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Res. 01023-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/01/2022
OutcomeResultado
The amparo is granted, and the Mayor and Municipal Council President of Matina are ordered to solve the flooding problem caused by the dike in the 23 Millas community within three months, with costs assessed.Se declara con lugar el amparo y se ordena al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal de Matina solucionar el problema de inundaciones causado por el dique en la comunidad de 23 Millas, en un plazo de tres meses, con condena en costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of the 23 Millas community in Matina against the Mayor and the Municipal Council President. The petitioner claims that the banana plantation Limonfrut C has built and expanded a dike bordering the community without municipal permits and with the Municipality's tacit approval. Despite protecting the plantation, the dike creates an imminent flood risk by enclosing the community with earthen walls. The community had filed complaints since 2008 without response, and even a prior amparo (2010) was granted but its orders were not followed by the Municipality. In July 2021, severe flooding caused irreparable economic losses. The Chamber finds that the Municipality neglected to act for over a decade despite knowledge of the situation, violating the right to a healthy environment and the right to life and physical integrity. The amparo is granted, and the Municipality is ordered to solve the flooding problem within three months.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por una vecina de la comunidad de 23 Millas de Matina contra el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal. La recurrente alega que la finca bananera Limonfrut C ha construido y ampliado un dique en la colindancia con la comunidad sin los permisos municipales correspondientes y a vista y paciencia de la Municipalidad. Esta obra, aunque busca proteger la plantación, expone a la población a un peligro inminente de inundaciones, al dejar la localidad encerrada por paredes de tierra. La comunidad había presentado gestiones desde 2008 sin recibir respuesta, e incluso un amparo anterior (2010) fue declarado con lugar sin que la Municipalidad cumpliera la orden. En julio de 2021, una fuerte inundación dejó pérdidas económicas irreparables. La Sala concluye que la Municipalidad omitió actuar pese a tener conocimiento de la situación por más de un decenio, lo que vulnera los derechos a un ambiente sano y a la vida e integridad física. Se declara con lugar el recurso y se ordena solucionar el problema de inundaciones en un plazo de tres meses.
Key excerptExtracto clave
Of particular importance for the resolution of this matter is to reiterate that municipalities, by constitutional mandate, are responsible for safeguarding local interests and, consequently, must oversee all works carried out within their jurisdiction. Therefore, even admitting that the banana company has built or repaired dikes without the respective municipal permits (it is reported that no permit application for the construction of a dike or earth movements has ever been filed with the Municipality of Matina by Limonfrut C or any other natural or legal person on the banks of the canal in the 23 Millas community), it is evident that, given the scale of the work, the municipal corporation should have become aware of its existence and, consequently, halted construction. Nevertheless, the municipality had knowledge of the dike constructions or repairs taking place in the canton of Matina. It is proven that on October 10, 2008, the 23 Millas de Matina community filed a written complaint with the Municipality expressing concern over the erection of a dike bordering 23 Millas by the banana plantation Limonfrut C, as they believed it entailed more risks than benefits. They also requested to be informed whether permits had been granted for that construction. Likewise, on October 19, 2009, a group of neighbors from 23 Millas de Matina again submitted another document to the Municipality reiterating the problem with the dike. In addition, on February 26, 2010, the petitioner here filed the amparo processed under file 10-002951-0007-CO, due to the lack of response to a request filed on June 9, 2008 and reiterated on October 19, 2009, in which several neighbors of 23 Millas asked the Municipal Council of Matina to provide information on the permits granted to the company Limonfrut C to make modifications to a dike located in the community where they reside. By judgment No. 2010-007815 of 08:44 hours on April 30, 2010, the amparo was granted and the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina, were ordered to respond to both requests within fifteen days. It is thus clear that, although the authorities of said municipality have had full knowledge of the alleged situation for more than a decade, they have not taken the necessary steps to resolve it decisively. It is even reported that the damage suffered in the last flood of July in the 23 Millas sector is mainly due to the damage suffered by the dike structure known as Dique Placeres, caused by floods and the failure of water retention. Furthermore, damage not recorded on previous occasions occurred, which is why the local government, immediately upon these events, made the corresponding request to the National Emergency Commission and other institutions that collaborated to rebuild the retention structure of the dike protecting the community of Matina. From the foregoing, it is concluded that the Municipality failed to act as required by constitutional mandate and currently there is a problem within its jurisdiction that must be given priority and solution, in protection of the environment and the lives of its residents. Therefore, regardless of who was responsible for carrying out the work and the eventual liabilities that may be established in ordinary proceedings against the dike builders, the fact is that the problem must be solved.De particular importancia para la resolución de este asunto es reiterar que las municipalidades, por mandato constitucional están encargadas de velar por los intereses locales y en consecuencia deben fiscalizar todas aquellas obras que se realicen dentro de su jurisdicción, razón por la cual, aun admitiendo que la empresa bananera ha construido o reparado diques sin los respectivos permisos municipales (se informa que ante la Municipalidad de Matina nunca se ha presentado solicitud de permiso para la construcción de un dique o movimientos de tierra por parte de la sociedad Limonfrut C o cualquier otra persona física/jurídica, a las márgenes del canal en la comunidad de 23 Millas) es evidente que por la magnitud de la obra, la corporación municipal debió percatarse de su existencia y, en consecuencia, detener las labores de construcción. No obstante, la municipalidad tuvo conocimiento de las construcciones o reparaciones de diques que se estaban llevando a cabo en el cantón de Matina. Se acredita que el 10 de octubre de 2008, la comunidad de 23 Millas de Matina, planteó ante la Municipalidad por escrito, su preocupación por el levantamiento de un dique en la colindancia con 23 Millas, por parte de la finca bananera Limonfrut C, pues consideran que conlleva más riesgos que beneficios. También requirieron se les indicara si se habían otorgado permisos para esa construcción. Igualmente, el 19 de octubre de 2009, un grupo de vecinos de 23 Millas de Matina volvió a entregar otro documento a la Municipalidad reiterando la problemática con el dique. Además, el 26 de febrero de 2010, la aquí recurrente interpuso el recurso de amparo que se tramitó en el expediente 10-002951-0007-CO, por falta de respuesta de una gestión presentada el 09 de junio de 2008 y reiterada el 19 de octubre de 2009, donde varios vecinos de 23 Millas solicitaron al Concejo de Matina que se les brindara información sobre los permisos otorgados a la empresa Limonfrut C para realizar modificaciones a un dique ubicado en la comunidad en que residen. Mediante sentencia No. 2010-007815, de las 08:44 horas del 30 de abril de 2010, se declaró con lugar el recurso el amparo y se ordenó al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina, contestar ambas gestiones en el plazo de quince días. De este modo, resulta claro que, pese a que las autoridades de tal municipio tienen pleno conocimiento, desde hace más de un decenio, de la situación alegada, no han realizado las gestiones necesarias para solventarla de manera contundente. Incluso se informa que la afectación que sufrió en la pasada inundación de julio el sector de 23 Millas, responde principalmente al daño sufrido en la estructura del dique conocido como Dique Placeres, causado por las inundaciones y la falla en la retención del agua. Además, que se dieron afectaciones no registradas en ocasiones anteriores, por lo que el gobierno local, inmediatamente al suceso de estos hechos, generó la solicitud correspondiente ante la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones que colaboraron para reconformar la estructura de retención del dique que protege a la comunidad de Matina. De lo expuesto, se concluye que la Municipalidad omitió actuar según corresponde por mandato constitucional y en la actualidad existe un problema dentro de su jurisdicción al cual debe darse prioridad y solución, en tutela del medio ambiente y la vida de sus munícipes. Así que independientemente de quien fue el encargado de ejecutar la obra y las eventuales responsabilidades que puedan sentarse en la vía ordinaria con respecto a los constructores del dique, lo cierto es que el problema debe solucionarse.
Pull quotesCitas destacadas
"Se concluye que la Municipalidad omitió actuar según corresponde por mandato constitucional y en la actualidad existe un problema dentro de su jurisdicción al cual debe darse prioridad y solución, en tutela del medio ambiente y la vida de sus munícipes."
"It is concluded that the Municipality failed to act as required by constitutional mandate and currently there is a problem within its jurisdiction that must be given priority and solution, in protection of the environment and the lives of its residents."
Considerando VI
"Se concluye que la Municipalidad omitió actuar según corresponde por mandato constitucional y en la actualidad existe un problema dentro de su jurisdicción al cual debe darse prioridad y solución, en tutela del medio ambiente y la vida de sus munícipes."
Considerando VI
"Los Gobiernos Locales deben de cambiar su papel pasivo de espectador ante uno de protagonista vital y definitivo en los propósitos de bienestar trazados en el texto Constitucional."
"Local Governments must change their passive role of spectator to one of vital and definitive protagonist in the welfare goals outlined in the Constitutional text."
Considerando VI, citando sentencia No. 2009-002247
"Los Gobiernos Locales deben de cambiar su papel pasivo de espectador ante uno de protagonista vital y definitivo en los propósitos de bienestar trazados en el texto Constitucional."
Considerando VI, citando sentencia No. 2009-002247
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país"
"the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inaction by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights."
Considerando IV
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país"
Considerando IV
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Court of Constitutional Review Date of Resolution: January 14, 2022 at 09:20 Case File: 21-018274-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: COURT OF CONSTITUTIONAL REVIEW *210182740007CO* Case File: 21-018274-0007-CO Res. No. 2022001023 CONSTITUTIONAL REVIEW CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January fourteenth, two thousand twenty-two. Amparo appeal filed by [Name 001], of legal age, in a common-law union, management assistant, identity card [Value 001], resident of Matina, on behalf of the Group of residents of 23 Millas de Matina de Limón, against the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina. Whereas: 1.- Through a written brief received in the Secretariat of the Chamber at 09:53 on September 16, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina, and states that on July 22, 2021, her community experienced a severe flood, leaving them isolated, and furthermore, the local residents suffered irreparable economic losses. She reports that the banana farm Limonfrut C has been building and expanding a levee (dique) on the boundary with 23 Millas for a long time, in full view of the respondent Municipality. Although this work aims to protect the plantation, it also exposes the population to an imminent danger, since their locality remains enclosed by earthen walls, meaning "in future floods the water height will be even higher, and with this the danger faced by the inhabitants is even greater." She argues that on October 10, 2008, the community of 23 Millas de Matina filed a written concern with the Municipality regarding the raising of the levee, as it entails more risks than benefits. There, they also requested to be informed whether permits had been granted for that construction. On October 19, 2009, almost a year later, a group of neighbors again delivered another document to the municipal entity in the same terms, to which they have received no response to date. She asserts that on February 26, 2010, she had to initiate an amparo appeal processed under case file 10-002951-0007-CO, in which the Chamber granted the appeal; however, the order contained in the resolution at 08:44 on April 30, 2010, was never complied with by the respondent Municipality. She requests that the respondent municipality be ordered to halt the works on the levee and proceed with the demolition of what has already been built, in order to safeguard the well-being of the inhabitants of the community of 23 Millas. Based on the foregoing, she considers that the actions of the respondent authorities violated fundamental rights. 2.- By resolution at 14:32 on September 16, 2021, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the Mayor and the President of the Council, both of Matina, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- Walter Céspedes Salazar, in his capacity as Mayor of Matina, reports under oath (brief filed at 16:03 on September 24, 2021), attaching official letter UTGVM-PRS-044-2021, dated September 24, 2021, through which Mr. Lic. Bryan Navarro Hernández, Social Promoter of the Municipal Road Management Technical Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) of that Municipality, and Mr. Ing. José Manuel Lee Obando, Assistant of that Unit, render the corresponding report. This document indicates the following: "in accordance with a situation occurring in the community of 23 millas (In response to the amparo appeal under case file 21-018274-0007-CO, at the request for information by MBA. Johnny Rodríguez (Municipal Manager) and Licenciado Ricardo Sossa (legal advisor of the Municipality of Matina)), on September 23 of this year, we visited the site. It is important to inform you of the location of the site where the reported events occurred; therefore, for a better indication, a sketch is attached: (…) At the site, a survey was conducted with an unmanned aircraft (drone), in order to obtain a resource (photogrammetry), to generate this report, providing an important input. A survey of approximately 4.5 hectares was conducted, resulting in the following area: (…) A drainage channel (canal) that flows toward the community of 23 millas is observed at the site. It appears to be an existing channel where signs of cleaning work are indeed visible; however, its condition prior to this visit is unknown. It is presumed that due to the amount of water passing through the site, an increase in sediment in the channel was generated due to the recent floods. However, this inquiry must be directed to the banana company. It must be clear and emphatic that our department does not maintain a registry of levees or constructions of this type, as our primary function is the attention and maintenance of roads within the RVC (Cantonal Road Network, Red Vial Cantonal). From this point, the following channel profile is generated for its respective analysis: (…) From the preceding image, it is observed that the channel has a bottom width of approximately 4 meters; piles of earth are observed on both sides, for an approximate total width of 35 meters. It must be emphasized that the section analyzed is the red line in illustration 3, with a cross-sectional distance of the channel of 83.5 meters. A cross-section of the channel is analyzed in a stretch near the homes adjacent to the channel in 23 millas (as it is the place denounced in the amparo appeal), which crosses the banana farm and serves as drainage for the southern sector of national route 805, in front of the community of 23 Millas. Thus, a new profile is obtained, which was analyzed to identify whether the condition in illustration 3 is maintained, obtaining the following data: (…) In this section (Illustration 4), a line is taken (the one appearing in red), corresponding to 62.5 meters (cross-section of the channel). From the same data, it follows that the material piled adjacent to the banana farm is approximately 2 meters lower than the elevation inhabited by the town of 23 millas. This last point is very important because, although it is true that this entire sector of Matina corresponds to a floodplain (llanura de inundación), having a difference of approximately 2 meters makes the northeastern area of Illustration 4 more prone to receiving water in the event of a flood. Another particularity of the community of 23 millas is that it is largely surrounded by the Banana plantation, but its access involves crossing the railway line. This public infrastructure also presents an elevation above the typical geography of this area, so we also analyzed the channel's entry to this community from one of these points to ascertain the height of the Train line, obtaining the following data: (…) In the red line, the analyzed access is observed, from which the following data is obtained: (…) As observed, the height difference between the highest point of the train line and the section of terrain near this public infrastructure exceeds 1 meter. As an important input, some wide-panorama photographs are generated from an approximate height of 50 meters: (…) Delving slightly into the topic of flooding, it must be emphasized that these sectors (23 Millas, Placeres, 24 Millas) are prone to flooding during the rainy season. Incidentally, in the past July flood, this sector was even more affected due to the damage to the retention structure located on the Río Barbilla. It is also important to consider this point, because this breach occurred and is very close to the community of 23 millas, thus generating a disproportionate increase in the flow carried by the channel adjacent to the community, to such an extent that impacts not recorded on previous occasions occurred. A sketch is attached to show the proximity to the described break. It should be noted that the local government, immediately upon these events, generated the corresponding request before CNE and other institutions that collaborated to reconstruct the retention structure of the levee protecting the community of Matina: (…) As observed, the distance is approximately 1.7 kilometers, a very short distance; combined with the channel that already exists and which has been discussed throughout this report, they generated the damages alleged by the residents. This can be seen in the following panoramic photo: (…) As part of the reconstruction works, photos were generated to glimpse the impacts caused to the levee that protects both the community of Matina from the Río Barbilla and that affects the 23 millas sector. Said image is provided: (…) Thus, it is concluded that the impact suffered by the 23 millas sector during the past flood was primarily due to the damage suffered in the structure of the levee known as Dique Placeres, caused by the flooding and the failure in water retention. Furthermore, information must be expanded upon by the pertinent departments regarding the infrastructure works undertaken by the banana farms in the study sector. With nothing further for now, they bid farewell." 4.- Alfredo Wheathey Burton, in his capacity as President of the Municipal Council of Matina, reports under oath (brief filed at 16:03 on September 24, 2021), in the same terms as Walter Céspedes Salazar, Mayor of Matina. 5.- By resolution at 16:27 on October 11, 2021, as evidence for a better resolution, the Instructing Judge ordered Walter Céspedes Salazar, in his capacity as Mayor of Matina or whoever holds that position, to clarify to this Chamber who authorized the construction of the levee referred to by the appellant and located in that canton, since the attached study indicates that the Municipal Road Management Technical Unit does not have a registry of levees or constructions of this type, as its primary function is the attention and maintenance of roads in the cantonal road network. The foregoing also considering that what the appellant has been claiming since the amparo appeal No. 10-002951-0007-CO -whose judgment 2010-007815, at 08:54 on April 30, 2010, is indicated as not having been complied with by that Municipality- is information regarding the permits granted to the company Limonfrut C to make modifications to a levee located in the community where she resides. 6.- According to certification dated December 14, 2021, the Mayor of Matina did not render the report requested of him in the resolution for evidence for a better resolution issued at 16:27 on October 11, 2021. 7.- By resolution at 14:57 on December 15, 2021, as evidence for a better resolution, the Instructing Judge ordered that the Contraventional Court of Matina be commissioned to serve the resolution issued at 16:27 on October 11, 2021, personally on the Mayor of Matina. 8.- Walter Céspedes Salazar, in his capacity as Mayor of Matina, reports under oath (brief filed at 15:57 on December 16, 2021), that, in compliance with the order by resolution at 16:27 on October 11, 2021, he attaches the corresponding report prepared by Architect Carlos Fuentes Espinoza of the Construction Unit (Unidad de Construcciones) of the Municipality of Matina, official letter CMFE-2021-001, dated December 3, 2021, which certifies that no application for a permit for the construction of a levee or earthworks (movimientos de tierra) by the company Limonfrut C or any other natural/legal person on the banks of the channel in the community of 23 Millas has ever been filed before that Municipality. 9.- The prescribed legal procedures have been observed in these proceedings. Drafted by Judge Pacheco Salazar; and, Considering: I.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that the banana farm Limonfrut C has been building and expanding a levee on the boundary with 23 Millas for a long time, in full view of the Municipality of Matina. Although this work aims to protect the plantation, it also exposes the population to an imminent danger, since their locality remains enclosed by earthen walls. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondents have failed to refer to them as prescribed in the initial order: 1) On October 10, 2008, the community of 23 Millas de Matina filed a written concern with the Municipality regarding the raising of a levee on the boundary with 23 Millas by the banana farm Limonfrut C, as they consider it entails more risks than benefits. They also requested to be informed whether permits had been granted for that construction (document provided by the appellant). 2) On October 19, 2009, a group of neighbors from 23 Millas de Matina again delivered another document to the Municipality of Matina reiterating the issue with the levee (document provided by the appellant). 3) On February 26, 2010, the appellant herein filed the amparo appeal processed under case file 10-002951-0007-CO, for lack of response to a petition filed on June 9, 2008, and reiterated on October 19, 2009, wherein several residents of 23 Millas requested the Council of Matina to provide them with information on the permits granted to the company Limonfrut C to make modifications to a levee located in the community where they reside. By judgment No. 2010-007815, at 08:44 on April 30, 2010, the amparo appeal was granted and the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina, were ordered to answer both petitions within a period of fifteen days (document provided by the appellant). 4) The banana farm Limonfrut C has been building and expanding a levee on the boundary with 23 Millas for a long time, in full view of the Municipality of Matina, despite the fact that it exposes the population to an imminent danger, given that the locality remains enclosed by earthen walls (uncontested fact). 5) No application for a permit for the construction of a levee or earthworks by the company Limonfrut C or any other natural/legal person on the banks of the channel in the community of 23 Millas has ever been filed before the Municipality of Matina (report from the respondent mayor). 6) On July 22, 2021, the community of 23 Millas de Matina suffered a severe flood, leaving them isolated, and furthermore, the local residents suffered irreparable economic losses (uncontested fact). 7) The impact suffered by the 23 Millas sector during the past July flood was primarily due to the damage suffered in the structure of the levee known as Dique Placeres, caused by the flooding and the failure in water retention (document provided by the respondent mayor). 8) Impacts not recorded on previous occasions occurred, which is why the local government, immediately upon these events, generated the corresponding request before the Comisión Nacional de Emergencias and other institutions that collaborated to reconstruct the retention structure of the levee protecting the community of Matina (document provided by the respondent mayor). III.- Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Derived from Articles 21 and 50 of the Constitution, this Chamber has recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is from these articles, international law regulations, and infra-constitutional environmental regulations, that the State's responsibility to exercise a tutelary and guiding function in this matter arises. The protection of this right has a direct relationship with well-being in health matters, meaning the Costa Rican State is obligated to prevent acts that harm the environment. In this sense, in Judgment No. 2013-008277, at 09:10 on June 21, 2012, this Chamber stated the following: "the State is obligated to arrange everything necessary within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the propitious social conditions so that each person may enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, psychological, and social well-being." Based on the foregoing, it is the duty of this Tribunal to establish its functions as comptroller of compliance with the obligations derived from Articles 21 and 50 of the Constitution, as it is the guarantor body of fundamental rights (Judgment No. 2016-004961, at 09:05 on April 15, 2016). IV.- Regarding the State's objective obligation to safeguard human life. It has been usual that the right to life, frequently analyzed jointly with the right to physical integrity, has been understood as a right with negative content, i.e., its purpose was limited to the claim against the State that it refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example, torture or the death penalty, or that it punish persons, public and private, who attack the life and integrity of others, through the penal system. However, the current trend is to impose various positive duties on the State, in the sense that, beyond disrupting the physical existence of persons, it must act to safeguard their protection against the multiple dangers that threaten them, whether they come from the actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional nature, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right. Now, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be taken in protection of that right, in the face of clearly negligent attitudes by public authorities. Thus, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently. Consequently, the possibility of demanding, judicially, through the amparo appeal, a specific type of welfare activity by the State in compliance with its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of the persons. It follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inaction by the State, through its competent organs, in attending to the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights (Judgment No. 2006-018065, at 09:05 on December 15, 2006, reiterated, among others, in Judgment 2020-003463, at 09:30 on February 21, 2020). V.- Regarding the duty of municipalities to ensure the well-being of the canton's inhabitants. In accordance with Article 60 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and Judgment 2010-007858, at 09:37 on April 30, 2010, it is part of municipal duties to ensure the living conditions of the canton's inhabitants, in the following terms: "This Chamber has repeatedly indicated that, as established by Article 169 of the Constitution and the Municipal Code, Municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good potable water supply and sewage evacuation systems, through adequate aqueduct and sewer systems; modern lighting and ornamentation systems for cities; efficient construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; and, in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe." VI.- Regarding the specific case. The appellant claims that the respondent authorities have been deficient in addressing the problem they suffer with the levee that the banana farm Limonfrut C has been building and expanding on the boundary with the community of 23 Millas for a long time, in full view of the Municipality of Matina. A situation for which they have filed petitions since October 10, 2008, because although the work aims to protect the plantation, it also exposes the population to an imminent danger, since their locality remains enclosed by earthen walls. In fact, on July 22, 2021, the community suffered a severe flood, leaving them isolated, and the local residents suffered irreparable economic losses. Of particular importance for the resolution of this matter is to reiterate that municipalities, by constitutional mandate, are charged with ensuring local interests and, consequently, must supervise all works carried out within their jurisdiction. For this reason, even admitting that the banana company has built or repaired levees without the respective municipal permits (it is reported that no application for a permit for the construction of a levee or earthworks by the company Limonfrut C or any other natural/legal person on the banks of the channel in the community of 23 Millas has ever been filed before the Municipality of Matina), it is evident that due to the magnitude of the work, the municipal corporation should have noticed its existence and, consequently, stopped the construction work. Nevertheless, the municipality had knowledge of the construction or repair of levees being carried out in the canton of Matina. It is proven that on October 10, 2008, the community of 23 Millas de Matina filed a written concern with the Municipality regarding the raising of a levee on the boundary with 23 Millas by the banana farm Limonfrut C, as they consider it entails more risks than benefits. They also requested to be informed whether permits had been granted for that construction. Likewise, on October 19, 2009, a group of neighbors from 23 Millas de Matina again delivered another document to the Municipality reiterating the issue with the levee. Furthermore, on February 26, 2010, the appellant herein filed the amparo appeal processed under case file 10-002951-0007-CO, for lack of response to a petition filed on June 9, 2008, and reiterated on October 19, 2009, wherein several residents of 23 Millas requested the Council of Matina to provide them with information on the permits granted to the company Limonfrut C to make modifications to a levee located in the community where they reside. By Judgment No. 2010-007815, at 08:44 on April 30, 2010, the amparo appeal was granted and the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina, were ordered to answer both petitions within a period of fifteen days. Thus, it is clear that, despite the authorities of said municipality having had full knowledge of the alleged situation for more than a decade, they have not taken the necessary steps to resolve it decisively. It is even reported that the impact suffered by the 23 Millas sector during the past July flood was primarily due to the damage suffered in the structure of the levee known as Dique Placeres, caused by the flooding and the failure in water retention. Additionally, that impacts not recorded on previous occasions occurred, which is why the local government, immediately upon these events, generated the corresponding request before the Comisión Nacional de Emergencias and other institutions that collaborated to reconstruct the retention structure of the levee protecting the community of Matina. From the foregoing, it is concluded that the Municipality failed to act as mandated by the Constitution, and there currently exists a problem within its jurisdiction that must be given priority and a solution, in protection of the environment and the lives of its residents. Thus, regardless of who was responsible for executing the work and the potential liabilities that may be established in the ordinary jurisdiction regarding the builders of the levee, the fact is that the problem must be solved. In light of the foregoing considerations, it is clear that the municipal authorities are obligated to ensure the well-being of the inhabitants of their canton, pursuant to Article 169 of the Constitution, which entrusts these entities with the administration of local services and interests of the canton. Likewise, the Chamber has been clear in stating that this obligation takes on special relevance when the right to physical integrity is at stake, and mere bureaucratic or budgetary arguments are not admissible to delay the proper realization of fundamental rights. This Constitutional Tribunal has so resolved by considering the following: "VI.- It must be borne in mind that the principle of legality has left behind its formality, which represented a considerable obstacle to the activity of state organs and the effective realization of the fundamental rights established by the Constitution, specifically, the right to the provision of public services by the State. Local Governments must change their passive role as spectators to one of vital and definitive protagonists in the welfare purposes outlined in the constitutional text, when they are designated as the administrators of local interests and services. Faced with this, they must turn all their attention to the needs of their community, without the already customary refrains about lack of resources and bureaucratic entanglements preventing the satisfaction of those needs" (Judgment No. 2009-002247, at 12:17 on February 13, 2009). Under these circumstances, it is inevitable to grant the appeal, since a swift and effective action on the part of the Municipality of Matina is notably lacking in the face of what constitutes a severe threat to the life and physical integrity of the appellant and the residents, for which it has constitutional and legal competence. VII.- Conclusion. Based on the foregoing, the Chamber considers that the respondent Municipality has omitted to take the necessary actions to prevent the existing flooding problem in the community of 23 Millas de Matina, which endangers the health and physical integrity of the appellant and its inhabitants every time there is heavy rainfall. Therefore: The amparo appeal is granted, but only for the effects indicated in this operative part. The Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Matina, are ordered—or whoever holds those positions—to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies, so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the flooding problem caused by a levee on the boundary with the community of 23 Millas de Matina, as described in this resolution, is resolved. The respondents shall have a period of three days, counted from the notification of this judgment, to inform this Chamber regarding compliance with what is ordered herein, under penalty of incurring liability, without prejudice to any criminal consequences outlined in the Amparo Jurisdiction Law. The judge executing this resolution is notified. Judge Castillo Víquez notes. Ana Maria Picado Brenes President Fernando Castillo Víquez Paul Rueda Leal Aracelly Pacheco Salazar Anamari Garro Vargas In light of the foregoing, this Tribunal considers that the omissions attributed to the respondent municipality violate the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, and therefore the appeal must be granted, as is hereby ordered and with the effects indicated in the operative part.
VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s view that if the Public Administration has already intervened, its cognizance and resolution lie with the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to hear the merits when other rights of the affected persons are at stake, as occurs in this case, in which flooding in the community of 23 Millas de Matina is alleged, due to the construction of a dike, which endangers the health and physical integrity of the petitioner and its residents whenever heavy rainfall occurs.
IX.- Documentation submitted to the case file. The parties are warned that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted. Walter Céspedes Salazar and Alfredo Wheathey Burton, respectively, in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipalidad de Matina, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers, so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the flooding problem that is alleged to be caused by a dike on the boundary with the community of 23 Millas de Matina, as reported by the petitioner [Name 001], is resolved. The foregoing, without prejudice to any provisional works that may eventually be necessary to prevent damage that rains may cause to the protected party. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to fulfill it or cause it to be fulfilled, provided that the offense is not more severely punished. The Municipalidad de Matina is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that have given rise to this declaration, which shall be liquidated in enforcement of judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado enters a note. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *JWOGUKUN4CG61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
01023-22. SE ORDENA AL ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MATINA, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE SOLUCIONE EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE INDICA CAUSA UN DIQUE EN LA COLINDANCIA CON LA COMUNIDAD DE 23 MILLAS DE MATINA. LBH09/22 ... Ver más *210182740007CO* Res. Nº 2022001023 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, en unión libre, asistente de gerencia, cédula de identidad [Valor 001], vecina de Matina, a favor del Grupo de vecinos de 23 Millas de Matina de Limón, contra el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:53 horas del 16 de setiembre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina y expresa que el 22 de julio de 2021, su comunidad tuvo una fuerte inundación que quedaron incomunicados y, además, los vecinos del lugar sufrieron pérdidas económicas irreparables. Refiere que la finca bananera Limonfrut C, desde hace mucho tiempo, está construyendo y ampliando un dique en la colindancia con 23 Millas, ello, a vista y paciencia de la Municipalidad recurrida. Pese a que esa obra busca proteger la plantación, también expone a la población a un peligro inminente, dado que, su localidad queda encerrada por paredes de tierras, con lo que "en futuras inundaciones que la altura de las aguas sea aún más altas y con esto el peligro que corren los habitantes es aún mayor". Arguye que el 10 de octubre de 2008, la comunidad de 23 Millas de Matina, planteó ante la Municipalidad por escrito, su preocupación por el levantamiento del dique, por conllevar más riesgos que beneficios. Allí, también requirieron se les indicara si se habían otorgado permisos para esa construcción. El 19 de octubre de 2009, casi un año después, un grupo de vecinos volvió a entregar otro documento al ente municipal en los mismos términos, sin que a la fecha, hayan recibido respuesta alguna de ninguno. Asevera que el 26 de febrero de 2010, tuvo que incoar un recurso de amparo que se tramitó en el expediente 10-002951-0007-CO, en el que, la Sala declaró con lugar el recurso; empero, la orden contenida en la resolución de las 08:44 horas del 30 de abril de 2010, nunca fue atendida por la Municipalidad accionada. Solicita que se ordene al municipio recurrido que ordene la suspensión de las obras en el dique y proceda con la demolición de lo ya construido, a fin de salvaguardar la integridad de los habitantes de la comunidad de 23 Millas. Por lo expuesto, estima que con la actuación de las autoridades recurridas, fueron lesionados derechos fundamentales. 2.- Mediante resolución de las 14:32 horas del 16 de setiembre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de Matina, sobre los hechos alegados por la recurrente. 3.- Informa bajo juramento Walter Céspedes Salazar, en su condición de Alcalde de Matina (escrito presentado a las 16:03 horas del 24 de setiembre de 2021), que adjunta el oficio UTGVM-PRS-044-2021, del 24 de setiembre de 2021, mediante el cual los señores Lic. Bryan Navarro Hernández, Promotor Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de ese ayuntamiento y el Ing. José Manuel Lee Obando, Asistente de esa Unidad, rinden el informe correspondiente. Ese documento indica lo siguiente: “de conformidad con una situación que se presenta en la comunidad de 23 millas (En atención al recurso de amparo bajo expediente 21-018274-0007-CO, esto a solicitud de información por parte de MBA. Johnny Rodríguez (Gerente Municipal) y Licenciado Ricardo Sossa (asesor legal de la Municipalidad de Matina)), el día 23 de setiembre del presente año, nos apersonamos al sitio. Es importante hacer de su conocimiento la ubicación del sitio donde se presentaron los hechos que se reportan en el recurso de amparo, por lo que para una mejor indicación se adjunta croquis: (…) En el sitio se realiza un levantamiento con aeronave no tripulada (dron), a fin de obtener un recurso (fotogrametría), esto para poder generar el presente informe, dando un insumo importante, se realiza un levantamiento de aproximadamente 4,5 hectáreas, resultando la siguiente área: (…) Se observa en el sitio un canal que fluye hacia la comunidad de 23 millas, aparentemente es un canal existente donde efectivamente se ven indicios de trabajos de limpieza, sin embargo, se desconoce el estado anterior a esta visita. Se presume que por la cantidad de agua que pasa por el sitio se generó un aumento en el sedimento del canal debido a las inundaciones recientes. Sin embargo, esta consulta debe de ser generada ante la empresa bananera, debe de ser claro y enfático que nuestro departamento no tiene un registro de diques o construcciones de este tipo, por cuanto nuestra función principal es la atención y mantenimiento de caminos de la RVC (Red Vial Cantonal). De este punto se genera el siguiente perfil del canal para su respectivo análisis: (…) De la imagen anterior, se observa que el canal, tiene un ancho de fondo aproximadamente 4 metros, se observan apilamientos de tierra a ambos lados, para un ancho aproximado de 35 metros. Se debe recalcar que la sección que se analiza es la línea roja de la ilustración 3, con una distancia de la sección transversal del canal de 83,5 metros. Se analiza una sección transversal del canal, en un tramo cercano a las viviendas contiguas al canal en 23 millas (por ser el lugar denunciado en el recurso de amparo), mismo que atraviesa la finca bananera y que sirve de desagüe del sector sur de la ruta nacional 805, frente a la comunidad de 23 Millas, por lo que se obtiene un nuevo perfil, que fue analizando para identificar si se mantiene la condición de la ilustración 3, obteniendo el siguiente dato: (…) En esta sección (Ilustración 4), se toma una línea (la que aparece en color rojo), que corresponde a 62,5 metros (sección transversal al canal), del mismo dato se desprende que el apilamiento de material contiguo a la finca bananera se encuentra aproximadamente 2 metros más bajo que la altura que tiene el poblado de 23 millas. Este último punto es muy importante ya que, si bien es cierto todo este sector de Matina, corresponde a una llanura de inundación, al tener una diferencia de aproximados 2 metros, convierte el área noreste de la Ilustración 4, en un sector más propenso a recibir agua en caso de inundación. Otra particularidad que tiene la comunidad de 23 millas es que se encuentra rodeada en gran medida por Bananera, pero su acceso es atravesando la línea férrea, esta infraestructura pública, también presenta una elevación sobre la geografía típica de esta zona, por lo que analizamos también el ingreso al canal de esta comunidad desde uno de estos puntos, para conocer de la altura de la línea del Tren, obteniéndose el siguiente dato: (…) En la línea roja se observa el acceso analizado, mismo del que se obtiene el siguiente dato: (…) Como se observa la altura entre el punto más alto de la línea del tren y la sección del terreno cercano a esta infraestructura pública, supera una diferencia de 1 metro. Como insumo importante se generan algunas fotografías con panorama amplio desde una altura aproximada a los 50 metros: (…) Ahondando un poco en el tema de las inundaciones, se debe ser enfático al indicar que estos sectores (23 Millas, Placeres, 24 Millas), son propensos en época de lluvia a presentar inundaciones, dicho sea de paso, en la pasada inundación de Julio, este sector se vio aun más afectado, debido a la afectación de la estructura de retención que se encuentra en el Río Barbilla. Siendo importante considerar también este punto, por cuanto se dio esta ruptura y la misma es muy cercana a la comunidad de 23 millas, generando con esto un aumento desmedido en el caudal que se transportaba por el canal contiguo a la comunidad, a tal punto que se dieron afectaciones no registradas en ocasiones anteriores, se adjunta un croquis para observar la cercanía con el rompimiento descrito, se debe indicar que el gobierno local, inmediatamente al suceso de estos hechos, genera la solicitud correspondiente ante CNE y otras instituciones que colaboraron para reconformar la estructura de retención del dique que protege a la comunidad de Matina: (…) Como se observa, la distancia es de aproximadamente 1,7 kilómetros, una distancia muy corta, sumado al canal que ya existe y del que se ha conversado a lo largo del presente informe, generaron los daños que alegan los vecinos. Esto se puede ver en la siguiente foto panorámica: (…) Como parte de los trabajos de reconstrucción se generaron fotos para poder vislumbrar las afectaciones que se generaron en el dique que protege tanto a la comunidad de Matina del Río Barbilla y que afecta el sector de 23 millas, se facilita dicha toma: (…) Estando, así las cosas, se concluye que la afectación que sufrió en la pasada inundación el sector de 23 millas, responde principalmente al daño sufrido en la estructura del dique conocido como Dique Placeres, causado por las inundaciones y la falla en la retención del agua, además se tiene que ampliar información por parte de los departamentos pertinentes de los trabajos de infraestructura que intervienen las fincas bananeras en el sector de estudio. Sin otro particular de momento se despiden”. 4.- Informa bajo juramento Alfredo Wheathey Burton, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Matina (escrito presentado a las 16:03 horas del 24 de setiembre de 2021), en iguales términos que Walter Céspedes Salazar, Alcalde de Matina. 5.- Mediante resolución de las 16:27 horas del 11 de octubre de 2021, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora previno a Walter Céspedes Salazar, en su condición de Alcalde de Matina o a quien ocupe ese cargo, que aclare a esta Sala quién autorizó la construcción del dique que refiere la recurrente y que se ubica en ese cantón, pues en el estudio que adjunta se indica que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no tiene un registro de diques o construcciones de este tipo, por cuanto su función principal es la atención y mantenimiento de caminos de la red vial cantonal. Lo anterior tomando en cuenta, además, que lo reclamado por la recurrente desde el recurso de amparo No. 10-002951-0007-CO -cuya sentencia 2010-007815, de las 08:54 horas del 30 de abril de 2010, se señala no cumplió ese ayuntamiento- es información sobre los permisos otorgados a la empresa Limonfrut C para realizar modificaciones a un dique ubicado en la comunidad donde reside. 6.- Según constancia del 14 de diciembre de 2021, el Alcalde de Matina no rindió el informe que se le solicitó en la resolución de prueba para mejor resolver dictada a las 16:27 horas de 11 de octubre de 2021. 7.- Mediante resolución de las 14:57 horas del 15 de diciembre de 2021, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora dispuso comisionar al Juzgado Contravencional de Matina, a fin de que se le notificara en forma personal al Alcalde de Matina la resolución de las 16:27 horas de 11 de octubre de 2021. 8.- Informa bajo juramento Walter Céspedes Salazar, en su condición de Alcalde de Matina (escrito presentado a las 15:57 horas del 16 de diciembre de 2021), que, en cumplimiento de lo ordenado por resolución de las 16:27 horas de 11 de octubre de 2021, adjunto el informe correspondiente realizado por el Arquitecto Carlos Fuentes Espinoza de la Unidad de Construcciones de la Municipalidad de Matina, oficio CMFE-2021-001, del 03 de diciembre de 2021, en el que se hace constar que nunca se ha presentado ante ese ayuntamiento solicitud de permiso para la construcción de un dique o movimientos de tierra por parte de la sociedad Limonfrut C o cualquier otra persona física/jurídica, a las márgenes del canal en la comunidad de 23 Millas. 9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que la finca bananera Limonfrut C, desde hace mucho tiempo, está construyendo y ampliando un dique en la colindancia con 23 Millas, ello, a vista y paciencia de la Municipalidad de Matina. Pese a que esa obra busca proteger la plantación, también expone a la población a un peligro inminente, dado que, su localidad queda encerrada por paredes de tierras. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 1) El 10 de octubre de 2008, la comunidad de 23 Millas de Matina, planteó ante la Municipalidad por escrito, su preocupación por el levantamiento de un dique en la colindancia con 23 Millas, por parte de la finca bananera Limonfrut C, pues consideran que conlleva más riesgos que beneficios. También requirieron se les indicara si se habían otorgado permisos para esa construcción (documento aportado por la recurrente). 2) El 19 de octubre de 2009, un grupo de vecinos de 23 Millas de Matina volvió a entregar otro documento a la Municipalidad de Matina reiterando la problemática con el dique (documento aportado por la recurrente). 3) El 26 de febrero de 2010, la aquí recurrente interpuso el recurso de amparo que se tramitó en el expediente 10-002951-0007-CO, por falta de respuesta de una gestión presentada el 09 de junio de 2008 y reiterada el 19 de octubre de 2009, donde varios vecinos de 23 Millas solicitaron al Concejo de Matina que se les brindara información sobre los permisos otorgados a la empresa Limonfrut C para realizar modificaciones a un dique ubicado en la comunidad en que residen. Mediante sentencia No. 2010-007815, de las 08:44 horas del 30 de abril de 2010, se declaró con lugar el recurso el amparo y se ordenó al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina, contestar ambas gestiones en el plazo de quince días (documento aportado por la recurrente). 4) La finca bananera Limonfrut C, desde hace mucho tiempo, está construyendo y ampliando un dique en la colindancia con 23 Millas, a vista y paciencia de la Municipalidad de Matina, a pesar de que expone a la población a un peligro inminente, dado que la localidad queda encerrada por paredes de tierras (hecho no controvertido). 5) Ante la Municipalidad de Matina nunca se ha presentado solicitud de permiso para la construcción de un dique o movimientos de tierra por parte de la sociedad Limonfrut C o cualquier otra persona física/jurídica, a las márgenes del canal en la comunidad de 23 Millas (informe del alcalde recurrido). 6) El 22 de julio de 2021, la comunidad de 23 Millas de Matina sufrió una fuerte inundación, por lo que quedó incomunicada y, además, los vecinos del lugar sufrieron pérdidas económicas irreparables (hecho no controvertido). 7) La afectación que sufrió en la pasada inundación de julio el sector de 23 Millas, responde principalmente al daño sufrido en la estructura del dique conocido como Dique Placeres, causado por las inundaciones y la falla en la retención del agua (documento aportado por el alcalde recurrido). 8) Se dieron afectaciones no registradas en ocasiones anteriores, por lo que el gobierno local, inmediatamente al suceso de estos hechos, generó la solicitud correspondiente ante la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones que colaboraron para reconformar la estructura de retención del dique que protege a la comunidad de Matina (documento aportado por el alcalde recurrido). III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado . Derivado de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, esta Sala ha reconocido el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de una ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a partir de este articulado, de la normativa en derecho internacional y de la normativa infraconstitucional en materia ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en la materia. La protección de este derecho, tiene una relación directa con el bienestar en materia de salud, por lo que el Estado costarricense se encuentra en la obligación de prevenir la realización de actos que lesionen el medio ambiente. En este sentido, en la sentencia No. 2013-008277, de las 09:10 horas del 21 de junio de 2012, esta Sala señaló lo siguiente: “se obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario dentro del ámbito permitido por la ley, a efecto de impedir que se produzcan daños irreversible en el medio ambiente, debiendo asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psiquico y social”. Por lo señalado anteriormente, corresponde a este Tribunal erigir funciones como contralor del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, pues es el órgano garante de los derechos fundamentales (sentencia No. 2016-004961, de las 09:05 horas del 15 de abril de 2016). IV.- Sobre la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana . Ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena de muerte, o bien que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido que más allá de perturbar la existencia física de las personas, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se trata así que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (sentencia No. 2006-018065, de las 09:05 horas del 15 de diciembre de 2006, reiterada, entre otras, en la sentencia 2020-003463, de las 09:30 horas del 21 de febrero de 2020). V.- Sobre el deber de las municipalidades de velar por los habitantes del cantón. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente y la sentencia 2010-007858, de las 09:37 horas del 30 de abril de 2010, forma parte de los deberes municipales velar por las condiciones de vida de los habitantes del cantón, en los términos que siguen: “Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las Municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”. VI.- Sobre el caso concreto. La recurrente reclama que las autoridades recurridas han sido deficientes en atender la problemática que sufren con el dique que en la colindancia con la comunidad de 23 Millas está construyendo y ampliando desde hace mucho tiempo la finca bananera Limonfrut C, a vista y paciencia de la Municipalidad de Matina. Situación por la cual han presentado gestiones desde el 10 de octubre de 2008, pues si bien la obra busca proteger la plantación, también expone a la población a un peligro inminente, dado que, su localidad queda encerrada por paredes de tierras. Incluso, el 22 de julio de 2021, la comunidad sufrió una fuerte inundación, por lo que quedó incomunicada y, además, los vecinos del lugar sufrieron pérdidas económicas irreparables. De particular importancia para la resolución de este asunto es reiterar que las municipalidades, por mandato constitucional están encargadas de velar por los intereses locales y en consecuencia deben fiscalizar todas aquellas obras que se realicen dentro de su jurisdicción, razón por la cual, aun admitiendo que la empresa bananera ha construido o reparado diques sin los respectivos permisos municipales (se informa que ante la Municipalidad de Matina nunca se ha presentado solicitud de permiso para la construcción de un dique o movimientos de tierra por parte de la sociedad Limonfrut C o cualquier otra persona física/jurídica, a las márgenes del canal en la comunidad de 23 Millas) es evidente que por la magnitud de la obra, la corporación municipal debió percatarse de su existencia y, en consecuencia, detener las labores de construcción. No obstante, la municipalidad tuvo conocimiento de las construcciones o reparaciones de diques que se estaban llevando a cabo en el cantón de Matina. Se acredita que el 10 de octubre de 2008, la comunidad de 23 Millas de Matina, planteó ante la Municipalidad por escrito, su preocupación por el levantamiento de un dique en la colindancia con 23 Millas, por parte de la finca bananera Limonfrut C, pues consideran que conlleva más riesgos que beneficios. También requirieron se les indicara si se habían otorgado permisos para esa construcción. Igualmente, el 19 de octubre de 2009, un grupo de vecinos de 23 Millas de Matina volvió a entregar otro documento a la Municipalidad reiterando la problemática con el dique. Además, el 26 de febrero de 2010, la aquí recurrente interpuso el recurso de amparo que se tramitó en el expediente 10-002951-0007-CO, por falta de respuesta de una gestión presentada el 09 de junio de 2008 y reiterada el 19 de octubre de 2009, donde varios vecinos de 23 Millas solicitaron al Concejo de Matina que se les brindara información sobre los permisos otorgados a la empresa Limonfrut C para realizar modificaciones a un dique ubicado en la comunidad en que residen. Mediante sentencia No. 2010-007815, de las 08:44 horas del 30 de abril de 2010, se declaró con lugar el recurso el amparo y se ordenó al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina, contestar ambas gestiones en el plazo de quince días. De este modo, resulta claro que, pese a que las autoridades de tal municipio tienen pleno conocimiento, desde hace más de un decenio, de la situación alegada, no han realizado las gestiones necesarias para solventarla de manera contundente. Incluso se informa que la afectación que sufrió en la pasada inundación de julio el sector de 23 Millas, responde principalmente al daño sufrido en la estructura del dique conocido como Dique Placeres, causado por las inundaciones y la falla en la retención del agua. Además, que se dieron afectaciones no registradas en ocasiones anteriores, por lo que el gobierno local, inmediatamente al suceso de estos hechos, generó la solicitud correspondiente ante la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones que colaboraron para reconformar la estructura de retención del dique que protege a la comunidad de Matina. De lo expuesto, se concluye que la Municipalidad omitió actuar según corresponde por mandato constitucional y en la actualidad existe un problema dentro de su jurisdicción al cual debe darse prioridad y solución, en tutela del medio ambiente y la vida de sus munícipes. Así que independientemente de quien fue el encargado de ejecutar la obra y las eventuales responsabilidades que puedan sentarse en la vía ordinaria con respecto a los constructores del dique, lo cierto es que el problema debe solucionarse. A la luz de lo expuesto en los anteriores considerandos, es claro que las autoridades municipales se encuentran obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de su cantón, conforme lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política, que encomienda a estos entes la administración de los servicios locales e intereses del cantón. Asimismo, la Sala ha sido clara en señalar que dicha obligación cobra especial relevancia cuando se encuentra de por medio el derecho a la integridad física, no siendo oponibles meros argumentos burocráticos o presupuestarios para prolongar la debida realización de los derechos fundamentales. Así, lo ha resuelto este Tribunal Constitucional al considerar lo siguiente: “VI.- Debe tenerse en cuenta que el principio de legalidad ha dejado atrás su formalidad, lo que representaba un obstáculo considerable para la actividad de los órganos estatales y la efectiva realización de los derechos fundamentales que establece la Constitución Política, propiamente, el derecho a la prestación de servicios públicos por parte del Estado. Los Gobiernos Locales deben de cambiar su papel pasivo de espectador ante uno de protagonista vital y definitivo en los propósitos de bienestar trazados en el texto Constitucional, al señalárseles que son los administradores de los intereses y servicios locales. Ante ello deben volcar toda su atención a las necesidades de su comunidad, sin que los ya acostumbrados estribillos de falta de recursos y anclajes burocráticos impidan satisfacer aquellas necesidades” (sentencia No. 2009-002247, de las 12:17 horas de 13 de febrero de 2009). En estas circunstancias es inevitable estimar el recurso, toda vez que se echa de menos una acción célere y eficaz de parte de la Municipalidad de Matina frente a lo que constituye una severa amenaza para la vida e integridad física de la recurrente y los vecinos, para lo cual tiene competencia constitucional y legal. VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, estima la Sala que la Municipalidad recurrida ha omitido efectuar las acciones necesarias para prevenir el problema de inundaciones existente en la comunidad de 23 Millas de Matina, lo cual pone en riesgo la salud y la integridad física de la recurrente y sus pobladores cada vez que existen precipitaciones fuertes. En atención a lo anterior, este Tribunal considera que las omisiones atribuidas al ayuntamiento recurrido atentan contra lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, como en efecto se dispone y con los efectos que se indican en la parte dispositiva. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, tal y como sucede en este caso, en el que se acusan inundaciones en la comunidad de 23 Millas de Matina, debido a la construcción de un dique, lo cual pone en riesgo la salud y la integridad física de la recurrente y sus pobladores cada vez que existen precipitaciones fuertes. IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial ", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Walter Céspedes Salazar y a Alfredo Wheathey Burton, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Matina o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema de inundaciones que se indica causa un dique en la colindancia con la comunidad de 23 Millas de Matina, según lo denunciado por la recurrente [Nombre 001]. Lo anterior, sin perjuicio de los trabajos provisionales que eventualmente resulten necesarios efectuar para evitar los daños que puedan causarle las lluvias a la tutelada. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Matina al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *JWOGUKUN4CG61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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