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Res. 26587-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/11/2021
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of Article 41 of the Constitution, and the Ministry of Health is ordered to resolve the complaint within one month, under penalty of criminal sanctions.Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 41 constitucional y se ordena al Ministerio de Salud resolver la denuncia en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de sanciones penales.
SummaryResumen
This ruling from the Constitutional Chamber resolves an amparo action brought by Mariana Porras Rozas, a forestry engineer and president of the Biodiversity Coordination Network, against the Ministry of Health. The petitioner had filed a complaint against a BASF Costa Rica S.A. employee for disregarding a 2019 sanitary alert advising against the use of herbicides in spaces of human coexistence. Although the complaint was marked as priority, internal referrals, inspections, and a technical report were carried out, by the time the amparo was filed—four months later—no final resolution had been issued. The Chamber finds that the administration failed to meet the two-month deadline established by Article 261 of the General Law of Public Administration to investigate and resolve the matter. The amparo is granted based on a violation of Article 41 of the Constitution (right to petition and timely resolution), and the Ministry of Health is ordered to resolve the complaint within a maximum of one month, under penalty of criminal sanctions for contempt. Justice Salazar Alvarado appends a personal note clarifying that although such matters would normally fall under the administrative jurisdiction, he addresses the merits because the rights to health and a healthy, pollution-free environment under Article 50 of the Constitution are at stake.Esta sentencia de la Sala Constitucional resuelve un recurso de amparo presentado por Mariana Porras Rozas, ingeniera forestal y presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, contra el Ministerio de Salud. La recurrente denunció a una funcionaria de BASF de Costa Rica S.A. por incumplir una alerta sanitaria emitida en 2019 que desaconseja el uso de herbicidas en espacios de convivencia humana. A pesar de que la denuncia fue catalogada como prioritaria y se realizaron traslados internos, inspecciones y un informe técnico, al momento de interponer el amparo, cuatro meses después, no se había emitido una resolución final. La Sala constata que la administración no cumplió con el plazo de dos meses establecido en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública para investigar y resolver. Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 41 de la Constitución Política (derecho de petición y pronta resolución) y se ordena al Ministerio de Salud resolver la denuncia en un plazo máximo de un mes, bajo apercibimiento de sanciones penales por desacato. El Magistrado Salazar Alvarado adiciona una nota personal aclarando que, aunque normalmente estos asuntos corresponderían a la jurisdicción contencioso-administrativa, entra a conocer el fondo porque están en juego los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación, según el artículo 50 constitucional.
Key excerptExtracto clave
V.- On the specific case. [...] Thus, it is proven that although the respondent health authorities have undertaken a series of actions aimed at processing the complaint filed by the petitioner, it was not until the filing of this amparo that, on November 5, 2021, they informed her of the actions taken and communicated the conclusions of the aforementioned technical report, which had been prepared since September 1, 2021. Likewise, although she was informed that the case would be returned to the Directorate of Regulation of Sanitary Interest Products of the Ministry of Health to determine the corresponding action regarding the use of the chemical product in question, it is not proven that said directorate has yet issued its opinion and a final resolution on the petitioner's complaint, which was filed four months earlier. It must be recalled that, in accordance with Article 261 of the General Law of Public Administration, the administration generally has two months to investigate this type of proceeding, a period that has elapsed in the case under study without the health authorities having clarified the situation of the chemical product in question and resolved the complaint, despite it having been classified as a priority. Consequently, this Chamber finds a violation of the fundamental rights of the petitioner, and therefore the amparo must be granted, under the terms set forth in the operative part of this ruling.V.- Sobre el caso concreto. [...] Así las cosas, logra acreditarse que, si bien las autoridades de salud recurridas han realizado una serie de gestiones tendientes a dar trámite a la denuncia presentada por la amparada, no fue sino con ocasión de la interposición del recurso, que el 05 de noviembre de 2021 le informaron a la gestionante sobre las acciones realizadas, y le comunicaron las conclusiones del informe técnico de cita, el cual había sido elaborado desde el 01 de septiembre de 2021. Asimismo, si bien se le informó que el caso sería nuevamente devuelto a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud para que se determine lo correspondiente a la utilización del producto químico en cuestión, no logra acreditarse que dicha dirección ya haya emitido su criterio y se haya dictado una resolución final en atención a la denuncia de la amparada, la cual fue presentada cuatro meses atrás. Debe recordarse, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, de la Ley General de la Administración Pública, la administración tiene, en términos generales, dos meses para investigar este tipo de procesos, plazo que ha fenecido en el caso bajo estudio, sin que las autoridades de salud hayan logrado esclarecer la situación del producto químico en cuestión y resolver la denuncia, a pesar de haber sido catalogada como prioritaria. En consecuencia, esta Sala logra acreditar la violación a los derechos fundamentales de la tutelada, por lo que corresponde declarar con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
Pull quotesCitas destacadas
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)..."
"In environmental matters, it is this judge's view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belong to the administrative jurisdiction. However, I do address the merits when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)..."
VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)..."
VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"…no logra acreditarse que dicha dirección ya haya emitido su criterio y se haya dictado una resolución final en atención a la denuncia de la amparada, la cual fue presentada cuatro meses atrás. Debe recordarse, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, de la Ley General de la Administración Pública, la administración tiene, en términos generales, dos meses para investigar este tipo de procesos, plazo que ha fenecido en el caso bajo estudio..."
"…it is not proven that said directorate has yet issued its opinion and a final resolution on the petitioner's complaint, which was filed four months earlier. It must be recalled that, in accordance with Article 261 of the General Law of Public Administration, the administration generally has two months to investigate this type of proceeding, a period that has elapsed in the case under study..."
V.- Sobre el caso concreto
"…no logra acreditarse que dicha dirección ya haya emitido su criterio y se haya dictado una resolución final en atención a la denuncia de la amparada, la cual fue presentada cuatro meses atrás. Debe recordarse, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, de la Ley General de la Administración Pública, la administración tiene, en términos generales, dos meses para investigar este tipo de procesos, plazo que ha fenecido en el caso bajo estudio..."
V.- Sobre el caso concreto
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: November 26, 2021 at 09:15 Type of case: Amparo appeal SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-sixth of November, two thousand twenty-one.
Amparo appeal processed in expediente No. 21-021449-0007-CO, filed by MARIANA PORRAS ROZAS, identity card 111460917, against the MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
appeal, no response has been offered to her regarding the outcome of the complaint, which is why she considers her fundamental rights to be harmed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considerando:
I.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the time periods set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, given that this concerns a complaint for an alleged violation of the right to health and the environment. Having clarified the point, we proceed to resolve the situation raised in this amparo in order not to prolong the knowledge of the complaint filed by the appellant, due to the circumstances and delays allegedly presented by the respondent authorities.
II.Purpose of the appeal. The appellant alleges that since July 19, 2021, she filed a complaint against an official of the company BASF de Costa Rica S.A. before the Ministerio de Salud, for non-compliance with the health alert on the use of herbicides in human coexistence spaces. She points out that, although on July 23, 2021, the Director General of Health forwarded the matter with priority character to the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest, as of the date she files this amparo, she has not received the result of her complaint, a situation she considers violative of her fundamental rights.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Only.- That the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest of the Ministerio de Salud has determined what is appropriate regarding the situation of the herbicide and that a final resolution has been issued in response to the appellant's complaint.
V.Regarding the specific case. In the case under study, the appellant alleges that since July 2021, she filed a complaint before the Ministerio de Salud against an official of the company BASF de Costa Rica S.A., for non-compliance with the health alert on the use of herbicides in human coexistence spaces. She points out that, although the complaint was categorized for priority processing, as of the date she files this amparo, she has not received any resolution, a situation she considers violative of her fundamental rights. In this regard, the respondent health authorities do not deny the facts, and state that said complaint was forwarded from the Minister's Office to the Directorate General of Health, subsequently to the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest, and finally to the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur. According to their indications, an on-site visit was made, and the necessary information was gathered to process the complaint; however, through Technical Report MS-DRRSCS-URS-IT-0397-2021 dated September 1, 2021, signed by Engineer González Arce of the Unidad de Rectoría de la Salud Central Sur, it was concluded that: "it is not the responsibility of the Unidad de Rectoría de la Salud de la Región Central Sur to reliably judge the authenticity of the documents presented by both the Empresa BASF and the Red de Coordinación de la Biodiversidad.
Nevertheless, our criterion is that the legal determination of whether a chemical product is for professional use, and that in Costa Rica its use for non-agricultural activities in human coexistence spaces can be authorized, corresponds to the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest of the Ministerio de Salud. (…)". Thus, it is proven that, although the respondent health authorities have carried out a series of actions aimed at processing the complaint filed by the appellant, it was not until the occasion of the filing of the appeal, on November 5, 2021, that they informed the petitioner about the actions taken and communicated the conclusions of the cited technical report, which had been prepared since September 1, 2021. Likewise, although she was informed that the case would be returned again to the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest of the Ministerio de Salud so that it could determine what is appropriate regarding the use of the chemical product in question, it cannot be proven that said directorate has already issued its criteria and that a final resolution has been issued in response to the appellant's complaint, which was filed four months ago.
It must be remembered that, in accordance with the provisions of article 261 of the Ley General de la Administración Pública, the administration has, in general terms, two months to investigate this type of process, a period that has expired in the case under study, without the health authorities having managed to clarify the situation of the chemical product in question and resolve the complaint, despite having been categorized as priority. Consequently, this Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected party, and therefore, the appeal must be granted, in the terms that will be indicated in the operative part of this pronouncement.
VI.Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the respondent authorities have been remiss in the processing and resolution of a complaint regarding the apparent use of herbicides prohibited by a health alert, which threatens to harm the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.
VII.Documentation provided to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted for violation of article 41 of the Political Constitution. Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García, and Ileana Herrera Gallegos, in their order Minister, Director General of Health, and Acting Director of the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest, all of the Ministerio de Salud, or whoever occupies said positions, are ordered to resolve the complaint filed by the appellant on July 19, 2021, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, and to notify her accordingly to the means indicated for such purposes. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado records a note. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).
Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:16:53.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-021449-0007-CO, interpuesto por MARIANA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 111460917, contra el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
recurso no se le ha ofrecido respuesta alguna en relación con el resultado de la denuncia, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por presunta violación al derecho a la salud y al ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación planteada en este amparo para no prolongar más el conocimiento de la denuncia planteada por la recurrente, por las circunstancias y retrasos supuestamente presentados por parte de las autoridades recurridas.
II.Objeto del recurso. La recurrente alega que desde el 19 de julio de 2021, presentó una denuncia contra un funcionario de la empresa BASF de Costa Rica S.A. ante el Ministerio de Salud, por incumplir la alerta sanitaria sobre el uso de herbicidas en espacios de convivencia humana. Señala que, si bien el 23 de julio de 2021, la Directora General de la Salud trasladó la gestión con carácter de prioridad a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, a la fecha en que acude en amparo, no ha recibido el resultado de su denuncia, situación que considera violatoria de sus derechos fundamentales.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Único.- Que la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud haya determinado lo correspondiente a la situación del herbicida y se haya dictado una resolución final en atención a la denuncia de la amparada.
V.Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, la recurrente alega que desde el mes de julio de 2021 presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud, contra una funcionaria de la empresa BASF de Costa Rica S.A., por incumplir la alerta sanitaria sobre el uso de herbicidas en espacios de convivencia humana. Señala que, si bien la denuncia fue catalogada para trámite prioritario, a la fecha en que acude en amparo, no ha recibido resolución alguna, situación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, las autoridades de salud recurridas no niegan los hechos, y manifiestan que dicha denuncia fue trasladada del Despacho del Ministro a la Dirección General de Salud, posteriormente a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y finalmente a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur. Según indican, se realizó una visita in situ, y se recabó la información necesaria para dar trámite a la denuncia, sin embargo, por medio del Informe Técnico MS-DRRSCS-URS-IT-0397-2021 de fecha 01 de septiembre de 2021, suscrito por el Ingeniero González Arce de la Unidad de Rectoría de la Salud Central Sur, se concluyó que: “no le corresponde a la Unidad de Rectoría de la Salud de la Región Central Sur juzgar fehacientemente la autenticidad de los documentos, presentados tanto por la Empresa BASF, como por la Red de Coordinación de la Biodiversidad.
Sin embargo, nuestro criterio, es que la determinación legal de si un producto químico es de uso profesional, y de que en Costa Rica se puede autorizar su utilización para actividades no agrícolas en espacios de convivencia humana, le corresponde a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud. (…)”. Así las cosas, logra acreditarse que, si bien las autoridades de salud recurridas han realizado una serie de gestiones tendientes a dar trámite a la denuncia presentada por la amparada, no fue sino con ocasión de la interposición del recurso, que el 05 de noviembre de 2021 le informaron a la gestionante sobre las acciones realizadas, y le comunicaron las conclusiones del informe técnico de cita, el cual había sido elaborado desde el 01 de septiembre de 2021. Asimismo, si bien se le informó que el caso sería nuevamente devuelto a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud para que se determine lo correspondiente a la utilización del producto químico en cuestión, no logra acreditarse que dicha dirección ya haya emitido su criterio y se haya dictado una resolución final en atención a la denuncia de la amparada, la cual fue presentada cuatro meses atrás.
Debe recordarse, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, de la Ley General de la Administración Pública, la administración tiene, en términos generales, dos meses para investigar este tipo de procesos, plazo que ha fenecido en el caso bajo estudio, sin que las autoridades de salud hayan logrado esclarecer la situación del producto químico en cuestión y resolver la denuncia, a pesar de haber sido catalogada como prioritaria. En consecuencia, esta Sala logra acreditar la violación a los derechos fundamentales de la tutelada, por lo que corresponde declarar con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
VI.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas, han sido omisas en la tramitación y resolución de una denuncia ante la aparente utilización de herbicidas prohibidos por una alerta sanitaria, lo que amenaza lesionar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Daniel Salas Peraza, Priscilla Herrera García e Ileana Herrera Gallegos, por su orden Ministro, Directora General de Salud y Directora a.i. de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, todos del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen dichos cargos, que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea resuelta la denuncia presentada por la amparada el 19 de julio de 2021 y se le notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
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