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Res. 26699-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/11/2021

Failure to respond to complaint on herbicide sale for non-agricultural useFalta de respuesta a denuncia por venta de herbicida en áreas no agrícolas

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo, ordering the Ministry of Health to resolve the herbicide sale complaint within one month.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo, ordenando al Ministerio de Salud resolver la denuncia sobre venta del herbicida en el plazo de un mes.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo petition filed by the Biodiversity Coordination Network Association against the Ministry of Health. The petitioner reported that SERACSA was marketing the herbicide Katrin 25 SL (imazapyr) for non-agricultural uses, ignoring a health alert issued by the Ministry in 2019. Initially, the Ministry dismissed the complaint, arguing the product fell under the jurisdiction of the State Phytosanitary Service. After the petitioner challenged this, the Ministry acknowledged the error and forwarded the complaint to the General Health Directorate. By the time the amparo was filed, however, the complaint remained unresolved. The Chamber found that the authorities had failed to act with the required speed and diligence, violating the right to a prompt and effective remedy (Article 41 of the Constitution). It ordered the Ministry to resolve the complaint within one month. Additionally, Justice Hernández López issued a separate opinion advocating for a restrained role of the Chamber in environmental matters, maintaining jurisdiction only in exceptional cases like this one, where administrative omissions directly threaten human health. The State was ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad contra el Ministerio de Salud. La recurrente denunció que la empresa SERACSA comercializaba el herbicida Katrin 25 SL (imazapir) para uso en áreas no agrícolas, desatendiendo una alerta sanitaria emitida por el propio Ministerio en 2019. Inicialmente, el Ministerio cerró la denuncia al considerar que el producto era competencia del Servicio Fitosanitario del Estado, pero tras reclamos, reconoció el error y la remitió a la Dirección General de Salud. Sin embargo, al momento de interponerse el amparo, la denuncia seguía sin resolverse. La Sala determinó que la administración no actuó con la celeridad ni diligencia exigidas, lesionando el derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y, en consecuencia, ordenó resolver la denuncia en el plazo de un mes. Además, la magistrada Hernández López emitió una nota sobre la necesidad de que la Sala module su intervención en materia ambiental, reservándola para casos excepcionales como este, donde la omisión administrativa pone en riesgo directo la salud humana. La Sala condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

In the present case, the petitioner alleges a lack of response to her complaint of July 23, 2021, in which she reported the sale of an herbicide for non-agricultural uses. From the list of proven facts and the sworn report, it is clear that the complaint filed by the petitioner has not been formally addressed, as it is established that 1) initially the case was closed on the grounds that the matter fell under the jurisdiction of the State Phytosanitary Service; 2) after a request for clarification filed by the complainant on August 11, 2021, it was detected that an error had been made in handling the complaint; 3) even after the error was acknowledged in August 2021, it was not until November 12, 2021, that the case was forwarded to the Regional Directorate of Health Governance for the Central East; and finally 4) the complaint has still not been resolved. Ergo, on this point, a violation of the fundamental principle of a prompt and effective remedy is established. Regarding the substance of the complaint, this Tribunal has recognized the importance of regulating and overseeing the sale and use of such products, as well as their impact on the environment and people's health (see, among others, judgment No. 2021019096 of 09:15 hours of August 27, 2021). In light of the foregoing, this Tribunal finds that the respondent authorities have not acted with the required forcefulness, effectiveness or diligence, to the detriment of the public interest in preserving the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. Consequently, the granting of the remedy is warranted, as hereby ordered.En el presente asunto, la recurrente acusa falta de respuesta a su denuncia de 23 de julio de 2021, en que reportó la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas. Del elenco de hechos probados y del informe rendido bajo fe de juramento se desprende que la denuncia planteada por el recurrente no ha sido formalmente atendida, pues se constata 1) que inicialmente el caso fue cerrado al considerar que lo planteado era competencia del Servicio Fitosanitario del Estado; 2) que tras una solicitud de aclaración planteada por la tutelada el 11 de agosto de 2021, se detectó que se cometió un error en el tratamiento de la denuncia; 3) que tras haber reconocido el error en agosto de 2021, fue hasta el 12 de noviembre de 2021 que se trasladó el caso a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este; y finalmente 4) que dicha denuncia aún no ha sido resuelta. Ergo, en cuanto a este extremo planteado, se determina una violación al principio fundamental a una justicia pronta y cumplida. En lo que respecta al fondo de la denuncia, este Tribunal ha reconocido la importancia de la regulación y fiscalización de la venta y uso de este tipo de productos, así como su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas (véase, entre otras, la sentencia Nº 2021019096 de las 09:15 horas de 27 de agosto de 2021). Así las cosas, estima este Tribunal que las autoridades cuestionadas no han actuado con la contundencia, eficacia ni diligencia debida, con el consecuente detrimento del interés público de preservar el derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, se impone la estimatoria del recurso, como en efecto se dispone.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el presente asunto, la recurrente acusa falta de respuesta a su denuncia de 23 de julio de 2021, en que reportó la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas."

    "In the present case, the petitioner alleges a lack of response to her complaint of July 23, 2021, in which she reported the sale of an herbicide for non-agricultural uses."

    Considerando

  • "En el presente asunto, la recurrente acusa falta de respuesta a su denuncia de 23 de julio de 2021, en que reportó la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas."

    Considerando

  • "Así las cosas, estima este Tribunal que las autoridades cuestionadas no han actuado con la contundencia, eficacia ni diligencia debida, con el consecuente detrimento del interés público de preservar el derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "In light of the foregoing, this Tribunal finds that the respondent authorities have not acted with the required forcefulness, effectiveness or diligence, to the detriment of the public interest in preserving the right to health and a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando

  • "Así las cosas, estima este Tribunal que las autoridades cuestionadas no han actuado con la contundencia, eficacia ni diligencia debida, con el consecuente detrimento del interés público de preservar el derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando

  • "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García e Ileana Herrera Gallegos, en su condición de ministro, directora general de Salud y directora a. i. de Regulación de Productos de Interés Sanitario, todos del Ministerio de Salud, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a resolver lo que corresponda en relación con la denuncia presentada por el recurrente..."

    "The remedy is granted. Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García and Ileana Herrera Gallegos, in their capacities as Minister, General Director of Health and Acting Director of Regulation of Health-Interest Products, all of the Ministry of Health, or whoever holds the office, are ordered to issue the orders within their powers so that, within ONE MONTH from notification of this judgment, the appropriate action is taken regarding the complaint filed by the petitioner..."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García e Ileana Herrera Gallegos, en su condición de ministro, directora general de Salud y directora a. i. de Regulación de Productos de Interés Sanitario, todos del Ministerio de Salud, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a resolver lo que corresponda en relación con la denuncia presentada por el recurrente..."

    Por tanto

  • "El reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de las personas, por cuanto se está ante un eventual problema de contaminación por la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia..."

    "The petitioner's claim could eventually affect people's health and physical integrity, since it involves a possible contamination problem from the sale of an herbicide for non-agricultural uses. Consequently, it is clear that we are dealing with the exceptions mentioned, and for this reason I have deemed it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction..."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "El reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de las personas, por cuanto se está ante un eventual problema de contaminación por la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia..."

    Nota de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021026699 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on November twenty-sixth, two thousand twenty-one.

Recurso de amparo processed in expediente number 21-022775-0007-CO, filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card 0111460917, on behalf of ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, legal identity number 3002611847, against the MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

By a brief received in the Secretariat of the Sala at 23:18 hours on November 09, 2021, the petitioner files a recurso de amparo against THE MINISTER, THE DIRECTORA GENERAL DE SALUD AND THE DIRECTOR DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO, ALL OF THE MINISTERIO DE SALUD, and states that she is a forestry engineer (ingeniera forestal) and president of the Red de Coordinación en Biodiversidad. She indicates that on July 22, 2021, she sent a complaint to the respondent minister against the “company SERACSA” for disregarding the health alert (alerta sanitaria) on the use of herbicides in human coexistence spaces, by marketing the herbicide Katrin 25 SL (imazapir) for use in non-agricultural areas (see the email sent on July 22, 2021 to the addresses: [email protected], [email protected], [email protected] and, [email protected]). She points out that on July 27, 2021, the minister's office acknowledged receipt of the complaint. She adds that on August 09, 2021, through official letter No. MS-DM-5786-2021, the respondent replied attaching official letters No. MS-DPRSA-669-2021 and No. MS-DRPIS-1234-06-21 which refer to a herbicide different from the one reported. Given what happened, on August 09, 2021, she sent a communication to the respondent indicating the error. Subsequently, on August 11, 2021, through official letter HT-2001-2021, the respondent transferred the matter, on an urgent basis, to the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario of the respondent ministry. She alleges that, on August 27, 2021, through official letter No. MS-DRPIS-1472-08-2021, the Dirección de Regulación acknowledged that there was an error in the handling of the complaint and that it is being addressed by the Dirección General de Salud of that ministry. She claims that despite the foregoing, as of the date of filing this recurso, two and a half months have elapsed without any response being offered regarding the outcome of the complaint, which is why she considers her fundamental rights violated.

By resolution at 14:42 hours on November 11, 2021, this recurso was admitted, which was notified to the respondents on the same date.

Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García and Ileana Herrera Gallegos, in their capacity as minister, directora general de Salud and acting directora (directora a. i.) of Regulación de Productos de Interés Sanitario, all of the Ministerio de Salud, report under oath (folio 25 of the electronic expediente), that on July 23, 2021, complaint 101-2021 entered the Unidad de Normalización y Control, against the Herbicide Katrin 25 SL (imazapir), indicating that the company SERACSA disregards the “Alerta Sanitaria sobre uso de Herbicidas en espacios de convivencia Humana”, issued by the Ministerio de Salud on September 10, 2019, by marketing said product for use in non-agricultural areas. The case was assigned to Ing. Karol Masís Díaz, as indicated to the complainant through official letter MS-DRPIS-UNC-1901-07-2021 of July 23, 2021. The same day, the official issued technical report MS-DRPIS-UNC-IT-1902-07-2021, which indicates that the product is not the competence of that Ministry but of the Servicio Fitosanitario del Estado, and that the complaint must be filed before that entity. On July 27, 2021, a complaint closure report was sent to the interested party, official letter MSDRPIS-UNC-1913-07-2021, indicating that since the product is registered with the Ministerio de Agricultura y Ganadería under number 8702260, the complaint must be filed with that ministry. The respective case closure was issued with official letter No. MS-DRPIS-UNC-1914-07-2021, of July 27, 2021. On August 11, 2021, the petitioner requested a broad justification for the dismissal of the complaint (in response to official letter HT-2001-2021), and on August 12, 2021, a response to said communication was received indicating the error made in the handling of the complaint. On August 19, 2021, through official letter MS-DRPIS-1367-08-21, the Hoja de Trámite HT-2001-2021 was answered to the minister. On August 27, 2021, through official letter MS-DRPIS-1472-08-2021, the petitioner was informed of the reason for the dismissal of the complaint and that said complaint is being addressed by the Dirección General de Salud. Through official letter No. MS-DGS-4798-2021, of November 12, 2021, the acting director (director a.i.) of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este was urgently requested to address the complaint against the company SERACSA. The actions taken were reported to the protected party (amparada) through official letter No. MS-DGS-4822-2021 of November 16, 2021, notified on said date. They state that, although they made a technical error when evaluating the complaint filed by the protected party, by virtue of the request for an opinion regarding the dismissal, the case was transferred to the authorities of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este. They affirm that the email addresses to which the protected party sent the complaint are provided as an official mechanism for communication with the administered parties. They request that the recurso filed be dismissed.

In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considerando:

Regarding the knowledge of this case for injury to Article 41 of the Constitución Política. Before analyzing the merits of the claim, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction (contencioso administrativa)—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública. In the present matter, a case of exception is raised—supported by the majority of this Constitutional Court (Tribunal Constitucional)—since it involves an alleged lack of resolution of a complaint for presumed violation of the right to health and the environment. Once the point is clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

Object of the recurso. The petitioner considers her fundamental rights violated, as she claims that the complaint filed since July 23, 2021, has not been resolved.

Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On September 10, 2019, the “Alerta Sanitaria sobre uso de Herbicidas en espacios de convivencia Humana” was issued, which prevents marketing the Herbicide Katrin 25 SL (imazapir) for use in non-agricultural areas (the record).
  • b)On July 23, 2021, complaint 101-2021 entered the Unidad de Normalización y Control, against the Herbicide Katrin 25 SL (imazapir), indicating that the company SERACSA disregards it (folio 78 of the electronic expediente).
  • c)Through Hoja de Trámite No. HT-1876-2021, the Minister of Health transferred the petitioner's complaint to the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario (folio 65 of the electronic expediente).
  • d)The case was assigned to Ing. Karol Masís Díaz, of the Unidad de Normalización y Control of the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, as indicated to the complainant through official letter MS-DRPIS-UNC-1901-07-2021 of July 23, 2021 (folio 76 of the electronic expediente).
  • e)On the same day, July 23, 2021, technical report MS-DRPIS-UNC-IT-1902-07-2021 was issued, which indicates that the product is not the competence of the Ministerio de Salud but of the Servicio Fitosanitario del Estado, and that the complaint must be filed before that entity (folio 70 of the electronic expediente).
  • f)On July 27, 2021, a complaint closure report was sent to the interested party, official letter MSDRPIS-UNC-1913-07-2021, indicating that since the product is registered with the Ministerio de Agricultura y Ganadería under number 8702260, the complaint must be filed with that ministry (folio 69 of the electronic expediente).
  • g)The respective case closure was issued with official letter No. MS-DRPIS-UNC-1914-07-2021, of July 27, 2021 (folio 68 of the electronic expediente).
  • h)On August 10 and 11, 2021, the petitioner requested a broad justification from the minister of health for the dismissal of the complaint (folios 52 and 59 of the electronic expediente).
  • i)Through official letter HT-2001-2021, of August 11, 2021, the minister of health referred the case to the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario (folio 61 of the electronic expediente).
  • j)By email of August 12, 2021, Ing. Karol Masís Díaz indicated to the head of the Unidad de Registros of the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario that an error was indeed made in the handling of complaint 101-2021 (folio 56 of the electronic expediente).
  • k)On August 19, 2021, through official letter MS-DRPIS-1367-08-21, the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario communicated to the minister of Health what happened with the complaint (folio 49 of the electronic expediente).
  • l)Through official letter No. MS-DGS-3593-2021 dated August 25, 2021, the Dirección General de Salud requested the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario to address the dismissal of the complaint (folio 48 of the electronic expediente).
  • m)On August 27, 2021, through official letter MS-DRPIS-1472-08-2021, the petitioner was informed of the reason for the dismissal of the complaint and that the complaint is being addressed by the Dirección General de Salud (folio 46 of the electronic expediente).
  • n)The resolution admitting this recurso was notified to the respondent authorities on November 11, 2021 (folios 22 to 24 of the electronic expediente).
  • o)Through official letter No. MS-DGS-4798-2021, of November 12, 2021, the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este was urgently requested to address the complaint against the company SERACSA (folio 43 of the electronic expediente).
  • p)The actions taken were reported to the protected party (amparada) through official letter No. MS-DGS-4822-2021 of November 16, 2021, notified on said date (folios 32 and 36 of the electronic expediente).
  • q)The email addresses to which the protected party (amparada) sent the complaint are provided as an official mechanism for communication with the administered parties (the record).

On the specific case. In the present matter, the petitioner alleges a lack of response to her complaint of July 23, 2021, in which she reported the sale of a herbicide for uses in non-agricultural areas. From the list of proven facts and the report rendered under oath, it is evident that the complaint filed by the petitioner has not been formally addressed, since it is established 1) that initially the case was closed considering that the matter raised was the competence of the Servicio Fitosanitario del Estado; 2) that after a request for clarification raised by the protected party on August 11, 2021, it was detected that an error was made in the handling of the complaint; 3) that after having recognized the error in August 2021, it was not until November 12, 2021, that the case was transferred to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este; and finally 4) that said complaint has not yet been resolved. Therefore, regarding this point raised, a violation of the fundamental principle of prompt and complete justice is determined. Regarding the merits of the complaint, this Tribunal has recognized the importance of the regulation and oversight of the sale and use of this type of products, as well as their impact on the environment and people's health (see, among others, judgment No. 2021019096 at 09:15 hours on August 27, 2021). That being the case, this Tribunal considers that the questioned authorities have not acted with the required forcefulness, efficacy, or diligence, with the consequent detriment to the public interest of preserving the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. Consequently, the granting of the recurso is required, as is hereby ordered.

NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRACTION OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. The historical context that at the time motivated the extensive intervention of the Sala in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Constitución Política. Indeed, the current situation—characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Carta Fundamental—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Sala a role of protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both the administrative justice and the ordinary jurisdiction (jurisdicción ordinaria)—primarily the contentious-administrative (contencioso administrativa), but also the criminal jurisdiction. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive means of standing (medios de legitimación) have been broadly regulated, so that the administered parties can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental topic.

3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Sala Constitucional to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, with which it risks overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes poorly suits the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Sala has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty (seguridad jurídica) have been generated.

4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges (jueces ejecutores de sentencia) that allow for adequate follow-up of the same—generally complex—, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From that perspective, the decision by this Tribunal to take a step aside in the environmental matter should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Constitución Política and its Ley Orgánica, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established in Article 7 of its Ley Orgánica.

6. It is clear that the Sala is not proposing to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional field, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitución. It is therefore about ensuring that the Sala becomes a protagonist along with others, so that—among all and each one in their space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantially gains in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Sala should refrain from hearing the claims presented to it for an alleged infringement of Article 50 of the Constitución Política in order to leave their knowledge in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, according to my criteria, would still be better protected by this Sala and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Sala must reserve knowledge of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put people's health or access to or quality of water at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo should not be “ordinariar” (turned into an ordinary proceeding) to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the petitioner could eventually affect the health and physical integrity of individuals, as it involves a potential contamination problem from the sale of a herbicide for uses in non-agricultural areas. Consequently, it is clear that we are dealing with the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Sala to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.

DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Sala must warn the petitioner that if any documents on paper were provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is declared with place (con lugar). It is ordered that Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García and Ileana Herrera Gallegos, in their capacity as minister, directora general de Salud and acting directora (directora a. i.) of Regulación de Productos de Interés Sanitario, all of the Ministerio de Salud, or whoever occupies their position, issue the orders that are within the scope of their competencies so that, within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, they proceed to resolve what is appropriate in relation to the complaint filed by the petitioner, which must be communicated to them within the same period. They are warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative (contencioso administrativo) proceeding. Magistrate Hernández López takes note. Notify.

Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Digitally Signed Document -- Verification code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:16:17.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021026699 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-022775-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917, a favor de ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, cédula jurídica 3002611847, contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 23:18 horas del 09 de noviembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra EL MINISTRO, LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD Y EL DIRECTOR DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO, TODOS DEL MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta que es ingeniera forestal y presidente de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Indica que el 22 de julio de 2021 remitió al ministro recurrido una denuncia contra la “empresa SERACSA” por desatender la alerta sanitaria sobre uso de herbicidas en espacios de convivencia humana, al comercializar el herbicida Katrin 25 SL (imazapir) para uso en áreas no agrícolas (véase el correo electrónico enviado el 22 de julio de 2021 a las direcciones: [email protected], [email protected], [email protected] y, [email protected]). Señala que el 27 de julio de 2021 el despacho del ministro dio acuse de recibido de la denuncia. Agrega que el 09 de agosto de 2021, por medio del oficio No. MS-DM-5786-2021, el recurrido respondió anexando los oficios No. MS-DPRSA-669-2021 y No. MS-DRPIS-1234-06-21 que hacen referencia a un herbicida distinto al denunciado. Ante lo ocurrido, el 09 de agosto de 2021 dirigió gestión al recurrido indicando el error. Posteriormente, el 11 de agosto de 2021 por medio del oficio HT-2001-2021 el recurrido trasladó la gestión, con carácter de urgente, a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del ministerio recurrido. Aduce que, el 27 de agosto de 2021, a través del oficio No. MS-DRPIS-1472-08-2021, la Dirección de Regulación reconoció que hubo un error en el tratamiento de la denuncia y que la misma se encuentra siendo atendida por la Dirección General de Salud de ese ministerio. Reclama que no obstante lo expuesto, a la fecha en que interpone este recurso, han transcurrido dos meses y medios, sin que se le haya ofrecido respuesta alguna en relación con el resultado de la denuncia, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales. Mediante resolución de las 14:42 horas del 11 de noviembre de 2021 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en la misma fecha. Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García e Ileana Herrera Gallegos, en su condición de ministro, directora general de Salud y directora a. i. de Regulación de Productos de Interés Sanitario, todos del Ministerio de Salud (folio 25 del expediente electrónico), que el 23 de julio de 2021 ingresó a la Unidad de Normalización y Control la denuncia 101-2021, contra el Herbicida Katrin 25 SL (imazapir), indicando que la empresa SERACSA desatiende la “Alerta Sanitaria sobre uso de Herbicidas en espacios de convivencia Humana”, dispuesta por el Ministerio de Salud el 10 de setiembre de 2019 al comercializar dicho producto para uso en áreas no agrícolas. Se asignó el caso a la Ing. Karol Masís Díaz, tal y como se le indicó a la denunciante mediante oficio MS-DRPIS-UNC-1901-07-2021 de 23 de julio de 2021. El mismo día, la funcionaria emitió el informe técnico MS-DRPIS-UNC-IT-1902-07-2021, que señala que el producto no es competencia de ese Ministerio sino del Servicio Fitosanitario del Estado, y que se debe interponer la denuncia ante esa entidad. El 27 de julio de 2021 se envió un informe de cierre de denuncia a la interesada, oficio MSDRPIS-UNC-1913-07-2021, indicándole que al estar registrado el producto ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el número 8702260, la denuncia debe ser interpuesta en ese ministerio. Se emitió el respectivo cierre de caso con el oficio N° MS-DRPIS-UNC-1914-07-2021, de 27 de julio de 2021. El 11 de agosto de 2021, la recurrente solicitó una justificación amplia por la desestimación de la denuncia (en atención al oficio HT-2001-2021), y el 12 de agosto de 2021 se recibió respuesta a dicha gestión indicando el error cometido en el tratamiento de la denuncia. El 19 de agosto de 2021, mediante oficio MS-DRPIS-1367-08-21, se respondió al ministro la Hoja de Trámite HT-2001-2021. El 27 de agosto de 2021, mediante oficio MS-DRPIS-1472-08-2021, se le indicó a la recurrente el porqué de la desestimación de la denuncia y que esta se encuentra siendo atendida por la Dirección General de Salud. Mediante oficio N° MS-DGS-4798-2021, de 12 de noviembre de 2021, se solicitó con carácter urgente al director a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este la atención de la denuncia en contra de la empresa SERACSA. Se informó lo actuado a la amparada mediante oficio N° MS-DGS-4822-2021 del 16 de noviembre del 2021, notificado en dicha data. Señalan que, si bien cometieron un error técnico al valorar la denuncia presentada por la amparada, en virtud de la solicitud de opinión por la desestimación, se trasladó el caso a las autoridades de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este. Afirman que los correos electrónicos a los cuales la amparada remitió la denuncia están previstos como mecanismo oficial de comunicación con los administrados. Solicitan se desestime el recurso planteado. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia Nº 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante una supuesta falta de resolución de una denuncia por presunta violación al derecho a la salud y al ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Objeto del recurso. La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, pues acusa que no se ha resuelto la denuncia planteada desde el 23 de julio de 2021. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 10 de setiembre de 2019 se dictó la “Alerta Sanitaria sobre uso de Herbicidas en espacios de convivencia Humana” que impide comercializar el Herbicida Katrin 25 SL (imazapir) para uso en áreas no agrícolas (los autos).
  • b)El 23 de julio de 2021 ingresó a la Unidad de Normalización y Control la denuncia 101-2021, contra el Herbicida Katrin 25 SL (imazapir), indicando que la empresa SERACSA desatiende (folio 78 del expediente electrónico).
  • c)Mediante la Hoja de Trámite N° HT-1876-2021, el ministro de Salud trasladó la denuncia de la recurrente a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario (folio 65 del expediente electrónico).
  • d)Se asignó el caso a la Ing. Karol Masís Díaz, de la Unidad de Normalización y Control de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, tal y como se le indicó a la denunciante mediante oficio MS-DRPIS-UNC-1901-07-2021 de 23 de julio de 2021 (folio 76 del expediente electrónico).
  • e)El mismo día 23 de julio de 2021, se emitió el informe técnico MS-DRPIS-UNC-IT-1902-07-2021, que señala que el producto no es competencia del Ministerio de Salud sino del Servicio Fitosanitario del Estado, y que se debe interponer la denuncia ante esa entidad (folio 70 del expediente electrónico).
  • f)El 27 de julio de 2021 se envió un informe de cierre de denuncia a la interesada, oficio MSDRPIS-UNC-1913-07-2021, indicándole que al estar registrado el producto ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el número 8702260, la denuncia debe ser interpuesta en ese ministerio (folio 69 del expediente electrónico).
  • g)Se emitió el respectivo cierre de caso con el oficio N° MS-DRPIS-UNC-1914-07-2021, de 27 de julio de 2021 (folio 68 del expediente electrónico).
  • h)El 10 y 11 de agosto de 2021, la recurrente solicitó al ministro de salud una justificación amplia por la desestimación de la denuncia (folios 52 y 59 del expediente electrónico).
  • i)Mediante oficio HT-2001-2021, de 11 de agosto de 2021 el ministro de salud remitió el caso a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario (folio 61 del expediente electrónico).
  • j)Mediante correo electrónico de 12 de agosto de 2021, la Ing. Karol Masís Díaz le indica a la jefe de la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario que efectivamente se cometió un error en el tratamiento de la denuncia 101-2021 (folio 56 del expediente electrónico).
  • k)El 19 de agosto de 2021, mediante oficio MS-DRPIS-1367-08-21, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario comunicó al ministro de Salud lo acontecido con la denuncia (folio 49 del expediente electrónico).
  • l)Mediante oficio N° MS-DGS-3593-2021 de fecha 25 de agosto del 2021, la Dirección General de Salud solicitó a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario referirse a la desestimación de denuncia (folio 48 del expediente electrónico).
  • m)El 27 de agosto de 2021, mediante oficio MS-DRPIS-1472-08-2021, se le indicó a la recurrente el porqué de la desestimación de la denuncia y que la denuncia se encuentra siendo atendida por la Dirección General de Salud (folio 46 del expediente electrónico).
  • n)La resolución que dio curso al presente recurso se notificó a las autoridades recurridas el 11 de noviembre de 2021 (folios 22 a 24 del expediente electrónico).
  • o)Mediante oficio N° MS-DGS-4798-2021, de 12 de noviembre de 2021, se solicitó con carácter urgente a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este la atención de la denuncia en contra de la empresa SERACSA (folio 43 del expediente electrónico).
  • p)Se informó lo actuado a la amparada mediante oficio N° MS-DGS-4822-2021 del 16 de noviembre del 2021, notificado en dicha data (folios 32 y 36 del expediente electrónico).
  • q)Los correos electrónicos a los cuales la amparada remitió la denuncia están previstos como mecanismo oficial de comunicación con los administrados (los autos).

Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente acusa falta de respuesta a su denuncia de 23 de julio de 2021, en que reportó la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas. Del elenco de hechos probados y del informe rendido bajo fe de juramento se desprende que la denuncia planteada por el recurrente no ha sido formalmente atendida, pues se constata 1) que inicialmente el caso fue cerrado al considerar que lo planteado era competencia del Servicio Fitosanitario del Estado; 2) que tras una solicitud de aclaración planteada por la tutelada el 11 de agosto de 2021, se detectó que se cometió un error en el tratamiento de la denuncia; 3) que tras haber reconocido el error en agosto de 2021, fue hasta el 12 de noviembre de 2021 que se trasladó el caso a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este; y finalmente 4) que dicha denuncia aún no ha sido resuelta. Ergo, en cuanto a este extremo planteado, se determina una violación al principio fundamental a una justicia pronta y cumplida. En lo que respecta al fondo de la denuncia, este Tribunal ha reconocido la importancia de la regulación y fiscalización de la venta y uso de este tipo de productos, así como su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas (véase, entre otras, la sentencia Nº 2021019096 de las 09:15 horas de 27 de agosto de 2021). Así las cosas, estima este Tribunal que las autoridades cuestionadas no han actuado con la contundencia, eficacia ni diligencia debida, con el consecuente detrimento del interés público de preservar el derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, se impone la estimatoria del recurso, como en efecto se dispone. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la salud e integridad física de las personas, por cuanto se está ante un eventual problema de contaminación por la venta de un herbicida para usos en áreas no agrícolas. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García e Ileana Herrera Gallegos, en su condición de ministro, directora general de Salud y directora a. i. de Regulación de Productos de Interés Sanitario, todos del Ministerio de Salud, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a resolver lo que corresponda en relación con la denuncia presentada por el recurrente, lo cual le deberá ser comunicado dentro del mismo plazo. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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