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Res. 25973-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/11/2021
OutcomeResultado
The amparo is granted only for the delay of the Municipality of San Ramón in responding to the petitioner's information request, without an award of costs or damages per the majority opinion. The remaining claims were dismissed. Partial dissenting votes by Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas on the issue of awarding costs and damages.Se declara con lugar el amparo únicamente por el atraso de la Municipalidad de San Ramón en atender la solicitud de información del recurrente, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría. Los demás extremos se declararon sin lugar. Votos salvados parciales de los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of San Ramón against the Health Area Directorate and the Municipality of San Ramón. The plaintiff alleged that a mechanical workshop in front of his home generated excessive noise, and that authorities had neither adequately addressed his complaints nor provided a copy of the administrative file. He also claimed the Municipality had not responded to an information request regarding the legal basis for the land-use permit granted to the workshop, and that the permit had been issued in a residential zone. The Chamber found that the noise complaint had been addressed through inspections and sanitary orders, and that the failure to conduct a sound measurement was due to the plaintiff's own lack of coordination. As for the Municipality, the response to the information request was provided more than one year and nine months late, violating the right of petition. The amparo was granted only on this ground, without an award of costs or damages per the majority opinion; two justices partially dissented on the issue of awarding damages and costs.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino de San Ramón contra el Área Rectora de Salud y la Municipalidad de San Ramón. El recurrente denunciaba que un taller mecánico ubicado frente a su vivienda generaba altos niveles de contaminación sónica sin que las autoridades hubieran atendido eficazmente sus denuncias ni le hubieran facilitado copia del expediente administrativo. Además, señalaba que la Municipalidad no había respondido a una solicitud de información sobre el fundamento legal del uso de suelo otorgado al taller y que había autorizado dicha actividad en una zona que él consideraba residencial. La Sala constató que la denuncia por ruido había sido atendida mediante inspecciones y órdenes sanitarias, y que la medición sónica no se realizó por falta de coordinación atribuible al propio recurrente. Respecto a la Municipalidad, se comprobó que la respuesta a la solicitud de información se brindó con más de un año y nueve meses de atraso, lo que constituyó una violación al derecho de petición. El recurso fue declarado con lugar únicamente por ese atraso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría; dos magistrados salvaron parcialmente el voto en cuanto a esa condenatoria.
Key excerptExtracto clave
Regarding the request filed on August 28, 2019 by the plaintiff before the Urban Development Department, it is verified that the municipal entity provided a response to the interested party on July 14, 2021, that is, upon the filing of this amparo action, so the elapsed time is excessive, exceeding one year and nine months. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo on this ground in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, since the omission was resolved after the notification of the amparo action, and without special condemnation in costs, damages and prejudice. From the above, the Chamber verifies that the complaint filed was addressed through inspections carried out by officials of the Ministry of Health, two sanitary orders were issued, and it was verified that the corrective action plan complies with legally established guidelines. In addition, it is explained that the interested party was informed by email that he had to appear at the Health Area to request the file of his interest, yet the petitioner did not appear at the administrative offices to obtain the required copy. Finally, the sound measurement, to determine the noise levels produced by the work of the automotive workshop, has not been carried out, despite the multiple emails between the protected party and the Ministry of Health officials, because the plaintiff has not set a date to coordinate with the Health Area's schedule. Therefore, it is rejected that the Ministry of Health officials were negligent in addressing the noise pollution complaint filed by the petitioner, since the omission to carry out the sound measurement on site is attributable to the plaintiff himself.En cuanto a la solicitud incoada el 28 de agosto de 2019 por el accionante ante el Departamento de Desarrollo Urbano, se corrobora que el ente municipal otorgó respuesta al interesado el 14 de julio de 2021, sea con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, de manera que el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a un año y nueve meses. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que la omisión apuntada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo, y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. De lo anterior, la Sala corrobora que la denuncia planteada fue atendida mediante inspecciones realizadas por los personeros del Ministerio de Salud, se emitieron dos órdenes sanitarias y se verificó que el plan de acciones correctivas se ajusta a los lineamientos legalmente establecidos. Aunado a lo anterior, se explica que el interesado fue comunicado por correo electrónico que debía personarse al Área de Salud para que solicitara el expediente de su interés, resultando que, el gestionante no se ha apersonado a las oficinas administrativas para obtener la copia requerida. Finalmente, la medición sónica, para determinar los niveles de ruido producto del trabajo que realiza el taller automotriz, no se ha efectuado, a pesar de los múltiples correos entre el tutelado y los funcionarios del Ministerio de Salud, por cuanto el accionante no ha definido una fecha para coordinar con la agenda del Área de Salud. Por lo expuesto, se rechaza que los personeros del Ministerio de Salud fueran omisos en atender la denuncia por contaminación sónica incoada por el recurrente, siendo que, la omisión en practicar la medición sónica en el lugar es atribuible al propio accionante.
Pull quotesCitas destacadas
"De lo anterior la Sala aclara al tutelado que la procedencia o no del otorgamiento del certificado de uso de suelo por parte de la Municipalidad de San Ramón a un establecimiento comercial es un tema ajeno a esta jurisdicción constitucional, y debe ser discutido en la vía administrativa o de legalidad en razón de su competencia."
"Therefore, the Chamber clarifies to the protected party that the appropriateness of the land-use certificate granted by the Municipality of San Ramón to a commercial establishment is a matter outside this constitutional jurisdiction, and must be discussed in the administrative or ordinary legality channel based on its competence."
Considerando V
"De lo anterior la Sala aclara al tutelado que la procedencia o no del otorgamiento del certificado de uso de suelo por parte de la Municipalidad de San Ramón a un establecimiento comercial es un tema ajeno a esta jurisdicción constitucional, y debe ser discutido en la vía administrativa o de legalidad en razón de su competencia."
Considerando V
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"."
"While there is an explicit legal text requiring the operative part of the ruling to state that the amparo is granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers that the granting is ordered "only for purposes of damages and costs, if they are appropriate"."
Considerando VIII
"Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"."
Considerando VIII
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
"In my view, that exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages and prejudice upon a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even if the respondent authority issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no compensable harm was caused."
Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, Considerando X
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, Considerando X
Full documentDocumento completo
WHEREAS:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
CONSIDERING:
Before analyzing the merits of the allegation—for the presumed violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the *sub lite*, a supposed exception arises, since it involves a complaint filed by the claimant in which he accuses the Governing Health Area of San Ramón of not having processed an environmental complaint for noise pollution.
The claimant accuses injury to his fundamental rights for the following: 1) Municipality of San Ramón: a) On August 28, 2019, he filed a request for information and to date no response has been given. b) In a residential zone, a land-use permit was granted to a mechanical shop. 2) Ministry of Health: a) In June 2019, he filed a complaint for noise pollution against Taller Automotriz Ledezma, a situation that continues to date and no timely solution has been provided. b) He has not been provided with a copy of the administrative file. c) Two sanitary orders have been issued but the shop continues operating.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Sole: That the claimant has filed a criminal complaint with the Public Prosecutor's Office on the grounds that his life may be in danger.
The claimant argues that on August 28, 2019, he filed a request for information and to date no response has been given. Also, that in a residential zone a land-use permit was granted to a mechanical shop.
In this regard, the Chamber considers it accredited that on February 7, 2019, the Urban Development Directorate of the Municipality of San Ramón granted a land-use certificate and location approval through resolution MSR-AM-DDU-PU-176-2019, in the name of Carmen Cordero Angulo, on the property, real folio 545428-002, located in the Alfaro District, Los Olivos 1, entrance 125 west, for the mechanical vehicle maintenance shop – Zone that is not defined as being for exclusive residential use-. Likewise, that on August 28, 2019, the claimant filed with the Urban Development Department a request for an explanation as to why a land-use certificate was issued in a residential zone for a body repair and paint shop. He provided for receiving communications the email [email protected] and telephone 87655665, it being the case that, on July 14, 2021, the representatives of the Municipality of San Ramón communicated to the claimant's email Official Letter MSR-AM-DDU-OP-069 with the response to his inquiry made.
From the foregoing, the Chamber clarifies to the protected party that the appropriateness or not of the granting of the land-use certificate by the Municipality of San Ramón to a commercial establishment is a matter outside this constitutional jurisdiction, and must be discussed in the administrative or legality venue by reason of its competence. Consequently, it is appropriate to deny the action on this point.
Regarding the request filed on August 28, 2019, by the claimant before the Urban Development Department, it is corroborated that the municipal entity provided a response to the interested party on July 14, 2021, that is, on the occasion of the filing of this *amparo* action, so that the elapsed time proves excessive, namely more than one year and nine months. Consequently, it is appropriate to grant the action on this point in accordance with article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, since the noted omission was resolved after the notification of the *amparo* action, and without special award of costs, damages, and losses.
The claimant details that in June 2019 he filed a complaint for noise pollution against Taller Automotriz Ledezma, a situation that continues to date and no timely solution has been provided. He adds that he has not been provided with a copy of the administrative file. He also argues that two sanitary orders have been issued but the shop continues operating.
From the evidence in the record, it is considered proven that on June 5, 2019, the claimant filed a complaint with the Regional Office of the Ministry of Health in San Ramón, for the installation of a mechanical shop in front of his dwelling house for generating noise pollution. Complaint sent from email [email protected] to the email ars.sanramó[email protected] . On July 31, 2019, the Ministry of Health issues sanitary order CO-ARS-SR-R-157-2019. By official letter MS-DRRSCO-DARS-SR-1114-2019 of August 8, 2019, the complainant is notified that a sanitary order was issued. On March 13, 2020, sanitary order OS-SR-057-2020 is issued so that the person responsible for the shop presents a corrective action plan. On March 23, 2020, the person in charge of the shop presents a Corrective Action Plan. On May 26, 2020, the claimant reiterates the filed complaint to the authorities of the Ministry of Health and receives a response on June 3, 2020.
On June 4, 2020, the claimant requests a copy of the administrative file, and he is informed by the Comptroller of Services that he must appear in person at the Ministry of Health. (communications made by email). On November 26 and 27, 2020, via emails, representatives of the Ministry of Health communicate with the claimant to coordinate the noise measurement, which was not finalized. On July 13, 2021, through technical report MS-CO-ARS-SR-R-1683-2020, the Ministry of Health concludes that the sanitary order was complied with in all its extremes.
From the foregoing, the Chamber corroborates that the filed complaint was addressed through inspections carried out by the representatives of the Ministry of Health, two sanitary orders were issued, and it was verified that the corrective action plan conforms to the legally established guidelines. Added to the above, it is explained that the interested party was notified by email that he had to appear in person at the Health Area to request the administrative file of his interest, it resulting that the claimant has not appeared at the administrative offices to obtain the required copy. Finally, the noise measurement, to determine the noise levels resulting from the work performed by the automotive shop, has not been carried out, despite the multiple emails between the protected party and the officials of the Ministry of Health, because the claimant has not defined a date to coordinate with the Health Area's agenda.
For the reasons stated, it is rejected that the representatives of the Ministry of Health were remiss in attending to the noise pollution complaint filed by the claimant, it being that the omission in performing the noise measurement at the location is attributable to the claimant himself. Furthermore, the copy of the administrative file can be accessed by the protected party if he appears in person at the Ministry of Health. Consequently, it is appropriate to deny the action on this point.
VII.Finally, regarding the statement made by the claimant dated September 2, 2021, it is explained that criminal complaints must be addressed in the criminal venue by reason of its competence. It does not correspond to this Constitutional Court to determine if the exposed narration constitutes a crime or a punishable act.
VIII.REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the criterion that the granting that operates *ex lege*, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LCJ), which provides: "If, while the *amparo* is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted (...)", must be without special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the action is granted, it is also true that that same first paragraph of article 52 of the cited law refers that the granting is ordered "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable".
It is underlined that the Law indicates "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases like this where an abnormal termination of the process operates, akin to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority criterion that it is not appropriate to award costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the case file. Moreover, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this *amparo* there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents, in exceptional cases, the Chamber from considering the applicability of indemnification.
When laws present omissions or deficiencies, it is up to the judges to rectify these shortcomings; if laws lack intelligence in certain aspects, there is no other remedy but to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in article 51 of the same Law of the Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, those of Public Law and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of the Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-.
For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter.
To the foregoing are added factual reasons, which this Chamber cannot disregard, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, in which there has been an abusive exercise of vicarious action in the amparo remedy (recurso de amparo), for purposes of wealth in the indemnification (indemnización), insofar as the alleged victims do not participate directly. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy (recurso) without an award of costs, damages, or losses.
As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person may debate, with greater breadth, their disagreements. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do hear the merits of the matter, this situation constituting an exception to my position on this subject, as happens in this case, in which the protection (tutela) of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life is at stake, due to apparent noise pollution (contaminación sónica) coming from an automotive workshop, which affects the health of the petitioner (recurrente) and neighbors.
X.PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, ONLY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
Although I concur with the rest of the Chamber in granting the remedy (recurso), I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party (parte recurrida) from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.
Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:
“...every resolution that grants the remedy shall order, in abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.
This latter norm establishes the general system that regulates matters concerning indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's opinion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, consequently, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the undersigned's judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies harm to a fundamental right and, therefore, grants the remedy (recurso), and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo –a scenario contemplated in Article 52, referenced–, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the imposition upon the violator of the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy.
This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) regarding the reparation of the harmful consequences arising from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has heard the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, whose foundation is found in the principles of protection of persons' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes by its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that, at the time of granting and resolving the amparo, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points, contained in the Law of the Constitutional Jurisdiction.
Furthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases in which the Chamber, even though it has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation of its fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in its favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding”.
The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an unquestionable manner, the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the harm to their constitutional rights.
In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established in an unquestionable and clear manner that, in the specific case, no loss whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever to disprove the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the challenged actions –whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction–, the grant of this remedy must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.
My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: the costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política) (CP), the essential content of the right to the amparo remedy (recurso de amparo) is not compensatory in nature but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the remedy shall order, in abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.
If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an in-abstract award for these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the in-abstract award having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary proceeding shall so declare, because only to him does it correspond to deem proven the real existence and magnitude thereof.
With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.
The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The remedy (recurso) is granted, without special award of costs, damages, and losses, solely for the delay in attending to the request filed by the petitioner (recurrente) on August 28, 2019, by the Municipality of San Ramón (Municipalidad de San Ramón). In all other respects, the remedy is denied. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs, in accordance with Articles 50, 51, and 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Let it be notified.- Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Lucila Monge P.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 21-012779-0007-CO, interpuesto por Mario Alberto Zamora Campos, portador de la cédula de identidad 0204800003, contra el Director del Área Rectora de Salud de San Ramón del Ministerio de Salud y el Jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Ramón.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia presentada por el accionante en la cual acusa que el Área Rectora de Salud de San Ramón no ha tramitado una denuncia ambiental por contaminación sónica.
Acusa el accionante lesión a sus derechos fundamentales por lo siguiente:1) Municipalidad de San Ramón: a) El 28 de agosto de 2019 presentó una solicitud de información y a la fecha no se ha dado respuesta. b) En una zona residencial se otorgó un permiso de uso de suelo a un taller mecánico. 2) Ministerio de Salud: a) En junio de 2019 presentó una denuncia por contaminación sónica contra el Taller Automotriz Ledezma, situación que a la fecha se mantiene y no se ha dado una solución oportuna. b) No se le ha facilitado una copia del expediente administrativo. c) Se han emitido dos órdenes sanitarias pero el taller se mantiene laborando.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Único: Que el recurrente haya presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público por considerar que su vida puede correr peligro.
Aduce el accionante que el 28 de agosto de 2019, presentó una solicitud de información y a la fecha no se ha dado respuesta. Además que en una zona residencial se otorgó un permiso de uso de suelo a un taller mecánico.
Al respeto, la Sala tiene por acreditado que el 7 de febrero de 2019 la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Ramón otorgó certificado de uso de suelo y visto bueno de ubicación mediante resolución MSR-AM-DDU-PU-176-2019, a nombre de Carmen Cordero Angulo, en el inmueble, folio real 545428-002, ubicado en el Distrito Alfaro, Los Olivos 1, entrada 125 al oeste, para el taller de mantenimiento mecánico de vehículos – Zona que no se define como de uso exclusivo de residencial-. Asimismo que el 28 de agosto de 2019, el accionante presentó al Departamento de Desarrollo Urbano una solicitud para que se le explique porque se emitió un certificado de uso de suelo en una zona residencial para un taller de enderezado y pintura. Dispuso para atender comunicaciones el correo electrónico [email protected] y el teléfono 87655665, siendo que, el 14 de julio de 2021 los personeros de la Municipalidad de San Ramón comunicaron al correo electrónico del accionante el Oficio MSR-AM-DDU-OP-069 con la respuesta a su consulta efectuada.
De lo anterior la Sala aclara al tutelado que la procedencia o no del otorgamiento del certificado de uso de suelo por parte de la Municipalidad de San Ramón a un establecimiento comercial es un tema ajeno a esta jurisdicción constitucional, y debe ser discutido en la vía administrativa o de legalidad en razón de su competencia. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este extremo.
En cuanto a la solicitud incoada el 28 de agosto de 2019 por el accionante ante el Departamento de Desarrollo Urbano, se corrobora que el ente municipal otorgó respuesta al interesado el 14 de julio de 2021, sea con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, de manera que el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a un año y nueve meses. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que la omisión apuntada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo, y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Detalla el recurrente que en junio de 2019 presentó una denuncia por contaminación sónica contra el Taller Automotriz Ledezma, situación que a la fecha se mantiene y no se ha dado una solución oportuna. Agrega que no se le ha facilitado una copia del expediente administrativo. Además aduce que se han emitido dos órdenes sanitarias pero el taller se mantiene laborando.
De la prueba que consta en autos, se tiene por demostrado que el 5 de junio de 2019, el accionante presentó una denuncia ante la Oficina Regional del Ministerio de Salud en San Ramón, por la instalación de un taller mecánico frente a su casa de habitación por generar contaminación sónica. Denuncia enviada de correo electrónico [email protected] al correo ars.sanramó[email protected] El 31 de julio de 2019, el Ministerio de Salud emite orden sanitaria CO-ARS-SR-R-157-2019. Por oficio MS-DRRSCO-DARS-SR-1114-2019 de 8 de agosto de 2019, se comunica al denunciante que se giró orden sanitaria. El 13 de marzo de 2020 se emite orden sanitaria OS-SR-057-2020 para que el responsable del taller presente un plan de acciones correctivas. El 23 de marzo de 2020 el encargado del taller presenta Plan de acciones correctivas. El 26 de mayo de 2020, el accionante reitera a las autoridades del Ministerio de Salud la denuncia planteada y recibe respuesta el 3 de junio de 2020.
El 4 de junio de 2020, el accionante solicita copia del expediente administrativo, y se le indica por parte de la Contraloría de Servicios que debe apersonarse al Ministerio de Salud. (comunicaciones realizadas por correo electrónico). El 26 y 27 de noviembre de 2020, mediante correos electrónicos, personeros del Ministerio de Salud se comunican con el accionante para coordinar la medición sónica, la cual no fue concretada. El 13 de julio de 2021, mediante informe técnico MS-CO-ARS-SR-R-1683-2020 el Ministerio de Salud concluye que la orden sanitaria fue cumplida en todos sus extremos.
De lo anterior, la Sala corrobora que la denuncia planteada fue atendida mediante inspecciones realizadas por los personeros del Ministerio de Salud, se emitieron dos órdenes sanitarias y se verificó que el plan de acciones correctivas se ajusta a los lineamientos legalmente establecidos. Aunado a lo anterior, se explica que el interesado fue comunicado por correo electrónico que debía personarse al Área de Salud para que solicitara el expediente de su interés, resultando que, el gestionante no se ha apersonado a las oficinas administrativas para obtener la copia requerida. Finalmente, la medición sónica, para determinar los niveles de ruido producto del trabajo que realiza el taller automotriz, no se ha efectuado, a pesar de los múltiples correos entre el tutelado y los funcionarios del Ministerio de Salud, por cuanto el accionante no ha definido una fecha para coordinar con la agenda del Área de Salud. Por lo expuesto, se rechaza que los personeros del Ministerio de Salud fueran omisos en atender la denuncia por contaminación sónica incoada por el recurrente, siendo que, la omisión en practicar la medición sónica en el lugar es atribuible al propio accionante. Además la copia del expediente administrativo puede ser accesada por el tutelado si se apersona al Ministerio de Salud. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este extremo.
VII.Finalmente, en cuanto a la manifestación efectuada por el recurrente de fecha 2 de setiembre de 2021, se explica que las denuncias de carácter penal deben ser atendidas en la vía penal en razón de su competencia. No corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si la narración expuesta es constitutiva de un delito o un hecho punible.
VIII.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización.
Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.
Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida, por aparente contaminación sónica proveniente de un taller automotriz, lo que afecta la salud del recurrente y vecinos.
X.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por el atraso en atender la gestión formulada por el recurrente el 28 de agosto de 2019 por parte de la Municipalidad de San Ramón. En los demás extremos se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Lucila Monge P.
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