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Res. 00421-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/01/2022
OutcomeResultado
The amparo is denied because no unlawful conduct by the respondent authorities was shown, given that the dwelling lies within a national reserve and is subject to a sanitary order requiring evacuation and demolition.Se declara sin lugar el recurso de amparo por no acreditarse conducta ilegítima de las autoridades recurridas, ya que la vivienda se ubica en una reserva nacional y pesa sobre ella una orden sanitaria de desalojo y demolición.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by two residents of Barrio Los Ángeles, Tejar de El Guarco, against the Municipality of El Guarco and the local Health Area Directorate. The petitioners allege that the ditch adjoining their home collapsed due to rains and lack of maintenance, causing foul odors, mosquito breeding, and structural damage. They request that the municipality be ordered to clean the channel, build adequate drainage, and pipe the ditch. The Chamber examines municipal duties regarding storm drainage and the right to a healthy environment, but notes that the dwelling lies within the Reventado River National Reserve, established by Law No. 3459 and Executive Decree No. 22834-MOPT-MVAH, without a construction permit. Furthermore, the Ministry of Health issued a sanitary order declaring the house uninhabitable and ordering its evacuation and demolition, and the National Emergency Commission recommended preventive evacuation. The Chamber holds that no unlawful conduct by the respondent authorities has been shown and denies the amparo.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por dos vecinos de Barrio Los Ángeles, Tejar de El Guarco, contra la Municipalidad de El Guarco y el Área Rectora de Salud. Los recurrentes alegan que la zanja colindante con su vivienda colapsó por las lluvias y falta de mantenimiento, causando malos olores, proliferación de zancudos y daños estructurales. Solicitan que se ordene a la municipalidad limpiar el cauce, construir un alcantarillado suficiente y entubar la zanja. La Sala examina las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial y el derecho a un ambiente sano, pero advierte que la vivienda se ubica dentro de la Reserva Nacional del río Reventado, creada por la Ley Nº 3459 y el Decreto Ejecutivo Nº 22834-MOPT-MVAH, sin que se haya otorgado permiso de construcción. Además, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que declara la vivienda inhabitable y ordena su desalojo y demolición, y la Comisión Nacional de Emergencias recomendó la evacuación preventiva. La Sala concluye que no existe conducta ilegítima de las autoridades recurridas y declara sin lugar el recurso.
Key excerptExtracto clave
This Constitutional Court finds that while it is within the duties of the Municipality of El Guarco to provide the canton with an adequate storm-drainage system, the petitioners' claim cannot be granted. First, the location of their dwelling is part of the Reventado River National Reserve, and therefore no municipal construction permit was issued for it. Moreover, it is established that on 12 August 2021 (before the petitioners filed their amparo on 27 October 2021), petitioner [Name 001] was served with Sanitary Order No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-173-2021, granting ten business days to vacate and demolish the structure with the proper permit from the Municipality of El Guarco. This Court is neither a legality controller nor an additional administrative instance; it is not empowered to review the propriety of the sanitary order issued by the respondent ministry. Nor may it determine, through this proceeding, whether the petitioners meet the requirements to set aside such an act. Those issues must be resolved by the Administration or, where applicable, by the ordinary courts, as doing so would require an extensive evidentiary phase incompatible with the summary nature of amparo. Thus, no unlawful conduct by the respondent authorities has been shown regarding the matters raised by the petitioners, and the amparo must therefore be denied.Este Tribunal Constitucional considera que si bien forma parte de los deberes de la Municipalidad de El Guarco el proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial, no es de recibo la pretensión que formulan los recurrentes. Primeramente, se indica que el lugar donde se ubica su vivienda es parte de la Reserva Nacional del río Reventado, por lo que no se les ha otorgado permiso municipal para su construcción. Aunado, se constata que desde el 12 de agosto de 2021, (antes que acudiera a esta Sala el 27 de octubre de 2021) se notificó al recurrente [Nombre 001] la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-173-2021 en la que se le concedió el plazo de diez días hábiles para desalojar y realizar las obras de demolición de la infraestructura con el debido permiso de la Municipalidad de El Guarco. Este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria emitida por el ministerio recurrido. Tampoco procede a través de esta vía, determinar si la parte amparada cumple o no los requisitos para disponer la desaplicación de tal acto. Esos extremos deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria, pues ello requeriría entrar a una fase probatoria extensa que es incompatible con la naturaleza sumaria del amparo. Así, no se acredita una conducta ilegítima de parte de las autoridades recurridas en cuanto a los extremos planteados por los amparados, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."
"the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but rather that suitable measures be taken to safeguard that right in the face of openly negligent conduct by public authorities."
Considerando IV
"la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."
Considerando IV
"corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales."
"municipalities are responsible for administering local interests and services in each canton, pursuant to Article 169 of the Political Constitution. From this derives municipalities' authority to plan and oversee urban development within their locality. This includes the duty to establish a comprehensive urban-planning policy that ensures development consistent with the efficient operation of a potable-water supply system and the collection, treatment, and final disposal of wastewater."
Considerando V
"corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales."
Considerando V
"Este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria emitida por el ministerio recurrido."
"This Court is neither a legality controller nor an additional administrative instance; it is not empowered to review the propriety of the sanitary order issued by the respondent ministry."
Considerando V
"Este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria emitida por el ministerio recurrido."
Considerando V
Full documentDocumento completo
OBJECT OF THE RECOURSE. The plaintiffs allege that, in 1985, the Municipality of El Guarco donated a municipal plot located in Barrio Los Ángeles in Tejar so that more than three hundred families could live there. They note that they have lived on said plot for more than thirty years, where they built their home. They explain that their house adjoins a ditch or sewer that collects blackwater (aguas negras) from the northern sector and those of Guadalupe de Cartago, which flow into the Reventado River, located two hundred meters from their house. They state that the ditch carries normal and rainwater, which generates foul odors, a lot of trash, and the breeding of mosquitoes. They state that on July 4, 2021, the existing sewer system collapsed due to heavy rains and the lack of maintenance by the respondent local government. They express that the situation described affected a neighbor's house, which was demolished, and their house, which suffered damage, but the Ministry of Health allowed them to correct the damage, reinforcing the property, and remain in the building.
They note that both the Ministry of Health and the experts who have assessed the situation conclude that municipal intervention is required to provide a solution to the flooding problem and to intervene in the stormwater drainage (desfogue de aguas pluviales), which is causing erosion, undercutting, and movement of the land located on the edge of the ditch. They state that they need municipal intervention to clean the channel and solve the wastewater discharge, in addition to building sufficient sewer capacity for the amount of water flowing at the site and the piping of the ditch.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as stipulated in the initial order:
MS-DRRSCEDARSEG-OS-157-2021 to Mr. [Name 001]. The site was ordered to be vacated while it was being assessed by the engineer of the Regional Health Directorate (report of the Director of the El Guarco Health Area of the Ministry of Health and documentary evidence provided).
Martha Bolaños, Urban Development Manager), it recommends that both the dwelling located over the collapsed pipe and the other structure to the northwest of it, be assessed by the Ministry of Health and that they apply the regulations regarding its habitability or not in accordance with this CNE report, as issued by the Manager of the Municipality of El Guarco. • Additionally, a thorough study of the families and their condition of social vulnerability must be carried out, regarding decision-making and their possible assistance at the level of State institutions. • To the municipal authorities, evaluate the capacity of the channel and the sewer system that crosses the dike, with the purpose of finding a satisfactory solution for the change and corrective measures in coordination with State institutions (report of the respondent mayor and documentary evidence provided).
III.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. Deriving from Articles 21 and 50 of the Political Constitution, this Chamber has recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is from these articles, from international law norms, and from infra-constitutional environmental regulations that the State's responsibility to exercise a tutelary and guiding function in the matter arises. The protection of this right has a direct relationship with well-being in health matters, whereby the Costa Rican State is obligated to prevent the performance of acts that harm the environment. In this sense, in judgment No. 2013-008277, of 09:10 hours on June 21, 2012, this Chamber stated the following: “the State is obligated to arrange everything necessary within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, mental, and social well-being”.
In light of the foregoing, it is incumbent upon this Court to perform functions as comptroller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, as it is the guarantor body of fundamental rights (judgment No. 2016-004961, of 09:05 hours on April 15, 2016).
IV.On the objective obligation of the State to protect human life. It has been common for the right to life, frequently analyzed jointly with the right to physical integrity, to have been understood as a right of negative content, that is, its object was limited to the claim against the State to refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example torture or the death penalty, or to punish persons, public and private, who threaten the life and integrity of others, through the penal system; however, the current trend is to impose various positive conducts on the State, in the sense that beyond disturbing the physical existence of persons, it must act in protection of it, against the multiple dangers that stalk it, whether they come from actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional import, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right.
Now, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes of public authorities. It is thus that the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of persons to have this done diligently. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of welfare activity by the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against these rights of the persons.
From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands that the country's inhabitants make in the exercise of their rights (judgment No. 2006-018065, of 09:05 hours on December 15, 2006, reiterated, among others, in judgment 2020-003463, of 09:30 hours on February 21, 2020).
V.On the specific case. The petitioners allege that, in 1985, the Municipality of El Guarco donated a municipal plot of land located in Barrio Los Ángeles, situated in El Tejar, first district and head city of the canton of El Guarco, for more than three hundred families to inhabit there. They note that they have been living on said land for more than thirty years, where they built their dwelling. Regarding the substantive reasons that motivate them to come before this Chamber, they state the following:
In this regard, it is worth indicating that the administration of local interests and services in each canton corresponds to the municipalities, in accordance with Article 169 of the Political Constitution. From this derives the competence of the municipalities to plan and monitor the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees development consistent with the efficient functioning of a system for providing potable water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater. Likewise, from the above derives the obligation to adopt the measures required to provide the canton with an adequate storm sewer system, in order to guarantee its inhabitants the right to health and an environment free of contamination. Regarding the specific issue of municipal obligations in the matter of storm sewers, in judgment number 2008-04210, of 13:59 hours on March 14, 2008, this Chamber stated: “This Court, in reiterated jurisprudence, has recognized that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right deriving from Article 50 of the Constitution, according to which, it not only enshrines the right of every citizen to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also obligates the State to guarantee the exercise of said right, through the means established for this purpose by current legislation.
Specifically, as this Chamber stated in judgment number 2005-009900 of ten hours on July twenty-ninth, two thousand five, the Municipality must build the necessary infrastructure to make the waters flow adequately, in order to guarantee the right to health and an environment free of contamination and without harming third parties: “(…) On municipal obligations in the matter of storm sewers.- It is convenient to consider that Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be under the charge of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not exactly resolve their content for their application to specific cases, so it is necessary to resort to criteria of value and experience, by the party responsible for applying it, to determine their content.
The creation of adequate drainage means within a community in order not to cause damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Political Constitution, of cantonal interest and is part of the services that the Municipality is obligated to provide (…) For this reason, the Municipality of Goicoechea is obligated to assume a specific behavior to satisfy its purposes, taking the measures required to provide the protected community with an efficient stormwater drainage system. Adjusted to reasonableness criteria, the Municipality must build the necessary infrastructure adequately channel those waters, so as to guarantee the right to health and an environment free of contamination and without harming third parties”.
However, in the case under study, the Mayor of El Guarco reported that the place where the petitioners' dwelling is located is part of the National Reserve of the río Reventado (Reserva Nacional del río Reventado), created according to Decreto Ejecutivo number 22834-MOPT-MVAH, which in its numeral 2 states: “In accordance with current legislation, the zones referred to in this decree are of national reserve (reserva nacional), such that in no case may land be used, constructions be erected, or human settlements be mobilized in such areas without the express authorization of the institutions established in this decree”. Such that the Municipality has not granted a construction permit for the indicated dwelling. As a first point, it is clarified that it is Law No. 3459 (Reserva nacional márgenes del río Reventado, Cartago), of November 19, 1964, which restricts, for reasons of public convenience, the property right within a zone of one kilometer wide on each margin of the río Reventado, from its spring (naciente) to the bridge of the Interamerican Highway that crosses it in the canton of El Guarco, since the cited Decree number 22834-MOPT-MVAH (Reglamento para el uso del suelo y la construcción en la cuenca del río Reventado), published in the Gazette on February 3, 1994, develops the limitations prescribed by the referred law.
This Chamber, when resolving the unconstitutionality action No. 98-008274-0007-CO, brought against that Decree, stated: “The plaintiff requests that the unconstitutionality of Decreto Ejecutivo No. 22834-MOPT-MVAH of November 24, 1994 be declared, which regulates land use and construction in the río Reventado basin, for violation of the rights recognized in Articles 9, 11, 34, 45, 168 to 175 of the Political Constitution because it establishes a setback of twenty-five horizontal meters from the outer foot of the river dikes and in other sections of one hundred meters, a situation that causes a restriction affecting the property of his represented party with a reduction of thirty-five thousand square meters, limiting land use without any compensation and based on an alleged state of necessity or urgency, a situation by which it exceeds the emergency powers and municipal autonomy is harmed because regulations on land use are not the competence of the Executive Branch…
In the present case, this Chamber considers that the Procuraduría General de la República and the Municipality of Cartago are correct when they state in their reports that in the case at hand, it is Law No. 3459 of November 19, 1964 - and not the questioned Decree - that restricts, for reasons of public convenience, the property right, because decree number 22834-MOPT-MVAH merely develops the limitations enshrined therein, so the objective is the sectorization of the areas comprised within the kilometer of each margin of the river to which the limitations on property previously established in the cited Law are applicable, which implies that the alleged overreach of functions attributed to the Executive Branch is unfounded, as it is a necessary and legitimate regulation to fulfill the purposes of the Law. The Decree specifically develops the content of the law and does not go beyond it, by virtue of the fact that precisely through this prevention, the safety and health of the inhabitants of a community are protected.
That is why it is not considered that in the Regulation there is an excess of what the legislator intended, since this is not a new parameter, but a means through which the aforementioned legal rights are protected. It must be remembered that the function of this Executive Regulation is the development of the articles of a law and in that sense, it is logical that it be much more specific, since it seeks to break down the general parameters intended by the law, in terms of its effective application and the principles established by it. In effect, Law No. 3459 of November 19, 1964, provides the foundation and legal support for the challenged decree, since it is that law which designates the Executive Branch as responsible for carrying out the objectives set forth therein. This is seen in Articles 1 and 4, specifically the first numeral states that: ‘The Executive Branch is authorized to declare national reserve land the lands it deems necessary within a zone of one kilometer wide on each margin of the río Reventado, from its source to the bridge of the Interamerican Highway that crosses it in the canton of El Guarco’ and in the fourth section, it provides that ‘the zone declared a national reserve, without prejudice to the part corresponding to necessary defense works, shall be destined for the construction of sports fields ....’; therefore, in accordance with the foregoing, it is in the same law that the Executive Branch is expressly authorized to determine, in each case, the areas subject to the national reserve, so said regulatory power is executive and not autonomous.
The appealed decree was issued by the Executive Branch through the Ministry of Public Works and that of Housing and Urbanism, and it establishes the areas subject to the national reserve regime within the limits established in the law, with the purpose of carrying out works of necessary defense, conservation, rehabilitation, as well as the eviction of the occupants of that zone, all to safeguard the life, health, and property of persons. It also regulates land use, construction, the granting of permits for the use of quarries in that sector, as well as empowers all competent entities to take the measures deemed necessary to ensure an adequate and prompt application of this decree and, if deemed necessary, the expropriation of additional land for the optimal functioning of the reserve. Consequently, the powers challenged to the Executive Branch consist of administrative acts typical of the Public Administration, to make effective the content of legislation for the sake of protecting the health and well-being of a community” (judgment number 2002-0480 of 14:55 hours on May 22, 2002).
Apart from the above, it is certified that on June 24, 2020, an inspection was carried out by officials from the El Guarco and Cartago Health Area, as well as officials from the Municipality of Cartago and El Guarco. As a result of this action, according to report MSDRRSCE-URS-IT-0261-2020, by Eng. Francisco José Alfaro Chavarría and Master Patricia Peña Garita, it was recommended to issue a health order to the Mayor of El Guarco, Lic. Víctor Arias Richmond, requesting a corrective action plan that includes a schedule of activities and those responsible to carry out the necessary improvements to the storm sewer system: placement of covers and grates on the open channel sections of the affected areas to minimize odors and risk of accidents, construction of a underground sewer (approximately 220 meters) in the last section from the beginning of the property (from the Soda Sagrado Corazón de Jesús) passing in front of the settlement Los Diques to the outfall into the río Reventado.
As well as cleaning on the banks of the río Reventado to improve the canalization of the water that accumulates behind the dwellings. Based on that report, on August 10, 2020, health order MSDRRSCE-DARSEG-OS-129-2020 was served to the Mayor of El Guarco. However, on August 19, 2020, he filed a motion for reversal with a subsidiary appeal. Regarding such challenges, it is inferred that, through resolution MS-DRRSCE-01436-2020, of 14:54 hours on September 16, 2020, the Regional Director of the Central East Region of the Ministry of Health rejected the motion for reversal as untimely. Furthermore, he elevated the appeal to the Minister of Health.
It was also demonstrated that on October 9, 2020, health order No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-174-2020 was served to the Mayor of El Guarco, according to the recommendation indicated in report MS-DRRSECE-URS-IT-0361-2020, and he was requested to “present a corrective action plan that includes the schedule of activities and those responsible to carry out the necessary improvements to the storm sewer system: placement of covers and grates on the open channel sections of the affected areas to minimize the risk of accidents, construction of a underground sewer (approximately 220 meters) in the last section from the beginning of the property (from the Soda Sagrado Corazón) passing in front of the settlement Los Diques to the outfall into the Río Reventado”.
In that order of events, through official letter 191-ALC-2021, of July 6, 2021, the Mayor of El Guarco reports an incident of land sliding at the petitioners' dwelling and requests an assessment. In report No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-623-2021 by official Licda. Lizeth Calvo Díaz, it is indicated that land sliding and floor collapse were found on the property adjacent to that of the petitioners, and it also mentions that the dwelling of Mr. [Name 003] did not suffer structural detachment, but is at risk of sliding. The eviction of the occupants was recommended while the dwellings were assessed again by the regional engineer to determine their habitability. The repair of the building was not recommended. By official letter of July 8, 2021, the IMAS concluded that the petitioners expressed their reluctance to leave the dwelling and, furthermore, that they do not qualify as beneficiaries by virtue of not being in a state of poverty, as they have a pension and personal property.
Report MS-DRRSCE-URS-0264-2021 by Eng. Francisco José Alfaro Chavarría details the findings of the inspection carried out on July 22, 2021. It indicates that the petitioner's dwelling is in a condition of risk for its occupation, recommending it be declared uninhabitable for demolition due to the dangerous condition. Therefore, on August 12, 2021, Mr. [Name 001] was notified of health order No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-173-2021, which stated that based on report MS-DRRSCE-URS-0264-2021, within ten business days “the owner of the dwelling must vacate and carry out the demolition works of the infrastructure with the due permit from the Municipality of El Guarco”.
In addition, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias intervened in the situation described by the petitioners and, in August 2021, generated technical report number CNE-UIAR-INF-0694-2021 for the “Technical assessment for damage to dwellings, due to the undermining and collapse of the stormwater sewer system that transversely crosses the dike in Barrio San Francisco,” in which the following recommendations and conclusions are made: - Therefore, the CNE determines that there is a high vulnerability of the possible collapse of a part and of its erosive process due to excess flow of the section that crosses the dike and, therefore, the buildings that are above and laterally, must be preventively evacuated, until a satisfactory solution can be found to assist the occupants of the indicated properties in another site less vulnerable. - Furthermore, it is important to note that there is a Decree that supports the construction regulations along the dike (Decree No. 22834-MOPT-MVAH). - Considering official letters 191-ALC-2021 and No. 133-GDU-2021 (Arch.
Martha Bolaños, Urban Development Manager), recommends that both the dwelling located over the collapsed pipeline and the other structure to the northwest of it be evaluated by the Ministry of Health and that the regulations regarding their habitability or lack thereof be applied in accordance with this CNE report, as well as the one issued by the Manager of the Municipality of El Guarco. - A detailed study must be conducted of the families and their social vulnerability condition, regarding decision-making and their possible assistance at the level of State institutions. - The municipal authorities must evaluate the capacity of the channel and the sewer system that crosses the dike, with the purpose of seeking a satisfactory solution for the change and for corrective measures in coordination with State institutions. Based on the foregoing, this Constitutional Chamber considers that although it is part of the duties of the Municipality of El Guarco to provide the canton with an adequate storm sewer system, the claim formulated by the petitioners is not admissible.
Firstly, it is indicated that the place where their dwelling is located is part of the Reventado River National Reserve, therefore they have not been granted a municipal permit for its construction. In addition, it is verified that as of August 12, 2021 (before they appeared before this Chamber on October 27, 2021), the petitioner [Name 001] was notified of health order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-173-2021 in which they were granted a period of ten business days to vacate and carry out the demolition works of the infrastructure with the due permit from the Municipality of El Guarco. This Chamber is not a legality comptroller nor a further instance of the Administration, so it is not its responsibility to review the appropriateness of the health order (orden sanitaria) issued by the defendant ministry. Nor is it appropriate through this venue to determine whether or not the protected party meets the requirements to order the non-application of such act.
These extremes must be resolved by the Administration or, as the case may be, by the ordinary jurisdiction, since it would require entering into an extensive evidentiary phase that is incompatible with the summary nature of the amparo remedy. Furthermore, it is noted that this Chamber has been consistent in pointing out that the health order (orden sanitaria) issued by the Ministry of Health in cases within its competence constitutes the initial act of the administrative procedure, such that only once this is notified must the requirements of due process be fulfilled, and not before. It is then from that procedural moment when the protected party can discuss the appropriateness or not of the health order (orden sanitaria) before the respective instances. In addition, the National Emergency Commission, in the general technical report in August 2021 (previously referenced) considered that the buildings that are on and laterally to the dike must be preventively evacuated, until a satisfactory solution of assistance to the occupants of the indicated properties in another less vulnerable site can be found.
To which it must be added that, for the Ministry of Health, the case has not been closed, as the dye tests will continue to identify possible wastewater discharges from businesses, industries, and dwellings in the sector. Likewise, on November 17, 2021, the Costa Rica Institute of Technology, at the request of the defendant municipality, estimated that the study to be carried out in order to determine the causes of the failure of the dike located in El Guarco and to make the respective recommendations to prevent the structure from failing again has a cost of around ¢5,500,000.00, therefore internal procedures are being carried out in order to allocate resources for these purposes. This denotes that although the problem alleged by the petitioners exists, there is also a technical criterion that estimates that the dwelling they occupy must be vacated and subsequently demolished. Having said that, this Chamber considers that in the event of wanting to lift the declaration of uninhabitability that lies over the described property, it is the owner thereof who must appear before the corresponding authorities - in accordance with the provisions of the regulations - so that, if such management is appropriate, the corresponding authorization or lifting of the requested uninhabitability is carried out.
And in any case, the determination of the works that may still be necessary in the locality where the affected dwelling is located is a situation that falls completely outside the scope of competence of this Chamber, given that it is not a technical body that can determine its appropriateness. VI.- Conclusion. Thus, no illegitimate conduct on the part of the defendant authorities is accredited regarding the extremes raised by the protected parties, therefore it is imperative to declare the remedy without merit. VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Aracelly Pacheco S.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.
*RJIYSGNGPIS61*
Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210216440007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, cédula de identidad [Valor 001], vecino de Barrio Los Ángeles en Tejar de El Guarco y [Nombre 002], mayor, casada, cédula de identidad [Valor 002], vecina de Barrio Los Ángeles en Tejar de El Guarco, contra el Alcalde de El Guarco y la Directora del Área Rectora de Salud de El Guarco del Ministerio de Salud. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:12 horas del 27 de octubre de 2021, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Alcalde de El Guarco y la Directora del Área Rectora de Salud de El Guarco del Ministerio de Salud y expresa que en 1985, la Municipalidad de El Guarco donó un terreno municipal ubicado en Barrio los Ángeles en Tejar de El Guarco para que en el lugar habitaran más de trescientas familias.
Acotan que ellos tienen más de treinta años de vivir en dicho terreno, donde construyeron su vivienda. Exponen que su casa colinda con una zanja o alcantarilla que recoge las aguas negras del sector norte y las de Guadalupe de Cartago, las cuales desembocan en el Río Reventado, que se ubica a doscientos metros de su casa. Refieren que la zanja cuenta con aguas normales y llovidas, lo que genera mal olor, mucha basura y propagación de zancudos. Manifiestan que el 4 de julio de 2021, el alcantarillado existente colapsó debido a las fuertes lluvias y a la falta de mantenimiento por parte del gobierno local recurrido. Expresa que la situación expuesta afectó la casa de una vecina, la cual fue derribada, y su casa, la cual sufrió daños pero el Ministerio de Salud les permitió corregir los daños, reforzando la propiedad, y permanecer en el inmueble. Señalan que por oficio No. DRRSCE-DARSEG-0716-2021 de 12 de julio de 2021, emitido por la Directora del Área Rectora de Salud de El Guarco y dirigido al Alcalde de El Guarco, se indicó: “Con relación al oficio No. MS-DRRSCEDARSEG-1279-2020 y Orden Sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-174-2020 notificados en la Alcaldía Municipal el 09 de octubre de 2020, le informo que a la fecha no consta en nuestros registros haber recibido alguna misiva referente al tema.
Agradezco me informe sobre lo actuado lo antes posible, según indica la Licda. Lizeth Calvo Díaz en informe técnico No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-623-2021. La Licda. Calvo concluyó que se requiere la intervención municipal para dar una solución al problema de inundación y desplazamiento del terreno del sector, si bien es cierto es materia de Ministerio de Salud intervenir el vertido de aguas negras de las viviendas, también es responsabilidad de la Municipalidad intervenir el desfogue de aguas pluviales que ocasionan el movimiento de terreno con las fuertes lluvias”. Añaden que la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias se presentó al lugar y detectó un colapso del relleno y desacople de la tubería de aguas pluviales que comprometen las viviendas (entre ellos, la de su propiedad). Agregan que el 29 de setiembre de 2021, la alcaldía municipal recibió veinticinco tubos de concreto, de parte de ellos, para que entubaran las aguas con maquinaria municipal, además, adjuntaron una nota recibida ese mismo día, en la cual indicaron: “ya ustedes tienen conocimiento del problema del alcantarillado sado (Sic) y en muy mal estado que cruza la calle y pasa por debajo de la casa de la a (Sic) Nidia Garro, la cual por dicho problema tubo que desocupar la vivienda que esta´ (Sic) mente (Sic) dañada, NO así la casita nuestra, pero sino se busca una pronta solución a (Sic) problema se puede agravar y perjudicar la nuestra, por lo cual les tenemos una propuesta, que es la siguiente (…) nosotros cubrimos el monto de la compra s (Sic) alcantarillas, este dinero es un préstamo que le solicitamos a un familiar.
La Municipalidad se encargarla de poner la maquinaria y la mano de obra para realizar las s (Sic) y la construcción de un cenicero en la entrada del alcantarillado, así se quitaría problema que ya lleva muchos años de estarles pidiendo una solución a este municipio; Nosotros (Sic) estamos en la disposición de cumplir con este acuerdo y que este ajo (Sic) se realice en conjunto con ustedes, esperando que ustedes también estén de acuerdo ya que este problema nos afecta a nosotros como a la comunidad por los malos olores y la propagación de sancudos (Sic), esto no puede esperar más tiempo”; sin embargo, alegan que los recurridos aún no han realizado ninguna acción al respecto. Apuntan que tanto el Ministerio de Salud como los peritos que han valorado la situación concluyen que se requiere la intervención municipal para dar una solución al problema de inundación y para intervenir el desfogue de aguas pluviales, lo cual está ocasionando erosión, socavación y movimiento de los terrenos que se encuentran a la orilla de la zanja.
Refieren que necesitan la intervención municipal para que limpien el cauce y solucionen el vertimiento de aguas residuales, además de que construyan el alcantarillado suficiente para la cantidad de agua que discurre en el sitio y el entubamiento de la zanja. Por lo expuesto, consideran violentados sus derechos fundamentales y los de los vecinos de su comunidad. Solicitan la intervención de la Sala. 2.- Mediante resolución de las 10:10 horas del 28 de octubre de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se les solicitó informe al Alcalde de El Guarco y a la Directora del Área Rectora de Salud de El Guarco del Ministerio de Salud, sobre los hechos alegados por los recurrentes. 3.- Informa bajo juramento Glorianela Sancho Rodríguez, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de El Guarco del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 09:34 horas del 15 de noviembre de 2021), que el 24 de junio de 2020 se realizó una inspección por parte de funcionarios del Área Rectora de Salud de El Guarco y Cartago, así como funcionarios de la Municipalidad de Cartago y El Guarco, según informe MSDRRSCE-URS-IT-0261-2020, del Ing. Francisco José Alfaro Chavarría y la Máster Patricia Peña Garita, se recomendó girar orden sanitaria al Alcalde de la Municipalidad de El Guarco, Lic. Víctor Arias Richmond, solicitando un plan de acciones correctivas que incluya un cronograma de actividades y responsables para realizar las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial: colocación de tapas y rejillas en los tramos de canal abierto de las zonas afectadas para minimizar los olores y riesgo de accidentes, construcción de alcantarilla subterránea (220 metros aproximadamente) en el último tramo desde el inicio de la finca (desde la Soda Sagrado Corazón de Jesús) pasando frente al caserío Los Diques hasta el desfogue en el río Reventado.
Así como limpieza en las márgenes del río Reventado para mejorar la canalización del agua que se acumula detrás de las viviendas. No fue presentado el plan remedial. El 10 de agosto de 2020 fue notificada la orden sanitaria MSDRRSCE-DARSEG-OS-129-2020 al Alcalde de la Municipalidad de El Guarco, Lic. Víctor Arias Richmond, en atención al informe MS-DRRSCE-URS-IT-0261-2020. El 19 de agosto de 2020 se recibe recurso de revocatoria con apelación en subsidio del Lic. Víctor Arias Richmond, oficio 114-GAJ-2020, donde se señala que es competencia del Ministerio de Salud regular la descarga de aguas residuales, sin embargo, no se plantea una solución al problema para el manejo de aguas pluviales lo cual es de su entera competencia y responsabilidad. El 04 de setiembre de 2020 se realizó inspección por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, la valoración fue realizada por el Ing. Braulio Fonseca, el Ing. Francisco Alfaro Chavarría y MSc. Patricia Peña Garita para hacer la valoración de habitabilidad de la vivienda del recurrente y colindancia.
En el informe No. MS-DRRSECE-URS-IT-0361-2020 se indica que se determinó mediante una prueba de coloración que hay vertido de aguas negras y grises por parte de la vivienda del recurrente hacia el sitio de desfogue del río Reventazón. Se concluyó que la vivienda de los señores [Nombre 003] y [Nombre 004] sufrió afectación considerable en cimientos, producto de la erosión y socavación del terreno, su condición es inhabitable, en condición de peligro y requiere ser desalojada para proceder con la correspondiente reparación. El 09 de octubre de 2020 se notifica el oficio No. MS-DRRSCEDARSEG-1279 al Alcalde y Coordinador del Comité Municipal de Emergencias, Lic. Víctor Arias Richmond, solicitando la asesoría y criterio de los profesionales de la Comisión Nacional de Emergencias por la socavación del terreno y peligrosidad de las viviendas. No se tuvo respuesta. El 09 de octubre de 2020 se notificó la orden sanitaria No. MS-DRRSCEDARSEG-OS-174-2020 al Alcalde según recomendación señalada en el informe MS-DRRSECE-URS-IT-0361-2020 mencionada en el apartado cuarto y se solicitó: “presentar un plan de acciones correctivas que incluya el cronograma de actividades y responsables para realizar las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial: colocación de tapas y rejillas en los tramos de canal abierto de las zonas afectada para minimizar el riesgo de accidente, construcción de alcantarilla subterránea (220 metros aproximadamente) en el último tramo desde el inicio de finca (desde la Soda Sagrado Corazón) pasando frente al caserío Los Diques hasta el desfogue en el Río Reventado”.
Tampoco se tuvo respuesta. En el oficio 191-ALC-2021 del Alcalde Municipal del 06 de julio de 2021 se reporta incidente de deslizamiento de terreno en la vivienda de los recurrentes, se solicita valoración. En el informe No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-623-2021 de la funcionaria Licda. Lizeth Calvo Díaz se indica que se halló deslizamiento del terreno y desplome en el piso de la propiedad colindante a la de los recurrentes, también hace mención que la vivienda del Sr. [Nombre 003] no sufrió desprendimiento de estructura, pero corre el riesgo de deslizamiento, se recomendó el desalojo de los ocupantes mientras las viviendas eran valoradas nuevamente por el ingeniero regional para determinar su habitabilidad, no se recomendó reparación del inmueble. El 09 de julio del 2021 se notificó la orden sanitaria No. MS-DRRSCEDARSEG-OS-157-2021 al Sr. [Nombre 001], se ordenó desalojar el sitio mientras era valorado por el ingeniero de la Dirección Regional de la Salud.
En el informe MS-DRRSCE-URS-0264-2021 del Ing. Francisco José Alfaro Chavarría se detalla los hallazgos de la inspección realizada el 22 de julio de 2021, se indica que la vivienda del recurrente está en condición de riesgo para su ocupación, se recomienda declarar inhabitable para su demolición debido a la condición de peligrosidad. El 12 de agosto de 2021 se notificó al Sr. [Nombre 001] la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-173-2021 en la que se indicó: “el propietario de la vivienda debe desalojar y realizar las obras de demolición de la infraestructura con el debido permiso de la Municipalidad de El Guarco”. Sobre inspecciones realizadas por parte del Área Rectora de Salud de El Guarco a viviendas y comercios para identificar vertido de aguas negras al ambiente existen los informes MS-DRRSCE-DARSEG-IT-785-2020, MS-DRRSCE-DARSEG-IT-098-2021, MS-DRRSCE-DARSEG-IT-140-2021, MSDRRSCE-DARSEG-IT-410-2021 del Bach.
Adrián Quesada Campos, MSDRRSCE-DARSEG-IT-339-2019 de la Licda. Lizeth Calvo Díaz. El caso no ha sido cerrado, se continuará con las pruebas de coloración para identificar posibles vertidos de aguas residuales de comercios, industrias y viviendas del sector, lo cual es claro que corresponde al Ministerio de Salud. 4.- Informa bajo juramento Víctor Luis Arias Richmond, en su condición de Alcalde de El Guarco (escrito presentado a las 12:34 horas del 25 de noviembre de 2021), que el lugar donde se ubica la vivienda de los recurrentes es parte de la Reserva Nacional del río Reventado, creada según Decreto Ejecutivo número 22834-MOPT-MVAH, mismo que en su numeral 2 señala: “De conformidad con la legislación vigente, las zonas a que se refiere este decreto son de reserva nacional, de modo tal que en ningún caso podrán hacer uso del suelo, levantarse construcciones o movilizarse asentamientos humanos en tales áreas sin la autorización expresa de las instituciones que en este decreto se establecen”.
De modo tal que la Municipalidad no ha otorgado permiso de construcción para la vivienda indicada. La zanja señalada corresponde a un sistema de desfogue de aguas pluviales, siendo que, tal y como lo refieren los recurrentes, existe la descarga de aguas negras y servidas, mismas que contribuyen a la saturación del sistema, aunado a la presencia de contaminación por depósito de residuos en la misma. Debido a lo anterior y en vista de las ordenes sanitarias giradas por el Ministerio de Salud, la Municipalidad recurre las mismas, siendo que actualmente se encuentra pendiente el recurso de apelación, según se amplía en el siguiente punto. Es medular para la solución de la problemática, la intervención del Ministerio de Salud como ente competente en la materia, a efectos de eliminar la descarga de aguas que no sean pluviales en el sistema. La vecina citada quien corresponde a la señora [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 003] fue remitida al IMAS, entidad que otorgó un subsidio a la señora para desalojar la vivienda en vista que es quien ha sufrido los mayores daños producto del evento.
El Ministerio de Salud emite en primera instancia una orden sanitaria a la Municipalidad bajo número MS-DRRSCE-DARSEG-OS-129-2020, no obstante, la misma es recurrida, por cuanto siempre se ha insistido ante el Área Rectora de Salud que el problema medular de la situación es la descarga de aguas nos permitidas, siendo que hasta en época seca por el canal discurren aguas, lo cual no debería de suceder al ser un canal de aguas pluviales, situación que se agrava en época lluviosa, amparados en Ley General de Salud, número 5395, que indica: “ARTICULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad”.
“ARTICULO 286 .- Toda persona natural o jurídica está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud ordene a fin de precaver la formación de focos insalubres y de infección, o de sanear los que hubiere en predios de su propiedad. Si el propietario fuere renuente en el cumplimiento de tales órdenes, la autoridad de salud podrá hacerlos a costa del omiso. En los casos en que el interés público, la naturaleza y envergadura de las obras de drenaje lo justificare, todo propietario de inmueble está obligado a constituir servidumbre en favor del Estado para que la autoridad de salud construya, tales obras pudiendo decretarse la expropiación del terreno cuando la servidumbre fuere incompatible con su utilización. El mantenimiento y operación, si procedieren, estará a cargo de los beneficiarios de tales obras ”. “ARTICULO 287.- Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento”.
“ARTICULO 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes”. “ARTICULO 289.- Todo sistema de alcantarillado quedará bajo el control técnico del Ministerio y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado y las personas de derecho privado o público que los construyan, administren y operen se sujetarán a las normas que el Poder Ejecutivo, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, dicte para condicionar su construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de los fuentes”. Cabe destacar que el recurso supra descrito se encuentra pendiente de resolución por parte del Ministerio de Salud. Efectivamente la Comisión Nacional de Emergencias intervino en la situación descrita por los recurrentes.
En razón de lo anterior genera el informe técnico número CNE-UIAR-INF-0694-2021 para la “Valoración técnica por afectación a viviendas, debido al socavamiento y colapso del sistema de alcantarillado de aguas pluviales que atraviesa transversalmente el dique en el Barrio San Francisco”, mismo en que se realizan las siguientes recomendaciones y conclusiones: • Por lo tanto, la CNE determina que existe una alta vulnerabilidad del posible colapso de una parte y de su proceso erosivo por exceso del caudal de la sección que atraviesa el dique y, por lo tanto, las edificaciones que están sobre y lateralmente, deben ser evacuadas preventivamente, hasta que se logre buscar una solución satisfactoria de ayuda a los ocupantes de los inmuebles indicados en otro sitio menos vulnerable. • Además, es importante indicar que existe un Decreto que respalda las regulaciones de construcciones a lo largo del dique (Decreto No. 22834-MOPT-MVAH). • Considerando los oficios 191-ALC-2021 y el No. 133-GDU-2021 (Arq.
Martha Bolaños, Gestora de Desarrollo Urbano), recomienda que tanto la vivienda ubicada sobre la tubería colapsada y la otra estructura al noroeste de ésta, sean evaluadas por parte del Ministerio de Salud y que apliquen las regulaciones en cuanto a su habitabilidad o no acorde a este informe de la CNE, como el emitido por parte de la Gestora de la Municipalidad de El Guarco. • Además, se debe efectuar un estudio minucioso de las familias y su condición de vulnerabilidad social, en cuanto a la toma de decisiones y sus posibles ayudas a nivel de las instituciones del Estado. • A las autoridades municipales evaluar la capacidad del canal y del sistema de alcantarillado que atraviesa el dique, con la finalidad de buscar una solución satisfactoria del cambio y de medidas correctivas en coordinación con las instituciones del Estado. Siendo que sobre las citadas recomendaciones, las cuales abarca la competencia del Ministerio de Salud, IMAS y Municipalidad, en cuanto a la reubicación de las familias es menester señalar que si bien se solicita los mismos sean evacuados, el IMAS concluye que los recurrentes manifestaron su renuencia a salir de la vivienda y además de que no califican para ser beneficiarios en virtud de que no se encuentran en un estado de pobreza, según lo refiere el IMAS, en virtud de contar con pensión y bienes muebles, esto según oficio del 8 de julio de 2021.
Con respecto a los tubos ofrecidos, la Municipalidad no ha recibido los mismos, por cuanto sería irresponsable llevar a cabo cualquier tipo de obra sin contar con los estudios técnicos de expertos en la materia que den recomendaciones para una solución a la situación aquejada, en virtud de que es un asunto de una complejidad alta. La Municipalidad ha intervenido mediante la coordinación con el IMAS que buscaba una solución inmediata para los afectados, en tanto se realizan los estudios técnicos respectivos que indiquen qué obras corresponden hacer para evitar mayores afectaciones, para la afectada vecina de los recurrentes se logró desalojar de la vivienda y se le otorgó un subsidio a efectos de buscarle una solución de vivienda. No obstante, como se indica en el oficio del IMAS, los recurrentes se niegan a abandonar la vivienda. La desocupación de los inmuebles es necesario habida cuenta la vulnerabilidad del terreno.
De forma paralela la Municipalidad ha solicitado al Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien cuenta con profesionales en las áreas requeridas, una cotización para llevar a cabo el estudio pertinente, siendo que el costo del mismo ronda los ¢5.500.000,00, para lo cual se están llevando a cabo las gestiones internas con el fin de destinar los recursos a estos efectos. Cabe destacar que el informe de la CNE se hizo de conocimiento de los accionantes, a quienes se les explica las implicaciones del mismo, mediante reunión celebrada en la Municipalidad de El Guarco. Solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. Los recurrentes alegan que, en 1985, la Municipalidad de El Guarco donó un terreno municipal ubicado en Barrio Los Ángeles en Tejar para que en el lugar habitaran más de trescientas familias. Acotan que ellos tienen más de treinta años de vivir en dicho terreno, donde construyeron su vivienda. Exponen que su casa colinda con una zanja o alcantarilla que recoge las aguas negras del sector norte y las de Guadalupe de Cartago, las cuales desembocan en el Río Reventado, que se ubica a doscientos metros de su casa. Refieren que la zanja cuenta con aguas normales y llovidas, lo que genera mal olor, mucha basura y propagación de zancudos. Manifiestan que el 04 de julio de 2021, el alcantarillado existente colapsó debido a las fuertes lluvias y a la falta de mantenimiento por parte del gobierno local recurrido. Expresan que la situación expuesta afectó la vivienda de una vecina, la cual fue derribada, y su casa, la cual sufrió daños, pero el Ministerio de Salud les permitió corregir los daños, reforzando la propiedad y permanecer en el inmueble.
Apuntan que tanto el Ministerio de Salud como los peritos que han valorado la situación concluyen que se requiere la intervención municipal para dar una solución al problema de inundación y para intervenir el desfogue de aguas pluviales, lo cual está ocasionando erosión, socavación y movimiento de los terrenos que se encuentran a la orilla de la zanja. Refieren que necesitan la intervención municipal para que limpien el cauce y solucionen el vertimiento de aguas residuales, además de que construyan el alcantarillado suficiente para la cantidad de agua que discurre en el sitio y el entubamiento de la zanja. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Aracelly Pacheco S.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.
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