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Res. 26545-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/11/2021
OutcomeResultado
Partially granted against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education, ordering works to be executed within 12 months.Se declara parcialmente con lugar contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública, ordenando ejecución de obras en 12 meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by residents of Las Gravilias district, Desamparados, who allege violation of their right to a healthy environment due to constant flooding and sewage overflows caused by deficiencies in the stormwater and sanitary drainage system, especially near the Gravilias High School, where the Chilamate stream is piped. The Chamber partially upholds the appeal against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education, ordering them to coordinate and carry out the necessary works for a comprehensive solution within a maximum of twelve months. It finds that both institutions have failed to ensure effective coordination to address the problem, which harms the health and environment of residents and students. The claim against AyA and the Health Area is dismissed, as no omission on their part is found. Judges Salazar and Hernández dissent, arguing that the matter belongs to the administrative contentious jurisdiction due to its technical complexity; Judge Garro dissents on the execution of the order, remitting it to the Administrative Contentious Court.La Sala Constitucional conoce un amparo interpuesto por vecinos del distrito Las Gravilias, Desamparados, quienes alegan violación al derecho a un ambiente sano debido a constantes inundaciones y rebalses de aguas residuales causados por deficiencias en el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, especialmente en la zona aledaña al Colegio de Gravilias, donde la quebrada Chilamate está entubada. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública, ordenando que en un plazo máximo de doce meses coordinen y ejecuten las obras necesarias para una solución integral. Considera que ambas instituciones han incurrido en omisión al no garantizar una coordinación efectiva que atienda la problemática, la cual afecta la salud y el ambiente de los vecinos y estudiantes. Se desestima el amparo contra el AyA y el Área de Salud, pues no se constata omisión de su parte. Los magistrados Salazar y Hernández salvan el voto, argumentando que el asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa por su complejidad técnica; la magistrada Garro salva el voto en cuanto a la ejecución de la orden, que remite al Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
From the evidence provided and the reports rendered by the respondent authorities, given under oath – with the legal consequences this entails – it is clear that, indeed, in the Gravilias Community there is a problem of flooding and overflow of the sewer systems, product of deficiencies in the hydraulic connection and drainage areas. [...] In the case under study, the creation of adequate drainage means within a community, in order not to cause damage to property, health or environmental problems to its neighbors, within the terms indicated by the Political Constitution, is of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obliged to provide. [...] Thus, it is found that the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not shown the capacity to establish effective institutional coordination aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved. In reiterated jurisprudence, the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the oversight powers and solution to problems granted by law.De la prueba aportada en autos y de los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo la solemnidad de juramento -con las consecuencias legales que ello implica-, se desprende que, efectivamente, en la Comunidad de Gravilias existe una problemática de inundaciones y rebalse de los sistemas de alcantarillado, producto de carencias en la conexión hidráulica y las áreas de drenaje. [...] En el caso bajo estudio, la creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad, a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas ambientales a sus vecinos, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, resulta de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. [...] Así las cosas, se constata que la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. En reiterada jurisprudencia, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley.
Pull quotesCitas destacadas
"las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan."
"municipalities are obliged to assume a certain behavior to fulfill their purposes, taking the required measures to provide for the inhabitants of the community they represent."
Considerando VI
"las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan."
Considerando VI
"no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley."
"it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and solution to problems granted by law."
Considerando VI
"no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley."
Considerando VI
"la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados"
"the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not shown the capacity to establish effective institutional coordination aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved"
Considerando VI
"la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados"
Considerando VI
"la jurisdicción constitucional debe conocer aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo"
"the constitutional jurisdiction must hear those aspects that violate by action or omission fundamental rights and constitutional supremacy, that are susceptible to be heard in a very summary process of special nature and urgency such as amparo"
Considerando VIII (Voto salvado Hernández)
"la jurisdicción constitucional debe conocer aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo"
Considerando VIII (Voto salvado Hernández)
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen hours on the twenty-sixth of November of two thousand twenty-one.
Amparo proceeding processed under expediente N° 21-019217-0007-CO, filed by MARÍA GABRIELA DEL CARMEN BUSTOS CASCANTE, identity card 0106330078 and MIGUEL ÁNGEL ULLOA GAMBOA, identity card 0104170828, on behalf of OTHERS, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.
WHEREAS:
1.- By brief incorporated into the digital file at 10:01 hours on September 28, 2021, the petitioners file an amparo proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Public Education and the Municipality of Desamparados. They contend that they represent the residents of the District of Las Gravilias and for forty years they have had flooding problems in their homes. They comment that the situation has been considerably aggravated by the increase in residential developments (urbanizaciones) built. They add that the problem is located mainly on Calle B, in the tree-lined walkway known as "Calle del Colegio." They assert that excessive rainfall has caused the rivers to rise and as a result, the storm drainage (alcantarillado pluvial) system collapses. They explain that this drainage system extends from the branch of the Caja Costarricense de Seguro Social to the Río Damas. They set forth that the increase in construction in the area has caused the stormwater (aguas pluviales) and blackwater (aguas negras) collectors, as well as the manholes (pozos de registro) and catch basins (tragantes), to have become insufficient for the amount of water passing through them. They note that the Colegio de Gravilias was built on land located over the Chilamate acequia and all the water flowing through it ends up stagnating where the gymnasium is located, due to a lack of drainage. They argue that the indicated acequia has small and narrow pipes and given the amount of rainfall and garbage it carries, the inevitable result is flooding and impacts suffered by the residents. They relate that necessary actions have been taken before the local government during all the years they have suffered these problems; however, no one has been able to resolve them definitively. They point out that during the years 2014 and 2015, the comprehensive development association and the municipality invested two hundred thirteen million colones in the structural and hydraulic reconstruction of the stormwater collector (colector pluvial) between Gravilias and La Fortuna, as well as the reconstruction of a high-capacity outlet headwall, which solved the problem for four years. In 2019, the flooding recurred, and in 2020, given the amount of garbage accumulated in the Chilamate acequia and the excess water, the result was the overflow of blackwater. As a consequence of the foregoing, the respondent institute awarded the company "Turbinas S.A." the work of connecting the sanitary sewer (alcantarillado sanitario) that collects blackwater to the Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos in La Uruca. They note that this work lasted more than a year, after much pressure the residents had to exert for it to be completed. However, once this work was finished, every time it rains the blackwater overflows and fecal matter is left exposed on the sidewalks of the houses, which represents a serious problem for the physical and emotional health of all the residents, especially minors, older adults, and sick persons, resulting in outbreaks of diarrhea and other medical conditions, in addition to the impact on their material goods, which constantly suffer with each flood. They estimate that they have not been given the due attention to definitively resolve the problem they present; they have only "papered over" (maquillado) the situation by collecting the garbage or suctioning the water that accumulates in the sewers (alcantarillas). Similarly, they indicate that the engineer from the respondent municipality explained to them that what needs to be done is to "break through" where the school gymnasium is located, build the manholes (cajas de registro), place pipes with greater capacity so that the water can flow to the Río Damas. They affirm that the Ministry of Education refuses to grant permission to carry out this work. They request that the proceeding be granted, and the respondent authorities be ordered to definitively solve the problem of flooding they experience every time it rains and the storm drainage overflows, with the consequences this represents for all residents of the area, especially persons in conditions of vulnerability.
2.- By resolution at 14:53 hours on October 4, 2021, the present proceeding was granted leave to proceed and a hearing was granted to the Mayor of Desamparados, the General Manager and the Head of the Unidad Ejecutora AyA RANC-EE; both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as the Head of the Oficina de Gestión del Riesgo and the director of the Colegio de Gravilias, both of the Ministry of Public Education, regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- Ileana Vanessa Castro López, in her capacity as Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that the RANC-EE project nor any other project under the charge of the Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión of the institution has any relation to the situation described by the claimants in their amparo proceeding. According to a technical report rendered by Engineer Manuel López Fonseca, from the Dirección Recolección y Tratamiento, it is documented that in Costa Rica there are two types of sewer systems (sistemas de alcantarillado); the sanitary sewer, which collects wastewater (aguas residuales), built by this institution, and the storm drainage, which collects external water from homes, built by the municipality of the Canton. He points out that, according to studies carried out by the Municipality of Desamparados and by the Universidad de Costa Rica, works must be executed in the sector of the Colegio de Gravilias that involve the construction of a culvert (alcantarilla) two meters high by two meters wide, starting at the tree-lined walkway located on the east side of said educational center. He highlights that the sewer system built by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados functions normally, without spills on the roadway, provided there are no abundant rains. He emphasizes that the flooding is impacting the sanitary system due to the excessive dragging of sand and other sediments; therefore, corrective and preventive maintenance actions are performed to prevent the accumulation of sediments; however, he points out that the underlying problem is due to stormwater.
4.- Vesalio Mora Calvo, in his capacity as Manager of the Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, reports under oath that there is no action formulated in writing by the petitioners or the Association they represent. He points out that he has no relationship with the operational management of the reservoirs, since the commission is limited to the administrative management of the basin. He states that he has no control authority over the other public institutions that are part of the commission, as at most he can mediate as a communication channel. He argues that the complaints regarding lack of communication and the management of the hydroelectric infrastructure are outside the scope of control of this Commission. He requests that the proceeding be dismissed.
5.- Mario Salazar Estrada, in his capacity as Head of the Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo of the Ministry of Public Education, reports under oath that no action is registered regarding the situation at the Colegio de Gravilias. He points out that, through report IAR-INF-0258-2016 from the Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), it can be concluded that the Colegio de Gravilias was built on land over the Chilamate acequia, where excess rainfall causes the failure of the storm drainage and sanitary sewer, which are the responsibilities of the corresponding Municipality and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He states that, regarding the denial of permission to carry out works in the school's facilities, this does not correspond to this department, but to the Dirección de Infraestructura Educativa. He requests that the proceeding be dismissed.
6.- María Elena Vargas Murillo, in her capacity as Director of Circuito 01 of the Dirección Regional de Educación de Desamparados, reports under oath that since the beginning of 2016 the institution has been affected by the problem of the Chilamate spring (naciente). She points out that actions have been taken with the Municipality of Desamparados and with governmental authorities, since it is beyond the competence of the institution to implement a solution, but no provisions have been made to address the situation. She adds that recently the Ministry of Health closed a pavilion because the land has been shifting. She states that this is a circumstance not foreseen in the construction of the institution in 1979, while two pavilions still exist that do not suffer deterioration and damage caused by the spring. She emphasizes that the rights of the student population are being violated, insofar as they are in an infrastructure with latent risk. She considers that the professionals who carried out the study to build the School did not foresee the population growth and the risks implied by building on false ground, which over many years would cause infrastructure problems and flooding in the surrounding houses. She requests that action be taken in the best manner with the least possible impact on the student population.
7.- Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Mayor of the Municipality of Desamparados, reports under oath that the main flooding problems in the community of Gravilias are caused by the Liceo gymnasium. He points out that several residential developments near the stream channel have retention lagoons with an outlet to the stream. He emphasizes that through official communication GD-SA-01086-2021 from the Coordinators of the Gestión de Saneamiento Ambiental of the municipality, it is stated that in case of flooding, action is taken immediately with pipe inspections, which are shown to be free of obstructions. He argues that official communication DT-IV-988-2021 from the Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas demonstrates the actions taken by the mayor's office in search of a solution to the problem, where interventions before the Ministry of Health, Comisión Nacional de Emergencias, Ministry of Public Education, Dirección de Infraestructura Educativa, and the Directorate of the Colegio Gravilias are recorded. He outlines that the only definitive solution is the civil work of constructing a retention lagoon where the Colegio Gravilias gymnasium is located; therefore, the pertinent administrative steps have been taken for the relocation of the educational institution and the vacating of the infrastructure. However, the problem of flooding cannot be solved without the authorization of the Ministry of Public Education and without this entity carrying out the pertinent actions within its competence. He considers that said Ministry should resolve the soil saturation and the problem of the existing hydraulic system under the school's facilities, since the Local Government was not the one who channeled the stream into pipes, nor who caused the strangulation of the channel. He emphasizes that it was the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo responsible for developing the Urbanización Gravilias more than forty years ago and who channeled the Quebrada Chilamate into pipes. He states that the Municipal Corporation has been willing to resolve the problem, and the Urbanización La Marianela was even requested to build a retention lagoon so as not to overload the stream's outlet; however, the actions of the Ministry of Public Education are required in relocating the academic facilities, since it is that property that obstructs the natural stream channel. He adds that the follow-up on the sanitary orders imposed by the Ministry of Health is unknown, insofar as the educational center continues operating normally. He requests that the proceeding be dismissed.
8.- Through a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 08:34 hours on October 15, 2021, Elisa María Bonilla Orozco, identity card 0104460678, filed a motion for coadjuvancy. She states, in summary, that she no longer resides in that community, but for more than ten years she lived in an apartment located in the area and suffered the total destruction of her household goods due to constant flooding, which reached up to four times per year in the rainy season with water up to her waist. She points out that this is due to a lack of planning and lack of control in the new buildings in the district of Gravilias, as well as the poor management of the Chilamate acequia. She argues that since 2005, communications have been presented to the Municipality but no results have been obtained. Therefore, in 2008, an amparo proceeding was filed, which although it was dismissed, the Chamber ordered the following: "…urges the corporation to take the pertinent coordination actions for the realization of the plans developed to solve the problem raised by the petitioners…". She argues that more than thirteen years have elapsed since that judgment and a definitive solution to the problem is still not forthcoming. She adds that she no longer resides in the area, but the community residents have suffered losses for more than sixteen years due to periodic flooding and the inaction of the competent institutions. She requests that the proceeding be granted.
9.- By certification at 07:59 hours on October 18, 2021, it is certified that the Director of the Colegio de Gravilias did not file any brief in order to render the report requested in the resolution at 14:53 hours on October 4, 2021.
10.- By resolution at 09:41 hours on October 29, 2021, the parties named in this proceeding were expanded and a hearing was granted to the Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados of the Ministry of Health, as well as to the Minister and the Head of the Dirección de Infraestructura Educativa; both of the Ministry of Public Education.
11.- Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Desamparados, reports under oath that on April 9, 2018, report AIR-IFN-0407-2018 was received from the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, regarding the structural impact found at the Colegio de Gravilias; therefore, that same day, the Comité Municipal de Emergencias de Desamparados and the Dirección de Infraestructura y Equipamiento of the Ministry of Education conducted an inspection visit to assess the site conditions. He points out that through technical report CS-ARS-D-ERS-IT-0245-2018, it was concluded that Pavilion 3 of the School was declared uninhabitable. This was communicated to the Director of the Educational Center through sanitary order N°CS-ARS-D-ERS-OS-0076-2018. He states that it was also communicated to the then Minister of Education through administrative act N°CS-ARS-D-ERS-OS-0077-2018. In that sense, he outlines that members of the School's Administrative Board communicated, through official letter CG-070-2018, the improvements to be made in Pavilions 1 and 2. He argues that once the repairs were verified, through official letter N°CS-ARS-D-0345-18, the partial lifting of the uninhabitability was ordered, only with respect to the dining room sector. He emphasizes that said lifting did not comprise the administrative offices, library, principal's office, and others that likewise belong to Pavilion 3 of the School. He indicates that on May 13, 2021, a complaint was filed regarding the apparent use of the areas declared uninhabitable at the Colegio de Gravilias. Consequently, in response to the complaint, an inspection was carried out and it was concluded through report CS-ARS-D-ERS-IT-0808-2021 of August 12, 2021, that the areas declared uninhabitable are indeed being used. He adds that as a result of this discovery, new sanitary orders CS-ARS-D-ERS-OS-0295-2021 and CS-ARS-D-ERS-OS-0296-2021 are issued, directed to the director of the Educational Center and the Minister of Education respectively; and the immediate vacating is ordered of Pavilion 3, which was being used. He points out that Closing Act N° MS-DRRSCS-D-ERS-AC-59-2021 was drawn up for non-compliance with the 2018 sanitary orders, and proceedings were taken with the partial closure of the institution, an act that is recorded in Inspection Certificate MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-1185-2021. Finally, he outlines that on November 9, 2021, a visit was conducted and compliance with the imposed orders was verified. He requests that the proceeding be dismissed.
12.- Catalina Salas Hernández, in her capacity as Director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, reports under oath that a report was requested from the Departamento de Mantenimiento de la Obra of the Dirección de Infraestructura Educativa and they attach official communications DVM-A-DIE-DM-1260-2021 and DVM-A-DIEDM-1263-2021. She requests that the proceeding be dismissed.
13.- Guiselle Cruz Maduro, in her capacity as Minister of Public Education, reports under oath that she adheres to the report rendered by the Director of the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and refers to the official communications provided as evidence.
14.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Judge Salazar Alvarado authors the opinion; and,
CONSIDERING:
I.- REGARDING THE COADJUVANCY FILED. Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding adhering to the claims of one of the main parties; consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the proceeding is legitimized to act as a coadjuvant, but not being a main party, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, its efficacy cannot reach them directly and immediately, nor are they affected by the res judicata status of the ruling, although in amparo matters the efficacy of what is resolved may favor them, due to the "erga omnes" character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Chamber proceeds to reject the coadjuvancy filed by Elisa María Bonilla Orozco, since, because she currently does not reside in the community where the impact is alleged, she lacks a direct interest in the resolution of this matter.
II.- SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING. The petitioners assert that there is a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, alleging inaction on the part of the Municipality of Desamparados to prevent the flooding that occurs in the District of Las Gravilias, resulting from the sewer system, where blackwater even overflows.
III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts, of importance for the resolution of this matter, are not deemed duly proven:
V.- IN REFERENCE TO THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo proceeding, it is appropriate to indicate that, within the framework of the Social and Democratic State of Law, Economic, Social and Cultural Rights have as a fundamental objective to guarantee economic well-being and the development of human beings and peoples. From this, a subjective content and an objective one of such rights can be identified. Thus, regarding the subjective sense, welfare rights (derechos prestacionales) demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of persons. The satisfaction of these needs presupposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican block of constitutionality, we find such rights in the content of Article 50, of the Constitución Política and Article 26, of the Convención Americana sobre Derechos Humanos. In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies -including the district municipal councils- is relevant, which, based on Article 169 of the Constitution, are obliged to effectively provide the public services that have been entrusted to them. Thus, as applied in the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roads -roads, sidewalks, and sewer systems-, through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what this Tribunal has indicated in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment N° 2007-017552 of 12:22 hours on November 30, 2007, it indicated:
"(...) The cited Article 50 also outlines the Social State of Law, so we can conclude that the Constitución Política emphasizes that the protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life of all, which makes necessary the intervention of the Public Authorities on factors that can alter its balance and hinder a person from developing and unfolding in a healthy environment.
The incidence of the right to a healthy and ecologically balanced environment within State activity finds its primary rationale, firstly, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have significance within the very structure of the State, in its role as guarantor of those rights, and, secondly, because State activity is directed toward satisfying the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of ‘environment’ has not been limited to the primary elements of nature, such as soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands—such as food, energy, housing, health, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more comprehensive manner, establishing a ‘macro-environmental’ concept, by also encompassing aspects related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: ‘Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as nature is only a part of the environment. The policy for the protection of nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus achieve a unification of the legal framework we call Environmental Law (...)”.
Having said the above, this Chamber, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to utilize materially and legally legitimate means to guarantee them.
VI.- REGARDING THE CASE OF THE COMMUNITY OF GRAVILIAS. From the evidence provided in the case file and the reports submitted by the respondent authorities, given under the solemnity of oath—with the legal consequences that this entails—it is clear that, indeed, in the Community of Gravilias there is a problem of flooding and overflow of the sewer systems, resulting from deficiencies in the hydraulic connection and drainage areas. Based on official communication No. DT-IV-1233-2019 of December 2, 2019, prepared by Engineer Jesús Chichilla González of the Road Infrastructure and Public Works Process of the Municipality of Desamparados, it is established that: “One of the major factors contributing to the recurrence of stormwater overflows in the area of the Gravilias High School and the northern sector of the Gravilias Development (Urbanización Gravilias) is the existence of numerous hydraulic deficiencies in the piped section of the Chilamate Creek (quebrada Chilamate) that passes under the school’s gymnasium.” In that regard, technical reports prepared by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), by the University of Costa Rica, as well as by the Road Infrastructure and Public Works Process Unit of the Municipality of Desamparados, agree on the presence of obstructions and deficiencies in the passage of the channel of the Chilamate Creek in the piped sections underneath the Gravilias High School. In this respect, it must be taken into account that article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each Canton shall be the responsibility of the Municipal Government.
In the case under study, the creation of adequate drainage means within a community, for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors, within the terms indicated by the Political Constitution, is of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obliged to provide. For this reason, the municipalities are obliged to assume a specific behavior for the satisfaction of their purposes, taking the measures required to provide for the inhabitants of the community they represent. Although, in a report submitted under oath, the municipal authorities refer to coordination efforts directed toward the Ministry of Public Education for the relocation of the educational center and the subsequent repair of the sewer network; the fact is that the problem persists, and this Court does not observe fruitful institutional coordination between both entities, directed at addressing the situation denounced here. In the opinion of this Chamber, in this case, we are facing a serious health problem that affects the environment and health, not only of the inhabitants of the community, but also of the students and staff of the Gravilias High School, who operate within a risky infrastructure, as declared both by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and by the Health Area of Desamparados (Área de Salud de Desamparados).
Thus, it is verified that the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not demonstrated the capacity to establish effective institutional coordination, aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and the solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thereby incurring liability for omission in the exercise of those powers which, in turn, injure the constitutional right of the administered to be provided with efficient and effective public services. By reason of the foregoing, the appeal (recurso) is hereby granted with respect to the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education. Regarding the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), the appeal is dismissed.
VII.- REGARDING THE HEALTH AREA OF DESAMPARADOS. On the other hand, this Chamber cannot take as proven that the appellants filed complaints about the problem of contamination in the community, resulting from the overflow of the sewers, and, consequently, there is no evidence that this authority decreed a health order directed at the Municipality of Desamparados. However, it is on record that the health authorities, based on the complaints received regarding the situation of the Gravilias High School, undertook to follow up on the case, through inspections of the facilities, and have issued the appropriate health orders; likewise, they have undertaken to verify their compliance and decree the closure of the damaged areas. Thus, the appeal is dismissed regarding this point, since no action or omission on the part of the authorities of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) that threatens or violates the fundamental rights of the protected parties (amparados) is verified; and, rather, it is evident that they have proceeded diligently within the framework of their competencies.
VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNANDEZ LÓPEZ.
1.- The Political Constitution establishes different ways to protect the rights of individuals, for which it has created different instances and levels of protection. Among them, it created the Constitutional Jurisdiction in its article 10, as a specialized instance, whose object is defined in its regulatory law, to “guarantee the supremacy of the constitutional norms and principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica”, (article 1 LJC). On the other hand, it had previously created the ordinary jurisdiction (article 153), the labor jurisdiction (article 70) and also established, in its article 49, the existence of a contentious-administrative jurisdiction to which it defined, with particular clarity, its object of “guaranteeing the legality of the administrative function of the State, of its institutions, and of any other public law entity.” 2.- Practically since its creation, it has been a priority issue for this Chamber, the determination of criteria that allow for the appropriate distribution of the different types of claims, taking for granted that the principle of constitutional supremacy does not necessarily entail recognizing an all-encompassing competence to the body designated to protect it. On the contrary, an appropriate distribution of tasks, which adheres to the constitutional text, points to understanding that the constitutional jurisdiction must hear—according to the purpose of its creation—those aspects that violate, by action or omission, fundamental rights and constitutional supremacy, which are susceptible to being heard in a very summary process of a special nature and urgency such as the amparo as a procedural institute.
3.- The inactivity of the administration, as a pathology capable of affecting the rights of individuals, depending on its effects and circumstances, may be discussed in one venue or another, according to its degree of direct impact on the fundamental rights regulated in the Political Constitution or the international human rights treaties in force, and the constitutional jurisdiction cannot, nor should, become a single instance that diminishes the other forms of judicial protection created by the constituent power and the legislator. Hence, not every omission or inactivity of the State per se must be protected in the constitutional venue.
4.- In the case now presented, we are precisely facing the claimed omission of the State in addressing problems caused by rainwater and the need to channel it in a manner that does not cause damage to private properties. For its part, the list of proven facts reveals that there has been no imminent danger to the physical integrity or health of individuals and that there are authorities that are aware of the problem and have acted to remedy the denounced situation. With this, it is concluded that we are facing an infringement of rights for whose remedy the amparo route is insufficient to adequately weigh the large number of factors at play. In this way, it is appropriate that the claim contained in this amparo be analyzed in the contentious-administrative jurisdiction. Consequently, I reject the appeal outright (rechazo de plano el recurso).
IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through the amparo procedure, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the non-compliances or omissions alleged can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its consideration becomes outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental topic that requires, for its proper assessment, a full trial process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria prepared under the protection of the legal or regulatory norms in force or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already contained in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full trial process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its consideration and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct in question conform or not, in substance, to the precepts of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
X.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be partially granted, I disagree on where to situate the execution phase of the first order given in the operative part, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here for providing a comprehensive solution to the problem of the sewer system in the area of the Gravilias High School. Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment execution rules of said Code.
XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant party that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by means of any additional device, or via electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment. Otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE (POR TANTO):
The appeal is partially granted, only against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education. Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Mayor of the Municipality of Desamparados, as well as Guiselle Cruz Maduro, in her capacity as Minister, and Catalina Salas Hernández, in her capacity as Director of Educational Infrastructure; both of the Ministry of Public Education, or whomever occupies the positions in their stead, are ordered to take the corresponding measures and coordinate what is necessary so that a comprehensive solution is provided to the problem of the sewer system in the area of the Gravilias High School, so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this Judgment, the required works are executed. They are warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Desamparados and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Magistrate Hernández López dissents and rejects the appeal outright. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct in question conform or not, in substance, to the precepts of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of the first order of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, rules that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling may be initiated. Notify.- Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- CASE FILE No. 21-019217-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:15:25.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021026545 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 21-019217-0007-CO, interpuesto por MARÍA GABRIELA DEL CARMEN BUSTOS CASCANTE, cédula de identidad 0106330078 y MIGUEL ÁNGEL ULLOA GAMBOA, cédula de identidad 0104170828, a favor de OTROS, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.
RESULTANDO:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:01 horas del 28 de septiembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad de Desamparados. Sostienen que son representantes de los vecinos del Distrito Las Gravilias y desde hace cuarenta años han tenido problemas de inundaciones en sus viviendas. Comentan que la situación se ha agravado considerablemente por el aumento de las urbanizaciones construidas. Añaden que el problema se ubica principalmente en la calle B, en la alameda que se conoce como "Calle del Colegio". Aseguran que el exceso de lluvias ha provocado la crecida de los ríos y como resultado de ello, el sistema de alcantarillado pluvial colapsa. Explican que dicho sistema de alcantarillado se extiende desde la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social hasta el Río Damas. Exponen que el aumento de las construcciones en la zona ha provocado que los colectores de aguas pluviales y aguas negras, así como los pozos de registro y los tragantes se hayan vuelvo insuficientes para la cantidad de agua que pasa por ellos. Acotan que el Colegio de Gravilias fue construido sobre un terreno que se encuentra sobre la acequia Chilamate y toda el agua que fluye por ella se termina estancando donde se ubica el gimnasio, por la falta de drenajes. Argumentan que la acequia indicada tiene unos tubos pequeños y angostos y dada la cantidad de lluvias y basura que arrastra, da como resultado las inevitables inundaciones y afectaciones que sufren los vecinos. Refieren que se han realizado las gestiones necesarias ante el gobierno local, durante todos los años que han sufrido dichos problemas; sin embargo, nadie ha podido resolverlos de forma definitiva. Señalan que durante los años 2014 y 2015, la asociación de desarrollo integral y la municipalidad invirtieron doscientos trece millones de colones en la reconstrucción estructural e hidráulica del colector pluvial entre Gravilias y La Fortuna, así como la reconstrucción de un cabezal de salida de gran capacidad, lo que solucionó el problema por cuatro años. En el año 2019, se volvieron a presentar las inundaciones y en el año 2020, dada la cantidad de basura acumulada en la acequia Chilamate y el exceso de agua, dio como resultado el desbordamiento de las aguas negras. Como consecuencia de lo anterior, el instituto recurrido adjudicó a la empresa "Turbinas S.A." el trabajo de conexión del alcantarillado sanitario que recolecta las aguas negras a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos en La Uruca. Apuntan que dicho trabajo se prolongó por más de un año, luego de mucha presión que debieron ejercer los vecinos para que lo concluyeran. No obstante, finalizado dicho trabajo, cada vez que llueve las aguas negras se rebalsan y queda el material fecal expuesto en las aceras de las casas, lo cual representa un serio problema para la salud física y emocional de todos los vecinos, especialmente de los menores de edad, adultos mayores, personas enfermas, dando como resultado brotes de diarrea y otras afecciones médicas, además de la afectación de sus bienes materiales que sufren constantemente con cada inundación. Estiman que no se les ha prestado la atención debida para resolver de forma definitiva el problema que presentan, solo han "maquillado" la situación recogiendo la basura o succionando el agua que se acumula en las alcantarillas. En igual sentido, señalan que el ingeniero de la municipalidad recurrida, les explicó que lo que deben hacer es "romper" donde se ubica el gimnasio del colegio, construir las cajas de registro, colocar tubos con mayor capacidad y que el agua pueda fluir hasta el Río Damas. Afirman que el Ministerio de Educación se niega a dar el permiso para realizar dicho trabajo. Solicitan que se declare con lugar el recurso, se ordene a las autoridades recurridas solucionar de forma definitiva el problema de las inundaciones que viven cada vez que llueve y se rebalsa el alcantarillado pluvial, con las consecuencias que ello representa para todos los vecinos de la zona, especialmente las personas en condiciones de vulnerabilidad.
2.- Mediante resolución de las 14:53 horas del 04 de octubre de 2021, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Alcalde de Desamparados, al Gerente General y al Jefe de la Unidad Ejecutora AyA RANC-EE; ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como al Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y el director del Colegio de Gravilias, ambos del Ministerio de Educación Pública, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Informa bajo juramento Ileana Vanessa Castro López, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que el proyecto RANC-EE ni ningún otro proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversión de la institución tiene relación alguna con la situación que describen los accionantes en su recurso de amparo. Según informe técnico rendido por el Ingeniero Manuel López Fonseca, de la Dirección Recolección y Tratamiento, se documenta que en Costa Rica existen dos tipos de sistemas de alcantarillado; el sanitario, que recoge las aguas residuales, construido por esta institución y el pluvial, que recolecta las aguas externas de las viviendas, construido por la municipalidad del Cantón. Señala que, según estudios realizados por la Municipalidad de Desamparados y por la Universidad de Costa Rica, se deben ejecutar obras en el sector del Colegio de Gravilias que consideran la construcción de una alcantarilla de dos metros de alto por dos metros de ancho, iniciando en la alameda ubicada en el costado este de dicho centro educativo. Destaca que el sistema de alcantarillado construido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, funciona con normalidad, sin derrames en la vía, siempre que no se presenten lluvias abundantes. Resalta que las inundaciones están impactando el sistema sanitario por el excesivo arrastre de arenas y otros sedimentos, por lo cual, se realizan las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, para evitar la acumulación de sedimentos; sin embargo, señala que el problema de fondo es por los pluviales.
4.- Informa bajo juramento Vesalio Mora Calvo, en su condición de Gerente de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, que no hay ninguna gestión formulada por escrito de parte de los recurrentes ni de la Asociación que representan. Señala que no tiene relación con el manejo operativo de los embalses, pues la comisión se limita al manejo administrativo de la cuenca. Expone que no tiene potestad de control sobre las otras instituciones públicas parte de la comisión, pues a lo sumo puede mediar como canal de comunicación. Esgrime que las denuncias de falta de comunicación y sobre el manejo de la infraestructura hidroeléctrica, están fuera del ámbito de control de esta Comisión. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa bajo juramento Mario Salazar Estrada, en su condición de Jefe del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación Pública, que no se registra gestión sobre la situación del Colegio de Gravilias. Señala, que mediante informe IAR-INF-0258-2016 de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se puede concluir que el Colegio de Gravilias fue construido sobre un terreno sobre la acequia Chilamate, donde el exceso de lluvias provoca el colapso del alcantarillado pluvial y sanitario, los cuales son responsabilidades de la Municipalidad correspondiente y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que, respecto a la denegatoria del permiso para realizar las obras en las instalaciones del Colegio, no corresponde a este departamento, sino a la Dirección de Infraestructura Educativa. Solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- Informa bajo juramento María Elena Vargas Murillo, en su condición de Directora del Circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de Desamparados, que desde inicios del 2016 la institución se ha visto afectada por el problema de la naciente de Chilamate. Señala que se han realizado gestiones con la Municipalidad de Desamparados y con autoridades gubernamentales, pues está fuera de la competencia de la institución ejercer una solución, pero no se ha tenido han dado previsiones para enfrentar la situación. Agrega, que recientemente el Ministerio de Salud clausuró un pabellón porque el terreno se ha ido desplazando. Manifiesta, que se trata de una circunstancia no prevista en la construcción de la institución en el año 1979, mientras que aún existen dos pabellones que no sufren deterioros y daños causados por la naciente. Resalta, que se están violentando los derechos de la población estudiantil, en el tanto se encuentran en una infraestructura con riesgo latente. Considera, que los profesionales que realizaron el estudio para construir el Colegio no previeron el crecimiento poblacional y los riesgos que implicaría construir en un terreno falso, que provocaría a lo largo de muchos años problemas en la infraestructura e inundaciones en las casas aledañas. Solicita se proceda de la mejor manera con la menor afectación posible a la población estudiantil.
7.- Informa bajo juramento Gilberth Jiménez Siles, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, que los principales problemas de inundaciones en la comunidad de Gravilias se dan por el gimnasio del Liceo. Señala, que varias urbanizaciones cercanas al cauce de la quebrada tienen lagunas de retención con salida a la quebrada. Resalta, que mediante oficio GD-SA-01086-2021 de los Coordinadores de la Gestión de Saneamiento Ambiental de la municipalidad, se hace contar que en caso de inundaciones se procede inmediatamente con inspecciones de tuberías, que se muestran libres de obstrucciones. Esgrime, que el oficio DT-IV-988-2021 del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas, demuestra las gestiones realizadas por la alcaldía en búsqueda de una solución a la problemática, donde constan intervenciones ante el Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Infraestructura Educativa, Dirección del Colegio Gravilias. Esboza, que la única solución definitiva es la obra civil de construcción de una laguna de retención donde se ubica el gimnasio del Colegio Gravilias; por lo cual, se han ejecutado las gestiones administrativas pertinentes para el traslado de la institución educativa y el desalojo de la infraestructura. Sin embargo, no se puede solucionar la problemática de las inundaciones, sin la autorización del Ministerio de Educación Pública y sin que este ente realice las acciones pertinentes dentro de su competencia. Considera, que dicho Ministerio debería resolver la saturación de suelo y la problemática del sistema hidráulico existente bajo las instalaciones del Colegio, pues el Gobierno Local no fue quien entubó la quebrada, ni quien ha provocado el estrangulamiento del cauce. Resalta, que fue el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el responsable de desarrollar la Urbanización Gravilias hace más de cuarenta años y quien entubó la Quebrada Chilamate. Manifiesta, que la Corporación Municipal ha estado anuente en resolver la problemática, incluso se solicitó a la Urbanización La Marianela la construcción de una laguna de retención para no sobrecargar la salida de la quebrada; no obstante, se requieren las diligencias del Ministerio de Educación Pública en el traslado de las instalaciones académicas, pues es esa propiedad la que obstruye el canal natural de la quebrada. Agrega, que se desconoce el seguimiento de las órdenes sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, en el tanto el centro educativo continúa operando normalmente. Solicita se declare sin lugar el recurso.
8.- Por medio de escrito presentado ante Secretaría de la Sala a las 08:34 horas del 15 de octubre de 2021, Elisa María Bonilla Orozco, cédula de identidad 0104460678, presenta solicitud de coadyuvancia. Manifiesta, en resumen, que ya no habita en esa comunidad, pero por más de diez años habitó en un apartamento ubicado en la zona y sufrió la destrucción total de su menaje por las constantes inundaciones, que alcanzaban hasta cuatro por año en época lluviosa y con el agua hasta la cintura. Señala que eso se debe a falta de planificación y descontrol en las nuevas edificaciones en el distrito de Gravilias, así como el mal manejo de la acequia Chilamate. Esgrime que desde el año 2005 se han presentado notas a la Municipalidad pero no se han obtenido resultados. Por ello, en el año 2008, se presentó recurso de amparo, que si bien fue declarado sin lugar, la Sala dispuso lo siguiente: “…insta a la corporación a tomar las acciones de coordinación pertinentes para la concreción de los planes desarrollados para solucionar el problema planteado por los recurrentes…”. Arguye, que han transcurrido más de trece años de esa sentencia y continúa sin darse una solución definitiva al problema. Agrega, que ya no habita en la zona pero los vecinos de la comunidad tienen más de dieciséis años de sufrir pérdidas por las inundaciones periódicas y la inacción de las instituciones competentes. Solicita se declare con lugar el recurso.
9.- Mediante constancia de las 07:59 horas del 18 de octubre de 2021, se hace constar que el Director del Colegio de Gravilias no presentó escrito alguno a fin de rendir informe solicitado en resolución de las 14:53 horas del 04 de octubre de 2021.
10.- Mediante resolución de las 09:41 horas del 29 de octubre de 2021, se ampliaron las partes consignadas en el presente recurso y se concedió audiencia al Director del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud, así como a la Ministra y al Jefe de Dirección de Infraestructura Educativa; ambos del Ministerio de Educación Pública.
11.- Informa bajo juramento Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Desamparados, que el día 09 de abril de 2018 se recibió el informe AIR-IFN-0407-2018, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, sobre la afectación estructural encontrada en el Colegio de Gravilias; por lo cual, ese mismo día, el Comité Municipal de Emergencias de Desamparados y, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación, realizaron visita de inspección para valorar las condiciones del lugar. Señala, que mediante informe técnico CS-ARS-D-ERS-IT-0245-2018, se concluyó declarar el pabellón 3 del Colegio como inhabitable. Lo cual, fue comunicado al Director del Centro Educativo mediante la orden sanitaria N°CS-ARS-D-ERS-OS-0076-2018. Manifiesta, que de igual forma se comunicó a la entonces Ministra de Educación mediante acto administrativo N°CS-ARS-D-ERS-OS-0077-2018. En ese sentido, esboza, que miembros de la Junta Administrativa del Colegio, comunicaron por oficio CG-070-2018, las mejoras a realizar en los pabellones 1 y 2. Esgrime, que constatadas las reparaciones, mediante oficio N°CS-ARS-D-0345-18 se dispuso el levantamiento parcial de inhabitabilidad, únicamente en cuanto al sector del comedor. Resalta, que dicho levantamiento no comprendía las oficinas administrativas, biblioteca, dirección y otros que de igual forma pertenecen al pabellón 3 del Colegio. Indica, que el día 13 de mayo de 2021, ingresó denuncia sobre aparente uso de las zonas declaradas inhabitables del Colegio de Gravilias. Consiguientemente, en atención a la denuncia, se realiza inspección y se concluye mediante informe CS-ARS-D-ERS-IT-0808-2021 del 12 de agosto de 2021, que efectivamente se están utilizando las áreas declaradas inhabitables. Agrega, que producto de ese descubrimiento, se emiten nuevas órdenes sanitarias CS-ARS-D-ERS-OS-0295-2021 y CS-ARS-D-ERS-OS-0296-2021, dirigidas a la directora del Centro Educativo y a la Ministra de Educación respectivamente; y, se ordena el desalojo inmediato del pabellón 3 que estaba siendo utilizado. Señala, que se confeccionó el acta de clausura N° MS-DRRSCS-D-ERS-AC-59-2021, por incumplimiento de las órdenes sanitarias del año 2018 y, se procedió con la clausura parcial de la institución, acto que consta en Acta de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-1185-2021. Por último, esboza, que el 09 de noviembre de 2021 se realizó visita y se constató el cumplimiento de las órdenes impuestas. Solicita se declare sin lugar el recurso.
12.- Informa bajo juramento Catalina Salas Hernández, en su condición de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, que se solicitó informe al Departamento de Mantenimiento de la Obra de la Dirección de Infraestructura Educativa y adjuntan los oficios DVM-A-DIE-DM-1260-2021 y DVM-A-DIEDM-1263-2021. Solicita se declare sin lugar el recurso.
13.- Informa bajo juramento Guiselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública, que se adhiere al informe rendido por la Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y remite a los oficios aportados como prueba.
14.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LA COADYUVANCIA PRESENTADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a rechazar la coadyuvancia presentada por Elisa María Bonilla Orozco, ya que, debido a que actualmente no reside en la comunidad donde se acusa la afectación, carece de interés directo en la resolución del presente asunto.
II.-OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aseguran que existe una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aduciendo inacción de la Municipalidad de Desamparados para prevenir las inundaciones que se producen en el Distrito de Las Gravilias, producto del sistema de alcantarillado, donde incluso se rebalsan las aguas negras.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de importancia para la resolución del presente asunto:
V.- EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestacionales demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50, de la Constitución Política y el artículo 26, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169, Constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, aceras y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó:
“(...) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (...)”.
Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.
VI.- SOBRE EL CASO DE LA COMUNIDAD DE GRAVILIAS. De la prueba aportada en autos y de los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo la solemnidad de juramento -con las consecuencias legales que ello implica-, se desprende que, efectivamente, en la Comunidad de Gravilias existe una problemática de inundaciones y rebalse de los sistemas de alcantarillado, producto de carencias en la conexión hidráulica y las áreas de drenaje. A partir del oficio N° DT-IV-1233-2019 del 02 de diciembre de 2019, elaborado por el Ingeniero Jesús Chichilla González del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, se tiene que: “Uno de los mayores factores que inciden en la recurrencia de desbordamientos de aguas pluviales en el sector del Colegio Gravilias y el sector norte de la Urbanización Gravilias, es la existencia de numerosas deficiencias hidráulicas de la sección entubada de la quebrada Chilamate que pasa debajo del gimnasio del colegio”. En ese sentido, tanto informes técnicos elaborados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de la Universidad de Costa Rica, así como de la Unidad de Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, concuerdan en la presencia de obstrucciones y deficiencias en el paso del cauce de la Quebrada Chilamate en las secciones entubadas debajo del Colegio de Gravilias. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el artículo 169, de la Constitución Política, establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal.
En el caso bajo estudio, la creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad, a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas ambientales a sus vecinos, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, resulta de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. Por tal motivo, las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan. Si bien, en informe rendido bajo juramento, las autoridades municipales hacen referencia a esfuerzos de coordinación dirigidos hacia el Ministerio de Educación Pública para la reubicación del centro educativo y la consiguiente reparación de la red de alcantarillado; lo cierto es que, la problemática persiste y no observa este Tribunal coordinación institucional fructífera entre ambos entes, que esté dirigida a la atención de la situación aquí denunciada. A juicio de esta Sala, en la especie, se está ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud, no solo de los habitantes de la comunidad, sino también de los estudiantes y funcionarios del Colegio Gravilias, quienes se desempeñan en el marco de una infraestructura riesgosa, así declarado tanto por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como por el Área de Salud de Desamparados.
Así las cosas, se constata que la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. En reiterada jurisprudencia, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, se procede a declarar con lugar el recurso, en cuanto a la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública. En lo que se refiere al Instituto de Acueductos y Alcantarillados el recurso se procede con la desestimatoria del recurso.
VII.- EN CUANTO AL ÁREA DE SALUD DE DESAMPARADOS. Por otro lado, esta Sala no puede tener por demostrado que los recurrentes interpusieran denuncias por la problemática de contaminación en la comunidad, producto del rebalse de los alcantarillados y, consecuentemente, no consta que esta autoridad decretara orden sanitaria dirigida a la Municipalidad de Desamparados. No obstante, consta que las autoridades sanitarias, a partir de las denuncias recibidas en cuanto a la situación del Colegio de Gravilias, se encargaron de brindar seguimiento al caso, mediante inspecciones de las instalaciones, y han emitido las órdenes sanitarias procedentes; asimismo, se han encargado de verificar su cumplimiento y decretar la clausura de las áreas dañadas. Así las cosas, procede desestimar el recurso en cuanto a este extremo, puesto que no se constata actuación u omisión alguna por parte de las autoridades del Área Rectora de Salud que amenace o violente los derechos fundamentales de los amparados; y, más bien, se desprende que ha procedido de manera diligente en el marco de sus competencias.
VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNANDEZ LÓPEZ.
1.- La Constitución Política establece distintas formas de tutelar los derechos de las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles de protección. Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su artículo 10, como una instancia especializada, cuyo objeto está definido en su ley regulatoria, para “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, ( artículo 1 LJC). Por otra parte, ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), la jurisdicción laboral (artículo 70) y estableció igualmente, en su artículo 49, la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa a la que definió con particular claridad su objeto de , “de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.” 2.- Prácticamente desde su creación, ha sido un tema prioritario para esta Sala, la determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de reclamos, dando por hecho que el principio de supremacía constitucional no conlleva necesariamente reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para protegerla.- Por el contrario un reparto apropiado de labores, que se apegue al texto constitucional apunta a entender que la jurisdicción constitucional debe conocer -según el propósito de su creación-, aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
3.- La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y la jurisdicción constitucional no puede, ni debe constituirse en una instancia única que demerite las otras formas de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador. De allí que no toda omisión o inactividad del Estado per se, deba ser tutelada en sede constitucional.
4.- En el caso que ahora se plantea, estamos precisamente frente a la reclamada omisión del Estado en la atención de problemas causados por las aguas llovidas y la necesidad de encausarlas de manera que no produzcan afectación en propiedades privadas. Por su parte, el elenco de hechos demostrados deja ver que no ha existido peligro inminente para la integridad física o la salud de las personas y que existen autoridades que conocen del problema y han actuado para remediar la situación denunciada. Con esto se concluye que estamos frente a una afectación de derechos para cuyo remedio la vía del amparo resulta insuficiente para sopesar adecuadamente la gran cantidad de factores en juego. De esa forma, corresponde que la pretensión contenida en este amparo sea analizada en la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, rechazo de plano el recurso.
IX.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
X.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución de la primera orden dada en la parte dispositiva, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que se brinde una solución integral a la problemática del sistema de alcantarillado en el sector del Colegio de Gravilias. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública. Se ordena a Gilberth Jiménez Siles, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, así como a Guiselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra, y a Catalina Salas Hernández, en su condición de Directora de Infraestructura Educativa; ambas del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que tomen las medidas correspondientes y coordinen lo necesario para que se brinde una solución integral a la problemática del sistema de alcantarillado en el sector del Colegio de Gravilias, con el fin que, dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se ejecuten las obras que se requieren. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la primera orden de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
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