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Res. 26545-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/11/2021
OutcomeResultado
Partially granted against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education, ordering works to be executed within 12 months.Se declara parcialmente con lugar contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública, ordenando ejecución de obras en 12 meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by residents of Las Gravilias district, Desamparados, who allege violation of their right to a healthy environment due to constant flooding and sewage overflows caused by deficiencies in the stormwater and sanitary drainage system, especially near the Gravilias High School, where the Chilamate stream is piped. The Chamber partially upholds the appeal against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education, ordering them to coordinate and carry out the necessary works for a comprehensive solution within a maximum of twelve months. It finds that both institutions have failed to ensure effective coordination to address the problem, which harms the health and environment of residents and students. The claim against AyA and the Health Area is dismissed, as no omission on their part is found. Judges Salazar and Hernández dissent, arguing that the matter belongs to the administrative contentious jurisdiction due to its technical complexity; Judge Garro dissents on the execution of the order, remitting it to the Administrative Contentious Court.La Sala Constitucional conoce un amparo interpuesto por vecinos del distrito Las Gravilias, Desamparados, quienes alegan violación al derecho a un ambiente sano debido a constantes inundaciones y rebalses de aguas residuales causados por deficiencias en el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, especialmente en la zona aledaña al Colegio de Gravilias, donde la quebrada Chilamate está entubada. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública, ordenando que en un plazo máximo de doce meses coordinen y ejecuten las obras necesarias para una solución integral. Considera que ambas instituciones han incurrido en omisión al no garantizar una coordinación efectiva que atienda la problemática, la cual afecta la salud y el ambiente de los vecinos y estudiantes. Se desestima el amparo contra el AyA y el Área de Salud, pues no se constata omisión de su parte. Los magistrados Salazar y Hernández salvan el voto, argumentando que el asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa por su complejidad técnica; la magistrada Garro salva el voto en cuanto a la ejecución de la orden, que remite al Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
From the evidence provided and the reports rendered by the respondent authorities, given under oath – with the legal consequences this entails – it is clear that, indeed, in the Gravilias Community there is a problem of flooding and overflow of the sewer systems, product of deficiencies in the hydraulic connection and drainage areas. [...] In the case under study, the creation of adequate drainage means within a community, in order not to cause damage to property, health or environmental problems to its neighbors, within the terms indicated by the Political Constitution, is of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obliged to provide. [...] Thus, it is found that the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not shown the capacity to establish effective institutional coordination aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved. In reiterated jurisprudence, the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the oversight powers and solution to problems granted by law.De la prueba aportada en autos y de los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo la solemnidad de juramento -con las consecuencias legales que ello implica-, se desprende que, efectivamente, en la Comunidad de Gravilias existe una problemática de inundaciones y rebalse de los sistemas de alcantarillado, producto de carencias en la conexión hidráulica y las áreas de drenaje. [...] En el caso bajo estudio, la creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad, a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas ambientales a sus vecinos, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, resulta de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. [...] Así las cosas, se constata que la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. En reiterada jurisprudencia, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley.
Pull quotesCitas destacadas
"las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan."
"municipalities are obliged to assume a certain behavior to fulfill their purposes, taking the required measures to provide for the inhabitants of the community they represent."
Considerando VI
"las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan."
Considerando VI
"no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley."
"it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and solution to problems granted by law."
Considerando VI
"no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley."
Considerando VI
"la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados"
"the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not shown the capacity to establish effective institutional coordination aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved"
Considerando VI
"la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados"
Considerando VI
"la jurisdicción constitucional debe conocer aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo"
"the constitutional jurisdiction must hear those aspects that violate by action or omission fundamental rights and constitutional supremacy, that are susceptible to be heard in a very summary process of special nature and urgency such as amparo"
Considerando VIII (Voto salvado Hernández)
"la jurisdicción constitucional debe conocer aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo"
Considerando VIII (Voto salvado Hernández)
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen hours on the twenty-sixth of November of two thousand twenty-one.
Amparo proceeding processed under expediente N° 21-019217-0007-CO, filed by MARÍA GABRIELA DEL CARMEN BUSTOS CASCANTE, identity card 0106330078 and MIGUEL ÁNGEL ULLOA GAMBOA, identity card 0104170828, on behalf of OTHERS, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.
WHEREAS:
Judge Salazar Alvarado authors the opinion; and,
CONSIDERING:
Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding adhering to the claims of one of the main parties; consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the proceeding is legitimized to act as a coadjuvant, but not being a main party, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, its efficacy cannot reach them directly and immediately, nor are they affected by the res judicata status of the ruling, although in amparo matters the efficacy of what is resolved may favor them, due to the "erga omnes" character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Chamber proceeds to reject the coadjuvancy filed by Elisa María Bonilla Orozco, since, because she currently does not reside in the community where the impact is alleged, she lacks a direct interest in the resolution of this matter.
The petitioners assert that there is a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, alleging inaction on the part of the Municipality of Desamparados to prevent the flooding that occurs in the District of Las Gravilias, resulting from the sewer system, where blackwater even overflows.
Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
The following facts, of importance for the resolution of this matter, are not deemed duly proven:
Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo proceeding, it is appropriate to indicate that, within the framework of the Social and Democratic State of Law, Economic, Social and Cultural Rights have as a fundamental objective to guarantee economic well-being and the development of human beings and peoples. From this, a subjective content and an objective one of such rights can be identified. Thus, regarding the subjective sense, welfare rights (derechos prestacionales) demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of persons. The satisfaction of these needs presupposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican block of constitutionality, we find such rights in the content of Article 50, of the Constitución Política and Article 26, of the Convención Americana sobre Derechos Humanos.
In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies -including the district municipal councils- is relevant, which, based on Article 169 of the Constitution, are obliged to effectively provide the public services that have been entrusted to them. Thus, as applied in the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roads -roads, sidewalks, and sewer systems-, through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what this Tribunal has indicated in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment N° 2007-017552 of 12:22 hours on November 30, 2007, it indicated:
"(...) The cited Article 50 also outlines the Social State of Law, so we can conclude that the Constitución Política emphasizes that the protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life of all, which makes necessary the intervention of the Public Authorities on factors that can alter its balance and hinder a person from developing and unfolding in a healthy environment.
The incidence of the right to a healthy and ecologically balanced environment within State activity finds its primary rationale, firstly, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have significance within the very structure of the State, in its role as guarantor of those rights, and, secondly, because State activity is directed toward satisfying the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of ‘environment’ has not been limited to the primary elements of nature, such as soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands—such as food, energy, housing, health, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more comprehensive manner, establishing a ‘macro-environmental’ concept, by also encompassing aspects related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: ‘Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as nature is only a part of the environment.
The policy for the protection of nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus achieve a unification of the legal framework we call Environmental Law (...)”.
Having said the above, this Chamber, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to utilize materially and legally legitimate means to guarantee them.
From the evidence provided in the case file and the reports submitted by the respondent authorities, given under the solemnity of oath—with the legal consequences that this entails—it is clear that, indeed, in the Community of Gravilias there is a problem of flooding and overflow of the sewer systems, resulting from deficiencies in the hydraulic connection and drainage areas. Based on official communication No. DT-IV-1233-2019 of December 2, 2019, prepared by Engineer Jesús Chichilla González of the Road Infrastructure and Public Works Process of the Municipality of Desamparados, it is established that: “One of the major factors contributing to the recurrence of stormwater overflows in the area of the Gravilias High School and the northern sector of the Gravilias Development (Urbanización Gravilias) is the existence of numerous hydraulic deficiencies in the piped section of the Chilamate Creek (quebrada Chilamate) that passes under the school’s gymnasium.” In that regard, technical reports prepared by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), by the University of Costa Rica, as well as by the Road Infrastructure and Public Works Process Unit of the Municipality of Desamparados, agree on the presence of obstructions and deficiencies in the passage of the channel of the Chilamate Creek in the piped sections underneath the Gravilias High School.
In this respect, it must be taken into account that article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each Canton shall be the responsibility of the Municipal Government.
In the case under study, the creation of adequate drainage means within a community, for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors, within the terms indicated by the Political Constitution, is of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obliged to provide. For this reason, the municipalities are obliged to assume a specific behavior for the satisfaction of their purposes, taking the measures required to provide for the inhabitants of the community they represent. Although, in a report submitted under oath, the municipal authorities refer to coordination efforts directed toward the Ministry of Public Education for the relocation of the educational center and the subsequent repair of the sewer network; the fact is that the problem persists, and this Court does not observe fruitful institutional coordination between both entities, directed at addressing the situation denounced here.
In the opinion of this Chamber, in this case, we are facing a serious health problem that affects the environment and health, not only of the inhabitants of the community, but also of the students and staff of the Gravilias High School, who operate within a risky infrastructure, as declared both by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and by the Health Area of Desamparados (Área de Salud de Desamparados).
Thus, it is verified that the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education have not demonstrated the capacity to establish effective institutional coordination, aimed at solving the problem, all to the detriment of the fundamental rights of the individuals involved. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and the solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thereby incurring liability for omission in the exercise of those powers which, in turn, injure the constitutional right of the administered to be provided with efficient and effective public services. By reason of the foregoing, the appeal (recurso) is hereby granted with respect to the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education. Regarding the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), the appeal is dismissed.
On the other hand, this Chamber cannot take as proven that the appellants filed complaints about the problem of contamination in the community, resulting from the overflow of the sewers, and, consequently, there is no evidence that this authority decreed a health order directed at the Municipality of Desamparados. However, it is on record that the health authorities, based on the complaints received regarding the situation of the Gravilias High School, undertook to follow up on the case, through inspections of the facilities, and have issued the appropriate health orders; likewise, they have undertaken to verify their compliance and decree the closure of the damaged areas. Thus, the appeal is dismissed regarding this point, since no action or omission on the part of the authorities of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) that threatens or violates the fundamental rights of the protected parties (amparados) is verified; and, rather, it is evident that they have proceeded diligently within the framework of their competencies.
With due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through the amparo procedure, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community.
Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the non-compliances or omissions alleged can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its consideration becomes outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental topic that requires, for its proper assessment, a full trial process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria prepared under the protection of the legal or regulatory norms in force or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already contained in the administrative file of the case.
The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full trial process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thereby losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its consideration and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct in question conform or not, in substance, to the precepts of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be partially granted, I disagree on where to situate the execution phase of the first order given in the operative part, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here for providing a comprehensive solution to the problem of the sewer system in the area of the Gravilias High School. Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment execution rules of said Code.
This Chamber must warn the appellant party that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by means of any additional device, or via electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment. Otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE (POR TANTO):
The appeal is partially granted, only against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Education. Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as Mayor of the Municipality of Desamparados, as well as Guiselle Cruz Maduro, in her capacity as Minister, and Catalina Salas Hernández, in her capacity as Director of Educational Infrastructure; both of the Ministry of Public Education, or whomever occupies the positions in their stead, are ordered to take the corresponding measures and coordinate what is necessary so that a comprehensive solution is provided to the problem of the sewer system in the area of the Gravilias High School, so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this Judgment, the required works are executed. They are warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The Municipality of Desamparados and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Magistrate Hernández López dissents and rejects the appeal outright. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct in question conform or not, in substance, to the precepts of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of the first order of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, rules that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling may be initiated. Notify.- Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
CASE FILE No. 21-019217-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:15:25.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 21-019217-0007-CO, interpuesto por MARÍA GABRIELA DEL CARMEN BUSTOS CASCANTE, cédula de identidad 0106330078 y MIGUEL ÁNGEL ULLOA GAMBOA, cédula de identidad 0104170828, a favor de OTROS, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a rechazar la coadyuvancia presentada por Elisa María Bonilla Orozco, ya que, debido a que actualmente no reside en la comunidad donde se acusa la afectación, carece de interés directo en la resolución del presente asunto.
Los recurrentes aseguran que existe una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aduciendo inacción de la Municipalidad de Desamparados para prevenir las inundaciones que se producen en el Distrito de Las Gravilias, producto del sistema de alcantarillado, donde incluso se rebalsan las aguas negras.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de importancia para la resolución del presente asunto:
De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestacionales demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50, de la Constitución Política y el artículo 26, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169, Constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, aceras y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó:
“(...) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (...)”.
Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.
De la prueba aportada en autos y de los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo la solemnidad de juramento -con las consecuencias legales que ello implica-, se desprende que, efectivamente, en la Comunidad de Gravilias existe una problemática de inundaciones y rebalse de los sistemas de alcantarillado, producto de carencias en la conexión hidráulica y las áreas de drenaje. A partir del oficio N° DT-IV-1233-2019 del 02 de diciembre de 2019, elaborado por el Ingeniero Jesús Chichilla González del Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, se tiene que: “Uno de los mayores factores que inciden en la recurrencia de desbordamientos de aguas pluviales en el sector del Colegio Gravilias y el sector norte de la Urbanización Gravilias, es la existencia de numerosas deficiencias hidráulicas de la sección entubada de la quebrada Chilamate que pasa debajo del gimnasio del colegio”.
En ese sentido, tanto informes técnicos elaborados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de la Universidad de Costa Rica, así como de la Unidad de Proceso de Infraestructura Vial y Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, concuerdan en la presencia de obstrucciones y deficiencias en el paso del cauce de la Quebrada Chilamate en las secciones entubadas debajo del Colegio de Gravilias. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el artículo 169, de la Constitución Política, establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal.
En el caso bajo estudio, la creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad, a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas ambientales a sus vecinos, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, resulta de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. Por tal motivo, las municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan. Si bien, en informe rendido bajo juramento, las autoridades municipales hacen referencia a esfuerzos de coordinación dirigidos hacia el Ministerio de Educación Pública para la reubicación del centro educativo y la consiguiente reparación de la red de alcantarillado; lo cierto es que, la problemática persiste y no observa este Tribunal coordinación institucional fructífera entre ambos entes, que esté dirigida a la atención de la situación aquí denunciada.
A juicio de esta Sala, en la especie, se está ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud, no solo de los habitantes de la comunidad, sino también de los estudiantes y funcionarios del Colegio Gravilias, quienes se desempeñan en el marco de una infraestructura riesgosa, así declarado tanto por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como por el Área de Salud de Desamparados.
Así las cosas, se constata que la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública no han mostrado la capacidad de establecer una coordinación institucional efectiva, tendiente a la solución de la problemática, todo ello en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. En reiterada jurisprudencia, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, se procede a declarar con lugar el recurso, en cuanto a la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública. En lo que se refiere al Instituto de Acueductos y Alcantarillados el recurso se procede con la desestimatoria del recurso.
Por otro lado, esta Sala no puede tener por demostrado que los recurrentes interpusieran denuncias por la problemática de contaminación en la comunidad, producto del rebalse de los alcantarillados y, consecuentemente, no consta que esta autoridad decretara orden sanitaria dirigida a la Municipalidad de Desamparados. No obstante, consta que las autoridades sanitarias, a partir de las denuncias recibidas en cuanto a la situación del Colegio de Gravilias, se encargaron de brindar seguimiento al caso, mediante inspecciones de las instalaciones, y han emitido las órdenes sanitarias procedentes; asimismo, se han encargado de verificar su cumplimiento y decretar la clausura de las áreas dañadas. Así las cosas, procede desestimar el recurso en cuanto a este extremo, puesto que no se constata actuación u omisión alguna por parte de las autoridades del Área Rectora de Salud que amenace o violente los derechos fundamentales de los amparados; y, más bien, se desprende que ha procedido de manera diligente en el marco de sus competencias.
Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.
De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.
Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución de la primera orden dada en la parte dispositiva, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que se brinde una solución integral a la problemática del sistema de alcantarillado en el sector del Colegio de Gravilias. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Educación Pública. Se ordena a Gilberth Jiménez Siles, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, así como a Guiselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra, y a Catalina Salas Hernández, en su condición de Directora de Infraestructura Educativa; ambas del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que tomen las medidas correspondientes y coordinen lo necesario para que se brinde una solución integral a la problemática del sistema de alcantarillado en el sector del Colegio de Gravilias, con el fin que, dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se ejecuten las obras que se requieren. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Desamparados y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la primera orden de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
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