Fund for the Financing of High-Performance Sports is created as an instrument for the administration of resources destined to finance high-performance athletes.

The Costa Rican Institute of Sport (Instituto Costarricense del Deporte, Icoder) shall be in charge of the administration of the Fund's resources. Such administration must be carried out in accordance with this law, the policies and support strategy established by the State, the current regulations regarding the administration of public resources and budgetary legality, as well as the principles of sustainability, transparency, and accountability.

The Fund shall be financed with resources from the following sources:

…The resources referred to in subsections a) and b) shall be deposited in the accounts of the Costa Rican Institute of Sport and Recreation (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Icoder) and shall be administered through a separate account; once the budgetary legality block is fulfilled, the Icoder shall distribute the resources as follows:

  • a)Three percent (3%) to the Olympic Committee of Costa Rica.
  • b)One percent (1%) to the cantonal sports committees.
  • c)One percent (1%) to the National Paralympic Committee.
  • d)One percent (1%) to the Icoder, for the elaboration and execution of actions aimed at preventing intrafamily violence; for the design of these actions, the Icoder must coordinate with the National Institute for Women (Instituto Nacional de la Mujer, Inamu), the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), and the National Council of the Older Adult (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Conapam)…” In the opinion of the consulting deputies, this norm should have been referred to the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), as it obliges it to coordinate with the Costa Rican Institute of Sport (Instituto Costarricense del Deporte, ICODER), one of its essential competencies, referring to the execution of gender and childhood policies to prevent intrafamily violence. However, such a duty of coordination with other public institutions regarding any of its policies or competencies is not an innovative aspect of this legislative initiative, since as indicated above, the Political Constitution itself in article 55 provides that "The special protection of the mother and the minor shall be in charge of an autonomous institution called Patronato Nacional de la Infancia, with the collaboration of the other State institutions." Likewise, the purposes and powers indicated above by the Organic Law of the PANI itself reinforce this, in particular article 37, which indicates the following:

“ARTICLE 37.- Obligation to collaborate To give due compliance to the provisions of article 55 of the Political Constitution, the governmental institutions and bodies are obliged to contribute, in the areas of their competence, with the Patronato Nacional de la Infancia in the comprehensive care of children and adolescents when it so requests to achieve the full fulfillment of its purposes.

The bodies and institutions of the State must provide the Patronato Nacional de la Infancia with collaboration in the areas of their competence when the Institution requests it, to achieve the full fulfillment of its purposes.” Corollary to the foregoing, this Tribunal does not consider that the consulted norm affects the essential competencies of the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), therefore, not having referred it to the institution prior to the approval of the draft law does not entail any procedural defect.

V.- On the institutional criteria regarding the draft law. Seeing that the majority of the arguments raised here are related to the institutional and technical criteria that appear in the legislative file, it is considered appropriate to make a brief reference to these, prior to analyzing each of the arguments of the consulting deputies.

  • a)The Institute on Alcoholism and Drug Dependence (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia), by official letter DG-0544-06-2020 (visible on folio 93 of the legislative file), rendered a negative criterion regarding the draft law, pointing out that, if approved, it would violate the right to health of individuals and the principle of progressivity of human rights, for lacking foundation and technical support, since there are technical scientific criteria that endorse and propose the prohibition of advertising with alcoholic content. Literally, it states:

"[t]he State must ensure the health of its population, which is not compatible with the State itself allowing sponsorship in sports activities, since it would be failing in its duty, furthermore with its approach there is no guarantee that minors will not be recipients of commercial advertising; on the contrary, allowing a reform of this type would be to constantly expose minors to advertising of alcoholic beverages, contrary to the postulates of the international expert entities in the matter, as will be indicated below… III. The draft law has an eminently economic cut, it places the interests of private companies above the general interest of the population and above the right to health of human beings; by supporting a project of this type, the achievements that the country has reached in this field would be ignored and the rights of the population would be violated. Costa Rica is a member country of the World Health Organization (WHO), many of the preventive measures, aimed at reducing alcohol consumption, are due to recommendations issued by such body, which aims to build a better and healthier future for people around the world. So that taking measures that come to reverse the achievements in the health field could be seen as a breach by the country regarding the commitments assumed, as a member of the United Nations Organization (UN), and therefore of the WHO. Exposing the population to more advertising of alcoholic beverages will undoubtedly trigger the demand for health services, with the draft law not having an administrative measure to reinforce the institutions providing these services, despite the eminent impact they would suffer… While experts in the matter such as the World Health Organization (WHO) and the Pan American Health Organization (PAHO), have historically reiterated the need to keep the alcohol industry away and an absolute restriction of advertising, recommendations that Costa Rica has tried to follow and should be seen as a national merit, which demonstrates the State's interest in taking care of the health of its citizens.

VI.

Scientific criteria support and propose the prohibition of advertising for alcoholic beverages.

Some scientific studies by Anderson, P., De Brujim, A., Angus, K., Gordon, R. and Hastings, G. and Smith, L.A. and Foxcroft, D.R. concluded that exposure to advertising of alcoholic beverages and their marketing result in an increased likelihood that minors will consume them, as well as consumption at an earlier age. In this regard, the Pan American Health Organization stated:

"(...) advertising of alcoholic beverages emphasizes the desirable aspects of drinking, overlooks the risk of its consumption at the individual and public health level, and can undermine prevention objectives (WHO, 2004b). Therefore, a comprehensive strategy to reduce alcohol consumption among young people must include advertising restrictions (...). Sponsorships by companies linked to the marketing of alcohol for sports activities, concerts, and cultural events constitute an important part of their marketing and promotion (...)

According to the WHO, alcohol marketing also reinforces cultural attitudes that promote drinking; restricting these practices could impact the consumption patterns of the entire population as a whole. Partial restrictions and industry self-regulation are the most common forms of control in the Americas, but partial restrictions are difficult to enforce, especially in new communication environments such as social networks, and in many cases, self-regulatory measures are violated or governments do not enforce compliance, such that they have not proven effective. Marketing activities are especially difficult to counteract due to the enormous economic resources possessed by the alcohol industry. In 2011, five companies declared having spent 5.5 billion US dollars on traditional advertising alone; it is unlikely that any country in the Region can dedicate sufficient resources to counteract the economic power of the industry… The recommendation of the international World Health Organization is that, if the intention is to benefit sport with new income, the only correct measure is to increase the tax on alcoholic beverages. In any case, pricing policies directly impact a decrease in consumption prevalence, since consumers, especially heavy drinkers and young people, are sensitive to variations in the prices of alcoholic beverages. This is one of the best cost-effective measures; it presents no costs and many benefits for society. As will be visualized later, there is scientific certainty that one of the populations most affected by the marketing, advertising, and sponsorship of alcoholic beverages is adolescents, because in them, alcohol consumption shows three distinctive vulnerabilities indicated by Penchmann: impulsivity; self-consciousness and self-doubt; and; the elevated risk of alcohol use, including impulsive behavior, indicate that it is certain that the first studies that sought the existing relationship between alcohol advertising and youth tended to rest on a simple theoretical basis: exposure to alcohol advertising influences the behavior of young people to increase alcohol consumption. However, both authors demonstrate that more recent studies not only expand that theoretical basis but also point out the importance of alcohol advertising in the formation of attitudes, perceptions, and expectations of young people regarding alcohol consumption, elements that precisely influence young people's decisions, both to initiate their alcohol consumption and to present more regular intake patterns. This influence is intensified because alcohol beverage advertising commonly incorporates attractive components for young people, such as humor, trendy music, innovative technological aspects, party elements, mistaken relationships between having a good time and alcohol consumption, among others. This undoubtedly reinforces the hypothesis that exposure to alcohol advertising and affective reactions to television commercials influence alcohol consumption and the development of alcohol-related problems. The bill demonstrates that its intention is the promotion and consumption of alcoholic beverages, because it not only intends to authorize alcohol advertising in sports but in events of all types. The indifference and neglect towards health and public well-being are concerning, by ignoring the personal, family, and social costs that alcohol consumption implies, especially harmful consumption.

This project does not comply with the requirements of health as a fundamental right, nor does it address primary prevention or secondary prevention of the public health problem of alcohol consumption; because it addresses a subject solely from the economic perspective of business owners, reasons for which we express our total opposition to the intention to repeal the regulations that govern these matters from a public health perspective such as the Law for the Regulation and Commercialization of Alcoholic Beverages, Law No. 9047, and its regulation, to be modified for economic interests, which is contrary to what has been indicated by the Constitutional Chamber. In accordance with our criterion, the World Health Organization (WHO) affirms: "The regulation of alcohol marketing has been highlighted as one of the 'best buys' for reducing harms related to alcohol consumption; the harms include physical and mental illnesses, traffic accidents, interpersonal violence, and non-communicable diseases (NCDs)." b) In official communication DFOE-PG-0353 of July 24, 2020 (folio 114), the Office of the Comptroller General of the Republic opposed the bill, because the administration of the National Fund for High-Performance Sport was assigned to the National Olympic Committee (CON), which is a subject of private legal nature. It also pointed out that "one is in the presence of the creation of a new earmark, a figure on which this Comptroller's Office has deployed a position of alert given the budgetary rigidity it causes in the Central Government's expenditure budget and compromises its flexibility to meet the needs of the citizenry. The proposal does not establish an application of the temporality criterion that would allow periodically quantifying the relevance of the earmark and the response to the principles of public spending and parameters of reasonableness, efficiency, effectiveness, and fiscal responsibility." Finally, it recommended consulting the law proposal with the institutions that, due to their specialty in the matter, have an active participation in the subject; so that it could be accredited that what is proposed does not conflict with public health policies or even that sport is not misinterpreted in the promotion of alcoholic beverage consumption.

  • c)By official communication CON-CRC-253-2020 of June 29, 2020, the Costa Rican Olympic Committee, rendered its opinion (folio 131), pointing out, among other things, the following:

"...It is not possible to control the subject who observes the advertising once it is released or transmitted, for example: An international sporting event in which billboards in the scenario or logos of companies producing this type of beverage are observed, reaches all types of public, without any capacity for discrimination, which implies that children, adults, or older adults are exposed to the images or sounds of the transmission, whether international or local. But, it is possible to impact the sporting world with the resources obtained from that advertising. Advertising for alcoholic beverages in sporting events already impacts our environment, without our environment benefiting from it." It questions the prior regulatory powers conferred on the Ministry of Health, for two aspects: a) it denatures the essential function of the ministry and incorporates an eminently commercial function that does not correspond to it, for which, it considers that it should be assigned to other institutions that regulate competition in the country; and b) prior censorship is not admissible in our country, hence the prior oversight of advertising is not appropriate, which, in addition, it considers inconvenient for the effectiveness of the mechanism intended to be permitted.

  • d)Through official communication CIEM-095-2020 of July 6, 2020, the Center for Research in Women's Studies of the University of Costa Rica (folio 137), does not recommend the approval of this bill, for the following reasons:

"According to the World Health Organization (WHO), a drug is any substance that -consumed by a person- alters the normal functioning of the individual's central nervous system. Furthermore, depending on the type of substance, it is susceptible to generating dependence, whether psychological, physical, or both. Drugs are also known as psychoactive substances, since upon ingestion they can modify the consciousness, mood, or thought processes of an individual. The WHO considers alcohol to be a sedative/hypnotic, with effects similar to those of barbiturates, and adds that in addition to the social effects of its consumption, alcohol intoxication can cause poisoning and even death and that frequent and prolonged consumption can cause dependence and a series of mental, physical, and organic disorders. The WHO estimates that 3.3 million annual deaths are related to alcohol consumption. According to the Atlas of drug consumption in Costa Rica, published by IAFA in 2015, although various types of drugs are consumed in the country, those used most frequently are considered legal drugs, that is, alcohol and tobacco. It is estimated that, in the year 2015, 63.3% of the population, corresponding to 2,363,757 people, between 12 and 70 years old, consumed alcohol at least once in their life. If recent consumption is taken into account, in the last 12 months 41.6% of the population consumed alcohol and in the last 30 days, 27.3% did so. This consumption is differentiated by sex, being higher in men in the three periods considered. According to the same document, in the year 2015 there is an increase in alcohol consumption, which is attributed to the quantity and variety of alcoholic beverages available and the limited control of advertising. About alcohol and sport. Sport has been established as a physical activity that puts the body into operation and takes it out of its state of rest in which it normally finds itself. The importance of sport is that it allows the person to exercise their organism to keep it in a good physical level, as well as allows them to relax, unwind, detach from routine, release tension, and, in addition, have fun. On the contrary, alcohol has been responsible for causing damage to the health of those who consume it. According to the international classification of the World Health Organization (ICD 10), alcohol consumption is considered harmful that causes mental or physical damage. It not only affects people, but also affects family, work relationships, and society as a whole. Because of the damages caused by alcohol, the goal is rather to control the promotion of consumption. In this regard, the WHO affirms that: "the regulation of alcohol marketing has been highlighted as one of the 'best buys' for reducing harms related to alcohol consumption; the harms include physical and mental illnesses, traffic accidents, interpersonal violence, and non-communicable diseases (NCDs)." It cannot be ignored that the Final Report on the Regulation of Alcohol Marketing by the Pan American Health Organization (PAHO) of 2016 cites that governments must:

1. Protect vulnerable groups from exposure to alcohol marketing, especially children and adolescents.

2. Prioritize the transition towards a comprehensive ban on alcohol marketing.

3. Formulate marketing regulations independent of said industry.…both because of the implications of alcohol on the health of people who consume it, and the increased risk of violence for women who relate to such persons, it is not pertinent to increase the advertising spaces for alcoholic beverages, especially in spaces such as sports, which are a public health promotion activity. Regarding the second article of the project, which proposes the creation of a National Fund for the Financing of High-Performance Sport, "they consider that it is an interesting proposal but that it should not be linked to the introduction of advertising for alcoholic beverages in the sports field." e) By official communication INAMU-PE-0434-2020 of June 6, 2020, the Executive President of INAMU rendered her opinion in the following sense (folio 143):

"…Even though the scope of application of the bill transcends our stewardship as the National Institute of Women, our main approach must be in line with not supporting an initiative that strengthens alcoholic beverage brands. In the past, our institution has spoken out about their consumption, as on many occasions it is associated with forms of violence of which women are victims. This argument would ideally be strengthened, for example with statistics that DVIO must manage from the campaigns they made, for example https://www.inamu.go.cr/comunicado-violencia-y-futbol. In that same note, figures are given for an increase in calls and attention during the 2014 Brazil World Cup, at that time the Minister of the Status of Women also pointed out: 'there are contexts that provoke anger, frustration over the stolen penalty, or liquor consumption that, together, exacerbate attitudes of abuse of power and exercise of violence against women and their daughters and sons.' … This is why from the Department of Identity Construction we emphasize that the consumption of alcoholic beverages and other drugs must be considered a risk factor and clearly not confused in any aspect as an exculpatory or justifying factor for violent or aggressive behavior… Advertising's main purpose is to sell a product and to achieve this, it turns the product into an object of desire, resorting to different techniques and strategies. It exerts great influence on the social fabric, its decisive role as an instrument of social communication, offers not only products but collective models. Therefore, it is of transcendence for DCIP to point out the importance of configuring a vision of women in advertising that adapts to our postulates of equality, empowerment, and against the objectification of women, and this must be clearly established in the project and in the spirit of those who analyze it." f) By means of official communication MS-DM-KR-5218-2020 of September 22, 2020, the Ministry of Health rendered its negative opinion in relation to the law proposal, indicating, among other things, the following:

"Having analyzed the law proposal submitted for consultation, in accordance with all the technical and legal arguments extensively developed, taking into account that the Ministry of Health holds the competence to establish the regulation of commercial advertising related to the commercialization of alcoholic beverages, it is reasoned that for the particular case, advertising is the visualization of a specific brand of alcoholic beverages, which is sponsored by a company, under this premise, said sponsorship is the commercial form in which a brand appears in advertising, so from another perspective, it should not be ignored that according to the results of IAFA surveys indicate that from the year 2009 until 2015, there is a constant increase in the age of first contact with the substance; however, for 2018 this trend is reversed, implying earlier consumption of the substance, with an average age of onset of alcohol consumption of 12.7 years. This makes it possible to demonstrate that the consumption of alcoholic beverages in Costa Rica is characterized by having a high involvement with cultural patterns typical of daily living. The foregoing allows visualizing how, as one approaches the age of majority, a greater number of young people initiate or show more regular consumption patterns of alcoholic beverages. This must be understood as a consequence of an increase in the availability and accessibility of these psychoactive substances, as well as an increase in the amount of commercial advertising. Likewise, it is relevant to note that for the World Health Organization, alcohol consumption ranks third among the risk factors for the global burden of morbidity. In relation to the foregoing, it is considered that it is not feasible to appeal to the economic need of diverse sports groups or athletes, through sponsorship, arguing an economic benefit, to promote and daily expose the national population to a series of advertising materials that promote the consumption of alcoholic beverages, since sponsorship is visualized and projected through advertising in all its modalities such as television, radio, billboards, cinema, print media, and internet, among others, reaching the sight of minors, even if they are not the target market, from this perspective, this constitutes the means by which the lack of maturity of minors to understand this advertising and rationally discern their acts is exploited, which would be counterproductive since this population group holds special legal protection at the national and international level; therefore, the benefit of the economic contribution generated through the sponsorship of alcoholic beverages to a reduced group of athletes is not considered proportional compared to the negative impact that this would generate on the entire national population. It is not omitted to indicate that with official communication MS-DM-6444-2020, addressed to Mr. Eduardo Cruickshan Smith, President Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica, the opinion of the Ministry of Health was expressed in relation to the proposal of the bills that are currently under analysis and discussion in the Legislative Assembly, linked to the 'Law for the Sponsorship of National Sport', which in what concerns states: 'Alcohol consumption causes death and disability at a relatively early age. According to WHO data, in the 20 to 39-year-old age group, 13.5% of deaths worldwide are attributable to alcohol consumption. Likewise, the harmful use of alcohol is a causal factor in more than 200 diseases and disorders and is one of the four main behavioral risk factors for non-communicable diseases (NCDs) that are susceptible to modification and prevention. It is worth mentioning that non-communicable diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases, and different types of cancer, constitute the leading cause of death in the country. Measures to limit the availability of alcohol and the marketing of alcoholic beverages are supported by scientific evidence. These aspects are contemplated within the 10 target areas recommended in the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol, adopted by consensus by all Member States of the World Health Organization in 2010, as well as the Strategy of the Pan American Health Organization for the Prevention and Control of NCDs of 2011. Said strategies include, among other measures for the prevention of the harmful use of alcohol, recommendations for the restriction of hours, days, premises, and density of points of sale, as well as the reduction of the impact of marketing, especially among young people and adolescents. In this sense, the control of advertising is also recommended by experts as part of the measures required to reduce the abuse of alcohol consumption in countries and prevent consumption in children and adolescents. There is ample scientific evidence that exposure to alcohol advertising influences young people's behavior towards an increase in their consumption and affects the formation of attitudes, perceptions, and expectations of young people regarding consumption. Among the factors most strongly associated with early onset of consumption is the high availability of alcoholic beverages, the cost, advertising, and sponsorship of alcoholic beverages. As recognized in the Global Strategy to reduce the harmful use of alcohol: • Alcohol is marketed through increasingly sophisticated advertising and promotion techniques, for example the linking of alcohol brands to sports and cultural activities, sponsorship and product placement, and new marketing techniques. • It is very difficult to target marketing to young adult consumers without simultaneously exposing cohorts of adolescents and children to it. • The exposure of children and young people to both the content of alcohol marketing and the magnitude of young people's exposure to it are fundamental problems. The same Strategy states that policy options and interventions in this area include effective regulation of sponsorship activities that promote alcoholic beverages and the restriction or prohibition of promotions in relation to activities targeting young people, among others. By virtue of the foregoing, it is considered that the bills in question represent a setback in actions to influence the reduction of harmful alcohol consumption in the population and therefore, as the Ministry of Health, we oppose these initiatives and urge the Legislative Assembly to take into account the implications that these would have on public health in our country.' VI.- Regarding the substantive defects consulted. Having established the foregoing, we proceed to review each of the consulted points, although regarding some of them they will be analyzed jointly, given the connection of arguments.

  • 1)Regarding the right to health, the best interests of the child, the principle of progressivity of fundamental rights, the Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human Rights, and the Ibero-American Convention on the Rights of Youth. The possible violation of these rights is consulted, because in the legislative file under study, there are various national and international studies that reveal the direct effects of alcoholic beverage advertising on early alcohol consumption, which more effectively promotes youth to consume this type of drug, thereby harming the right to comprehensive health of minors, established at the national and international level. It is indicated that, despite this, the legislators approved this initiative without attending to the best interests of the child, authorizing alcohol advertising in sport, without assessing the negative impact that this produces in sport regarding children, youth, and intra-family violence. They warn that it is paradoxical that it is sport that ends up incentivizing the consumption and the culture of consumption of drugs harmful to health, which they consider, not only contrary to the best interests of minors but a setback in terms of protection and rights of children and youth. As previously indicated, in Costa Rica there is currently an absolute prohibition for sponsorships and advertising in sports activities to be carried out by commercial companies that hold the representation of alcoholic beverage brands, which, in the opinion of the proponents of this bill, generates a deterioration of the income that could be received from this concept, since a substantial, relevant, and important investment that could strengthen sport is not being received, in essential aspects such as nutrition, infrastructure for the practice of sports activity, as well as other programs developed with children and young people to encourage them to practice sports activities. Article 12 of Law No. 9047, currently provides:

"ARTICLE 12.- Commercial advertising The Ministry of Health shall be in charge of the regulation and control of all types of commercial advertising related to the commercialization of alcoholic beverages, carried out by any means of communication free of charge or through payment. All control shall be carried out prior to the dissemination of the advertising.

The use of brands or names of alcoholic beverages in advertising, such as labeling on uniforms, means of transport used for competitions, and sports articles of any team, association, federation, and sports league, as well as in recreational or cultural activities directed at minors, is prohibited." Hence, the legislative proposal aims to reverse the indicated prohibition and authorize advertising in the following sense:

"ARTICLE 1- Article 12 of Law 9047, Regulation and Commercialization of Alcoholic Beverages, of June 25, 2012, is reformed. The text is as follows:

Article 12- Commercial advertising The Ministry of Health shall be in charge of the regulation and control of all types of commercial advertising related to the commercialization of alcoholic beverages, carried out by any means of communication free of charge or through payment. All control shall be carried out prior to the dissemination of the advertising.

Advertising of alcoholic beverages is permitted in all types of sport, by public or private companies that produce, commercialize, or distribute these alcoholic beverages, to any organization, entity, or person dedicated to the practice of sport through the figure of sports sponsorship.

This sponsorship may be used by the brands or names of alcoholic beverages, in advertising related to sport, as well as on billboards in stadiums and gyms, labeling of uniforms, means of transport used for competitions, and sports articles of any team, association, federation, Olympic committee, sports league, or cantonal sports committee.

The use of brands or names of alcoholic beverages on sports uniforms and sports activities of minor leagues is prohibited.

The sponsor must obtain the permit for sponsorship before the Ministry of Health, for which they must be up to date in the payment of their obligations with the Costa Rican Social Security Fund (CCSS), the Joint Institute of Social Aid (IMAS), the Social Development and Family Allowances Fund (Fodesaf), and in the payment of their taxes before the Ministry of Finance." According to the last aforementioned rule, if the consulted bill were approved, the advertising of alcoholic beverages would be authorized in all types of sport, by public or private companies that produce, commercialize, or distribute these alcoholic beverages, to any organization, entity, or person dedicated to the practice of sport through the figure of sports sponsorship. To do this, the interested company must obtain a permit for sponsorship before the Ministry of Health, who, in addition, must carry out prior control before the dissemination of the advertising. And as was stated, only the use of brands or names of alcoholic beverages on sports uniforms and sports activities of minor leagues is prohibited.

Certainly, in the reform of the provision in question, two interests of constitutional relevance converge, public health linked to the right to life and the best interests of the child recognized in the International Convention on the Rights of the Child. Regarding the latter, the Chamber has pronounced in the following sense:

"Costa Rica approved and ratified the Convention on the Rights of the Child, through Law No. 7184 of July 18, 1990, which entered into force from the day of its publication in La Gaceta No. 149, that is, from August 9, 1990. Article 1 of that Convention recognizes as a child every human being under eighteen years of age, unless, under the law applicable to them, they have reached the age of majority earlier. Likewise, numeral 2 establishes that in all measures concerning children taken by public or private social welfare institutions, courts, administrative authorities, or legislative bodies, a primary consideration must be the Best Interests of the Child.

Said interest is a complex, priority, transversal, and adaptable concept, which attends to the recognition of children as rights holders.

Likewise, the United Nations Committee on the Rights of the Child develops in its General Comment No. 14 (2013) the threefold facet that the Best Interests of the Child entails, as it is presented as “a) A substantive right: the right of the child to have his or her best interests assessed and taken into account as a primary consideration when weighing different interests in order to make a decision on a debated issue, and the guarantee that this right will be implemented whenever a decision is to be made that affects a child, a specific or generic group of children, or children in general. Article 3, paragraph 1, establishes an intrinsic obligation for States, is of direct application (immediate applicability), and can be invoked before the courts. b) A fundamental interpretative legal principle: if a legal provision admits more than one interpretation, the interpretation that most effectively satisfies the best interests of the child shall be chosen. The rights enshrined in the Convention and its Optional Protocols establish the interpretative framework. c) A procedural rule: whenever a decision is to be made that affects a specific child, a specific group of children, or children in general, the decision-making process must include an estimation of the possible repercussions (positive or negative) of the decision on the child or children concerned. The evaluation and determination of the Best Interests of the Child require procedural guarantees. Furthermore, the justification of decisions must make it clear that this right has been explicitly taken into account. In this sense, States parties must explain how this right has been respected in the decision, i.e., what has been considered to serve the Best Interests of the Child, on what criteria the decision has been based, and how the child’s interests have been weighed against other considerations, whether in matters of general policy or in specific cases” (para. 6).

The aforementioned General Comment No. 14 explains that the primary character of the Best Interests of the Child implies that it “cannot be on the same level as all other considerations. The firmness of this position is justified by the special situation of children (dependency, maturity, legal status, and often, lack of voice). Children have fewer possibilities than adults to strongly defend their own interests, and the persons involved in the decisions that affect them must explicitly take their interests into account.” (para. 37).

In this sense, the rationale provided by the promoter of the legislative bill is based on the objective of Article 3.1 of the Convention on the Rights of the Child, which consists of ensuring that the Best Interests of the Child is observed in all decisions and measures related to them. This means that in any measure—that is, not only in resolutions, but also in all acts, conducts, proposals, services, procedures, and other initiatives—that relates to one or more children, their best interests must be a primary consideration to be addressed (para. 17). This includes both measures and decisions directly related to a child, a group of children, or children in general, as well as others that affect one or more minors, even if the measure is not directed specifically at them (para. 19).

Likewise, from Article 3.1 of the Convention on the Rights of the Child, a series of obligations for member States derives, based on the Best Interests of the Child. Among these are the obligations to “ensure that the Best Interests of the Child is adequately integrated and systematically applied in all measures of public institutions, especially in all implementation measures and administrative and judicial procedures that directly or indirectly affect children; ensure that all judicial and administrative decisions, policies, and legislation related to children make it clear that the best interests of the child has been a primary consideration; this includes explaining how the Best Interests of the Child has been examined and evaluated, and the importance attributed to it in the decision” (para. 14); “review and, where appropriate, amend national legislation and other sources of law to incorporate Article 3, paragraph 1, and ensure that the requirement to take into account the Best Interests of the Child is reflected and applied in all national laws and regulations, provincial or territorial legislation, rules governing the operation of private or public institutions providing services related to children or affecting them, and judicial and administrative procedures at all levels, as a substantive right and a procedural rule; establish mechanisms and procedures for complaints, recourse, or redress in order to give full effect to the child’s right to have his or her best interests duly integrated and systematically applied in all implementation measures and administrative and judicial procedures related to or affecting him or her” (para. 15); “establish formal processes, with strict procedural guarantees, designed to evaluate and determine the Best Interests of the Child in decisions affecting them” (para. 87). Now, regarding the evaluation of the Best Interests of the Child, this “must take into account their safety, that is, the right of the child to protection against all forms of physical or mental harm or abuse (art. 19), sexual harassment, peer pressure, intimidation, and degrading treatment, as well as against sexual and economic exploitation and other forms of exploitation, narcotics, labor exploitation, armed conflicts, etc. (arts. 32 to 39).” (para. 73) Under this panorama, International Human Rights Law is clear in providing the obligation of States to address the Best Interests of the Child as a primary consideration in all decisions and measures pertaining to them. In line with the above, number 4 of the Convention on the Rights of the Child also provides, as an obligation of States Parties, to adopt all administrative, legislative, and other measures to give effect to the rights recognized in said Convention…” (Judgment No. 2016-14893 of 11:30 a.m. on October 12, 2016) Likewise, in relation to Article 12 of Law No. 9047 that the bill in question seeks to amend, this Court referred to public health and the best interests of the child in the following manner:

“[T]he notion of ‘public health’ implies all those actions carried out to improve the health of persons, both individually and collectively, and to achieve this objective the different factors that determine health must be taken into consideration, namely, environment, heredity, behavior, and health services. Having made the foregoing clarification, it is necessary to point out that public health refers to all activities carried out in favor of collective health or populations with the participation of all of society and not only the activities carried out by the Health Sector as part of the State. In this sense, the Pan American Health Organization has been clear in pointing out that, ‘The health sector is called upon to fulfill a set of essential functions for the promotion and protection of the health of the population, since citizens have the inalienable right to receive these guarantees and services due to their condition as participants in society. For the effective exercise of these functions by the State, both at the central and local government levels, the development and strengthening of an adequate and updated legal, normative, and regulatory framework is indispensable, through which effective collaboration between the public and private sectors is facilitated, and between these and civil society, to protect collective health, especially that of the most vulnerable and unprotected sectors.’ For the World Health Organization, public health is the ‘science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health and efficiency through the organized effort of the community so that the individual in particular and the community in general are in a condition to enjoy their natural right to health and longevity.’ Within the field of public health, various types of intervention stand out, namely:

Health promotion actions: these are those that act at the societal level. Their impact is measured according to modifications in the lifestyle and living conditions of that community. In the Ottawa Charter signed by Costa Rica in 1986, health promotion was defined as that activity that seeks ‘to provide peoples with the necessary means to improve their health and exercise greater control over it. It goes beyond the idea of healthy lifestyles to include the conditions and requirements for health which are: peace, housing, education, food, income, a stable ecosystem, sustainable resources, social justice, and equity.’ According to the WHO, it constitutes a global political and social process that encompasses not only actions aimed at strengthening the skills and capacities of individuals, but also those directed at modifying social, environmental, and economic conditions, in order to mitigate their impact on public and individual health. It comprises intersectoral activities directed at promoting the empowerment of individuals and peoples over the environmental, social, and organic determinants that determine and affect their health, in order to improve it. This activity refers to strengthening the capacity of people to control the ecosystem, socioeconomic conditions, lifestyle, and health services.

Prevention actions: depending on the problem at hand, it acts at the level of society, as well as population groups and individuals; it is directed at subjects prone at some point to require a specific curative action, that is, those with possibilities of falling ill.

Curative actions: these are those that act at the individual level. Their effects are evidenced according to modifications in the risks of death of sick individuals, as well as the distributive effect of individual goods and services.” (Judgment No. 2010-17952 of 9:39 a.m. on October 29, 2010) Regarding the Best Interests of the Child, it is worth recalling what the Chamber has indicated:

“V.- On the Best Interests of the Child. Similarly, different international instruments recognize and impose the state duty to provide particular protection to the rights of children; starting from declarative instruments such as the Universal Declaration itself, and especially following the approval and entry into force of the International Convention on the Rights of the Child, a decisive impulse has been given to the protection of this special group, ensuring that adequate assistance and respect for the rights recognized therein are provided at all times. The Chamber’s jurisprudence is compelling in recognizing the protection that must be granted to the rights of children, recognizing, likewise, the best interests of the child’s condition and nature as a general principle that, as such, forms part of the legal system and must be applied to govern all administrative and judicial activity related to minors.

This recognition of the best interests of the child as a general principle and right that forms part of and informs the entirety of the legal system has led the Chamber to provide and order special protection for minors in areas as diverse as the protection of their image and identity, the safeguarding of the image and identity of minors in conflict with the law, and disputes arising in matters of immigration, health, and family (see, among others, Judgments numbers 2003-5117, 2004-1020, 2004-8759, 2005-4274, 2007-10306, and 2008-7782). In this sense, as a recognized and fully applicable general principle, as well as in its aspect as a right, no norm or decision—administrative or judicial—that contradicts the best interests of the child is opposable, unless in specific circumstances the applicability of some other general principle of a higher level is at stake, in which case the legal operator must adhere to the balancing test and the role of each principle in the particular case. Thus, ignoring the principled and rights-based nature of the best interests of the child, disregarding its strict application in those cases involving minors, is contrary to the recognitions made in this regard by Constitutional Law, while also allowing for a position of vulnerability regarding the mandate of Article 2 of the American Convention on Human Rights. In other words, administrative and judicial authorities have the obligation to recognize and apply the best interests of the child, even devising appropriate mechanisms and consequential solutions in accordance with what is mandated by the aforementioned Article 2 of the American Convention (see Judgment number 2008-015461 of 3:07 p.m. on October 15, 2008).

It is important to emphasize at this point that the United Nations Committee on the Rights of the Child, in its publication entitled ‘General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration’, approaches the Best Interests of the Child as a right, a principle, and a procedural rule. In that sense, it indicates that: ‘(...) The Committee underscores that the best interests of the child is a threefold concept: a) A substantive right: the right of the child to have his or her best interests assessed and taken into account as a primary consideration when weighing different interests in order to make a decision on a debated issue, and the guarantee that this right will be implemented whenever a decision is to be made that affects a child, a specific or generic group of children, or children in general (...) b) A fundamental interpretative legal principle: if a legal provision admits more than one interpretation, the interpretation that most effectively satisfies the best interests of the child shall be chosen. The rights enshrined in the Convention and its Optional Protocols establish the interpretative framework. c) A procedural rule: whenever a decision is to be made that affects a specific child, a specific group of children, or children in general, the decision-making process must include an estimation of the possible repercussions (positive or negative) of the decision on the child or children concerned. The evaluation and determination of the best interests of the child require procedural guarantees (...)’. Hence the importance of enhancing, through the jurisprudence of this Chamber, this perspective of the Best Interests of the Child already widely developed in international doctrine. In its beginnings, the Best Interests of the Child emerged as a principle, as an interpretative guideline that collaborated in legal hermeneutics in those cases where a minor was involved; however, with the evolution and advancement in normative, doctrinal, and jurisprudential development, the latest trends in this area have been focusing on the Best Interests of the Child from a broader perspective (threefold dimension), precisely with the purpose of contributing to a better and more advanced protection of the rights and guarantees of persons under legal age.” (Judgment number 2016-7123 of 11:00 a.m. on May 25, 2016). The highlighting is not from the original.

Based on what has been stated, it must be reiterated that, as developed by the United Nations Committee on the Rights of the Child in its publication entitled ‘General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration’, the Best Interests of the Child must be approached as a right, a principle, and a procedural rule. This implies that it must be evaluated and applied by the authorities from these 3 conceptions: a) As a substantive right: the right of the child to have his or her best interests assessed and taken into account as a primary consideration when weighing different interests in order to make a decision on a debated issue, and the guarantee that this right will be implemented whenever a decision is to be made that affects a child, a specific or generic group of children, or children in general. b) As a fundamental interpretative legal principle: if a legal provision admits more than one interpretation, the interpretation that most effectively satisfies the best interests of the child shall be chosen. c) As a procedural rule: whenever a decision is to be made that affects a specific child, a specific group of children, or children in general, the decision-making process must include an estimation of the possible repercussions (positive or negative) of the decision on the child or children concerned. The evaluation and determination of the best interests of the child require procedural guarantees. In the case sub examine, it is relevant to apply it as a right, which implies that the public authorities, in this case the legislators, should have weighed different interests to make the decision to reverse the current prohibition on the advertising of alcoholic beverages in sports activities, where mainly minors and young people participate, with the guarantee that their decision primarily served to protect the right of persons under legal age. Based on the foregoing, we proceed to review the assessments, justifications, criteria, and studies that support this legislative initiative.

As indicated previously, the motivation for this proposal was based, essentially, on the fact that, currently, advertising and sponsorships in sports constitute a substantial, relevant, and important investment, and that these funds received from those areas would translate into better conditions for developing sports: aspects of athletes' nutrition, infrastructure for practicing sports activities, as well as strengthening programs developed with children and young people to encourage them to practice sports activities. The foregoing, given that high-performance sports have not received the required allocation of resources to promote them. Under this premise of economic necessity and improving and promoting sports, the authorization of alcohol beverage advertising at sporting events is promoted, along with the creation of a tax and a fund that would be administered by ICODER to finance high-performance sports, that is, those athletes who reach a high competitive level due to their high performance. For its part, the Costa Rican Olympic Committee indicated in this regard: “…It is not possible to control the subject who observes the advertising once it is released or transmitted, for example: An international sporting event of significance in which billboards on the scene or logos of companies producing such beverages are observed reaches all types of audiences, without any capacity for discrimination, which implies that children, adults, or older adults are exposed to the images or sounds of the broadcast, whether international or local. But, it is possible to impact the sports world with the resources obtained from that advertising. Alcohol beverage advertising at sporting events already impacts our environment, without our environment benefiting from it.” That is, it starts from the premise that there is an unavoidable situation, which is that type of advertising in sports authorized in other countries and to which, in one way or another, all people are exposed, from which it is estimated that an economic benefit should be obtained. For its part, the Affirmative Majority Report of September 8, 2020, approved in the Economic Affairs Committee, recommended the approval of the legislative initiative, with some modifications, indicating the following:

“In this way, the legislators who sign this Affirmative Majority Report consider that this text improves the quality of the legislative initiative, resulting in a text that can be applicable in a short time, in order to strengthen the financing of high-performance athletes in Costa Rica, as well as different sports nationwide.

We therefore conclude that the objective of the bill points to the importance of the financing required by sports; advertising and sponsorships in sports constitute a substantial, relevant, and important investment that strengthens this industry, since these funds received from these areas translate into better conditions for developing sports, including aspects of athletes' nutrition, infrastructure for practicing sports activities, as well as strengthening programs developed with children and young people to encourage them to practice sports activities.

We consider that any company, regardless of its size, has many reasons to become a sponsor of a sport, but the most important reason is the exposure it has to the public at each event held; for that reason, no matter the size of the company, it is always important to advertise with positive activities such as sports since they reach all corners of the country and all social strata.

Likewise, we consider that every sport requires financial support, and one of the ways that most helps sports worldwide is sponsorship from established companies. It is normal to observe all kinds of brands on sports uniforms, in sports facilities; even in the highest income sports such as football, billboards are seen that display brands of technological equipment, airlines, clothing, food, liquors, and others.

The amounts offered in the market for a type of financing will vary according to the sport, the team, the place assigned to the advertising, and the historical record of the sport, the athlete, or the teams.

Thus, in Costa Rica currently, there are sponsors for national teams in various sports such as football, cycling, swimming, Olympic and Paralympic events, and others, also for national championships, and other events held such as athletics races, which before the Covid-19 pandemic were usually held at least once a week. But all of the above is not enough; before the Pandemic, sports were already crying out for the opening of sponsorship by liquor brands, and at this moment, in the midst of the economic crisis forced by the sanitary measures derived from the global emergency experienced due to Covid-19, it becomes even more necessary to seek fresh resources from serious, responsible, and transparent sponsorship such as sports sponsorship through advertising contracts, among others, with liquor brands as intended to be approved with this bill.

The income generated will help athletes, their sports facilities, and communities to improve, to better prepare their children and young people so that through sports, the values instilled in the family environment are strengthened, and to experience sport as a means of distraction, health, and well-being that consequently will keep them away from the scourges suffered by society such as delinquency, drugs, and all types of substance abuse harmful to health.

It is the strengthening of sport and the construction or improvement of places suitable for sports practice that will allow for healthier citizens who are more confident in wanting to be healthier and better human beings every day, and in many cases, it will forge competitive athletes at the national and international level.

Likewise, the prohibition on the use of brands or names of alcoholic beverages in advertising, uniforms, and sports, recreational, or cultural activities directed at minors was contemplated.” The foregoing demonstrates that the need to finance high-performance sports activity was the foundation that effectively weighed for the approval in the first debate of this legislative bill, mitigating the collateral effects of the current advertising that is already disseminated and the benefits that can even be obtained for children and adolescents with future sports programs. However, certainly, the other criteria that exist in legislative file No. 21.745 are negative regarding the bill, warning that the intended benefit does not outweigh the cost it may entail for the health and well-being of children and young people. Let us examine this:

The Institute on Alcoholism and Drug Dependence, via official communication DG-0544-06-2020, highlighted: “III. The bill has an eminently economic slant; it places the interests of private enterprise above the general interest of the population and above the right to health of human beings…Exposing the population to more advertising of alcoholic beverages will undoubtedly trigger the demand for health services, and there is no administrative measure in the bill to reinforce the institutions providing these services, despite the imminent impact they would suffer.” To justify its position, it references technical studies and the position of the World Health Organization, as follows: “According to the WHO, alcohol marketing also reinforces cultural attitudes that promote drinking; restricting these practices could have an impact on the consumption patterns of the entire population as a whole. Partial restrictions and industry self-regulation are the most common forms of control in the Americas, but partial restrictions are difficult to enforce, especially in new communication environments such as social networks, and in many cases, self-regulatory measures are violated or governments do not enforce them, so they have not proven effective. Marketing activities are especially difficult to counteract due to the enormous economic resources held by the alcohol industry. In 2011, five companies reported having spent 5.5 billion US dollars on traditional advertising alone; it is unlikely that any country in the Region could dedicate sufficient resources to counteract the economic power of the industry…The recommendation of the international World Health Organization is that, if it is intended to benefit sport with new income, the only correct measure is to increase the tax on alcoholic beverages. In any case, pricing policies directly impact a decrease in consumption prevalence, since consumers, especially heavy drinkers and young people, are sensitive to variations in the prices of alcoholic beverages. This is one of the most cost-effective measures; it presents no costs and many benefits for society. As will be visualized further on, there is scientific certainty that one of the populations most affected by the marketing, advertising, and sponsorship of alcoholic beverages are adolescents, because for them alcohol consumption shows three distinctive vulnerabilities indicated by Penchmann: impulsiveness; self-consciousness and self-doubt; and; the elevated risk of alcohol use, including impulsive behavior indicate that there is certainty that the first studies that sought the existing relationship between alcohol advertising and youth tended to rest on a simple theoretical basis: exposure to alcohol advertising influences young people’s behavior to increase alcohol consumption.

However, both authors demonstrate that more recent studies not only expand that theoretical base, but also point out the importance of alcohol advertising in shaping young people's attitudes, perceptions, and expectations about alcohol consumption, elements that precisely influence young people's decisions, both to start drinking alcohol and to present more regular intake patterns… This bill does not meet the requirements of health as a fundamental right, nor does it address primary prevention or secondary prevention of the public health problem of alcohol consumption; because it addresses a topic solely from the economic perspective of business owners." It concludes by warning that the WHO has stated that regulating the marketing of alcohol has been highlighted as one of the "best buys" to reduce harms related to alcohol consumption (physical and mental illnesses, traffic accidents, interpersonal violence, and non-communicable diseases); however, despite the country's current stance, which is one of greater protection, this legislative proposal backtracks on the protection of people's right to health and the principle of progressivity of human rights, without technical support.

For its part, the Women's Studies Research Center of the University of Costa Rica evidenced what the WHO had indicated, in the sense that alcohol is a sedative/hypnotic, with effects similar to those of barbiturates, and that, in addition to the social effects of its consumption, alcohol intoxication can cause poisoning and even death, and that frequent and prolonged consumption can cause dependence and a series of mental, physical, and organic disorders. It also states that, according to the Atlas of Drug Consumption in Costa Rica, published by IAFA in 2015, although various types of drugs are consumed in the country, those used most frequently are considered legal drugs, that is, alcohol and tobacco; and that, since that year, there has been an increase in alcohol consumption, attributed to the quantity and variety of alcoholic beverages available and the limited control of advertising. But most significantly, it is indicated that in 2015, 63.3% of the population, corresponding to 2,363,757 people between 12 and 70 years of age, consumed alcohol at least once in their lives. However, regarding recent consumption, in the last 12 months 41.6% of the population consumed alcohol, and in the last 30 days, 27.3% did so. It also asked that consideration be given to what was indicated by the Pan American Health Organization (PAHO), in the 2016 Final Report on the Regulation of Alcohol Marketing, in which States are urged to:

“1. Protect vulnerable groups from exposure to alcohol marketing, especially children and adolescents.

2. Prioritize the transition towards a comprehensive ban on alcohol marketing.

3. Formulate marketing regulations independent of said industry.” And it concludes that it is not pertinent to increase advertising spaces for alcoholic beverages, especially in spaces such as sports, which are a public health promotion activity.

INAMU, for its part, indicated that its main argument should be along the lines of not supporting an initiative that strengthens alcoholic beverage brands, since as it has stated on other occasions, their consumption is often associated with forms of violence of which women are the victims. It also stated: we emphasize that the consumption of alcoholic beverages and other drugs should be considered a risk factor and clearly not be confused in any aspect as an exculpatory or justifiable factor for violent or aggressive behavior… The main purpose of advertising is to sell a product and, to achieve this, it turns the product into an object of desire, resorting to different techniques and strategies. It exerts great influence on the social fabric; its decisive role as an instrument of social communication offers not only products but collective models…”.

Finally, the Ministry of Health also warned that, according to the results of the IAFA surveys, from 2009 up to 2015, there was a constant increase in the age of first contact with the substance; however, by 2018 this trend reversed, implying earlier consumption of the substance, with an average age of alcohol consumption initiation of 12.7 years. It evidenced that the consumption of alcoholic beverages in Costa Rica is characterized by a high involvement with cultural patterns inherent to daily life, and that this is visualized, for example, by the fact that, upon approaching the age of majority, a greater number of young people initiate or show more regular consumption patterns of alcoholic beverages. This is a product of an increase in the availability and accessibility of these psychoactive substances, as well as commercial advertising. It also indicates that, for the World Health Organization, alcohol consumption ranks third among the risk factors for the global burden of morbidity. Therefore, it considers that it is not feasible to appeal to the economic need of various sports groups or athletes, through sponsorship, arguing an economic benefit, to daily promote and expose the national population to a series of advertising materials that encourage the consumption of beverages with alcoholic content, because it does not deem proportionate the benefit of the economic contribution generated through sponsorship of beverages with alcoholic content to a reduced group of athletes, in proportion to the negative impact this would generate on the entire national population. It warns that alcohol consumption causes death and disability at a relatively early age, since according to WHO data, in the 20 to 39 age group, 13.5% of deaths worldwide are attributable to alcohol consumption. Furthermore, harmful alcohol consumption is a causal factor in more than 200 diseases and disorders and is one of the four main behavioral risk factors for non-communicable diseases that are susceptible to modification and prevention. It literally stated: “Measures to limit the availability of alcohol and the marketing of alcoholic beverages are supported by scientific evidence. These aspects are contemplated within the 10 action areas recommended in the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol, adopted by consensus by all Member States of the World Health Organization in 2010, as well as the Pan American Health Organization Strategy for the Prevention and Control of NCDs of 2011. Said strategies include, among other measures for the prevention of harmful alcohol use, recommendations for the restriction of hours, days, premises, and density of points of sale, as well as the reduction of the impact of marketing, especially among young people and adolescents. In this sense, the control of advertising is also recommended by experts as part of the measures required to reduce the abuse of alcohol consumption in countries and prevent consumption in children and adolescents. There is ample scientific evidence that exposure to alcohol advertising influences the behavior of young people towards an increase in their consumption and affects the formation of attitudes, perceptions, and expectations about consumption among young people. Among the factors most strongly associated with early initiation of consumption is the high availability of alcoholic beverages, cost, advertising, and sponsorship of alcoholic beverages.” It concludes by pointing out that this bill and others in a similar vein represent a setback in the actions to influence the reduction of harmful alcohol consumption in the population, and therefore, it opposes these initiatives and urges the Legislative Assembly to consider the implications these would have for public health in our country.

In addition to the above, the consulting deputies attach as evidence the official communication CRI-PWR-63.00 24915-20 of July 7, 2020, sent by the Pan American Health Organization to the former president of the Legislative Assembly Eduardo Cruickshank Smith, which was mentioned by him in the floor discussion of the Assembly and referred to in the negative minority opinion (at folio 318 of the legislative file), through which the following is indicated:

“…The various proposals to authorize the sponsorship of football teams by the alcohol industry and the sale of alcoholic beverages in sports stadiums in Costa Rica, if approved, go against all internationally available scientific evidence and the aforementioned mandates agreed upon by the country at the international level.

The Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol, adopted by consensus by all Member States of the World Health Organization in 2010, as well as the Pan American Health Organization Strategy for the Prevention and Control of NCDs of 2011, also adopted unanimously by PAHO Member States, include recommendations for the restriction of hours, days, premises, and density of points of sale.

Several countries in the Region and the world prohibit the sale of alcohol in sports stadiums, mainly for the prevention of violence and injuries. Although sales outside the stadiums might be permitted, the entry of visibly intoxicated persons can be prohibited and easily monitored, and controlling the entry of persons with alcoholic beverages as well, being part of the strategies for controlling security in such premises.

Minors who go to stadiums with their parents would also be exposed to the promotion of alcohol consumption as part of entertainment, which is not desirable because it tends to normalize its consumption, which is not desirable in any case, much less in minors; availability for sale is also considered a form of alcohol marketing.

The control of beverage advertising is also recommended by PAHO/WHO in the same international public health policy documents. There is ample scientific evidence of the relationship between exposure to advertising and consumption in children and adolescents, as the current trend demonstrates… Remember that recent resolutions in international commercial arbitrations establish the trend of placing public health interests above commercial ones. Indeed, in order to fully comply with the duty of States to safeguard the best interests of children and adolescents, they have the right to be protected from exposure to products harmful to health, such as alcohol, in all forms of exposure, equally from advertising, sponsorships, and promotions. Governments also have the duty to protect the population's right to health, as the human right it is, but also as a right safeguarded in the Constitution of Costa Rica… there is much more evidence available that we can send to your office should you require it... The principle of progressivity in human rights must ensure the gradual, sustained, and effective advancement of public policies, with the objective of guaranteeing the full effectiveness of the rights of all persons, particularly the right to the highest attainable standard of health, and full respect for the best interests of the child, as recommended by the Committee on the Rights of the Child in its General Comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights (CRC/C/GC/16), especially its paragraphs 17 and 19, and therefore, avoiding measures that could represent a setback should legislative approval of the measures discussed occur…” Likewise, they provide a copy of the official communication REP-CTR-2020-0607 of December 2, 2020, through which the UNICEF representative in Costa Rica states to Deputy Villalta that she does not recommend eliminating the prohibition associated with allowing advertising in that type of activity. Some of the reasons given are the following:

"• UNICEF, in its study called 'An Approximation to the Situation of Adolescents and Youth in Latin America and the Caribbean based on Recent Quantitative Evidence', prepared and published in 2015, revealed that in the region, at least one in three students between the ages of 13 and 15 had consumed alcohol at least once in the last month (34.9%).

• Meanwhile, in Costa Rica, the 5th National Survey on Psychoactive Substance Use in Secondary Education Populations conducted in 2019, applied to sixty technical and academic high schools throughout the national territory to 7,071 students from ages 11 to 22, identified an increase in alcohol consumption in the last month among adolescents, rising from 19.5% in 2015 to 27% in 2018; meaning that out of every 100 students, 27 indicated having consumed alcoholic beverages in the previous 30 days. The survey also indicated initiation of consumption at age 12, two years younger than indicated in the 2015 survey.

• The WHO has warned about the negative health and social consequences that come with this consumption, which are associated both with its toxic properties and the dependence it can produce. Also, INAMU at the national level has, on multiple occasions, warned about the impact that harmful alcohol use has on domestic violence, where women, girls, boys, adolescents, and various vulnerable groups tend to be most affected.

• The current National Plan for Physical Activity and Health 2011-2021, Ministry of Health and Ministry of Sport and Recreation, proposes the incursion and inclusion in physical activities for health and recreational-sports, for the purpose of the population increasing their levels of physical activity and adopting more active and healthy lifestyles. The Vice-Ministry of Peace and other institutions of the country have been promoting sports activities as a means of establishing positive relationships and preventing violence. Sports activities are also part of the violence prevention strategies contained in the National Plan for the Development of Strategies for the Prevention and Eradication of Violence Against Children and Adolescents, 2017-2019, promoted by PANI with UNICEF support.

• While it is true that it is important to have resources to finance high-performance sports activities, it is considered extremely risky that, as a means of generating income, children and adolescents are exposed to new propaganda that portrays alcohol consumption as a recommendable activity.

• The massive exposure of messages, both in the context of sports activities as in any other context, in the medium and long term, could have an effect on the behaviors of individuals where what is clearly sought is to increase the sales and returns of the companies that market it.

• In the framework of the Convention on the Rights of the Child and the observations issued by the Committee on the Rights of the Child to the country in 2020, it is important to ensure that children and adolescence are included in public policies and plans on issues that affect them, which is particularly important concerning alcohol consumption.” In conclusion, it is warned that there is already a problem of alcohol consumption by the general population in our country, and that this will be aggravated by authorizing greater dissemination of advertising for beverages with alcohol in sports activities, with serious consequences for public health, because that is precisely the purpose of advertising: to promote brands and the sale of their products. The collateral effects that technical studies denote are also warned of, since promoting greater advertising of these beverages influences a greater increase in alcohol consumption by minors and young people, even at earlier ages. Also evidenced are the efforts of international health organizations so that, far from reinforcing the use of advertising for beverages with alcoholic content in sports, States should minimize or eliminate them, in order to avoid aggravating the evidenced situation. Despite all the data and studies referred to in the criteria indicated, as the consulting parties state, what is missing from the legislative file is a single study or assessment of the situation that denotes how the warned dangers would be prevented, eradicated, or treated, not only for vulnerable populations but for public health. Undoubtedly, determining whether or not to authorize the use of advertising in those scenarios is a matter of legislative discretion; however, this Court has also indicated that this discretion is not absolute but must be framed within the provisions of the Political Constitution and the international agreements subscribed to by our country. As indicated by the proponents of the bill under study, sport is encouraged from an early age and strengthened to turn participants into high-performance athletes. Thus, undoubtedly the underage population and young people are the persons who principally and directly participate in these types of activities. If currently, with the prohibition of advertising, there is a high rate of consumption by minors and at earlier ages of consumption of beverages with alcoholic content, attending to the purpose of advertising itself, that percentage will evidently increase. In the judgment of the legislators, the money obtained from sponsorship will improve economic conditions and sport will be further encouraged, with the hope that this population group will move away from situations such as drug consumption, but the truth is that the file does not contain a study or assessment that justifies such compensation. That is, one that weighs a risk that is scientifically accredited against an eventual situation whose magnitude of the group to benefit is also not known for certain, also taking into consideration that other promotions already exist in their favor, such as the programs mentioned by UNICEF or the scholarship contemplated in the Reglamento de Becas Deportivas para Seleccionados Nacionales 931-A, approved in ordinary session No. 931-2015 of January 16, 2015, in force, which empowers ICODER to grant to National Team or sports-projection athletes towards high performance an economic scholarship that must be used to maintain or improve their sports performance throughout their sports preparation process; or to evaluate other solutions that do not put these populations at greater risk, such as the one suggested by the WHO itself, cited by IAFA, when it states the following: “…if the intention is to benefit sport with new income, the only correct measure is to increase the tax on alcoholic beverages. In any case, pricing policies directly influence a decrease in the prevalence of consumption, since consumers, especially heavy drinkers and young people, are sensitive to variations in the prices of alcoholic beverages. This is one of the best cost-effective measures; it presents no costs and many benefits for society.” Without a doubt, the State also has the obligation to promote sport among minors and must do so especially in the places with the most difficult social and economic conditions, because it is also proven that minors and young people who engage in these activities are more likely to stay away from social risks such as drug consumption. In fact, this is demanded by the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, which provides for this purpose:

“Article 33. Right to sport.

1. Young people have the right to physical education and the practice of sports. The promotion of sports shall be governed by values of respect, personal and collective self-improvement, teamwork, and solidarity. In all cases, the States Parties undertake to promote said values, as well as the eradication of violence associated with the practice of sport.

2. The States Parties undertake to promote, with equal opportunities, activities that contribute to the development of young people on the physical, intellectual, and social levels, guaranteeing the human resources and infrastructure necessary for the exercise of these rights.” However, with a measure such as the one proposed in this bill, the legislator, in light of the substantive right of the best interests of the minor, should have weighed whether the already demonstrated harmful effects that may occur would be compensated for by authorizing this type of advertising at these events. Similarly, the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, in Article 25.1.4, provides that “1. The States Parties recognize the right of young people to comprehensive and quality health… The States Parties shall ensure the full effectiveness of this right by adopting and implementing comprehensive health policies and programs, specifically oriented towards disease prevention, health promotion, and healthy lifestyles among young people. Policies for the eradication of trafficking and consumption of drugs harmful to health will be strengthened.” Evidently, the intention of marketing is to sell; that is its purpose: to promote and sell a product using different means to attract the consumer, without discerning any age. Precisely for this reason, our country has maintained regulations in this regard, such as the rule in question or, for example, law number 5811, called "Control of Propaganda", or the regulations set forth in law No. 9028, "Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud", which in its article 12 provides:

"ARTICLE 12.- Advertising, promotion, and sponsorship Any form of advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products and their derivatives is prohibited.

Excepted from the prohibition established in the preceding paragraph is advertising and promotion carried out:

  • a)Inside venues and events where only limited access to adults is permitted and it is not a space declared one hundred percent (100%) smoke-free by this law.
  • b)Through direct communication with sellers and consumers of tobacco products, in accordance with the protocol established in the regulations of this law." A rule regarding which, recently, this Court, by judgment No. 2020-4949 of 9:25 a.m. on March 11, 2020, ruled as follows:

“IV.- As derived from the previously cited precedents, the restrictions provided in ordinal 12 of the Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, insofar as it limits –with the exceptions recognized by the rule itself– the advertising, promotion, and sponsorship of tobacco products and their derivatives, have full foundation in articles 21, 28, 46, 50, and 74 of the Political Constitution, as well as in various international human rights instruments, given that these restrictions have the valid objective of protecting the fundamental right of consumers and the general population to their health and a healthy environment. It seeks to safeguard, in particular, minors, in total conformity with the principle of the best interests of the child.” Thus, according to the technical studies contained in the file, according to which the alleged impact on public health may occur, especially for minors and young people, that would produce an authorization for advertising in this sense, and given the lack of a study or technical criterion that determines the real effect and impact that this proposal would have from the point of view of the positive or negative cost with respect to minors, this Court does not consider the consulted legislative proposal to be in accordance with articles 7, 21, and 51 of the Political Constitution, with ordinals 3 and 6 of the Convention on the Rights of the Child, and article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth. Certainly, current technology has exposed this population to the advertising allowed for these beverages in some other countries, as well as through programs, billboards, or other means; however, it is one thing that, in such cases, their exposure is difficult to avoid or must be controlled by parents or authorized guardians of minors in the family environment, and quite another that the State itself permits this marketing of alcohol consumption in activities that precisely aim to steer this population away from these beverages, and, knowingly taking on the risk of harm assumed, further reducing the current margin of protection. In General Comment No. 16 (2013), “On State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights,” the Committee on the Rights of the Child stated the following:

“…Businesses can be a fundamental driver for societies and economies to advance in ways that strengthen the effectiveness of children's rights through, for example, technological advances, investment, and the generation of decent work. However, the effectiveness of children's rights is not an automatic consequence of economic growth, and businesses can also negatively affect children's rights… In this sense, States must bear in mind that:

  • a)Childhood is a unique period of physical, mental, emotional, and spiritual development, and violations of children's rights, such as exposure to violence, child labor, or hazardous products or environmental risks, can have permanent, irreversible, and even transgenerational consequences…

9. The Committee recognizes that voluntary actions by businesses regarding corporate responsibility, such as social investments, advocacy and participation in public policies, voluntary codes of conduct, philanthropic activities, and other collective activities, can advance children's rights. States should encourage such voluntary actions and initiatives as a means of creating a business culture that respects and supports children's rights. However, it should be emphasized that such voluntary actions and initiatives do not substitute for State action and the regulation of businesses in accordance with the obligations imposed by the Convention and its protocols, nor the obligation of businesses to respect children's rights…

17. The Convention and its Optional Protocols provide the framework for assessing and determining the best interests of the child. The obligation that the best interests of the child be a primary consideration is especially important when States are weighing competing priorities, such as short-term economic considerations and long-term development decisions. States must be in a position to explain how the right to have the best interests of the child considered has been respected in decision-making, including how it has been weighed against other considerations.

18. Article 6 of the Convention establishes that every child has the inherent right to life and that States must ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. The Committee notes in General Comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention that it understands the child's development as a 'holistic concept embracing the child’s physical, mental, spiritual, moral, psychological and social development'.

19. The activities and operations of businesses can impact the implementation of article 6 in different ways… Marketing targeted at children of products such as cigarettes and alcohol… 20. Measures for the implementation of article 6 in relation to the business sector should be adapted according to context and include preventive measures such as the effective regulation and monitoring of the advertising and marketing sectors and the environmental impact of businesses.

26. The obligation to respect means that States must not, directly or indirectly, facilitate, aid, or condone any violation of children's rights. States also have the obligation to ensure that all actors respect children's rights, including in the context of business operations and activities. To do this, the decision-making process and the policies, laws, and administrative acts related to businesses must be transparent, informed, and include a comprehensive and continuous examination of the impact on children's rights.

28.

States have the obligation to offer protection against violations by third parties of the rights enshrined in the Convention and its optional protocols. This obligation acquires fundamental importance when considering the obligations of States with respect to the business sector. It implies that States must adopt all appropriate, reasonable, and necessary measures to prevent businesses from committing violations of the rights of the child or contributing to them. These measures may include the passage of laws and regulations, their monitoring and enforcement, or the adoption of policies establishing how businesses can impact the rights of children… Therefore, a State is responsible for such violations if it has not adopted the appropriate, reasonable, and necessary measures to prevent or remedy them, or if it has tolerated or otherwise collaborated in their commission." The foregoing clearly denotes that the Costa Rican State has a conventional obligation to address, in its political, administrative, or judicial decision-making, the best interest of the child as a primary consideration. And in these cases, it is evident that this is especially important when States are weighing competing priorities, such as short-term economic considerations and long-term development decisions, as in the case under study. All the more so when a decision is made to reduce the scope of an already existing protection. Under those conditions, States must explain how the right to have the best interest of the child taken into account was respected in the adoption of their decisions, including the manner in which it was weighed against other considerations, which is notably absent in this legislative project, given the abundant evidence of the risk of harm and the lack of technical criteria or studies to justify it. It must be remembered that the State's action must be preventive, for as the Committee stated, childhood is an exceptional period of physical, psychological, emotional, and spiritual development, and violations of the rights of the child, such as exposure to products that endanger their health, can have permanent, irreversible, and even transgenerational consequences. In the same vein, the protection of public health must be preventive. Based on the foregoing, this Court considers that the bill contains the substantive defects indicated herein, as it violates the right to health, the right of the best interest of the minor, the principle of progressivity of fundamental rights, and Article 25 of the Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

  • 2)Regarding the principle of reasonableness. The consulting deputies state that the bill under study does not contemplate a single measure of compensation or restriction on the advertising that would be authorized. They also consider it lacks proportionality, because the questioned bill only contains studies demonstrating its negative impacts; however, these were not even taken into account by the legislators. Nor were measures contemplated to compensate for the damages; they only sought to favor the economic sector, above people's health. Upon reviewing the bill under study, it is noted that the measures or restrictions established regarding this type of advertising would be the following: In Article 1, which amends Article 12 of Ley 9047, the consulted project contains a provision to the effect that: "The use of brands or names of beverages with alcoholic content on sports uniforms and in minor league sports activities is prohibited." It then provides that 1% of the tax created be allocated to ICODER for the development and execution of actions aimed at preventing domestic violence, to which end it must coordinate with the Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), and the Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). It also subjects advertising to prior control before the Ministerio de Salud. However, given that, as already stated, the legislative proposal lacks a study or technical criterion that determines the real effect and the impact that this proposal would have from the standpoint of positive or negative cost regarding minors, in relation to the scientific evidence cited in the institutional criteria, this Court considers that it could not deem such measures reasonable or proportional either, as they do not pass the reasonableness test, reiterated by this Chamber in its jurisprudence:

"V.- THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS. This so-called principle in reality constitutes a "reasonableness test," a protocol aimed at objectifying, to a certain degree, the reflective process by which the judge concludes that a certain measure is unreasonable or disproportionate. "What is reasonable" is certainly a matter of appreciation that, nevertheless, can and must be argued to make it at least plausible. The matter is to propose a methodology for applying this principle, useful for presenting the arguments used to qualify something as reasonable or not. Said methodology contains the following elements: a) legitimacy, in the sense that the measure does not evidently violate a hierarchically superior legal mandate; b) suitability, insofar as the measure effectively serves to achieve the intended purpose; c) necessity implies that among several suitable measures, the least harmful must be chosen; and d) the so-called "proportionality in the strict sense," which mandates that under no circumstance shall the essential content of a constitutional right be affected in a process of normative weighing. It is clarified that for the majority doctrinal sector, the element of legitimacy is conceived rather as a prerequisite. This protocol is applied in phases, such that if the examination of a first phase is unsatisfactory, it becomes unnecessary to continue with the study of the remaining aspects, although, in some cases, for greater force of the ruling, these can be further explored." (Sentencia n.° 2012-3951 of 4:30 p.m. on March 21, 2012, reiterated in sentencia n.° 2020-17611 of 9:20 a.m. on September 16, 2020).

Consequently, in accordance with the Chamber's jurisprudence, an act that may imply a deterioration in the protection of the right to health of girls and boys compared to the freedom of commerce and the dissemination of advertising for beverages with alcoholic content must pass the reasonableness test, whose elements are legitimacy, suitability, necessity, and proportionality in the strict sense.

Regarding the above, as previously noted, the proponents of the bill justify reversing the current prohibition on advertising beverages with alcoholic content in sporting events, given the need to finance a group of high-performance athletes who require greater economic funds to develop and promote sports from an early age: "The revenue generated will help athletes, their sports facilities, and communities to improve, to better prepare their children and youth so that through sports the values instilled in the family environment are strengthened and to live sport as a means of recreation, health, and well-being, which will consequently distance them from the scourges that society suffers, such as delinquency, drugs, and all types of abuse of substances harmful to health. It is the strengthening of sports and the construction or improvement of places suitable for practicing sports that will allow for healthier citizens, more confident of wanting to be healthier every day and better human beings, and in many cases will forge competitive athletes at the national and international level." Precisely, given the heavy investment in promoting the consumption of beverages with alcoholic content and the public exposure of advertising that already exists through multiple current media, the legislative initiative is justified with the aim of obtaining greater benefit for sports development. Public and notorious facts in our country regarding some circumstances experienced by certain high-performance athletes have shown that, indeed, it is very possible that in our country there is a need to allocate greater funds for sports promotion. However, in the legislative record, the disclosure, for example, of numerical figures or the particular, palpable needs in relation to that objective, is notably absent, which would allow this Court to assess and determine if it is truly indispensable to diminish the current protection of public health in the face of greater dissemination of promotion for beverages whose high consumption is harmful to health, in order to obtain greater income for sports, also taking into consideration that all institutional criteria based on scientific studies warn that a measure of such nature would be more burdensome than the intended benefit. Thus, if the consequence of such an act would be so serious (such as eventually causing greater damage to public health, due to increased alcohol consumption by the population and its collateral effects, especially in the case of minors and young people) and there is no technical justification whatsoever that weighs these consequences and justifies that this route is the most suitable, the transgression of the principles of reasonableness and proportionality becomes evident. In that sense, a priori, necessity is not accredited (that a factual basis exists making it precise to protect a group of athletes by providing them with greater income, through the adoption of a measure consisting of reducing the current prohibition of alcohol beverage advertising that currently exists in sports activities, despite the results of studies revealing its inadvisability given a potential impact on public health), suitability (that the intended authorization is the one that best fulfills the purpose of satisfying the detected need), and proportionality (that the consequences of the act to be authorized are not markedly greater than the benefit sought for the community). In light of the foregoing, although upon applying the reasonableness test, an evident violation of legitimacy is not observed, since regulating the use of advertising for such products is a matter whose advisability and timing are within the discretion of the legislator, and regarding suitability (that the measure serves to achieve the intended purpose), given that an investment by that industry in sports will evidently generate greater funds and that will benefit sports development, the truth is that it does not pass the examination with a positive result on necessity and "proportionality in the strict sense," since respectively it was not verified: 1) that among several measures, the least harmful was chosen. As warned in the institutional criteria presented and in the previous point, other, less burdensome measures exist (scholarships, taxes on the beverages with alcoholic content themselves, programs, etc.) through which sports could be financially benefited, without the need to subject the population to greater advertising of beverages with alcoholic content, assuming the risk of increasing consumption of those beverages, as well as the harmful effects that scientific studies warn of regarding public health, especially in minors and young people; and 2) that the essential content of a constitutional right has not been affected in the weighing of the rights under discussion. In this case, the due weighing mandated by the principle of the best interest of the minor is notably absent, as it was not demonstrated that the benefit for minors and public health is greater than the damage and the risk to be produced. Consequently, it is considered that the bill is contrary to the principle of reasonableness.

  • 3)In relation to the Convención Belem Do Pará and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The consulting deputies point out that this bill intends to authorize sports sponsorship with alcoholic beverages, despite the fact that this has a special impact on the increase in violence against women, which they consider violates the cited conventions, since not only is the obligation to take all measures to prevent and eradicate violence against women in any of its forms breached, but it also omits adopting all necessary measures to modify the socio-cultural patterns of conduct of men and women that promote violence, by reversing its protection policy, worsening the conditions of vulnerability of women.

However, in the framing of the consultation, the requesting deputies omitted to indicate the articles of those international instruments they consider have been violated by the legislative proposal. It must be remembered that, in accordance with Article 99 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, unless it is the mandatory consultation provided for in paragraph a) of Article 96, it must be formulated in a reasoned brief, expressing the questioned aspects of the bill, as well as the reasons for which there are doubts or objections regarding its constitutionality. For these purposes, it is the responsibility of the petitioners and not this Court to indicate the provision of the international instrument considered violated, as it is not the task of this Chamber, in an optional legislative consultation, to review the entire invoked normative text for the purpose of resolving the concerns of the consultants. Thus, the consultation on this alleged defect of unconstitutionality, by omitting the conventional norm considered violated, is drafted in an imprecise manner, which implies a lack of substantiation, and requires this Court to perform an intellectual task that, in this type of process, is proper to the consultants and not this Chamber. In view of the foregoing, the consultation is not to be addressed regarding this point.

  • 4)Regarding the principle of tax legal reserve. In relation to this principle, the petitioners raise two doubts of constitutionality:
  • a)An apparent problem in the application of the tax law, due to the presumed contradiction arising between the taxable event and the taxable base of Article 2 of the consulted bill, which would make its application impossible, by not clearly establishing what it decides to tax (the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships of a sporting event; or the total income generated by the sporting event in which the advertising takes place).
  • b)Another contradiction inherent in the text of consulted Article 2 itself, in that, in principle, it mentions that the Dirección General de la Tributación is the entity that will administer, collect, and oversee said tax; however, subsequently, it indicates that the Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación is the entity that will administer the tax and the resources will be deposited in its accounts.

The consulted article provides as follows:

"ARTÍCULO 2- A tax of six percent (6%) is established on income derived from sports activities and sporting events, sports articles and implements, of any nature, where propaganda, advertising, and sponsorship of brands, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content is provided, without distinction of the medium used, whether by digital formats or printed on signs, notices, billboards, prints, or similar, whose purpose is to engage in propaganda, advertising, or commercial sponsorship or to draw attention to a product with alcoholic content, shall be taxed with this tax. The contract may be annual or monthly.

The taxable base upon which the tax established in this section shall be calculated will be the amount paid for advertising, propaganda, and sponsorships.

The taxpayer of this tribute is the advertiser. Advertiser is understood as the natural or legal person whose product or commercial activity benefits commercially from the advertising, propaganda, and sponsorship.

Natural or legal persons who grant the right to carry out advertising at their events, facilities, or on their sports implements may also be named as responsible for this tribute, in the capacity of withholding and collection agents.

The administration, collection, and oversight of this tribute correspond to the Dirección General de la Tributación. Tax payments must be made within the fifteen working days following payment for advertising, in the form and places designated by the Tax Administration to the taxpayers.

The provisions contained in Chapter II of Title IV and, in case of non-compliance, those established in Article 57 and Title III, all of Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, of May 3, 1971, including the reduction of penalties provided for in its Article 88, shall apply to taxpayers and withholding or collection agents of the tribute." Now, this Court considers that, evidently, such aspects correspond to a question of legislative technique that must be verified and rectified, eventually, by the legislators, without their very nature making them defects of unconstitutionality per se. They are, therefore, drafting problems that in no way affect the constitutionality of the bill. Note that at least one of them was pointed out by the Departamento de Servicios Técnicos, and included as such in the Dictamen Afirmativo de Mayoría of the Comisión de Asuntos Económicos:

"Regarding subsection 2) of Article 2, the technical department points out that the taxable event is not well drafted because it states that "a special contribution of five percent (5%) is established on the income of sports activities and sporting events (…) where propaganda, advertising, and sponsorship of brands (…) of beverages with alcoholic content is provided." According to a literal interpretation of this, a football match where this type of advertising was permitted would pay a 5% tax on its total income of all types.

But if we later look at the taxable base, we see that it refers exclusively to the economic value of the advertising, propaganda, or sponsorship contract.

Therefore, the correct drafting of the taxable event would be the establishment of a tax "on the income derived from contracts for advertising, propaganda, or sponsorship of alcoholic beverages …" and not as incorrectly stated: "on the income from activities where propaganda is provided…" In the interest of correct legal technique and to avoid future complications, we respectfully suggest correcting the wording as indicated." Consequently, as this is a matter of legislative technique entirely lacking in impact on the constitutionality of the bill, the defect alleged by the consultants is not observed.

VII.- Conclusion. In accordance with what is stated in the preceding recitals, it is determined that legislative file no. 21.745 does not present the procedural defect alleged by the consultants. Regarding the substantive defects, the bill in question violates only the principles of the best interest of the minor, reasonableness, progressivity of fundamental rights, Article 25 of the Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, and the right to health, in the terms alleged by the consultants. As for the alleged violation of the Convención Belem Do Pará and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the proper course is to declare the consultation not to be addressed.

VIII.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ. A highly significant issue raised in this matter -concerning the alleged violation of the principle of reasonableness- is whether it is possible to exercise a type of control of discretion over legislative or parliamentary activity. As is well known, control of discretion is a technique developed to verify whether the activity of the Public Administration conforms or not to the univocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, and convenience. Ergo, the exercise of discretionary powers is subject to the general principles of Law, and to the control of determining facts and indeterminate legal concepts, as well as the regulated elements of the administrative act, by the Contentious-Administrative Judge. It is evident, and as far as I recall nowhere in the world has this extreme been reached, that this control be applied to parliamentary activity; this type of control could never be exercised over legislative or parliamentary activity, because Parliament would be reduced to its minimum expression, and a core element of the republican system would be dislocated. What is possible is to exercise a control of constitutionality over parliamentary activity and, consequently, over the final parliamentary act, be it a legislative decree or agreement, for violating the principles of reasonableness and proportionality when they are linked to a fundamental right and, consequently, empty its essential content. The foregoing means, in plain language, that the legislator, in exercising the power to legislate, the self-normative power, the power of political control, political direction, etc., has a wide margin of discretion, a sort of legislative policy, and can therefore opt for a multiplicity of variables within the framework of a plural, democratic body, where political concertation constitutes a necessary channel, especially when in a constitutional term or legislation, a political party or the governing party lacks a parliamentary majority. That margin of discretion is exempt from constitutional control, since, if this were not so, the Constitutional Court would come to substitute the will of Parliament, causing a severe dislocation to the democratic system, especially significantly harming the principle of separation of powers. That said, Parliament has broad freedom to follow a particular technical criterion or depart from it, provided that by doing so it does not affect the essential content of a fundamental right and, consequently, also violate the principles of reasonableness and proportionality, as this Court has established regarding the impact on the environment, where it has required, for the Law to pass constitutional scrutiny, that there be technical studies or the respective compensations demonstrating that there is no harm to the environment. The foregoing is even more certain when in the discussion of a bill there are different technical criteria or these are contradictory among themselves. In these scenarios, the legislator is not bound to follow a specific technical criterion, but rather may well adopt a political decision taking other elements of judgment into consideration. In other words, it is not possible to declare a Law unconstitutional because it departed from one or several technical criteria -this is proper to a control over Public Administration activity-, except when such omission leads to the violation of the essential content of a fundamental right.

IX.- NOTE BY JUSTICE GARRO VARGAS In previous notes (see sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316) I have made some considerations regarding the exercise of constitutional control and international instruments as a parameter for assessment. In that regard, as pertinent and in summary, I indicated the following:

"The function of controlling the conformity of laws and general provisions with treaties and conventions is not expressly provided for in the constitutional text but only in Art. 73.d) LJC, yet it is not contrary to the former, as it ensures the effectiveness of Art. 7 CP. That function of controlling said conformity is a function distinct from that exercised by the Chamber by reason of Art. 10 CP –constitutional control– and from that established in Art. 48 CP –jurisdictionally guaranteeing constitutional rights and those of a fundamental character established in international instruments on human rights–.

When this Chamber exercises its function of constitutional control, it is not appropriate for it to resort to treaties and use them in fact as if they formed part of the constitutional parameter. Such instruments, and only if they are duly ratified, can constitute a parameter for the conformity of legal and infra-legal norms with them, by reason of what is established in Art. 7 CP and 73.d) LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a foundational principle of every democratic State of Law." (The emphasis does not correspond to the original votes).

In the specific case, there is an express reference to General Comments No. 14 and 16 of the United Nations Committee on the Rights of the Child. I consider that such invocation is entirely pertinent, if it is understood to be for hermeneutic purposes, but not for any supposed binding effects on this Court.

Additionally, I must clarify that the Costa Rican State's obligation to ensure the best interest of the minor does not derive from what was stated by that Committee. In this regard, it should be noted that the principle of the best interest of the minor must indeed inspire and govern the development of public policies that may eventually impact them and the conduct of authorities in decision-making that concerns them. However, that obligation derives, in the first place, from the provisions of Art. 51 of the Constitución Política, which states that children have the right to special protection by the State. Additionally, from Art. 3.1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Ley n.°7184 of July 18, 1990, which orders the following:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration." (The emphasis does not correspond to the original).

This Chamber has stated that as of that determination, the principle of the best interest of the minor was fully established as a general principle of law, such that, due to its legal nature, its guiding function radiates throughout the entire legal system.

In summary, I consider that it is these sources that establish the principle under analysis and not what was stated in itself by the United Nations Committee on the Rights of the Child, as its observations, while extremely valuable, do not form part of the constitutional control parameter.

X.- DISSENTING VOTE BY JUSTICE GARRO VARGAS.

With customary respect, I dissent regarding the parliamentary procedure defect concerning the omission to perform the institutional consultations with the Patronato Nacional de la Infancia (PANI) and the Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Regarding the merits, I declare an infringement of the principle of tax legality.

A.- On the defect in parliamentary procedure In the sub lite, the alleged infringement of Art. 190 of the Constitución Política was questioned due to the introduction of the norm transcribed below. This, without the institutional consultations having been conducted, for such purposes, with two autonomous institutions such as PANI and INAMU. The provision under analysis states the following:

"Art. 3- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento.

The Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento is created as an instrument for the administration of resources intended to finance high-performance athletes.

(…) d) One percent (1%) to Icoder, for the development and execution of actions aimed at preventing domestic violence; for the design of these actions, Icoder must coordinate with the Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), and the Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)." (The emphasis –which is not original– corresponds to what was specifically consulted).

On this matter, as is evident from the advisory opinion signed by the majority, the subsection under analysis was introduced via substantive motions in the Plenary, without, subsequent to its approval, the text having been duly consulted with the aforementioned autonomous institutions.

That is to say, the provision that was introduced, to the effect that they must coordinate with the Institute of Sport and Recreation (ICODER) the design and implementation aimed at preventing domestic violence, was not consulted with the aforementioned autonomous institutions, even though it impacts their organic competencies. This omission, in my opinion, violates the provisions of Article 190 of the Political Constitution, which states the following:

“Art. 190. For the discussion and approval of projects relating to an autonomous institution, the Legislative Assembly shall first hear the opinion of that institution.” When analyzing this provision, the Chamber has emphasized that institutional consultations are constitutionally mandatory in cases where there is a legal impact on the purposes constitutionally and legally entrusted to the respective autonomous institution (see, for example, decisions numbers 2008-013832, 2009-10553, and 2019-016766). Likewise, it is mandatory in cases that affect the legal framework defining the functional organization and the competencies of the institution. In the words of this Chamber, when “the legal means for the fulfillment of its purposes” are affected. That is, when the intention is to regulate different and/or new purposes that divert human and financial resources from fulfilling the obligations for which such institutions were created. The same applies in relation to the modification or impact on the organic structure or the competencies of the institution. However, in the exercise of the legislators' power and right of amendment, a bill may undergo modifications from the original proposal published and consulted with the various institutions; thus, not every modification made through the exercise of this right must be consulted with the autonomous institutions, but only if there are novel aspects related to the constitution or organic structure, or to the essential scope of the competencies of the institutions involved. Conversely, when there is an impact, the consultation becomes mandatory for the Legislative Assembly to carry out at a timely procedural moment, so that the institutional opinion is truly assessed before making a parliamentary decision. In this regard, this Chamber has considered that it is not a mere procedural formality, devoid of substantive meaning or purpose, since it pursues a purpose concerning the suitability or quality of the law to achieve the concrete results intended with it (decisions of this Chamber numbers 1633-93, 2001-02642, 2003-05404, and 2020-015523).

In the specific case, we are examining the impact on the competencies granted to PANI and INAMU. The figure of PANI is of constitutional creation, as contemplated in Article 55 of the Political Constitution, which states the following:

“Art. 55.- The special protection of the mother and the child shall be under the charge of an autonomous institution called the National Child Welfare Agency (Patronato Nacional de la Infancia), with the collaboration of the other State institutions.” In addition, the Organic Law of the National Child Welfare Agency (Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia) No. 7648 of December 9, 1996, states that it is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget, establishing that its primary purpose is to provide special and comprehensive protection to minors and their families, as the natural element and pillar of society.

On the other hand, Law No. 7801 of April 30, 1998, which is the Law of the National Institute for Women (Instituto Nacional de las Mujeres), provides in its Article 1 the transformation of the National Center for the Development of Women and the Family into the National Institute for Women (INAMU), conceived as an autonomous institution of public law with its own legal personality and assets.

I am not unaware that the transcribed Article 3 subsection d) does not deprive any of the institutions of resources. Moreover, that 1% would always remain in the hands of ICODER. Nor am I unaware of the fact that, at first glance, said subsection does not harm the organic structure or the essential scope of the competencies of the institutions involved; however, it seems to allow ICODER to have involvement in determining the design and execution of activities and policies that precisely correspond to the competencies proper to each of those autonomous institutions. The utility and necessity of the respective consultations is precisely what would dispel any doubt and provide the legislator with the elements to ensure that the coordination indicated by that provision would not curtail the effectiveness and extent of the competencies of those institutions.

It follows from the foregoing that both are autonomous institutions; one is even of constitutional creation. Therefore, in accordance with the provisions of Article 190 of the Constitution, if the intention is to approve a bill that affects their competencies, a prior institutional consultation becomes necessary. Having verified that the corresponding consultations were not carried out, I believe that an essential defect in the parliamentary procedure occurred, which invalidates it.

B.- Violation of the principle of legal tax reserve (reserva legal tributaria) The consulting legislators affirm that in the case of the bill under consultation, a doubt of constitutionality arises because the first paragraph of Article 2 creates the tax by stating that "a tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where advertising (propaganda), publicity (publicidad), and sponsorship of trademarks, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided"; that is, it expressly indicates that the rate is applied to the income generated by sports activities, events, or articles. However, subsequently, in the second paragraph, when establishing the taxable base (base imponible), it indicates: "The taxable base upon which the tax established in this section shall be calculated will be the amount paid for publicity, propaganda, and sponsorships." They express the doubt that a problem arises in the application of the tax law, because the taxable event (hecho generador) appears to be the income derived from the sports activities being sponsored, as well as the articles for sale on which the sponsorship falls, and that the rate is applied to the income generated by the sports events or articles; a situation that is completely different from what is established in the taxable base, which expressly refers to the tax falling on the amount paid for publicity, advertising, and sponsorships, not on the income generated by sports activities, events, articles, and sports implements. This is because paying 6% of the income from the sports event in which the advertising appears is not the same as paying 6% of the amount paid for the advertising. Therefore, they mention that, as drafted, the tax in question will be impossible to apply due to the lack of harmony between the taxable event and the taxable base, which appear to correspond to two completely different types of taxes, which will mean that the Tax Administration must fill in the gaps or issue directives that necessarily end up breaching the legal mandate.

What the legislators are questioning relates to the provisions of Article 2, which provides for the creation of a National Fund for the Financing of High-Performance Sports (Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento). Said fund will be financed, in addition to transfers and donations that public or private institutions make in its favor, through a tax "that shall fall on the resources paid for contracts for advertising, publicity, or sponsorship services in activities, events, sports articles of natural or legal persons that produce, commercialize, or distribute beverages with alcoholic content." The bill provides the following:

"Art. 2- A tax of six percent (6%) is established on the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where advertising (propaganda), publicity (publicidad), and sponsorship of trademarks, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided, without distinction of the medium used, whether through digital formats or printed on signs, notices, billboards, prints, or similar, whose purpose is to make commercial advertising, publicity, or sponsorship or to draw attention to a product with alcoholic content, shall be taxed with this tax. The contract may be annual or monthly.

The taxable base upon which the tax established in this section shall be calculated will be the amount paid for publicity, advertising, and sponsorships.

The taxpayer of this tax is the advertiser. Advertiser is understood as the natural or legal person whose product or commercial activity benefits commercially from the publicity, advertising, and sponsorship.

Natural or legal persons who grant the right to advertise in their sports events, facilities, or implements may also be named responsible for this tax, as withholding or collection agents.

The administration, collection, and supervision of this tax correspond to the Directorate General of Taxation (Dirección General de Tributación). Tax payments must be made within fifteen business days following payment for advertising, in the manner and places designated by the Tax Administration to the taxpayers.

The provisions contained in Chapter II of Title IV and, in case of non-compliance, the provisions established in Article 57 and Title III, all of Law 4755, Code of Tax Norms and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), of May 3, 1971, including the reduction of penalties provided in its Article 88, shall apply to the taxpayers and withholding or collection agents of the tax." (Highlighting does not correspond to the original).

The principle of legal tax reserve means that it corresponds solely and exclusively to the Legislative Assembly to establish taxes, national contributions, and to authorize municipal ones. Article 121 subsection 13) of the Political Constitution contemplates this by stating:

"Art. 121.- In addition to the other powers conferred by this Constitution, the following corresponds exclusively to the Legislative Assembly:

  • 13)To establish national taxes and contributions, and to authorize municipal ones" Said provision was the subject of legal development to clearly and precisely establish the scope and coverage of the cited postulate. The Code of Tax Norms and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios) in Article 5 regulates it as follows:

"Article 5.- Matters reserved for the law. In tax matters, only the law may:

  • a)Create, modify, or suppress taxes; define the taxable event of the tax relationship; establish the tax rates and their calculation bases; and indicate the taxpayer;" In light of said constitutional principle, only by the will of the legislator can taxes be created, modified, or suppressed, as well as exempt certain subjects from their payment, specifying the conditions and requirements for that purpose. Regarding this principle, in decision No. 2014-1226, the Chamber considered the following:

"Based on the transcribed norm, which develops the legal reserve provided in Article 121 subsection 13 of the Political Constitution for the establishment of 'national taxes and contributions', it is understood that it is solely the Legislative Assembly that, through the procedure for creating formal law, can establish the essential elements of national taxes: the taxpayer, the taxable base, the taxable event, and the tax rate. The taxpayer, who is the person obliged to comply with the tax obligations (Article 15 of the Code of Tax Norms and Procedures); the taxable event, which is the assumption established by law to characterize the tax and whose realization gives rise to the obligation (Article 31 ibidem); the taxable base, as that from which the amount of the tax obligation shall be calculated; and the tax rate, that is, the percentage of the taxable base that must be paid by the taxpayer. In this sense, decision number 2004-05015, of fourteen hours fifty-three minutes of May twelve, two thousand four). Likewise, this Tribunal referred to the principle of legal reserve in tax matters, in the following terms:

"VI.- The alleged principle of legal reserve in tax matters was developed by the Supreme Court of Justice, then in its constitutional jurisdiction functions, in Resolution of eight hours of November twenty-nine, nineteen seventy-three, by stating, in what is relevant:

"II.- The principle of 'legal reserve' in tax matters results from the provisions of Article 121 subsection 13 of the Political Constitution, according to which it corresponds exclusively to the Legislative Assembly to 'establish national taxes and contributions'; a power which, according to Article 9 ibidem, the Assembly could not delegate to the Executive Branch, which would also not be permitted to invade the legislator's sphere in exercise of the regulatory powers granted to it by Article 140 subsection 3 of the same Constitution. The problem consists, therefore, in defining what is to be understood by 'establishing taxes', in order to determine thereby whether the Tax Reform Law delegated or not to the Executive Branch, in the manner alleged in the appeal, the exclusive power conferred by Article 121 subsection 13 of the Political Constitution.

III.- To establish means 'to institute', and also 'to order, command, decree', according to the Dictionary of the Language. To establish a tax is, therefore, to order or decree a certain tax burden; that is, said more broadly, to create the tax and determine 'the taxable objects, the bases and the types...' (Decision number 4785-93, of eight hours thirty-nine minutes of September thirty, nineteen ninety-three).”." In the present case, at first sight, it appears that the constitutional condition that the tax be approved by the Legislative Assembly is being met, and furthermore, the essential elements of the tax are established, thereby fulfilling the principle of legal tax reserve. In this regard, it is observed that the taxable event is the "income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where advertising (propaganda), publicity (publicidad), and sponsorship of trademarks, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided, without distinction of the medium used, whether through digital formats or printed on signs, notices, billboards, prints, or similar, whose purpose is to make commercial advertising, publicity, or sponsorship or to draw attention to a product with alcoholic content, shall be taxed with this tax"; the taxable base shall be calculated on the amount paid for publicity, advertising, and sponsorships; the tax amount is six percent (6%), and the norm defines the taxpayer, who would be the advertiser. Therefore, in accordance with the foregoing, in principle, it would not be verified that the consulted norm establishes a delegation of essential elements of the tax. However, a more careful reading of the norm leads to the conclusion that in the case sub lite, there is such imprecision that the principle of legal tax reserve is violated, as argued by the consulting legislators.

Note that, on the one hand, when indicating the taxable event, it speaks of "the income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature, where advertising (propaganda), publicity (publicidad), and sponsorship of trademarks, distinctive signs, emblems, or names of beverages with alcoholic content are provided"; but then, when defining the taxable base, it does so on "the amount paid for publicity, advertising, and sponsorships." That is, there is a gross lack of consistency between the activities intended to be taxed. The description of the taxable event and what is established regarding the taxable base are radically different —on one hand, it speaks of sports activities and events, and on the other, the amount paid for publicity, advertising, and sponsorships— when they should be consistent and maintain the necessary harmony that makes the norm intelligible and applicable.

Certainly, tax norms are complex, and for this reason, in addition to the Executive Branch regulating them, the Tax Administration develops them through directives, opinions, and instructions. Moreover, it must be kept in mind that the Administration and the Tax Court (Tribunal Fiscal) cannot disapply a legal norm; therefore, if it is not only ambiguous but intrinsically contradictory and incomprehensible, the margin for developing the norm is excessively widened. The aforementioned Article 2, on the one hand, refers to contracts and agreements corresponding to advertising, publicity, and sponsorship operations, but additionally includes a series of additional activities (income derived from sports activities and events, sports articles and implements, of any nature). Thus, that normative structure is contrary to the logic and reasonableness that the legislator must respect. Consequently, I believe that the deficient exercise of legislative power in itself harms the principle of legal reserve and induces its violation (by the Executive Branch and the Tax Administration).

Based on the considerations made, in my opinion, it is necessary to uphold this aspect of the legislative consultation.

Therefore (Por tanto):

The optional consultation of constitutionality is resolved, in the sense that the consulted bill processed under case file number 21.745, " Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Beverages with Alcoholic Content in Sports and the Creation of the National Fund for High-Performance Sports": 1) Does not present the procedural defect alleged by the consulting parties. 2) Presents substantive defects, only in that it violates the principles of the best interests of the minor (interés superior de la persona menor de edad), reasonableness, progressiveness of fundamental rights, Article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth, and the right to health, in the terms alleged by the consulting parties. Regarding the alleged violation of the Belém do Pará Convention and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, as well as the Principle of Legal Tax Reserve, the consultation is declared in-evacuable (inevacuable). Judge Castillo Víquez only considers that the bill contains the following substantive defects: it violates the right to health, the right of the best interests of the child, the principle of progressiveness of fundamental rights, and Article 25 of the Ibero-American Convention on the Rights of Youth; he also records a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas records a note. Judge Garro Vargas partially dissents and resolves the consultation in the sense that there was a substantial defect in the legislative procedure, due to the omission of making the institutional consultations provided for in Article 190 of the Political Constitution. Furthermore, Judge Garro Vargas resolves the consultation in the sense that Article 2 of the bill incurs an infraction of the principle of tax legality. Let this be communicated.

Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Marta Esquivel R.

Case File No. 21-021764-0007-CO Note of Judge Salazar Alvarado.

While I agree with the majority of the Chamber that the reform established in the process of the "Law for the Authorization of Advertising and Sponsorship of Beverages with Alcoholic Content in Sports and the Creation of the National Fund for High-Performance Sports" contains defects that make it unconstitutional, I do not consider it necessary, to reach this conclusion, to require technical studies confirming, in one sense or another, the negative effects of lifting the absolute prohibition on using advertisements for alcoholic beverages in sports events, in general, or the positive or negative impact on minors. It is clear that the provision under consultation, as presented, has problems of constitutional relevance. There is no doubt that advertising of beverages with alcoholic content must be subject to restrictions in favor of protecting the most vulnerable people in society, including minors.

However, I also admit that it is sometimes necessary to modulate the position of the Chamber, as I expressed in Decision No. 2020-013837 at 18:30 hours on July 22, 2020, "The Chamber must act cautiously when bills under review are called into question due to a lack of rigorous scientific and technical information, which would oblige it to identify those cases in order to impose a high scientific and technical content. In that sense, under such weighting, the constitutional review of the provisions must be carried out avoiding such a strict scrutiny as to assess – at this consultative stage – the level of scientific certainty required by the legislator. In a process of prior constitutional control, the Tribunal would end up assuming technical and scientific assessments, as well as making value judgments about the quality of technical studies carried out within the legislative file, which should be the exclusive purview of the legislator. It must be remembered that the preventive role of constitutionality is exercised, which is abstract in nature, different from what could be done when referring to a posteriori control of legislation, which is of a more concrete and precise nature, and although not entirely free from a judgment of abstraction due to the forms of direct standing, it is important to affirm that it allows a level of substantiation within the national reality and the public policy that passes through the Legislative Assembly". In this sense, the Constitutional Judge must exercise some degree of self-restraint, especially when it comes to requiring a degree of technical or scientific certainty, in absolute or near-absolute terms. Likewise, it must be admitted that not meeting certain or specific scientific and technical parameters would not imply that the regulation is automatically unconstitutional, given that in that decision-making process, it often navigates through human fields in which technical and scientific opinions, often contradictory, may abound.

The problem of demonstrating that the Legislative Assembly did not submit such or such information, or that more legislative measures were not employed, implies in itself a somewhat debatable value judgment on the subject regulated by the bill. Thus, a requirement from this Chamber to add technical studies to the legislative process to demonstrate the presumed benefits that would counteract the harms of the legislative measure is excessive and unnecessary, in my opinion. One should not look at or delegitimize a particular legislative measure to the extreme of requiring technical and scientific studies; such a requirement would be, in many cases, highly cumbersome, or redundant due to the multidisciplinary dimension of the information demanded, or simply limit or close the legislator's freedom to shape policy, as Judge Castillo Víquez rightly points out in his note.

The Chamber's opinion is supported by abundant information and criteria, but it does not mean one should forget that there are other solutions to bring more resources to sports (which remain in force in the world), as can be inferred from the arguments in favor of tempering the absolute prohibition.

It must not be overlooked that there is another side to the coin. The context in which high-performance athletes in the country must develop is extremely complicated; this can easily be deduced from the bill's statement of motives, from the history of the few high-performance athletes the country has offered to the world, and the scarce experience of those who have completed their training career, which has mainly been through personal sacrifice and private support. The lack of resources is one of the factors that has marred a more favorable environment for national athletes in international competitions and continues to prevent the formation of talents who cannot shine in the world. It is clear that it is not the State's responsibility to provide all resources, but it can and must provide state support.

It is somewhat paradoxical that what today abounds most in our country, as a public and notorious fact, is the scarcity of public resources; evidently, this dominates the national political debate, so that, while a part of the bill with the current text may be considered repugnant to Constitutional Law, it could be the subject of other approaches.

The purpose of advertising is to position a specific product or cause a behavioral change in the consumer, so that there is a preference or positive consideration for a product.

On the other hand, one should not miss the dialogue from international organizations of the United Nations and other organizations in the world that promote guidelines for business conduct, which are and have been, to a certain point, very intense and coincident on the need to restrict and even prohibit the promotion of alcoholic beverages or tobacco use, especially when directed at minors. But, in an economic and market context like Costa Rica's, it is evident that some strategies can be attempted, including many of the United Nations initiatives that have been strengthening to introduce corporate social ethics based on the "Guiding Principles on Business and Human Rights", known as the Ruggie Rules, or from UNICEF with the "Children's Rights and Business Principles" (Derechos-nino-y-principios-empresariales.pdf (unicef.es)), which indicate:

"5 All businesses must ensure that products and services are safe and that through them children's rights are promoted.

The corporate responsibility to respect includes:

…e. Seeking to prevent and eliminate the risk that certain products and services may be used for abuse, exploitation, or any type of harm towards children" …” And, "6 All businesses must use marketing and advertising that respect and support children's rights.

The corporate responsibility to respect includes:

Ensuring that neither communications nor marketing have a negative impact on children's rights. Complying with the business conduct guidelines established by the instruments of the World Health Assembly related to marketing and health.

The corporate commitment to promote includes:

The use of marketing that raises awareness and promotes children's rights, positive self-esteem, a healthy lifestyle, and non-violent values." It is clear that a balance must be sought between the different economic interests at play, which are not necessarily well reconciled with absolute prohibitions, but can be well weighed and open to the recognition of responsibilities that companies voluntarily committed to business principles and human rights, as well as good practices regarding the human rights of children, can accept.

Nothing prevents the existence of different advertising strategies that allow limiting such advertising to exclude the promotion of beverages with alcoholic content to minors from the message. This is essential. But one can think of marketing sports activities modulated through restrictions on size, brand visibility, etc., especially so they are directed at adults. The prohibition is upheld when it comes, of course, to the message content being directly or indirectly aimed at youth and childhood, which indeed is and should be prohibited or restricted.

Luis Fdo. Salazar A.

Judge Legislative consultation No. 21-21764-007-CO 1 Observations of CONSTITUTIONAL CHAMBER voted by ballot Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.

Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:23:09.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Consulta legislativa facultativa Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:

NO APLICA.

Tema: CONSULTA LEGISLATIVA FACULTATIVA Subtemas:

NO APLICA.

27601-21. COMERCIO. PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL DEPORTE. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento. Expediente Legislativo 21.745 Parte dispositiva: Se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad, en el sentido de que el proyecto consultado que se tramita bajo el expediente número 21.745, "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento": 1) No presenta el vicio de procedimiento aducido por los y las consultantes. 2) Presenta vicios de fondo, únicamente en cuanto violenta los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad, progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el derecho a la salud, en los términos aducidos por los y las consultantes. En cuanto a la presunta vulneración de la Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el Principio de Reserva Legal Tributaria, se declara inevacuable la consulta. El magistrado Castillo Víquez únicamente considera que el proyecto de ley contiene los siguientes vicios de fondo: violenta el derecho a la salud, el derecho del interés superior del menor, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; además consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y evacua la consulta en el sentido de que hubo un vicio sustancial en el procedimiento legislativo, por la omisión de realizar la consultas institucionales contempladas en el artículo 190 de la Constitución Política. Además, la magistrada Garro Vargas evacua la consulta en el sentido de que el artículo 2° del proyecto de ley incurre en una infracción al principio de legalidad tributaria. Comuníquese.

Conclusión. De conformidad con lo señalado en los considerandos precedentes, se determina que el expediente legislativo n.° 21.745 no presenta el vicio de procedimiento aducido por los y las consultantes. Respecto de los vicios de fondo, el proyecto en cuestión, violenta únicamente los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad, progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el derecho a la salud, en los términos aducidos por los y las consultantes. En cuanto a la presunta vulneración de la Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo procedente es declarar inevacuable la consulta. CO04/22 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Interés superior del menor.

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. “…el Estado costarricense tiene la obligación convencional de atender, en la toma de sus decisiones políticas, administrativas o judiciales, el interés superior del niño como una consideración primordial. Y en estos casos, resulta evidente que, ello es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo, tal como en el caso de estudio. Con mayor razón aún, cuando se decide reducir el ámbito de protección que ya existe. En esas condiciones, los Estados deben explicar cómo se ha respetado en la adopción de sus decisiones el derecho a que el interés superior del niño sea tenido en cuenta, incluida la forma en que este se ha sopesado frente a otras consideraciones, lo cual se echa de menos en este proyecto legislativo, ante la abundante evidencia del riesgo de afectación y la carencia de criterio técnicos o estudios que la justifiquen. Debe recordarse que la actuación del Estado debe ser preventiva, pues tal como lo expuso el Comité, la infancia es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos del niño, como la exposición a productos que pongan en peligro su salud, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales. En el mismo sentido, la tutela de la salud pública debe ser preventiva…” CO04/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Proporcionalidad o razonabilidad Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. “… No obstante, en el expediente legislativo se echa de menos la revelación, por ejemplo, de cifras numéricas o de las necesidades particulares palpables en relación con tal fin, que permitan a este Tribunal valorar y determinar, si realmente es indispensable demeritar la protección actual en la salud pública frente a una mayor difusión de la promoción de bebidas, cuyo alto consumo es nocivo para la salud, para obtener mayores ingresos en el deporte, teniendo en consideración, además, que todos los criterios institucionales basados en estudios científicos advierten que una medida tal naturaleza será más gravosa que el beneficio pretendido. Así las cosas, si la consecuencia de tal acto sería tan grave (como provocar un daño mayor eventualmente en la salud pública, ante un mayor consumo del alcohol por parte de la población y sus efectos colaterales, especialmente para el caso de las personas menores de edad y jóvenes) y no existe justificación técnica alguna que pondere tales consecuencias y justifique que tal vía es la más idónea, se hace evidente la transgresión a los principios de razonabilidad y proporcionalidad…” CO04/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: ASAMBLEA LEGISLATIVA Subtemas:

NO APLICA.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Tema de gran calado que se plantea en esta cuestión -a propósito de la alegada violación del principio de razonabilidad-, es si es posible ejercer una especie de control de discrecionalidad sobre la actividad legislativa o parlamentaria. Como es bien sabido, el control de discrecionalidad es una técnica que surge para verificar si la actividad de la Administración Pública se ajusta o no a las reglas unívoca de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Ergo, el ejercicio de las potestades discrecionales está sujetas a los principios generales del Derecho, y al control de los hechos determinantes y los conceptos jurídicos indeterminados, así como los elementos reglados del acto administrativo, por parte del Juez de lo contencioso-administrativo. Es evidente, y hasta donde yo recuerdo en ninguna parte del mundo se ha llegado a este exabrupto, que se aplique este control a la actividad parlamentaria; este tipo de control jamás se podría ejercer sobre la actividad legislativa o parlamentaria, pues el Parlamento quedaría reducido a la mínima expresión, y se dislocaría un elemento nuclear del sistema republicano. Lo que sí es posible, es ejercer un control de constitucionalidad de la actividad parlamentaria y, por consiguiente, del acto parlamentario final, sea este un decreto o un acuerdo legislativos, por vulnerar los principios de razonabilidad y proporcionalidad cuando están vinculados a un derecho fundamental y, por consiguiente, vacía su contenido esencial. Lo anterior significa, en buen castellano, que el legislador, en el ejercicio de la potestad de legislar, la potestad autonormativa, de control político, de dirección política, etc. tiene un amplio margen de discrecionalidad, una suerte de política legislativa, por lo que puede optar por una multiplicidad de variables en el marco de un órgano plural, democrático, donde la concertación política constituye un cauce necesario, en especial cuando en un periodo constitucional o legislación, un partido político o el partido de gobierno carece de la mayoría parlamentaria. Ese margen de discrecionalidad está exento del control de constitucionalidad, toda vez que, si esto no fuese así, el Tribunal Constitucional vendría a sustituir la voluntad del Parlamento, provocando una severa dislocación al sistema democrático, en especial lesionado de manera muy significativa el principio de separación de funciones. Dicho lo anterior, el Parlamento tiene una amplia libertad para seguir un determinado criterio técnico o apartarse de él, siempre y cuando con ello no afecté el contenido esencial de un derecho fundamental y, por consiguiente, también quebrante los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, tal y como ha establecido este Tribunal en cuanto a la afectación del medio, donde ha requerido para que la Ley pase el tamiz constitucional que hayan estudios técnicos o las compensaciones respectivas que demuestren que no hay quebranto al medio ambiente. Lo anterior es aún más cierto cuando en la discusión de un proyecto de ley hay distintos criterios técnicos o éstos son contradictorios entre sí. En estos supuestos, el legislador no está vinculado a seguir un determinado criterio técnico, sino que bien puede adoptar una decisión política tomando en consideración otros elementos de juicio. En otras palabras, no es posible declarar inconstitucional una Ley porque se apartó de uno o varios criterios técnicos -esto es propio de un control sobre la actividad de la Administración Pública-, salvo cuando tal omisión conlleva la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental. CO04/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:

NO APLICA.

IX.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:

“La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.

Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).

En el caso concreto, hay una referencia expresa a las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas números 14 y 16. Estimo que tal invocación es del todo pertinente, si se entiende que es para efectos hermenéuticos, pero no por unos supuestos efectos vinculantes para este Tribunal.

Adicionalmente, he de aclarar que la obligación del Estado costarricense de velar por el interés superior de la persona menor de edad no se deriva de lo dicho por tal Comité. Al respecto, cabe señalar que el principio del interés superior de la persona menor de edad, efectivamente debe inspirar y regir la elaboración de políticas públicas que eventualmente les impacten y las conductas de las autoridades en la toma de decisiones que les conciernan. Sin embargo, dicha obligación se deriva, en primer lugar, de lo dispuesto en el art. 51 de la Constitución Política que refiere que los niños y las niñas tienen derecho a una protección especial por parte del Estado. Además del art. 3.1) de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ley n.°7184 del 18 de julio de 1990, que ordena lo siguiente:

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (Lo destacado no corresponde al original).

Esta Sala ha manifestado que a partir de dicha determinación quedó instaurado plenamente el principio del interés superior de la persona menor de edad como un principio general de derecho, de manera que, debido a su naturaleza jurídica, irradia su función rectora sobre todo el ordenamiento jurídico.

En síntesis considero que son estas fuentes las que instauran el principio bajo análisis y no lo dicho en sí mismo por el Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas pues sus observaciones, si bien son sumamente valiosas, no integran el parámetro de control de constitucionalidad.

X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.

Con el respeto acostumbrado salvo el voto en relación con el vicio del procedimiento parlamentario sobre la omisión de realizar las consultas institucionales al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Respecto del fondo, declaro una infracción al principio de legalidad tributaria.

A.- Sobre el vicio en el procedimiento parlamentario En el sub lite se cuestionó la presunta infracción al art. 190 de la Constitución Política por la introducción de la norma que a continuación se transcribe. Lo anterior, sin que, a tales efectos, se hayan realizado las consultas institucionales a dos instituciones autónomas como lo son el PANI y el INAMU. La disposición en análisis señala lo siguiente:

“Art. 3- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento.

Se crea el Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar a los deportistas de alto rendimiento.

(…) d) El uno por ciento (1%) al Icoder, para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar; para el diseño de estas acciones el Icoder deberá coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)”. (Lo destacado ?que no es del original? corresponde a lo específicamente consultado).

Sobre el particular, tal y como se desprende de la opinión consultiva suscrita por la mayoría, el inciso bajo análisis fue introducido vía mociones de fondo en el Plenario, sin que, posterior a su aprobación, el texto haya sido debidamente consultado a las instituciones autónomas en mención. Es decir, la norma que se introdujo, en el sentido de que deben coordinar con el Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) la elaboración y ejecución destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar, no fue consultada a las referidas instituciones autónomas, pese a que impacta en sus competencias orgánicas. Dicha omisión, según mi criterio, lesiona lo ordenado en el art. 190 de la Constitución Política que señala lo siguiente:

“Art. 190. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla”.

Al analizar dicha norma, la Sala ha enfatizado que las consultas institucionales son constitucionalmente obligatorias en los supuestos en que haya una afectación jurídica a los fines que constitucional y legamente le sean encomendados a la respectiva institución autónoma (ver, por ejemplo, los votos números 2008-013832, 2009-10553 y 2019-016766). Igualmente, es obligatoria en los casos en que se incide en el marco jurídico que define la organización funcional y las competencias de la institución. En palabras de esta Sala, cuando se afectan “los medios jurídicos para el cumplimiento de sus fines”. Es decir, cuando se pretenda regular fines distintos y/o nuevos que distraen los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de las obligaciones para las cuales fueron creadas tales instituciones. Lo mismo que en relación a la modificación o afectación de la estructura orgánica o las competencias de la institución. Ahora bien, en el ejercicio del poder y derecho de enmienda de los legisladores, un proyecto de ley puede sufrir modificaciones respecto de la propuesta originaria publicada y consultada a las diversas instituciones, por lo que no toda modificación a través del ejercicio de este derecho debe ser consultada a las instituciones autónomas, sino solamente si hay aspectos novedosos referidos a la constitución o estructura orgánica o al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas. A contrario sensu, cuando sí haya una afectación, se hace obligatoria la consulta para que la Asamblea Legislativa la realice en un momento procesal oportuno, a fin de que la opinión institucional sea realmente valorada antes de tomar una decisión parlamentaria. Al respecto, esta Sala ha considerado que no se trata de una mera formalidad procesal, carente de sentido o finalidad sustantiva, puesto que con ella se persigue un propósito tocante a la idoneidad o calidad de la ley para obtener los resultados concretos que se quiere lograr con ella (resoluciones de esta Sala números 1633-93, 2001-02642, 2003-05404 y 2020-015523).

En el caso concreto, estamos examinando la afectación de las competencias otorgadas al PANI y al INAMU. La figura del PANI es de creación constitucional según lo contemplado en el art. 55 de la Constitución Política, el cual señala lo siguiente:

“Art. 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”.

En adición, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia n.°7648 del 09 de diciembre de 1996, señala que es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio, estableciendo que su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad.

Por otra parte, la ley n.°7801 del 30 de abril de 1998, que es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, prevé en su art. 1° la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), concebida como una institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

No se me oculta que el art. 3 inciso d) transcrito no despoja de recursos a ninguna de las instituciones. Por lo demás, ese 1% estaría siempre en manos de ICODER. Tampoco ignoro el hecho de que, a primera vista, tal inciso no lesiona la estructura orgánica o al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas; sin embargo, parece permitir que el Icoder tenga injerencia en la determinación del diseño y la ejecución de actividades y políticas que corresponden justamente a las competencias que son propias de cada una de esas instituciones autónomas. La utilidad y necesidad de las respectivas consultas es precisamente lo que despejaría cualquier duda y proporcionaría al legislador los elementos para asegurar que la coordinación indicada por esa norma no cercenaría la eficacia y extensión de las competencias de dichas instituciones.

De lo anterior se desprende que ambas son instituciones autónomas, una incluso es de creación constitucional. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 190 constitucional, si se pretende aprobar un proyecto de ley que incide en sus competencias, se hace necesaria la consulta institucional previa. Al constatarse que no se realizaron las correspondientes consultas, estimo que se produjo un vicio esencial del procedimiento parlamentario que lo invalida.

B.-Violación al principio de reserva legal tributaria Los legisladores consultantes afirman que en el caso del proyecto de ley bajo consulta, surge la duda de constitucionalidad, porque en el párrafo primero del art. 2 se crea el impuesto al indicar que se establece “un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico”; es decir, se señala expresamente que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por la actividades, eventos o artículos deportivos. No obstante, posteriormente, en el párrafo segundo, cuando se establece la base imponible, se indica: “La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios”. Manifiestan la duda de que surge el problema de aplicación de la ley tributaria, debido a que el hecho generador parecieran ser los ingresos derivados sobre las actividades deportivas que se están patrocinando, así como los artículos de venta sobre los cuales recae el patrocinio y que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por los eventos deportivos o los artículos, situación que es completamente distinta a lo establecido en la base imponible, que se refiere expresamente a que el impuesto recae sobre el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios, no sobre los ingresos generados por las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos. Esto por cuanto no es lo mismo tributar un 6% de los ingresos del evento deportivo en el que se presenta la publicidad, que un 6% del monto pagado por publicidad. Por lo anterior, mencionan que tal y como, se redactó el tributo en cuestión, será de imposible aplicación por la falta de armonía entre el hecho generador y la base imponible, que pareciera responden a dos tipos de impuesto completamente distintos, lo que equivaldrá a que la Administración Tributaria deba llenar las lagunas o emitir directrices que terminen incumpliendo necesariamente el mandato legal.

Lo cuestionado por los legisladores tiene relación con lo dispuesto en el art. 2°, el cual prevé la creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento. Dicho fondo será financiado, además de transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a favor del mismo, mediante un impuesto “que recaerá sobre los recursos pagados por contratos de servicios de publicidad, propaganda o patrocinio en actividades, eventos, artículos deportivos de las personas físicas o jurídicas que produzcan, comercialicen o distribuyan bebidas con contenido alcohólico”. El proyecto de ley dispone lo siguiente:

“Art. 2- Se establece un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto. El contrato puede ser anual o mensual.

La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios.

El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona física o jurídica cuyo producto o actividad comercial se beneficia comercialmente con la publicidad, propaganda y el patrocinio.

También podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción y retención, las personas físicas o jurídicas que otorguen el derecho de realizar la publicidad en sus eventos, instalaciones o implementos deportivos.

La administración, recaudación y fiscalización de este tributo corresponden a la Dirección General de Tributación. Los pagos del tributo deben realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al pago por publicidad, en la forma y los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Serán aplicables a los contribuyentes y a los agentes de retención o percepción del tributo las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el título III, todos de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88”. (Lo destacado no corresponde al original).

El principio de reserva legal tributaria significa que le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Legislativa establecer los impuestos, contribuciones nacionales y autorizar los municipales. El art. 121 inciso 13) de la Constitución Política lo contempla al señalar:

“Art. 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

  • 13)Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales” Dicho numeral fue objeto de desarrollo legal, para instaurar con claridad y precisión los alcances y cobertura del citado postulado. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) en el art. 5 lo regula del siguiente modo:

“Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede:

  • a)Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo;” A la luz de dicho principio constitucional únicamente por voluntad del legislador se puedan crear, modificar o suprimir tributos, así como eximir de su pago a determinados sujetos, especificando las condiciones y requisitos con tal propósito. Sobre este principio, en la sentencia n.°2014-1226 la Sala consideró lo siguiente:

“A partir de la norma transcrita, que desarrolla la reserva de Ley prevista en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, para el establecimiento de “impuestos y contribuciones nacionales”, se entiende que es únicamente la Asamblea Legislativa la que, mediante el procedimiento para la creación de la ley formal, puede establecer los elementos esenciales de los tributos nacionales: el sujeto pasivo, la base imponible, el hecho generador y el porcentaje del gravamen. El sujeto pasivo que es la obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias (artículo 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios); el hecho generador que es el presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación (artículo 31 ibídem); la base imponible como aquella a partir de la cual se calculará el importe de la obligación tributaria; y la tarifa del tributo, es decir, al porcentaje de la base imponible que deberá ser cancelada por parte del sujeto pasivo. En este sentido sentencia número 2004-05015, de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del doce de mayo del dos mil cuatro). Asimismo, este Tribunal se refirió al principio de reserva legal en materia tributaria, en los siguientes términos:

"VI.- El alegado principio de reserva de ley en materia tributaria, fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, entonces en sus funciones de jurisdicción constitucional, en Resolución de las ocho horas del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres, al expresar en lo que interesa:

"II.- El principio de "reserva de ley" en materia tributaria resulta de lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, a cuyo tenor corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "establecer los impuestos y contribuciones nacionales"; atribución que, con arreglo al artículo 9° ibídem, no podría la Asamblea delegar en el Poder Ejecutivo, al que tampoco sería lícito invadir la esfera del legislador en ejercicio de las facultades reglamentarias que le otorga el artículo 140 inciso 3° de la misma Constitución. El problema consiste, pues, en definir qué se debe entender por "establecer los impuestos", para determinar por allí si la Ley de Reforma Tributaria delegó o no en el Poder Ejecutivo, del modo que se alega en el recurso, la potestad exclusiva que le confiere el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política.

III.- Establecer significa "instituir", y también "ordenar, mandar, decretar", de acuerdo con el Diccionario de la Lengua. Establecer un impuesto es, por lo tanto, ordenar o decretar una cierta carga tributaria; o sea, dicho con más amplitud, crear el tributo y determinar "los objetos imponibles, las bases y los tipos..." (Sentencia número 4785-93, de las ocho horas treinta y nueve minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y tres).”.

En el presente caso, a primera vista, se aprecia que se está cumpliendo la condición constitucional de que el tributo sea aprobado por la Asamblea Legislativa y, además, los elementos esenciales del tributo están establecidos, con lo cual se da por cumplido el principio de reserva legal tributaria. Al respecto se observa que el hecho generador son los “los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto”; la base imponible se calculará sobre el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios; el monto del impuesto es de un seis por ciento (6%) y la norma define al sujeto pasivo, que sería el anunciante. Por lo que, de conformidad con lo anterior, en tesis de principio no se verificaría que la norma consultada establezca una delegación de elementos esenciales del tributo. Sin embargo, una lectura más detenida de la norma lleva a concluir que en el sub lite existe tal imprecisión que se violenta el principio de reserva legal tributaria, tal y como lo aducen los legisladores consultantes.

Nótese que por un lado, al señalar el hecho generador se habla de “los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico”; pero, luego, al definir la base imponible, lo hace sobre “sobre el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios”. Es decir, hay una grosera falta de consistencia entre las actividades que se pretenden gravar. La descripción del hecho generador y lo establecido respecto de la base imponible son radicalmente distintos ?por un lado se habla de las actividades y eventos deportivos y, por otro lado, el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios? cuando deberían ser contestes y guardar la necesaria armonía que haga inteligible y aplicable la norma.

Ciertamente las normas tributarias son complejas y, por eso, además de que el Poder Ejecutivo las reglamenta, la Administración tributaria las desarrolla a través de directrices, opiniones, instrucciones. Por lo demás, debe tenerse presente que la Administración y el Tribunal Fiscal no pueden desaplicar una norma legal; por eso si esta no sólo es ambigua sino intrínsecamente contradictoria, incomprensible, el margen de desarrollo de la norma se amplía excesivamente. El mencionado artículo 2, por una parte, refiere a contratos y convenios correspondientes por las operaciones de publicidad, propaganda y patrocinios, pero, adicionalmente incluye una serie de actividades adicionales (ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza). De manera que esa estructura normativa es contraria a la lógica y razonabilidad que el legislador debe respetar. En consecuencia, considero que el deficiente ejercicio de la potestad legislativa lesiona en sí mismo el principio de reserva legal e induce a lesionarlo (por parte del Poder Ejecutivo y la Administración Tributaria).

A partir de las consideraciones realizadas, a mi juicio, se impone estimar este extremo de la consulta legislativa. CO04/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:

NO APLICA.

Nota del magistrado Salazar Alvarado.

Si bien coincido con la mayoría de la Sala, en cuanto que la reforma establecida en el proceso de “Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento”, contiene vicios que lo hacen inconstitucional, no estimo que para llegar a esta conclusión sea necesario exigir estudios técnicos que confirmen, en un sentido o en otro, los efectos negativos del levantamiento de la prohibición absoluta de usar anuncios de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, en general, y el impacto positivo o negativo sobre las personas menores de edad. Es claro, que la disposición objeto de consulta así planteada tiene problemas de relevancia constitucional. No hay duda que la publicidad de bebidas con contenido alcohólico debe estar sujeta a restricciones en favor de la protección de las personas más vulnerables de la sociedad, entre ellos, a los menores de edad.

Sin embargo, admito también, que en ocasiones es necesario la modulación de la posición de la Sala, como lo expresé en la Sentencia N° 2020-013837 de las 18:30 horas del 22 de julio de 2020, “La Sala debe actuar con cautela al estar bajo examen proyectos de ley que se ponen en entredicho por la falta de información científica y técnica rigurosa, lo que le obligaría a identificar esos caso para imponer un alto contenido científico y técnico. En ese sentido, bajo tal ponderación, el examen de constitucionalidad de las disposiciones debe hacerse evitando un escrutinio tan estricto, como para valorar – en esta etapa consultiva – el nivel de certeza científica exigido por el legislador. En un proceso de control previo de constitucionalidad, terminaría el Tribunal por asumir valoraciones técnicas y científicas, así como hacer juicios de valor sobre la calidad de estudios técnicos realizados dentro del expediente legislativo, lo cual debería ser resorte exclusivo del legislador. Debe recordarse, que se ejerce el rol preventivo de constitucionalidad, el que es de naturaleza abstracta, diferente al que se podría hacer, cuando se refiere al control a posteriori de la legislación, de una naturaleza más concreta y precisa, y aunque no enteramente libre de un juicio de abstracción por las formas de legitimación directa, sí es importante afirmar que permite un nivel de sustanciación dentro de la realidad nacional y de la política pública que pasa por la Asamblea Legislativa”. En este sentido, el Juez Constitucional debe ejercer algún grado de autocontención, especialmente cuando se trata de exigir un grado de certeza técnica o científica, en términos absolutos o casi absolutos. De igual forma, hay que admitir que si no se cumple con ciertos o determinados parámetros científicos y técnicos, no implicaría que la normativa sea automáticamente inconstitucional, toda vez que en ese proceso de toma de decisión, se transita muchas veces por campos humanos en el que pueden abundar opiniones técnicas y científicas, muchas veces contradictorias.

El problema de evidenciar que la Asamblea Legislativa no hizo llegar tal o cual información, o que no se acudieron a más recaudos legislativos, implica en si un juicio de valor un tanto debatible en el tema regulado por el proyecto de ley. Así, una exigencia de esta Sala de adicionar al trámite legislativo estudios técnicos, para que se demuestren los presuntos beneficios que contrarrestarían los perjuicios de la medida legislativa, es excesiva e innecesaria en mi criterio. No se debe mirar o deslegitimar una determinada medida legislativa al extremo de exigirla estudios técnicos y científicos, tal requerimiento sería en muchos casos altamente engorroso, o redundante por la dimensión multidisciplinaria de la información que se exige, o simplemente limitar o cerrar la libertad de configuración del legislador, como bien lo señala el magistrado Castillo Víquez en su nota.

La opinión de la Sala se sostiene en abundante información y criterios, pero no significa que se debe olvidar que hay otras soluciones para hacer llegar más recursos al deporte (que continúan vigentes en el mundo), como se desprende de la argumentación en favor de atemperar la prohibición absoluta.

No hay que descartar que existe otra cara de la moneda. El contexto en el que se tienen que desarrollar los deportistas de alto rendimiento en el país es sumamente complicado, es algo que fácilmente puede derivarse de la exposición de motivos del proyecto de ley, de la historia de los pocos atletas de alto rendimiento que el país ha ofrecido al mundo, y la escasa experiencia de quienes han culminado su carrera de formación, la que ha sido – principalmente – con sacrificio propio y soporte privado. La falta de recursos es uno de los factores que ha empañado un ambiente más favorable para deportistas nacionales en justas internacionales, y sigue impidiendo la formación de talentos que no pueden brillar en el mundo. Es claro, que no corresponde al Estado proporcionar todos los recursos, pero puede y debe hacer un acompañamiento estatal.

Es algo paradójico que lo que hoy en día abunda más en nuestro país, como un hecho público y notorio, es la escasez de recursos públicos, evidentemente esto domina el debate político nacional, de modo que, si bien una parte del proyecto de ley con el texto actual puede considerarse repugnante para el Derecho de la Constitución, podría ser objeto de otros enfoques.

El fin de la publicidad es hacer posicionamiento de un determinado producto o causar un cambio conductual del consumidor, de tal manera que haya una preferencia o consideración positiva hacia un producto.

Por otra parte, no se debe desaprovechar el diálogo de las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, y otras organizaciones en el mundo que promueven pautas de conducta empresariales, las que son y han sido, hasta cierto punto muy intensas, coincidentes en la necesidad de restringir y hasta prohibir la promoción de bebidas alcohólicas o de uso del tabaco, especialmente dirigidas a menores. Pero, en un contexto económico y de mercado como el costarricense, es evidente que se pueden intentar algunas estrategias, incluidas muchas de las iniciativas de las Naciones Unidas que han ido fortaleciéndose para introducir una ética social empresarial a partir de las los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, conocidas como las Reglas de Ruggie, o desde UNICEF con los “Derechos del niño y principios empresariales” (Derechos-nino-y-principios-empresariales.pdf (unicef.es)), que indican:

“5 Todas las empresas deben garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promuevan los derechos del niño.

La responsabilidad corporativa de respetar incluye:

…e. Buscar prevenir y eliminar el riesgo de que ciertos productos y servicios sean utilizados para el abuso, explotación o cualquier tipo de daños hacia los niños” …” Y, “6 Todas las empresas deben utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos del niño.

La responsabilidad corporativa de respetar incluye:

a. Garantizar que ni las comunicaciones ni el marketing tengan un impacto negativo en los derechos del niño b. Cumplir con las pautas de conducta empresarial establecidas en los instrumentos de la Asamblea Mundial de la Salud relacionadas con el marketing y la salud.

El Compromiso corporativo de promover incluye:

c. La utilización de marketing que coinciencie sobre y fomente los derechos del niño, la autoestima positiva, un modo de vida saludable y valores no violentos”.

Es claro, que se debe buscar un balance entre los diferentes intereses económicos en juego, lo que no necesariamente son bien conciliados con las prohibiciones absolutas, sino que pueden ser bien ponderadas, y abiertas al reconocimiento de las responsabilidades que pueden aceptar las empresas voluntariamente comprometidas con los principios empresariales y los derechos humanos, así como con las buenas prácticas de cara a los derechos humanos de los niños.

Nada impide que existan diferentes estrategias publicitarias, que permitan limitar dicha publicidad para excluir del mensaje la promoción de bebidas con contenido alcohólico a menores de edad. Esto es esencial. Pero, se puede pensar en un marketing de actividades deportivas moduladas mediante restricciones en el tamaño, visibilidad de marcas, etc., especialmente para que sean dirigidas a los adultos. La prohibición se sostiene cuando se trata, por supuesto, de que el contenido del mensaje sea directa o indirectamente dirigido a la juventud y a la niñez, lo que en efecto es, y debe ser prohibido o restringido. CO04/22 ... Ver más *CO* Res. Nº 2021027601 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y quince minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno.

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por las diputadas y los diputados CAROLINA HIDALGO HERRERA, CATALINA MONTERO GÓMEZ, ENRIQUE SÁNCHEZ CARBALLO, JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA, MARÍA VITA MONGE GRANADOS, MILEIDY ALVARADO ARIAS, NIELSEN PÉREZ PÉREZ, PAOLA VEGA RODRÍGUEZ, PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ, SHIRLEY DÍAZ MEJÍA y WALTER ENRIQUE MUÑOZ CÉSPEDES, referente al proyecto de aprobación de "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento", que se tramita en el expediente legislativo número 21.745.

Resultando:

1.- El 28 de octubre de 2021, se recibió en la Secretaría de esta Sala, un escrito firmado por 11 diputadas y diputados de la República que presentan una consulta facultativa de constitucionalidad de conformidad con el artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo n.° 21.745. De manera introductoria, señalan lo siguiente: que este proyecto de ley fue iniciado el 10 de diciembre de 2019, publicado en el Alcance 285 del Diario Oficial La Gaceta 242, el 19 de diciembre de 2019, dictaminado por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos el 8 de septiembre de 2020 y votado en primer debate el 26 de octubre de 2021. Señalan que el referido proyecto pretende reformar el artículo 12 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley n.° 9047, con la finalidad de eliminar la actual prohibición para uso de bebidas alcohólicas en el patrocinio del deporte. Se autoriza el patrocinio en todo tipo de deportes y podrá ser utilizado por las marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes. En cuanto a los vicios de fondo, estiman que el proyecto de ley consultado, podría violentar el derecho fundamental a la salud, el principio constitucional de protección del interés superior de las personas menores, el principio de razonabilidad y proporcionalidad y el principio de progresividad de los derechos fundamentales, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la Convención Belem do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el principio de reserva legal tributaria. Violación del derecho de a la salud: señalan que, de conformidad con diferentes estudios nacionales e internacionales sobre el consumo y publicidad del alcohol, esta tiene efectos directos sobre el consumo temprano de alcohol, así como mayor efectividad para impulsar a la juventud a consumir este tipo de drogas. Así, mediante el oficio DG-0544-06-2020 del 19 de junio de 2020, el IAFA emitió criterio institucional ante la Asamblea Legislativa sobre el expediente 21.745 e indicó su oposición a la iniciativa, debido a que "El Estado debe velar por la salud de su población, lo cual no es compatible con que el propio Estado permita el patrocinio en actividades deportivas, ya que estaría incumpliendo con su deber, además con su planteamiento no hay garantía que las PME (Personas Menores de Edad) no sean destinatarias de la publicidad comercial, por el contrario el permitir una reforma de este tipo, sería exponer de manera constante a las PME a publicidad de bebidas con contenido alcohólico, contrario a los postulados de los entes internacionales expertos en la materia, tal y como se indicará a continuación. II. El proyecto de ley tiene un corte inminentemente económico, antepone los intereses de la empresa privada sobre el interés general de la población y por encima del derecho a la salud de los seres humanos, al apoyar un proyecto de este tipo se desconocerían los logros que el país ha alcanzado en este campo y vulnerar los derechos de la población. Costa Rica es un país miembro de la Organización Mundial de Salud (OMS), muchas de las medidas preventivas, dirigidas a la disminución del consumo de alcohol, obedecen a recomendaciones emitidas por tal órgano, que tiene como objetivo construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo. De manera que el tomar medidas que venga a revertir los logros en el campo de salud, podría verse como un incumplimiento del país respecto a los compromisos asumidos, como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por ende de la OMS. El exponer a la población a más publicidad de bebidas con contenido alcohólico indudablemente va a disparar la demanda de servicios de salud, no existiendo en el proyecto de ley una medida administrativa para reforzar a las instituciones prestadoras de estos servicios, pese a la eminente afectación que sufrirían.". En este mismo sentido, el Ministerio de Salud se pronunció mediante oficio MS-DM-JM-150-2020 del 08 de enero de 2020, e indicó: “De conformidad con lo analizado, en relación con la propuesta de modificación al artículo N° 12 de la Ley N° 9047, y con el propósito de atender lo requerido, se solicitó criterio a la Comisión para la Regulación y Control de la Publicidad Comercial de las Bebidas con Contenido Alcohólico, del Ministerio de Salud, instancia que mediante oficio MS CRPBA 363 2020, emite sus consideraciones, que en lo interesa indica: Es de relevancia destacar que la salud de la población es un derecho humano, un fundamental bien de interés público tutelado por el Estado y priva sobre otro tipo de intereses, ya sean económicos, comerciales o de otra índole, de ahí que es función del Estado velar por la salud de la población costarricense a través de sus instituciones, en sujeción a los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación vigente.// En relación, con lo expuesto, se considera que no es factible apelar a la necesidad económica de los diversos grupos deportivos o deportistas, a través de un patrocinio, argumentando un beneficio económico, para fomentar y exponer diariamente a la población nacional a una serie de materiales publicitarios que fomentan el consumo de bebidas con contenido alcohólico, toda vez que el patrocinio es visualizado y proyectado a través de la publicidad en todas sus modalidades como televisión, radio, vallas, cine, impresos e internet, entre otros, llegando a la vista de los menores de edad, aunque estos no sean el mercado meta, desde otra óptica, este se constituye en el medio por el cual se aprovecha la falta de madurez de los menores de edad para comprender esta publicidad y discernir racionalmente sus actos, lo cual sería contraproducente ya que este grupo poblacional ostenta una protección jurídica especial a nivel nacional e internacional; por lo que no se considera proporcional el beneficio del aporte económico generado mediante el patrocinio de bebidas con contenido alcohólico a un grupo reducido de deportistas, en proporción al impacto negativo que este generaría en toda la población nacional”. Criterio que fue reiterado mediante oficio MS-DM-KR-5218-2020 del 22 de septiembre de 2020. Agregan que, con lo expuesto, se puede concluir que no es posible controlar, de ninguna manera, a los sujetos que observan la publicidad, una vez liberada. En ese sentido, refieren que es necesario mantener y mejorar las regulaciones actuales, que impidan la exposición de las personas menores de edad, a cualquier tipo de estímulo reforzador del consumo, antes de la mayoría de edad. Así las cosas, conforme al derecho a una salud integral, es responsabilidad del Estado, limitar estos mensajes publicitarios que estimulan la baja percepción de riesgo y desinhiben la conciencia de autocontrol frente a los potenciales daños de las sustancias psicoactivas legales. Indican que, ante la repercusión dañina de los diferentes proyectos de ley que se tramitan en la corriente legislativa para el patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas, entre los que se encuentra el expediente consultado 21.745, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, mediante oficio CRI-PWR-63.00 249115-20 del 07 de julio de 2020, manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto de ley consultado al presidente de la Asamblea Legislativa. Violación al principio constitucional del interés superior de las personas menores de edad: refieren que existen diversos estudios internacionales sobre el impacto negativo de la publicidad del alcohol en el deporte sobre la niñez y la juventud, incluso como precipitante de violencia familiar intrafamiliar, a partir de los cuales, es claro que existe una relación directa entre el patrocinio del alcohol en el deporte, con el consumo de este, pero, además, queda demostrado que dicha publicidad es mucho más efectiva en las personas menores de edad. Esta evidencia científica aportada por las instituciones consultadas y que consta en el expediente legislativo, les permite concluir que la actuación del Estado legislador al eliminar la prohibición de este tipo de patrocinio afecta directamente la salud y los patrones culturales de consumo de alcohol de las personas menores de edad, lo que implica necesariamente una violación a las obligaciones convencionales del país. Dado que lo estudios confirman que son las personas menores de edad las más afectadas, es indiscutible que no se resguarda el interés superior de la persona menor, sino el interés superior de un sector de la economía. Exponen que el controlador de constitucionalidad, ha definido el interés superior de las personas menores de edad como la garantía del efectivo respeto de sus derechos fundamentales, así como el libre y pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente físico y mental sano, lo cual debe reflejarse en la conducta de las instituciones y poderes del aparato estatal; es decir, todas la acciones públicas deben de considerar y proteger el interés superior de la persona menor de edad, así se lo ordena al Estado la misma Constitución, cuando establece una protección especial para las personas menores de edad en el artículo 51 constitucional. Indican que, en el caso del proyecto consultado, no consta en ninguna parte del expediente legislativo, que las diputadas y diputados hayan tomado en cuenta en su discusión, la afectación sobre las personas menores de edad, que son las más afectadas por la publicidad del alcohol, situación que sí se demostró en los criterios institucionales remitidos por el IAFA, la OMS/OPS y el Ministerio de Salud. Estos criterios sobre la afectación a la niñez fueron confirmados por la UNICEF Costa Rica, mediante oficio REP-CTR-2020-0607 del 02 de diciembre de 2020, ya que, al referirse al expediente 21.745 indicó: "Si bien es cierto, es importante contar con recursos para financiar las actividades deportivas de alto rendimiento, se considera extremamente riesgoso, que como medio para la generación de ingresos, se expongan a niñas, niños y adolescentes a nueva propaganda que haga ver el consumo del alcohol como una actividad recomendable. La exposición masiva de los mensajes, tanto en el contexto de las actividades deportivas, como en cualquier otro contexto, de mediano y largo plazo, podría tener un efecto en los comportamientos de las personas en donde claramente lo que se busca es incrementar las ventas y los rendimientos de las empresas que lo comercializan. En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las observaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño al país en el 2020, es importante asegurar que la niñez y adolescencia sea incluida en las políticas y planes públicos en los temas que les afecta, lo que es particularmente importante en lo relacionado al consumo de alcohol...Por lo indicado UNICEF no recomienda eliminar la prohibición asociada a permitir publicidad propaganda o patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte.". Consideran que la Asamblea Legislativa está legislando en contra de todos los criterios técnicos, científicos y advertencias realizadas por los organismos competentes en la materia, a pesar de la demostrada afectación a la salud de las personas menores de edad, lo cual no se compensa o subsana con un fondo para campañas de prevención, y se vuelve paradójico que sea finalmente el deporte, el que termine incentivado el consumo y la cultura de consumo de drogas nocivas para la salud, lo que representa un retroceso en materia de protección y derecho de la niñez y la juventud. Violación del principio de progresividad de los derechos fundamentales: señalan que en el proyecto consultado no se contempla una sola medida de compensación o restricción sobre la publicidad que se está habilitando, se prohíbe el patrocinio en uniformes de las ligas menores, como si eso significara que las personas menores de edad no vieran la publicidad de ligas mayores y fueran igualmente incitados al consumo de alcohol, mediante la publicidad en vallas publicitarias, estadios, gimnasios, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes, tal y como lo permite el proyecto ley. Mencionan que la propuesta carece completamente de proporcionalidad, debido a que, además de retroceder con la protección de un derecho fundamental, solo contiene estudios que demuestran los impactos negativos de la medida y que no fueron tomados en cuenta a la hora de legislar, así como que no tiene limitación alguna para la publicidad del alcohol en el deporte. Indican que no existe en el expediente, ni durante la discusión de la iniciativa, valoración alguna sobre medidas para poder compensar el daño que se dará sobre la salud de las personas menores, sino todo lo contrario, los criterios únicos y preponderantes, demuestran una amplia afectación a la juventud, lo cual, además implica una violación del principio de razonabilidad y no regresión de los derechos fundamentales. Aducen que, es evidente que la intención de las legisladoras y legisladores es el favorecer un sector de la economía, por sobre la salud de las personas, preponderar el derecho al libre comercio, por sobre la protección del interés superior de las personas menores. Enfatizan que no se puede retroceder en las garantías que pesan sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, tomando en cuenta que los derechos no son absolutos y pueden tener limitaciones, ya la Sala Constitucional, ha privilegiado el derecho a la salud sobre al libre comercio y libre competencia, cuando se impugnó la limitación establecida actualmente en el artículo 12 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, que el proyecto de ley 21.745 quiere reformar (hacen mención a la resolución número 6469-97 de las 16:20 horas del 08 de octubre de 1996). Consideran que, es absolutamente irrazonable, desproporcionado y regresivo, aprobar legislación con la existencia de estudios técnicos y científicos que demuestran la gran afectación al ejercicio del derecho a la salud, sobre todo por parte de las personas menores de edad, permitiendo el patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas sin limitación alguna. Violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes: exponen que le corresponde a la Sala Constitucional hacer valer en la vía judicial, las convenciones internacionales de Derechos Humanos, entendiéndose que las personas involucradas, tienen una protección especial a nivel internacional, tal es el caso de las personas y el derecho a la salud, así como de la niñez, bajo el principio de protección del interés superior de las personas menores de edad. Insisten que la legislación que se pretende aprobar mediante el expediente legislativo 21.745, vulnera el derecho a la salud de las personas menores de edad, de conformidad con el derecho de la constitución y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y el mandato expreso de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en su artículo 25. Señalan que este convenio internacional, aprobado mediante decreto legislativo 86-12-A del 01 de noviembre de 2007, ordena al Estado a tomar medidas de prevención contra el alcoholismo, no a promoverlo como supone la propuesta de ley consultada. Exponen que, de aprobarse la propuesta de reforma legal contenida en el expediente 21.745, Costa Rica estaría incumpliendo con sus obligaciones convencionales, desprotegiendo a la niñez y juventud del país de forma absolutamente arbitraria y desproporcionada. Violación de la obligación estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Para” y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: señalan que la afectación por el patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas, no es exclusiva de las personas menores de edad, sino que tiene una especial repercusión en el aumento de la violencia contra las mujeres, lo cual se constató en el oficio CIEM-095-2020 del 06 de julio de 2020, suscrito por la Directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, donde manifestó su oposición y preocupación por la eventual aprobación del expediente 21.745. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres, también manifestó su oposición al proyecto mediante oficio INAMU-PE-0434-2020 del 06 de junio de 2020. En ellos se demuestra que este tipo de publicidad incide directamente en la violencia contra las mujeres, por lo que consideran que el proyecto de ley sería inconstitucional por violentar los convenios señalados, al incumplir el Estado costarricense con su obligación de tomar todas las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, así como fallar en tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Tal y como lo explicó el IAFA en su criterio institucional sobre este proyecto de ley, el consumo de alcohol responde a patrones culturales que son promovidos por la publicidad y el marketing, que son efectivos no solo en el aumento en el consumo del producto, sino también en el comportamiento de los individuos en general. Refieren que, según datos aportados por el INAMU, se constata que, en un solo partido de fútbol, se dio un incremento de hasta 150 casos de violencia intrafamiliar en comparación con los días previos y se indica que "hay contextos que provocan ira, frustración por el penal robado o el consumo de licor que, en conjunto, exacerban las actitudes de abuso de poder y ejercicio de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.". Estiman que Costa Rica estaría retrocediendo en sus políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, debido a que estamos ante una medida que empeora las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia machista, donde se ha demostrado que el fútbol y el alcohol, constituyen disparadores de eventos violentos contra las mujeres, lo que evidentemente viola el principio de progresividad de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres anteriormente citados. Violación del principio de reserva legal tributaria: exponen que este principio consiste en la obligación que tienen los legisladores y legisladoras, de incluir al menos, los elementos esenciales del tributo en la ley, siendo estos: el sujeto pasivo, que es la persona que debe cumplir con la obligación tributaria; la base imponible, que es aquella a partir de la cual se calculará el importe de la obligación, concretándose en los presupuestos legales bajo los cuales pesará la imposición tributaria, esto es el hecho generador, cuya realización constituye el nacimiento de la obligación; y el porcentaje del gravamen. Como parte de las garantías del contribuyente, la ley debe establecer de forma clara y precisa, los elementos esenciales del tributo, de lo contrario, se estaría dejando en manos de las Administraciones Tributarias, la potestad de completar las normas, participando de la creación de un tributo en contra de las competencias constitucionales exclusivas del Poder Legislativo. Exponen que en el caso del proyecto de ley bajo consulta, surge la duda de constitucionalidad, cuando en el primer párrafo del artículo 2 se crea el impuesto al indicar que se establece “un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico”; es decir, se indica expresamente que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por la actividades, eventos o artículos deportivos. No obstante, posteriormente, en el párrafo segundo, cuando se establece la base imponible, se indica: “La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios”. Indican que surge el problema de aplicación de la ley tributaria, debido a que el hecho generador parecieran ser los ingresos derivados sobre las actividades deportivas que se están patrocinando, así como los artículos de venta sobre los cuales recae el patrocinio, y que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por los eventos deportivos o los artículos, situación que es completamente distinta a lo establecido en la base imponible, que se refiere expresamente a que el impuesto recae sobre el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios, no sobre los ingresos generados por las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, por cuanto, no es lo mismo tributar un 6% de los ingresos del evento deportivo en el que se presenta la publicidad, que un 6% del monto pagado por publicad. Por lo anterior, mencionan que tal y como, se redactó el tributo en cuestión, será de imposible aplicación por la falta de armonía entre el hecho generador y la base imponible, que pareciera responden a dos tipos de impuesto completamente distintos, lo que equivaldrá a que la Administración Tributaria deba llenar las lagunas o emitir directrices que terminen incumpliendo necesariamente el mandato legal. Consideran que, el impuesto creado por la iniciativa de ley, es de imposible aplicación, porque no queda claro si lo que se decide gravar es la publicidad como tal o los ingresos generados por la actividad deportiva patrocinada. Aunado a lo anterior, refieren que la recaudación del impuesto será imposible, como se puede observar en el texto del proyecto consultado, donde en el artículo 2 se indica que será la Dirección General de la Tributación la que administre, recaude y fiscalice dicho impuesto; pero al mismo tiempo en el artículo 3, señala que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación será quien administre el impuesto y los recursos serán depositados en sus cuentas. En su criterio, existe una grave contradicción en cuanto a la administración del impuesto, que genera la violación a este principio en mención y genera inseguridad jurídica para los contribuyentes. En cuanto al vicio por la forma, estiman que el proyecto de ley en cuestión debió ser consultado al Patronato Nacional de la Infancia. Aseguran que, mediante moción de fondo aprobada en el segundo día de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se aprobó un texto sustitutivo que incorporó destinos específicos del impuesto creado mediante la propuesta de ley, cuyo artículo 3 inciso d), indica: “ARTÍCULO 3.- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento…d) El uno por ciento (1%) al Icoder, para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar; para el diseño de estas acciones el Icoder deberá coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).”. Por lo anterior, el proyecto en cuestión obliga a dos instituciones autónomas -Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)- a cumplir parte de sus competencias esenciales -prevención de la violencia intrafamilar, según el ámbito que corresponda (género o niñez)-, con el Instituto Costarricense del Deporte, una institución semiautónoma, que no tiene en su ley de creación, competencias relacionadas con la elaboración y ejecución de políticas para prevenir la violencia intrafamiliar. Señalan que, si bien es cierto este tipo de mandatos son parte de los criterios de conveniencia y oportunidad que tiene la Asamblea Legislativa, esta nueva obligación de coordinar con el ICODER para la ejecución de políticas de género y niñez para prevenir la violencia intrafamiliar que forman parte de las competencias esenciales del INAMU y PANI, obligaba a la Asamblea a realizar una consulta obligatoria a estas instituciones, de conformidad con el artículo 190 constitucional, con la finalidad de escuchar sobre las posibles afectaciones o limitaciones que tendrán en la ejecución de las políticas públicas que por ley se les encomendó. Aclaran que no cuestionan el destino específico allí establecido, sino la falta de consulta institucional al PANI al afectar las competencias esenciales de la institución autónoma, debido a que obliga al ICODER a ejecutar políticas públicas que legalmente no le corresponden y que sí le corresponden al PANI, obligándole a su vez, a realizar una coordinación con otro ente para cumplir con sus fines esenciales constitucionales, lo que afecta directamente su autonomía. Estiman que la falta de consulta al PANI contraviene los artículos 55 y 190 de la Constitución Política. En virtud de lo expuesto, consideran que el proyecto de ley contiene vicios constitucionales por el fondo y vicios esenciales de procedimiento.

2.- Por resolución de esta Sala de las 12:29 horas del 29 de octubre de 2021, se tiene por recibida la consulta facultativa, formulada por las diputadas y diputados, y se solicitó al Directorio de la Asamblea Legislativa la remisión del expediente legislativo número 21.745 o bien copia certificada del mismo.

3.- Mediante resolución de las 10:46 horas del 03 de noviembre de 2021, se tiene por recibida la copia certificada del expediente legislativo solicitado, asignándose el expediente a la Magistrada Nancy Hernández López, a quien por turno le corresponde, fecha a partir de la cual corre el plazo del mes calendario, por lo que la consulta vence el 03 de diciembre del año en curso.

4.- En el proceso se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Aspectos preliminares sobre el alcance de los pronunciamientos de la Sala en materia de consultas facultativas. El primer punto que hay que aclarar es que la Sala Constitucional en materia de consultas facultativas, de acuerdo con su reiterada jurisprudencia, únicamente se pronuncia sobre los temas consultados, no sobre la totalidad del proyecto de ley, de tal forma que no puede interpretarse más allá de ese alcance, o bien que existe una especie de aval al proyecto de ley consultado en aquello que no exista pronunciamiento. En efecto, la Sala no se pronuncia sobre los aspectos de oportunidad y conveniencia de los proyectos de ley, materia reservada al legislador, ni tampoco se pronuncia sobre los extremos no consultados. De tal forma que bien pueden existir roces con la Constitución en un determinado proyecto de ley, sobre los que no se consultó. Naturalmente que, para esos aspectos, de existir, queda abierta la vía de control judicial posterior, que es la acción de inconstitucionalidad, para garantizar la supremacía de la Constitución Política. (En ese sentido véanse las sentencias números 2001-11643, 2001-12459, 2012-9253, 2019-9220, entre otras).

II.- Sobre la admisibilidad de la consulta. Para efectos de la admisibilidad de esta consulta, es importante recordar que la tramitación ordinaria de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 96 inciso b) y 98, exige dos requisitos indispensables para efectuar la consulta facultativa de constitucionalidad -diez firmas de los Diputados y Diputadas y la interposición de la consulta después de aprobado el proyecto en primer debate y antes de serlo en segundo-, para el caso de leyes ordinarias como la que se consulta en esta ocasión.

Se verifica que la presente consulta reúne los requisitos de admisibilidad al haber sido suscrita por 11 diputadas y diputados al momento de su admisibilidad y acreditarse que ha recibido el primer debate, tal y como consta en el expediente legislativo n.° 21.745, que fue aprobado en primer debate, en la sesión legislativa n.° 57 del 26 de octubre de 2021, con 22 votos a favor y 16 en contra (folio 1006, del tomo V de la copia certificada del expediente legislativo adjunto).

Asimismo, se advierte que, aunque recientemente este Tribunal evacuó una consulta legislativa en un tema similar al objeto de estudio mediante sentencia n.° 2021-9111, de las 13:15 horas del 5 de mayo de 2021, dicho pronunciamiento correspondió a un expediente legislativo diferente, el n.° 21.663, denominado “Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional”. De manera que, el expediente n.° 21.745, denominado "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento", es consultado en esta jurisdicción por primera vez.

En consecuencia, la consulta facultativa de constitucionalidad cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III.- Generalidades del expediente legislativo n.° 21.745. La propuesta legislativa objeto de estudio ha tenido la siguiente tramitación en sede legislativa:

  • a)El proyecto consultado fue recibido en la Secretaría del Directorio el 10 de diciembre de 2019 (folio 1).
  • b)El 10 de diciembre de 2019, se asigna el expediente para conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (folio 11).
  • c)El 17 de diciembre de 2019, se da traslado al Departamento de Archivo (folio 12).
  • d)El 17 de diciembre de 2019, el Departamento de Archivo remite este expediente a la Imprenta Nacional para su publicación (folio 19).
  • e)El 21 de mayo de 2020, se recibe el proyecto de ley en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios (folio 21).
  • f)El proyecto fue publicado en el Alcance 285 del Diario Oficial La Gaceta 242, del 19 de diciembre de 2019, momento para el cual constaba únicamente de dos artículos, el primero relativo a la reforma del artículo 12 de la Ley n.° 9047, de 25 de junio de 2012, “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, permitiendo el patrocinio deportivo por parte de las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas con contenido alcohólico a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte; y el segundo, mediante el cual se establecía un impuesto del 5% del valor de los contratos de publicidad de este tipo, destinándolos a la creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento, lo cual, se constata en la siguiente dirección de la web: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/12/19/ALCA285_19_12_2019.pdf g) En la sesión extraordinaria n.° 1 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, se asignó el estudio de este expediente a la subcomisión n.° 1 (folio 27).
  • h)El 26 de mayo de 2020, el director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea indicó que este proyecto de ley no tenía consultas obligatorias (folio 29).
  • i)En la sesión extraordinaria n.° 2 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, se indicó que el plazo de las subcomisiones asignadas era de 30 días (folio 33).
  • j)Por oficio PRES-AL-ENCS-44-2020 del 3 de junio de 2020, la Presidencia de la Asamblea Legislativa autorizó el traslado del expediente 21.745 de la agenda de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios a la Comisión de Asuntos Económicos, lo cual se materializó el 5 de junio siguiente (folios 36 y 37).
  • k)En la sesión ordinaria n.° 05 del 16 de junio de 2020, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobó dos mociones para que el proyecto en estudio fuera consultado a las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Centro de Investigación y Estudio de la Mujer (CIEM), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Comité Olímpico Nacional, Tesorero Nacional, Contraloría General de la República, Dirección General de Tributación Directa, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Gobernación y Policía y Ministerio de Seguridad Pública (folios 62 y 63).
  • l)Por oficio AL-DEST- IJU -165-2020 del 25 de junio de 2020, se rindió el informe jurídico de este expediente legislativo (folios 166 a 169 de la copia remitida a este Tribunal, y en el expediente digital).
  • m)En la sesión n.° 13 del 8 de setiembre de 2020, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobó el Informe de la Subcomisión, una moción de texto sustitutivo, y dispuso su publicación y consulta a las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Ministerio de Hacienda, INAMU, IAFA, Ministerio de Salud, ICODER, Dirección General de Tributación, Cámara de Comunicación Comercial (CAMCO), Unión de Clubes de Primera División (UNAFUT) y al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (folios 161, 238 y 239).
  • n)El texto sustitutivo de dos artículos, se publicó en el Alcance 248 del Diario Oficial La Gaceta 233, del 21 de setiembre de 2020 (folio 322).
  • o)En sesión plenaria ordinaria n.° 56 del 21 de octubre de 2021, se aprobó una redacción final con 2 mociones vía artículo 148 bis, retroacción (folios 919 a 957).
  • p)En sesión plenaria ordinaria n.° 57 del 26 de octubre de 2021, se aprobó en primer debate el proyecto de ley tramitado en el expediente n.° 21.745, con un texto de tres artículos y un transitorio único, adicionados por mociones de fondo, con 22 votos a favor y 16 en contra, de los 38 diputados y diputadas presentes (folios 985 al 1006).
  • q)El 28 de octubre de 2021, la Comisión Permanente de Redacción remite a la Secretaría del Directorio la redacción final del texto de este proyecto legislativo (folio 1045).

La iniciativa en cuestión fue justificada en que, actualmente, la tecnología como elemento de crecimiento financiero ha generado un cambio en la forma en que deben hacerse los negocios y el desarrollo de emprendimientos, entre ellos el manejo de la publicidad y patrocinios en distintas actividades deportivas. En la exposición de motivos se advierte que en Costa Rica existe una prohibición absoluta para que estos patrocinios y publicidad en actividades deportivas puedan realizarse por empresas comerciales que ostenten la representación de marcas de bebidas con contenido alcohólico generando esto un desmejoramiento de los ingresos que podrían recibirse por este concepto. Se indica que la publicidad y patrocinios en el deporte se constituye como una inversión cuantiosa, relevante e importante que fortalece esta industria, ya que estos dineros que se perciben por estos rubros se traducen en mejores condiciones para desarrollar el deporte incluyendo aspectos de alimentación de los deportistas, la infraestructura para la práctica de la actividad deportiva, así como el fortalecimiento de los programas que se desarrollan con niños y jóvenes para incentivar que practiquen actividades deportivas. El deporte de alto rendimiento no ha tenido estabilidad en la asignación de recursos para la preparación adecuada de los atletas, ni ha contado con la infraestructura deportiva para el mejor desarrollo de sus habilidades, por lo que, esta iniciativa busca generar recursos para que sean destinados exclusivamente para la adquisición, contratación de bienes y servicios destinados al equipamiento y logística de los deportistas que participen en el ciclo olímpico.

A fin de complementar la justificación dada, se cita a continuación la propuesta legislativa inicial:

“ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 12 de la Ley N.° 9047, de 25 de junio de 2012, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 12- Publicidad comercial El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de previo a la divulgación de la publicidad.

Se permite el patrocinio deportivo por parte de las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas con contenido alcohólico a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte.

Este patrocinio podrá ser utilizado en las marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva. Asimismo, podrá patrocinar todo tipo de actividades, deportivas recreativas o culturales.

Será prohibido el uso de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad, rotulación de uniformes y actividades deportivas, recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.

ARTÍCULO 2- Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento 1- Créase el Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar a los deportistas de alto rendimiento.

El Comité Olímpico Nacional será el encargado de la administración de los recursos del Fondo. Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta ley, las políticas y estrategia de apoyo que establezca el Estado.

El Fondo será financiado con recursos de las siguientes fuentes:

  • a)Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a favor del Fondo.
  • b)Una contribución especial que recaerá sobre los recursos pagados por servicios de publicidad, propaganda o patrocinio en actividades, eventos, artículos deportivos de las personas físicas o jurídicas que produzcan, comercialicen o distribuyan bebidas con contenido alcohólico.

Los recursos del Fondo serán destinados exclusivamente para la adquisición, contratación de bienes y servicios destinados a la construcción de infraestructura y equipamiento de inmuebles deportivos, así como la contratación de bienes y servicios, el equipamiento y logística de los deportistas que participen en el ciclo olímpico.

La administración de los recursos del Fondo estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los mecanismos de control interno que se dispongan legal y reglamentariamente.

La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los dineros recaudados en una cuenta separada a nombre del Comité Olímpico Nacional y dentro de los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a dicha cuenta según la programación de desembolsos que establezcan junto con el Comité. La recaudación de esta contribución no tendrá un destino ajeno a la financiación de los programas que constituyen la razón de ser y no podrán ser utilizados para gastos administrativos de ninguna índole.

2- Se establece una contribución especial de un cinco por ciento (5%) sobre los ingresos de las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con esta contribución especial.

La base imponible sobre la cual se calculará la contribución especial establecida en este apartado será el valor económico establecido en los contratos o convenios correspondiente por las operaciones de publicidad, propaganda, patrocinio sujetas a esta contribución especial.

El contribuyente de este tributo es el anunciante, se entiende por anunciante la persona física o jurídica cuyo producto o actividad comercial se beneficia comercialmente con la publicidad, propaganda y patrocinio.

Podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción y retención, las personas jurídicas que otorguen el derecho de realizar la publicidad en sus eventos, instalaciones o implementos deportivos.

La administración y fiscalización de este tributo corresponden a la Dirección General de la Tributación Directa. Los pagos del tributo deben hacerse en la forma y lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Serán aplicables a los contribuyentes y a los agentes de retención o percepción del tributo las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el título III, todos de la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.

En lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755. De igual forma este Código se aplicará en lo referente a sanciones y procesos disciplinarios.” III.- Sobre el objeto de la consulta. Para una mejor comprensión del estudio de esta consulta, se cita el texto final aprobado del proyecto de ley n.° 21.745, que establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 12 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. El texto es el siguiente:

Artículo 12- Publicidad comercial El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará previo a la divulgación de la publicidad.

Se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de las empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de estas bebidas con contenido alcohólico, a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo.

Este patrocinio podrá ser utilizado por las marcas o los nombres de bebidas con contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes.

Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en uniformes deportivos y actividades deportivas de ligas menores.

El patrocinador deberá obtener el permiso para el patrocinio ante el Ministerio de Salud, para lo cual deberá encontrarse al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y en el pago de sus tributos ante el Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 2- Se establece un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto. El contrato puede ser anual o mensual.

La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios.

El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona física o jurídica cuyo producto o actividad comercial se beneficia comercialmente con la publicidad, propaganda y el patrocinio.

También podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción y retención, las personas físicas o jurídicas que otorguen el derecho de realizar la publicidad en sus eventos, instalaciones o implementos deportivos.

La administración, recaudación y fiscalización de este tributo corresponden a la Dirección General de Tributación. Los pagos del tributo deben realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al pago por publicidad, en la forma y los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Serán aplicables a los contribuyentes y a los agentes de retención o percepción del tributo las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el título III, todos de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.

ARTÍCULO 3- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento.

Se crea el Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar a los deportistas de alto rendimiento.

El Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) será el encargado de la administración de los recursos del Fondo. Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta ley, las políticas y la estrategia de apoyo que establezca el Estado, la normativa vigente en materia de administración de recursos públicos y de legalidad presupuestaria, así como los principios de sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

El Fondo será financiado con recursos de las siguientes fuentes:

  • a)Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a favor del Fondo.
  • b)Un impuesto que recaerá sobre los recursos pagados por contratos de servicios de publicidad, propagandas o patrocinio en actividades, eventos, artículos deportivos de las personas físicas o jurídicas que produzcan, comercialicen o distribuyan bebidas con contenido alcohólico. Los recursos correspondientes a este impuesto deberán ser incorporados y aprobados en el presupuesto de la República.

Los recursos a los que se refieren los incisos a) y b) serán depositados en las cuentas del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y serán administrados mediante una cuenta separada, una vez cumplido el bloque de legalidad presupuestario, el Icoder distribuirá los recursos de la siguiente forma:

  • a)El tres por ciento (3%) al Comité Olímpico de Costa Rica.
  • b)El uno por ciento (1%) a los comités cantonales de deporte.
  • c)El uno por ciento (1%) al Comité Paralímpico Nacional.
  • d)El uno por ciento (1%) al Icoder, para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar; para el diseño de estas acciones el Icoder deberá coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Las instituciones beneficiarias destinarán, en forma exclusiva, los recursos para la adquisición, contratación de bienes y servicios destinados a la construcción de infraestructura y equipamiento de inmuebles deportivos, así como la contratación de bienes y servicios, el equipamiento y la logística de los deportistas que participen en el ciclo olímpico y no podrán ser utilizados para gastos administrativos de ninguna índole.

El Icoder deberá verificar que los recursos que conforman el Fondo estén siendo ejecutados y se destinen según la finalidad o necesidad pública que se busca satisfacer.

En lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971. De igual forma, este Código se aplicará en lo referente a sanciones y procesos disciplinarios.

TRANSITORIO ÚNICO- El Ministerio de Salud tendrá seis meses para implementar el procedimiento.”

Respecto de esta iniciativa, los legisladores plantean seis vicios en relación con el fondo del proyecto de ley en cuestión y un presunto vicio de procedimiento. Dado que los efectos que producen los pronunciamientos de esta jurisdicción difieren tratándose de un vicio de procedimiento o de fondo conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se considera pertinente entrar a conocer como primer aspecto el acusado vicio de procedimiento, a pesar del orden de los alegatos planteados por los diputados y diputadas consultantes.

En relación con la forma, los legisladores consultantes señalan que el proyecto de ley no fue consultado al Patronato Nacional de la Infancia, según los artículos 55 y 190 constitucionales, a pesar de que, en el artículo 3, se obliga a dos instituciones autónomas -Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Patronato Nacional de la Infancia (PANI)-, a coordinar con el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), una de sus competencias esenciales, la ejecución de políticas de género y niñez para prevenir la violencia intrafamiliar.

Respecto el fondo, los legisladores consultantes exponen que el proyecto de ley podría vulnerar:

  • 1)El derecho a la salud, por cuanto refieren que los estudios nacionales e internaciones sobre el consumo y publicidad del alcohol, revelan que esta última tiene efectos directos sobre el consumo temprano del alcohol y promueve con mayor efectividad a la juventud a consumir este tipo de drogas, lesionándose con ello el derecho a la salud integral de las personas menores de edad.
  • 2)El interés superior del menor, dado que, este proyecto ley autoriza la publicidad del alcohol en el deporte, a pesar de que existen diversos estudios internacionales que desarrollan el impacto negativo que esta produce en el deporte respecto de la niñez, la juventud y la violencia intra-familiar, afectando directamente su la salud. Advierten que, resulta paradójico que sea el deporte el que termine incentivando el consumo y la cultura de consumo de drogas nocivas para la salud, lo cual consideran, no solo contrario al interés superior de las personas menores de edad, sino un retroceso en materia de protección y derecho de la niñez y la juventud.
  • 3)El principio de progresividad de los derechos fundamentales, de razonabilidad y proporcionalidad, pues aducen que el proyecto consultado no contempla una sola medida de compensación o restricción sobre la publicidad que se estaría habilitando. Estiman que carece de proporcionalidad, debido a que, el proyecto de ley cuestionado solo contiene estudios que demuestran sus impactos negativos; sin embargo, no fueron siquiera tomados en cuenta por los legisladores. Tampoco fueron contempladas medidas para compensar los daños, únicamente pretendieron favorecer el sector económico, por encima de la salud de las personas.
  • 4)La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ya que, al aprobar este expediente legislativo, se estarían incumpliendo con las obligaciones convencionales, desprotegiendo a la niñez y juventud del país de forma absolutamente arbitraria y desproporcionada.
  • 5)La Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dado que este proyecto de ley pretende autorizar el patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas, a pesar de que este tiene una especial repercusión en el aumento de la violencia contra las mujeres, lo cual consideran violenta los convenios señalados, pues no solo se incumple la obligación de tomar todas las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, sino que también omite adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que promueven la violencia.
  • 6)El principio de reserva legal tributaria, toda vez que afirman existe un problema en la aplicación de la ley tributaria, debido a la contradicción que se produce entre el hecho generador y la base imponible del artículo 2 del proyecto consultado, lo que imposibilitará su aplicación, al no establecer claramente lo que decide gravar (el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios de un evento deportivo; o los ingresos totales generados por el evento deportivo en el que se realiza la publicidad). Además, refieren que, en el texto del proyecto consultado, en principio menciona que es la Dirección General de la Tributación quien administrará, recaudará y fiscalizará dicho impuesto; no obstante, posteriormente, indica que es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación quien administrará el impuesto y los recursos serán depositados en sus cuentas.

IV.- Sobre el vicio de procedimiento alegado. Se cuestionan los legisladores consultantes si el proyecto de ley en estudio debió o no ser consultado al Patronato Nacional de la Infancia, según los artículos 55 y 190 constitucionales, dado que, en el artículo 3, se obliga a dos instituciones autónomas -Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Patronato Nacional de la Infancia (PANI)-, a coordinar con el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), una de sus competencias esenciales, referida a la ejecución de políticas de género y niñez para prevenir la violencia intrafamiliar. Del iter procesal señalado en el considerando II de esta sentencia, se desprende claramente que, si bien en la sesión ordinaria n.° 05 del 16 de junio de 2020, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobó dos mociones para que el proyecto en estudio fuera consultado a varias instituciones, entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia, lo cierto es que el texto del proyecto, para ese momento, contaba únicamente con 2 artículos y no existía la norma que se cuestiona. No fue sino, estando en Plenario que, mediante aprobación de la moción de fondo n.° 5, en la sesión ordinaria n.° 56 del 21 de octubre de 2021, fue incorporado el artículo 3 objeto de consulta (folios 938 al 943 del tomo V de la copia certificada del expediente legislativo adjunto), luego de lo cual no se dispuso consulta institucional adicional alguna, sino que, posteriormente -el 26 de octubre de 2021-, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate. Confirmado lo anterior, lo procedente ahora es determinar, si en efecto tal disposición debió ser consultada o no al Patronato Nacional de la Infancia antes de su aprobación en primer debate. El artículo 190 de la Constitución Política establece que “Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla”. En sentencia n.° 2018-19511 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018, este Tribunal se refirió en relación con el artículo 190 constitucional en el siguiente sentido:

“…Allende de lo expuesto y en referencia a la competencia legislativa para regular materias asignadas a una institución autónoma en general, de la discusión del artículo 190 en la Asamblea Nacional Constituyente del 49 queda clara la competencia del Parlamento para regular las competencias de las instituciones autónomas. En efecto, conviene recordar que la Fracción Social Demócrata planteó, como parte del título relativo a las instituciones autónomas, la siguiente propuesta normativa:

“(…) No podrá discutirse en la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley relativo a materias encomendadas a una Institución Autónoma, sin que la respectiva Institución haya rendido dictamen al respecto. Dicho dictamen deberá incluirse y publicarse, obligatoriamente, como uno de los considerandos de la ley que se apruebe”. (A.A.C.: tomo III; pág. 465).

Nótese que ya no se propone lo relativo a la mayoría calificada para la aprobación del proyecto de ley cuando exista criterio negativo de la institución. Al parecer, las votaciones adversas de la Asamblea Nacional Constituyente en los casos de la Universidad y el Organismo Técnico encargado de determinar la unidad monetaria, disuadieron a los miembros de la Fracción Social Demócrata de presentar esa iniciativa. Las razones de este numeral las ofrece Facio Brenes, quien expresa: “(…) mediante él lo que se busca es obligar el cuerpo esencialmente político que es el Congreso, a escuchar la voz de las instituciones autónomas en aquellos asuntos que las afectan”. (A.A.C.N.: tomo III; p. 467). Los motivos por las que tal norma no fue aprobada en la forma propuesta fueron:

“Los representantes Arroyo, Vargas, Fernández y Esquivel se manifestaron en desacuerdo. El primero expresó que no era posible continuar restándole atribuciones a la Asamblea Legislativa, obligándola a consultar todas las instituciones autónomas del estado. La Asamblea integra de su seno, distintas comisiones que tiene la obligación de consultar y documentarse en la debida forma respecto a asuntos que le son encomendados. Si se presenta un proyecto de ley relacionado con una institución autónoma es lógico que se consultará a esos organismos. El segundo indicó que la moción en debate introduce un nuevo sistema, ya que, si una institución autónoma no rinde el dictamen respectivo, la Asamblea Legislativa no podrá conocer el proyecto de ley. El tercero manifestó, que no votará ninguna moción que venga en detrimento de las facultades de la Asamblea Legislativa, la máxima representación del pueblo en nuestro sistema político, obligándola hasta incluir en los considerandos de la ley que se apruebe, el Dictamen de la Institución Autónoma” (A.A.N.C.: tomo III; p.473).

A raíz de ello, el representante Chacón Jinesta sugirió una nueva redacción: “para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución Autónoma, la Asamblea Legislativa deberá oír la opinión de aquella” (A.A.N.C.: tomo III, p. 473). El diputado F.B., a nombre de su compañero, decidió retirar la moción y en definitiva se votó la propuesta del diputado C.J.

De la anterior discusión se concluye, que los redactores de la Constitución Política actual tuvieron bien claro que las materias sujetas a la competencia de las instituciones autónomas podían ser objeto de regulación por parte de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando se les consultara.” (El resaltado no es del original).

En correlación con lo anterior, este Tribunal también ha señalado que tal consulta resulta imperativa a la institución autónoma, cuando el proyecto de ley en cuestión afecte sus competencias esenciales, lo que no significa que todo proyecto de ley o cualquier modificación relacionada con una institución autónoma mediante una iniciativa legislativa deba ser consultada. Únicamente cuando afecte aquellos aspectos referidos a su constitución o estructura orgánica, o bien, los relativos al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas. Así lo indicó esta Sala en la sentencia n.° 2014-7914 de las 9:15 horas de 6 de junio de 2014, reiterada en la 2020-008848 de las 9:20 horas de 13 de mayo de 2020, en el siguiente sentido:

“…Sobre la falta de consulta obligatoria establecida en el artículo 190 Constitucional. Si bien es cierto reiterada jurisprudencia de esta Sala ha señalado que (véanse las resoluciones números Sentencia 2012-02675 y 2008-004569) antes de la aprobación legislativa de un proyecto de ley relativo a una institución autónoma la Asamblea Legislativa debe oír la opinión de esta. Lo anterior, claro está, no significa que todo proyecto de ley o cualquier modificación relacionada con una institución autónoma mediante un proyecto de ley deba ser consultado a esta, sino, solamente, aquellos aspectos referidos a su constitución o estructura orgánica, o bien, los relativos al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas. En este caso, la reforma introducida a la forma de distribución de las instituciones beneficiarias de un impuesto, no tiene relación ni con la estructura orgánica del IFAM, ni tampoco con sus competencias. Si bien es cierto tiene relación con sus fuentes de financiamiento, el legislador ordinario es competente y soberano para varias los destinos específicos de los ingresos tributarios. Por lo tanto, en este caso, no aplicaba la obligada consulta al IFAM, como parte del procedimiento parlamentario…” Lo expuesto anteriormente amerita entrar a revisar el marco competencial del Patronato Nacional de la Infancia, a los efectos de determinar, si en efecto, lo dispuesto en el artículo 3 consultado afecta o no aquellos aspectos referidos a su constitución o estructura orgánica, o bien, los relativos al ámbito esencial de sus competencias. El artículo 55 de la Constitución Política señala que "La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado." Por su parte, el artículo 1° de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, dispone que el PANI es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Conforme lo dispuesto en el artículo 2, esta institución se rige por los siguientes principios:

“a) La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

  • b)El interés superior de la persona menor de edad.
  • c)La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano.
  • d)La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.
  • e)La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientan el quehacer institucional.” Asimismo, conforme lo dispone el artículo 3 de esa misma ley, entre sus fines podemos citar los siguientes:

"... f) Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la familia, la educación, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República.

  • g)Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.
  • h)Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad…
  • k)Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.
  • l)Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las políticas en materia de infancia, adolescencia y familia…
  • n)Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta con las instituciones respectivas, con el objeto de erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionen su integridad.” (El resaltado no es del original).

A fin de dar cumplimiento a esos fines, en el artículo 4, la ley le asigna las siguientes atribuciones de interés:

“f) Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y privadas como a la sociedad civil que los requieran…

  • h)Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño…
  • j)Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y adolescencia…
  • p)Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades vinculadas con la atención de las personas menores de edad…
  • v)Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación vigente sobre la materia.” Ahora bien, el artículo 3 consultado, en lo que interesa dispone:

“ARTÍCULO 3- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento.

Se crea el Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar a los deportistas de alto rendimiento.

El Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) será el encargado de la administración de los recursos del Fondo. Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta ley, las políticas y la estrategia de apoyo que establezca el Estado, la normativa vigente en materia de administración de recursos públicos y de legalidad presupuestaria, así como los principios de sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

El Fondo será financiado con recursos de las siguientes fuentes:

…Los recursos a los que se refieren los incisos a) y b) serán depositados en las cuentas del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y serán administrados mediante una cuenta separada, una vez cumplido el bloque de legalidad presupuestario, el Icoder distribuirá los recursos de la siguiente forma:

  • a)El tres por ciento (3%) al Comité Olímpico de Costa Rica.
  • b)El uno por ciento (1%) a los comités cantonales de deporte.
  • c)El uno por ciento (1%) al Comité Paralímpico Nacional.
  • d)El uno por ciento (1%) al Icoder, para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar; para el diseño de estas acciones el Icoder deberá coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)…” En criterio de los y las diputadas consultantes, esta norma debió ser consultada al Patronato Nacional de la Infancia, en tanto se le obliga a coordinar con el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), una de sus competencias esenciales, referida a la ejecución de políticas de género y niñez para prevenir la violencia intrafamiliar. No obstante, tal deber de coordinación con otras instituciones públicas de cualquiera de sus políticas o competencias, no es un aspecto innovador de esta iniciativa legislativa, toda vez que conforme lo supra señalado, la misma Constitución Política en el artículo 55 dispone que "La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado." Igualmente, los fines y atribuciones supra señalados por la propia Ley Orgánica del PANI, así lo refuerza, en particular el artículo 37, que indica lo siguiente:

“ARTICULO 37.- Obligación de colaborar Para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, las instituciones y los órganos gubernamentales quedan obligados a coadyuvar, en las áreas de su competencia, con el Patronato Nacional de la Infancia en la atención integral de la niñez y la adolescencia cuando este lo solicite para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.

Los órganos e instituciones del Estado deberán prestarle al Patronato Nacional de la Infancia, colaboración en las áreas de su competencia cuando la Institución se la solicite, para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.” Corolario de lo expuesto, este Tribunal no considera que la norma consultada afecte las competencias esenciales del Patronato Nacional de la Infancia, por lo que, el no haberle sido consultada de previo a la aprobación del proyecto de ley, no conlleva vicio de procedimiento alguno.

V.- Sobre los criterios institucionales respecto del proyecto de ley. Visto que la mayoría de los alegatos aquí planteados están relacionados con los criterios institucionales y técnicos que constan en el expediente legislativo, se considera oportuno hacer una breve referencia a estos, de previo a analizar cada uno de los argumentos de los y las diputadas consultantes.

  • a)El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, por oficio DG-0544-06-2020 (visible a folio 93 del expediente legislativo), rindió un criterio negativo respecto del proyecto de ley, señalando que, de llegarse a aprobar, este violentaría el derecho a la salud de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, por carecer de fundamentación y respaldo técnico, toda vez que existen criterios técnicos científicos que avalan y proponen la prohibición de publicidad con contenido alcohólico. Literalmente, señala:

"[e]l Estado debe velar por la salud de su población, lo cual no es compatible con que el propio Estado permita el patrocinio en actividades deportivas, ya que estaría incumpliendo con su deber, además con su planteamiento no hay garantía que las PME no sean destinatarias de la publicidad comercial, por el contrario el permitir una reforma de este tipo, sería exponer de manera constante a las PME a publicidad de bebidas con contenido alcohólico, contrario a los postulados de los entes internacionales expertos en la materia, tal y como se indicará a continuación… III. El proyecto de ley tiene un corte inminentemente económico, antepone los intereses de la empresa privada sobre el interés general de la población y por encima del derecho a la salud de los seres humanos, al apoyar un proyecto de este tipo se desconocerían los logros que el país ha alcanzado en este campo y vulnerar los derechos de la población. Costa Rica es un país miembro de la Organización Mundial de Salud (OMS), muchas de las medidas preventivas, dirigidas a la disminución del consumo de alcohol, obedecen a recomendaciones emitidas por tal órgano, que tiene como objetivo construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo. De manera que el tomar medidas que venga a revertir los logros en el campo de salud, podría verse como un incumplimiento del país respecto a los compromisos asumidos, como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por ende de la OMS. El exponer a la población a más publicidad de bebidas con contenido alcohólico indudablemente va a disparar la demanda de servicios de salud, no existiendo en el proyecto de ley una medida administrativa para reforzar a las instituciones prestadoras de estos servicios, pese a la eminente afectación que sufrirían…Mientras que los expertos en la materia como la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), históricamente han reiterado la necesidad de mantener lejos a la industria del alcohol y una restricción absoluta de la publicidad, recomendaciones que Costa Rica ha tratado de seguir y debería ser visto como un mérito nacional, del cual se demuestra el interés del Estado de cuidar la salud de sus ciudadanos.

VI. Criterios científicos avalan y proponen la prohibición de publicidad de bebidas con contenido alcohólico

Algunos estudios científicos Anderson, P., De Brujim, A., Angus, K., Gordon, R. and Hastings, G. y Smith, L.A. and Foxcroft, D.R. concluyeron que la exposición a la publicidad de bebidas con contenido alcohólico y su comercialización tienen como consecuencia el aumento de la probabilidad que las personas menores de edad las consuman, así como un consumo a una edad más temprana. Al respecto la Organización Panamericana de la Salud señaló:

"(...) la publicidad de bebidas alcohólicas recalca los aspectos deseables de la bebida, pasa por alto el riesgo de su consumo a nivel individual y de salud pública, y puede socavar los objetivos de prevención (WHO, 2004b). Por consiguiente, una estrategia integral para reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes debe incluir restricciones de la publicidad (...). Los patrocinios que realizan empresas ligadas a la comercialización de alcohol de actividades deportivas, conciertos y actos culturales constituyen una parte importante de su marketing y promoción (…)

Según la OM S, el marketing del alcohol también refuerza las actitudes culturales que promueven la bebida, la restricción de estas prácticas podría repercutir en los patrones de consumo de toda la población en conjunto. Las restricciones parciales y la autorreglamentación de la industria son las formas más habituales de control en las Américas, pero las restricciones parciales son difíciles de hacer cumplir, sobre todo en los nuevos entornos de comunicación como las redes sociales, y en muchos casos se infringen las medidas autonormativas o los gobiernos no obligan a cumplirlas, de modo que no han resultado eficaces. Las actividades mercado técnicas son especialmente difíciles de contrarrestar por los enormes recursos económicos que posee la industria del alcohol. En el 2011, cinco empresas declararon haber gastado 5.500 millones de dólares estadounidenses solo en publicidad tradicional, es improbable que ningún país de la Región pueda dedicar suficientes recursos a contrarrestar el poder económico de la industria…La recomendación de la Organización Mundial de la Salud internacional es que, si se pretende beneficiar al deporte con ingresos nuevos, la única medida correcta es aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas. En todo caso, las políticas de precios inciden directamente con una disminución en las prevalencias de consumo, toda vez que los consumidores, especialmente los grandes bebedores y los jóvenes, son sensibles a las variaciones de los precios de las bebidas alcohólicas. Esta es una de las mejores medidas costo-efectivas; no presenta costos y sí muchos beneficios para la sociedad. Como se visualizará más adelante, se tiene certeza científica que una de las poblaciones más afectadas por el mercadeo, publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico son los adolescentes, porque en ellos el consumo de alcohol muestra tres vulnerabilidades distintivas indicadas por Penchmann: la impulsividad; la auto conciencia y la duda de sí mismo; y; el riesgo elevado de uso del alcohol, incluyendo el comportamiento impulsivo indican que se tiene la certeza que los primeros estudios que buscaron la relación existente entre la publicidad del alcohol y la juventud tendieron a descansar sobre una base teórica simple: la exposición a la publicidad del alcohol influye en el comportamiento de los jóvenes para aumentar el consumo de alcohol. Sin embargo, ambos autores demuestran que estudios más recientes no solamente amplían esa base teórica, sino que además señalan la importancia de la publicidad del alcohol en la formación de actitudes, percepciones y expectativas de los jóvenes sobre el consumo de alcohol, elementos que precisamente influyen en las decisiones de los jóvenes, tanto para iniciar su consumo de alcohol como para presentar patrones de ingesta más regulares. Esta influencia se intensifica debido a que la publicidad de bebidas alcohólicas incorpora comúnmente componentes atractivos para los jóvenes, como humor, música de moda, aspectos tecnológicos innovadores, elementos de fiesta, relaciones equivocadas entre pasarla bien y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Lo que sin lugar a dudas refuerza la hipótesis que la exposición a la publicidad del alcohol y las reacciones afectivas a los anuncios en televisión influyen en el consumo de alcohol y el desarrollo de problemas relacionados con el alcohol. El proyecto de ley demuestra que su intención es la promoción y el consumo de bebidas alcohólicas, porque no solo se pretende autorizar publicidad de alcohol en deportes sino en eventos de todo tipo. Es preocupante la indiferencia y descuido hacia la salud y el bienestar público, al hacer caso omiso de los costos personales, familiares y sociales que implica el consumo de alcohol, especialmente el consumo nocivo.

El presente proyecto no cumple con los requisitos de salud como derecho fundamental, ni atiende la prevención primaria ni la prevención secundaria del problema de la salud pública del consumo de alcohol; porque aborda una temática únicamente desde la perspectiva económica de los empresarios, razones por las cuales manifestamos nuestra total oposición a la intención de derogar la normativa que regula estas materias desde la perspectiva de salud pública como la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley N° 9047, y su reglamento, para ser modificada por intereses económicos, lo cual es contrario a lo ha señalado por la Sala Constitucional. En concordancia con nuestro criterio la Organización Mundial de la Salud (OM S) afirma: "La regulación de la comercialización del alcohol se ha destacado como una de las "mejores inversiones" para reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol; en los daños se incluyen las enfermedades físicas, mentales, accidentes de tránsito, violencia interpersonal y enfermedades no transmisibles (ENTs).” b) En oficio DFOE-PG-0353 del 24 de julio de 2020 (folio 114), la Contraloría General de la República Contraloría se opuso al proyecto de ley, por cuanto se asignaba la administración del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento al Comité Olímpico Nacional (CON), el cual es un sujeto de naturaleza jurídica privada. Señaló, además, que “se está ante la presencia de la creación de un nuevo destino específico, figura sobre la cual esta Contraloría ha desplegado una posición de alerta ante la rigidez presupuestaria que ocasiona en el presupuesto de gastos del Gobierno Central y compromete su flexibilidad para la atención de las necesidades de la ciudadanía. No se establece en la propuesta una aplicación del criterio de temporalidad que permita cuantificar en forma periódica la pertinencia del destino específico y la respuesta a los principios de gasto público y a parámetros de razonabilidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal.” Finalmente, recomendó consultar la propuesta de ley a las instituciones que, por su especialidad en la materia, tienen una participación activa en la temática; para que así se lograra acreditar que lo propuesto no se contrapone con las políticas sobre salud pública o incluso que no se interprete de forma equivocada al deporte en la promoción del consumo de bebidas alcohólicas.

  • c)Por oficio CON-CRC-253-2020 del 29 de junio de 2020, el Comité Olímpico de Costa Rica, rindió su criterio (folio 131), señalando, entre otras cosas, lo siguiente:

“…No es posible controlar al sujeto que observa la publicidad una vez liberada o transmitida, por ejemplo: Un evento deportivo de trascendencia internacional en el cual se observen vallas publicitarias en el escenario o logotipos de empresas de producción de bebidas de este tipo, llega a todo tipo de público, sin capacidad de discriminación alguna, lo que implica que niños, adultos o adultos mayores son expuestos a las imágenes o sonidos de la transmisión, sea este internacional o local. Pero, si es posible impactar el mundo deportivo con los recursos que de esa publicidad se obtengan. La publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos ya impacta nuestro medio, sin que nuestro medio se beneficie de ello.” Cuestiona las potestades de regulación previa conferidas al Ministerio de Salud, por dos aspectos: a) desnaturaliza la función esencial del ministerio y le incorpora una función eminentemente comercial que no le corresponde, por lo que, considera debe asignarse a otras instituciones que regulan la competencia en el país; y b) no es admisible en nuestro país la censura previa, de ahí que no resulte procedente la fiscalización previa de la publicidad, lo cual, además, considera inconveniente para la efectividad del mecanismo que se pretende permitir.

  • d)Mediante oficio CIEM-095-2020 del 6 de julio de 2020, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (folio 137), no recomienda la aprobación de este proyecto de ley, por las siguientes razones:

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que -consumida por una persona- altera el funcionamiento normal del sistema nervioso central del individuo. Además, según el tipo de sustancia, es susceptible de generar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. A las drogas se les conoce también como sustancias psicoactivas, ya que al ingerirse pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. La OMS considera que el alcohol es un sedante/hipnótico, con efectos similares a los de los barbitúricos, y agrega que además de los efectos sociales de su consumo, la intoxicación alcohólica puede causar envenenamiento y hasta la muerte y que el consumo frecuente y prolongado puede causar dependencia y una serie de trastornos mentales, físicos y orgánicos. La OM S estima que 3.3 millones de muertes anuales están relacionadas con el consumo de alcohol. Según el Atlas de consumo de drogas en Costa Rica, publicado por IA FA en el 2015, si bien en el país se consumen diversos tipos de drogas, las que se usan con mayor frecuencia son las consideradas drogas legales, es decir, al alcohol y el tabaco. Se estima que, en el año 2015, el 63.3% de la población, que corresponde a 2.363.757 personas, entre 12 y 70 años, consumieron alcohol por lo menos una vez en su vida. Si se tiene en cuenta el consumo reciente, en los últimos 12 meses el 41.6% de la población consumió alcohol y en los últimos 30 días, lo hizo el 27,3. Este consumo es diferenciado por sexo, siendo mayor en los hombres en los tres periodos considerados. Según el mismo documento, en el año 2015 se produce un aumento en el consumo de alcohol, que se atribuye a la cantidad y variedad de bebidas alcohólicas disponibles y el limitado control de la publicidad. Sobre el alcohol y el deporte. El deporte se ha dispuesto como una actividad física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra normalmente. La importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico, así como también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse. Por el contrario, el alcohol ha sido responsable de ocasionar daños a la salud de quienes lo consuman. De acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (ICD 10), se considera que el consumo de alcohol es perjudicial que provoca daño mental o físico. No solo afecta a las personas, sino que también afecta a la familia, las relaciones laborales y a la sociedad en su conjunto. A causa de los daños que causa el alcohol es que más bien se busca controlar la promoción del consumo. Al respecto, la OMS afirma que: “la regulación de la comercialización del alcohol se ha destacado como una de las “mejores inversiones” para reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol con el consumo de alcohol; en los daños se incluyen las enfermedades físicas, mentales, accidentes de tránsito, violencia interpersonal y enfermedades no transmisibles (ENTs).” No se puede dejar de lado que el Informe Final sobre la Reglamentación de la Comercialización de Alcohol de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2016 cita que los gobiernos deben:

1. Proteger a los grupos vulnerables de la exposición a la comercialización del alcohol, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

2. Dar prioridad a la transición hacia una prohibición amplia de la comercialización del alcohol.

3. Formular reglamentos de comercialización independientes de dicha industria.…tanto por las implicaciones el alcohol en la salud de las personas que lo consumen, como por el riesgo aumentado de violencia para las mujeres que se relacionan con dichas personas, no es pertinente aumentar los espacios de publicidad de las bebidas alcohólicas, especialmente en espacios como los deportes, que son una actividad de promoción de la salud pública. En cuanto al artículo segundo del proyecto, que plantea la creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento, “consideran que es una propuesta interesante pero que no debería estar ligada a la introducción de la publicidad de bebidas alcohólicas en el campo deportivo.” e) Por oficio INAMU-PE-0434-2020 del 6 de junio de 2020, la Presidenta Ejecutiva del INAMU rindió su criterio en el siguiente sentido (folio 143):

“…Pese a que el ámbito de aplicación del proyecto de ley trasciende nuestra rectoría como Instituto Nacional de las Mujeres, nuestro planteamiento principal debe ir en la línea de no acuerpar una iniciativa que fortalezca las marcas de bebidas alcohólicas. En el pasado nuestra institución se ha manifestado sobre el consumo de las mismas, pues en muchas ocasiones está asociado a formas de violencia de las cuales las mujeres son víctimas. Este argumento lo ideal sería robustecerlo por ejemplo con estadísticas que DVIO debe manejar a partir de las campañas que hicieron por ejemplo https://www.inamu.go.cr/comunicado-violencia-y-futbol. En esa misma nota se dan cifras de aumento de llamadas y atención en el marco Mundial de Fútbol Brasil 2014, en ese momento también la ministra de la Condición de la Mujer señaló: “hay contextos que provocan ira, frustración por el penal robado o el consumo de licor que, en conjunto, exacerban las actitudes de abuso de poder y ejercicio de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.” … Es por ello que desde el Departamento de Construcción de Identidades hacemos énfasis en que el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas debe ser considerado un factor de riesgo y claramente no confundirse en ningún aspecto como factor exculpatorio ni justificante de una conducta violenta ni agresiva…La publicidad tiene como finalidad principal vender un producto y para lograrlo, convierte el producto en un objeto de deseo, recurriendo a distintas técnicas y estrategias. Ejerce gran influencia sobre el tejido social, su papel decisivo como instrumento de comunicación social, ofrece no solo productos sino modelos colectivos. Por ello es de trascendencia para DCIP señalar la importancia de configurar una visión de la mujer en la publicidad que se adapte a nuestros postulados de igualdad, empoderamiento y en contra de la cosificación de la mujer, y esto debe estar claramente establecido en el proyecto y en el espíritu de quienes lo analicen.” f) Mediante oficio MS-DM-KR-5218-2020 del 22 de setiembre de 2020, el Ministerio de Salud rindió su criterio negativo en relación con la propuesta de ley, indicando, entre otras cosas, lo siguiente:

“Analizada la propuesta de ley sometida a consulta, de acuerdo con todos los argumentos técnicos y jurídicos ampliamente desarrollados, tomando en cuenta que el Ministerio de Salud ostenta la competencia de establecer la regulación de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, se discurre que para el caso particular, la publicidad es la visualización a una determinada marca de bebidas con contenido alcohólico, que está patrocinada por una empresa, bajo esta premisa, dicho patrocinio es la forma comercial en la que aparece una marca en la publicidad, por lo que desde otra óptica, no se debe obviar que según los resultados de las encuestas del IAFA indican que a partir del año 2009 y hasta el 2015, se da un aumento constante en la edad de primer contacto con la sustancia; sin embargo, para el 2018 esta tendencia se revierte, implicando un consumo más temprano de la sustancia, con un promedio de inicio en el consumo de alcohol de 12,7 años. Esto permite evidenciar que el consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica se caracteriza por tener un alto involucramiento con patrones culturales propios del diario vivir. Lo anterior, permite visualizar como al acercarse a la mayoría de edad, una mayor cantidad de jóvenes se inician o muestran patrones de consumo más regulares de bebidas alcohólicas. Debe comprenderse como consecuencia de un aumento en la disponibilidad y accesibilidad de estas sustancias psicoactivas, así como de un aumento en la cantidad de publicidad comercial. Asimismo, es de relevancia acotar que para la Organización Mundial de la Salud el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad. En relación con lo expuesto, se considera que no es factible apelar a la necesidad económica de los diversos grupos deportivos o deportistas, a través de un patrocinio, argumentando un beneficio económico, para fomentar y exponer diariamente a la población nacional a una serie de materiales publicitarios que fomentan el consumo de bebidas con contenido alcohólico, toda vez que el patrocinio es visualizado y proyectado a través de la publicidad en todas sus modalidades como televisión, radio, vallas, cine, impresos e internet, entre otros, llegando a la vista de los menores de edad, aunque estos no sean el mercado meta, desde esta óptica, este se constituye en el medio por el cual se aprovecha la falta de madurez de los menores de edad para comprender esta publicidad y discernir racionalmente sus actos, lo cual sería contraproducente ya que este grupo poblacional ostenta una protección jurídica especial a nivel nacional e internacional; por lo que no se considera proporcional el beneficio del aporte económico generado mediante el patrocinio de bebidas con contenido alcohólico a un grupo reducido de deportistas, en proporción al impacto negativo que este generaría en toda la población nacional. No se omite indicar que con oficio MS-DM-6444-2020, dirigido al señor Eduardo Cruickshan Smith, Presidente Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se externó el criterio del Ministerio de Salud con relación a la propuesta de los proyectos de ley que en este momento se encuentran en análisis y discusión en la Asamblea Legislativa, vinculados con la “Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional”, que en lo que respecta señala: “El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. Según datos de la OMS, en el grupo etario de 20 a 39 años, un 13,5% de las defunciones a nivel mundial son atribuibles al consumo de alcohol. Asimismo, el consumo nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos y es uno de los cuatro principales factores de riesgo conductual de enfermedades no transmisibles (ENT) que son susceptibles de modificación y prevención. Vale la pena mencionar que las enfermedades no transmisibles, como lo son la diabetes, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer, constituyen la primera causa de muerte en el país. Las medidas para limitar la disponibilidad de alcohol y marketing de las bebidas alcohólicas están respaldadas por evidencia científica. Estos aspectos se encuentran contemplados dentro de las 10 esferas a abordar recomendadas en la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, adoptada por consenso por todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, así como la Estrategia de la Organización Panamericana de la Salud para la Prevención y el Control de las ENT del 2011. Dichas estrategias incluyen, entre otras medidas para la prevención del uso nocivo de alcohol, recomendaciones para la restricción de los horarios, días, locales y densidad de los puntos de venta, así como la reducción del impacto del marketing, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes. En este sentido, el control de la publicidad también es recomendado por expertos como parte de las medidas requeridas para reducir el abuso del consumo de alcohol en los países y prevenir el consumo en niños y adolescentes. Existe amplia evidencia científica de que la exposición a la publicidad del alcohol influye en el comportamiento de los jóvenes hacia un aumento en su consumo e incide en la formación de actitudes, percepciones y expectativas de los jóvenes sobre el consumo. Entre los factores más fuertemente asociados al inicio temprano en el consumo está la alta disponibilidad de bebidas alcohólicas, el costo, la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas. Como se reconoce en la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol: •El alcohol se comercializa mediante técnicas publicitarias y de promoción cada vez más sofisticadas, por ejemplo la vinculación de marcas de alcohol a actividades deportivas y culturales, el patrocinio y la colocación de productos y nuevas técnicas de mercadotecnia. • Es muy difícil orientar la mercadotecnia a consumidores adultos jóvenes sin exponer al mismo tiempo a ella a cohortes de adolescentes y niños. • La exposición de niños y jóvenes tanto el contenido de marketing del alcohol como la magnitud de la exposición de los jóvenes a él son problemas fundamentales. En la misma Estrategia se expone que las opciones de política e intervenciones en esta esfera comprenden la reglamentación efectiva de las actividades de patrocinio que promuevan bebidas alcohólicas y la restricción o prohibición de las promociones en relación con actividades dirigidas a los jóvenes, entre otros. En virtud de lo anterior se considera que los proyectos de ley en mención representan un retroceso en las acciones para incidir en la disminución del consumo nocivo de alcohol en la población y por ello, como Ministerio de Salud nos oponemos a estas iniciativas e instamos a la Asamblea Legislativa a tener en cuenta las implicaciones que estas tendrían en la salud pública de nuestro país.” VI.- Sobre los vicios de fondo consultados. Establecido lo anterior, se procede a revisar cada uno de los extremos consultados, aunque respecto algunos de ellos serán analizados en forma conjunta, dada la conexidad de argumentos.

  • 1)Respecto del derecho a la salud, el interés superior del menor, el principio de progresividad de los derechos fundamentales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Se consulta la eventual violación a estos derechos, por cuanto en el expediente legislativo objeto de estudio, constan diversos estudios nacionales e internaciones que revelan los efectos directos de la publicidad de las bebidas alcohólicas sobre el consumo temprano del alcohol, que promueve con mayor efectividad a la juventud a consumir este tipo de drogas, lesionándose con ello el derecho a la salud integral de las personas menores de edad, establecido a nivel nacional e internacional. Se indica que, a pesar de ello, los legisladores aprobaron esta iniciativa sin atender al interés superior del menor, autorizando la publicidad del alcohol en el deporte, sin valorar el impacto negativo que esta produce en el deporte respecto de la niñez, la juventud y la violencia intra-familiar. Advierten que, resulta paradójico que sea el deporte el que termine incentivando el consumo y la cultura de consumo de drogas nocivas para la salud, lo cual consideran, no solo contrario al interés superior de las personas menores de edad, sino un retroceso en materia de protección y derecho de la niñez y la juventud. Tal como se indicó previamente, en Costa Rica existe actualmente una prohibición absoluta para que los patrocinios y publicidad en actividades deportivas puedan realizarse por empresas comerciales que ostenten la representación de marcas de bebidas con contenido alcohólico, lo que, en criterio de los promoventes de este proyecto de ley genera un desmejoramiento de los ingresos que podrían recibirse por este concepto, toda vez que se deja de percibir una inversión cuantiosa, relevante e importante que podría fortalecer el deporte, en aspectos esenciales como alimentación, infraestructura para la práctica de la actividad deportiva, así como otros programas que se desarrollan con niños y jóvenes para incentivar que practiquen actividades deportivas. El artículo 12 de la Ley n.° 9047, actualmente dispone:

“ARTÍCULO 12.- Publicidad comercial El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de previo a la divulgación de la publicidad.

Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad, como rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva, así como en actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” De ahí que la propuesta legislativa pretende revertir la prohibición señalada y autorizar la publicidad en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 12 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. El texto es el siguiente:

Artículo 12- Publicidad comercial El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará previo a la divulgación de la publicidad.

Se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de las empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de estas bebidas con contenido alcohólico, a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo.

Este patrocinio podrá ser utilizado por las marcas o los nombres de bebidas con contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes.

Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en uniformes deportivos y actividades deportivas de ligas menores.

El patrocinador deberá obtener el permiso para el patrocinio ante el Ministerio de Salud, para lo cual deberá encontrarse al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y en el pago de sus tributos ante el Ministerio de Hacienda.” Conforme la última norma supracitada, de aprobarse el proyecto de ley consultado, se autorizaría la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de las empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de estas bebidas con contenido alcohólico, a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo. Para ello, la empresa interesada deberá obtener un permiso para el patrocinio ante el Ministerio de Salud, quien, además, deberá realizar un control previo a la divulgación de la publicidad. Y tal como quedó expuesto, únicamente se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en uniformes deportivos y actividades deportivas de ligas menores.

Ciertamente en la reforma de la disposición en cuestión confluyen dos intereses de relevancia constitucional, la salud pública vinculado al derecho a la vida y el interés superior del menor reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Respecto de este último, la Sala se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“Costa Rica aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia desde el día de su publicación en La Gaceta No. 149, sea desde el 9 de agosto de 1990. El artículo 1 de esa Convención reconoce por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Asimismo, el numeral 2 estatuye que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial debe ser el Interés Superior del Niño.

Dicho interés es un concepto complejo, prioritario, transversal y adaptable, que atiende al reconocimiento de los niños como titulares de derechos. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas desarrolla en su Observación General Nº 14 (2013) la triple faceta que implica el Interés Superior del Niño, en cuanto este se presenta como “a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c)Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del Interés Superior del Niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al Interés Superior del Niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos” (párr. 6).

La antedicha Observación General Nº14 explica que el carácter primordial del Interés Superior del Niño implica que este “no puede estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza de esta posición se justifica por la situación especial de los niños (dependencia, madurez, condición jurídica y, a menudo, carencia de voz). Los niños tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses, y las personas que intervienen en las decisiones que les afectan deben tener en cuenta explícitamente sus intereses.”(párr.37).

En este sentido, la fundamentación dada por el promovente del proyecto legislativo, se sustenta en el objetivo del artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual consiste en velar por que el Interés Superior del Menor se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con este. Esto significa que en cualquier medida – es decir no solo en las resoluciones, sino también en todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas- que tenga relación con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a la que se deberá atender (párr. 17). Esto incluye tanto las medidas y decisiones relacionadas directamente con un niño, un grupo de niños o los niños en general, así como otras que repercutan en uno o varios menores, aunque la medida no vaya dirigida directamente a ellos (párr. 19).

Asimismo, del artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño se desprende, en función del Interés Superior del Menor, una serie de obligaciones para los Estados miembros. Entre estas se encuentran las de “garantizar que el Interés Superior del Niño se integre de manera adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas, en especial en todas las medidas de ejecución y los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a los niños; velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionadas con los niños dejen patente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial; ello incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el Interés Superior del Niño, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión” (párr.14); “examinar y, en su caso, modificar la legislación nacional y otras fuentes del derecho para incorporar el artículo 3, párrafo 1, y velar por que el requisito de que se tenga en cuenta el Interés Superior del Niño se recoja y aplique en todas las leyes y reglamentos nacionales, la legislación provincial o territorial, las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas que prestan servicios relacionados con los niños o que repercuten en ellos, y los procedimientos judiciales y administrativos a todos los niveles, como un derecho sustantivo y una norma de procedimiento; establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, curso o reparación con el fin de dar plenos efectos al derecho del niño a que su interés superior se integre debidamente y se aplique de manera sistemática en todas las medidas de ejecución y procedimientos administrativos y judiciales relacionados con él o que le afecten” (párr. 15); “establecer procesos oficiales, con garantías procesales estrictas, concebidos para evaluar y determinar el Interés Superior del Niño en las decisiones que le afectan” (párr. 87). Ahora bien, en relación con la evaluación del Interés Superior del Niño, esta “debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes así como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39).” (párr. 73) Bajo este panorama, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro al disponer la obligación de los Estados de atender al Interés Superior del Niño como consideración primordial en todas las decisiones y medidas atinentes a este. En consonancia con lo anterior, el número 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño también dispone, como obligación de los Estados Partes, el adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha Convención…” (Sentencia n.° 2016-14893 de las 11:30 horas del 12 de octubre de 2016) Asimismo, en relación con el artículo 12 de la ley n.° 9047 que pretende modificar el proyecto de ley en cuestión, este Tribunal se refirió a la salud pública y al interés superior del menor en el siguiente sentido:

“[L]a noción de “salud pública” implica todas aquellas acciones realizadas para mejorar la salud de las personas, tanto de forma individual como colectiva, siendo que para alcanzar dicho objetivo deben tomarse en consideración los diferentes factores que determinan la salud, a saber, el ambiente, la herencia, el comportamiento y el servicio de salud. Hecha la anterior aclaración es preciso señalar que, la salud pública está referida a todas las actividades que se realizan a favor de la salud colectiva o de las poblaciones con la participación de toda la sociedad y no sólo las actividades que realiza el Sector Salud como parte del Estado. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud ha sido clara en señalar que, “El sector salud está llamado a cumplir con un conjunto de funciones esenciales de promoción y protección de la salud de la población, ya que los ciudadanos tienen el derecho inalienable de recibir estas garantías y servicios por su condición de partícipes de la sociedad. Para el ejercicio efectivo de estas funciones por parte del Estado, tanto en la esfera del gobierno central como local, resulta indispensable el desarrollo y fortalecimiento de un marco legal, normativo y regulatorio adecuado y actualizado, mediante el cual se facilite la colaboración efectiva entre los sectores público y privado, y de estos con la sociedad civil, para proteger la salud colectiva, sobretodo la de los sectores más vulnerables y desprotegidos”. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud pública es la “ciencia y arte de impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y longevidad”. Dentro del ámbito de la salud pública se destacan diversos tipos de intervención, a saber:

Acciones de promoción de la salud: son aquellas que actúan a nivel de la sociedad. Su impacto se mide de acuerdo con las modificaciones del modo de vida y de las condiciones de vida de esa colectividad. En la Carta de Ottawa suscrita por Costa Rica en 1986, se definió la promoción de la salud como aquella actividad que pretende “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Trasciende la idea de formas de vidas sanas para incluir las condiciones y requisitos para la salud que son: paz, vivienda, educación, alimentación, renta, ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad”. Según la OMS, constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones orientadas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. Comprende las actividades intersectoriales dirigidas a promover el empoderamiento de los individuos y los pueblos sobre los determinantes ambientales, sociales, y orgánicos que determinan y afectan su salud, con el fin de mejorarla. Esta actividad se refiere a fortalecer la capacidad de las personas para controlar el ecosistema, las condiciones socioeconómicas, el estilo de vida y los servicios de salud.

Acciones de prevención: según el problema del cual se trate, actúa tanto a nivel de la sociedad, como de los grupos de población y de los individuos; se dirige a sujetos propensos en algún momento a requerir de determinada acción de curación, es decir, aquellos con posibilidades de enfermarse.

Acciones de curación: son las que actúan a nivel individual. Sus efectos se evidencian según las modificaciones en los riesgos de morir de los individuos enfermos, así como del efecto distributivo de bienes y servicios individuales.” (Sentencia n.° 2010-17952 de las 9:39 horas de 29 de octubre de 2010) Respecto del Interés Superior del Menor, vale recordar lo que la Sala ha indicado:

“V.- Sobre el Interés Superior del Menor. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad.

Este reconocimiento del interés superior del niño como principio general y derecho que forma parte e informa a la globalidad del ordenamiento, ha llevado a la Sala a brindar y ordenar protección especial a los menores en materias tan diversas como la protección de su imagen e identidad, el resguardo de la imagen e identidad de los menores en conflicto con la ley, y a controversias suscitadas en asuntos migratorios, de salud y de familia (ver, entre otras, sentencias números 2003-5117, 2004-1020, 2004-8759, 2005-4274, 2007-10306 y 2008-7782). En este sentido, como principio general reconocido y plenamente aplicable, así como en su vertiente de derecho, al interés superior del niño no le es oponible norma o decisión alguna –administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principial y de derecho del interés superior del niño, desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar el interés superior del niño, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la Convención Americana (ver sentencia número 2008-015461 de las 15:07 horas del 15 de octubre de 2008).

Importante recalcar en este punto que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su publicación denominada "Observación General N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial", enfoca el Interés Superior del Menor como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. En ese sentido, indica que: "(...) El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general (...) b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas y negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales (...)". De ahí la importancia en potenciar, por medio de la jurisprudencia de esta Sala, esta perspectiva del Interés Superior del Niño ya ampliamente desarrollada en la doctrina internacional. En sus inicios, el Interés Superior del Menor nació como un principio, como una pauta interpretativa que colaboraba en la hermenéutica jurídica en aquellos casos en que estuviera involucrado un menor de edad; sin embargo, con la evolución y avance en el desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial, las últimas tendencias en esta área han ido enfocando al Interés Superior del Menor desde una óptima más amplia (triple dimensión), precisamente con el propósito de coadyuvar en una mejor y más avanzada protección de los derechos y garantías de las personas menores de edad.” (Sentencia número 2016-7123 de las 11:00 horas del 25 de mayo de 2016). El resaltado no es del original.

Con base en lo señalado, debe reiterarse que, según ha sido desarrollado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su publicación denominada "Observación General N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial", el Interés Superior del Menor debe ser enfocado como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Esto implica que deba ser valorado y aplicado por las autoridades desde estas 3 concepciones: a) Como derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. b) Como un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. c) Como norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas y negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. En el caso sub examine resulta de relevancia aplicarlo como derecho, lo cual implica que las autoridades públicas, en este caso los legisladores, hayan debido sopesar distintos intereses para tomar la decisión de revertir la prohibición actual de la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en las actividades deportivas, donde participan principalmente menores de edad y jóvenes, con la garantía de que su decisión atendió, principalmente, a tutelar el derecho de las personas menores de edad. A partir de lo anterior, se procede a revisar las valoraciones, justificaciones, criterios y estudios que sustentan esta iniciativa legislativa.

Según se indicó anteriormente, la motivación de esta propuesta se basó, esencialmente, en que, actualmente, la publicidad y patrocinios en el deporte se constituye como una inversión cuantiosa, relevante e importante, y que estos dineros que se perciben por esos rubros se traducirían en mejores condiciones para desarrollar el deporte: aspectos de alimentación de los deportistas, infraestructura para la práctica de la actividad deportiva, así como fortalecer programas que se desarrollan con niños y jóvenes para incentivar que practiquen actividades deportivas. Lo anterior, dado que el deporte de alto rendimiento no ha tenido la asignación de recursos requerida para fomentarla. Bajo esa premisa de necesidad económica y de mejorar y promover el deporte, se promueve la autorización de la publicidad de bebidas con alcohol en eventos deportivos, la creación de un impuesto y de un fondo que sería administrado por el ICODER para financiar los deportes de alto rendimiento, es decir, a aquellos deportistas que alcanzan un gran nivel competitivo por su alto rendimiento. Por su parte, el Comité Olímpico de Costa Rica, lo que indicó al respecto fue: “…No es posible controlar al sujeto que observa la publicidad una vez liberada o transmitida, por ejemplo: Un evento deportivo de trascendencia internacional en el cual se observen vallas publicitarias en el escenario o logotipos de empresas de producción de bebidas de este tipo, llega a todo tipo de público, sin capacidad de discriminación alguna, lo que implica que niños, adultos o adultos mayores son expuestos a las imágenes o sonidos de la transmisión, sea este internacional o local. Pero, si es posible impactar el mundo deportivo con los recursos que de esa publicidad se obtengan. La publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos ya impacta nuestro medio, sin que nuestro medio se beneficie de ello.” Es decir, parte de que existe una situación inevitable, cual es la publicidad de ese tipo en los deportes autorizada en otros países y a la que, de una forma u otra todas las personas estamos expuestas, respecto de la cual estima se debe obtener un provecho económico. Por su parte, el Dictamen Afirmativo de Mayoría del 8 de setiembre de 2020, aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos, recomendó la aprobación de la iniciativa legislativa, con algunas modificaciones, indicando lo siguiente:

“De esta manera, los legisladores que suscribimos el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría consideramos que con este texto se mejora la calidad de la iniciativa de ley, resultando un texto que puede ser aplicable a corto tiempo, con el fin de fortalecer el financiamiento de los deportistas de alto rendimiento de Costa Rica, así como los diferentes deportes a nivel nacional.

Concluimos por tanto que el objetivo del proyecto de ley señala la importancia del financiamiento que requiere el deporte, la publicidad y patrocinios en el deporte se constituye como una inversión cuantiosa, relevante e importante que fortalece esta industria, ya que estos dineros que se perciben por estos rubros se traducen en mejores condiciones para desarrollar el deporte incluyendo aspectos de alimentación de los deportistas, la infraestructura para la práctica de la actividad deportiva, así como el fortalecimiento de los programas que se desarrollan con niños y jóvenes para incentivar que practiquen actividades deportivas.

Consideramos que cualquier empresa sin importar su tamaño tiene muchas razones para convertirse en patrocinador de un deporte, pero la razón más importante es la exposición que tiene al público en cada uno de los eventos que se desarrollen, por esa razón no importa el tamaño de la empresa, siempre es importante publicitarse con actividades positivas como lo son los deportes ya que llegan a todos los rincones del país y a todos los estratos sociales.

De igual manera, consideramos que todo deporte requiere de apoyo financiero y una de las maneras que ayudan más a los deportes a nivel mundial es el patrocinio de empresas establecidas. Es normal observar todo tipo de marcas en los uniformes deportivos, en las instalaciones deportivas, incluso en los deportes de más alto ingreso como el fútbol, se notan vallas publicitarias que exponen marcas de equipo tecnológico, de líneas aéreas, de ropa, de comida, de licores y otros.

Los montos que en el mercado se ofrecen por un tipo de financiamiento variará según el deporte, según el equipo, según el lugar que se le asigne a la publicidad y según el record histórico del deporte, del deportista o de los equipos.

Es así como en Costa Rica actualmente, se tienen patrocinadores para selecciones nacionales de diversos deportes como fútbol, ciclismo, natación, eventos olímpicos y paralímpicos y otros, también para los campeonatos nacionales, y otros eventos que se realizan como carreras de atletismo, que antes de la pandemia Covid-19 se solían realizar al menos una por semana. Pero todo lo anterior no es suficiente, antes de la Pandemia ya el deporte pedía a gritos la apertura del patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas y en este momento en medio de la crisis económica obligada por las medidas sanitarias derivadas de la emergencia mundial que se vive por el Covid-19, se hace aún más necesario buscar recursos frescos provenientes de un patrocinio serio, responsable y transparente como lo es el patrocinio de los deportes por medio de contratos de publicidad, entre otros, de marcas de bebidas alcohólicas como la que se pretende aprobar con el presente proyecto de ley.

El ingreso que se genere ayudará a los deportistas, sus instalaciones deportivas y a las comunidades a mejorar, a preparar mejor sus niños y jóvenes para que por medio del deporte se fortalezcan los valores inculcados en el ámbito familiar y a vivir el deporte como un medio de distracción, salud y bienestar que consecuentemente los alejará de los flagelos que sufre la sociedad como la delincuencia, las drogas y todo tipo de abuso de sustancias perjudiciales para la salud.

Es el fortalecimiento del deporte y la construcción o mejoramiento de lugares aptos para la práctica de los deportes la que permitirá tener ciudadanos más sanos y seguros de querer ser cada día más saludables y mejores seres humanos y en muchos casos forjará deportistas competitivos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se contempló la prohibición del uso de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad, rotulación de uniformes y actividades deportivas, recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” Lo expuesto evidencia que la necesidad de financiar la actividad deportiva de alto rendimiento fue el fundamento que, efectivamente pesó para la aprobación en primer debate de este proyecto legislativo, aminorando los efectos colaterales por la publicidad actual que ya se difunde y los beneficios que se pueden llegar a obtener incluso para los niños y adolescentes con programas deportivos futuros. Sin embargo, ciertamente, los demás criterios que existen en el expediente legislativo n.° 21.745, son negativos al proyecto, advirtiendo que el beneficio pretendido no supera el costo que ello puede implicar en la salud y el bienestar de los niños y jóvenes. Veamos al respecto:

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, por oficio DG-0544-06-2020, destacó: “III. El proyecto de ley tiene un corte inminentemente económico, antepone los intereses de la empresa privada sobre el interés general de la población y por encima del derecho a la salud de los seres humanos…El exponer a la población a más publicidad de bebidas con contenido alcohólico indudablemente va a disparar la demanda de servicios de salud, no existiendo en el proyecto de ley una medida administrativa para reforzar a las instituciones prestadoras de estos servicios, pese a la eminente afectación que sufrirían.” Para justificar su posición refiere estudios técnicos y la postura de la Organización Mundial de la Salud, en el siguiente sentido: “Según la OMS, el marketing del alcohol también refuerza las actitudes culturales que promueven la bebida, la restricción de estas prácticas podría repercutir en los patrones de consumo de toda la población en conjunto. Las restricciones parciales y la autorreglamentación de la industria son las formas más habituales de control en las Américas, pero las restricciones parciales son difíciles de hacer cumplir, sobre todo en los nuevos entornos de comunicación como las redes sociales, y en muchos casos se infringen las medidas autonormativas o los gobiernos no obligan a cumplirlas, de modo que no han resultado eficaces. Las actividades mercado técnicas son especialmente difíciles de contrarrestar por los enormes recursos económicos que posee la industria del alcohol. En el 2011, cinco empresas declararon haber gastado 5.500 millones de dólares estadounidenses solo en publicidad tradicional, es improbable que ningún país de la Región pueda dedicar suficientes recursos a contrarrestar el poder económico de la industria…La recomendación de la Organización Mundial de la Salud internacional es que, si se pretende beneficiar al deporte con ingresos nuevos, la única medida correcta es aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas. En todo caso, las políticas de precios inciden directamente con una disminución en las prevalencias de consumo, toda vez que los consumidores, especialmente los grandes bebedores y los jóvenes, son sensibles a las variaciones de los precios de las bebidas alcohólicas. Esta es una de las mejores medidas costo-efectivas; no presenta costos y sí muchos beneficios para la sociedad. Como se visualizará más adelante, se tiene certeza científica que una de las poblaciones más afectadas por el mercadeo, publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico son los adolescentes, porque en ellos el consumo de alcohol muestra tres vulnerabilidades distintivas indicadas por Penchmann: la impulsividad; la auto conciencia y la duda de sí mismo; y; el riesgo elevado de uso del alcohol, incluyendo el comportamiento impulsivo indican que se tiene la certeza que los primeros estudios que buscaron la relación existente entre la publicidad del alcohol y la juventud tendieron a descansar sobre una base teórica simple: la exposición a la publicidad del alcohol influye en el comportamiento de los jóvenes para aumentar el consumo de alcohol. Sin embargo, ambos autores demuestran que estudios más recientes no solamente amplían esa base teórica, sino que además señalan la importancia de la publicidad del alcohol en la formación de actitudes, percepciones y expectativas de los jóvenes sobre el consumo de alcohol, elementos que precisamente influyen en las decisiones de los jóvenes, tanto para iniciar su consumo de alcohol como para presentar patrones de ingesta más regulares… El presente proyecto no cumple con los requisitos de salud como derecho fundamental, ni atiende la prevención primaria ni la prevención secundaria del problema de la salud pública del consumo de alcohol; porque aborda una temática únicamente desde la perspectiva económica de los empresarios.” Concluye advirtiendo que la OMS ha afirmado que la regulación de la comercialización del alcohol se ha destacado como una de las "mejores inversiones" para reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol (enfermedades físicas, mentales, accidentes de tránsito, violencia interpersonal y enfermedades no transmisibles); sin embargo, a pesar de que la postura actual del país, que es de una mayor protección, esta propuesta legislativa retrocede en la tutela del derecho a la salud de las personas y del principio de progresividad de los derechos humanos, sin un respaldo técnico.

Por su parte, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, evidenció lo señalado por la OMS, en el sentido de que el alcohol es un sedante/hipnótico, con efectos similares a los de los barbitúricos, que, además de los efectos sociales de su consumo, la intoxicación alcohólica puede causar envenenamiento y hasta la muerte y que el consumo frecuente y prolongado puede causar dependencia y una serie de trastornos mentales, físicos y orgánicos. Asimismo, refiere que, según el Atlas de consumo de drogas en Costa Rica, publicado por IAFA en el 2015, si bien en el país se consumen diversos tipos de drogas, las que se usan con mayor frecuencia son las consideradas drogas legales, es decir, al alcohol y el tabaco; y que, a partir de ese año se ha producido un aumento en el consumo de alcohol, que se atribuye a la cantidad y variedad de bebidas alcohólicas disponibles y el limitado control de la publicidad. Pero de mayor significancia se indica que, en el año 2015, el 63.3% de la población, que corresponde a 2.363.757 personas, entre los 12 y 70 años, consumieron alcohol por lo menos una vez en su vida. Sin embargo, del consumo reciente, en los últimos 12 meses el 41.6% de la población consumió alcohol y en los últimos 30 días, lo hizo el 27,3 %. También pidió que se considerara lo señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Informe Final sobre la Reglamentación de la Comercialización de Alcohol de 2016, en la que se promueve a los Estados a:

“1. Proteger a los grupos vulnerables de la exposición a la comercialización del alcohol, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

2. Dar prioridad a la transición hacia una prohibición amplia de la comercialización del alcohol.

3. Formular reglamentos de comercialización independientes de dicha industria.” Y concluye que no es pertinente aumentar los espacios de publicidad de las bebidas alcohólicas, especialmente en espacios como los deportes, que son una actividad de promoción de la salud pública.

El INAMU por su parte, señaló que su planteamiento principal debía ir en la línea de no acuerpar una iniciativa que fortalezca las marcas de bebidas alcohólicas, pues tal como en otras ocasiones lo ha manifestado, el consumo de estas, en muchas ocasiones está asociado a formas de violencia de las cuales las mujeres son víctimas. También, señaló: hacemos énfasis en que el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas debe ser considerado un factor de riesgo y claramente no confundirse en ningún aspecto como factor exculpatorio ni justificante de una conducta violenta ni agresiva…La publicidad tiene como finalidad principal vender un producto y para lograrlo, convierte el producto en un objeto de deseo, recurriendo a distintas técnicas y estrategias. Ejerce gran influencia sobre el tejido social, su papel decisivo como instrumento de comunicación social, ofrece no solo productos sino modelos colectivos…”.

Finalmente, el Ministerio de Salud también advirtió que, según los resultados de las encuestas del IAFA, a partir del año 2009 y hasta el 2015, se dio un aumento constante en la edad de primer contacto con la sustancia; sin embargo, para el 2018 esta tendencia se revirtió, implicando un consumo más temprano de la sustancia, con un promedio de inicio en el consumo de alcohol de 12,7 años. Evidenció que el consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica se caracteriza por tener un alto involucramiento con patrones culturales propios del diario vivir y que ello se visualiza, por ejemplo, con el hecho de que, al acercarse a la mayoría de edad, una mayor cantidad de jóvenes se inician o muestran patrones de consumo más regulares de bebidas alcohólicas. Lo anterior, producto de un aumento en la disponibilidad y accesibilidad de estas sustancias psicoactivas, así como de la publicidad comercial. También denota que, para la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad. Por ello, considera que no es factible apelar a la necesidad económica de los diversos grupos deportivos o deportistas, a través de un patrocinio, argumentando un beneficio económico, para fomentar y exponer diariamente a la población nacional a una serie de materiales publicitarios que fomentan el consumo de bebidas con contenido alcohólico, pues no estima proporcional el beneficio del aporte económico generado mediante el patrocinio de bebidas con contenido alcohólico a un grupo reducido de deportistas, en proporción al impacto negativo que este generaría en toda la población nacional. Advierte que el consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana, pues según datos de la OMS, en el grupo etario de 20 a 39 años, un 13,5% de las defunciones a nivel mundial son atribuibles al consumo de alcohol. Asimismo, el consumo nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos y es uno de los cuatro principales factores de riesgo conductual de enfermedades no transmisibles que son susceptibles de modificación y prevención. Literalmente indicó: “Las medidas para limitar la disponibilidad de alcohol y marketing de las bebidas alcohólicas están respaldadas por evidencia científica. Estos aspectos se encuentran contemplados dentro de las 10 esferas a abordar recomendadas en la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, adoptada por consenso por todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, así como la Estrategia de la Organización Panamericana de la Salud para la Prevención y el Control de las ENT del 2011. Dichas estrategias incluyen, entre otras medidas para la prevención del uso nocivo de alcohol, recomendaciones para la restricción de los horarios, días, locales y densidad de los puntos de venta, así como la reducción del impacto del marketing, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes. En este sentido, el control de la publicidad también es recomendado por expertos como parte de las medidas requeridas para reducir el abuso del consumo de alcohol en los países y prevenir el consumo en niños y adolescentes. Existe amplia evidencia científica de que la exposición a la publicidad del alcohol influye en el comportamiento de los jóvenes hacia un aumento en su consumo e incide en la formación de actitudes, percepciones y expectativas de los jóvenes sobre el consumo. Entre los factores más fuertemente asociados al inicio temprano en el consumo está la alta disponibilidad de bebidas alcohólicas, el costo, la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas.” Concluye señalando que este proyecto de ley y otros en sentido similar, representan un retroceso en las acciones para incidir en la disminución del consumo nocivo de alcohol en la población y por ello, se opone a estas iniciativas e instan a la Asamblea Legislativa a tener en cuenta las implicaciones que estas tendrían en la salud pública de nuestro país.

Adicional a lo anterior, los diputados y diputadas consultantes, anexan como prueba el oficio CRI-PWR-63.00 24915-20 del 07 de julio de 2020, remitido por la Organización Panamericana de la Salud al expresidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, el cual fue mencionado por este en la discusión del seno de la Asamblea y del cual se hace referencia en el dictamen negativo de minoría (a folio 318 del expediente legislativo), mediante el cual se indica lo siguiente:

“…Las propuestas diversas para autorizar el patrocinio de los equipos de fútbol por la industria alcoholera y la venta de bebidas alcohólicas en estadios de deportes en Costa Rica, de aprobarse, se muestran en contra de toda la evidencia científica disponible internacionalmente y a los referidos mandatos acordados por el país al nivel internacional.

La Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, adoptada por consenso por todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en 2010, así como la Estrategia de la Organización Panamericana de la Salud para la Prevención y el Control de las ENT de 2011, también adoptada por unanimidad de los Estados Miembros de la OPS, incluye recomendaciones para la restricción de los horarios, días, locales y densidad de los puntos de venta.

Varios países de la Región y en el mundo prohíben la venta de alcohol en los estadios de deportes principalmente para la prevención de la violencia y lesiones. Si bien la venta fuera de los estadios podría estar permitida, la entrada de personas visiblemente embriagadas puede ser prohibida y fácilmente fiscalizada y el control de la entrada de personas con bebidas alcohólicas también, siendo parte de las estrategias para control de la seguridad en tales locales.

Los menores de edad que van a los estadios con sus padres también estarían expuestos a la promoción del consumo del alcohol como parte del entretenimiento, lo que no es deseable porque tiende a normalizar su consumo, lo que no es deseable en ningún caso y mucho menos en menores de edad, la disponibilidad para la venta es también considerada una forma de mercadeo del alcohol.

El control de la publicidad de las bebidas también es recomendado por la OPS/OMS en los mismos documentos de política pública internacional en salud. Existe amplia evidencia científica de la relación entre exposición a la publicidad y el consumo en niños y adolescentes, como la tendencia actual demuestra…Recuerde usted que resoluciones recientes en arbitrajes comerciales internacionales establecen la tendencia de colocar los intereses de la salud pública por encima de los comerciales. Incluso, para cumplir a cabalidad con el deber de los Estados de salvaguardar el interés superior de los niñ@s y adolescentes, éstos tienen el derecho de ser protegidos de la exposición a productos nocivos a la salud, como el alcohol, en todas las formas de exposición, igualmente ante la publicidad, patrocinios y promociones. Los gobiernos tienen también el deber de proteger el derecho a la salud de la población, como el derecho humano que es, pero también como derecho salvaguardado en la Constitución de Costa Rica… existe mucha más evidencia disponible que podemos hacer llegar a su despacho en caso de requerirla...El principio de progresividad en los derechos humanos debe asegurar el avance gradual, sostenido y efectivo de políticas públicas, con el objetivo de garantizar la plena efectividad de los derechos de todas las personas, en particular el derecho al más alto nivel posible de salud, y el pleno respeto al interés superior del niño, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 16 (20l3) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño (CRC/C/GC/16), en especial sus incisos números 17 y 19, y por tanto, evitando medidas que podrían significar un retroceso en caso de producirse la aprobación legislativa de las medidas comentadas…” Igualmente, aportan copia del oficio REP-CTR-2020-0607 del 2 de diciembre de 2020, mediante el cual la representante de la UNICEF en Costa Rica le manifiesta al diputado Villalta que no recomienda eliminar la prohibición asociada a permitir la publicidad en ese tipo de actividad. Algunas de las razones dadas son las siguientes:

"•UNICEF, en su estudio denominado "Una Aproximación a La Situación de Adolescentes y Jóvenes en América latina y El Caribe a partir de Evidencia Cuantitativa Reciente", elaborado y publicado en el 2015, reveló que, en la región al menos uno de cada tres estudiantes en edades entre 13 a 15 años, había consumido alcohol al menos una vez en el último mes (34,9%).

• Por su parte, en Costa Rica, la 5ta. Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población de Educación Secundaria realizada en el 2019, aplicada a sesenta colegios técnicos y académicos a lo largo de todo el territorio nacional a 7.071 estudiantes de edades desde los 11 a los 22 años, identificó un aumento en el consumo de alcohol en el último mes en adolescentes, pasando de un 19.5% en el año 2015 a un 27% en el 2018; lo que significa que, de cada 100 estudiantes, hubo 27 que indicaron haber consumido bebidas alcohólicas en los 30 días anteriores. La encuesta también indicó la iniciación del consumo los 12 años, dos años más jóvenes que en lo indicado en la encuesta del 2015.

•La OMS ha advertido sobre sobre las consecuencias sanitarias y sociales negativas que vienen aparejadas con este consumo, las cuales están asociadas tanto a sus propiedades tóxicas como a la dependencia que puede producir. También, el INAMU a nivel nacional, en múltiples ocasiones hay advertido sobre el impacto que tiene el uso nocivo del alcohol en la violencia intrafamiliar en donde mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversos grupos vulnerables suelen verse más afectados.

•El actual Pan Nacional de Actividad Física y Salud 20112021 Ministerio de Salud y Ministerio de Deporte y Recreación plantea la incursión e inclusión en las actividades físicas para la salud y lúdico-deportivas, ello con el fin de que la población aumente sus niveles de actividad física, adoptando estilos de vida más activos y saludables. El Viceministerio de Paz y otras instituciones del país han venido promoviendo las actividades deportivas como medio de establecer relaciones positivas y de prevención de violencia. Las actividades deportivas, también hacen parte de las estrategias de prevención de violencia contenidas en el Plan Nacional para el Desarrollo de Estrategias de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 2017-2019, promovidas por el PANI con apoyo de UNICEF.

•Si bien es cierto, es importante contar con recursos para financiar las actividades deportivas de alto rendimiento, se considera extremamente riesgoso, que como medio para la generación de ingresos, se expongan a niñas, niños y adolescentes a nueva propaganda que haga ver el consumo del alcohol como una actividad recomendable.

•La exposición masiva de los mensajes, tanto en el contexto de las actividades deportivas, como en cualquier otro contexto, de mediano y largo plazo, podría tener un efecto en los comportamientos de las personas en donde claramente lo que se busca es incrementar las ventas y los rendimientos de las empresas que lo comercializan.

•En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las observaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño al país en el 2020, es importante asegurar que la niñez y adolescencia sea incluida en las políticas y planes públicos en los temas que les afecta, lo que es particularmente importante en lo relacionado al consumo de alcohol.” En conclusión, se advierte que ya existe un problema de consumo del alcohol en la población en general en nuestro país y que este se verá agravado, al autorizar una mayor difusión de la publicidad de bebidas con alcohol en actividades deportivas, con serias consecuencias para la salud pública, pues precisamente ese es el fin de la publicidad, promover las marcas y venta de sus productos. También se advierten los efectos colaterales que los estudios técnicos denotan, ya que promover una mayor publicidad de esas bebidas, incide en un mayor aumento del consumo de alcohol de las personas menores de edad y los jóvenes, incluso a edades más tempranas. Igualmente se evidencian los esfuerzos de las organizaciones internacionales en materia de salud para que, lejos de reforzar el uso de la publicidad de las bebidas con contenido alcohólico en los deportes, los Estados lleguen a minimizarlas o eliminarlas, con el objeto de evitar agravar la situación evidenciada. A pesar de todos los datos y estudios referidos en los criterios señalados, tal como refieren los y las consultantes, se echa de menos en el expediente legislativo, un solo estudio o valoración de la situación que denote cómo serían prevenidos, erradicados o tratados los peligros advertidos, no solo para las poblaciones vulnerables, sino para la salud pública. Sin duda alguna determinar si se autoriza o no el uso de la publicidad en esos supuestos es una cuestión de discrecionalidad del legislador; sin embargo, también ha señalado este Tribunal, que esa discrecionalidad no es absoluta, sino que debe estar enmarcada dentro de lo dispuesto en la Constitución Política y en los convenios internacionales suscritos por nuestro país. Tal como lo indican los proponentes del proyecto de ley en estudio, el deporte se incentiva desde edades tempranas y se fortalece para llegar a convertirlos en deportistas de alto rendimiento. De manera que, indudablemente la población menor de edad y los jóvenes son las personas que, principal y directamente intervienen en este tipo de actividades. Si actualmente con la prohibición de la publicidad, existe un alto índice de consumo por parte de los menores de edad y a edades más tempranas de consumo de bebidas con contenido alcohólico, atendiendo al fin de la publicidad misma, evidentemente tal porcentaje aumentará. En criterio de los legisladores, el dinero obtenido por el patrocinio mejorará las condiciones económicas y se fomentará más el deporte, con la esperanza de que este grupo poblacional se aleje de situaciones como el consumo de las drogas, pero lo cierto es que no consta en el expediente un estudio o valoración que justifique tal compensación. Es decir, que pondere un riesgo que sí está acreditado científicamente, frente a una eventual situación que tampoco se sabe a ciencia cierta de qué magnitud es el grupo a beneficiar, tomando en consideración, además, que ya existen otras promociones en su favor, tal como los programas que menciona la UNICEF o la beca contemplada en el Reglamento de Becas Deportivas para Seleccionados Nacionales 931-A, aprobado en la sesión ordinaria n.° 931-2015 del 16 de enero de 2015, vigente, que faculta al ICODER para conceder a los atletas Seleccionados Nacionales o de proyección deportiva hacia el alto rendimiento una beca económica que debe ser utilizada para mantener o mejorar su rendimiento deportivo en todo su proceso de preparación deportiva; o valorar otras soluciones que no pongan en mayor riesgo a estas poblaciones, como la sugerida por la propia OMS, citada por el IAFA, cuando afirma lo siguiente: “…si se pretende beneficiar al deporte con ingresos nuevos, la única medida correcta es aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas. En todo caso, las políticas de precios inciden directamente con una disminución en las prevalencias de consumo, toda vez que los consumidores, especialmente los grandes bebedores y los jóvenes, son sensibles a las variaciones de los precios de las bebidas alcohólicas. Esta es una de las mejores medidas costo-efectivas; no presenta costos y sí muchos beneficios para la sociedad.”. Sin duda alguna, el Estado tiene la obligación también de promover el deporte en las personas menores de edad y debe hacerlo sobre todo en los lugares de condiciones sociales y económicas más difíciles, pues también está demostrado que las personas menores de edad y los jóvenes que se dedican a esas actividades, con mayor probabilidad se mantienen lejos de riesgos sociales como el consumo de drogas. De hecho, así lo demanda la Convención Iberoamericana de los derechos de los Jóvenes, que dispone al efecto:

“Artículo 33. Derecho al deporte.

1. Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.

2. Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos.” No obstante, con una medida como la propuesta en este proyecto de ley, el legislador, ante el derecho sustantivo del interés superior del menor, debió ponderar si los efectos dañinos ya demostrados que pueden darse, se compensarían con autorizar este tipo de publicidad en estos eventos. Igualmente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en el artículo 25.1.4 dispone que “1. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad…Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y aplicando políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la prevención de enfermedades, promoción de la salud y estilos de vida saludable entre los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de drogas nocivas para la salud.”.

Evidentemente la intención del mercadeo es vender, ese es su fin, promover y vender un producto utilizando diferentes medios para atraer al consumidor, sin discernir edad alguna. Precisamente por lo anterior, nuestro país ha mantenido regulaciones al respecto como la norma en cuestión o, por ejemplo, la ley número 5811, denominada “Control de Propaganda”, o las regulaciones dispuestas en la ley n.° 9028, “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”, que en su artículo 12 dispone:

“ARTÍCULO 12.- Publicidad, promoción y patrocinio Se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados.

Se exceptúa de la prohibición establecida en el párrafo anterior la publicidad y promoción que se realice:

  • a)En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso limitado a personas adultas y no sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley.
  • b)Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley.” Norma respecto de la cual, recientemente este Tribunal, por sentencia n.° 2020-4949 de las 9:25 horas del 11 de marzo de 2020, se pronunció en el siguiente sentido:

“IV.- Según se deriva de los precedentes previamente citados, las restricciones previstas en el ordinal 12 de Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, en cuanto se limita –con las salvedades o excepciones que reconoce la propia norma- la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados, tienen pleno fundamento en los artículos 21, 28, 46, 50 y 74 de la Constitución Política, así como en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en tanto que dichas restricciones tienen como válido objetivo proteger el derecho fundamental de los consumidores y de la población en general a su salud y a un ambiente sano. Se procura resguardar, en particular, a los menores de edad, en total conformidad con el principio del interés superior del niño.” Así las cosas, conforme los estudios técnicos que constan en el expediente, según los cuales es posible que se produzca la alegada afectación de la salud pública, especialmente de las personas menores de edad y de los jóvenes que produciría una autorización de la publicidad en este sentido y, ante la falta de un estudio o criterio técnico que determine el efecto real y el impacto que tendría esta propuesta desde el punto de vista del costo positivo o negativo respecto de las personas menores de edad, no considera este Tribunal que la propuesta legislativa consultada, sea acorde a los artículos 7, 21 y 51 de la Constitución Política, de los ordinales 3 y 6 de la Convención sobre los derechos del Niño y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Ciertamente, la tecnología actual ha expuesto a esta población a la publicidad que se permite de estas bebidas en algunos otros países, así como a través de programas, vallas u otros medios; sin embargo, una cosa es que, en tales casos su exposición sea difícil de evitar o deba ser controlado por los padres de familia o encargados autorizados de las personas menores de edad en el ámbito familiar; y otra, que sea el propio Estado el que permita ese mercadeo de consumo de bebidas alcohólicas en actividades que pretenden precisamente promover, que esta población se aleje de estas, y, a sabiendas del riesgo de daño que asume, reduciendo, además, el margen de protección actual. En la Observación n.° 16 (2013), “Sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial de los derechos del niño”, el Comité de los Derechos del Niño precisó lo siguiente:

“…Las empresas pueden ser un motor fundamental para que las sociedades y las economías avancen de manera que se fortalezca la efectividad de los derechos del niño mediante, por ejemplo, los avances tecnológicos, la inversión y la generación de trabajo decente. Sin embargo, la efectividad de los derechos del niño no es una consecuencia automática del crecimiento económico y las empresas también pueden afectar negativamente a los derechos del niño… En este sentido, los Estados deben tener en cuenta que:

  • a)La infancia es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos del niño, como la exposición a la violencia, al trabajo infantil o a productos peligrosos o riesgos medioambientales, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales…

9. El Comité reconoce que las acciones voluntarias de las empresas en cuanto a la responsabilidad empresarial, como las inversiones sociales, la promoción y la participación en las políticas públicas, los códigos de conducta voluntarios, las actividades filantrópicas y otras actividades colectivas, pueden promover los derechos del niño. Los Estados deben alentar este tipo de acciones e iniciativas voluntarias como un medio para crear una cultura empresarial que respete y favorezca los derechos del niño. Sin embargo, cabe destacar que este tipo de acciones e iniciativas voluntarias no sustituyen la acción del Estado y la regulación de las empresas de acuerdo con las obligaciones que imponen la Convención y sus protocolos, ni la obligación de las empresas de respetar los derechos del niño…

17. La Convención y sus protocolos facultativos proporcionan el marco para evaluar y determinar el interés superior del niño. La obligación de que el interés superior del niño sea una consideración primordial es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo. Los Estados deben estar en condiciones de explicar cómo se ha respetado en la adopción de decisiones el derecho a que el interés superior del niño sea tenido en cuenta, incluida la forma en que se ha sopesado frente a otras consideraciones.

18. El artículo 6 de la Convención establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. El Comité señala en la Observación general Nº 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención que entiende el desarrollo del niño como un "concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño".

19. Las actividades y operaciones de las empresas pueden afectar de diferentes maneras a la aplicación del artículo 6… La mercadotecnia dirigida a los niños de productos como cigarrillos y alcohol… 20. Las medidas para la aplicación del artículo 6 en relación con el sector empresarial deberán adaptarse en función del contexto e incluir medidas preventivas como la regulación y la supervisión efectivas de los sectores de la publicidad y la mercadotecnia y del impacto ambiental de las empresas.

26. La obligación de respetar significa que los Estados no deben, de forma directa o indirecta, facilitar, ayudar a que se produzca o secundar ninguna violación de los derechos del niño. Los Estados tienen además la obligación de garantizar que todos los actores respeten los derechos del niño, incluido el contexto de las operaciones y actividades empresariales. Para ello, el proceso de toma de decisiones y las políticas, las leyes y los actos administrativos relacionados con las empresas deberán ser transparentes, estar fundamentados e incluir un examen completo y continuo del impacto en los derechos del niño.

28. Los Estados tienen la obligación de ofrecer protección contra las violaciones por terceros de los derechos consagrados en la Convención y sus protocolos facultativos. Esta obligación adquiere una importancia fundamental al considerar las obligaciones de los Estados con respecto al sector empresarial. Supone que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias para impedir que las empresas cometan violaciones de los derechos del niño o contribuyan a ello. Estas medidas pueden incluir la aprobación de leyes y reglamentos, su seguimiento y aplicación o la aprobación de políticas en que se establezca la forma en que las empresas pueden incidir en los derechos de los niños… Por tanto, un Estado es responsable de dichas violaciones si no ha adoptado las medidas apropiadas, razonables y necesarias para impedirlas o repararlas, o si ha tolerado o colaborado de alguna otra forma en su comisión.” Lo anterior denota claramente, que el Estado costarricense tiene la obligación convencional de atender, en la toma de sus decisiones políticas, administrativas o judiciales, el interés superior del niño como una consideración primordial. Y en estos casos, resulta evidente que, ello es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo, tal como en el caso de estudio. Con mayor razón aún, cuando se decide reducir el ámbito de protección que ya existe. En esas condiciones, los Estados deben explicar cómo se ha respetado en la adopción de sus decisiones el derecho a que el interés superior del niño sea tenido en cuenta, incluida la forma en que este se ha sopesado frente a otras consideraciones, lo cual se echa de menos en este proyecto legislativo, ante la abundante evidencia del riesgo de afectación y la carencia de criterio técnicos o estudios que la justifiquen. Debe recordarse que la actuación del Estado debe ser preventiva, pues tal como lo expuso el Comité, la infancia es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos del niño, como la exposición a productos que pongan en peligro su salud, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales. En el mismo sentido, la tutela de la salud pública debe ser preventiva. Con base en lo expuesto, este Tribunal considera que el proyecto de ley contiene los vicios de fondo aquí apuntados, en tanto violenta el derecho a la salud, el derecho del interés superior del menor, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

  • 2)Respecto del principio de razonabilidad. Refieren los diputados y diputadas consultantes, que el proyecto de estudio no contempla una sola medida de compensación o restricción sobre la publicidad que se estaría habilitando. Estiman, además, que carece de proporcionalidad, debido a que el proyecto de ley cuestionado solo contiene estudios que demuestran sus impactos negativos; sin embargo, no fueron siquiera tomados en cuenta por los legisladores. Tampoco fueron contempladas medidas para compensar los daños, únicamente pretendieron favorecer el sector económico, por encima de la salud de las personas. Revisado el proyecto de estudio, se denota que las medidas o restricciones establecidas respecto de este tipo de publicidad, serían las siguientes: En el artículo 1 que reforma el artículo 12 de la Ley 9047, el proyecto consultado contiene una disposición en el sentido de que: “Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en uniformes deportivos y actividades deportivas de ligas menores.” Luego prevé que se destine un 1% del impuesto creado al ICODER para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar, debiendo coordinar para ello con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). También sujeta la publicidad a un control previo ante el Ministerio de Salud. Sin embargo, dado que, tal como ya se expuso, la propuesta legislativa carece de un estudio o criterio técnico que determine el efecto real y el impacto que tendría esta propuesta desde el punto de vista del costo positivo o negativo respecto de las personas menores de edad, en relación con la evidencia científica citada en los criterios institucionales, este Tribunal considera que tampoco podría estimar como razonables o proporcionales tales medidas, pues no superan el test de razonabilidad, reiterado por esta Sala en su jurisprudencia:

“V.- LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. Este denominado principio en realidad constituye un “test de razonabilidad”, un protocolo tendente a objetivar, en cierto grado, el proceso reflexivo mediante el cual el juzgador llega a concluir que determinada medida es irrazonable o desproporcionada. “Qué es razonable” es ciertamente un asunto de apreciación que, sin embargo, se puede y debe argumentar para que resulte al menos plausible. De lo que se trata es de plantear una metodología de aplicación de tal principio, que resulte útil para exponer los argumentos utilizados para calificar algo como razonable o no. Dicha metodología contiene los siguientes elementos: a) la legitimidad , en el sentido de que la medida no violente de manera evidente algún mandato legal jerárquicamente superior; b) la adecuabilidad, en tanto la medida sirva efectivamente para alcanzar el fin pretendido; c) la necesidad implica que entre varias medidas adecuadas, se debe escoger la menos lesiva; y d) la denominada “proporcionalidad en sentido estricto” , que obliga a que desde ninguna circunstancia se vea afectado el contenido esencial de un derecho constitucional en un proceso de ponderación normativa. Se aclara que para el sector doctrinario mayoritario, el elemento legitimidad es concebido más bien como un presupuesto. Este protocolo se aplica por fases, de manera que si el examen de una primera fase es insatisfactorio, resulta innecesario proseguir con el estudio del resto de aspectos, aunque, en algunos casos, para mayor contundencia del fallo se puede ahondar en ello”. (Sentencia n.° 2012-3951 de las 16:30 horas del 21 de marzo de 2012, reiterada en la sentencia n.° 2020-17611 de las 9:20 horas del 16 de setiembre de 2020).

Por consiguiente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, un acto que pueda implicar la desmejora en la protección del derecho a la salud de los niños y niñas frente a la libertad de comercio y la difusión de la publicidad de las bebidas con contenido alcohólico deber superar el test de razonabilidad, cuyos elementos son legitimidad, adecuabilidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Respecto a lo anterior, tal como fue señalado previamente, los promoventes del proyecto de ley justifican revertir la prohibición actual en relación con publicitar bebidas con contenido alcohólico en eventos deportivos, ante la necesidad de financiar a un grupo de deportistas de alto rendimiento, que requieren de mayores fondos económicos para desarrollarse y promover el deporte desde edades tempranas: “El ingreso que se genere ayudará a los deportistas, sus instalaciones deportivas y a las comunidades a mejorar, a preparar mejor sus niños y jóvenes para que por medio del deporte se fortalezcan los valores inculcados en el ámbito familiar y a vivir el deporte como un medio de distracción, salud y bienestar que consecuentemente los alejará de los flagelos que sufre la sociedad como la delincuencia, las drogas y todo tipo de abuso de sustancias perjudiciales para la salud. Es el fortalecimiento del deporte y la construcción o mejoramiento de lugares aptos para la práctica de los deportes la que permitirá tener ciudadanos más sanos y seguros de querer ser cada día más saludables y mejores seres humanos y en muchos casos forjará deportistas competitivos a nivel nacional e internacional.” Precisamente, en atención a los fuertes ingresos que se invierten en la promoción del consumo de las bebidas con contenido alcohólico y a la exposición pública de la publicidad que ya existe a través de múltiples medios actuales, es que se justifica la iniciativa legislativa con el objeto de obtener mayor provecho en el desarrollo del deporte. Hechos públicos y notorios en nuestro país respecto de algunas circunstancias vividas por algunos atletas de alto rendimiento, han evidenciado que, en efecto, es muy posible que en nuestro país exista una necesidad de destinar mayores fondos para la promoción del deporte. No obstante, en el expediente legislativo se echa de menos la revelación, por ejemplo, de cifras numéricas o de las necesidades particulares palpables en relación con tal fin, que permitan a este Tribunal valorar y determinar, si realmente es indispensable demeritar la protección actual en la salud pública frente a una mayor difusión de la promoción de bebidas, cuyo alto consumo es nocivo para la salud, para obtener mayores ingresos en el deporte, teniendo en consideración, además, que todos los criterios institucionales basados en estudios científicos advierten que una medida tal naturaleza será más gravosa que el beneficio pretendido. Así las cosas, si la consecuencia de tal acto sería tan grave (como provocar un daño mayor eventualmente en la salud pública, ante un mayor consumo del alcohol por parte de la población y sus efectos colaterales, especialmente para el caso de las personas menores de edad y jóvenes) y no existe justificación técnica alguna que pondere tales consecuencias y justifique que tal vía es la más idónea, se hace evidente la transgresión a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, a priori no se acredita la necesidad (que exista base fáctica que haga preciso proteger a un grupo de deportistas dotándolo de mayores ingresos, mediante la adopción de una medida que consiste en reducir la protección actual de prohibición de la publicidad de bebidas con alcohol que actualmente existe en las actividades deportivas, a pesar del resultado de los estudios que revelan su inconveniencia ante una eventual afectación de la salud pública), idoneidad (que la autorización pretendida sea la que mejor cumpla con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada) y proporcionalidad (que las consecuencias del acto a autorizar no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que se pretende obtener en beneficio de la colectividad). Conforme lo expuesto, si bien con la aplicación del test de razonabilidad, no se aprecia una violación evidente a la legitimidad, toda vez que regular el uso de la publicidad de tales productos es un asunto, cuya conveniencia y oportunidad es propia de la discrecionalidad del legislador, y respecto de la adecuabilidad (que la medida sirva para alcanzar el fin pretendido), dado que, evidentemente una inversión de esa industria en el deporte efectivamente generará mayores fondos y eso beneficiará el desarrollo del deporte, lo cierto es que no supera el examen con resultado positivo sobre la necesidad y “proporcionalidad en sentido escrito”, ya que respectivamente no se constató: 1) que entre varias medidas se haya escogido la menos lesiva. Tal como se advirtió en los criterios institucionales expuestos y en el punto anterior, existen otras medidas menos gravosas (becas, impuestos en las mismas bebidas con contenido alcohólico, programas, etc.) mediante los cuales podría beneficiarse al deporte financieramente, sin necesidad de someter a la población a una mayor publicidad de bebidas con contenido alcohólico, asumiendo el riesgo de aumentar el consumo de esas bebidas, así como los efectos dañinos que los estudios científicos advierten en la salud pública, especialmente en personas menores de edad y jóvenes; y 2) que no se haya afectado el contenido esencial de un derecho constitucional en la ponderación de los derechos en discusión. En este caso, se echa de menos la debida ponderación a la que obliga el principio del interés superior del menor, en tanto no se demostró que el beneficio para las personas menores de edad y la salud pública sea mayor, que el daño y el riesgo a producir. Por consiguiente, se estima que el proyecto resulta contrario al principio de razonabilidad.

  • 3)En relación con la Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Apuntan los diputados y diputadas consultantes, que este proyecto de ley pretende autorizar el patrocinio del deporte con bebidas alcohólicas, a pesar de que este tiene una especial repercusión en el aumento de la violencia contra las mujeres, lo cual consideran violenta los convenios señalados, pues no solo se incumple la obligación de tomar todas las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, sino que también omite adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que promueven la violencia, al revertir su política de protección, empeorando las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres.

No obstante, en el planteamiento de la consulta, los diputados y diputadas gestionantes omitieron indicar los artículos de esos instrumentos internacionales, que consideran han sido vulnerados con la propuesta legislativa. Se debe recordar que, de conformidad con el artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, esta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. Para tales efectos, corresponde a los gestionantes y no a este Tribunal señalar la disposición del instrumento internacional que se estima violentado, ya que no es labor propia de esta Sala, en una consulta legislativa facultativa, revisar todo el texto normativo invocado, a los efectos de resolver las inquietudes de los consultantes. De tal manera, la consulta sobre este presunto vicio de inconstitucionalidad, al omitir la norma convencional que se estima vulnerada, se encuentra redactada de una manera imprecisa, que implica la falta de fundamentación, y exige de parte de este Tribunal la realización de una labor intelectiva, que en este tipo de procesos es propia de los consultantes y no de esta Sala. Visto lo anterior, no ha lugar a evacuar la consulta en cuanto a este extremo.

  • 4)Respecto del principio de reserva legal tributaria. En relación con este principio, los gestionantes plantean dos dudas de constitucionalidad:
  • a)Un aparente problema en la aplicación de la ley tributaria, debido a la presunta contradicción que se produce entre el hecho generador y la base imponible del artículo 2 del proyecto consultado, lo que imposibilitará su aplicación, al no establecer claramente lo que decide gravar (el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios de un evento deportivo; o los ingresos totales generados por el evento deportivo en el que se realiza la publicidad).
  • b)Otra contradicción propia del mismo texto del artículo 2 consultado, por cuanto, en principio, menciona que es la Dirección General de la Tributación quien administrará, recaudará y fiscalizará dicho impuesto; no obstante, posteriormente, indica que es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación quien administrará el impuesto y los recursos serán depositados en sus cuentas.

El artículo consultado dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 2- Se establece un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto. El contrato puede ser anual o mensual.

La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios.

El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona física o jurídica cuyo producto o actividad comercial se beneficia comercialmente con la publicidad, propaganda y el patrocinio.

También podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción y retención, las personas físicas o jurídicas que otorguen el derecho de realizar la publicidad en sus eventos, instalaciones o implementos deportivos.

La administración, recaudación y fiscalización de este tributo corresponden a la Dirección General de Tributación. Los pagos del tributo deben realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al pago por publicidad, en la forma y los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Serán aplicables a los contribuyentes y a los agentes de retención o percepción del tributo las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el título III, todos de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.” Ahora bien, considera este Tribunal que, de manera evidente, tales aspectos corresponden a una cuestión de técnica legislativa que debe ser verificada y rectificada, eventualmente, por los legisladores, sin que por su propia condición sean vicios de inconstitucionalidad propiamente dichos. Se trata entonces de problemas de redacción, que no inciden de modo alguno en la constitucionalidad del proyecto. Adviértase que, al menos uno de ellos, fue advertido por el Departamento de Servicios Técnicos, e incluido como tal en el Dictamen Afirmativo de Mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos:

“Sobre el inciso 2) del Artículo 2, señala el departamento técnico que el hecho generador no está bien redactado pues se afirma que “se establece una contribución especial de un cinco por ciento (5%) sobre los ingresos de las actividades y eventos deportivos (…) donde se brinde propaganda publicidad y patrocinio de marcas (…) de bebidas con contenido alcohólico.” Según la interpretación literal de esto, un partido de futbol donde se permitiera este tipo de publicidad pagaría un 5% de impuesto sobre sus ingresos totales de todo tipo.

Pero si después vemos la base imponible vemos que está referida exclusivamente al valor económico del contrato de publicidad, propaganda o patrocinio.

Entonces, la redacción correcta del hecho generador sería el establecimiento de un impuesto “sobre los ingresos derivados de los contratos de la publicidad, propaganda o patrocinio de bebidas alcohólicas …” y no como incorrectamente se dice: “sobre los ingresos de actividades donde se brinda propaganda…” En aras de una correcta técnica jurídica y para evitar futuras complicaciones respetuosamente se sugiere corregir la redacción en el sentido indicado.” En consecuencia, tratándose de un tema de técnica legislativa que carece de todo impacto sobre la constitucionalidad del proyecto, no se advierte el vicio señalado por los consultantes.

VII.- Conclusión. De conformidad con lo señalado en los considerandos precedentes, se determina que el expediente legislativo n.° 21.745 no presenta el vicio de procedimiento aducido por los y las consultantes. Respecto de los vicios de fondo, el proyecto en cuestión, violenta únicamente los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad, progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el derecho a la salud, en los términos aducidos por los y las consultantes. En cuanto a la presunta vulneración de la Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo procedente es declarar inevacuable la consulta.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Tema de gran calado que se plantea en esta cuestión -a propósito de la alegada violación del principio de razonabilidad-, es si es posible ejercer una especie de control de discrecionalidad sobre la actividad legislativa o parlamentaria. Como es bien sabido, el control de discrecionalidad es una técnica que surge para verificar si la actividad de la Administración Pública se ajusta o no a las reglas unívoca de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Ergo, el ejercicio de las potestades discrecionales está sujetas a los principios generales del Derecho, y al control de los hechos determinantes y los conceptos jurídicos indeterminados, así como los elementos reglados del acto administrativo, por parte del Juez de lo contencioso-administrativo. Es evidente, y hasta donde yo recuerdo en ninguna parte del mundo se ha llegado a este exabrupto, que se aplique este control a la actividad parlamentaria; este tipo de control jamás se podría ejercer sobre la actividad legislativa o parlamentaria, pues el Parlamento quedaría reducido a la mínima expresión, y se dislocaría un elemento nuclear del sistema republicano. Lo que sí es posible, es ejercer un control de constitucionalidad de la actividad parlamentaria y, por consiguiente, del acto parlamentario final, sea este un decreto o un acuerdo legislativos, por vulnerar los principios de razonabilidad y proporcionalidad cuando están vinculados a un derecho fundamental y, por consiguiente, vacía su contenido esencial. Lo anterior significa, en buen castellano, que el legislador, en el ejercicio de la potestad de legislar, la potestad autonormativa, de control político, de dirección política, etc. tiene un amplio margen de discrecionalidad, una suerte de política legislativa, por lo que puede optar por una multiplicidad de variables en el marco de un órgano plural, democrático, donde la concertación política constituye un cauce necesario, en especial cuando en un periodo constitucional o legislación, un partido político o el partido de gobierno carece de la mayoría parlamentaria. Ese margen de discrecionalidad está exento del control de constitucionalidad, toda vez que, si esto no fuese así, el Tribunal Constitucional vendría a sustituir la voluntad del Parlamento, provocando una severa dislocación al sistema democrático, en especial lesionado de manera muy significativa el principio de separación de funciones. Dicho lo anterior, el Parlamento tiene una amplia libertad para seguir un determinado criterio técnico o apartarse de él, siempre y cuando con ello no afecté el contenido esencial de un derecho fundamental y, por consiguiente, también quebrante los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, tal y como ha establecido este Tribunal en cuanto a la afectación del medio, donde ha requerido para que la Ley pase el tamiz constitucional que hayan estudios técnicos o las compensaciones respectivas que demuestren que no hay quebranto al medio ambiente. Lo anterior es aún más cierto cuando en la discusión de un proyecto de ley hay distintos criterios técnicos o éstos son contradictorios entre sí. En estos supuestos, el legislador no está vinculado a seguir un determinado criterio técnico, sino que bien puede adoptar una decisión política tomando en consideración otros elementos de juicio. En otras palabras, no es posible declarar inconstitucional una Ley porque se apartó de uno o varios criterios técnicos -esto es propio de un control sobre la actividad de la Administración Pública-, salvo cuando tal omisión conlleva la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental.

IX.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:

“La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.

Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).

En el caso concreto, hay una referencia expresa a las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas números 14 y 16. Estimo que tal invocación es del todo pertinente, si se entiende que es para efectos hermenéuticos, pero no por unos supuestos efectos vinculantes para este Tribunal.

Adicionalmente, he de aclarar que la obligación del Estado costarricense de velar por el interés superior de la persona menor de edad no se deriva de lo dicho por tal Comité. Al respecto, cabe señalar que el principio del interés superior de la persona menor de edad, efectivamente debe inspirar y regir la elaboración de políticas públicas que eventualmente les impacten y las conductas de las autoridades en la toma de decisiones que les conciernan. Sin embargo, dicha obligación se deriva, en primer lugar, de lo dispuesto en el art. 51 de la Constitución Política que refiere que los niños y las niñas tienen derecho a una protección especial por parte del Estado. Además del art. 3.1) de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ley n.°7184 del 18 de julio de 1990, que ordena lo siguiente:

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (Lo destacado no corresponde al original).

Esta Sala ha manifestado que a partir de dicha determinación quedó instaurado plenamente el principio del interés superior de la persona menor de edad como un principio general de derecho, de manera que, debido a su naturaleza jurídica, irradia su función rectora sobre todo el ordenamiento jurídico.

En síntesis considero que son estas fuentes las que instauran el principio bajo análisis y no lo dicho en sí mismo por el Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas pues sus observaciones, si bien son sumamente valiosas, no integran el parámetro de control de constitucionalidad.

X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.

Con el respeto acostumbrado salvo el voto en relación con el vicio del procedimiento parlamentario sobre la omisión de realizar las consultas institucionales al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Respecto del fondo, declaro una infracción al principio de legalidad tributaria.

A.- Sobre el vicio en el procedimiento parlamentario En el sub lite se cuestionó la presunta infracción al art. 190 de la Constitución Política por la introducción de la norma que a continuación se transcribe. Lo anterior, sin que, a tales efectos, se hayan realizado las consultas institucionales a dos instituciones autónomas como lo son el PANI y el INAMU. La disposición en análisis señala lo siguiente:

“Art. 3- Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento.

Se crea el Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar a los deportistas de alto rendimiento.

(…) d) El uno por ciento (1%) al Icoder, para la elaboración y ejecución de acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar; para el diseño de estas acciones el Icoder deberá coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)”. (Lo destacado ‒que no es del original‒ corresponde a lo específicamente consultado).

Sobre el particular, tal y como se desprende de la opinión consultiva suscrita por la mayoría, el inciso bajo análisis fue introducido vía mociones de fondo en el Plenario, sin que, posterior a su aprobación, el texto haya sido debidamente consultado a las instituciones autónomas en mención. Es decir, la norma que se introdujo, en el sentido de que deben coordinar con el Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) la elaboración y ejecución destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar, no fue consultada a las referidas instituciones autónomas, pese a que impacta en sus competencias orgánicas. Dicha omisión, según mi criterio, lesiona lo ordenado en el art. 190 de la Constitución Política que señala lo siguiente:

“Art. 190. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla”.

Al analizar dicha norma, la Sala ha enfatizado que las consultas institucionales son constitucionalmente obligatorias en los supuestos en que haya una afectación jurídica a los fines que constitucional y legamente le sean encomendados a la respectiva institución autónoma (ver, por ejemplo, los votos números 2008-013832, 2009-10553 y 2019-016766). Igualmente, es obligatoria en los casos en que se incide en el marco jurídico que define la organización funcional y las competencias de la institución. En palabras de esta Sala, cuando se afectan “los medios jurídicos para el cumplimiento de sus fines”. Es decir, cuando se pretenda regular fines distintos y/o nuevos que distraen los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de las obligaciones para las cuales fueron creadas tales instituciones. Lo mismo que en relación a la modificación o afectación de la estructura orgánica o las competencias de la institución. Ahora bien, en el ejercicio del poder y derecho de enmienda de los legisladores, un proyecto de ley puede sufrir modificaciones respecto de la propuesta originaria publicada y consultada a las diversas instituciones, por lo que no toda modificación a través del ejercicio de este derecho debe ser consultada a las instituciones autónomas, sino solamente si hay aspectos novedosos referidos a la constitución o estructura orgánica o al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas. A contrario sensu, cuando sí haya una afectación, se hace obligatoria la consulta para que la Asamblea Legislativa la realice en un momento procesal oportuno, a fin de que la opinión institucional sea realmente valorada antes de tomar una decisión parlamentaria. Al respecto, esta Sala ha considerado que no se trata de una mera formalidad procesal, carente de sentido o finalidad sustantiva, puesto que con ella se persigue un propósito tocante a la idoneidad o calidad de la ley para obtener los resultados concretos que se quiere lograr con ella (resoluciones de esta Sala números 1633-93, 2001-02642, 2003-05404 y 2020-015523).

En el caso concreto, estamos examinando la afectación de las competencias otorgadas al PANI y al INAMU. La figura del PANI es de creación constitucional según lo contemplado en el art. 55 de la Constitución Política, el cual señala lo siguiente:

“Art. 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”.

En adición, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia n.°7648 del 09 de diciembre de 1996, señala que es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio, estableciendo que su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad.

Por otra parte, la ley n.°7801 del 30 de abril de 1998, que es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, prevé en su art. 1° la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), concebida como una institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

No se me oculta que el art. 3 inciso d) transcrito no despoja de recursos a ninguna de las instituciones. Por lo demás, ese 1% estaría siempre en manos de ICODER. Tampoco ignoro el hecho de que, a primera vista, tal inciso no lesiona la estructura orgánica o al ámbito esencial de las competencias de las instituciones involucradas; sin embargo, parece permitir que el Icoder tenga injerencia en la determinación del diseño y la ejecución de actividades y políticas que corresponden justamente a las competencias que son propias de cada una de esas instituciones autónomas. La utilidad y necesidad de las respectivas consultas es precisamente lo que despejaría cualquier duda y proporcionaría al legislador los elementos para asegurar que la coordinación indicada por esa norma no cercenaría la eficacia y extensión de las competencias de dichas instituciones.

De lo anterior se desprende que ambas son instituciones autónomas, una incluso es de creación constitucional. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 190 constitucional, si se pretende aprobar un proyecto de ley que incide en sus competencias, se hace necesaria la consulta institucional previa. Al constatarse que no se realizaron las correspondientes consultas, estimo que se produjo un vicio esencial del procedimiento parlamentario que lo invalida.

B.-Violación al principio de reserva legal tributaria Los legisladores consultantes afirman que en el caso del proyecto de ley bajo consulta, surge la duda de constitucionalidad, porque en el párrafo primero del art. 2 se crea el impuesto al indicar que se establece “un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico”; es decir, se señala expresamente que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por la actividades, eventos o artículos deportivos. No obstante, posteriormente, en el párrafo segundo, cuando se establece la base imponible, se indica: “La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios”. Manifiestan la duda de que surge el problema de aplicación de la ley tributaria, debido a que el hecho generador parecieran ser los ingresos derivados sobre las actividades deportivas que se están patrocinando, así como los artículos de venta sobre los cuales recae el patrocinio y que la tarifa se aplica sobre los ingresos generados por los eventos deportivos o los artículos, situación que es completamente distinta a lo establecido en la base imponible, que se refiere expresamente a que el impuesto recae sobre el monto pagado por publicidad, propaganda y patrocinios, no sobre los ingresos generados por las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos. Esto por cuanto no es lo mismo tributar un 6% de los ingresos del evento deportivo en el que se presenta la publicidad, que un 6% del monto pagado por publicidad. Por lo anterior, mencionan que tal y como, se redactó el tributo en cuestión, será de imposible aplicación por la falta de armonía entre el hecho generador y la base imponible, que pareciera responden a dos tipos de impuesto completamente distintos, lo que equivaldrá a que la Administración Tributaria deba llenar las lagunas o emitir directrices que terminen incumpliendo necesariamente el mandato legal.

Lo cuestionado por los legisladores tiene relación con lo dispuesto en el art. 2°, el cual prevé la creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento. Dicho fondo será financiado, además de transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a favor del mismo, mediante un impuesto “que recaerá sobre los recursos pagados por contratos de servicios de publicidad, propaganda o patrocinio en actividades, eventos, artículos deportivos de las personas físicas o jurídicas que produzcan, comercialicen o distribuyan bebidas con contenido alcohólico”. El proyecto de ley dispone lo siguiente:

“Art. 2- Se establece un impuesto de un seis por ciento (6%) sobre los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto. El contrato puede ser anual o mensual.

La base imponible sobre la cual se calculará el impuesto establecido en este apartado será el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios.

El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona física o jurídica cuyo producto o actividad comercial se beneficia comercialmente con la publicidad, propaganda y el patrocinio.

También podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción y retención, las personas físicas o jurídicas que otorguen el derecho de realizar la publicidad en sus eventos, instalaciones o implementos deportivos.

La administración, recaudación y fiscalización de este tributo corresponden a la Dirección General de Tributación. Los pagos del tributo deben realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al pago por publicidad, en la forma y los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Serán aplicables a los contribuyentes y a los agentes de retención o percepción del tributo las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el título III, todos de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88”. (Lo destacado no corresponde al original).

El principio de reserva legal tributaria significa que le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Legislativa establecer los impuestos, contribuciones nacionales y autorizar los municipales. El art. 121 inciso 13) de la Constitución Política lo contempla al señalar:

“Art. 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

  • 13)Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales” Dicho numeral fue objeto de desarrollo legal, para instaurar con claridad y precisión los alcances y cobertura del citado postulado. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) en el art. 5 lo regula del siguiente modo:

“Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede:

  • a)Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo;” A la luz de dicho principio constitucional únicamente por voluntad del legislador se puedan crear, modificar o suprimir tributos, así como eximir de su pago a determinados sujetos, especificando las condiciones y requisitos con tal propósito. Sobre este principio, en la sentencia n.°2014-1226 la Sala consideró lo siguiente:

“A partir de la norma transcrita, que desarrolla la reserva de Ley prevista en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, para el establecimiento de “impuestos y contribuciones nacionales”, se entiende que es únicamente la Asamblea Legislativa la que, mediante el procedimiento para la creación de la ley formal, puede establecer los elementos esenciales de los tributos nacionales: el sujeto pasivo, la base imponible, el hecho generador y el porcentaje del gravamen. El sujeto pasivo que es la obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias (artículo 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios); el hecho generador que es el presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación (artículo 31 ibídem); la base imponible como aquella a partir de la cual se calculará el importe de la obligación tributaria; y la tarifa del tributo, es decir, al porcentaje de la base imponible que deberá ser cancelada por parte del sujeto pasivo. En este sentido sentencia número 2004-05015, de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del doce de mayo del dos mil cuatro). Asimismo, este Tribunal se refirió al principio de reserva legal en materia tributaria, en los siguientes términos:

"VI.- El alegado principio de reserva de ley en materia tributaria, fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, entonces en sus funciones de jurisdicción constitucional, en Resolución de las ocho horas del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres, al expresar en lo que interesa:

"II.- El principio de "reserva de ley" en materia tributaria resulta de lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, a cuyo tenor corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "establecer los impuestos y contribuciones nacionales"; atribución que, con arreglo al artículo 9° ibídem, no podría la Asamblea delegar en el Poder Ejecutivo, al que tampoco sería lícito invadir la esfera del legislador en ejercicio de las facultades reglamentarias que le otorga el artículo 140 inciso 3° de la misma Constitución. El problema consiste, pues, en definir qué se debe entender por "establecer los impuestos", para determinar por allí si la Ley de Reforma Tributaria delegó o no en el Poder Ejecutivo, del modo que se alega en el recurso, la potestad exclusiva que le confiere el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política.

III.- Establecer significa "instituir", y también "ordenar, mandar, decretar", de acuerdo con el Diccionario de la Lengua. Establecer un impuesto es, por lo tanto, ordenar o decretar una cierta carga tributaria; o sea, dicho con más amplitud, crear el tributo y determinar "los objetos imponibles, las bases y los tipos..." (Sentencia número 4785-93, de las ocho horas treinta y nueve minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y tres).”.

En el presente caso, a primera vista, se aprecia que se está cumpliendo la condición constitucional de que el tributo sea aprobado por la Asamblea Legislativa y, además, los elementos esenciales del tributo están establecidos, con lo cual se da por cumplido el principio de reserva legal tributaria. Al respecto se observa que el hecho generador son los “los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, sin distinción del medio utilizado, sea este por medio formatos digitales o impresos en rótulos, avisos, vallas, estampados o similares, cuyo propósito sea hacer propaganda, publicidad o patrocinio comercial o llamar la atención hacia un producto con contenido alcohólico, estarán gravados con este impuesto”; la base imponible se calculará sobre el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios; el monto del impuesto es de un seis por ciento (6%) y la norma define al sujeto pasivo, que sería el anunciante. Por lo que, de conformidad con lo anterior, en tesis de principio no se verificaría que la norma consultada establezca una delegación de elementos esenciales del tributo. Sin embargo, una lectura más detenida de la norma lleva a concluir que en el sub lite existe tal imprecisión que se violenta el principio de reserva legal tributaria, tal y como lo aducen los legisladores consultantes.

Nótese que por un lado, al señalar el hecho generador se habla de “los ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, los artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico”; pero, luego, al definir la base imponible, lo hace sobre “sobre el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios”. Es decir, hay una grosera falta de consistencia entre las actividades que se pretenden gravar. La descripción del hecho generador y lo establecido respecto de la base imponible son radicalmente distintos ‒por un lado se habla de las actividades y eventos deportivos y, por otro lado, el monto pagado por publicidad, propaganda, y patrocinios‒ cuando deberían ser contestes y guardar la necesaria armonía que haga inteligible y aplicable la norma.

Ciertamente las normas tributarias son complejas y, por eso, además de que el Poder Ejecutivo las reglamenta, la Administración tributaria las desarrolla a través de directrices, opiniones, instrucciones. Por lo demás, debe tenerse presente que la Administración y el Tribunal Fiscal no pueden desaplicar una norma legal; por eso si esta no sólo es ambigua sino intrínsecamente contradictoria, incomprensible, el margen de desarrollo de la norma se amplía excesivamente. El mencionado artículo 2, por una parte, refiere a contratos y convenios correspondientes por las operaciones de publicidad, propaganda y patrocinios, pero, adicionalmente incluye una serie de actividades adicionales (ingresos derivados de las actividades y los eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, de cualquier naturaleza). De manera que esa estructura normativa es contraria a la lógica y razonabilidad que el legislador debe respetar. En consecuencia, considero que el deficiente ejercicio de la potestad legislativa lesiona en sí mismo el principio de reserva legal e induce a lesionarlo (por parte del Poder Ejecutivo y la Administración Tributaria).

A partir de las consideraciones realizadas, a mi juicio, se impone estimar este extremo de la consulta legislativa.

Por tanto:

Se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad, en el sentido de que el proyecto consultado que se tramita bajo el expediente número 21.745, "Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento": 1) No presenta el vicio de procedimiento aducido por los y las consultantes. 2) Presenta vicios de fondo, únicamente en cuanto violenta los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad, progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el derecho a la salud, en los términos aducidos por los y las consultantes. En cuanto a la presunta vulneración de la Convención Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el Principio de Reserva Legal Tributaria, se declara inevacuable la consulta. El magistrado Castillo Víquez únicamente considera que el proyecto de ley contiene los siguientes vicios de fondo: violenta el derecho a la salud, el derecho del interés superior del menor, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; además consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y evacua la consulta en el sentido de que hubo un vicio sustancial en el procedimiento legislativo, por la omisión de realizar la consultas institucionales contempladas en el artículo 190 de la Constitución Política. Además, la magistrada Garro Vargas evacua la consulta en el sentido de que el artículo 2° del proyecto de ley incurre en una infracción al principio de legalidad tributaria. Comuníquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Marta Esquivel R.

Nota del magistrado Salazar Alvarado.

Si bien coincido con la mayoría de la Sala, en cuanto que la reforma establecida en el proceso de “Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento”, contiene vicios que lo hacen inconstitucional, no estimo que para llegar a esta conclusión sea necesario exigir estudios técnicos que confirmen, en un sentido o en otro, los efectos negativos del levantamiento de la prohibición absoluta de usar anuncios de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, en general, y el impacto positivo o negativo sobre las personas menores de edad. Es claro, que la disposición objeto de consulta así planteada tiene problemas de relevancia constitucional. No hay duda que la publicidad de bebidas con contenido alcohólico debe estar sujeta a restricciones en favor de la protección de las personas más vulnerables de la sociedad, entre ellos, a los menores de edad.

Sin embargo, admito también, que en ocasiones es necesario la modulación de la posición de la Sala, como lo expresé en la Sentencia N° 2020-013837 de las 18:30 horas del 22 de julio de 2020, “La Sala debe actuar con cautela al estar bajo examen proyectos de ley que se ponen en entredicho por la falta de información científica y técnica rigurosa, lo que le obligaría a identificar esos caso para imponer un alto contenido científico y técnico. En ese sentido, bajo tal ponderación, el examen de constitucionalidad de las disposiciones debe hacerse evitando un escrutinio tan estricto, como para valorar – en esta etapa consultiva – el nivel de certeza científica exigido por el legislador. En un proceso de control previo de constitucionalidad, terminaría el Tribunal por asumir valoraciones técnicas y científicas, así como hacer juicios de valor sobre la calidad de estudios técnicos realizados dentro del expediente legislativo, lo cual debería ser resorte exclusivo del legislador. Debe recordarse, que se ejerce el rol preventivo de constitucionalidad, el que es de naturaleza abstracta, diferente al que se podría hacer, cuando se refiere al control a posteriori de la legislación, de una naturaleza más concreta y precisa, y aunque no enteramente libre de un juicio de abstracción por las formas de legitimación directa, sí es importante afirmar que permite un nivel de sustanciación dentro de la realidad nacional y de la política pública que pasa por la Asamblea Legislativa”. En este sentido, el Juez Constitucional debe ejercer algún grado de autocontención, especialmente cuando se trata de exigir un grado de certeza técnica o científica, en términos absolutos o casi absolutos. De igual forma, hay que admitir que si no se cumple con ciertos o determinados parámetros científicos y técnicos, no implicaría que la normativa sea automáticamente inconstitucional, toda vez que en ese proceso de toma de decisión, se transita muchas veces por campos humanos en el que pueden abundar opiniones técnicas y científicas, muchas veces contradictorias.

El problema de evidenciar que la Asamblea Legislativa no hizo llegar tal o cual información, o que no se acudieron a más recaudos legislativos, implica en si un juicio de valor un tanto debatible en el tema regulado por el proyecto de ley. Así, una exigencia de esta Sala de adicionar al trámite legislativo estudios técnicos, para que se demuestren los presuntos beneficios que contrarrestarían los perjuicios de la medida legislativa, es excesiva e innecesaria en mi criterio. No se debe mirar o deslegitimar una determinada medida legislativa al extremo de exigirla estudios técnicos y científicos, tal requerimiento sería en muchos casos altamente engorroso, o redundante por la dimensión multidisciplinaria de la información que se exige, o simplemente limitar o cerrar la libertad de configuración del legislador, como bien lo señala el magistrado Castillo Víquez en su nota.

La opinión de la Sala se sostiene en abundante información y criterios, pero no significa que se debe olvidar que hay otras soluciones para hacer llegar más recursos al deporte (que continúan vigentes en el mundo), como se desprende de la argumentación en favor de atemperar la prohibición absoluta.

No hay que descartar que existe otra cara de la moneda. El contexto en el que se tienen que desarrollar los deportistas de alto rendimiento en el país es sumamente complicado, es algo que fácilmente puede derivarse de la exposición de motivos del proyecto de ley, de la historia de los pocos atletas de alto rendimiento que el país ha ofrecido al mundo, y la escasa experiencia de quienes han culminado su carrera de formación, la que ha sido – principalmente – con sacrificio propio y soporte privado. La falta de recursos es uno de los factores que ha empañado un ambiente más favorable para deportistas nacionales en justas internacionales, y sigue impidiendo la formación de talentos que no pueden brillar en el mundo. Es claro, que no corresponde al Estado proporcionar todos los recursos, pero puede y debe hacer un acompañamiento estatal.

Es algo paradójico que lo que hoy en día abunda más en nuestro país, como un hecho público y notorio, es la escasez de recursos públicos, evidentemente esto domina el debate político nacional, de modo que, si bien una parte del proyecto de ley con el texto actual puede considerarse repugnante para el Derecho de la Constitución, podría ser objeto de otros enfoques.

El fin de la publicidad es hacer posicionamiento de un determinado producto o causar un cambio conductual del consumidor, de tal manera que haya una preferencia o consideración positiva hacia un producto.

Por otra parte, no se debe desaprovechar el diálogo de las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, y otras organizaciones en el mundo que promueven pautas de conducta empresariales, las que son y han sido, hasta cierto punto muy intensas, coincidentes en la necesidad de restringir y hasta prohibir la promoción de bebidas alcohólicas o de uso del tabaco, especialmente dirigidas a menores. Pero, en un contexto económico y de mercado como el costarricense, es evidente que se pueden intentar algunas estrategias, incluidas muchas de las iniciativas de las Naciones Unidas que han ido fortaleciéndose para introducir una ética social empresarial a partir de las los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, conocidas como las Reglas de Ruggie, o desde UNICEF con los “Derechos del niño y principios empresariales” (Derechos-nino-y-principios-empresariales.pdf (unicef.es)), que indican:

“5 Todas las empresas deben garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promuevan los derechos del niño.

La responsabilidad corporativa de respetar incluye:

…e. Buscar prevenir y eliminar el riesgo de que ciertos productos y servicios sean utilizados para el abuso, explotación o cualquier tipo de daños hacia los niños” …” Y, “6 Todas las empresas deben utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos del niño.

La responsabilidad corporativa de respetar incluye:

Garantizar que ni las comunicaciones ni el marketing tengan un impacto negativo en los derechos del niño Cumplir con las pautas de conducta empresarial establecidas en los instrumentos de la Asamblea Mundial de la Salud relacionadas con el marketing y la salud.

El Compromiso corporativo de promover incluye:

La utilización de marketing que coinciencie sobre y fomente los derechos del niño, la autoestima positiva, un modo de vida saludable y valores no violentos”.

Es claro, que se debe buscar un balance entre los diferentes intereses económicos en juego, lo que no necesariamente son bien conciliados con las prohibiciones absolutas, sino que pueden ser bien ponderadas, y abiertas al reconocimiento de las responsabilidades que pueden aceptar las empresas voluntariamente comprometidas con los principios empresariales y los derechos humanos, así como con las buenas prácticas de cara a los derechos humanos de los niños.

Nada impide que existan diferentes estrategias publicitarias, que permitan limitar dicha publicidad para excluir del mensaje la promoción de bebidas con contenido alcohólico a menores de edad. Esto es esencial. Pero, se puede pensar en un marketing de actividades deportivas moduladas mediante restricciones en el tamaño, visibilidad de marcas, etc., especialmente para que sean dirigidas a los adultos. La prohibición se sostiene cuando se trata, por supuesto, de que el contenido del mensaje sea directa o indirectamente dirigido a la juventud y a la niñez, lo que en efecto es, y debe ser prohibido o restringido.

Luis Fdo. Salazar A.

Consulta legislativa n.°21-21764-007-CO 1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Constitución Política de Costa Rica Arts. 51, 55, 190
    • Convención sobre los Derechos del Niño Art. 3.1
    • Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes Arts. 25.1.4, 33

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