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Res. 20854-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/10/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the unconstitutionality action against ARESEP's tariff methodology, finding that the plaintiff failed to prove unconstitutional effects, particularly given Executive Decree 39437-MINAE.La Sala Constitucional declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra la metodología tarifaria de ARESEP por no haberse demostrado sus efectos inconstitucionales, especialmente ante la existencia del Decreto 39437-MINAE.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an unconstitutionality action filed by the Costa Rican Chamber of Industries against ARESEP resolution RJD-230-2015, which established a new methodology for setting fuel prices. The plaintiff argued that the methodology disproportionately increased the prices of LPG, bunker fuel, and asphalt, harming its industrial members and violating constitutional rights. The Chamber held that the action had to be dismissed because Executive Decree 39437-MINAE, issued after the challenged resolution, created a sectoral subsidy policy that neutralized the alleged effects. The plaintiff failed to incorporate this decree into its arguments and did not demonstrate that, even with the subsidy, a constitutional violation existed. The majority found the burden of argumentation unmet; Justice Garro Vargas further opined that the action lacked standing because it sought to defend interests beyond the corporate sphere, resembling an impermissible popular action.La Sala Constitucional examinó una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara de Industrias de Costa Rica contra la resolución RJD-230-2015 de ARESEP, que establecía una nueva metodología para fijar precios de combustibles. La accionante alegaba que la metodología aumentaba desproporcionadamente los precios del LP Gas, búnker y asfalto, afectando los intereses de sus agremiados industriales y vulnerando derechos constitucionales. La Sala determinó que la acción debía desestimarse, pues el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE, posterior a la resolución impugnada, estableció una política sectorial de subsidios que neutralizaba los efectos alegados. La accionante no incorporó este decreto en su argumentación ni demostró que, aun con el subsidio, existiera una infracción constitucional. La mayoría consideró que la carga de la argumentación no fue satisfecha; la Magistrada Garro Vargas agregó que la acción carecía de legitimación suficiente al pretender defender intereses que excedían los corporativos, asemejándose a una acción popular no admitida en el control constitucional.
Key excerptExtracto clave
IV.- Conclusion. Consequently, the intervention of the Public Services Regulatory Authority is not intended to cause market distortions; on the contrary, as a technical body responsible for adjusting rates and prices (in accordance with the principles of cost-of-service and financial equilibrium of the provider, among others), it is not empowered to establish subsidies to assist certain sectors and economic agents in mitigating changes in the prices of the fuels they consume. The alleged unconstitutionality based on the effects of Resolution RJD-230-2015 was discredited by Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, on the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker fuel, asphalt, and asphalt emulsion, concerning which the plaintiff, by failing to meet the burden of argumentation, did not demonstrate that said policy, despite facially benefiting it, would also reveal an infringement of the constitutional rights and interests of its members. Therefore, the action must be dismissed, as is hereby done. Thus, it does not appear valid to use the “veneer” of a corporate interest to justify the admissibility of an unconstitutionality action when the aim is to protect other types of rights or interests that in reality encompass the entire national community, because the challenged decision allegedly impacts the entire economy. Consequently, in this specific case, the claimed standing based on corporate interests is merely apparent. Therefore, I lean toward dismissing this unconstitutionality action.IV.- Conclusión. En consecuencia, la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no tiene como objetivo producir distorsiones en el mercado, por el contrario, en el tanto que es un ente técnico al que le corresponde hacer ajustes de tarifas y precios (acordes con los principios de servicio al costo, de equilibrio financiero del prestador, entre otros), y no la de ejercer potestades para establecer subsidios que ayuden a ciertos sectores y agentes económicos a mitigar los cambios de precios en los combustibles que consumen. La acusada inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015 quedó desacreditada por el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, y sobre el cual la parte accionante, al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política, a pesar de que facialmente la beneficia, también estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales de sus agremiados, razón por la cual, procede declarar sin lugar la acción, como en efecto se hace. De este modo, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés corporativo para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a toda la comunidad nacional, por cuestionarse una decisión que, según entienden, impacta en toda la economía. De manera que, en el caso concreto, la alegada legitimación basada en intereses corporativos es solo aparente. Por lo tanto, me inclino por desestimar la presente acción de inconstitucionalidad.
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"La acusada inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015 quedó desacreditada por el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, y sobre el cual la parte accionante, al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política, a pesar de que facialmente la beneficia, también estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales de sus agremiados."
"The alleged unconstitutionality based on the effects of Resolution RJD-230-2015 was discredited by Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, on the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker fuel, asphalt, and asphalt emulsion, concerning which the plaintiff, by failing to meet the burden of argumentation, did not demonstrate that said policy, despite facially benefiting it, would also reveal an infringement of the constitutional rights and interests of its members."
Considerando IV
"La acusada inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015 quedó desacreditada por el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, y sobre el cual la parte accionante, al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política, a pesar de que facialmente la beneficia, también estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales de sus agremiados."
Considerando IV
"No parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés corporativo para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a toda la comunidad nacional."
"It does not appear valid to use the “veneer” of a corporate interest to justify the admissibility of an unconstitutionality action when the aim is to protect other types of rights or interests that in reality encompass the entire national community."
Considerando V — Nota de la Magistrada Garro Vargas
"No parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés corporativo para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a toda la comunidad nacional."
Considerando V — Nota de la Magistrada Garro Vargas
"La acción de inconstitucionalidad… al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política… estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales."
"The unconstitutionality action… by failing to meet the burden of argumentation, did not demonstrate that said policy… would also reveal an infringement of constitutional interests and rights."
Considerando IV
"La acción de inconstitucionalidad… al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política… estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales."
Considerando IV
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IV.- Conclusion. Consequently, the intervention of the Public Services Regulatory Authority does not aim to produce distortions in the market; on the contrary, insofar as it is a technical entity responsible for making adjustments to rates and prices (in accordance with the principles of cost-of-service, financial equilibrium of the provider, among others), and not for exercising powers to establish subsidies that help certain sectors and economic agents mitigate price changes in the fuels they consume. The alleged unconstitutionality due to the effects of Resolution RJD-230-2015 was discredited by Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE of January 12, 2016, on Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion, and regarding which the petitioner, by failing to meet the burden of argumentation, failed to demonstrate that said policy, despite facially benefiting it, would also be called to evidence the infringement of the constitutional interests and rights of its members, for which reason, it is appropriate to declare the action without merit, as is hereby done.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 075- Prior matter pending resolution in judicial or administrative venue Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 75 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. CORPORATE INTERESTS. “…For the Chamber, it could not be objected that a Chamber files an acción de inconstitucionalidad in defense of corporate interests, on behalf of its members for industrial business activities, and in the same way, point out in its argumentation that -in its opinion- other consumer sectors of Costa Rica are harmed by the general provision they challenge. In this sense, the Chamber interprets that the Costa Rican Chamber of Industries Association, by mentioning the country's most vulnerable population, as well as other activities not covered by its organization, including public ones, does so in order to add weight to its arguments, without this being able to mean that it delegitimizes the very cause on which the alleged unconstitutionality of the challenged provisions is based. That is, even if it argues in favor of other social and sectoral groups in the country, this Court must establish the object of the action and the effect on its members. In this sense, the Chamber understands that the argumentation, beyond the relationship of its members to the challenged act, evidently seeks to demonstrate that it harms them just like others, by supporting its standing as a Chamber…” CO05/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate opinion Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONAL REVIEW Topic: CONSTITUTIONAL JURISDICTION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
V.- Distinct reasons of Judge Rueda Leal and Judge Hernández López, with drafting by the former. In the instant case, the petitioner filed this acción de inconstitucionalidad against resolution No. RJD-230-2015 called “Ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of fuels derived from hydrocarbons at distribution plants and for the final consumer,” issued by the Public Services Regulatory Authority after processing administrative procedure No. OT-161-2015. This resolution modifies the method for calculating the operating margin, the way of recognizing the cost of capital, analyzes the inclusion of a price differential, includes the return on capital invested in industrial projects, among other points.
In this regard and related to the admissibility of the sub iudice, we agree with the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) concerning the legal nature of the resolution subject to this constitutionality process, since it lacks general scope, to the extent that it is addressed to a specific and determined subject, Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), an entity to which the approved methodology is applied in the sale of its products. As the Attorney General points out, “its repercussion on fuel consumers, therefore, is indirect and subject to each specific tariff-setting act.” Likewise, we agree with the advisory body that the hearing that precedes this type of resolution is the one regulated in numeral 36, letter d) of the ARESEP Law (No. 7593 of August 9, 1996) and ordinals 44 to 61 of its regulation (Decreto Ejecutivo No. 29732-MP of August 16, 2001), which is specific for the formulation or review of pricing and rate-setting models, and therefore, it is not applicable to apply article 361.2 of the LGAP, whose hearing is referenced to draft general provisions.
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Type of content: Separate opinion Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONAL REVIEW Topic: COMMERCE Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Res. No. 2020-020854 DISTINCT REASONS OF JUDGE GARRO VARGAS.
In the specific case, I was inclined to declare the acción de inconstitucionalidad without merit, but for reasons distinct from those stated by the majority of this Court.
The purpose of this action was to examine the alleged unconstitutionality of resolution No. RJD-230-2015 of 3:10 p.m. on October 15, 2015, from the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP), which established the ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of fuels derived from hydrocarbons at distribution plants and for the final consumer. For purposes of standing (legitimación), the petitioner, President of the Costa Rican Chamber of Industries Association, claimed to act in defense of the corporate and collective interests of its members or associates. In this regard, it textually stated the following:
“In the instant case, my client has standing (legitimada) to file this acción de inconstitucionalidad, as it defends the corporate and collective interests of its members, that is, of all the entrepreneurs engaged in industrial activity in our country.” Upon requesting the report from the Office of the Attorney General of the Republic (PGR), said technical advisory body opposed the admissibility of the acción de inconstitucionalidad due to lack of standing of the petitioner. Consequentially, it made the following considerations:
“The problem is that the petitioner Chamber, when developing its argumentation, invokes the effect on the economic interests of other types of consumers (not only that of the productive sector), such as the population in poverty and extreme poverty, the hotel and restaurant sector – which have their own corporate organizations, such as the Costa Rican Chamber of Restaurants and Related Activities (CACORE) – and even public bodies, such as CONAVI (see section IV, point A, paragraph 21 of the brief); regarding which, it would lack all standing to represent them and arrogate the defense of their respective rights.
Consequently, the standing based on corporate interests invoked by the petitioner would be insufficient to promote this action; nor can the existence of diffuse interests based on the defense of consumer interests in general be alleged (as admitted in judgments of this Chamber No. 2001-05915, 2002-00850, and 2006-015489), since no specific tariff-setting act is identified in which the questioned methodology has been applied.” To compare what was said by the PGR, in the sense that the petitioner's argumentation does not relate solely to the chamber it represents, but rather seeks to protect a series of diverse interests, it is appropriate to quote, where relevant, the arguments of the petitioner themselves. For such purposes, they stated the following in the action-filing brief:
“The previous data lead to the conclusion that a gas increase as high as the one that would occur if the new tariff model were applied, and an insignificant reduction in fuels (gasoline and diesel) as would be implied by the application of said model, would be highly regressive, significantly affecting households of the population in poverty and extreme poverty and favoring higher-income households.
16.- Secondly, the productive sector that uses bunker as fuel for its industrial activities would be seriously affected, as its production costs would rise disproportionately, which would produce, as a final result, that by ceasing to be competitive in the international market, they would have to exit the market against their will.
17.- It is no secret that the price of fuels in Costa Rica is the highest in Central America, besides the fact that in most of the countries that compete industrially with us, such as Colombia, Peru, Mexico, USA, natural gas is used as fuel, which is substantially cheaper than bunker. Precisely, as is public and well-known, this is one of the reasons why national productivity has diminished and some industries have emigrated to neighboring countries.
18.- If the prices of bunker and LP Gas were increased according to the new tariff methodology approved by ARESEP, it would practically end the export capacity of the national industry and very few companies could survive to supply the domestic market. (…)
20.- As a consequence of the above, unemployment would increase as numerous industries close, finding themselves unable to compete in the international market, given the high costs of bunker and LP Gas that are necessary for the manufacture of their export products.
21.- Thirdly, the increase in asphalt by 15.64% would substantially raise the operating costs of CONAVI, which, henceforth, would have to build fewer roads and repair fewer public thoroughfares than at present. (…)
Indeed, the scarce benefit that gasoline and diesel users would obtain, which would be only 2%, is not proportional to the evident harm that would be caused not only to consumers of LP Gas, bunker, and asphalt, but fundamentally to the public interest, since the price increase in such fuels, as demonstrated supra, would imply serious harm for the national industry, the state of our road infrastructure, and unemployment rates. In short, the application of the tariff methodology under examination would have serious consequences in the productive, economic, and social spheres, which implies that the requirement of proportionality is non-existent.” From the previous transcription, it is inferred that the PGR is correct in its assessments, since the rationale of the acción de inconstitucionalidad seeks to revolve around the protection of the interests of “households of the population in poverty and extreme poverty,” “the productive sector that uses bunker as fuel for its industrial activities,” the export sector of the national industry; the impact on unemployment, on “the operating costs of CONAVI,” and on the development of national infrastructure. In summary, as the petitioner themselves states, “the application of the tariff methodology under examination would have serious consequences in the productive, economic, and social spheres.” Likewise, as the PGR rightly points out, the petitioner presented a technical study through which they seek to demonstrate the impacts of applying the methodology to the prices of fuels imported and distributed by Refinadora Costarricense de Petróleo not only on the industrial sector, but also on the hotel and restaurant sector, small eateries (sodas), and consumers at the residential level.
Based on this finding, I consider that the PGR is correct in its reproaches regarding the petitioner's standing to file this acción de inconstitucionalidad. From my point of view, there is no consistency between the invoked standing and the object and rationale of the acción de inconstitucionalidad, since rather than reasoning a presumed effect on the corporation it represents, a kind of popular action (acción popular) is proposed, because the challenged regulation has –as they claim– a negative effect on a series of actors in the national economy. Thus, upon examining their reasoning in detail, I reiterate, it resembles more a popular action, a figure that has been repeatedly vetoed by this Constitutional Court. Let it be remembered that this Chamber has rejected the admissibility of acciones de inconstitucionalidad when one is “in the presence of a presumed collective so broad, imprecise, and blurred that it simply identifies with the national community as a whole,” affirming the following:
“Indeed, if the petitioner's possibility of filing an acción de inconstitucionalidad in this matter, under the conditions sought by them, were admitted, it would ultimately mean recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has indicated in its reiterated jurisprudence (see judgment No. 2016-000787 of 9:05 a.m. on January 20, 2016), does not conform to the framework of procedural competences that this Constitutional Court has for this purpose, in its functions as ultimate interpreter and guardian of the Constitution.” See judgments No. 2016-005589 and No. 2019-021827.
In this way, it does not seem valid to use “the garb” of a corporate interest to substantiate the admissibility of an acción de inconstitucionalidad, when what is being sought is the safeguarding of another type of rights or interests that actually encompass the entire national community, because a decision that, as they understand it, impacts the entire economy is questioned. Therefore, in the specific case, the alleged standing based on corporate interests is merely apparent. Consequently, I lean towards dismissing this acción de inconstitucionalidad.
Anamari Garro V.
Judge CO05/22 ... See more *CO* Res. No. 2020020854 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours ten minutes of October twenty-eighth, two thousand twenty.
Acción de inconstitucionalidad brought by Enrique Egloff Gerli, of legal age, married once, business administrator, identity card No. 1-399-262, resident of Escazú, in his capacity as President of the Costa Rican Chamber of Industries Association; against Resolution No. RJD-230-2015 of 3:10 p.m. on October 15, 2015, issued by the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP). The Office of the Attorney General of the Republic and the Public Services Regulatory Authority participate in the process.
Findings:
1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:43 a.m. on September 2, 2016, the Costa Rican Chamber of Industries Association requests that the unconstitutionality of Resolution No. RJD-230-2015 of 3:10 p.m. on October 15, 2015, issued by the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP), be declared. It is challenged as being deemed contrary to the economic interests of consumers, to the right of the entrepreneur to obtain a reasonable profit and not to be forced to exit the market for reasons beyond their control, protected by articles 37 and 46 of the Political Constitution, as well as to the principle of constitutional reasonableness. It explains that, through the challenged resolution, the Public Services Regulatory Authority (ARESEP) approved the new methodology for ordinary and extraordinary tariff-setting for fuels. It notes that, in the previous model, the fixed operating costs of Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), as well as depreciation, payroll, costs associated with transport (trasiego) and storage, were distributed among the fuels, maintaining a relationship with the international price, that is, according to the revenue each fuel generates for RECOPE. It details that the new methodology, by accumulating costs corresponding to each fuel but adding an allocation of a series of RECOPE's fixed costs per liter of fuel, without any consideration of the type -product or by-product- or value -price- of the input in question, completely distorts the price of fuels such as liquefied petroleum gas and bunker, distancing it from the international price. It emphasizes that the market is distorted by minimally lowering gasoline and diesel, and exorbitantly increasing the prices of LP Gas, bunker, and asphalt. It highlights that, in the case of LP Gas, investment in storage capacity has risen, which aggravates the situation. It points out that the application of the new model would lower the current price of gasoline and diesel by 2%, while increasing the price of LP Gas by 72.16%, bunker by 35.2%, and asphalt by 15.64%. It maintains that bunker and gas are main products obtained in the refining process. From its point of view, the equal allocation of costs between main products and by-products or leftovers from the process cannot be applied. It considers that the challenged resolution is unconstitutional in its effects. It explains that the act infringes upon the economic interests of LP Gas consumers, which would harm important segments of the population and the productive sector, such as lower-income individuals and the hotel sector. It insists that a gas increase as high and an insignificant reduction in fuels, as would occur if the new tariff model were applied, would be regressive and would significantly affect households of the population in poverty and extreme poverty, favoring higher-income households. It specifies that the productive sector uses bunker as fuel for its industrial activities, so it would also be affected, as production costs would rise disproportionately, reducing the country's competitiveness in the international market, forcing entrepreneurs to exit the market against their will. They allege that if the prices of bunker and LP Gas were increased, according to the new tariff methodology approved by ARESEP, the export capacity of the national industry would be finished off and very few companies could survive to supply the domestic market. It points out that with this, RECOPE would see its revenues diminished by losing its main industrial clients, for which reason it would have to charge the costs to gasoline and diesel. It notes that, as a consequence of the above, unemployment would increase as numerous industries close down, finding themselves unable to compete in the international market; likewise, the increase in asphalt by 15.64% would raise the operating costs of CONAVI, which would have to build fewer roads and repair fewer public thoroughfares than at present. It underlines that ARESEP's new tariff model violates the entrepreneur's right to obtain a reasonable profit in the exercise of their business activity, as well as the entrepreneur's right not to be forced out of the market for reasons beyond their control, as components of the essential content of the freedom of enterprise. With the price increase -from its point of view- no company that uses these fuels as an essential part of its industrial production could survive in the market, much less obtain a profit. It adds that the new methodology distributes costs according to volumes; it is clear that due to the high consumption volume of gasoline and diesel, both fuels achieve savings of less than 2%, while regarding low-volume products, including bunker and LP Gas, the increases are enormous, as they cannot dilute RECOPE's high fixed cost. It considers that the principle of constitutional reasonableness is also violated, since the new methodology is not necessary, because if the act had not been issued, public interests would not have been harmed either; the eventual application of the tariff model would produce serious dislocations in social peace by generating business closures and increased unemployment. It estimates that the new methodology is also not suitable (inidónea), as there were other mechanisms that could better solve the existing need, some of which could fulfill the proposed purpose without restricting the enjoyment of the fundamental rights of national producers and LP Gas consumers. If ARESEP intended, with the application of the new methodology, to reduce the price of gasoline and diesel -according to the petitioner's criteria- it makes no sense to do so by raising the cost of other fuels that have a direct impact on the economy and employment. Finally, it stresses that the new methodology is not proportional, since the purpose pursued by the new tariff model and the type of restriction it seeks to impose on users of LP Gas, bunker, and asphalt is of markedly greater entity than the benefit that can be obtained with it for the benefit of the community. It requests the Chamber to uphold the acción de inconstitucionalidad filed.
2.- In order to substantiate the standing (legitimación) it holds to promote this acción de inconstitucionalidad, it indicates that it arises from the existence of corporate and collective interests -as provided in the second paragraph of article 75 of the Law of the Constitutional Jurisdiction- as it defends the corporate and collective interests of its members, all entrepreneurs engaged in industrial activity in the country.
3.- By resolution at 3:00 p.m. on September 16, 2016, the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic and the Regulador General of Public Services.
4.- Mr. Ricardo Vargas Vásquez, in his capacity as Deputy Attorney General, answered the requested hearing and points out that, without prejudice to the preliminary admissibility examination made by the Presidency of the Court when admitting this action, the Attorney General's Office, in its role as impartial advisor, deems it necessary to make a couple of observations in this regard. The first, related to the nature of the challenged resolution, because the petitioner considers it a regulation (reglamento); which makes it susceptible, therefore, to constitutional review, in accordance with article 73, letter a), of the Law of the Constitutional Jurisdiction (No. 7135 of October 11, 1989). The second, regarding the standing of the petitioner Chamber to claim possible effects on third parties for whom it does not have representation through the filing of this action.
Regarding the first aspect, the Attorney General's Office expresses its reservations about cataloging Resolution No. RJD-230-2015 as a regulation pursuant to articles 120 and 121 of the General Law of Public Administration. The basic reason is that it lacks that general scope attributed to it by the petitioner, since it is indeed addressed to a specific and determined subject: Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), the entity to which the approved methodology is applied in the sale of its products. Its repercussion on fuel consumers, therefore, is indirect and subject to each specific tariff-setting act. Furthermore, the hearing that is alluded to and that must precede this type of resolution is not that of article 361.2 of the General Law of Public Administration, for the drafting of provisions of a general nature, but rather the specific one for the formulation or review of pricing and rate-setting models, contemplated in article 36, letter d), of the Law of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP) (No. 7593 of August 9, 1996) and articles 44 to 61 of its regulation (Decreto Ejecutivo No. 29732-MP of August 16, 2001). For the reasons stated, it is considered that the acción de inconstitucionalidad is not the appropriate route to hear about the constitutional validity of resolution No. RJD-230-2015 in accordance with article 73 of the Law of this Jurisdiction, at most via amparo and regarding each specific fuel price-setting; beyond the fact that this advisory body considers – as will be explained further on – that we are dealing with a matter of strict legality.
Regarding the second objection to admissibility, the petitioner expressly bases its standing (legitimidad) on the “defense of the corporate and collective interests of its members or associates,” which corresponds, incidentally, to its corporate purpose, according to the legal capacity they attach, namely: “TO ASSOCIATE, SUBJECT TO THE LAWS AND STATUTES, THOSE WHO DEVELOP INDUSTRIAL BUSINESS ACTIVITIES.” Furthermore, it was in these terms that this Constitutional Chamber accepted the petitioner's standing when it admitted the action, for holding a “corporate interest.” The problem is that the petitioner Chamber, when developing its argumentation, invokes the effect on the economic interests of other types of consumers (not only that of the productive sector), such as the population in poverty and extreme poverty, the hotel and restaurant sector -which have their own corporate organizations, such as the Costa Rican Chamber of Restaurants and Related Activities (CACORE)- and even public bodies, such as CONAVI (see section IV, point A, paragraph 21 of the brief); regarding which, it would lack all standing to represent them and arrogate the defense of their respective rights. Consequently, the standing based on corporate interests invoked by the petitioner would be insufficient to promote this action; nor can the existence of diffuse interests based on the defense of consumer interests in general be alleged (as admitted in judgments of this Chamber No. 2001-05915, 2002-00850, and 2006-015489), since no specific tariff-setting act is identified in which the questioned methodology has been applied. Without prejudice to this, in the event that the esteemed Judges do not consider it so, the analysis of the merits of the challenged act proceeds as follows, as it leads to considering it a problem of a legal and not constitutional nature.
On the merits of the claims, the Office of the Attorney General of the Republic addresses them as follows:
A. Questioning of the real effects of the challenged tariff methodology that are branded as unconstitutional given the existence of Decreto Ejecutivo No. 39437-MINAE that formalizes the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion.
The petitioner Chamber warns from the outset (section III, paragraphs 5 and 6) that the text of resolution No. RJD-230-2015 “in itself is not unconstitutional,” therefore, it is not possible to point out specific provisions that are contrary to the Law of the Constitution; its invalidity would lie in its application, so the constitutional infringement would derive from its effects in terms of article 3 of the Law of the Constitutional Jurisdiction.
No specific acts of fuel price fixing implementing the questioned methodology are detailed, which casts doubt on the practical effect of this action, that is, whether resolution No. RJD-230-2015 is actually generating an effect that alters the constitutional order as argued, leading us instead to a mere academic or hypothetical exercise; especially when the petitioner itself speaks of a “possible application of the tariff methodology” (paragraph 12, subsection C, section IV of its brief, emphasis not in the original).
This doubt is heightened by the enactment of Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, published in Supplement No. 4 to La Gaceta No. 8 of January 13 of this year, which declares the Sector Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion to be of public interest (Article 1), since, in our understanding, it has neutralized the effects of resolution No. RJD-230-2015. Indeed, the main challenge to the appealed resolution is that it generates a distorting effect on the fuel market, as it achieves a minimal reduction in gasoline and diesel at the cost of significantly increasing the prices of liquefied petroleum gas (LPG), bunker, and asphalt.
It so happens that, according to the management model made official through the aforementioned decree No. 39437-MINAE (Article 3), the plant sales prices set by Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. for LPG, bunker, asphalt, and asphalt emulsion must bear a relation to the international price for the 2008-2015 period. Should differences arise with respect to the plant price set by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, they are “transferred” to the plant sales price of the other products sold by Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. This means that the price difference is borne by those who purchase those other fuels at the plants of Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. As the Policy itself indicates, there is a transfer of the difference that may occur relative to international prices. This management model is implemented in the “4-Management model”. Decree No. 39437-MINAE considers the need to issue an effective public policy in the energy area, compatible with balanced environmental development and enabling energy efficiency, reduction, diversification of the energy matrix—expanding the share of LPG—but also the reduction of social gaps and the promotion of national competitiveness. Likewise, it assesses the need to issue policies that materialize the VII National Energy Plan 2015-2020, so as to guarantee that fuel prices are efficient and contribute to the country's competitiveness (in this regard, see OJ-104-2016 of September 5, from the Attorney General's Office). Within this framework, and considering that although the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is not subject to guidelines from the Executive Branch, it is subject to the National Development Plan, the corresponding sector plans, and the sector policies issued by the Executive Branch, this Sector Policy is issued with the objective, according to its Article 2, of serving as an “orienting framework to ensure that the sales prices of Liquefied Petroleum Gas, Bunker, Asphalt, and Asphalt Emulsion as of 2016 have a relationship with the international price similar to that prevailing in the 2008-2015 period, as long as cleaner alternative fuels are not available at competitive prices and there is no domestic supply capacity for the same.” (Underlining added).
What is relevant, insofar as this action is concerned, is that the implementation of the sector policy contained in Decree No. 39437-MINAE would, in principle, represent a reversal of the negative consequences expected from applying the tariff model of resolution No. RJD-230-2015, since the potential exponential increase in the prices of LPG, bunker, asphalt, and asphalt emulsion relative to international relative prices would be compensated through the plant sales price of the other products sold by Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (including gasoline and diesel), the difference for which would be transferred to those who purchase these other fuels. As explained in the introductory part of the cited policy:
“The Price Policy for Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bunker, Asphalt, and Asphalt Emulsion as a complement to the national energy policy expressed in the ‘VII National Energy Plan 2015-2030,’ establishes the conditions for setting the final price of these products, in order to support, on the one hand, the competitiveness of the industrial sector that uses bunker and LPG in its processes, so that it generates employment and effectively contributes to poverty reduction and environmental protection. On the other hand, regulating the price of asphalt and asphalt emulsion seeks to ensure that the cost of road construction does not suffer abrupt increases that impact the development of the country's road network, and its consequent impact on the programs of other sectors that drive national development. It also seeks to harmonize the interests of the consumer, the industry, and the production model that is to be implemented” (Underlining not in the original).
Ultimately, if what is being challenged before this Chamber are the possible effects of applying the methodology approved in resolution No. RJD-230-2015, the subsequent enactment of Decree No. 39437-MINAE, which appears to counteract them, raises the question of whether we are truly facing a real impact on the interests represented by the petitioner, one that could also be categorized as unconstitutional; given that, as will be explained below, a general challenge regarding a particular tariff model inevitably leads to the need to assess, with technical evidence, the elements used in its price-setting formula, thus redirecting the discussion to the realm of ordinary legality.
B. Consistent with the jurisprudential line of this Constitutional Chamber, the examination of a tariff methodology, due to its technical aspects of an economic nature, constitutes a problem of legality, not constitutionality.
The action under study is not limited to analyzing the possible effects of the methodology approved by resolution No. RJD-230-2015; it also questions certain technical aspects of its formulation, such as when it states: “The new methodology, by accumulating costs corresponding to each fuel, but adding an allocation of a series of RECOPE’s fixed costs per liter of fuel, without any consideration of the type – product or byproduct – or value – price – of the fuel in question, totally distorts the price of fuels such as liquefied petroleum gas and bunker, distancing it from the international price (bunker by 60% and LPG by 140%). In addition to distorting the market by minimally reducing gasoline and diesel and exorbitantly increasing the prices of LP Gas, bunker, and asphalt. In the case of LP Gas, investment in storage capacity has increased, which aggravates the situation of these two fuels” (Section III, paragraph 2). Further on, it is also noted that “the new methodology distributes costs according to volumes. Therefore, it is clear that due to the large consumption volume of gasoline and diesel, both fuels achieve savings of less than 2%, while for low-volume products, including bunker and LP Gas, the increases are enormous, as they cannot dilute Recope’s high fixed cost” (Section IV, subsection C, paragraph 5 of the brief). Moreover, the arguments in the action brief seek to be substantiated by providing a technical study entitled “Impacts of applying the methodology to the prices of fuels imported and distributed by Refinadora Costarricense de Petróleo. RJD-230-2015 according to Tariff File ET-126-2015,” from the reading of which it can be inferred that even though the tariff model does not affect the financial equilibrium of Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., it objects to the substitution of a percentage operating margin (relative k factor), present in the previous model approved by resolution No. RRG-9233-2008 of November 11, 2008, with an absolute operating margin (absolute K factor) in the respective formula.
It is not the role of the Attorney General's Office to enter into an examination of this type of technical aspects of an economic nature, since its function is to serve as an impartial advisor to this Chamber in the strict constitutional analysis of the challenged acts; at most, it will be the Regulador General who justifies or explains, using economic criteria, the approved tariff methodology. However, it does not seem to us that this is the jurisdictional venue to address a discussion of that nature. Certainly, the jurisprudential line of this high Court has admitted the offering of evidence insofar as it is necessary to have some element of judgment or contrast that serves to determine the reasonableness and proportionality of a normative provision when the alleged disproportion is not evident, since otherwise, its constitutional validity would be made to depend on a subjective assessment or value judgment of the petitioner. In that sense, it cites Decision No. 1999-05236 of 2:00 p.m., July 7, 1999. However, the study provided to support the petitioner's arguments exceeds, in our opinion, the scope of a proper constitutional analysis, as it incorporates a margin of opinionability or professional assessment that should be contrasted with evidence of the same technical nature; that is, through an adversarial proceeding, whose natural venue is the ordinary jurisdiction in the exercise of legality review.
Along these lines, we find Judgment No. 2004-07611 of 2:52 p.m., July 14, 2004, from this Constitutional Chamber, in which it was stated: “It is not the responsibility of this Chamber to evaluate the elements that must be taken into consideration for determining the tariff for port services, for which a specialized public entity exists (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), before which the corresponding proceedings must be conducted; and in case of disagreement, in the ordinary courts; therefore, the outright rejection of the action is appropriate.” (Underlining added). Likewise, this high Court determined in Judgment No. 2005-17428 of 5:33 p.m., December 20, 2005, that even though it does not disregard the impact that a price-setting for a basic public service can have on the population, particularly those with fewer resources, the technical aspects of each setting are matters of mere legality, not reviewable in a constitutional venue, and it is in the ordinary jurisdiction where such distortions must be reviewed.
We concur with the previous reasoning that an action of this nature, which involves the assessment of technical aspects—such as the formulation of a tariff methodology—concerns a problem of strict legality. Especially when it is requested to weigh the interests of one group of consumers (those of LPG, bunker, asphalt)—not all of them, we insist, duly represented by the petitioner Chamber—versus the interests of another no less relevant group of consumers, such as those of gasoline and diesel, without clarity—at least from the documentation contained in file No. 16-011878-0007-CO—as to their position on the matter or their statements during the public hearing under Article 36 of Law No. 7593, should they have participated in it. Observe that diesel prices can also affect the poorest strata of the population, as this is the fuel used in public transportation services, and its cost is reflected in the respective bus fare.
From this perspective, a violation of Article 46 of the Political Constitution cannot be deemed to have occurred, with respect to the interests of consumers, not only because the petitioner lacks standing to represent all of them, but also because, under the protection of the same norm, another sector of the consuming public receives protection for its interests, which are, in principle, opposed to those represented by the appellant, since a potential annulment of resolution No. RJD-230-2015 would imply—according to the reasoning of this action—an increase in the prices of diesel and gasoline.
Regarding the alleged violation of freedom of enterprise, which the appellant understands would occur when an entrepreneur is prevented from obtaining a reasonable profit in the exercise of their business activity or is forced to leave the market for reasons beyond their control, which would happen due to the increase in the cost of bunker and LPG, as they are used as raw materials in industrial production, reducing the competitiveness and efficiency of companies established in the country, we must first recall the scope of this fundamental right. The jurisprudence of the Spanish Constitutional Court has indicated that the “three essential aspects” of this freedom are freedom of contract, freedom of investment, and freedom of organization (STC 112/2006). It also affirmed that “if the Constitution guarantees the initiation and maintenance of activity ‘in freedom,’ this implies, within the framework of a market economy where this right operates as an institutional guarantee, the recognition of private individuals’ freedom of decision not only to create companies and, therefore, to act in the market, but also to establish the company’s own objectives and to direct and plan its activity in accordance with its resources and the conditions of the market itself” (STC 225/1993, of July 8). In similar terms, this Constitutional Chamber pronounced on the scope of said right enshrined in Article 46 of the Constitution, in Judgment No. 2006-14642 of 2:43 p.m., October 4, 2006.
In view of that essential content attributed to freedom of enterprise by the transcribed jurisprudential citations, we do not find that the methodology approved by resolution No. RJD-230-2015 restricts or directly affects any of its essential aspects. To recognize it as such, as alleged by the appellant, would imply giving said resolution an expropriatory or confiscatory effect—by obtaining a lower profit or none at all—which is not reliably deduced from the technical evidence they attach; nor is the aggravation of the competitiveness problems invoked, the attention to which, in any case, requires a state approach at the public policy level, going beyond the adoption of a specific tariff model.
Finally, being consistent with what was stated above, regarding the fact that the challenged resolution requires the examination of technical aspects inherent to a tariff methodology, its proportionality or reasonableness cannot be examined by the constitutional jurisdiction either, but rather by the ordinary courts, where the study provided as an element of judgment can be thoroughly addressed, discussed, and contrasted, to determine whether the effects attributed to the tariff model in question are truly disproportionate and unreasonable for a specific sector of consumers.
Based on the foregoing considerations, it is the opinion of the Attorney General's Office that: 1) The unconstitutionality action presents admissibility problems, both as regards its object—since the challenged act is not a general or regulatory provision—and as regards the petitioner's standing, by claiming to defend the interests of third parties (outside the industrial sector) for which it does not hold representation. 2) The practical effect of the action is in doubt given the existence of Executive Decree No. 39437-MINAE, which formalizes the Sector Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion, since, in our understanding, its enactment neutralized the effects of resolution No. RJD-230-2015. 3) The examination of the tariff methodology approved by resolution No. RJD-230-2015, by involving technical aspects of an economic nature, constitutes a problem of mere legality, not constitutionality.
5.- Ms. María Gabriela Montes de Oca Rodríguez, in her capacity as General Manager with powers as a generalísima proxy without limit of sum, of Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., appears to state that she requests the Chamber to be considered a coadjuvant in this unconstitutionality action and states that Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. submits, monthly, an extraordinary study regarding the prices to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, which allows it to update domestic prices according to the evolution of the exchange rate and the international price of fuels—fuel prices could go up or down—; therefore, in October 2016, Refinadora Costarricense de Petróleo submitted the request for an extraordinary price variation for service stations and it was verified that all prices decreased, except kerosene. She points out that, by not applying the challenged methodology, the price that should decrease for October will not do so, generating harm to the consumer—a harm that could be claimed—. She explains that monthly price changes have a significant effect on consumers, and the same would happen with the non-variation of prices for a long time—a repercussion of not applying the current methodology for price setting, which would result in an accumulation of variations—. She warns that, through Executive Decree No. 39829-H (published in La Gaceta No. 146, July 29, 2016), the amount of the single fuel tax was updated—an amount that is updated every three months—due to inflation, so that, by suspending price setting, the updates would not be contemplated—which would affect revenues for the Ministry of Finance (increasing the country's fiscal deficit) and deepen the misalignment with international market prices (as local prices would remain constant)—; therefore, continuity must be given to price setting, whether with RJD-230-2015 (while the Constitutional Chamber analyzes it) or that the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos applies any other mechanism that, within the framework of its powers, it deems appropriate to avoid the paralysis of tariff fixings and thereby the damages to her represented entity and the rest of the country. She explains that the elimination of the ability to submit ordinary or extraordinary setting requests undermines the principles of financial equilibrium and service at cost, given that, due to the inherent characteristics of the international market for hydrocarbon prices—high upward volatility and with a growing exchange rate against the dollar—imports would become more expensive, and furthermore, depending on the severity of the impact on her represented entity’s cash flow, the supply of hydrocarbons for the country could be compromised—even affecting governmental interests in terms of competitiveness—. She adds that adjustments to the single fuel tax are transferred via price resolution to the tariffs, so price fixings are required to perform this transfer; otherwise, the entity would have to retain a higher tax that has not been transferred via price resolution. She notes that, in the event of a possible impact on the entity's financial equilibrium, the covenants with creditor financial institutions (Corporación Andina de Fomento and BNP Paribas/Société Générale) are affected, since, based on the principles of good faith and trust, a bank makes a loan trusting not only that obligations will be paid punctually, but also that the borrower will adhere to the parameters it committed to fulfill. She indicates that, in the absence of price setting—on the part of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos—if the import volume were interrupted or decreased due to her represented entity’s financial imbalance, the most affected products being: Super and Plus 91 gasolines, Diesel 50, and LPG—products for which the entity has the lowest number of days of sales inventory, due to their high consumption—; the supply of jet fuel (fuel for jet aircraft), since the entity must inform the Dirección General de Aviación Civil that it would cease supplying fuel to airlines, exposing this body to lawsuits for flight delays and the multimillion-dollar costs these entail—not to mention the damage to the image of Refinadora Costarricense de Petróleo and the country internationally, running the risk of losing market and/or air routes due to instability in fuel supply—; fuel oil (or bunker), widely used by the industrial sector, and which, if her represented entity fails to make the imports required by national demand, could lead to the closure of some industries that use this fuel for their production processes; asphalt imports, where, if the resources were not available to carry them out in the required volume and time, construction companies would be forced to halt construction and maintenance projects—and would therefore likely sue the State and her represented entity for lack of product—; and regarding Av Gas, if a tariff setting for this product is not carried out, its supply at the national level would be endangered—considering that this is a necessary product for some small planes and helicopters to provide aviation services or even to be used in emergency situations (attending natural disasters, entering areas of difficult access, or being able to bring food and resources to the inhabitants of these sites). She emphasizes that, due to the foregoing, the public interest implied by the activity carried out by the entity would be directly affected; moreover, with the suspension of tariff fixings (ordinary and extraordinary) and the financial imbalance of her represented entity, they would be forced to acquire products with lower quality specifications (sulfur, lead) that would greatly affect consumers in general (industry, vehicle fleet, hospitals, commerce…) with the consequent economic damages this entails. She states that any change involving the interruption of the import process or a decrease in volume should be as of December 2016, because the entity has current contracts for product supply that must be respected, and otherwise, it would be exposed to multimillion-dollar lawsuits from international suppliers for contractual breach—a situation that could harm the entity’s good image, as it would be forced to request loans from financial institutions or fail to pay on time—. She mentions that, between the months of December and February, high swells and adverse currents are experienced at the Port of Moín—which affects the docking and unloading of the ships through which products are imported—; therefore, the entity has opted to increase import volumes during the month of November in order to fill the tanks, as far as storage allows, to have more reserve product and decrease the import of cargoes during the swell season—thus avoiding costs due to delays in docking vessels and a potential product shortage. She mentions that, continuing with the above, if the volume imported had to be decreased due to lack of financial liquidity, it would be necessary to choose among these three measures: 1) Waste the maximum capacity of the ships and bring them partially full—this would involve an additional cost for dead freight (volume not used on the ships on which the product is imported) and also a contractual breach by Refinadora Costarricense de Petróleo; 2) Import the products on smaller ships—the additional cost for which is around three point five dollars per barrel; 3) Lower inventory levels and bring shipments more spaced out—increasing the risk of shortage, especially for products with less storage capacity such as LPG, Super gasoline, and Plus 91 gasoline; the first two measures are not viable since, to meet national demand, many ships with product would have to be imported—causing port congestion with a high probability of increasing costs due to delays, port expenses, and independent inspection services. She underscores that, as of 2017, the entity has the environmental commitment to import cleaner fuels, complying with INTECO standards, in accordance with the guidelines of the Ministerio de Ambiente y Energía; and these new quality specifications are stricter than the current ones—implying a higher import cost and, therefore, a greater outlay of financial resources for the entity—. She argues that an increase in the international price of hydrocarbons will raise the cost of imports for Refinadora Costarricense de Petróleo; furthermore, an increase in the oil bill must be quickly passed on to the price, so that: consumers have a clear signal of the product’s cost and use it rationally; and also so that the company can recover, via price, the resources it requires for the purchase of those fuels, thus avoiding a financial imbalance by paying high bills while maintaining constant local prices, because the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos does not set new prices for it—and when delays in price setting occur, their effect accumulates, and it is the consumers who will be affected by price increases—. She requests that the suspension regarding the fixing of fuel prices—supported by Resolution RJD-230-2015—be revoked, so that the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos can apply the tariff model for hydrocarbon derivatives, and failing that, she requests as a precautionary measure that it be considered just and reasonable with respect to public and collective interests.
6.- Mr. Roberto Jiménez Gómez, in his capacity as Regulador General and President of the Board of Directors of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, states that the action suffers from imprecision and lack of evidence for the petitioner’s arguments, simply because it theorizes that resolution RJD-230-2015 will cause the effects indicated in the industrial sector that uses LP Gas, bunker, and asphalt products, and that in turn the consumer sector will also suffer, upon the entry into force of said methodology, but without technical rigor demonstrates the certain potentiality of those effects. Furthermore, he considers that this is a legality discussion, which should be heard in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
It argues that the action filed by the plaintiff consists of four sections: 1) Regarding the legal nature of Resolution RJD-230-2015 ("Ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of hydrocarbon-derived fuels at distribution plants and to the final consumer"), considering that it is a technical regulation with normative scope and not an administrative resolution—however, according to the defendant, said administrative act is the final act of administrative procedure OT-161-2015, so its correct designation is "resolution"; 2) Regarding procedural standing, the plaintiff asserts a "corporate and collective interest" (pursuant to numeral 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction); however, for the defendant, from the filing, it cannot be concluded that the object and assets of the Association Chamber of Industries of Costa Rica are directly or indirectly related to the claim for a declaration of unconstitutionality of the challenged norm, and that enabling the plaintiff to file processes such as this one would, in a way, be opening a loophole as if the Costa Rican constitutional system were governed by what doctrine has termed an "actio popularis" (acción popular); 3) The plaintiff argues that Resolution RJD-230-2015 generates several problems: a) the new methodology makes an allocation of fixed costs of the Costa Rican Petroleum Refinery per liter of fuel, without what is called "consideration of the product-type or subproduct—or value-price—of the fuel in question," causing a distortion in the price of liquefied petroleum gas and bunker fuel, besides distancing it from international prices—there is distortion regarding the market because it establishes a minimal reduction for gasoline and diesel and increases the prices of LP Gas, bunker fuel, and asphalt; b) with the application of the new model, the current price of gasoline and diesel would be reduced by two percent (2%), but LP Gas would increase by seventy-two point sixteen percent (72.16%), bunker fuel by thirty-five point thirty-two percent (35.32%), and asphalt by fifteen point sixty-four percent (15.64%); and c) since bunker fuel and gas are subproducts, these, in a refinery, have different prices from the main products, so the cost allocation cannot be applied by equating main products and subproducts; 4) the plaintiff identifies three defects of unconstitutionality in the challenged norm: 1. Violation of the fundamental right to protection of consumer rights (Article 46 of the Constitution), due to the fact that: a) the increase in LP Gas (liquefied petroleum gas) would harm low-income individuals, the hotel sector, and the "restoration" sector, since they are the ones who consume the most of said hydrocarbon—additionally, based on the National Household Survey (ENAHO) 2013 and 2014, they consider that, with the new tariff model, a "very high" increase in gas and a negligible reduction in gasoline and diesel would affect households in poverty and extreme poverty, but would favor higher-income households; b) the increase in the prices of LP Gas and bunker fuel would be destroying the export capacity of national industry, and very few companies would survive to supply the domestic market, and furthermore, said increase would produce a "domino effect" where the Costa Rican Petroleum Refinery would see its revenues diminished by losing industrial clients, having to charge such costs to gasoline and diesel, increasing the prices of both products, and producing unemployment by closing industries that could not compete in the international market; c) the increase in asphalt by fifteen point sixty-four percent (15.64%) would substantially raise the costs of the National Roadway Council, and with this, fewer roads would be built and repaired—so the deficit in public infrastructure would increase—; 2. Violation of the fundamental right to freedom of enterprise (Article 46 of the Constitution), since by raising the price of bunker fuel and LP Gas, the companies that use them in industrial production would be less efficient or totally inefficient, violating the right to a reasonable profit and being harmed to the point of exiting the market; 3. Violation of the principle of reasonability, explained in three aspects: a) the new methodology is not necessary, since even with the reduction in gasoline and diesel, in our country, fuels remain the most expensive in the entire region, while the increase in bunker fuel, LP Gas, and asphalt would generate a negative effect on the economy and employment, with the non-issuance, by the Regulatory Authority of Public Services, resulting in the absence of harm to public interests; b) the new methodology is unsuitable, since other mechanisms existed that better solved the existing need—the defendant says that the more suitable mechanisms are not indicated, and that the mechanism used by its represented party conforms to Article 36 of Law No. 7593—; c) the new methodology is not proportional, because the purpose of its enactment and the restriction it intends to impose—however, the defendant says that the methodology does not impose any restriction on the industrial sector, but rather intends to make transparent the costs incurred by the Costa Rican Petroleum Refinery by allocating them tariff-wise to each product it sells—on the users of LP Gas, bunker fuel, and asphalt is greater than the benefit to the community—above all, the benefit for the users of gasoline and diesel is not proportional regarding the harms to the users of LP Gas, bunker fuel, and asphalt—. It explains that it will proceed to answer the allegations argued by the plaintiff in the following nine sections: a) The prices are not excessive or disproportionate because, by the logic of the new methodology, the fundamental objective, and that around which an efficient regulatory process adjusted to the principle of service at cost must revolve, is that each product has a price in the domestic (national) market that reflects the international reference price (the price at which that product is traded in international markets), plus the costs inherent to all other domestic activities (specific to the national market) necessary for that product to reach the points where the consumer can or must obtain it—it is not a methodology designed to lower or raise tariffs, but to adjust them as corresponds in regulatory technique, so if a product results in a price reduction, it is because it was defraying or paying amounts that did not correspond, while if another product must pay a substantially higher price than the current one, before the methodological change, it is because it was not attending to all, or a good part, of the costs necessary for that client or user to receive the product; b) The fuel price fixings by the Regulatory Authority of Services are not capricious or discretionary, and moreover, they are adjusted to the elementary principles of science and technique and to Law No. 7593 (Law of the Regulatory Authority of Services)—additionally, since 2008, the methodology of international reference prices plus the costs necessary to place the products at the point the user needs them has been used, and during this period (2008 to date), there have been increases in the prices of the products sold by the Costa Rican Petroleum Refinery of one hundred percent or even more, without it having been demonstrated that these changes have caused consumers or businesspersons to be expelled from the market or that there have been economic impacts for both sectors; c) In the case of bunker fuel, to load or unload it, heating is required, while with LP Gas, investment in storage capacity is needed, therefore, in the previous cases, the handling is different compared to gasoline and diesel, and consequently, the costs are diverse among the products—this being so, the plaintiff contradicts itself since they criticize the cost allocation for each fuel but admit that bunker fuel and LP Gas require differentiated processing by the Costa Rican Petroleum Refinery; d) The economic regulation implemented by the Regulatory Authority of Services never has the objective of establishing parameters beforehand for the reduction or increase of prices or tariffs, and moreover, prices and tariffs are set based on the principle of service at cost and the principle of financial equilibrium of the provider, guaranteeing a fair remuneration for the operator or provider of the relevant public service, and in turn, protecting the rights of the user or consumer of the service, so that they pay not only a fair price for the service, but also receive a quality service; e) For purposes of the domestic market, the possible price difference between products or subproducts is not relevant, since the country is a simple taker of the international market price and imports one hundred percent as final products (it does not refine)—the costs incorporated within the operating margin of the Costa Rican Petroleum Refinery bear no relation whatsoever to the product refining costs, since, as is reiterated, they correspond to the costs of: importation, storage, transfer, and distribution of finished products at plants; f) The Costa Rican Petroleum Refinery declares, before the Regulatory Authority of Public Services, its financial statements with the allocation of costs associated with each product where, for the purpose of the tariff calculation, the so-called common or indirect costs (it is not possible to fraction or separate said cost and assign it to a single product) are distributed according to the sales volume of each product, while the direct costs are duly assigned to each product; g) The plaintiff argues that, even with the reduction implemented by the new methodology, gasoline and diesel remain more expensive—however, they do not indicate the region or country for comparison, and therefore, it turns out to be a simple affirmation—; h) There is no violation of the principles of reasonability or proportionality according to the following: 1. The challenged administrative act requires an aggravated procedure for its enactment (Article 36, Law No. 7593) and does not constitute an arbitrary exercise of the public powers assigned to it by the Law that created the Regulatory Authority of Public Services; 2. The chosen regulatory mechanism is not unreasonable, since it is the only legally established form for the exercise of regulation, and therefore, it is neither an excessive nor a defective mechanism due to the effects produced; 3. It is not a unilateral, arbitrary, or violating imposition regarding freedom of commerce; the challenged methodology concerns the exercise of a sovereign power granted to its represented party; 4. The discussion of the price of hydrocarbon-derived fuels, and the level of incidence it might have on the economic sphere (alleged economic burden) of the companies affiliated with the plaintiff, classified in the action as excessive or ruinous, are considerations foreign to constitutional matters, and by the way the action is formulated, said economic or financial phenomena must be debated in the legality venue; 5. The challenged measure is necessary, since the previous regulation required a technical review and the consequent adjustments derived from said review—the changes in the tariff adjustment methodology respond to the need to make the regulation process of said sector even more transparent; 6. The challenged measure is suitable, because it conforms to the exercise of sovereign power by its represented party; 7. The challenged norm is proportional, since it conforms to what was proposed, from the beginning, in File No. OT-161-2015, and which was nothing other than making the regulation of fuel prices even more transparent, in order to guarantee that the fixings of said sector are adjusted, insofar as possible, to the principles of service at cost and financial equilibrium; 8. In Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, a subsidy was established for the prices of liquefied petroleum gas, bunker fuel, asphalt, and asphalt emulsion—the referred subsidy is contemplated as a possible variable within the methodology established in the resolution challenged in this process, so that, should the competent public authorities decide to establish some type of subsidy to set the price of hydrocarbon-derived fuels, they can do so; 9. The challenged norm cannot be considered a violation of the right to freedom of enterprise, because said right is not limited by the economic regulation that the Regulatory Entity makes of the price of hydrocarbons, which allows users and consumers to pay prices in accordance with the principle of service at cost—furthermore, it does not correspond to its represented party, prior to issuing a methodology, to analyze whether in its development process some sector might be more or less harmed, and rather, it must assess whether, from a technical point of view, the regulatory mechanism is robust, adjusted to science and technique, and whether it fulfills the objective that motivated its creation (to think otherwise would be to regulate based on vested interests, and the spirit of regulation, which is nothing other than paying what is fair for the service and according to its costs, is set aside). It requests that the filed action be declared without merit.
7.- By resolution at 14:07 hours on October 28, 2016, of the Presiding Magistrate of the Constitutional Chamber, the Costa Rican Petroleum Refinery (RECOPE) was recognized as a coadjuvant, and having met the formal requirements, it was recognized as a coadjuvant in the present action. It was warned that, as the coadjuvant is not a principal party to the process, it will not be directly harmed or benefited by the judgment; that is, the efficacy of the judgment does not reach the coadjuvant directly and immediately, nor does res judicata affect it, nor do the immediate effects of executing the judgment reach it, because through coadjuvancy, the jurisdictional authority cannot be obligated to issue a resolution in its favor, for not having been a principal party in the process. What can affect it, but not due to its condition as coadjuvant but like anyone else, is the erga omnes effect of the pronouncement. It is clarified that the judgment in constitutional matters does not particularly benefit anyone, not even the plaintiff; it is in the prior trial where this can be recognized. In this same resolution, the conferences granted were considered answered, and the action was assigned for its substantive study to Magistrate Luis Fernando Salazar Alvarado.
8.- By Resolution No. 2016-16965 at 10:40 hours on November 16, 2016, the Constitutional Chamber resolves the request of the General Regulator and President of the Board of Directors of the Regulatory Authority of Public Services, to review and dimension the suspensive effect of the resolution at 15:00 hours on September 16, 2016, by which the action of unconstitutionality was admitted. By means of Vote No. 2016-16965 mentioned supra, the request was resolved as follows: "The resolution at 15:00 hours on September 16, 2016, is partially revoked, and the continuity of the application of the Resolution No. RJD-230-2015, of 15:10 hrs. on October 15, 2015, of the Board of Directors of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), is ordered, subject to what the Constitutional Chamber definitively resolves on the merits in this process. Magistrates Castillo Víquez, Rueda Leal, and Hernández López dissent, in the sense that the resolution that admitted the action does not prevent applying the questioned norm in those cases where there is no contention. Magistrate Salazar Alvarado adds a note." 9.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 191, 192, and 193 of the Judicial Bulletin, on October 5, 6, and 7, 2016.
10.- In the proceedings, the prescriptions of law have been fulfilled.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.- On admissibility. The Association Chamber of Industries of Costa Rica indicates that it files the action of unconstitutionality based on the existence of corporate and collective interests, as it defends the corporate and collective interests of its members, all businesspersons engaged in industrial activity in the country. In this sense, standing comes from the second paragraph of Article 75 of the Law governing this jurisdiction, as they represent interests that concern the community as a whole. In this sense, Judgment No. 2006-13323 is illustrative of the jurisprudential doctrine developed by the Chamber, as it indicates that:
"This Court considers that the action is admissible under the terms provided in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since the plaintiffs allege the defense of corporate interests, relating to the interests of the members of the associations they represent, namely the Association National Chamber of Transportation, the Association National Chamber of Special Services Transporters, and the National Association of Tourism Transporters. Indeed, as this Court has previously recognized (in judgments number 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, and 2001-9677), corporate interests are those characterized by:
"[...] the representation and defense of a core of interests belonging to the members of a specific community or common activity, and, insofar as it represents and defends them, the Chamber acts in favor of its associates, the community of merchants. Thus, we are facing an interest of that Chamber and, at the same time, of each one of its members, in a non-individualized but individualizable form, which constitutes a corporate interest or one that concerns said legally organized community, which is why this action is admissible under the terms of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.-" (Judgment number 1631-91, at fifteen hours and fifteen minutes on August twenty-first, nineteen ninety-one).
It is thus that in these cases, the existence of a pending matter (in the administrative or jurisdictional venue) is not necessary, as required by the first paragraph of said Article 75 to accredit the plaintiff's standing, because by the very essence of the matter, it concerns the defense of corporate interests. The Chamber considers that it is not legitimate to ignore this type of interest, since that would imply ignoring an important function of corporate entities, which have been created according to the guidelines of the law, and in the case of Chambers, professional associations, associations, or unions, it would denaturalize their mediating function regarding the defense of the interests of their members, a function that has been recognized as essential of these entities by the very jurisprudence of this Court." In accordance with the precedent, this Chamber deems that the Association Chamber of Industries of Costa Rica files the action with the aim of promoting the defense of the common economic interests of its members. For this reason, it does not require a base matter as established in the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction; rather, it can do so directly without a prior matter, in accordance with the second paragraph of the mentioned numeral, given that it seeks the defense of the corporate interests of its members, which it represents.
On the other hand, the Office of the Attorney General of the Republic indicates that the challenge to the resolution should not be lodged via the action of unconstitutionality, but at most via the amparo remedy and for each tariff fixing, since the challenged act is not susceptible to being discussed in the action. It disagrees with the plaintiffs in that they indicate that Resolution No. RJD-230-2015 is a regulation, because it is directed at an indeterminate number of persons, due to its general scope, and because it was submitted to consultation under numeral 361.2 of the General Law of Public Administration. Contrary to the plaintiffs, the Office of the Attorney General considers that the mentioned resolution is not a regulation in accordance with Articles 120 and 121 of the General Law of Public Administration, but rather, would be directed at a concrete and determined subject, which would be the Costa Rican Petroleum Refinery S.A. (RECOPE), regarding the methodology approved for the sale of petroleum derivative products. In this way, there is an indirect repercussion on fuel consumers, subject to each concrete act of tariff fixing; that it does not apply the provisions indicated above, but rather Article 36, subsection d) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and Articles 44 to 61 of its Regulation. The position of the Regulatory Authority of Public Services confirms that it is a technical regulation, or a technical regulatory norm, which it characterizes as an administrative act that has external effects. It is called a resolution because it derives from an administrative procedure (OT-161-2015), called "Proposal for Ordinary and Extraordinary Tariff Methodology to Set the Price of Hydrocarbon-Derived Fuels at Distribution Plants and to the Final Consumer," which reflects the administrative will in a clear and transparent form.
For the Chamber, although the plaintiff attributes the legal basis of the Resolution to the norms of the General Law of Public Administration, the Office of the Attorney General and the Regulatory Authority are correct that the administrative act is not a regulation derived from said Law, although it is one for being an act of regulating tariffs and prices, but because it is issued under the protection of the provisions in Articles 1, 31, and 36 subsection d) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, within the competencies of fixing tariffs and prices. It is clear that the challenged resolution RJD-230-2015 aims to regulate the tariffs of the petroleum derivative products sold by the Costa Rican Petroleum Refinery S.A. In that same objective, it is possible to establish a relationship between the effects of these tariffs and the industries directly related, because in our country, there is a monopolistic regime for the sale and retail of fuels. In this way, the Association Chamber of Industries of Costa Rica deems it can defend its interests by questioning Resolution RJD-230-2015, especially because it accuses that it infringes upon the economic and commercial interests of its associates with the approved tariff-fixing methodology, unconstitutionality which, in accordance with Article 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, can be deduced not only from the text of the provision but also from the effects the resolution has.
The other objection from the Office of the Attorney General of the Republic lies in the excess or overreach of its standing, when, although it acts in "defense of the corporate and collective interests of its members or associates"; that is, for those engaged in industrial business activities, it says it clearly overreaches by also invoking the impact on the economic interests of other types of consumers: the population in poverty and extreme poverty, the hotel sector, and restaurants, which in themselves have their own corporate organizations, as well as public bodies such as the National Roadway Council (CONAVI), which it cannot represent. In that sense, the Office of the Attorney General argues that the claim could not be satisfied with standing based on corporate interests, nor on the existence of diffuse interests, because no specific tariff fixing in which the challenged methodology has been applied is made concrete.
For the Chamber, one could not object to a Chamber filing an action of unconstitutionality in defense of corporate interests, in favor of its members for industrial business activities, and likewise, indicating in its argumentation that -in its view- other consumer sectors in Costa Rica are harmed by the general provision they challenge. In that sense, the Chamber interprets that the Association Chamber of Industries of Costa Rica, by mentioning the country's most vulnerable population, as well as other activities not covered by its organization, including public ones, does so to add weight to its arguments, without this meaning that it delegitimizes the very cause upon which the alleged unconstitutionality of the challenged provisions rests. That is, even if it argues in favor of other social and sectoral groups in the country, this Court must establish the object of the action and the impact on its members. In this sense, the Chamber understands that its arguments, beyond the relationship of its members with the challenged act, evidently aim to demonstrate that it is harmed just like others, by supporting its standing as a Chamber. Now then, the fact that concrete acts of applying the tariff are not individualized can be analyzed with the report of the Regulatory Authority, in accordance with the nature of the challenged Resolution No. RJD-230-2015.
On the other hand, the Regulatory Authority of Public Services indicates an incongruent behavior by the plaintiff, since in amparo appeal No. 16-10651-0007-CO, the Chamber Association intervened as a coadjuvant and requested the Chamber to remit the matter to the administrative litigation venue. With this, it indicates that it has erratic behavior by changing its legal position, avoiding discussion in the amparo venue, and then challenging the resolution in question via the action of unconstitutionality.
Notwithstanding what was indicated by the Regulatory Authority, the Chamber does not consider that the mentioned change has negative implications for the action; on the contrary, it is a manifestation of the right of individuals to bring actions before the Courts of Justice, without forgetting that they may exercise the right they possess in accordance with Article 41 of the Constitution to bring actions in both the administrative and judicial venues they consider most appropriate to their rights and interests. This Court could not reprove the right of every person, physical or legal, to file an administrative or judicial claim, especially the latter if it is legally admissible and can be declared by the Courts of Justice.
Finally, the Regulatory Authority of Public Services considers that the arguments of the plaintiff Chamber are imprecise and do not provide proof, that through negligence it invokes Article 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and also that, regarding the principle of reasonability, to the extent that a substantive technical assessment of Resolution RJD-230-2015 would be required in order to determine the alleged unconstitutionality, and likewise, they are pertinent to the legality venue, to be heard in the Administrative Litigation Jurisdiction. It indicates that a deep technical analysis of the administrative file OT-161-2015 is required to determine whether the technical-normative provisions conform to the univocal rules of science and technique, or whether they do not. This is not for the constitutional venue.
Now then, prior to analyzing the substantive claims, this Chamber considers it is appropriate to review the action of unconstitutionality insofar as the lack of precision in the arguments and the lack of proof is alleged, as is indeed done below.
II.- Object of the challenge. The action of unconstitutionality is filed against Resolution RJD-230-2015, called "Ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of hydrocarbon-derived fuels at distribution plants and to the final consumer," issued by the Regulatory Authority of Public Services after processing administrative procedure OT-161-2015. The nature of this resolution is one of fixing prices and tariffs for public services or economic activities of interest to the State, specifically established as such by the legislator to control their formulation and review. It is up to the Regulatory Authority to comply with the regulation that establishes its legal obligation to intervene in certain economic activities through a resolution, methodology, or regulation of a technical type that allows standardizing prices and making them fair, both for the operators of those services and for the consumers.
The action of unconstitutionality, precisely, seeks the elimination of the product of administrative procedure OT-161-2015, arguing that the result of this methodology has unconstitutional effects, a matter this Chamber must address and determine. In this regard, it is appropriate to do so before considering the infringement of consumers' economic interests, reasonable profit (lucro razonable) and freedom of commerce, and the principles of reasonableness and proportionality.
III.- On the merits. Now then, this Chamber must first clear away the two objections raised by the Procuraduría General de la República and the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, insofar as the former argues that Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE neutralized the effects of resolution RJD-230-2015 of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Along the same line of thought, the Autoridad Reguladora points out that the action seeks to argue abstract claims of the Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, which do not lead to a practical effect.
Thus, the action of unconstitutionality must be analyzed as follows:
A.- Regulatory authority over public prices and rates. Evidently, Resolution RJD-230-2015 is issued in accordance with articles 1, 3.b, 4.c, 5, 6, 31, and 36.d of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Law N° 7593 of August 9, 1996, and effective as of September 5, 1996).
Said provisions establish:
"Article 1.- Transformation.
The Servicio Nacional de Electricidad is transformed (transfórmase [sic]) into an autonomous institution, called the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, hereinafter and for the purposes of this Law called the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora). The Regulatory Authority shall have its own legal personality and patrimony, as well as technical and administrative autonomy. It shall be governed by the provisions established in this Law, its Regulations, and the laws that complement it.
The Regulatory Authority shall not be subject to the guidelines of the Executive Branch in fulfilling the powers granted to it in this Law; however, it shall be subject to the National Development Plan (Plan nacional de desarrollo), the corresponding sectoral plans, and the sectoral policies issued by the Executive Branch.
(As reformed by article 41, subsection b) of Law N° 8660 of August 8, 2008).
[...]
Article 3.- Definitions.
For the purposes of this law, the following concepts are defined:
(As reformed by article 41, subsection a) of Law N° 8660 of August 8, 2008) Article 4.- Objectives.
The fundamental objectives of the Regulatory Authority are:
(As reformed by article 41, subsection a) of Law N° 8660 of August 8, 2008) Article 5.- Functions.
In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and rates; furthermore, it shall ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, according to article 25 of this law. The aforementioned public services are:
(As reformed the preceding subsection by article 5 of Law N° 8641 of June 11, 2008) d) Supply of fuels derived from hydrocarbons, including: 1) petroleum derivatives, asphalts, gas, and naphthas destined to supply national demand at distribution plants and 2) petroleum derivatives, asphalts, gas, and naphthas destined for the final consumer. The Regulatory Authority must set the transportation rates used for national supply.
The authorization to provide the public service shall be granted by the entities cited below:
Subsection a): Ministerio del Ambiente y Energía.
Subsection c): Ministerio del Ambiente y Energía.
Subsection d.2): Ministerio del Ambiente y Energía.
Subsection e): Ministerio del Ambiente y Energía.
Subsection f): Ministerio de Obras Públicas y Transportes Subsection g): Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica and Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, respectively.
Subsection h): Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Subsection i): The municipalities.
In the granting of the concession for the use of water for irrigation, the obligation of the user to apply adequate water management techniques must be included, in order to avoid the degradation of the soil resource, whether by erosion, waterlogging (revenimiento), salinization, hydromorphism, or other harmful effects.
(This final paragraph thus added by article 63 of the Ley de Uso y Conservación de Suelos No.7779 of April 30, 1998) Article 6.- Obligations of the Regulatory Authority The following obligations correspond to the Regulatory Authority:
Any provision issued in relation to the matters referred to in this article shall be of mandatory compliance.
(As reformed by article 41, subsections a) and c) of Law N° 8660 of August 8, 2008).
[...]
Article 31.- Setting of rates and prices.
To set the rates and prices of public services, the Regulatory Authority shall take into account the model productive structures for each public service, according to the development of knowledge, technology, the possibilities of the service, the activity in question, and the size of the provider companies. In this last case, it shall seek to foster small and medium-sized enterprises. If there is a proven impossibility to apply this procedure, the particular situation of each company shall be considered.
The criteria of social equity, environmental sustainability (sostenibilidad ambiental), energy conservation, and economic efficiency defined in the National Development Plan (Plan nacional de desarrollo) must be central elements for setting the rates and prices of public services. Settings that threaten the financial equilibrium of the public service provider entities shall not be permitted.
The Regulatory Authority must apply annual rate adjustment models, based on the modification of variables external to the administration of the service providers, such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, salary settings made by the Executive Branch, and any other variable the Regulatory Authority deems pertinent.
Likewise, when setting the rates of public services, the following aspects and criteria must be contemplated, when applicable:
(As reformed by article 41, subsection g) of Law N° 8660 of August 8, 2008)" And, it is also pertinent to cite:
"Article 36.- Matters to be submitted to public hearing.
For the matters indicated in this article (articulo [sic]), the Regulatory Authority shall convene a hearing, in which persons with a legitimate interest may participate to express themselves. For that purpose, the Regulatory Authority shall order the publication in the official journal La Gaceta and in two nationally circulated newspapers, of the matters listed below:
For these cases, anyone with a legitimate interest may present their opposition or coadjuvancy, in writing or orally, on the day of the hearing, at which time they must record the exact place or fax number, for notification purposes by Aresep. In said hearing, the interested party must set forth the reasons of fact and law they deem pertinent.
The hearing shall be convened once the petition is admitted and if the formal requirements established by the legal system have been met. For this purpose, an extract shall be published in the official journal La Gaceta and in two nationally circulated newspapers, twenty (20) calendar days prior to the holding of the hearing.
In the case of an ex officio action by the Regulatory Authority, the same procedure shall be observed.
For the purposes of standing based on collective interest, legal entities organized under associative form and whose purpose is the defense of consumer or user rights may register before the Regulatory Authority to act in their defense, as an opposing party, provided the processing of the rate petition is related to their purpose. Likewise, community development associations (asociaciones de desarrollo comunal) or other social organizations whose purpose is the defense of the rights and legitimate interests of their members shall have standing.
Persons who are interested in filing an opposition with technical studies and who do not have the necessary economic resources for such purposes may request from Aresep the assignment of a technical expert or professional who is duly accredited before this entity to carry out said work. This shall be covered by the budget of the Regulatory Authority. Furthermore, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is empowered to establish regional offices in other areas of the country, according to its possibilities and needs.
(As reformed by article 41, subsection g) of Law N° 8660 of August 8, 2008)".
In this manner, the regulations transcribed above allow for a significant degree of intervention in the national economy, for the purpose of setting certain public rates and prices on products and services of public interest, all under the purview and competence of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. It is evident that the challenged resolution is the culmination of an administrative procedure (procedimiento administrativo) typically regulatory of products derived from hydrocarbons, which is part of the country's energy matrix and the primary source of energy for industrial activities and for a large part of the population in the country. Hence, prices must be adjusted to these regulations, evidently with effects on the economy since prices and rates are regulated. The Regulatory Authority points out that, in accordance with its regulations, it is a technical entity that cannot divert its administrative conduct toward arbitrary or capricious elements, but only those pertaining to its activity as determined by law. That is, by law, prices and rates must be subject to criteria and technical studies that must be carried out prior to their setting. Likewise, for this Chamber it is necessary to point out, however, that in accordance with paragraph 2 of Article 1 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, its decisions shall not be subject to the guidelines of the Executive Branch, but shall be subject to the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo), the corresponding sectoral plans, and the sectoral policies issued by the Executive Branch. A situation that allows the results in price setting to be cushioned or mitigated when they prove excessive, which could be caused by structural problems, international prices, among others, with negative effects on national production.
B.- Regarding the change in methodology with the allegedly excessive result in price. Now then, the Regulatory Authority, in its intervention brief, provides information relevant to the resolution of this action of unconstitutionality. The same can be said regarding what was pointed out by the Procuraduría General de la República.
The first thing that must be affirmed is that the Regulatory Authority argues that this involves a regulatory improvement of the technical-regulatory content, when moving from the methodology established in Resolution RRG-9233-2008 to Resolution RJD-230-2015, which helps make the rate procedure transparent. In this regard, it details a series of improvements that, in its judgment, allow for the determination of prices, taking into account that Refinería Costarricense de Petróleo SA. does not process or fulfill refining functions, but rather depends on the international purchase of the finished product and transports it to its distribution plants to later be placed with consumers, some of which is done by other economic actors throughout the national territory. This decision, it is affirmed, also tends to comply with the principle of service at cost (servicio al costo), the financial equilibrium of the public service provider, to make the calculation of the rate clear and verifiable, in addition to introducing compliance with timelines and budgets, and investment programming for Refinería Costarricense de Petróleo SA., and takes into account importation, storage, and distribution. Likewise, adherence to the current National Development Plan and National Energy Plan. The report details many other technical topics that will not be addressed, given that the plaintiff mainly complains of unconstitutionality due to the effects of the challenged resolution, in accordance with article 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which establishes:
"The Political Constitution shall be deemed infringed when this results from the comparison of the text of the challenged norm or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles." In attention to said article, this Chamber has established that "That provision, a consequence of the normative character of the Constitution and of mandatory compliance not only for this Chamber but for all public authorities, is also a criterion of interpretation for the entire legal order – regardless of the discussion about who can declare a norm inapplicable for unconstitutionality – so that this Chamber, in the exercise of its constitutional competences, when the application of a norm by public authorities may result in an infringement of the Fundamental Charter, must rule in the corresponding avenue …" (Judgment 1993-0497 of 10:00 a.m. on January 29, 1993). Evidently, the regulatory technical regulations approved by the Regulatory Authority should be congruent with the economic and scientific technique that must prevail in the matter, a situation on which this Chamber will not rule, since the attempt to analyze Resolution RJD-230-2015 does not contemplate in its entirety the legal framework that completes it; which is a problem of the first order for the Chamber to be able to discuss the issue, mainly because it has held that this matter is one of ordinary legality, and that additional step would be required to determine if there are unconstitutional consequences. In this regard, both the Procuraduría General de la República and the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos warn of the existence of other factors that were not discussed in the action. However, as has been admitted in this case, the action was granted leave to proceed, to establish if there is unconstitutionality due to the effects of Resolution RJD-230-2015, for proving excessive in industrial activity, which is what concerns us in this case. In this sense, this Chamber will address said analysis.
C.- On the effects of Resolution RJD-230-2015. In accordance with Resolution RJD-230-2015, the application of the established criteria reveals that certain products suffer a significant increase in their price.
For purposes of addressing the matter, it is necessary to transcribe the calculation made by the Regulatory Authority, applying the previous methodology and the new methodology, to demonstrate that there indeed exists a percentage increase or decrease in the prices of fuels before and after the new methodology. However, it is clarified that the rise or fall in price does not contemplate the subsidy to be applied, as will be explained later.
The comparative table transcribed in the response brief of the Regulatory Authority establishes the following:
Table of representation of fuel prices before and after the new methodology Products | | Previous Price (prev. method) | | New methodology * | | Diff. ₡/ltr. | | Diff % | | | | | | | Gasolina súper | ₡503.02 | ₡492.74 | (₡10.28) | -2% | Gasolina plus 91 | ₡479.90 | ₡472.66 | (₡7.24) | -2% | Gasolina plus 91 fishermen | ₡208.15 | ₡199.70 | (₡8.46) | -4% | Diésel 50 ppm sulfur | ₡392.09 | ₡386.27 | (₡5.83) | -1% | Diésel 50 fishermen | ₡218.33 | ₡207.21 | (₡11.12) | -5% | Diésel 15 | ₡392.29 | ₡385.48 | (₡6.81) | -2% | Diésel término | ₡389.84 | ₡351.94 | (₡37.90) | -10% | Diésel marino | ₡460.62 | ₡398.52 | (₡62.10) | -13% | Kerosene | ₡328.31 | ₡306.40 | (₡21.91) | -7% | Búnker | ₡154.46 | ₡196.25 | ₡41.79 | 27% | Low-sulfur Búnker | ₡227.78 | ₡235.43 | ₡7.65 | 3% | IFO 380 | ₡162.62 | ₡181.55 | ₡18.93 | 12% | Asfalto | ₡216.23 | ₡260.99 | ₡44.77 | 21% | Diésel pesado | ₡253.02 | ₡252.60 | (₡0.42) | 0% | Emulsión asfáltica | ₡161.76 | ₡179.29 | ₡17.53 | 11% | LPG (70-30) | ₡133.42 | ₡207.25 | ₡73.83 | 55% | LPG (rich in propane) | ₡124.13 | ₡184.42 | ₡60.29 | 49% | Av-Gas | ₡663.62 | ₡871.68 | ₡208.06 | 31% | Jet fuel A-1 | ₡382.59 | ₡420.06 | ₡37.47 | 10% | Nafta Pesada | ₡258.21 | ₡247.05 | (11.16) | -4% *Calculation without incorporating policy subsidy From the simple observation of the comparative table, some interesting results for the action of unconstitutionality can be seen:
1.- It should be noted that there is an increase in the products that affect industrial users, such as Búnker with an increase of 27% and 3% (depending on the type), LP Gas by 55% and 49% (depending on the type), as well as decreases in gasolines and diesel by -2%, and other behaviors in the prices of other petroleum-derived products; 2.- That notwithstanding the above, that state of things is not definitive, so as to be able to analyze the problems pointed out by the plaintiff. It must be taken into consideration that the claim of constitutionality would not be totally adequate to reality for the analysis of the unconstitutional effects required by article 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
3.- In accordance with the above, Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. would not have a finalized final price to be distributed to consumers with methodology RJD-230-2015, since the subsidy established by the Executive Branch must be incorporated, in application of the powers granted in paragraph 2 of Article 1 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
4.- This would be established in Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE of January 12, 2016, which is called the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion (Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica).
Thus, to determine the unconstitutionality due to the effects on industrial activity, it is important to transcribe the other comparative table prepared by the Regulatory Authority, which establishes the following:
Table of representation of fuel prices without incorporating the subsidy and incorporating the subsidy Products | | New methodology * | | Subsidized | | Subsidizer | | Final Price | | | | | | Gasolina súper | ₡492.74 | | ₡10.16 | ₡502.90 | Gasolina plus 91 | ₡472.66 | | ₡10.16 | ₡482.82 | Gasolina plus 91 fishermen | ₡199.70 | | | ₡199.70 | Diésel 50 ppm sulfur | ₡386.27 | | ₡10.16 | ₡396.43 | Diésel 50 fishermen | ₡207.21 | | | ₡207.21 | Diésel 15 | ₡385.48 | | | ₡385.48 | Diésel término | ₡351.94 | | | ₡351.94 | Diésel marino | ₡398.52 | | | ₡398.52 | Kerosene | ₡306.40 | | ₡10.16 | ₡316.57 | Búnker | ₡196.25 | (₡37.88) | | ₡158.38 | Low-sulfur Búnker | ₡235.43 | (₡33.15) | | ₡202.28 | IFO 380 | ₡181.55 | | ₡10.16 | ₡191.71 | Asfalto | ₡260.99 | (₡32.15) | | ₡228.85 | Diésel pesado | ₡252.60 | | ₡10.16 | ₡262.77 | Emulsión asfáltica | ₡179.29 | (₡29.73) | | ₡149.55 | LPG (70-30) | ₡207.25 | (₡73.93) | | ₡133.32 | LPG (rich in propane) | ₡184.42 | (₡61.55) | | ₡122.87 | Av-Gas | ₡871.68 | | ₡10.16 | ₡881.84 | Jet fuel A-1 | ₡420.06 | | ₡10.16 | ₡430.22 | Nafta Pesada | ₡247.05 | | ₡10.16 | ₡257.21 *Calculation without incorporating policy subsidy Thus, in what is of interest to the action, it is evident that, due to the subsidy or Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion (Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica) applied to the products in favor of industrial users, it cannot be concluded that the claimed unconstitutionality has been incurred; that is, in the disproportionate increases pointed out by the Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, of 72.16% in the price of LP Gas, 35.2% in Búnker, and 15.64% in asphalt. The content of the first table is not definitive, called Table of representation of fuel prices before and after the new methodology, which is why these effects are modified for all consumers.
Thus, there is a subsidy that logically benefits industrial users, and it was not challenged. Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE establishes that:
"The Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion is declared to be of public interest, […]".
In the price study prepared by the Regulatory Authority, it is observed how it is introduced into the rate and price, in attention to the sectoral policy issued by the Executive Branch, within the powers granted by the legislator. This evidences a state action that causes a large majority of products distributed by the Refinadora to contribute to leveling the price of Bunker, LP Gas, and asphalt emulsion, for example.
The Decreto Ejecutivo, consequently, has very concrete economic implications for the plaintiffs' claim. Thus, the comparison between the models, especially the latter one with the subsidy, shows that:
Product | | Previous method | | Challenged method + subsidy | | Difference | | | | | Búnker | ₡154.46 | ₡158.38 | -₡3.92 | Low-sulfur Búnker | ₡227.78 | ₡202.28 | +₡25.5 | LPG (70-30) | ₡133.42 | ₡133.32 | -₡0.10 | LPG (rich in propane) | ₡124.13 | ₡122.87 | -₡1.26 | Asfalto | ₡216.23 | ₡228.85 | +₡12.62 | Emulsión asfáltica | ₡161.76 | ₡149.55 | +₡12.21 | Gasolina súper | ₡503.02 | ₡502.90 | -₡0.12 | Gasolina plus 91 | ₡479.90 | ₡482.82 | +₡2.92 | Diesel 15 | ₡392.29 | ₡385.48 | -₡6.81 Thus, the Policy issued by the Executive Branch evidently has implications for the methodology established in Resolution RJD-230-2015, both because in some cases it mitigates the impact significantly, in others it does not, but the truth is that the plaintiff Chamber did not plead the action based on the effects generated by DE 39437-MINAE of January 12, 2016, on Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion.
The Attorney General's Office itself illustrates the foregoing, by transcribing in its intervention brief the introductory part of the cited policy:
“The Price Policy for Liquefied Petroleum Gas (GLP), Bunker, Asphalt and Asphalt Emulsion as a complement to the national energy policy expressed in the 'VII National Energy Plan 2015-2030', establishes the conditions for setting the final price of these products, in order to support, on the one hand, the competitiveness of the industrial sector that uses bunker and GLP in its processes, so that it generates employment and effectively contributes to poverty reduction and environmental protection. On the other hand, by regulating the price of asphalt and asphalt emulsion, the aim is to prevent the cost of road construction from suffering abrupt increases that impact the development of the country's road network, and its consequent impact on the programs of other sectors that drive national development. It also seeks to harmonize consumer interests, industry, and the production model to be implemented.” This leads to the object of the action not being correctly defined, and it is true, as the Regulatory Authority alleges, that the action has more abstract or academic purposes than practical ones. Thus, the unconstitutionality of the challenged provision could not be determined based on the "unconstitutional effects" of Article 3 of the Constitutional Jurisdiction Law, because Resolution RJD-230-2015, assessed in isolation from the Sectoral Policy, would not have the true practical implication in the economic reality claimed, and because it has been demonstrated that the results are definitively modified by its implementation. And even in the case where it could be considered that the application of the subsidy in the methodology generates an excessive increase, the policy generated by the Executive Branch was excluded by the plaintiff Chamber's own omission. Consequently, the constitutionality discussion raised is partial and incomplete, and would not allow this Court to conduct an exhaustive analysis based on the standing and arguments of the plaintiff.
Furthermore, it calls the Court's attention that the unconstitutionality action was filed on September 2, 2016, a time during which Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, was already in force, having entered into force on January 13, 2016, with approximately eight months of validity having elapsed, whereby, it was possible to expect that if constitutional conflicts existed, they would have to be supported taking into account the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion. However, this was not done, which is why it would not be appropriate for this Chamber to produce it on behalf of the plaintiff Chamber.
Precisely by Judgment No. 2014-04239 of 4:00 p.m. on March 26, 2014, this Court established that:
“Regarding the lack of specificity of the unconstitutionality arguments. The Constitutional Jurisdiction Law, in its Article 3, provides that 'The Political Constitution shall be deemed infringed when this results from the comparison of the text of the questioned norm or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles.' Now, for this Court to deem the infringement configured and declare the unconstitutionality of the challenged norm or act, with the consequent annulment and expulsion from the legal system, whoever promotes an unconstitutionality action has the burden of demonstrating how that provision infringes the constitutional norm or principle and, furthermore, must indicate why the claim should be upheld. This is called by this Chamber the burden of argumentation, that is, that 'a norm that is facially contrary to the Constitution shifts the burden of argumentation to those who maintain that there is actually no conflict between that norm and the Political Constitution; the opposite occurs if action is taken against a norm that, upon first examination, does not appear contrary to the Constitution, in which case it is the plaintiff who must advance arguments convincing of its unconstitutionality' (see judgment number 0184-95 of 4:30 p.m. on January 10, 1995).
In a subsequent judgment, this Chamber stated, regarding the lack of specificity of unconstitutionality arguments in unconstitutionality actions, the following:
“The unconstitutionality action is filed with the argument that the challenged Executive Decree is harmful, injures, and infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to health, and the international commitments signed with the Kyoto Protocol. Despite the opportunity granted to the plaintiffs, what the Attorney General's Office indicates is confirmed: that there is no concrete analysis of the provisions of the challenged Executive Decree that are considered unconstitutional, but rather it is limited to establishing discrepancies in a generic and abstract manner against the entirety of the Regulation, even more so against all activity carried out by the Sugar Mills and Haciendas, as they maintain that they cause inconveniences in the quality of life and health of the neighboring inhabitants, without specifying what constitutionality arguments should be taken into account against each of the provisions or groups of norms of the challenged Regulation. […] The first paragraph of Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the obligation to authenticate the briefs filing unconstitutionality actions, since it is deemed necessary that there be arguments put forth by a legal professional, which this Court does not rule out corresponds to a serious study of the technical and scientific background of a specific matter, given the diversity and universality of the norms of the legal system. Unlike guarantee proceedings, that is, habeas corpus and amparo remedies, which can be filed directly by any interested party before the constitutional jurisdiction in defense of their fundamental rights, generally against acts or omissions that harm them in their private sphere (although not always, as in environmental cases), in proceedings for the defense of the Political Constitution (such as the unconstitutionality action), the legislator entrusted the authenticating attorney with a task whose requirement is even greater, if you will, more elaborate and exhaustive, which must be reflected in the filing brief by reason of their professional role, to demonstrate to the Court the injury to the constitutional norm by a norm of lower rank, undermining the principle of constitutional supremacy contained in Article 10 of the Political Constitution. Precisely the material and formal elaboration of the Law, as well as of other secondary provisions, entails an extremely costly process for the State, in which organized civil society has participated in many ways, for or against, and whose formation, approval, and promulgation procedures should not be analyzed lightly. In this sense, this Chamber must recognize that there is limited room for this Court to remedy the manifest absences of the legal professionals who authenticate the briefs in this constitutional jurisdiction, without exposing the impartiality and analysis owed to each of the unconstitutionality actions.” (Judgment number 005285-2012 of 3:15 p.m. on April 25, 2012).” IV.- Conclusion. Consequently, the intervention of the Regulatory Authority of Public Services does not aim to produce distortions in the market; on the contrary, insofar as it is a technical body responsible for making tariff and price adjustments (in accordance with the principles of cost-of-service, financial equilibrium of the provider, among others), and not for exercising powers to establish subsidies that help certain sectors and economic agents mitigate price changes in the fuels they consume. The alleged unconstitutionality due to the effects of Resolution RJD-230-2015 was discredited by Executive Decree No. 39437-MINAE of January 12, 2016, on the Sectoral Policy for the prices of liquefied petroleum gas, bunker, asphalt, and asphalt emulsion, and regarding which the plaintiff, by failing to meet the burden of argumentation, failed to demonstrate that said policy, despite facially benefiting it, would also be called upon to evidence the infringement of the constitutional interests and rights of its members, which is why it is appropriate to declare the action without merit, as is hereby done.
V.- Separate Reasons of Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hernández López, with drafting by the former. In the instant case, the promoting party filed this unconstitutionality action against resolution No. RJD-230-2015 called "Ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of fuels derived from hydrocarbons at distribution plants and to the final consumer," issued by the Regulatory Authority of Public Services after processing administrative procedure No. OT-161-2015. Said resolution modifies the method for calculating the operating margin, the way of recognizing the cost of capital, analyzes the inclusion of a price differential, includes the return on capital invested in industrial projects, among other points.
In this regard and related to the admissibility of the sub iudice, we agree with the Attorney General's Office regarding the legal nature of the resolution subject to this constitutionality proceeding, since it lacks general scope, to the extent that it is directed at a specific and determined subject, the Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), an entity to which the approved methodology is applied in the sale of its products. As the Attorney General's Office indicates, "its repercussion on fuel consumers, therefore, is indirect and subject to each specific tariff-setting act." Likewise, we agree with the advisory body that the hearing preceding this type of resolution is the one regulated in numeral 36, section d) of the ARESEP Law (No. 7593 of August 9, 1996) and articles 44 to 61 of its regulation (Executive Decree No. 29732-MP of August 16, 2001), which is specific for the formulation or review of price and tariff-setting models, so Article 361.2 of the LGAP does not apply, as its hearing refers to draft general provisions.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is declared without merit. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hernández López record separate reasons. Magistrate Garro Vargas records separate reasons.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
File: 16-011878-0007-CO Res. No. 2020-020854 SEPARATE REASONS OF MAGISTRATE GARRO VARGAS.
In the specific case, I was inclined to declare the unconstitutionality action without merit, but for reasons different from those recorded by the majority of this Court.
The present action aimed to examine the alleged unconstitutionality of resolution No. RJD-230-2015 of 3:10 p.m. on October 15, 2015, from the Board of Directors of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), which established the ordinary and extraordinary tariff methodology for setting the price of fuels derived from hydrocarbons at distribution plants and to the final consumer. For standing purposes, the plaintiff, President of the Association of the Chamber of Industries of Costa Rica, stated he was acting in defense of the corporate and collective interests of its members or associates. In this regard, he textually indicated the following:
“In the instant case, my represented party has standing to file this unconstitutionality action, as it defends the corporate and collective interests of its members, that is, of all businesspersons engaged in industrial activity in our country.” Upon requesting the report from the Attorney General's Office (PGR), said technical advisory body opposed the admissibility of the unconstitutionality action for lack of standing of the plaintiff. In relevant part, it made the following considerations:
“The problem is that the plaintiff Chamber, when developing its substantiation, invokes the impact on the economic interests of other types of consumers (not only those of the productive sector), such as the population in poverty and extreme poverty, the hotel sector, and restaurants – which have their own corporate organizations, such as the Costa Rican Chamber of Restaurants and Related Businesses (CACORE) – and even public bodies, such as CONAVI (see section IV, point A, paragraph 21 of the brief); regarding which, it would lack any standing to represent them and arrogate the defense of their respective rights.
With which, the standing based on corporate interests invoked by the appellant would be insufficient to promote this action; nor can the existence of diffuse interests be alleged based on the defense of the interests of consumers in general (as admitted in judgments of this Chamber numbers 2001-05915, 2002-00850, and 2006-015489), since no specific tariff setting is identified in which the questioned methodology has been applied.” To collate what was said by the PGR, in the sense that what was argued by the plaintiff does not relate solely to the chamber it represents, but rather seeks to protect a series of diverse interests, it is appropriate to cite the relevant allegations of the plaintiff itself. To this effect, it stated the following in the brief filing the action:
“The above data leads to the conclusion that a gas increase as high as that which would occur if the new tariff model were applied, and a not very significant reduction in fuels (gasoline and diesel) as that implied by applying said model, would be highly regressive, significantly affecting households of the population in poverty and extreme poverty and favoring higher-income households.
16.- Secondly, the productive sector that uses bunker as fuel for its industrial activities would be seriously affected, since its production costs would increase disproportionately, which would result, ultimately, in them having to leave the market against their will because they would no longer be competitive in the international market.
17.- It is no secret to anyone that the price of fuels in Costa Rica is the highest in Central America, besides that in most of the countries that compete industrially with us, such as Colombia, Peru, Mexico, USA, natural gas is used as fuel, which is substantially cheaper than bunker. Precisely, as is public and notorious, this is one of the reasons why national productivity has diminished and some industries have migrated to neighboring countries.
18.- If bunker and LP Gas prices were increased according to the new tariff methodology approved by ARESEP, it would practically end the export capacity of the national industry, and very few companies could survive to supply the domestic market. (…)
20.- As a consequence of the above, unemployment would increase as numerous industries close that would find themselves unable to compete in the international market, given the high costs of bunker and LP Gas necessary for the manufacture of their export products.
21.- Thirdly, the increase in asphalt by 15.64% would substantially raise the operating costs of CONAVI, which, henceforth, would have to build fewer roads and repair fewer public roads than at present. The deficit in road infrastructure, instead of decreasing, would increase significantly. (…)
Indeed, the scarce benefit that gasoline and diesel users would obtain, which would be only 2%, is not proportional to the evident harm that would be caused not only to consumers of LP Gas, bunker, and asphalt, but fundamentally to the public interest, since the increase in prices of such fuels, as was demonstrated above, would imply serious harm to the national industry, the state of our road infrastructure, and unemployment rates. In short, the application of the tariff methodology under examination would have serious consequences in the productive, economic, and social spheres, which implies that the requirement of proportionality is non-existent.” From the previous transcription, it follows that the PGR is correct in its assessments, since the substantiation of the unconstitutionality action seeks to revolve around the protection of the interests of the "households of the population in poverty and extreme poverty," "the productive sector that uses bunker as fuel for its industrial activities," the export sector of the national industry; the incidence on unemployment, on "the operating costs of CONAVI," and on the development of national infrastructure. In short, as the plaintiff himself refers, "the application of the tariff methodology under examination would have serious consequences in the productive, economic, and social spheres." Likewise, as the PGR rightly points out, the plaintiff presented a technical study through which it seeks to demonstrate the impacts of applying the methodology to the prices of fuels imported and distributed by the Refinadora Costarricense de Petróleo not only in the industrial sector but also in the hotel sector and in restaurants, sodas, and consumers at the residential level.
Based on this verification, I consider that the PGR is correct in its reproaches regarding the plaintiff's standing to file this unconstitutionality action. From my point of view, there is no consistency between the standing invoked and the object and substantiation of the unconstitutionality action, since rather than reasoning a presumed impact on the corporation it represents, a type of popular action is raised, because the questioned regulation has – according to its claims – a negative effect on a series of actors in the national economy. Thus, having examined its reasoning in detail, I reiterate, they are more akin to a popular action, a figure that has repeatedly been vetoed by this Constitutional Court. It should be remembered that this Chamber has rejected the admissibility of unconstitutionality actions when it is "in the presence of an alleged collective so broad, imprecise, and blurred that it is, simply, identified with the national community as a whole," affirming the following:
“Indeed, if the possibility of the plaintiff to bring an unconstitutionality action in this matter were admitted, under the conditions sought by the plaintiff, it would imply – ultimately – recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has indicated in its reiterated jurisprudence (see judgment No. 2016-000787 of 9:05 a.m. on January 20, 2016), does not conform to the framework of procedural competences that this Constitutional Court has in this regard, in its functions as ultimate interpreter and guardian of the Constitution.” See judgments No. 2016-005589 and No. 2019-021827.
In this way, it does not seem valid to use "the guise" of a corporate interest to substantiate that the admissibility of an unconstitutionality action is proper, when what is sought is the protection of another type of rights or interests that, in reality, encompass the entire national community, because a decision is being questioned that, as they understand it, impacts the entire economy. So, in the specific case, the alleged standing based on corporate interests is merely apparent. Therefore, I am inclined to dismiss this unconstitutionality action.
Anamari Garro V.
Magistrate Observations of the CONSTITUTIONAL CHAMBER voted by ballot Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 04:12:00.
SCIJ of Hacienda SCIJ of the Attorney General's Office
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:
NO APLICA.
Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
NO APLICA.
Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:
NO APLICA.
020854-20. COMERCIO. METODOLOGÍA PARA LAS FIJACIONES TARIFARIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS COMBUSTIBLES. Acción de inconstitucionalidad contra la resolución número RJD-230-2015 de la Junta Directiva de ARESEP, publicada en La Gaceta del 30 de octubre del 2015 Parte dispositiva: Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López consignan razones distintas. La Magistrada Garro Vargas consigna razones distintas.- IV.- Conclusión. En consecuencia, la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no tiene como objetivo producir distorsiones en el mercado, por el contrario, en el tanto que es un ente técnico al que le corresponde hacer ajustes de tarifas y precios (acordes con los principios de servicio al costo, de equilibrio financiero del prestador, entre otros), y no la de ejercer potestades para establecer subsidios que ayuden a ciertos sectores y agentes económicos a mitigar los cambios de precios en los combustibles que consumen. La acusada inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015 quedó desacreditada por el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, y sobre el cual la parte accionante, al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política, a pesar de que facialmente la beneficia, también estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales de sus agremiados, razón por la cual, procede declarar sin lugar la acción, como en efecto se hace.
CO05/22 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES CORPORATIVOS. “…Para la Sala, no se podría objetar que una Cámara presente una acción de inconstitucionalidad en defensa de los intereses corporativos, a favor de sus agremiados por actividades empresariales industriales, y de igual manera, señalar en su argumentación que -en su criterio- resultan perjudicados otros sectores de consumidores de Costa Rica por la disposición general que impugnan. En ese sentido, interpreta la Sala que la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica al hacer mención de la población más vulnerable del país, como de otras actividades no amparadas a su organización, incluyendo públicas, lo hace con el fin de agregar peso a sus argumentos, sin que ello pueda significar que deslegitima la propia causa sobre la cual se sustenta la acusada inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Es decir, si bien argumenta en favor de otros grupos sociales y sectoriales del país, este Tribunal debe establecer el objeto de la acción y la afectación de los agremiados. En este sentido, entiende la Sala que lo argumentado, más allá de la relación de sus agremiados con el acto impugnado, evidentemente pretende demostrar que le perjudica igual que otras, al sustentar su legitimación como Cámara…” CO05/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:
NO APLICA.
V.- Razones distintas del Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López, con redacción del primero. En la especie, la parte promovente interpone esta acción de inconstitucionalidad contra la resolución n.º RJD-230-2015 denominada “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos luego de tramitarse el procedimiento administrativo n.º OT-161-2015. Tal resolución modifica el método para calcular el margen de operación, la forma de reconocer el costo de capital, analiza la inclusión de un diferencial de precios, incluye el rendimiento del capital invertido en proyectos industriales, entre otros puntos.
Al respecto y relacionado con la admisibilidad del sub iudice, concordamos con la Procuraduría General de la República en lo concerniente a la naturaleza jurídica de la resolución objeto de este proceso de constitucionalidad, toda vez que carece de alcance general, en la medida que está dirigida a un sujeto concreto y determinado, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), ente al que se le aplica la metodología aprobada en el expendio de sus productos. Como señala la Procuraduría, “su repercusión sobre los consumidores de combustibles, por tanto, es indirecta y sujeta a cada acto concreto de fijación tarifaria”. Asimismo, concordamos con el órgano asesor, en que la audiencia que antecede a este tipo de resolución es la regulada en el numeral 36 letra d) de la Ley de la ARESEP (n.° 7593 del 9 de agosto de 1996) y los ordinales 44 a 61 de su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 29732-MP del 16 de agosto de 2001), la cual es específica para la formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, por lo que no corresponde aplicar el artículo 361.2 de la LGAP, cuya audiencia se encuentra referida a proyectos de disposiciones generales.
CO05/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:
NO APLICA.
Res. n.°2020-020854 RAZONES DISTINTAS DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.
En el caso concreto me incliné por declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad, pero por razones distintas a las consignadas por la mayoría de este Tribunal.
La presente acción tenía por objeto examinar la alegada inconstitucionalidad de la resolución n.°RJD-230-2015 de las 15:10 hrs. del 15 de octubre de 2015 de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que estableció la metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final. Para efectos de la legitimación, el accionante, Presidente de la Asociación de la Cámara de Industrias de Costa Rica, afirmó actuar en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus miembros o asociados. Al respecto, textualmente indicó lo siguiente:
“En la especie mi representada se encuentra legitimada para incoar la presente acción de inconstitucionalidad, pues defiende los intereses corporativos y colectivos de sus miembros, es decir, de todos los empresarios que se dedican a la actividad industrial en nuestro país”.
Al requerir el informe a la Procuraduría General de la República (PGR), dicho órgano técnico consultivo se opuso a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación de la parte accionante. En lo conducente, realizó las siguientes consideraciones:
“El problema es que la Cámara actora al desarrollar su fundamentación invoca la afectación a los intereses económicos de otro tipo de consumidores (no únicamente el del sector productivo), caso de la población en pobreza y pobreza extrema, el sector hotelero y los restaurantes – que cuentan con sus propias organizaciones corporativas, como la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE) – e incluso, de órganos públicos, como el CONAVI (ver apartado IV, punto A, parágrafo 21 del escrito); respecto a los cuales, carecería de toda legitimación para poder representarlos y arrogarse la defensa de sus respectivos derechos.
Con lo cual, la legitimación basada en intereses corporativos a la que se ampara la recurrente resultaría insuficiente para promover esta acción; sin que se pueda alegar tampoco la existencia de intereses difusos basados en la defensa de los intereses de los consumidores en general (así admitido en las sentencias de esa Sala números 2001-05915, 2002-00850 y 2006-015489), pues no se identifica ninguna fijación tarifaria concreta en que se haya aplicado la metodología cuestionada”.
Para cotejar lo dicho por la PGR, en el sentido de que lo argumentado por el accionante no tiene relación únicamente con la cámara que representa, sino que pretende amparar una serie de intereses diversos, conviene citar en lo conducente los alegatos del propio accionante. A tales efectos, manifestó lo siguiente en el libelo de interposición de la acción:
“Los datos anteriores llevan a la conclusión que un incremento del gas tan alto como el que se produciría si se aplicare el nuevo modelo tarifario y una rebaja poco significativa en los combustibles (gasolina y diésel) como el que implicaría la aplicación del citado modelo, sería altamente regresivo, afectando significativamente a los hogares de la población en pobreza y pobreza extrema y favoreciendo a los hogares de mayores ingresos.
16.- En segundo lugar, el sector productivo que utiliza el bunker como combustible para sus actividades industriales se vería seriamente afectado, por cuanto sus costos de producción subirían de manera desproporcionada, lo que produciría, como resultado final, que por dejar de ser competitivos en el mercado internacional, tendrían que salir del mercado en contra de su voluntad.
17.- Para nadie es un secreto que el precio de los combustibles en Costa Rica es el más alto de Centroamérica, además de que en la mayoría de los países que compite industrialmente con nosotros, tales como Colombia, Perú, México, USA, utiliza el gas natural como combustible, el cual es sustancialmente más barato que el bunker. Justamente, como es público y notorio, esta es una de las razones por las cuales ha mermado la productividad nacional y algunas industrias han emigrado hacia países vecinos.
18.- Si se aumentaren los precios del bunker y del LP Gas conforme a la nueva metodología tarifaria aprobada por la ARESEP, prácticamente se estaría acabando con la capacidad exportadora de la industria nacional y muy pocas empresas podrían sobrevivir para abastecer el mercado interno. (…)
20.- Consecuencia de lo anterior, se aumentaría el desempleo al cerrar numerosas industrias que se verían en la imposibilidad de competir en el mercado internacional, dados los altos costos del bunker y del LP Gas que son necesarios para la manufactura de sus productos de exportación.
21.- En tercer lugar, el aumento del asfalto en un 15.64% elevaría sustancialmente los costos de operación del CONAVI, el cual, en lo sucesivo, tendría que construir menos carreteras y reparar menos vías públicas que en la actualidad. El déficit en infraestructura vial en vez de disminuir aumentaría significativamente. (…)
En efecto, el escaso beneficio que obtendrían los usuarios de la gasolina y del diesel, que sería únicamente del 2%, no es proporcional al perjuicio evidente que se causaría no sólo a los consumidores de LP Gas, bunker y asfalto, sino fundamentalmente al interés público, pues el aumento de precios en tales combustibles, como quedó demostrado supra, implicaría serios perjuicios para la industria nacional, el estado de nuestra infraestructura vial y los índices de desempleo. En suma, la aplicación de la metodología tarifaría en examen tendría serias consecuencias en los ámbitos productivo, económico y social, lo cual implica que el requisito de la proporcionalidad es inexistente”.
De la anterior transcripción se colige que lleva razón la PGR en sus apreciaciones, pues la fundamentación de la acción de inconstitucionalidad pretende girar en torno a la protección de los intereses de los “hogares de la población en pobreza y pobreza extrema”, “el sector productivo que utiliza el bunker como combustible para sus actividades industriales”, el sector exportador de la industria nacional; la incidencia en el desempleo, en “los costos de operación del CONAVI” y en el desarrollo de la infraestructura nacional. En suma, como lo refiere el propio accionante “la aplicación de la metodología tarifaría en examen tendría serias consecuencias en los ámbitos productivo, económico y social”. Asimismo, como bien apunta la PGR, el actor presentó un estudio técnico mediante el cual pretende demostrar los impactos de aplicar la metodología a los precios de los combustibles que importa y distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo no sólo en el sector industrial, sino en el sector hotelero y en los restaurantes, las sodas y consumidores a nivel residencial.
A partir de tal constatación, considero que lleva razón la PGR en sus reproches sobre la legitimación del accionante para interponer la presente acción de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, no existe consistencia entre la legitimación invocada y el objeto y la fundamentación de la acción de inconstitucionalidad, pues más que razonar una presunta afectación a la corporación que representa, se plantea una especie de acción popular, debido a que la regulación cuestionada tiene –según aduce– un efecto negativo en una serie de actores de la economía nacional. Así, examinados con detalle sus razonamientos, reitero, más se asimilan a una acción popular, figura que reiteradamente ha sido vetada por este Tribunal Constitucional. Recuérdese que esta Sala ha rechazado la admisibilidad de acciones de inconstitucionalidad cuando se “está en presencia de un presunto colectivo tan dilatado, impreciso y difuminado que, simplemente, se identifica con la comunidad nacional como un todo” afirmando lo siguiente:
“En efecto, de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción de inconstitucionalidad en esta materia, en las condiciones pretendidas por este, supondría –en definitiva- reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (ver sentencia No. 2016-000787 de las 9:05 hrs. del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución”. Ver sentencias n.°2016-005589 y n.°2019-021827.
De este modo, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés corporativo para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a toda la comunidad nacional, por cuestionarse una decisión que, según entienden, impacta en toda la economía. De manera que, en el caso concreto, la alegada legitimación basada en intereses corporativos es solo aparente. Por lo tanto, me inclino por desestimar la presente acción de inconstitucionalidad.
Anamari Garro V.
CO05/22 ... Ver más *CO* Res. Nº 2020020854 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Enrique Egloff Gerli, mayor, casado una vez, administrador de empresas, cédula de identidad N° 1-399-262, vecino de Escazú, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica; contra la Resolución N° RJD-230-2015 de las 15:10 horas del 15 de octubre de 2015, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Intervienen en el proceso la Procuraduría General de la República y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:43 horas del 2 de setiembre de 2016, la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución N° RJD-230-2015 de las 15:10 horas del 15 de octubre de 2015, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Se impugna por estimarla contraria a los intereses económicos de los consumidores, al derecho del empresario a obtener un lucro razonable y a no salir del mercado por razones ajenas a su voluntad, protegidos por los artículos 37 y 46, de la Constitución Política, así como al principio de razonabilidad constitucional. Explica que, mediante la resolución impugnada, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), aprobó la nueva metodología para las fijaciones tarifarias ordinarias y extraordinarias de los combustibles. Acota que, en el modelo anterior, se distribuían los costos fijos de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), así como de depreciación, planilla, costos asociados a trasiego y almacenamiento entre los combustibles, manteniendo una relación con el precio internacional, es decir, según los ingresos que le genera a RECOPE, cada combustible. Detalla que, la nueva metodología, al hacer una acumulación de costos que corresponden a cada combustible, pero sumar una asignación de una serie de costos fijos de RECOPE por litro de combustible, sin ninguna consideración del tipo -producto o subproducto- o valor -precio- del insumo que se trate, distorsiona, totalmente, el precio de combustibles, como el gas licuado de petróleo y búnker, alejándolo del precio internacional. Enfatiza que se distorsiona el mercado, al rebajar mínimamente la gasolina y el diésel, y aumentar de manera exorbitante los precios del LP Gas, el búnker y el asfalto. Destaca que, en el caso del LP Gas, se ha subido la inversión en capacidad de almacenamiento, lo cual agrava la situación. Señala que, la aplicación del nuevo modelo rebajaría en un 2% el precio actual de la gasolina y el diésel, en tanto subiría en un 72.16% el precio del LP Gas, en 35.2% el del búnker y en 15.64% el del asfalto. Sostiene que, el búnker y el gas son productos principales que se obtienen en el proceso de refinación. Desde su punto de vista, no puede aplicarse la asignación de costos igual entre los productos principales y los subproductos o sobrantes del proceso. Considera que la resolución impugnada es inconstitucional en sus efectos. Explica que el acto infringe los intereses económicos de los consumidores de LP Gas, lo que perjudicaría a núcleos importantes de la población y del sector productivo, tales como las personas de menores ingresos y el sector hotelero. Insiste en que un incremento del gas tan alto, y una rebaja poco significativa en los combustibles, como se produciría si se aplicara el nuevo modelo tarifario, sería regresivo y afectaría, significativamente, a los hogares de la población en pobreza y pobreza extrema, favoreciendo a los hogares de mayores ingresos. Puntualiza que el sector productivo utiliza el búnker como combustible, para sus actividades industriales, por lo que también se vería afectado, por cuanto los costos de producción subirían, desproporcionadamente, restándole competitividad al país en el mercado internacional, obligando a los empresarios a salir del mercado, en contra de su voluntad. Alegan que, si se aumentaran los precios del búnker y del LP Gas, conforme a la nueva metodología tarifaria aprobada por la ARESEP, se estaría acabando con la capacidad exportadora de la industria nacional y muy pocas empresas podrían sobrevivir para abastecer el mercado interno. Señala que con esto, RECOPE vería mermados sus ingresos al perder sus principales clientes industriales, razón por la cual tendría que cargar los costos a la gasolina y al diésel. Apunta que, como consecuencia de lo anterior, se aumentaría el desempleo al cerrar numerosas industrias, que se verían en la imposibilidad de competir en el mercado internacional; de la misma forma, el aumento del asfalto en un 15.64% elevaría los costos de operación del CONAVI, el cual tendría que construir menos carreteras y reparar menos vías públicas que en la actualidad. Subraya que el nuevo modelo tarifario de la ARESEP, vulnera el derecho del emprendedor a obtener un lucro razonable en el ejercicio de su actividad empresarial, así como el derecho del empresario a no salir del mercado por razones ajenas a su voluntad, como componentes del contenido esencial de la libertad de empresa. Con el alza de los precios -desde su punto de vista- ninguna empresa que utiliza esos combustibles como parte esencial de su producción industrial, podría subsistir en el mercado y mucho menos obtener un lucro. Agrega que la nueva metodología distribuye costos según volúmenes; es claro que por el gran volumen de consumo de la gasolina y el diésel, ambos combustibles logran un ahorro de menos del 2%, mientras que respecto de los productos de bajo volumen, entre estos el búnker y el LP Gas, los aumentos son enormes, pues no pueden diluir el alto costo fijo de RECOPE. Considera que también se vulnera el principio de razonabilidad constitucional, ya que, la nueva metodología no es necesaria, por cuanto si el acto no se hubiera emitido, los intereses públicos tampoco se hubieran visto lesionados; la eventual aplicación del modelo tarifario produciría graves dislocaciones en la paz social al generar el cierre de empresas y el aumento de desempleo. Estima que la nueva metodología tampoco es inidónea, pues existían otros mecanismos que en mejor manera solucionaban la necesidad existente, pudiendo algunos de estos cumplir con la finalidad propuesta, sin restringir el disfrute de los derechos fundamentales de los productores nacionales y de los consumidores de LP Gas. Si lo que pretendía la ARESEP, con la aplicación de la nueva metodología era reducir el precio de la gasolina y el diésel -según criterio del accionante- no tiene sentido hacerlo subiendo el costo de otros combustibles, que tienen un impacto directo en la economía y en el empleo. Finalmente, subraya que la nueva metodología no es proporcional, pues la finalidad perseguida por el nuevo modelo tarifario y el tipo de restricción que pretende imponer a los usuarios de LP Gas, bunker, y asfalto, es de entidad marcadamente superior, al beneficio que con esta se puede obtener en beneficio de la colectividad. Solicita a la Sala que acoja la acción de inconstitucionalidad planteada.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene de la existencia de intereses corporativos y colectivos -según lo dispone el párrafo segundo del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- por cuanto defiende intereses corporativos y colectivos de sus miembros, todos empresarios que se dedican a la actividad industrial en el país.
3.- Por resolución de las 15:00 horas del 16 de septiembre de 2016, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Regulador General de los Servicios Públicos.
4.- El señor Ricardo Vargas Vásquez, en su condición de Procurador General Adjunto, contestó la audiencia solicitada y señala que sin perjuicio del examen preliminar de admisibilidad que hizo la Presidencia del Tribunal al darle curso a esta acción, la Procuraduría, en su papel de asesor imparcial, estima necesario hacer un par de observaciones al respecto. La primera, relacionada con la naturaleza de la resolución impugnada, debido a que el recurrente lo considera un reglamento; lo que lo hace susceptible, por tanto, del control constitucional, conforme con el artículo 73, letra a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135 del 11 de octubre de 1989). La segunda, en torno a la legitimación de la Cámara accionante para reclamar posibles afectaciones de terceros de los que no ostenta representación mediante la interposición de esta acción.
Por lo que se refiere al primer aspecto, la Procuraduría expresa sus reservas de catalogar la Resolución N° RJD-230-2015 como un reglamento con arreglo a los artículos 120 y 121, de la Ley General de la Administración Pública. La razón básica es que carece de ese alcance general que le confiere la accionante, por cuanto sí va destinada a un sujeto concreto y determinado: la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), ente al que se le aplica la metodología aprobada en el expendio de sus productos. Su repercusión sobre los consumidores de combustibles, por tanto, es indirecta y sujeta a cada acto concreto de fijación tarifaria. Además, la audiencia a la que se hace alusión y que debe preceder este tipo de resoluciones no es la del artículo 361.2, de la Ley General de la Administración Pública, para la elaboración de disposiciones de carácter general, sino la específica para la formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, que contempla el artículo 36, letra d), de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (N° 7593 del 9 de agosto de 1996) y los artículos 44 a 61, de su reglamento (Decreto Ejecutivo N° 29732-MP del 16 de agosto de 2001). Por lo expuesto, se considera que la acción de inconstitucionalidad no es la vía adecuada para conocer acerca de la validez constitucional de la resolución N° RJD-230-2015 de acuerdo con el artículo 73, de la Ley de esta Jurisdicción, a lo sumo por la vía de amparo y respecto a cada fijación de precios de combustibles concreta; más allá, de que este órgano asesor estime – como se explicará más adelante – que nos encontramos ante un asunto de estricta legalidad.
En cuanto al segundo reparo de admisibilidad, de forma expresa la accionante sustenta su legitimidad en la “defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus miembros o asociados”, lo que se corresponde, dicho sea de paso, con su fin social, según la personería que adjuntan, a saber: “ASOCIAR CON SUJECCIÓN DE LAS LEYES Y A LOS ESTATUTOS A QUIENES DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES INDUSTRIALES”. Además, fue en estos términos que se aceptó por esa Sala Constitucional la legitimación de la demandante, cuando le dio curso a la acción, por ostentar un “interés corporativo”. El problema es que la Cámara actora al desarrollar su fundamentación invoca la afectación a los intereses económicos de otro tipo de consumidores (no únicamente el del sector productivo), caso de la población en pobreza y pobreza extrema, el sector hotelero y los restaurantes -que cuentan con sus propias organizaciones corporativas, como la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE)- e incluso, de órganos públicos, como el CONAVI (ver apartado IV, punto A, parágrafo 21 del escrito); respecto a los cuales, carecería de toda legitimación para poder representarlos y arrogarse la defensa de sus respectivos derechos. Con lo cual, la legitimación basada en intereses corporativos a la que se ampara la recurrente resultaría insuficiente para promover esta acción; sin que se pueda alegar tampoco la existencia de intereses difusos basados en la defensa de los intereses de los consumidores en general (así admitido en las sentencias de esa Sala N°s 2001-05915, 2002-00850 y 2006-015489), pues no se identifica ninguna fijación tarifaria concreta en que se haya aplicado la metodología cuestionada. Sin perjuicio de ello, en el evento de que los señores Magistrados no lo estimen así, se procede a continuación al análisis por el fondo del acto cuestionado, según conduce a considerarlo como un problema de orden legal y no constitucional.
Sobre el fondo de los alegatos, la Procuraduría General de la República, los aborda de la siguiente manera:
A. Cuestionamiento hacia los efectos reales de la metodología tarifaria cuestionada que se tachan de inconstitucionales ante la existencia del Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE que oficializa la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica.
La Cámara accionante advierte desde un inicio (apartado III, parágrafos 5 y 6) que el texto de la resolución N° RJD-230-2015 “en sí no es inconstitucional”, con lo cual, no le es posible señalar disposiciones concretas que resulten contrarias al Derecho de la Constitución, su invalidez radicaría en su aplicación, por lo que la infracción constitucional derivaría de sus efectos en los términos del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No se precisan actos concretos de fijación de los precios de los combustibles en los que se implemente la metodología cuestionada, lo que hace dudar de la virtualidad práctica de esta acción, es decir, que la resolución N° RJD-230-2015 realmente esté generando un efecto que altere el orden constitucional tal como se argumenta, reconduciéndonos más bien, a un mero ejercicio académico o hipotético; máxime, cuando el propio accionante habla de una “eventual aplicación de la metodología tarifaria” (parágrafo 12, acápite C, apartado IV de su escrito, el destacado no es del original).
La duda se hace mayor a partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE, del 12 de enero de 2016, publicado en el Alcance N° 4 a La Gaceta N° 8, del 13 de enero del año en curso, que declara de interés público la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica (artículo 1), ya que a nuestro entender vino a neutralizar los efectos de la resolución N° RJD-230-2015. Efectivamente, el principal cuestionamiento a la resolución recurrida es que genera un efecto distorsionador en el mercado de los combustibles, pues logra una rebaja mínima en la gasolina y el diésel a costa de aumentar de forma significativa los precios del gas licuado de petróleo (GLP), del bunker y del asfalto.
Sucede que, de acuerdo con el modelo de gestión que se oficializa a través del referido decreto N° 39437-MINAE (artículo 3), los precios de venta plantel que realice la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. de GLP, bunker, asfalto y emulsión asfáltica deben guardar una relación con el precio internacional para el período 2008-2015. De presentarse diferencias respecto del precio plantel fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se “trasladan” al precio de venta plantel del resto de productos que venda la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Lo que implica que la diferencia de precios es asumida por quienes adquieran esos otros combustibles en los planteles de Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Como la propia Política indica, hay un traslado de la diferencia que llegare a producirse con los precios internacionales. Este modelo de gestión se instrumenta en el “4-Modelo de gestión”. El Decreto N° 39437-MINAE considera la necesidad de emitir una política pública efectiva en el área energética, que sea compatible con el desarrollo equilibrado del ambiente y que permita la eficiencia energética, la reducción, la diversificación de la matriz energética -ampliando la participación del GLP- pero también la disminución de brechas sociales y el fomento de la competitividad nacional. De igual forma, valora la necesidad de emitir políticas que concreticen el VII Plan Nacional de Energía 2015-2020, a efecto de que se garantice que los precios de los combustibles sean eficientes y coadyuven a la competitividad del país (al respecto, se puede ver la OJ-104-2016, de 5 de setiembre, de la Procuraduría). Dentro de ese marco y considerando que si bien la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no se sujeta a lineamientos del Poder Ejecutivo, sí está sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo, se emite esta Política Sectorial con el objetivo, según su artículo 2, de servir como “marco orientador para lograr que los precios de venta de Gas Licuado de Petróleo, Bunker, Asfalto, Emulsión Asfáltica a partir del 2016 tengan una relación con respecto al precio internacional similar a la vigente en el período 2008-2015, en el tanto no exista disponibilidad de combustibles alternativos más limpios a precios competitivos y no haya capacidad de suministro de los mismos a nivel nacional.” (El subrayado es propio).
Lo relevante, en lo que a esta acción se refiere, es que la implementación de la política sectorial contenida en el decreto N° 39437-MINAE, supondría, en principio, una reversión de las consecuencias negativas que se esperan de aplicar el modelo tarifario de la resolución N° RJD-230-2015, pues el posible incremento exponencial en los precios del GLP, bunker, asfalto y emulsión asfáltica en relación con los precios relativos a nivel internacional se estarían compensando a través del precio de venta en plantel del resto de productos que venda la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (entre ellos, la gasolina y el diésel), cuya diferencia estaría trasladando a quienes adquieran estos otros combustibles. Según se explica en la parte introductoria de la citada política:
“La política de Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), Bunker, Asfalto y Emulsión Asfáltica como complemento a la política energética nacional expresada en el "VII Plan Nacional de Energía 2015-2030", establece las condiciones para la fijación del precio final de estos productos, con el fin de apoyar por un lado la competitividad del sector industrial que utiliza en sus procesos, el bunker y el GLP, de forma que genere empleo y contribuyan de forma efectiva a la reducción de la pobreza, y la protección del ambiente. Por otra parte regulando el precio del asfalto y emulsión asfáltica se busca que el costo de la construcción de carreteras no sufra incrementos abruptos que impacten el desarrollo de la red vial del país, y su consecuente impacto en los programas de los demás sectores que impulsan el desarrollo nacional. Busca también armonizar los intereses del consumidor, la industria y el modelo de producción que se desea implementar” (El subrayado no es del original).
En definitiva, si lo que se cuestiona ante esa Sala son los posibles efectos de aplicar la metodología aprobada en la resolución N° RJD-230-2015, la ulterior promulgación del Decreto N° 39437-MINAE que parece contrarrestarlos, plantea la duda de si realmente nos encontremos ante una afectación real sobre los intereses que representa la accionante, susceptible de ser catalogada, además, de inconstitucional; ya que, como se explicará de seguido, el cuestionamiento general en torno a un determinado modelo tarifario, inevitablemente lleva a tener que valorar con prueba técnica los elementos usados en su fórmula de fijación de precios, reconduciendo así la discusión al plano de la legalidad ordinaria.
B. A tono con la línea jurisprudencial de esa Sala Constitucional el examen de una metodología tarifaria, por sus aspectos técnicos de naturaleza económica, supone un problema de legalidad, no de constitucionalidad.
La acción bajo estudio no se limita a analizar los posibles efectos de la metodología aprobada por la resolución N° RJD-230-2015, cuestiona también, ciertos aspectos técnicos de su formulación, como cuando señala que: “La nueva metodología, al hacer una acumulación de costos que corresponden a cada combustible, pero sumar una asignación de una serie de costos fijos de RECOPE por litro de combustible, sin ninguna consideración del tipo – producto o subproducto – o valor – precio – de combustible de que se trate, distorsiona, totalmente, el precio de combustibles, como el gas licuado de petróleo y búnker, alejándolo del precio internacional (un 60% al búnker y un 140% el LPG). Además de distorsionar el mercado al rebajar mínimamente la gasolina y el diesel y aumentar de manera exorbitante los precios del LP Gas, el búnker y el asfalto. En el caso del LP Gas, se ha subido la inversión en capacidad de almacenamiento, lo cual agrava la situación de esos dos combustibles” (apartado III, parágrafo 2). Más adelante, también se advierte que “la nueva metodología distribuye costos según volúmenes. Por ello, es claro que por el gran volumen de consumo de la gasolina y el diésel ambos combustibles logran un ahorro de menos del 2%, mientras que respecto de los productos de bajo volumen, entre ellos el bunker y LP Gas, los aumentos son enormes, pues no puede diluir el alto costo fijo de Recope” (apartado IV, letra C, parágrafo 5 del escrito). Por otra parte, las argumentaciones del escrito de la acción se buscan fundamentar con la aportación de un estudio técnico denominado “Impactos de aplicar la metodología a los precios de los combustibles que importa y distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo. RJD-230-2015 según Expediente Tarifario ET-126-2015”, de cuya lectura se desprende que aun cuando el modelo tarifario no afecta el equilibrio financiero de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., objeta la sustitución de un margen porcentual de operación (factor k relativo), presente en el modelo anterior aprobado por la resolución N° RRG-9233-2008 del 11 de noviembre de 2008, por un margen de operación absoluto (factor K absoluto) en la respectiva fórmula.
No es labor de la Procuraduría entrar a un examen de este tipo de aspectos técnicos de naturaleza económica, pues su función es servir de asesor imparcial a esa Sala en el análisis estricto de constitucionalidad de los actos cuestionados; a lo sumo, será el Regulador General quien justifique o explique con criterios económicos la metodología tarifaria aprobada. Sin embargo, tampoco nos parece que ésta sea la sede jurisdiccional para abordar una discusión de esa índole. Ciertamente, la línea jurisprudencial de ese alto Tribunal ha admitido el ofrecimiento de prueba en cuanto a que resulta necesario contar con algún elemento de juicio o de contraste que sirva para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de una disposición normativa cuando la desproporción que se alega no resulta evidente, pues de lo contrario, su validez constitucional se haría depender de una apreciación subjetiva o juicio de valor del accionante. En ese sentido, cita el Voto N°1999-05236 de las 14:00 horas del 7 de julio de 1999. No obstante, el estudio que se aporta para sustentar las argumentaciones del accionante excede, en nuestra opinión, los alcances del análisis propio de constitucionalidad, pues incorpora un margen de opinabilidad o apreciación profesional que debería ser contrastado con prueba de la misma naturaleza técnica; es decir, mediante un contradictorio, cuya sede natural es la jurisdicción ordinaria en ejercicio del control de legalidad.
En esta línea encontramos la Sentencia N° 2004-07611 de las 14:52 horas del 14 de julio de 2004 de esa Sala Constitucional, en la que se dijo: “No corresponde a esta Sala hacer la evaluación de los elementos que deben tenerse en consideración para la determinación de la tarifa por servicios portuarios, para lo cual, existe un ente público especializado (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), ante quien deberán realizarse las gestiones correspondiente; y en caso de discordancia, en la vía ordinaria; motivo por el cual, procede el rechazo de plano de la acción”. (El subrayado es propio). De igual forma, ese alto Tribunal determinó en la sentencia N° 2005-17428 de las 17:33 horas del 20 de diciembre del 2005, que aun cuando no desconoce el impacto que una fijación de precios en un servicio público básico puede tener para la población, en particular, la de menores recursos, los aspectos técnicos de cada fijación es materia de mera legalidad no revisable en sede constitucional y es en la jurisdicción ordinaria donde deben ser revisados este tipo de distorsiones.
Coincidimos con el razonamiento anterior en que una acción de esta naturaleza, que involucra la valoración de aspectos de naturaleza técnica- como lo es la formulación de una metodología tarifaria- concierne a un problema de estricta legalidad. Máxime, cuando se pide ponderar los intereses de un grupo de consumidores (los de GLP, bunker, asfalto), no todos ellos, insistimos, debidamente representados por la Cámara accionante, versus los intereses de otro grupo no menos relevante de consumidores, como son los de la gasolina y el diésel, sin que se tenga claridad -por lo menos de la documentación que consta en el expediente N° 16-011878-0007-CO- de la posición que tengan al respecto o de sus manifestaciones durante la celebración de la audiencia pública del artículo 36, de la Ley N° 7593, en caso de que hayan participado en ésta. Obsérvese, que los precios del diésel también pueden incidir en los estratos más pobres de la población, al ser éste el combustible que se utiliza en el servicio de transporte público y cuyo costo se refleja en la respectiva tarifa del bus.
Desde esta perspectiva, no se puede tener por infringido el artículo 46 de la Constitución Política, en lo que a los intereses de los consumidores se refiere, no solo porque la demandante carece de legitimación para representarlos a todos ellos, sino también, cuando al amparo de la misma norma, otro sector del público consumidor recibe tutela de sus intereses, en principio contrapuestos a los representados por la recurrente, ya que una eventual anulación de la resolución N° RJD-230-2015 supondría -según el razonamiento de esta acción- un incremento en los precios del diésel y la gasolina.
Por lo que se refiere a la alegada violación a la libertad de la empresa, que la recurrente entiende se daría cuando se le impide al emprendedor obtener un lucro razonable en el ejercicio de su actividad empresarial o se ve obligado a salir del mercado por razones ajenas a su voluntad, lo que sucedería con motivo del encarecimiento del bunker y del GLP, al ser usados como materia prima en la producción industrial, restándoles competitividad y eficiencia a las empresas instaladas en el país, debemos recordar primero los alcances de este derecho fundamental. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha señalado que las “tres vertientes imprescindibles” de esta libertad, son la libertad de contratación, la libertad de inversión y la libertad de organización (STC 112/2006). También afirmó que “si la Constitución garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad «en libertad», ello entraña en el marco de una economía de mercado, donde este derecho opera como garantía institucional, el reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no solo para crear empresas y, por tanto, para actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado” (STC 225/1993, de 8 de julio). En términos similares, esa Sala Constitucional se pronunció en la Sentencia N° 2006-14642 de las 14:43 horas del 4 de octubre del 2006, acerca de los alcances de dicho derecho consagrado en el artículo 46 Constitucional.
A la vista de ese contenido esencial que se predica de la libertad de empresa por las citas jurisprudenciales transcritas, no hallamos que la metodología aprobada por la resolución N° RJD-230-2015 restrinja o incida directamente en alguna de sus vertientes imprescindibles. Reconocerlo así, tal como se alega por la recurrente, implicaría darle a la resolución dicha un efecto expropiatorio o confiscatorio -al obtener un menor lucro o ninguno- que no se deduce fehacientemente de la prueba técnica que adjuntan; como tampoco la agravación a los problemas de competitividad que se invocan, cuya atención en todo caso, requiere de un enfoque estatal a nivel de política pública, que va más allá de la adopción de un modelo tarifario determinado.
Por último, siendo coherentes con lo expuesto líneas atrás, respecto a que la resolución impugnada exige el examen de aspectos técnicos propios de una metodología tarifaria, su proporcionalidad o razonabilidad tampoco pueden ser examinadas por la jurisdicción constitucional, sino por los tribunales ordinarios, en donde se pueda abordar, discutir y contrastar a profundidad el estudio que se aporta como elemento de juicio, para determinar si realmente los efectos que se le atribuyen al modelo tarifario en cuestión resultan desproporcionados e irrazonables para un determinado sector de los consumidores.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, es criterio de la Procuraduría que: 1) La acción de inconstitucionalidad presenta problemas de admisibilidad, tanto por lo que se refiere a su objeto -pues el acto recurrido no es una disposición general o reglamentaria-, como a la legitimación de la accionante, al reclamar la defensa de intereses de terceros (ajenos al sector industrial) de los que no ostenta su representación. 2) Se duda de la virtualidad práctica de la acción ante la existencia del Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE, que oficializa la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, pues a nuestro entender su promulgación vino a neutralizar los efectos de la resolución N° RJD-230-2015. 3) El examen de la metodología tarifaria aprobada por la resolución N° RJD-230-2015, al involucrar aspectos técnicos de naturaleza económica, constituye un problema de mera legalidad, no de constitucionalidad.
5.- La señora María Gabriela Montes de Oca Rodríguez, en su condición de Gerente General con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., se apersona para manifestar que solicita a la Sala ser tenida como coadyuvante en el presente acción de inconstitucionalidad y manifiesta, que la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. presenta, mensualmente, un estudio extraordinario respecto a los precios a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que le permiten actualizar los precios internos de acuerdo a la evolución del tipo de cambio y el precio internacional de los combustibles- los precios del combustible podrían ir al alza o baja-; por lo que, en octubre de 2016, la Refinadora Costarricense de Petróleo presentó la solicitud de variación extraordinaria de precios para estaciones de servicio y se constató que todos los precios disminuyeron, excepto el kerosene. Señala que, al no aplicarse la metodología impugnada, el precio que debe bajar para octubre no lo hará y se generaría un perjuicio al consumidor- perjuicio que podría reclamar-. Expone, que los cambios mensuales de los precios tienen un efecto importante respecto a los consumidores e igualmente sucedería con la no variación de los precios por mucho tiempo -repercusión al no aplicarse la metodología actual para la fijación de precios, que derivaría en una acumulación de las variaciones-. Advierte que, mediante el Decreto Ejecutivo N° 39829-H (publicado en La Gaceta N°146, 29 de julio de 2016), se actualizó el monto del impuesto único de los combustibles- monto que se actualiza cada tres meses- debido a la inflación, por lo que, al suspender la fijación de los precios, no se contemplarían las actualizaciones- lo que afectaría los ingresos para el Ministerio de Hacienda (incrementando el déficit fiscal del país) y se profundizaría el desajuste con los precios del mercado internacional (ya que se mantendría la constancia en los precios locales)-; por lo anterior, se debe dar continuidad a la fijación de los precios ya sea con la RJD-230-2015 (mientras la Sala Constitucional la analiza) o bien que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aplique cualquier otro mecanismo que, en el marco de sus competencias, considere adecuado para evitar la paralización de las fijaciones tarifarias y con ello los perjuicios para su representada y el resto del país. Explica, que la eliminación para presentar solicitudes de fijaciones ordinarias o extraordinarias atenta contra los principios de equilibrio financiero y servicio al costo tal, puesto que, dadas las características propias del mercado internacional de los precios de los de hidrocarburos- de alta volatilidad al alza y con un tipo de cambio creciente respecto al dólar- se encarecerían las importaciones, y además, dependiendo de la severidad en la afectación del flujo de caja de su representada, se podría comprometer el abastecimiento de los hidrocarburos para el país- afectando incluso los intereses gubernamentales en materia de competitividad-. Añade, que los ajustes del impuesto único de los combustibles se trasladan vía resolución de precios a las tarifas, por lo que se requieren las fijaciones de precios para realizar dicho traslado; de lo contrario, el ente tendría que retener un mayor impuesto que no ha sido trasladado vía resolución de precios. Apunta que, ante la posible afectación al equilibrio financiero del ente, se repercuten los covenants con las entidades financieras acreedoras (Corporación Andina de Fomento y BNP Paribas/Société Générale) ya que, partiendo de los principios de buena fe y confianza, un banco hace un préstamo confiando no solo que se dará el pago puntual de las obligaciones, sino que el prestatario se ajustará a los parámetros que se comprometió a cumplir. Indica que, ante la falta de fijación del precio- por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos-, de interrumpirse o disminuirse el volumen de importación debido al desequilibrio financiero de su representada, siendo los productos más afectados: las gasolinas Súper y Plus 91, el Diésel 50 y el GLP- productos con los que se cuenta menor número de días de inventario de ventas, debido a su alto consumo-; el suministro de jet fuel (combustible para aviones jet), ya que el ente ha de informar a la Dirección General de Aviación Civil que se dejaría de suministrar el combustible a las aerolíneas, y se expondría a este órgano a demandas por retrasos de vuelos y los costos millonarios que estos implican- sin mencionar el daño a la imagen para la Refinadora Costarricense de Petróleo y del país a nivel internacional, corriéndose el riesgo de perder mercado y/o rutas aéreas por la inestabilidad en el suministro de combustible-; el fuel oil (o bunker), ampliamente utilizado por el sector industrial, y que, en caso de que su representada no logre realizar las importaciones requeridas por la demanda nacional, se podría producir el cierre de algunas industrias que utilizan este combustible para sus procesos productivos; las importaciones de asfalto en donde, si no se tuvieran los recursos para realizarlas en volumen y tiempo requerido, las compañías constructoras se verían obligadas a detener los proyectos constructivos y de mantenimiento- por lo que probablemente demandarían al Estado y su representada por falta de producto-; y en cuanto al Av Gas, de no realizarse una fijación tarifaria de este producto, se estaría poniendo en peligro su abastecimiento a nivel nacional- tomando en cuenta que este es un producto necesario para algunas avionetas y helicópteros para brindar servicios de aviación o incluso para utilizarlos en situaciones de emergencia (atender catástrofes naturales, incursionar en zonas de acceso dificultoso, o poder llevar alimentos y recursos a los habitantes de estos sitios). Recalca que, por lo anterior, se afectaría directamente el interés público que implica la actividad realizada por el ente; además que, con la suspensión de las fijaciones tarifarias (ordinarias y extraordinarias) y el desequilibrio financiero de su representada, se verían obligados a adquirir productos con especificaciones de calidad menores (azufre, plomo) que vendrán a afectar en gran medida a los consumidores en general (industria, flota vehicular, hospitales, comercio…) con los consecuentes perjuicios económicos que esto conlleva. Refiere, que cualquier cambio que involucre la interrupción del proceso de importación o merma en el volumen debería ser a partir de diciembre 2016, porque el ente tiene contratos vigentes para el suministro de producto que debe respetar y que, de lo contrario, se expondría a demandas por parte de los proveedores internacionales por sumas millonarias ante el incumplimiento contractual- situación que puede perjudicar la buena imagen del ente, ya que se vería forzada a solicitar préstamos a entidades financieras o no pagar a tiempo-. Alude, que entre los meses de diciembre y febrero se experimenta un alto oleaje y corrientes adversas en el Puerto de Moín- lo que afecta el atraque y descarga de los barcos mediante los cuales se importan los productos-; por lo anterior, el ente ha optado por incrementar el volumen de las importaciones durante el mes de noviembre con el fin de los tanques, hasta donde el almacenamiento lo permita, para tener más producto de reserva y disminuir la importación de cargamentos durante la época de oleaje- evitando así costos por demora en el atraque de los buques y un eventual desabastecimiento del producto. Menciona que, continuando con lo anterior, si hubiera que disminuir el volumen importado por falta de liquidez financiera sería necesario escoger entre estas tres medidas: 1) Desaprovechar la capacidad máxima de los barcos y traerlos parcialmente llenos- involucraría un costo adicional por flete muerto (volumen no utilizado en los barcos en los que se importa el producto) y además un incumplimiento contractual por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo; 2) Importar los productos en barcos más pequeños- cuyo costo adicional es alrededor de tres punto cinco dólares el barril; 3) Bajar los niveles de inventarios y traer los embarques más espaciados- se incrementa el riesgo de desabastecimiento, sobre todo, en los productos con menos capacidad de almacenamiento como el GLP, gasolina Súper, y gasolina Plus 19; las dos primeras medidas no son viables puesto que, para lograr atender la demanda nacional, se tendrían que importar muchos barcos con producto- provocando congestión portuaria con una alta probabilidad de incrementar los costos por demoras, gastos portuarios y por servicios de inspección independiente. Subraya que, a partir del 2017, el ente tiene el compromiso ambiental de importar combustibles más limpios adecuándose a las normas INTECO, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Energía; y estas nuevas especificaciones de calidad son más estrictas que las actuales- implicando en un costo mayor de importación y por tanto, una mayor erogación de recursos financieros para el ente-. Arguye que, un alza en el precio internacional de los hidrocarburos, encarecerá el costo de las importaciones para la Refinadora Costarricense de Petróleo; además, un encarecimiento de la factura petrolera debe ser trasladado al precio rápidamente, esto para que: los consumidores tengan una señal clara del costo del producto y hagan uso racional de este; y también para que la empresa pueda recuperar, vía precio, los recursos que requiere para la compra de esos combustibles y así no caer en un desequilibrio financiero al estar pagando facturas altas y manteniendo precios constantes a nivel local, porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no le fija nuevos precios- y al darse atrasos en la fijación de precios, el efecto de estos se acumula y son los consumidores quienes se van a ver afectados por incrementos en el precio-. Solicita se revoque la suspensión respecto a la fijación de los precios de los combustibles- sustentada en la Resolución RJD-230-2015-, para que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos pueda aplicar el modelo tarifario de los derivados de hidrocarburos, y en su defecto, solicita contra cautela que se considere justa y razonable respecto a los intereses públicos y colectivos.
6.- El señor Roberto Jiménez Gómez, en su condición de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, manifiesta que la acción adolece de la imprecisión y ausencia de prueba de los argumentos de la parte accionante, simplemente porque teoriza que la resolución RJD-230-2015 provocará los efectos que indica en el sector industrial que hace uso de los productos LP Gas, búnker y asfalto, y que a su vez el sector consumidor también, con la entrada en vigencia de dicha metodología, pero sin rigor técnico demuestra la potencialidad cierta de esos efecto. Además, considera que se trata de una discusión de legalidad, que debe ser conocida en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Argumenta, que la acción interpuesta por la accionante consta de cuatro apartados: 1) En cuanto a la naturaleza jurídica de Resolución RJD- 230-2015 (“Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”), al considerar que es un reglamento técnico con alcance normativo y no una resolución administrativa- sin embargo, de acuerdo a la accionada, dicho acto administrativo es el acto final del procedimiento administrativo OT-161-2015, por lo que su denominación correcta es la de “resolución”-; 2) Respecto a la legitimación procesal, la accionante esgrime un “interés corporativo y colectivo” (al tenor del numeral 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); sin embargo, para a la accionada, de la interposición no se puede concluir que el objeto y patrimonio de la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica esté directa o indirectamente relacionado con la pretensión de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma impugnada y que al habilitar a la accionante para interponer procesos como este, en cierto modo, se estaría abriendo un portillo como si el sistema constitucional costarricense se rigiera por lo que la doctrina ha denominado: “acción popular”; 3) La actora esgrime que la Resolución RJD- 230-2015 genera varios problemas: a) la nueva metodología hace una acumulación de costos fijos de la Refinadora Costarricense de Petróleo por litro de combustible, sin lo que se llama “consideración del tipo-producto o subproducto- o valor-precio- de combustible que se trate” ocasionando una distorsión el precio del gas licuado de petróleo y búnker, además de alejarlo de los precios internacionales- hay distorsión respecto al mercado, porque establece un rebajo mínimo a la gasolina y el diésel y aumenta los precios del LP Gas, el búnker y el asfalto; b) con la aplicación del nuevo modelo se rebajaría en un dos por ciento (2%) el precio actual de la gasolina y el diésel, pero se aumentaría en un setenta y dos punto dieciséis por ciento (72.16%) del LP Gas, en treinta y cinco punto treinta y dos por ciento (35.32 %) el búnker y en quince punto sesenta y cuatro por ciento (15.64 %) el asfalto; y c) que al ser el búnker y el gas subproductos, estos, en una refinería, tienen precios distintos a los productos principales, por lo que no puede aplicarse la asignación de costos equiparando productos principales y subproductos; 4) la accionada estima tres vicios de inconstitucionalidad en la norma impugnada: 1. Violación al derecho fundamental de protección de los derechos de los consumidores (artículo 46 Constitucional), esto debido a que: a) el aumento del LP Gas (gas licuado de petróleo) perjudicaría a las personas de menos ingresos, sector hotelero y de “restauración”, puesto que son quienes más consumen dicho hidrocarburo- además, basándose en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013 y 2014, consideran que, con el nuevo modelo tarifario, un incremento “tan alto” del gas y una rebaja poco significativa en la gasolina y diésel, afectaría a los hogares de la población en pobreza y pobreza extrema, pero favorecería a los hogares de mayores ingresos; b) el aumento en los precios del LP Gas y el búnker estaría acabando con la capacidad exportadora de la industria nacional y muy pocas empresas subsistirían para abastecer el mercado interno y además, dicho aumento produciría un “efecto dominó” en donde la Refinadora Costarricense de Petróleo vería mermados sus ingresos al perder los clientes industriales, teniendo que cargar tales costos a la gasolina y el diésel, aumentando los precios de ambos productos y produciendo desempleo al cerrar industrias que no podrían competir en el mercado internacional; c) el aumento del asfalto en un quince punto sesenta y cuatro por ciento (15.64 %), elevaría sustancialmente los costos del Consejo Nacional de Vialidad y con esto se construirían y repararían menos carreteras- por lo que el déficit en infraestructura pública aumentaría-; 2. Violación al derecho fundamental de la libertad de empresa (artículo 46 constitucional), ya que al subir el precio del búnker y el LP Gas las empresas que lo emplean en la producción industrial serían menos eficientes o totalmente ineficientes, quebrantándose el derecho a un lucro razonable y viéndose perjudicadas al punto de salir del mercado; 3. Violación al principio de razonabilidad, lo explica en tres aspectos: a) la nueva metodología no es necesaria, puesto que aún con la rebaja en la gasolina y el diésel, en nuestro país los combustibles siguen siendo más caros en toda la región, mientras que con el aumento del búnker, LP Gas y el asfalto se generaría un efecto negativo en la economía y el empleo, siendo que la no emisión, por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, trae como resultado la ausencia de lesión en los intereses públicos; b) la nueva metodología es inidónea, ya que existían otros mecanismos que solucionaban de mejor manera la necesidad existente- dice la accionada, que no se indican cuáles son los mecanismos más idóneos y que le mecanismo empleado por su representada se adecúa al artículo 36, de la Ley N° 7593-; c) la nueva metodología no es proporcional, porque la finalidad de su promulgación y la restricción que pretende imponer- sin embargo, dice la accionada que la metodología no impone alguna restricción al sector industrial, sino que pretende transparentar los costos incurridos por la Refinadora Costarricense de Petróleo asignándolos tarifariamente a cada producto que expende- a los usuarios de LP Gas, búnker y asfalto es superior al beneficio para la colectividad- sobre todo, el beneficio para las usuarios de la gasolina y el diésel no es proporcional respecto a los perjuicios para los usuarios de LP Gas, búnker y asfalto-. Explica, que procederá a contestar los alegatos esgrimidos por la accionante con los nueve apartados siguientes: a) Los precios no son excesivos o desproporcionados ya que, por la lógica de la nueva metodología, el objetivo fundamental y sobre el cual debe girar un proceso de regulación eficiente y ajustado al principio de servicio al costo, es que cada producto tenga un precio en el mercado doméstico (nacional) que refleje el precio de referencia internacional (el precio al que se comercia ese producto en los mercados internacionales), más los costos propios de todas las otras actividades domésticas (propias del mercado nacional) necesarias para que ese producto pueda llegar a los puntos donde el consumidor los pueda o deba obtener- no se trata de una metodología diseñada para bajar o subir tarifas, sino para ajustarlas como en técnica regulatoria corresponde, por lo que si un producto resulta con una rebaja de precios, es porque estaba sufragando o pagando montos que no correspondían, mientras que si otro producto debe pagar un precio sustancialmente mayor al vigente, antes del cambio metodológico, es porque no estaba atendiendo a la totalidad o buena parte de ella, de los costos necesarios para que ese cliente o usuario reciba el producto; b) Las fijaciones de los precios de los combustibles, por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios, no son caprichosas o discrecionales y más bien se ajustan a los principios elementales de la ciencia y la técnica y a la Ley N° 7593 (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios)- además, desde el año 2008 se ha utilizado la metodología de precios de referencia internacional, más los costos necesarios para poner los productos en el punto que el usuario los necesita, y durante este periodo (2008 a la fecha), ha habido incrementos en los precios de los productos que expende la Refinadora Costarricense de Petróleo en un cien por ciento e incluso más, sin tener por demostrado que estos cambios hayan provocado que consumidores o empresarios hayan sido expulsados del mercado o haya habido afectaciones económicas para ambos sectores; c) En el caso del combustible búnker para cargarlo o descargarlos se requiere su calentamiento, mientras que con el LP Gas necesita inversión en capacidad de almacenamiento, por lo que, en los casos anteriores, el manejo es distinto respecto a la gasolina y el diésel, y por lo tanto, los costos son diversos entre los productos- siendo así, la parte actora se contradice puesto que recriminan la asignación de costos por cada combustible, pero admiten que el búnker y el LP Gas requieren de un procesamiento diferenciado por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo; d) La regulación económica, implementada por la Autoridad Reguladora de los Servicios, nunca tiene por objetivo establecer de antemano parámetros para la reducción o aumento de precios o tarifas, y que, más bien, los precios y tarifas se fijan con base al principio del servicio al costo y al de equilibrio financiero del prestador, garantizando una remuneración justa para el operador o prestador del servicio público de que se trate, y a su vez, protegiendo los derechos del usuario o consumidor del servicio, a efecto de que pague no solo un precio justo por el servicio, sino también para que reciba un servicio de calidad; e) Para efectos del mercado doméstico, la posible diferencia del precio de los productos o los sub productos no es relevante, ya que el país es simple tomador del precio de mercado internacional y se importa el cien por ciento como productos finales (no se refina)- los costos que se incorporan dentro del margen de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo, no guardan relación alguna con los costos de refinación de los productos, ya que, como se reitera, responden a los costos de: importación, almacenamiento, trasiego, y distribución de productos terminados en planteles; f) La Refinadora Costarricense de Petróleo declara, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus estados financieros con la asignación de los costos asociados a cada producto en donde, para efecto del cálculo tarifario, los denominados costos comunes o indirectos ( no es posible fraccionar o separar dicho costo y asignarlo a un solo producto) se distribuyen según el volumen de ventas de cada producto, mientras que los costos directos se encuentran debidamente asignados a cada producto; g) La actora esgrime que, aún con la rebaja implementada por la nueva metodología, la gasolina y el diésel siguen siendo más caros- sin embargo, no indican región o país para comparar y por lo tanto, resulta ser una simple afirmación-; h) No hay violación a los principios de razonabilidad o proporcionalidad de acuerdo a lo siguiente: 1. El acto administrativo impugnado requiere de un procedimiento agravado para su promulgación (artículo 36, Ley N°7593) y no constituye un ejercicio arbitrario de las potestades públicas que le fueron asignadas por la Ley que creó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; 2. El mecanismo de regulación escogido no es irrazonable, puesto que es la única forma legalmente establecida para el ejercicio de la regulación, y por lo tanto, no es ni un mecanismo excesivo o defectuoso por los efectos producidos; 3. No es una imposición unilateral, arbitraria, o violatoria respecto a la libertad de comercio, la metodología impugnada se trata del ejercicio de una potestad de imperio otorgada a su representada; 4. La discusión del precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos, y el nivel de incidencia que pudiera tener en la esfera económica (supuesta carga económica) de las empresas agremiadas a la accionante, calificada en la acción como excesiva o ruinosa, son consideraciones ajenas a la materia constitucional, y por la forma en que se plantea la acción, dichos fenómenos económicos o financieros deben ser debatidos en la sede de legalidad; 5. La medida impugnada es necesaria, puesto que la normativa anterior requería de una revisión técnica y los consecuentes ajustes derivadas de dicha revisión- los cambios en la metodología de ajuste de tarifas, obedecen a la necesidad de transparentar aún más el proceso de regulación de dicho sector; 6. La medida impugnada es idónea, porque se adecúa al ejercicio de la potestad de imperio por parte de su representada; 7. La norma impugnada es proporcional, ya que se ajusta a lo propuesto, desde un inicio, en el Expediente N° OT-161-2015, y que no fue otra cosa que transparentar aún más la regulación de los precios de los combustibles, a fin de garantizar que las fijaciones de dicho sector se ajusten, en la medida de lo posible, a los principios del servicio al costo y equilibrio financiero; 8. En el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, se estableció un subsidio en los precios del Gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica- el subsidio referido, se encuentra contemplado como una posible variable dentro de la metodología establecida en la resolución impugnada en este proceso, para que, en caso de que las autoridades públicas competentes decidieran establecer algún tipo de subsidio para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos, lo pueden hacer; 9. La norma impugnada no puede considerarse como violatoria al derecho de libertad de empresa, porque dicho derecho no se ve limitado por la regulación económica que el Ente Regulador hace del precio de los hidrocarburos, que permite a los usuarios y consumidores pagar precios acordes al principio de servicio al costo- además, no corresponde a su representada, de previo a emitir una metodología, analizar si en su proceso de desarrollo algún sector podría verse más o menos perjudicado, y más bien le corresponde valorar si, desde el punto de vista técnico, el mecanismo de regulación es robusto, ajustado a la ciencia y técnica, y si cumple con el objetivo que motivó su creación (pensar lo contrario, sería regular en función de intereses creados y se deja de lado el espíritu de regulación, que no es otra cosa que se pague lo justo por el servicio y de acuerdo a los costos del mismo. Solicita se declare sin lugar la acción interpuesta.
7.- Por resolución de las 14:07 horas del 28 de octubre de 2016, del Presidente de la Sala Constitucional, se tuvo por apersonada como coadyuvante a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), al haber cumplido con los requisitos formales se le tuvo como coadyuvante en la presente acción. Se le advirtió que al no ser el coadyuvante parte principal del proceso, no resultará directamente perjudicada o beneficiada por la sentencia, es decir, la eficacia de la sentencia no alcanza al coadyuvante de manera directa e inmediata, ni le afecta cosa juzgada, no le alcanzan, tampoco, los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, pues a través de la coadyuvancia no se podrá obligar a la autoridad jurisdiccional a dictar una resolución a su favor, por no haber sido parte principal en el proceso. Lo que si puede afectarle, pero no por su condición de coadyuvante, sino como a cualquiera, es el efecto erga omnes del pronunciamiento. Se aclara que la sentencia en materia constitucional, no beneficia particularmente a nadie, ni siquiera al actor; es en el juicio previo donde esto puede ser reconocido. En esta misma resolución, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas y se turnó la acción para su estudio de fondo al magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado.
8.- Por Resolución N° 2016-16965 de las 10:40 horas del 16 de noviembre de 2016, la Sala Constitucional resuelve la solicitud del Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de revisar y dimensionar el efecto suspensivo de la resolución de las 15:00 horas del 16 de septiembre de 2016, mediante el cual se dio curso a la acción de inconstitucionalidad. Mediante el Voto N° 2016-16965 mencionado supra, se resolvió la solicitud de la siguiente manera: “Se revoca de manera parcial la resolución de las 15:00 horas del 16 de setiembre de 2016, y se dispone la continuidad de la aplicación la (sic) Resolución N° RJD-230-2015, de las 15:10 hrs. de 15 de octubre de 2015, de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), supeditado a lo que en definitiva resuelva por el fondo la Sala Constitucional en este proceso. Los Magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Hernández López, salvan el voto, en el sentido de que la resolución que dio curso no impide aplicar la norma cuestionada en aquellos casos en que no haya contención. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.
9.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 191, 192 y 193, del Boletín Judicial, de los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016.
10.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad. La Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica señala que incoa la acción de inconstitucionalidad basada en la existencia de intereses corporativos y colectivos por cuanto defiende intereses corporativos y colectivos de sus miembros, todos empresarios que se dedican a la actividad industrial en el país. En este sentido, la legitimación proviene del párrafo segundo, del artículo 75, de la Ley que rige esta jurisdicción, en cuanto representan intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. En este sentido, la Sentencia N° 2006-13323 es ilustrativa de la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Sala, en cuanto indica que:
“Considera este Tribunal que la acción es admisible en los términos previstos en el párrafo primero (sic) del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que los accionantes alegan la defensa de intereses corporativos, relativos a los intereses de los agremiados de las asociaciones de las que representan, estas son la Asociación Cámara Nacional de Transportes, la Asociación Cámara Nacional de Transportistas de Servicios Especiales y Asociación Nacional de Transportistas de Turismo. En efecto, como lo ha reconocido con anterioridad este Tribunal (en sentencias número 6433-98, 7615-98, 0467-99, 1313-99, 1830-99, 2289-99, 2745-99, 6644-99, 7975-99, 0877-2000, 2856-2000, 5565-2000, 6973-2000, 7160-2000, y 2001-9677) los intereses corporativos son aquellos que se caracterizan:
"[...] por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de la determinada colectividad o actividad común, y, en cuanto los representa y defiende, la Cámara actúa en favor de sus asociados, la colectividad de comerciantes. De manera que estamos frente a un interés de esa Cámara y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.-" (Sentencia número 1631-91, de las quince horas con quince minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno).
Es así como en estos casos, no resulta necesaria la existencia de un asunto pendiente (en la vía administrativa o jurisdiccional) como lo exige el párrafo primero del citado artículo 75 para acreditar la legitimación del accionante, pues por la misma esencia del asunto, se trata de la defensa de intereses corporativos. Considera la Sala que no resulta legítimo desconocer este tipo de interés, toda vez que ello implicaría desconocer una importante función de los entes corporativos, que han sido creados según los lineamientos de la ley, y en el caso de las Cámaras, colegios profesionales, asociaciones, o sindicatos implicaría desnaturalizar su función mediadora en lo que respecta a la defensa de los intereses de sus agremiados, función que ha sido reconocida como esencial de estos entes por la propia jurisprudencia de este Tribunal”.
De conformidad con el antecedente, estima esta Sala que la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, interpone la acción con el fin de promover la defensa de intereses económicos comunes de sus agremiados. Por esta razón, no requiere de un asunto base según lo establece el párrafo primero, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino que puede hacerlo directamente sin un asunto previo, de conformidad con el párrafo segundo, del mencionado numeral, dado que procura la defensa de los intereses corporativos de sus agremiados, y que representa.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República señala que la impugnación de la resolución no debería radicarse en la vía de la acción de inconstitucionalidad, sino a lo sumo del recurso de amparo y por cada fijación de tarifas, toda vez que el acto impugnado no es susceptible de ser discutido en la acción. Discrepa de los accionantes en cuanto señalan que la resolución N° RJD-230-2015 es un reglamento, por dirigirse a un número indeterminado de personas, por su alcance general y porque fue sometido a consulta del numeral 361.2, de la Ley General de la Administración Pública. Al contrario de los accionantes, la Procuraduría considera que la mencionada resolución no es un reglamento de conformidad con los artículos 120, y 121, de la Ley General de la Administración Pública, sino que, más bien, estaría dirigida a un sujeto concreto y determinado como sería la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), respecto de la metodología aprobada en el expendió de productos derivados del petróleo. De este modo, hay sobre los consumidores de combustibles una repercusión indirecta y sujeta a cada acto concreto de fijación tarifaria; que no aplica las disposiciones señaladas anteriormente, sino el artículo 36, letra d), de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y los artículos 44 a 61 de su Reglamento. La posición de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos confirma que se trata de un reglamento de carácter técnico, o una norma técnica reglamentaria, que caracteriza como un acto administrativo que tiene efectos externos. Se le denomina resolución, porque se deriva de un procedimiento administrativo (OT-161-2015), denominado “Propuesta de Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final” que viene a reflejar la voluntad administrativa en forma clara y transparente.
Para la Sala, a pesar de que la parte accionante atribuye el fundamento jurídico de la Resolución a las normas de la Ley General de la Administración Pública, lleva razón la Procuraduría y la Autoridad Reguladora, de que el acto administrativo no es un reglamento derivado de dicha Ley, aunque si lo es por ser un acto de regulación de tarifas y precios, pero porque es dictado al amparo de lo dispuesto en los artículos 1, 31 y 36 inciso d), de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, dentro de las competencias de fijación de tarifas y precios. Es claro que la resolución impugnada RJD-230-2015 tiene como objetivo regular las tarifas de los productos derivados del petróleo que expende la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. En ese mismo objetivo, es posible establecer una relación con los efectos de estas tarifas con las industrias directamente relacionadas, por existir en nuestro país un régimen monopolístico de expendio y venta de combustibles. De este modo, la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, estima que puede defender sus intereses al cuestionar la resolución RJD-230-2015, en especial, porque acusa que infringe los intereses económicos y comerciales de los asociados con la metodología aprobada de fijación de tarifas, inconstitucionalidad que de acuerdo con el artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se puede deducir no solo del texto de la disposición, como también por los efectos que tiene la resolución.
La otra objeción de la Procuraduría General de la República radica en el exceso o desbordamiento de su legitimidad, cuando si bien actúa en “defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus miembros o asociados”; es decir, para quienes se dedican a actividades empresariales industriales, dice que claramente se excede al invocar también la afectación de intereses económicos de otro tipo de consumidores: población en pobreza y pobreza extrema, sector hotelero y los restaurantes, que de por sí cuentan con sus organizaciones corporativas, así como órganos públicos como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), que no puede representarlos. En ese sentido, la Procuraduría arguye que la reclamación no podría bastarse con la legitimación por intereses corporativos, como tampoco por la existencia de intereses difusos, porque no se concretiza ninguna fijación tarifaria en la que se ha aplicado la metodología impugnada.
Para la Sala, no se podría objetar que una Cámara presente una acción de inconstitucionalidad en defensa de los intereses corporativos, a favor de sus agremiados por actividades empresariales industriales, y de igual manera, señalar en su argumentación que -en su criterio- resultan perjudicados otros sectores de consumidores de Costa Rica por la disposición general que impugnan. En ese sentido, interpreta la Sala que la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica al hacer mención de la población más vulnerable del país, como de otras actividades no amparadas a su organización, incluyendo públicas, lo hace con el fin de agregar peso a sus argumentos, sin que ello pueda significar que deslegitima la propia causa sobre la cual se sustenta la acusada inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Es decir, si bien argumenta en favor de otros grupos sociales y sectoriales del país, este Tribunal debe establecer el objeto de la acción y la afectación de los agremiados. En este sentido, entiende la Sala que lo argumentado, más allá de la relación de sus agremiados con el acto impugnado, evidentemente pretende demostrar que le perjudica igual que otras, al sustentar su legitimación como Cámara. Ahora bien, el hecho de que no se individualizan actos concretos de aplicación de la tarifa podrá analizarse con el informe de la Autoridad Reguladora, de conformidad con la naturaleza de la resolución N° RJD-230-2015 impugnada.
Por otra parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos señala un incongruente comportamiento de la parte accionante, pues en el recurso de amparo N° 16-10651-0007-CO la Asociación Cámara intervino como coadyuvante y solicitó a la Sala remitir el asunto a la vía de lo contencioso administrativo. Con ello, señala que tiene un comportamiento errático al cambiar de posición jurídica al evitar la discusión en la vía del amparo, y luego impugnar en la vía de la acción de inconstitucionalidad la resolución en cuestión.
No obstante lo señalado por la Autoridad Reguladora, la Sala no estima que el mencionado cambio tenga implicaciones negativas para la acción, por el contrario es una manifestación del derecho de accionar de los particulares ante los Tribunales de Justicia, sin olvidar que puedan ejercitar el derecho que les asiste de conformidad con el artículo 41 Constitucional, de accionar tanto en las vías administrativas o judiciales que consideren más acordes a sus derechos e intereses. No podría este Tribunal reprochar el derecho de toda persona, física o jurídica, de establecer una reclamación administrativa o judicial, especialmente esta última si es jurídicamente procedente y puede ser declarada por los Tribunales de Justicia.
Finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos estima que los argumentos de la Cámara accionante son imprecisas y no aportan prueba, que por desidia invoca el artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como también que al margen del principio de razonabilidad, en el tanto se requerirá la valoración técnica de fondo de la Resolución RJD-230-2015, para poder llegar a determinar la alegada inconstitucionalidad, y de igual manera, son atinentes a la vía de legalidad, de ser conocidos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Señala que se requiere de un profundo análisis técnico del expediente administrativo OT-161-2015 para poder determinar si las disposiciones técnico-normativas se ajustan a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, o si no lo hace. Esto no es de la vía de constitucionalidad.
Ahora bien, de previo a analizar los reclamos de fondo, estima esta Sala que es procedente revisar la acción de inconstitucionalidad, en cuanto se acusa la falta de precisión en los argumentos y de la carencia de prueba, como en efecto se hace a continuación.
II.- Objeto de la impugnación. La acción de inconstitucionalidad se interpone en contra de la Resolución RJD-230-2015 denominada “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos luego de tramitarse el procedimiento administrativo OT-161-2015. La naturaleza de esta resolución es una de fijación de precios y tarifas de servicios públicos o actividades económicas de interés del Estado, así establecido específicamente por el legislador, para controlar su formulación y revisión. Corresponde a la Autoridad Reguladora cumplir con la normativa que le establece la obligación legal de intervenir ciertas actividades económicas mediante una resolución, metodología o reglamento, de tipo técnico que permite estandarizar los precios y hacerlos justos, tanto para los operadores de esos servicios como para los consumidores. La acción de inconstitucionalidad, precisamente, busca la eliminación del producto del procedimiento administrativo OT-161-2015, argumentando que el resultado de esta metodología tiene efectos inconstitucionales, a lo cual esta Sala deberá avocarse a determinar. En este sentido, ello procede antes de considerar la infracción a los intereses económicos de los consumidores, lucro razonable y libertad de comercio, principios de razonabilidad y proporcionalidad.
III.- Sobre el fondo. Ahora bien, esta Sala debe despejar primero las dos objeciones realizadas por la Procuraduría General de la República, y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en el tanto en que el primero argumenta que el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE neutralizó los efectos de la resolución RJD-230-2015 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esa misma línea de pensamiento, la Autoridad Reguladora señala que la acción pretende discutir pretensiones abstractas de la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, y que no conducen a un efecto práctico.
De esta manera, la acción de inconstitucionalidad se deberá analizar de la siguiente manera:
A.- Potestad regulatoria de los precios y tarifas públicas. Evidentemente, la Resolución RJD-230-2015 es dictada de conformidad con los artículos 1, 3.b, 4.c, 5, 6, 31, y 36.d, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley N° 7593 del 9 de agosto de 1996 y vigente a partir del 5 de septiembre de 1996).
Dichas disposiciones establecen:
“Articulo 1.- Transformación.
Transfórmase (sic) el Servicio Nacional de Electricidad en una institución autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante y para los efectos de esta Ley llamada Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa. Se regirá por las disposiciones establecidas en esta Ley, sus Reglamentos y las leyes que la complementen.
La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta Ley; no obstante, estará sujeta al Plan nacional de desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo.
(Así reformado por el artículo 41 aparte b) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008).
[…]
Artículo 3.- Definiciones.
Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:
(Así reformado por el artículo 41 aparte a) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008) Artículo 4.- Objetivos.
Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:
(Así reformado por el artículo 41 aparte a) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008) Artículo 5.- Funciones.
En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son:
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 5° de la Ley N° 8641 del 11 de junio del 2008) d) Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora deberá fijar las tarifas del transporte que se emplea para el abastecimiento nacional.
La autorización para prestar el servicio público será otorgada por los entes citados a continuación:
Inciso a): Ministerio del Ambiente y Energía.
Inciso c): Ministerio del Ambiente y Energía.
Inciso d.2): Ministerio del Ambiente y Energía.
Inciso e): Ministerio del Ambiente y Energía.
Inciso f): Ministerio de Obras Públicas y Transportes Inciso g): Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica e Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, respectivamente.
Inciso h): Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Inciso i): Las municipalidades.
En el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de aguas para riego deberá incluirse la obligación del usuario de aplicar las técnicas adecuadas de manejo de agua, a fin de evitar la degradación del recurso suelo, ya sea por erosión, revenimiento, salinización, hidromorfismo y otros efectos perjudiciales.
(Así adicionado este párrafo final por el artículo 63 de la Ley de Uso y Conservación de Suelos No.7779 de 30 de abril de 1998) Artículo 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones:
Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se refiere este artículo, será de acatamiento obligatorio.
(Así reformado por el artículo 41 aparte a) y c) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008).
[…]
Articulo 31.- Fijación de tarifas y precios.
Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa.
Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público.
La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente.
De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables:
(Así reformado por el artículo 41 aparte g) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008)” Y, corresponde también citar:
“Artículo 36.- Asuntos que se someterán a audiencia pública.
Para los asuntos indicados en este articulo (sic), la Autoridad Reguladora convocará a audiencia, en la que podrán participar las personas que tengan interés legítimo para manifestarse. Con ese fin, la Autoridad Reguladora ordenará publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de circulación nacional, los asuntos que se enumeran a continuación:
Para estos casos, todo aquel que tenga interés legítimo podrá presentar su oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de la audiencia, momento en el cual deberá consignar el lugar exacto o el número de fax, para efectos de notificación por parte de la Aresep. En dicha audiencia, el interesado deberá exponer las razones de hecho y de derecho que considere pertinentes.
La audiencia se convocará una vez admitida la petición y si se han cumplido los requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico. Para este efecto, se publicará un extracto en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de circulación nacional, con veinte (20) días naturales de anticipación a la celebración de la audiencia.
Tratándose de una actuación de oficio de la Autoridad Reguladora, se observará el mismo procedimiento.
Para los efectos de legitimación por interés colectivo, las personas jurídicas organizadas bajo la forma asociativa y cuyo objeto sea la defensa de los derechos de los consumidores o de los usuarios, podrán registrarse ante la Autoridad Reguladora para actuar en defensa de ellos, como parte opositora, siempre y cuando el trámite de la petición tarifaria tenga relación con su objeto. Asimismo, estarán legitimadas las asociaciones de desarrollo comunal u otras organizaciones sociales que tengan por objeto la defensa de los derechos e intereses legítimos de sus asociados.
Las personas que estén interesadas en interponer una oposición con estudios técnicos y no cuenten con los recursos económicos necesarios para tales efectos, podrán solicitar a la Aresep, la asignación de un perito técnico o profesional que esté debidamente acreditado ante este ente, para que realice dicha labor. Esto estará a cargo del presupuesto de la Autoridad Reguladora. Asimismo, se faculta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que establezca oficinas regionales en otras zonas del país, conforme a sus posibilidades y necesidades.
(Así reformado por el artículo 41 aparte g) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008)”.
De esta forma, la normativa anteriormente transcrita permite un importante grado de intervención en la economía nacional, con el fin de fijar ciertas tarifas y precios públicos sobre productos y servicios de interés público, todo bajo la órbita y competencia de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Es evidente que, la resolución impugnada es la culminación de un procedimiento administrativo típicamente regulatorio de los productos derivados de los hidrocarburos, que es parte de la matriz energética del país, y la fuente primaria de energía para actividades industriales y de gran parte de la población en el país. De ahí que, los precios se deben ajustar a esta normativa, evidentemente con efectos sobre la economía al estar regulados los precios y tarifas. La Autoridad Reguladora señala que de conformidad con su normativa, es un ente técnico que no puede desviar su conducta administrativa a elementos antojadizos o arbitrarios, sino aquellos propios de su actividad determinada por ley. Es decir, por ley los precios y tarifas deben estar sujetas a criterios y estudios técnicos que corresponde realizar de previo a su fijación. De igual manera, para esta Sala resulta necesario señalar, sin embargo, que de conformidad con el párrafo 2°, del artículo 1°, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en sus decisiones no estará sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo, pero sí al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo. Situación que permite que los resultados en la fijación de los precios puedan ser amortiguados o mitigados cuando resulten excesivos, lo que podría estar causado por problemas estructurales, de precios internacionales, entre otros, con efectos negativos en la producción nacional.
B.- Sobre el cambio de la metodología con el presunto resultado excesivo en el precio. Ahora bien, la Autoridad Regulador en su escrito de intervención aporta información de relevancia para la resolución de esta acción de inconstitucionalidad. Lo mismo puede afirmarse, en cuanto a lo señalado por la Procuraduría General de la República.
Lo primero que debe afirmarse, es que la Autoridad Reguladora argumenta que se trata de una mejora regulatoria del contenido técnico-regulatorio, cuando se pasa de la metodología establecida en la Resolución RRG-9233-2008 a la Resolución RJD-230-2015 que ayuda a transparentar el procedimiento tarifario. En este sentido, detalla una serie de mejoras que en su criterio permiten la determinación de los precios, tomando en cuenta que la Refinería Costarricense de Petróleo SA., no procesa ni cumple funciones de refinería, sino que depende de la compra internacional del producto terminado, y lo transporta a sus planteles de distribución para posteriormente ser colocado a los consumidores, algunos de los cuales se hace por otros actores económicos en todo el territorio nacional. Esta decisión, se afirma tiende además a cumplir con el principio de servicio al costo, el equilibrio financiero del prestador del servicio público, hacer que el cálculo de la tarifa sea clara y verificable, además de introducir el cumplimiento de tiempos y presupuestos, de programación de inversión de la Refinería Costarricense de Petróleo SA., y se toma en cuenta la importación, almacenamiento y distribución. De igual manera, la observancia del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Energía vigente. En el informe se detallan muchos otros temas técnicos que no se abordarán, dado que el accionante se queja principalmente de la inconstitucionalidad por los efectos de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece:
“Se tenderá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”.
En atención a dicho numeral, ha establecido esta Sala que “Esa disposición, consecuencia del carácter normativo de la Constitución y de obligatorio acatamiento no sólo para esta Sala, sino para todas las autoridades públicas es, además, criterio de interpretación de todo el orden jurídico – ello con independencia de la discusión sobre quienes puedan declarar inaplicable una norma por inconstitucional-, de manera que esta Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, cuando de la aplicación de una norma por las autoridades pública pueda derivarse una infracción a la Carta Fundamental, debe pronunciarse en la vía correspondiente …”(Sentencia 1993-0497 de las 10:00 horas del 29 de enero de 1993). Evidentemente, la normativa técnica regulatoria que aprueba la Autoridad Reguladora debería estar en congruencia con la técnica económica y científica que debe imperar en la materia, situación sobre la cual esta Sala no se pronunciará, toda vez que, la pretensión de analizar la Resolución RJD-230-2015 no contempla en su totalidad el entramado jurídico que le completa; lo que es un problema de primer orden para que la Sala pueda discutir el tema, principalmente porque ha sostenido que esta materia es de legalidad ordinaria, y se requeriría de ese paso adicional para determinar si hay alcances inconstitucionales. En este sentido, tanto la Procuraduría General de la República y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, advierten de la existencia de otros factores que no se discutieron en la acción. Sin embargo, conforme se ha admitido en este caso, se dio curso a la acción, para establecer si existe inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015, por resultar excesiva en la actividad industrial, que es lo que nos ocupa en el caso. En este sentido, esta Sala se avocará a dicho análisis.
C.- Sobre los efectos de la Resolución RJD-230-2015. De conformidad con la Resolución RJD-230-2015, con la aplicación de los criterios establecidos, permite evidenciar que ciertos productos sufren un incremento significativo en su precio.
Para efectos de entrar en materia, resulta necesario transcribir el cálculo realizado por la Autoridad Reguladora, aplicando la metodología anterior y la metodología nueva, para demostrar que en efecto existe un aumento o disminución porcentual en los precios de los combustibles antes y después de la nueva metodología. Sin embargo, se aclara que el ascenso o descenso en el precio no contempla el subsidio al que corresponde aplicar, como se explicará más adelante.
El cuadro comparativo transcrito en el libelo de contestación de la Autoridad Reguladora establece lo siguiente:
Cuadro de representación del precio de los combustibles antes y después de la nueva metodología Productos Precio anterior (metod. Anterior) Nueva metodología * Dif. ₡/ltr.
Dif % Gasolina súper ₡503.02 ₡492.74 (₡10.28) -2% Gasolina plus 91 ₡479.90 ₡472.66 (₡7.24) -2% Gasolina plus 91 pescadores ₡208.15 ₡199.70 (₡8.46) -4% Diésel 50 ppm de azufre ₡392.09 ₡386.27 (₡5.83) -1% Diésel 50 pescadores ₡218.33 ₡207.21 (₡11.12) -5% Diésel 15 ₡392.29 ₡385.48 (₡6.81) -2% Diésel término ₡389.84 ₡351.94 (₡37.90) -10% Diésel marino ₡460.62 ₡398.52 (₡62.10) -13% Kerosene ₡328.31 ₡306.40 (₡21.91) -7% Búnker ₡154.46 ₡196.25 ₡41.79 27% Búnker de bajo azufre ₡227.78 ₡235.43 ₡7.65 3% IFO 380 ₡162.62 ₡181.55 ₡18.93 12% Asfalto ₡216.23 ₡260.99 ₡44.77 21% Diésel pesado ₡253.02 ₡252.60 (₡0.42) 0% Emulsión asfáltica ₡161.76 ₡179.29 ₡17.53 11% LPG (70-30) ₡133.42 ₡207.25 ₡73.83 55% LPG (rico en propano) ₡124.13 ₡184.42 ₡60.29 49% Av-Gas ₡663.62 ₡871.68 ₡208.06 31% Jet fuel A-1 ₡382.59 ₡420.06 ₡37.47 10% Nafta Pesada ₡258.21 ₡247.05 (11.16) -4% *Cálculo sin incorporar subsidio por política De la simple observación del cuadro comparativo, se pueden tener algunos resultados interesantes para la acción de inconstitucionalidad:
1.- Cabe indicar que existe un incremento en los productos que afectan a los industriales, como Búnker con un aumento del 27% y 3% (según el tipo), Gas LP en un 55% y 49% (según el tipo), así como la disminución de las gasolinas y diésel en un -2%, y otros comportamientos en los precios de otros productos derivados del petróleo; 2.- Que no obstante lo anterior, ese estado de las cosas no es definitivo, como para poder analizar los problemas apuntados por la parte accionante. Se debe tomar en consideración que el reclamo de constitucionalidad no estaría totalmente adecuado a la realidad para el análisis de los efectos inconstitucionales que requiere el artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
3.- Conforme a lo anterior, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. no tendría conformado el precio final que debe ser distribuido a los consumidores con la metodología RJD-230-2015, toda vez que debe incorporarse el subsidio establecido por el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades concedidas en el párrafo 2°, del artículo 1°, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
4.- Esto, estaría establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, que se denomina la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica.
De este modo, para determinar la inconstitucionalidad por los efectos sobre la actividad industrial, es importante transcribir el otro cuadro comparativo preparado por la Autoridad Reguladora, que establece lo siguiente:
Cuadro de representación del precio de los combustibles sin incorporar el subsidio e incorporando el subsidio Productos Nueva metodología * Subsidiado Subsidiador Precio final Gasolina súper ₡492.74 ₡10.16 ₡502.90 Gasolina plus 91 ₡472.66 ₡10.16 ₡482.82 Gasolina plus 91 pescadores ₡199.70 ₡199.70 Diésel 50 ppm de azufre ₡386.27 ₡10.16 ₡396.43 Diésel 50 pescadores ₡207.21 ₡207.21 Diésel 15 ₡385.48 ₡385.48 Diésel término ₡351.94 ₡351.94 Diésel marino ₡398.52 ₡398.52 Kerosene ₡306.40 ₡10.16 ₡316.57 Búnker ₡196.25 (₡37.88) ₡158.38 Búnker de bajo azufre ₡235.43 (₡33.15) ₡202.28 IFO 380 ₡181.55 ₡10.16 ₡191.71 Asfalto ₡260.99 (₡32.15) ₡228.85 Diésel pesado ₡252.60 ₡10.16 ₡262.77 Emulsión asfáltica ₡179.29 (₡29.73) ₡149.55 LPG (70-30) ₡207.25 (₡73.93) ₡133.32 LPG (rico en propano) ₡184.42 (₡61.55) ₡122.87 Av-Gas ₡871.68 ₡10.16 ₡881.84 Jet fuel A-1 ₡420.06 ₡10.16 ₡430.22 Nafta Pesada ₡247.05 ₡10.16 ₡257.21 *Cálculo sin incorporar subsidio por política Así, en lo que interesa a la acción, es evidente que, debido al subsidio o Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, que se aplica a los productos en favor de los industriales, no se puede concluir que se incurre en la inconstitucionalidad reclamada; es decir, en los aumentos desmedidos apuntados por la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, en un 72.16% en el precio del LP Gas, 35.2% en el Búnker, y en un 15.64% en el asfalto. El contenido de la primera tabla no es definitivo, denominado Cuadro de representación del precio de los combustibles antes y después de la nueva metodología, razón por la cual, estos efectos son modificados de frente a todos los consumidores.
De este modo, hay un subsidio que lógicamente beneficia a los industriales, siendo que este no fue impugnado. El artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE, establece que:
“Se declara de interés público la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, […]”.
En el estudio de precios elaborado por la Autoridad Reguladora se observa cómo se introduce en la tarifa y precio, en atención a la política sectorial dictada por el Poder Ejecutivo, dentro de las atribuciones concedidas por el legislador. Esto evidencia una acción estatal que propicia que una gran mayoría de productos que distribuye la Refinería contribuyan a nivelar el precio del Bunker, el LP Gas y la emulsión asfáltica, por ejemplo.
El Decreto Ejecutivo, en consecuencia, tiene implicaciones económicas muy concretas en la pretensión de los accionantes. Así, la comparación entre los modelos, sobre todo el último con el subsidio muestra que:
Producto Método anterior Método impugnado + subsidio Diferencia Búnker ₡154.46 ₡158.38 -₡3.92 Búnker de bajo azufre ₡227.78 ₡202.28 +₡25.5 LPG (70-30) ₡133.42 ₡133.32 -₡0.10 LPG (rico en propano) ₡124.13 ₡122.87 -₡1.26 Asfalto ₡216.23 ₡228.85 +₡12.62 Emulsión asfáltica ₡161.76 ₡149.55 +₡12.21 Gasolina súper ₡503.02 ₡502.90 -₡0.12 Gasolina plus 91 ₡479.90 ₡482.82 +₡2.92 Diesel 15 ₡392.29 ₡385.48 -₡6.81 Así, la Política dictada por el Poder Ejecutivo viene a ser evidente que tiene implicaciones sobre la metodología establecida en la Resolución RJD-230-2015, tanto porque en algunos casos mitiga el impacto de forma significativa, en otros no, pero lo cierto es que la Cámara accionante no argumentó la acción con los efectos generados por el DE 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica. La propia Procuraduría General de la República ilustra lo anterior, al transcribir en su escrito de intervención, la parte introductoria de la citada política:
“La política de Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), Bunker, Asfalto y Emulsión Asfáltica como complemento a la política energética nacional expresada en el "VII Plan Nacional de Energía 2015-2030", establece las condiciones para la fijación del precio final de estos productos, con el fin de apoyar por un lado la competitividad del sector industrial que utiliza en sus procesos, el bunker y el GLP, de forma que genere empleo y contribuyan de forma efectiva a la reducción de la pobreza, y la protección del ambiente. Por otra parte regulando el precio del asfalto y emulsión asfáltica se busca que el costo de la construcción de carreteras no sufra incrementos abruptos que impacten el desarrollo de la red vial del país, y su consecuente impacto en los programas de los demás sectores que impulsan el desarrollo nacional. Busca también armonizar los intereses del consumidor, la industria y el modelo de producción que se desea implementar”.
Esto conduce a que el objeto de la acción no esté correctamente definido, y resulta cierto, como lo alega la Autoridad Reguladora, que la acción tiene más fines abstractos o académicos que finalidades prácticas. Así, no se podría determinar la inconstitucionalidad de la disposición impugnada por los “efectos inconstitucionales” del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, porque la Resolución RJD-230-2015 apreciada en forma aislada de la Política Sectorial, no tendría la verdadera implicación práctica en la realidad económica reclamada, y porque se tiene demostrado, que los resultados quedan definitivamente modificados por su implementación. Y aún, en el caso en que podría considerarse que la aplicación del subsidio en la metodología genera un aumento excesivo, la política generada por el Poder Ejecutivo quedó excluida por la propia omisión de la Cámara accionante. En consecuencia, la discusión de constitucionalidad que se plantea resulta ser parcial e incompleta, y no le permitiría a este Tribunal hacer un análisis exhaustivo con base en la legitimación y argumentación de la parte accionante.
Además, llama la atención del Tribunal que la acción de inconstitucionalidad fue incoada el 2 de septiembre de 2016, tiempo durante el cual ya estaba en vigencia el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, que entró en vigencia desde el 13 de enero de 2016, habiendo transcurrido aproximadamente ocho meses de vigencia, con lo cual, era posible esperar que de existir roces de constitucionalidad, esta se tuviera que sustentar tomando en cuenta la Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica. Sin embargo, ello no se hizo, razón por la cual, no correspondería a esta Sala, producirlo por la cámara accionante.
Precisamente por Sentencia N° 2014-04239 de las 16:00 horas del 26 de marzo de 2014, este Tribunal estableció que:
“Sobre la falta de concreción de los argumentos de inconstitucionalidad. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Ahora bien, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe la norma o principio constitucional y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda. Ello es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad ” (véase sentencia número 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995).
En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de concreción de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:
“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico. A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera. En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad”. (Sentencia número 005285-2012 de 15.03 horas de 25 de abril de 2012)”.
IV.- Conclusión. En consecuencia, la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no tiene como objetivo producir distorsiones en el mercado, por el contrario, en el tanto que es un ente técnico al que le corresponde hacer ajustes de tarifas y precios (acordes con los principios de servicio al costo, de equilibrio financiero del prestador, entre otros), y no la de ejercer potestades para establecer subsidios que ayuden a ciertos sectores y agentes económicos a mitigar los cambios de precios en los combustibles que consumen. La acusada inconstitucionalidad por los efectos de la Resolución RJD-230-2015 quedó desacreditada por el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, de Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, y sobre el cual la parte accionante, al no cumplir con la carga de la argumentación, dejó de demostrar que dicha política, a pesar de que facialmente la beneficia, también estaría llamada a evidenciar la infracción de los intereses y derechos constitucionales de sus agremiados, razón por la cual, procede declarar sin lugar la acción, como en efecto se hace.
V.- Razones distintas del Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López, con redacción del primero. En la especie, la parte promovente interpone esta acción de inconstitucionalidad contra la resolución n.º RJD-230-2015 denominada “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos luego de tramitarse el procedimiento administrativo n.º OT-161-2015. Tal resolución modifica el método para calcular el margen de operación, la forma de reconocer el costo de capital, analiza la inclusión de un diferencial de precios, incluye el rendimiento del capital invertido en proyectos industriales, entre otros puntos.
Al respecto y relacionado con la admisibilidad del sub iudice, concordamos con la Procuraduría General de la República en lo concerniente a la naturaleza jurídica de la resolución objeto de este proceso de constitucionalidad, toda vez que carece de alcance general, en la medida que está dirigida a un sujeto concreto y determinado, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), ente al que se le aplica la metodología aprobada en el expendio de sus productos. Como señala la Procuraduría, “su repercusión sobre los consumidores de combustibles, por tanto, es indirecta y sujeta a cada acto concreto de fijación tarifaria”. Asimismo, concordamos con el órgano asesor, en que la audiencia que antecede a este tipo de resolución es la regulada en el numeral 36 letra d) de la Ley de la ARESEP (n.° 7593 del 9 de agosto de 1996) y los ordinales 44 a 61 de su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 29732-MP del 16 de agosto de 2001), la cual es específica para la formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, por lo que no corresponde aplicar el artículo 361.2 de la LGAP, cuya audiencia se encuentra referida a proyectos de disposiciones generales.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López consignan razones distintas. La Magistrada Garro Vargas consigna razones distintas.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Res. n.°2020-020854 RAZONES DISTINTAS DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.
En el caso concreto me incliné por declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad, pero por razones distintas a las consignadas por la mayoría de este Tribunal.
La presente acción tenía por objeto examinar la alegada inconstitucionalidad de la resolución n.°RJD-230-2015 de las 15:10 hrs. del 15 de octubre de 2015 de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que estableció la metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final. Para efectos de la legitimación, el accionante, Presidente de la Asociación de la Cámara de Industrias de Costa Rica, afirmó actuar en defensa de los intereses corporativos y colectivos de sus miembros o asociados. Al respecto, textualmente indicó lo siguiente:
“En la especie mi representada se encuentra legitimada para incoar la presente acción de inconstitucionalidad, pues defiende los intereses corporativos y colectivos de sus miembros, es decir, de todos los empresarios que se dedican a la actividad industrial en nuestro país”.
Al requerir el informe a la Procuraduría General de la República (PGR), dicho órgano técnico consultivo se opuso a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación de la parte accionante. En lo conducente, realizó las siguientes consideraciones:
“El problema es que la Cámara actora al desarrollar su fundamentación invoca la afectación a los intereses económicos de otro tipo de consumidores (no únicamente el del sector productivo), caso de la población en pobreza y pobreza extrema, el sector hotelero y los restaurantes – que cuentan con sus propias organizaciones corporativas, como la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE) – e incluso, de órganos públicos, como el CONAVI (ver apartado IV, punto A, parágrafo 21 del escrito); respecto a los cuales, carecería de toda legitimación para poder representarlos y arrogarse la defensa de sus respectivos derechos.
Con lo cual, la legitimación basada en intereses corporativos a la que se ampara la recurrente resultaría insuficiente para promover esta acción; sin que se pueda alegar tampoco la existencia de intereses difusos basados en la defensa de los intereses de los consumidores en general (así admitido en las sentencias de esa Sala números 2001-05915, 2002-00850 y 2006-015489), pues no se identifica ninguna fijación tarifaria concreta en que se haya aplicado la metodología cuestionada”.
Para cotejar lo dicho por la PGR, en el sentido de que lo argumentado por el accionante no tiene relación únicamente con la cámara que representa, sino que pretende amparar una serie de intereses diversos, conviene citar en lo conducente los alegatos del propio accionante. A tales efectos, manifestó lo siguiente en el libelo de interposición de la acción:
“Los datos anteriores llevan a la conclusión que un incremento del gas tan alto como el que se produciría si se aplicare el nuevo modelo tarifario y una rebaja poco significativa en los combustibles (gasolina y diésel) como el que implicaría la aplicación del citado modelo, sería altamente regresivo, afectando significativamente a los hogares de la población en pobreza y pobreza extrema y favoreciendo a los hogares de mayores ingresos.
16.- En segundo lugar, el sector productivo que utiliza el bunker como combustible para sus actividades industriales se vería seriamente afectado, por cuanto sus costos de producción subirían de manera desproporcionada, lo que produciría, como resultado final, que por dejar de ser competitivos en el mercado internacional, tendrían que salir del mercado en contra de su voluntad.
17.- Para nadie es un secreto que el precio de los combustibles en Costa Rica es el más alto de Centroamérica, además de que en la mayoría de los países que compite industrialmente con nosotros, tales como Colombia, Perú, México, USA, utiliza el gas natural como combustible, el cual es sustancialmente más barato que el bunker. Justamente, como es público y notorio, esta es una de las razones por las cuales ha mermado la productividad nacional y algunas industrias han emigrado hacia países vecinos.
18.- Si se aumentaren los precios del bunker y del LP Gas conforme a la nueva metodología tarifaria aprobada por la ARESEP, prácticamente se estaría acabando con la capacidad exportadora de la industria nacional y muy pocas empresas podrían sobrevivir para abastecer el mercado interno. (…)
20.- Consecuencia de lo anterior, se aumentaría el desempleo al cerrar numerosas industrias que se verían en la imposibilidad de competir en el mercado internacional, dados los altos costos del bunker y del LP Gas que son necesarios para la manufactura de sus productos de exportación.
21.- En tercer lugar, el aumento del asfalto en un 15.64% elevaría sustancialmente los costos de operación del CONAVI, el cual, en lo sucesivo, tendría que construir menos carreteras y reparar menos vías públicas que en la actualidad. El déficit en infraestructura vial en vez de disminuir aumentaría significativamente. (…)
En efecto, el escaso beneficio que obtendrían los usuarios de la gasolina y del diesel, que sería únicamente del 2%, no es proporcional al perjuicio evidente que se causaría no sólo a los consumidores de LP Gas, bunker y asfalto, sino fundamentalmente al interés público, pues el aumento de precios en tales combustibles, como quedó demostrado supra, implicaría serios perjuicios para la industria nacional, el estado de nuestra infraestructura vial y los índices de desempleo. En suma, la aplicación de la metodología tarifaría en examen tendría serias consecuencias en los ámbitos productivo, económico y social, lo cual implica que el requisito de la proporcionalidad es inexistente”.
De la anterior transcripción se colige que lleva razón la PGR en sus apreciaciones, pues la fundamentación de la acción de inconstitucionalidad pretende girar en torno a la protección de los intereses de los “hogares de la población en pobreza y pobreza extrema”, “el sector productivo que utiliza el bunker como combustible para sus actividades industriales”, el sector exportador de la industria nacional; la incidencia en el desempleo, en “los costos de operación del CONAVI” y en el desarrollo de la infraestructura nacional. En suma, como lo refiere el propio accionante “la aplicación de la metodología tarifaría en examen tendría serias consecuencias en los ámbitos productivo, económico y social”. Asimismo, como bien apunta la PGR, el actor presentó un estudio técnico mediante el cual pretende demostrar los impactos de aplicar la metodología a los precios de los combustibles que importa y distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo no sólo en el sector industrial, sino en el sector hotelero y en los restaurantes, las sodas y consumidores a nivel residencial.
A partir de tal constatación, considero que lleva razón la PGR en sus reproches sobre la legitimación del accionante para interponer la presente acción de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, no existe consistencia entre la legitimación invocada y el objeto y la fundamentación de la acción de inconstitucionalidad, pues más que razonar una presunta afectación a la corporación que representa, se plantea una especie de acción popular, debido a que la regulación cuestionada tiene –según aduce– un efecto negativo en una serie de actores de la economía nacional. Así, examinados con detalle sus razonamientos, reitero, más se asimilan a una acción popular, figura que reiteradamente ha sido vetada por este Tribunal Constitucional. Recuérdese que esta Sala ha rechazado la admisibilidad de acciones de inconstitucionalidad cuando se “está en presencia de un presunto colectivo tan dilatado, impreciso y difuminado que, simplemente, se identifica con la comunidad nacional como un todo” afirmando lo siguiente:
“En efecto, de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción de inconstitucionalidad en esta materia, en las condiciones pretendidas por este, supondría –en definitiva- reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (ver sentencia No. 2016-000787 de las 9:05 hrs. del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución”. Ver sentencias n.°2016-005589 y n.°2019-021827.
De este modo, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés corporativo para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a toda la comunidad nacional, por cuestionarse una decisión que, según entienden, impacta en toda la economía. De manera que, en el caso concreto, la alegada legitimación basada en intereses corporativos es solo aparente. Por lo tanto, me inclino por desestimar la presente acción de inconstitucionalidad.
Anamari Garro V.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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