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Res. 17245-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/08/2021
OutcomeResultado
The constitutional challenge against Law No. 9610 is denied for not violating Article 45 of the Constitution or the legislative procedure.Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 9610 por no violar el artículo 45 constitucional ni el procedimiento legislativo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard a constitutional challenge against Law No. 9610, which modifies the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve to develop the Water Supply Project for the Middle Tempisque River Basin and Coastal Communities (PAACUME). The plaintiff, representing Hacienda Ciruelas S. P. S. A., alleged a violation of Article 45 of the Constitution (private property) because its farm was incorporated into the reserve as environmental compensation without prior indemnification. The majority of the Chamber dismissed the action. It held that the inclusion of the property was based on technical studies justifying it by its location and role as a biological corridor, and that the Law does not violate Article 45 because dispossession will only occur after the expropriation process with compensation. Regarding the legislative procedure, it was determined that the bill was processed through the ordinary route and not under the special procedure of Article 208 bis of the Regulation. On legal certainty due to alleged coordinate errors, it referred to a previous ruling considering that discussion technical and outside constitutional review. Justices Cruz Castro and Garro Vargas dissented, considering the law unconstitutional for violating environmental principles and the right to property, respectively.La Sala Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 9610, que modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para desarrollar el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). El accionante, en representación de Hacienda Ciruelas S. P. S. A., alegó violación al artículo 45 constitucional (propiedad privada) pues su finca fue incorporada a la reserva como compensación ambiental sin indemnización previa. La mayoría de la Sala desestimó la acción. Consideró que la inclusión de la propiedad se basó en estudios técnicos que la justificaron por su ubicación y función como corredor biológico, y que la Ley no vulnera el artículo 45 porque el desposeimiento solo operará tras el procedimiento expropiatorio con indemnización. En cuanto al procedimiento legislativo, se determinó que el proyecto se tramitó por la vía ordinaria y no bajo el procedimiento especial del artículo 208 bis del Reglamento. Sobre la seguridad jurídica por supuestos errores en coordenadas, se remitió a lo resuelto en sentencia previa que consideró esa discusión como técnica, ajena al control constitucional. Los Magistrados Cruz Castro y Garro Vargas salvaron el voto por considerar la ley inconstitucional por violar principios ambientales y el derecho de propiedad, respectivamente.
Key excerptExtracto clave
The selection of the plaintiff's property was not based on chance or arbitrariness, but responds to the goal of maximizing the environmental benefit to the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the required compensation, based on the technical evaluations carried out in the area adjacent to the Reserve, given the conditions present on the plaintiff's property that will benefit the environmental ecosystem from the change in use when creating the reservoir for the PAACUME project. For its part, the Office of the Attorney General agrees that the decision to incorporate the plaintiff's property to environmentally compensate the modification of the Lomas de Barbudal Biological Reserve is based on technical and scientific studies. It also states that Law No. 9610 does not violate Article 45 of the Political Constitution, since the Costa Rican legal system allows private properties to be affected for incorporation into national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, once the expropriation procedure has been carried out through the mechanisms established in the Constitution and the Law. Thus, this Constitutional Court considers that the challenged norm does not violate Article 45 of the Political Constitution, given that the Corporation represented by the plaintiff remains in possession of Hacienda Ciruelas and it is due to the plaintiff's own opposition that the expropriation process for the respective compensation has not been initiated.La selección de la propiedad del accionante no fue bajo supuestos de casualidad o arbitrariedad, sino que responde ante la búsqueda de maximizar el beneficio ambiental a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para la compensación requerida respecto a las valoraciones técnicas realizadas en la zona aledaña a la Reserva, en razón de las condiciones presentes en la propiedad del accionante que podrán beneficiar el ecosistema ambiental por el cambio de uso al crear el embalse para generar el proyecto PAACUME. Por su parte, la Procuraduría General de la República, coincide en que la decisión de incorporar la propiedad del accionante para compensar ambientalmente la modificación en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se fundamenta en estudios técnicos y científicos. Además, menciona que la Ley No. 9610 no quebranta el artículo 45 de la Constitución Política, en virtud de que el ordenamiento jurídico costarricense permite afectar fincas de particulares para ser incorporadas en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento de expropiación, mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley. Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que la norma impugnada, no vulnera el artículo 45 de la Constitución Política, al comprobarse que la Sociedad Anónima que representa el accionante continúa en posesión de la Hacienda Ciruelas y es por la propia oposición del accionante que no se ha dado inicio al proceso de expropiación para que se dé la indemnización respectiva.
Pull quotesCitas destacadas
"la Ley No. 9610 al incorporar dentro de las fincas para compensar la zona en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, la propiedad privada de Hacienda Ciruelas, no resulta arbitraria ni lesiona el artículo 45 de la Constitución Política, pues al realizar dicha actuación, lo que genera es la obligación al Estado a proceder como lo establece el artículo constitucional y la ley respectiva; es decir, para poder adquirir legalmente la propiedad deberá ejecutar el procedimiento de expropiación junto con la indemnización previa respectiva."
"Law No. 9610, by incorporating the private property of Hacienda Ciruelas among the farms to compensate the area of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, is not arbitrary nor does it violate Article 45 of the Political Constitution, since by doing so it generates an obligation for the State to proceed as established by the constitutional article and the respective law; that is, to legally acquire the property it must carry out the expropriation procedure together with the respective prior indemnification."
Considerando VI
"la Ley No. 9610 al incorporar dentro de las fincas para compensar la zona en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, la propiedad privada de Hacienda Ciruelas, no resulta arbitraria ni lesiona el artículo 45 de la Constitución Política, pues al realizar dicha actuación, lo que genera es la obligación al Estado a proceder como lo establece el artículo constitucional y la ley respectiva; es decir, para poder adquirir legalmente la propiedad deberá ejecutar el procedimiento de expropiación junto con la indemnización previa respectiva."
Considerando VI
"la jurisprudencia constitucional ha sido retirada en que el derecho a la propiedad puede ser objeto de límites o limitaciones, siempre que estás tengan como base la existencia de una necesidad social"
"constitutional jurisprudence has reiterated that the right to property may be subject to limits or limitations, provided these are based on the existence of a social need"
Considerando VI
"la jurisprudencia constitucional ha sido retirada en que el derecho a la propiedad puede ser objeto de límites o limitaciones, siempre que estás tengan como base la existencia de una necesidad social"
Considerando VI
"se trata de una ley condicionada, cuya eficacia queda supeditada a que el estudio de impacto ambiental pendiente del proyecto PAACUME, confirme los resultados previos, y se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de un desarrollo sostenible, de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población"
"it is a conditioned law, whose effectiveness depends on the pending environmental impact study of the PAACUME project confirming the previous results and conforming to the principles of reasonableness and proportionality, the demands of sustainable development, ecological balance, a healthy environment, and the general welfare of the population"
Considerando IV (citando sentencia 2020-013836)
"se trata de una ley condicionada, cuya eficacia queda supeditada a que el estudio de impacto ambiental pendiente del proyecto PAACUME, confirme los resultados previos, y se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de un desarrollo sostenible, de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población"
Considerando IV (citando sentencia 2020-013836)
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Constitutional Chamber Date of Resolution: August 4, 2021 at 12:30 Case File: 20-021402-0007-CO Type of Matter: Unconstitutionality action Constitutional Control: Dismissing judgment Judgment with Dissenting Vote Judgment with Separate Note Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: PROPERTY Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Topic: UNCONSTITUTIONALITY ACTION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
017245-21. PROPERTY. MODIFICATION TO THE BOUNDARIES OF THE BARBUDAL BIOLOGICAL RESERVE. Unconstitutionality action against Law No. 9610. Modification of the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities. Published in Supplement No. 199 of La Gaceta of 11/23 Operative part: The action is dismissed regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution and of Article 208 bis – now 234 bis – of the Regulations of the Legislative Assembly. Regarding the principle of legal certainty, the ruling of this Chamber in judgment No. 2020-0013836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020, must be adhered to. Judge Cruz Castro adds a note to record that he dissented in judgment number 2020-013836 due to the violation of the precautionary, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectivization of environmental protection principles; he also adds a note regarding Article 208 bis (now 234 bis). Judge Garro Vargas partially dissents and declares the unconstitutionality action with merit regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution. Notify.- CO01/22 ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 083- Co-adjuvancies Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 83 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. "...Regarding requests for co-adjuvancy. Article 83 of the Law of the Constitutional Jurisdiction establishes that within fifteen days following the first publication of the edict referred to in the second paragraph of Article 81, the parties appearing in matters pending at the date of the filing of the action, or those with a legitimate interest, may appear in order to co-adjuvate in the allegations that could justify its appropriateness or inappropriateness, or to expand, as the case may be, the grounds of unconstitutionality with the matter that interests them..." CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 045- Private property Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. "...constitutional jurisprudence has been emphatic that the right to property may be subject to bounds or limitations, provided that these are based on the existence of a social need; that is, that there is a social interest that supports such restrictions. These limitations have their starting point based on the degree of impact on the individual's property right by the State; they may be partial, without emptying its content, allowing the owner to continue enjoying and making use of his property, or total, when its essential content is emptied, preventing the owner from enjoying his property. Faced with this latter scenario, one is facing the expropriation process which generates for the Administration the obligation to indemnify the owner – a mechanism provided to be able to dispossess the individual of their property – which is even constitutionally provided for in Article 45 of the Political Constitution itself..." CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate note Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: PROPERTY Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Note from Judge Cruz C.
In this matter, it was resolved, on one hand, to dismiss the action regarding the allegation of violation of constitutional Article 45 and Article 208 bis (current 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly. On the other hand, it was resolved to adhere to what was decided by this Chamber in vote number 2020-013836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020.
I have recorded this note to state two aspects: that I considered in the aforementioned vote that this action should be declared with merit, and to ratify what I have considered in several previous votes regarding the procedure of Article 208 bis (now 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly.
Regarding the first point, in resolution number 2020-013836, I dissented, along with Judge Rueda, to declare the action with merit. The foregoing, because I consider that Law No. 9610 "Modifies boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities" contains a transgression of numeral 50 of the Political Constitution, the precautionary principle (due to doubt about the real conditions of the Lomas de Barbudal Biological Reserve and the compensation proposal generated by the shortcomings detected in the study by the Organization for Tropical Studies, as well as the lack of certainty that the healthy and ecologically balanced environment would not be harmed), the principle of non-regression in environmental matters (by not proving that the proposed compensation was at least equivalent to the declassification), the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) (by reducing a biological reserve without complying with the respective constitutional requirements), and the principle of objectivization of environmental protection (by using merely preliminary studies to support compensation proposals and by the challenged law not being supported by prior, sufficient, necessary, and individualized technical and scientific studies) that justify the reduction of the protected area.
Regarding Article 208 bis (current 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly, I have stated on several previous occasions (votes numbers 2011-015749 of 9:32 a.m. on November 16, 2011, 2005-398, 2007-2901, 2008-7687, and 2012-004151 of 4:00 p.m. on March 27, 2012) that I consider it to be unconstitutional, and therefore, the bills thus approved would also be unconstitutional in form. I have indicated that our Fundamental Charter does not regulate the manner in which the Regulations of the Legislative Assembly must be reformed, which is why this normative text itself has had to regulate the procedures that have been deemed convenient and consistent with Constitutional Law, which is essential to guarantee legal certainty, the right of representation, and the protection of the democratic principle within the legislative procedure. Accepting the possibility that the Assembly applies special procedures to the processing of reforms to its Regulations and bills of law, under the terms established in Article 208 bis, without previously defining the procedural rules to follow, constitutes a clear injury to the principle of legal certainty and the democratic principle, since this would be the only way for the deputies to know in advance and with sufficient notice the procedure to which they would be subject and thus exercise the corresponding mechanisms of participation and control.
I have indicated that if the legislator did not clearly establish the procedural rules for applying what was intended in Article 208 bis, omitting to establish legislative regulations or practices, it incurred an evasion or non-compliance with its constitutionally assigned duties. Article 208 bis, under the terms in which it is drafted, supposes that each time the majorities decide they may, as is already happening, by way of a point of order motion, grant exceptional processing to the bill of law being processed, and its discussion would be left in light of procedures not established in the Regulations, that is, in the midst of a situation of legal uncertainty. Leaving to the discretion of a majority the procedure to be applied in each specific case, without it being previously made known to the totality of the members of Parliament, causes an injury to the democratic principle to the detriment of minorities, as nothing guarantees that under the proposed scenario, minorities will not be affected in the exercise of the constitutional rights of their representatives in Congress.
What happened in the procedure approved to hear the consulted bill is a clear example of what has already been noted, since being a point of order motion, in principle, it does not require being publicized with sufficient advance notice, regardless of its complexity. Motions to modify it are also not admissible, since it would have to be a new proposal, for which the other factions have an extremely short, almost immediate timeframe, and once the motion is approved by the majorities, they have no other option but to submit to the limited participation granted to them in the created procedure. I have also considered under this hypothesis that the right of amendment is violated. Every deputy holds the constitutional right to participate in the law-making process, and thus, to influence its definitive content. Certainly, the Legislative Assembly has the authority to provide for its own regulations, as would be the case of establishing special procedures; however, the manner in which they are being authorized is injurious to the principle of legal certainty, the right to political participation, that of representation, as well as the democratic principle and the right of amendment of the deputies, in that the omission to regulate such procedures with the necessary advance notice and participation by all deputies renders them nugatory. For greater abundance, the dissenting vote I signed in the aforementioned judgment of the year 2012 is transcribed:
"IX.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CALZADA AND JUDGES ARMIJO AND CRUZ, WITH DRAFTING BY THE LATTER. The unconstitutionality of Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, as well as its application to various legislative procedures, has been the subject of repeated challenges before this Chamber, in which this Chamber, by majority, has considered its conformity with the Constitution, starting from judgment 2008-7687, adopted with the dissenting vote of Judge Calzada, Judge Cruz, and Judge Armijo, which we reiterate on this occasion and declare the action with merit for the following reasons:
As a starting point, it is necessary to reiterate what was expressed by this Chamber in judgment number 2011-04778 at two hours and thirty-one minutes on April thirteenth, two thousand eleven, regarding the nature of Parliamentary Law and the limits of the Chamber's competence in matters of legislative procedure:
"Nature of Parliamentary Law and limits to the Chamber's competence in matters of legislative procedure. The fundamental mission of parliaments is to adopt decisions with the participation of the set of political forces that represent the various sectors of civil society. Parliamentary law fulfills an instrumental function to that end - although it also has a political function - of facilitating and ordering that process. This law has the characteristic that it arises as a product of the 'interna corporis', of the capacity for self-regulation and the own dynamics of parliaments. In that sense, it is not a law that is created premeditatedly, but rather is discovered, born from practice; therefore, the customary aspect (custom) and interpretation are of great importance. In that sense, the power of self-government of Parliaments has a solid tradition and historical justification. Parliamentary law is characterized by being spontaneous, dynamic, and flexible.
It is nourished by everyday life, by the political reality in which it operates and where constant transformations occur that require normative responses, often contrary to the classical dogmas of other legal branches, as is the case, for example, of the principle of singular non-derogability of the regulation, which has a different treatment from that of administrative law, and sometimes yields in the parliamentary sphere to the dynamism that parliamentary procedures demand. Its limit, of course, is in the Constitution, in the principles and values of the ideological regime in which it operates. For that reason, this Chamber has recognized that its function in matters of legislative procedure is solely to declare those substantial defects that violate the constitutional principles and values applicable to the matter, since otherwise it would be affecting the self-regulatory and functional capacity of parliament (interna corporis), distorting its role as guardian of constitutional supremacy into that of a kind of Ad hoc senate (judgment number 2007-9699, of ten hours on July fourth, two thousand seven). Thus, as this Court noted in judgment 2005-07961, of seventeen hours and fifty minutes on June twenty-first, two thousand five:
'The self-determination of Parliament over its internal actions - repeatedly recognized by this Court -, "interna corporis", is one of its essential powers expressly recognized by the Political Constitution in its Article 121, subsection 22), and which is inherent to the democratic system. The objective pursued by the attribution of competence for self-organization to the Assembly is that through it, its procedures for action, organization, and functioning, and consequently its internal organization, are regulated within the parameters required by the democratic principles of equality and non-discrimination, with all their derivatives. This power is exercised with absolute independence from the other organs of the State - by virtue of the principle established in Article 9 of the Fundamental Charter -, and has as limits: compliance with Constitutional Law, that is, the set of values, principles, and constitutional norms, among which are those mentioned above; respect for the principles of reasonableness, rationality, and proportionality, such that those who exercise public powers cannot, by action, omission, or mere material action not based on an effective administrative act, violate or threaten fundamental rights, since in a democratic State there exists a constitution of liberty, whose object is to guarantee the individual the full enjoyment and exercise of human rights, which are currently recognized in the Political Constitutions of the majority of countries and in international human rights treaties (International Human Rights Law).
It is therefore not legitimate to use powers for purposes not assigned by the legal system (vice of deviation of power) equally or beyond what is reasonable (vice of excess of power). Having said the above, the Chamber considers that it should not interfere with the Parliament's right to self-regulation, unless, as stated, one of the indicated principles is violated, which in this specific case, would imply the affectation of the right of amendment, understood as the mechanism of participation that deputies have to influence during the formative process of the law. Thus, the Chamber's powers in this matter are exercised under the perspective of an arbitrator, who moderates and contains excesses but does not interfere with an intrinsic constitutional power granted to another constitutional organ, so that only in the face of evident or gross violations of the constitutional principles governing parliamentary law would its intervention be legitimate.
Parliament has the right, in the exercise of its own power of self-regulation, to reconcile or balance, in the face of specific situations, not only the right of amendment but also the other constitutional principles that also bind its actions, such as respect for majorities and reasonableness; that is, the harmonization of each and every one of the constitutional principles that must coexist during the legislative procedure is a competence proper to Parliament and specifically to the Director of the debate and the deputies, and it is to be assumed that such functions are carried out in compliance with the legal system and its principles [...]'. (The highlight is not from the original).
Said judgment emphasizes that the intervention of the Chamber in matters of legislative procedure, as noted, should only occur:
'[...] in the case of the use of these powers with evident abuse of power, which results in the nullification of a right and not in its harmonization with the rest of the constitutional principles of parliamentary law [...] The contrary would imply, in our view, a disrespect for the power of self-regulation and the democratic principle. The Chamber should not, therefore, become an instance of substitution for the exercise of constitutional powers and political debate and dialogue, unless, as indicated... the content of a fundamental right is suppressed or nullified.' The democratic principle. Our minority vote agrees with the claimant, for the same grounds already expressed in the dissenting votes to judgments number 2005-398, 2008-07687, and 2007-2901 of 5:30 p.m. on February 28, 2007, starting from the democratic principle, whose respect is essential for any examination of the conformity or non-conformity with the Constitution of any norm or act. On this matter, this Chamber has unanimously expressed that:
'what the legislative procedure seeks is to ensure compliance with the democratic principle within a society that has adopted it as proper to its political institutions. Because perfect democracy is an unattainable ideal, the democratic principle constitutes the parameter that allows deducing the degree of proximity that a given society reaches, at a given historical moment, with respect to the ideal and its vocation to come as close as possible to it. At a minimum, the democratic principle requires respect for the principles of political participation and representation – including everything concerning respect for minorities - the basis of our political system. The latter unfolds into aspects such as the legitimacy of the means employed for the designation of the various representatives and – no less important – the possibility of opposing, through the use of legitimate means, the majority will by groups representing minorities.
Based on the foregoing observations, it can be said that procedural violations that constitute injuries to the democratic principle, the inescapable direction of parliamentary activity, are unconstitutional. Likewise, substantial infractions are those legislative procedures which, due to being accelerated or impetuous, provoke debates that are left devoid of a process grounded in quality and reflection, and which also lack a broad projection of the legislative activity, as guaranteed by Article 117 of the Political Constitution. Furthermore, substantial procedural defects have been considered to be the omission of publication and the omission of carrying out the mandatory consultations constitutionally established. Regarding the first aspect, since the Legislative Assembly is a representative organ of the national community, the publicity of parliamentary procedures is essential, because sovereignty resides in the people and the deputies are only their representatives (Article 105 constitutional), therefore their activity must necessarily transcend the entire community, to such a point that some specialists in Constitutional Law define it as an organ of publicity' (judgment number 2012002675 of eleven hours and fifty-two minutes on February twenty-fourth, two thousand twelve).- Costa Rica is a representative democracy, which does not imply that the rulers of a given historical moment can make their decisions without listening to the voice of those who have given them such a mandate, that is, the will of the people as sovereign power.
This clarification is necessary, since, in the absence of a mechanism that had been used to intuit the citizen's will, the only possible mechanism in a democracy is to open the doors to dialogue, to calm, reflective discussion, with openness, because otherwise, we would run the risk of falling into a "democratic tyranny," grossly violating the democratic principle, which is what guarantees the inhabitants of our country that the interests of the Nation will be guarded zealously and for the good of all. It is necessary to indicate, for the purposes of this reasoning, that one thing is a reform of the Regulations, which seeks to order and adjust to the times (two-party system - multi-party system) in its daily work, so that the Legislative Branch is more effective in regulating the situations that occur in the country, and quite another is to generate reforms to a specific article for the processing of a specific case.
Our Fundamental Charter does not regulate the manner in which the Regulations of the Legislative Assembly must be reformed, which is why this normative text itself has had to regulate the procedures that have been deemed convenient and consistent with Constitutional Law, which is essential to guarantee legal certainty, the right of representation, and the protection of the democratic principle within the legislative procedure. The power that this organ has to dictate the rules of its interna corporis is indisputable, provided for not only in the Fundamental Charter in subsection 22) of Article 121, but also inherent to the democratic system and specific to the Legislative Assembly as a constitutional power. Therefore, the Chamber has also recognized this self-regulatory power, and for that reason, from that perspective, it has been clearly considered that Parliament has the power to establish special procedures, if it deems it appropriate, but that these must be defined expressly and in detail, since, otherwise, accepting the possibility that the Assembly applies special procedures to the processing of reforms to its Regulations and bills of law, under the terms established in Article 208 bis, without previously defining the procedural rules to follow, constitutes a clear injury to the principle of legal certainty and the democratic principle, because according to the opinion expressed, it is the only way for deputies to know in advance and with sufficient notice the procedure to which they will be subject and thus exercise the corresponding mechanisms of participation and control.
Legal certainty. If the legislator did not clearly establish the procedural rules for applying what was intended in Article 208 bis, or omitted to establish legislative regulations or practices, it incurred an evasion or non-compliance with its constitutionally assigned duties. The introduction of the cited norm into the Regulations, under the terms in which it was approved, supposes that each time the majorities decide, they may, as is already happening, by way of a point of order motion, grant exceptional processing to the bill of law being processed, and its discussion is left in light of procedures not established in the Regulations, that is, in the midst of a situation of legal uncertainty.
Principle of publicity. Regarding the principle of publicity, as was well indicated in the majority vote, the procedure is created by a point of order motion, which, according to Article 153 of the Regulations, may be presented at any moment during the debate, proceeding to its immediate discussion. They do not require being announced except at that very moment, which is insufficient for it to be reviewed prior to its adoption by the deputies. That is why leaving to the discretion of a majority the procedure to be applied in each specific case, without it being previously made known to the totality of the members of Parliament, causes an injury to the democratic principle to the detriment of minorities, as nothing guarantees that under the regime and application of Article 208 bis of the Legislative Regulations, minorities will not be affected in the exercise of the constitutional rights of their representatives in Congress. Once the motion is approved by the majorities, the minority factions have no other option but to submit to the limited participation granted to them in the created procedure.
Unreasonable restriction of the right of amendment and others. Every deputy holds the constitutional right to participate in the law-making process, and thus, to influence its definitive content. Although the power that the Legislative Assembly has to provide for its regulation is recognized, as would be establishing special procedures, however, the manner in which it authorizes them is injurious to the principle of legal certainty, the right to political participation, that of representation, as well as the democratic principle and the right of amendment of the deputies, in that the omission to regulate such procedures with the necessary advance notice and the participation of all deputies renders them nugatory.
In summary, Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly constitutes an element of total rupture with the indicated principles and allows that, through a motion approved by two-thirds of the deputies, the Legislative Branch can act against its condition as an organ that guarantees popular representation, according to the structure designed in Title Nine of the Political Constitution of 1949, to the substantial detriment of the democratic principle.- (...)".
For this reason, I consider it relevant to recall my dissenting vote in said judgments, in the terms indicated, which leads me to consider in this case that the challenged law is unconstitutional, both in form and substance.
Fernando Cruz C.
Judge CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: PROPERTY Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Res. No. 2021-017245 DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS With the customary respect, the undersigned Judge partially dissents and declares the unconstitutionality action with merit in relation to the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, in the following terms:
The claimant alleged the infringement of Article 45 of the Political Constitution because, in their opinion, they are being deprived of their private property, Hacienda Ciruelas SP S.A., without there being a public interest that has been legally proven.
Said claim was dismissed in the unconstitutionality action processed in case file No. 19-000257-0007-CO, inasmuch as the standing alleged in that proceeding was regarding diffuse interests by virtue of environmental protection, and it was not valid to rely on that allegation to protect the supposed infringement of the right to private property. In judgment No. 2020-013836, unanimously, the following was resolved:
"In this regard, the Chamber rules out the existence of any type of diffuse or collective interest in those arguments of the claimants. All of those arguments are related in one way or another to the right to private property and its eventual transgression, which would require the existence of a base matter in which the unconstitutionality had been invoked as a means to protect the claimed right or interest, which is lacking in this case. Consequently, such arguments are not susceptible to being analyzed on their merits".
In the specific case, the existence of a prior matter was demonstrated, namely, case file No. 18-010534-1027-CA, which is a special proceeding in process before the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, where the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, SENARA) seeks authorization to conduct prior expropriation studies on property 5-34930-000, and where the plaintiff invoked the allegation of unconstitutionality.
Consequently, in the specific case, unlike what occurred in the aforementioned case file, the Constitutional Chamber is indeed legitimized to examine and resolve the alleged infringement of the right to private property.
As already noted, the claimant argued the infringement of their right to private property without the public interest justifying such impact having been legally proven.
The foregoing, because, through the approval of Law No. 9610, its private property, Hacienda Ciruelas SP S.A., was affected, incorporating it into the Lomas de Barbudal biological reserve. The foregoing as a compensation mechanism for the removal of protection (desafectación) of several hectares of the aforementioned reserve for the execution of a potable water supply project in the middle basin of the Tempisque River and the coastal communities.
In this regard, indeed, the reporting authorities stated that, as was resolved in judgment No. 2020-13836, the incorporation of the Hacienda Ciruelas SP S.A. property was justified on grounds of its location and for being a corridor for species, to compensate for the partial removal of protection of hectares that was carried out on the Lomas de Barbudal biological reserve.
Now then, it must be said that the basis for that affectation of the property in question, that is, its incorporation into the biological reserve – and the consequent dispossession of the petitioner of their property – is supported by technical studies that I previously considered deficient (see dissenting vote to judgment No. 2020-13836). Therefore, to be consistent, I must conclude in the case sub examine that the legally proven public interest in the terms of Art. 45 of the Political Constitution effectively does not exist, which is the essential prerequisite for subsequently initiating the indemnification procedures. In this regard, as pertinent, in said dissenting vote I made the following considerations:
“Based on the statements made by the authorities themselves that are on record in the file of the unconstitutionality action, it is possible to conclude that the compensation study conducted for the specific case was not executed with identical rigor in the incorporation of the ASETREK farm, regarding the subsequent integration of two other farms called Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas.
As noted supra, the disagreement of the petitioners is that the final report ‘Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and adjacent farm’ omits incorporating studies on the biological conditions of the other two properties, meaning it cannot be scientifically determined that these are properties that effectively have environmental characteristics that replace the ecosystem functions of the area to be removed from protection.
The PGR insisted on the need for the soundness of said study, since otherwise, there is a danger that the environmental impact generated by the removal of protection of a part of said biological reserve would not be adequately mitigated.
The Presidency of the Legislative Assembly demonstrated that indeed the studies on the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas farms were not executed with the same detail and rigor with respect to the study that was conducted on the ASETREK farm. The rest of the authorities agreed that the comprehensive evaluation of the aforementioned farm resulted in the lack of compensation for riparian forest, a priority in environmental protection for being almost unique in the country. This motivated the adoption of recommendations from the authorities of the Conservation Area themselves to integrate two other farms. However, regarding these two farms that were integrated into the compensation subsequently, the biological study and biodiversity equivalence study was not conducted with similar parameters of requirement and discipline. Furthermore, according to OET’s own considerations, which was the entity in charge of the study, the analysis regarding the Brindis de Amor Farm was merely preliminary, did not include an analysis of species composition in its secondary or deciduous forest, and no faunal study was conducted.
Likewise, the final decision to include Hacienda Ciruelas, although it denotes an eagerness to ensure adequate compensation, was not supported by any scientific study that accounts for the equivalence and the required compensation of natural resources. The person responsible for the study acknowledged that ‘the fragment at Hacienda Ciruelas (erroneously called Rancho Wilson in our report) was indeed not evaluated.’ To the foregoing, it is appropriate to add that based on a ten-month study in which fauna, flora, habitat structure, ecosystem services, and physical attributes were assessed, and which included samplings in both the dry season and the rainy season, it was concluded that the ASETREK farm was not sufficient to compensate for the forest areas removed from protection in the RBLB. Therefore, with much more reason, the basis for making inclusions, at the last moment, that can truly meet the compensation requirements demanded in terms of fauna species, forests, and carbon fixation is not discernible.
Therefore, I consider that the deficiencies detected in the studies, which were recognized by the authorities that intervened in this constitutionality process, are harmful to the constitutional principles already indicated and which, in general terms, oblige the State to adopt decisions related to the reduction of protected wild areas on the basis of a duly substantiated technical study.
Conclusions
The considerations made allow concluding that there are four types of studies in this matter that are not comparable: 1) the study that justifies the removal of protection of a protected area, 2) the compensation study for the removal of protection of a protected area, 3) the environmental impact assessment of an infrastructure project. Separate is the feasibility study for the execution of an infrastructure project. In the case of the law under review, the first was omitted, the second was done deficiently, and the third is yet to be done (as would correspond after having the first two, and upon enactment of the law). The project feasibility study does not substitute, in part or in its entirety, any of the three previous ones. For this reason, I consider that those who point out that the challenged regulation is unconstitutional due to the violation of the precautionary, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectification of environmental protection principles, which must govern decision-making in this matter, are correct.” (What is highlighted does not correspond to the original).
From that extract of my dissenting vote, it can be confirmed that my reasoning is supported by the evidence itself submitted to file No. 19-000257-0007-CO, in which I concluded the deficiency of the technical study that determined the incorporation of Hacienda Ciruelas as part of the compensation required for the removal of protection of a protected wild area.
In that case, I considered that the insufficiency of these studies implied a transgression of the State's obligation to ensure the protection of a healthy and ecologically balanced environment. Now, in the specific case, and being consistent with my analysis, I must conclude that such deficiencies and the last-minute incorporation of Hacienda Ciruelas precisely entail the omission in demonstrating a public interest that appropriately justifies the deprivation of the petitioner’s right to private property. Recall that the first paragraph of Art. 45 of the Constitution orders:
“Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except by legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law.” In this regard, this Constitutional Chamber has affirmed, for example, the following:
“the right to property is constitutionally guaranteed and, therefore, any threat to it or to its exercise cannot be the result of an arbitrary act” (vote No. 160-1997).
Due to the foregoing, since the basis for the dispossession of the petitioner's property cannot be clearly specified – due to the deficiencies in the technical study that supported the legislative decision –, it is appropriate to affirm that such determination lacks reasonableness, that is, the indispensable criterion that ensures that laws and, in general, all norms, do not result in an arbitrary and senseless exercise of public power, but rather respond to real, duly justified needs and motivations, especially in the present case, in which the constitutional norm requires due legally proven public interest as a condition for the deprivation of private property. This prior to the compensation procedure in accordance with the law.
As a corollary of the considerations made, I consider that in the present proceeding the petitioner is correct, in the sense that the deficiency of the technical studies that served as the basis for the approval of Law No. 9610 implies a deprivation of their right to private property, without there being a legally proven public interest.
Therefore, I consider that the action of unconstitutionality must be declared with merit regarding the alleged injury to Art. 45 of the Political Constitution.
Anamari Garro V. Magistrate CO01/22 ... See more *200214020007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours thirty minutes on August four, two thousand twenty-one.
Action of unconstitutionality brought by GARY DOUGLAS STEWART POSTEL, of legal age, married, businessman, resident of Bagaces, identity card 1-0466-0672, in his capacity as President with powers of absolute general attorney-in-fact without limit of sum of HACIENDA CIRUELAS S P S.A., legal entity ID 3-101-290749, against Law No. 9610 of October 2018, denominated “Modifies limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities.”
Whereas:
9610 was approved through a special procedure created under article 234 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, does not violate the Constitutional Block. Lastly, the petitioner company alleges violation of the principle of legal certainty. In this regard, it reiterates what was stated in the report submitted in unconstitutionality action No. 19-000257-0007-CO, in which the following was indicated: “(…) It is also important to verify whether the text of the challenged Law considered the inaccuracies pointed out by the Instituto Geográfico Nacional (IGN) (official communications found on folios 1890-1914 and 2604-2608) regarding the coordinates and geographic location, and whether those inaccuracies have any consequence on the adequate delimitation of the area removed from protection (área desafectada) and the areas included in the Reserve that must be expropriated, as this could impede, to some extent, the materialization of the proposed compensation. For this purpose, it is suggested to request the technical opinion of the Instituto Geográfico Nacional (IGN).”. It concludes by indicating that Law No. 9610 does not violate Article 45 of the Constitution, nor was Article 234 bis of the Regulations of the Legislative Assembly breached during its processing; therefore, the unconstitutionality action must be declared inadmissible.
13- By brief received in the Secretariat of the Chamber on March 17, 2021, Willy Hernández Chan, identity card 0108890524, appears in his capacity as President with powers of unlimited General Attorney-in-fact of the company Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A., presenting active joinder in the present unconstitutionality action. He states that his property is adjacent to the property of Brindis de Amor en Liberia S.A., which is why his property was left out of the new boundaries of the RBLB; however, his property was completely landlocked (enclavada) within the new limits of the RBLB, because the access road of almost 600 meters that allowed him to connect his property to the public road was left within the area of the RBLB. For the foregoing, he considers that his right to property, and the principle of legal certainty, are being injured.
He requests that Law 9610 be declared unconstitutional.
Drafted by Magistrate Hernández López; and,
Considering:
I.On the admissibility of this action of unconstitutionality. The claimant bases his standing on Article 75, first paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction. For such purposes, he indicates as a prior proceeding case file No. 18-010534-1027-CA, which is being processed before the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. This proceeding involves a special incidental proceeding through which the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) seeks authorization to conduct prior studies on property 5-34930-000 belonging to his represented entity, Hacienda Ciruelas S P S.A. Likewise, it is on record that, through a document received on September 1, 2020, the claimant invoked the plea of unconstitutionality of Law No. 9610 within that proceeding. According to the foregoing, the claimant has the standing to file this action of unconstitutionality.
II.The object of this challenge. According to the filing document, the claimant questions the constitutionality of Law No. 9610, "Modifies the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities," published in Supplement No. 199 of the Gazette of November 23, 2018. He claims it injures Article 45 of the Political Constitution, by virtue of depriving his represented entity of private property without prior compensation, without conducting an appraisal, and without a budget for expropriation; as well as the principle of legal certainty and the procedure established in Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly, because it should have been approved by a qualified majority since it imposes limitations on private property; furthermore, there are technical errors in the new delimitation of the Lomas de Barbudal Biological Reserve that create legal uncertainty preventing knowing exactly how many hectares must be expropriated and what their true boundaries are.
III.On the requests for joinder (coadyuvancia). Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that within fifteen days following the first publication of the edict referred to in the second paragraph of Article 81, the parties appearing in matters pending as of the date of the filing of the action, or those with a legitimate interest, may appear in order to support the allegations that might justify its admissibility or inadmissibility, or to expand, where appropriate, the grounds of unconstitutionality with the matter of interest to them.
In the present case, by resolution at 8:50 a.m. on March 19, 2021, the Presidency of the Chamber accepted the active joinders (coadyuvancias) presented by María del Milagro Gamboa Mirada, identification number 0114330357, in her capacity as President with powers of generalísimo unlimited attorney-in-fact of Brindis de Amor en Liberia S.A., and Willy Hernández Chan, identification number 0108890524, in his capacity as President with powers of Generalísimo Unlimited Attorney-in-Fact of the corporation Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A. They reiterate the questions raised by the claimant regarding Article 45 of the Political Constitution, the principle of legal certainty, and the procedure established in Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly.
IV.Background.- The claimant indicates that the challenged law violates Articles 7 and 11 of the Political Constitution, because Ramsar was not notified of the removal (desafectación) of the area from the Lomas de Barbudal Biological Reserve nor the change in its boundaries as established by CORACAT; and furthermore, the UNESCO World Heritage Convention is violated. He alleges a violation of the principle of legality, considering that the requirements established in the Environmental Law were not met in the process of modifying boundaries, the removal (desafectación), and including 500 hectares of private lands within the new boundaries of the biological reserve, by virtue of the lack of prior studies.
In this regard, this Constitutional Chamber, through judgment number 2021-000634 at 1:00 p.m. on January 13, 2021, indicated to the claimant that regarding the aforementioned allegations, he must adhere to what was resolved by this Court in judgment 2020-0013836 at 3:30 p.m. on July 22, 2020, which provided as follows:
“Por tanto:
In relation to the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly, and the principle of legal certainty, the action is unanimously declared inadmissible, because, on the one hand, no type of diffuse or collective interest is observed, and, on the other hand, there is no prior proceeding in which the unconstitutionality has been invoked as a means to protect the right or interest claimed. Likewise, the action is unanimously declared without merit with respect to the argued infringement of Articles 7 and 176 of the Political Constitution and the constitutional principles of budgetary balance, reasonableness and proportionality, and economy and efficiency. Regarding the alleged injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, contemplated in Article 50 of the Political Constitution, the action is declared without merit by a majority.
Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Garro Vargas issue dissenting votes and declare the action with merit for violation of the precautionary principle, the principle of non-regression in environmental matters, the principle of lifetime tenure (irreductibilidad), and the objectivization of environmental protection. Magistrate Garro Vargas gives different reasons and attaches a note. Magistrate Hernández López and Magistrate Salazar Alvarado attach separate notes. Notify this ruling to the claimant, to the Procurador General de la República, to the President of the Legislative Assembly, to the Ministro de Ambiente y Energía, to the Ministro de Agricultura y Ganadería, to the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, and to the supporting parties.” Under the following conclusions:
“…Therefore, the law in question is not unconstitutional; it had prior studies and technical criteria expressed by the competent authorities throughout the legislative hearings, including SENARA, SINAC, MINAE, SETENA, MAG, and OET, and, in addition, it provides for the obligation to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), which must first contemplate all impacts and mitigation measures that are appropriate to guarantee that the environment is not effectively harmed, as well as determine that compensation will be provided, not only in size but also of an ecological nature to the extent reasonably possible in this latter scenario. In the opinion of this Court, it is a conditional law, whose effectiveness is contingent upon the pending environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of the PAACUME project confirming the prior results, and conforming to the principles of reasonableness and proportionality, the requirements of sustainable development, ecological balance and a healthy environment, and the general welfare of the population, which serves to justify the measure, as well as to determine that the compensation for the area contemplates both the quantitative and qualitative elements, therefore they are incorrect in indicating that the precautionary principle is violated.
Furthermore, the claimants question that RAMSAR was not notified of the removal (desafectación) of the area of the RBLB, nor of the change in the boundaries of that biological reserve, which constitutes an omission that infringes our country's international commitments and, therefore, a violation of Article 7 of the Political Constitution. In this regard, it is pertinent to indicate that, although the ‘Technical sheet for the extension of the Palo Verde Ramsar Site, Costa Rica’ shows that the RBLB is part of that site, subsection 2 of Article 4 of the mentioned international instrument empowers States to withdraw or reduce wetlands for urgent reasons of national interest, in which case the loss of resources must be compensated, as far as possible, and, in particular, new natural reserves must be created for waterfowl and for the protection of an adequate portion of their original habitat, in the same region or elsewhere.
Precisely, it is for each State to determine the ‘urgent reasons of national interest,’ therefore, it is not considered unreasonable for the Legislative Assembly to issue a law that has as part of its purposes to provide water resources to part of the province of Guanacaste and thus ensure its sustainable use. Likewise, from reading the referred convention, no obligation is apparent (implying any defect of unconstitutionality) to communicate to RAMSAR the removal (desafectación) of the protected area in advance, and, in any case, it would suffice to make the corresponding notification, since the State, provided it complies with the international commitments it acquired and with internal parameters (such as those established by this jurisdiction), has the authority to do so. Consequently, the claimants' allegations are dismissed…” By virtue of the foregoing, upon allowing the present action to proceed through the resolution at 1:00 p.m. on January 13, 2021, it was ordered to proceed only regarding the claimant's allegations related to the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly, and the principle of legal certainty. These will be analyzed on the merits in the present action.
V.On the methodology for analyzing the action.- To facilitate the study of the challenged norm, each of the arguments raised by the claimant will be analyzed in the following recitals (considerandos).
VI.On the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution.- The claimant asserts that Law No. 9610 of October 2018, called "Modifies the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities," injures Article 45 of the Political Constitution, by virtue of depriving his represented entity of private property, without prior compensation, without conducting an appraisal, and without a budget for expropriation.
In this regard, constitutional jurisprudence has been emphatic that the right to property can be subject to limits or limitations, provided they are based on the existence of a social need; that is, that there is a social interest supporting such restrictions. These limitations have their starting point based on the degree of impact on the property right of the individual by the State; they can be partial, without emptying its content, allowing the owner to continue enjoying and using their property, or total, when its essential content is emptied, preventing the owner from enjoying their property. In this latter scenario, one faces an expropriation process that generates the obligation for the Administration to compensate the owner –a mechanism designed to deprive the individual of their property– which is even constitutionally provided for in Article 45 of the Political Constitution itself, which establishes the following:
"ARTICLE 45.- Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except by legally proven public interest, upon prior compensation according to law. In case of war or internal unrest, it is not essential that compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the termination of the state of emergency.
For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by a vote of two-thirds of its total membership, impose limitations of social interest on property." For greater understanding, this Constitutional Court has developed the concept of the right to property, specifically in judgment number 2003-03656 at 2:43 p.m. on May 7, 2003, which stated the following:
"…IX.- In light of the foregoing considerations, the 'inviolability' enshrined in the norm under comment must be understood in its true meaning, that is, like the rest of the fundamental rights recognized in the constitutional text itself or in various international human rights treaties, it is not susceptible to violation, infringement, or breach in a violent or arbitrary manner, since inviolability is framed as an essential element or characteristic of all fundamental rights, and not solely of the right to property. In the case of property, inviolability translates into the impossibility or prohibition, both for the State and for individuals, of depriving the owner of their property through deceit or force; and only in the case provided for in the norm is its deprivation legitimate, that is, only for legally proven public utility, and through the procedure or proceedings of expropriation, which requires prior payment of the compensation for the Administration to take possession of the property. The evolution that has occurred in the conceptualization of the right to property, by virtue of which it is considered, no longer as an absolute and untouchable right, but as integrated and determined by coexistence in society, has been previously recognized by this Court, in the following manner:
'IV. EVOLUTION OF THE CONCEPT OF LIMITATION ON PRIVATE PROPERTY. Based on the foregoing, it can be concluded that there is no merely logical possibility of unlimited rights existing, since the very essence of the legal order is to articulate a system of limits among the positions of all subjects, and an unlimited subjective right could cause the destruction of the legal order, that is, it could be incompatible with it. The mission of the Law is not to make exceptions to the supposed prior unlimited nature of fundamental rights, but precisely to design and define them for the purpose of their articulation within the social order. This is not an exception in the case of the regulation of the right to property, an indisputable and direct creation of the legal system. Thus, the position of the absolute character of property, as an unlimited and exclusive right, only affected by reasons of expropriation to build public works -the only limitation admitted in the last century-, has been replaced by a new vision of property, which, while still being regulated as a subjective right, provides that its powers are limited and, furthermore, it is subject to duties and obligations' (judgment number 04205-96, at two thirty-three p.m. on August twentieth, nineteen ninety-six).
In any case, it must be borne in mind that, as constitutional doctrine and jurisprudence affirm (among others, see judgments number 3550-92, at four p.m. on November twenty-fourth, nineteen ninety-two; number 3173-93, at two fifty-seven p.m. on July sixth, nineteen ninety-three; and number 2175-96, at nine six a.m. on May tenth, nineteen ninety-six), the exercise of fundamental rights is neither unrestricted nor absolute, but rather, precisely because they develop within the framework of social coexistence, it is possible to implement reasonable limitations that are in accordance with the parameters established in Article 28 of the Political Constitution…" Now then, based on the foregoing, the norm challenged by the claimants ordered the modification in the delimitation of the Area of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, with the purpose of developing the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Proyecto de Abastecimiento de Agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, PAACUME), which arises from the need to supply drinking water to the Chorotega region.
For the execution of said project, Law No. 9610 determined the need to use 113 hectares of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the creation of a reservoir, which will allow water to be carried to the Tempisque River so that the cantons of Carrillo, Santa Cruz, and Nicoya in the province of Guanacaste will benefit.
Elaborating on the above, Law No. 9610 establishes the figure of compensation (compensación), which comes as an obligation to compensate the area of the Lomas de Barbudal Biological Reserve where the reservoir will be placed. Based on the execution of technical studies and respective assessments, it was determined that to carry out the environmental compensation in question, the following properties will be used: Asetrek, Brindis de Amor, and Hacienda Ciruelas. The inclusion and analysis conducted by the authorities of SINAC and OET to include such properties for the compensation in the Lomas de Barbudal Biological Reserve was analyzed by this Constitutional Chamber in judgment number 2020-0013836 at 3:30 p.m. on July 22, 2020, which stated the following:
"They started from the premise that compensation had to maximize environmental gain, so initially they relied on the fact that an area of 332 hectares of an environment similar to that found in ASETREK would work to compensate what would be lost at the impact site in the RBLB. That is the reason for the 3:1 proportion indicated in the report. However, in order to maximize that environmental gain that a compensation plan must seek, it was noted that it could be convenient to also use other properties that had important elements for conservation, in addition to the area in ASETREK, equally due to the type of riparian forest. On page 217 of that study, the reasons why they considered that the reservoir that would form in the flood zone should be part of the same compensation were set forth. Likewise, although other areas were not analyzed with the same depth as ASETREK, they suggested other adjacent properties to improve the compensation proposal.
One of these properties is Brindis de Amor, whose selection was not random but rather valued for being located at the northwestern end of the RBLB, which is crossed by one of the few permanent streams in the area (Cabuyo River) and maintains brief riparian cover (cobertura riparia). The vegetation at this site was indeed evaluated, as indicated on pages 210–216 of the report. In addition, they took into consideration in the report, the uninterrupted studies for over 25 years in the area by Dr. Susan Perry (University of California, Los Angeles), which indicate that troops of white-faced capuchin monkeys (Cebus capuccinus) from the Lomas de Barbudal Biological Reserve use the forests within Brindis de Amor as feeding and resting sites. That is, there is evidence of a constant flow of animals to and from the reserve. Therefore, the use of the Brindis de Amor property as a foraging site demonstrates the biological importance of this property and how wise it would be to protect it.
The decision to annex a fraction of Hacienda Ciruelas is due to avoiding leaving a peninsula in the outline of the RBLB if Brindis de Amor were annexed, which would contravene the basic notions of reserve design, which tries to minimize the edge effect and its impact on the species to be protected. Furthermore, that fraction also contains a fragment of riparian cover (cobertura riparia). Thus, it is a technical criterion of maximizing environmental benefit, which was not taken into account solely for the extension of the land, but for the aggregated and maximized resource that would imply greater and better equivalent conditions for compensation. Consequently, for the professionals, this initial assessment was sufficient, taking into consideration that they are complementary annexes, not the main property ASETREK, and that, in any case, they will be equally assessed in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) subsequently.
The study demonstrated that the impact area in the southeastern part of the Lomas de Barbudal Reserve is not a wetland, nor is it connected to the wetlands of the Palo Verde National Park. In addition, Lomas de Barbudal, the Palo Verde National Park, and the additionally suggested properties are not located in the Área de Conservación Guanacaste (UNESCO heritage), but in the Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT). That is why, in the report, such a suggestion was made without disparaging the compensation already planned. This was stated by the OET: '…Following this methodology, we conclude that: (1) It is possible to make an ecological equivalence between the two sites (RBLB and ASETREK); (2) That the compensation in area is a 3:1 ratio. However, as specified in our report, our recommendation was to request even more to compensate for the losses in the reserve, in order to improve the compensation in terms of the environment.
The incorporation of these two properties in our final recommendation did not require further evaluation as they constitute a complementary annexation, not an essential one, given the methodology outlined. While it is true that the Ciruelas property was not evaluated, it is important to clarify that in the Brindis de Amor property we carried out a survey of the plant structure and composition as specified in our report.' Likewise, the incorporation of the Ciruelas property was justified for reasons of location and corridor for species, which was indeed verified by that study group, when conducting the research of the area surrounding the main property…" (The highlighting does not correspond to the original).
In this way, it is verified that the selection of the claimant's property was not based on assumptions of chance or arbitrariness, but rather responds to the search to maximize the environmental benefit to the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the required compensation regarding the technical assessments made in the area adjacent to the Reserve, due to the conditions present on the claimant's property that could benefit the environmental ecosystem from the land-use change (cambio de uso) when creating the reservoir to generate the PAACUME project.
For its part, the Procaduría General de la República agrees that the decision to incorporate the claimant's property to environmentally compensate for the modification in the Lomas de Barbudal Biological Reserve is based on technical and scientific studies. Additionally, it mentions that Law No. 9610 does not violate Article 45 of the Political Constitution, by virtue of the fact that the Costa Rican legal system allows the use of private properties to be incorporated into national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, once the expropriation procedure has been carried out, through the mechanisms established in the Constitution and the Law.
On the other hand, the Ministra de Ambiente y Energía mentions that both the Legislative Branch and the Executive Branch are empowered to include, within their boundaries, the properties or parts of properties necessary to fulfill the biodiversity conservation objectives. She agrees with the Procaduría General de la República that the properties of private individuals are not subject to the protected wildlife area regime until the corresponding compensation is materialized, which is what occurs in the specific case of the claimant.
That being the case, this Constitutional Court considers that the challenged norm does not violate Article 45 of the Political Constitution, since it is proven that the Corporation represented by the claimant continues to be in possession of Hacienda Ciruelas, and it is due to the claimant's own opposition that the expropriation process has not begun so that the respective compensation may be provided. In that regard, it is clear that the proceeding where the claimant invoked the unconstitutionality of Law No. 9610 arose from the claimant's refusal to allow SENARA to enter the private property to conduct the studies and appraisals required for expropriation, which is why they filed a request before the Juzgado Contencioso Administrativo for authorization to enter the Hacienda Ciruelas property; said proceeding is pending within case file No. 18-010534-1027-CA. Therefore, Law No. 9610, by incorporating the private property of Hacienda Ciruelas within the properties to compensate the area in the Lomas de Barbudal Biological Reserve, is not arbitrary nor does it injure Article 45 of the Political Constitution, because upon performing that action, all it generates is the obligation for the State to proceed as established by the constitutional article and the respective law; that is, to legally acquire the property, it must execute the expropriation procedure together with the respective prior compensation. Consequently, the action must be dismissed with respect to this aspect.
VII.On the alleged injury to Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly.- The claimant indicates that the application of Article 208 bis -now 234 bis- of the Regulation of the Legislative Assembly to Law No. 9610 of October 2018, called "Modifies the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities," is not possible because its application to the bill that resulted in said challenged law is contrary to said regulation, due to the fact that its application is prohibited for bills requiring a qualified majority because they affect private properties.
The norm in question establishes the following:
"Article 208-BIS. By means of an order motion, approved by two-thirds of its votes, the Legislative Assembly may establish special procedures for processing amendments to its Regulation and bills whose approval requires an absolute majority, except for the approval of administrative contracts, those related to the sale of State assets or the opening of its monopolies, and international treaty agreements regardless of the vote required for their approval. Every special procedure must respect the democratic principle and safeguard the right of amendment." Now, the application of said article has been the subject of repeated questions before this Chamber. In judgment number 2008-07687 at 2:50 p.m. on May 7, 2008, it ruled on the constitutionality of said section, where this Court clearly established that its application is not unconstitutional, provided that the motion ordering the establishment of a special procedure must be approved by two-thirds of the total membership of the Legislative Assembly and that the same must explicitly and precisely establish the phases of the special procedure ordered.
Based on the foregoing, without the need to analyze whether Article 208 bis of the Regulation of the Legislative Assembly could be applied or not. It is established that the President of the Legislative Assembly initially indicated that the special procedure was approved by two-thirds of the total membership of the Legislative Assembly, on June 20, 2018, through Act No. 28, the application of a special procedure to bill 20465 was approved. Subsequently, a new motion was issued on August 7, 2018, through Act No.
46, where a motion was approved to nullify the agreed-upon special procedure, on the grounds that the challenged Law changes the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal) and disposes of part of the properties adjacent to said Reserve to carry out the ecological compensation.
In accordance with the foregoing, this Court determines that the approval of bill 20465 was carried out through the ordinary process, as it was approved in the first debate in ordinary session No. 051 of August 20, 2018, and in the second debate in the session of September 6, 2018. By virtue of the foregoing, the existence of the defect alleged by the claimant in the procedure for bill 20465 is not ruled out. Consequently, the action must be dismissed as far as this extreme is concerned.
VIII.Regarding the alleged injury to the principle of legal certainty.- The claimant affirms that Law No. 9610 of October 2018, called "Modifies boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities" (Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenta media del Río Tempisque y comunidades costeras), violates the principle of legal certainty, on the grounds that there are technical errors in the new delimitation of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal) that make it impossible to know for certain how many hectares must be expropriated and what their true boundaries are.
In this regard, the claimant complains of a violation of the principle of legal certainty, based on the note that the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) sent to the Legislative Assembly (official letter DIG-0388-2018 of September 6, which responds to the inquiry that the Legislative Assembly made to the IGN through official letter AL-DSDI-OFI-0313-2018 of August 23), in which it questions that inconsistencies were noted regarding the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal). In this regard, this Court, in judgment number 2020-0013836 issued at 3:30 p.m. on July 22, 2020, ordered the following regarding the questioning raised by the claimant:
"Furthermore, specifically regarding the alleged inconsistencies and errors in the proper definition or delimitation of the boundaries of the RBLB, it must also be taken into consideration that both the president of the Legislative Assembly and SENARA argue that the delimitation coordinates of the biological reserve indicated in the challenged law are correct. It is alleged, in particular, that in a joint effort between MINAE and SENARA, the necessary field topographical studies and replanning were carried out, which allowed for adequate geographical precision in the location and actual delimitation of the reserve area of interest, through the use of precision geographical technology instruments. The foregoing confirms that, in the sub lite case, an eminently technical discussion is raised regarding the proper geographical location and delimitation of such boundaries. In which case, resolving such controversy, after reviewing and weighing the various technical parameters governing the matter and even evacuating and evaluating the pertinent evidentiary material, involves a discussion that far exceeds the purpose and nature of constitutional review, under the terms of Article 10 of the Political Constitution and Article 73 et seq. of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).
On the contrary, such discussion is appropriate to be aired in ordinary channels, with the respective evidentiary breadth." Thus, given that this particular extreme of the action has already been heard and resolved by this Chamber in the partially transcribed judgment, and as there are no reasons to vary the criterion expressed on that occasion, it is appropriate for the claimant to abide by what was resolved in said resolution.
IX.Regarding the arguments of the coadjuvants.- The coadjuvant María del Milagro Gamboa Mirada alleges that she is a representative of Brindis de Amor in Liberia S.A., whose right to private property was injured, inasmuch as 88 hectares were incorporated into the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal) without an official appraisal (avalúo oficial) and without prior compensation.
As was analyzed in judgment No. 2020-0013836 issued at 3:30 p.m. on July 22, 2020, the respective studies and valuations were indeed carried out, which determined that the existence of the vegetation and fauna present on the Brindis de Amor property would increase the environmental gain of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal), being the main objective in seeking environmental compensation for the area that will be flooded for the placement of the reservoir (embalse) to carry out the PAACUME project. In addition to the foregoing, it is reiterated that the right to property can be subject to limitations in the pursuit of social interest, as is the case with Law No. 9610 with the creation of the reservoir (embalse) to bring water to cities in the province of Guanacaste; therefore, the inclusion of the 88 hectares of the Brindis de Amor property is not unconstitutional, provided that the State proceeds with its obligation to compensate that portion through an expropriation process, so that in this way it becomes part of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal).
Finally, the coadjuvant María del Milagro Gamboa Mirada alleges that the incorporation of the 88 hectares of the Brindis de Amor in Liberia S.A. property that were incorporated into the Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal) caused the communication between the buildings to be cut off. Likewise, the coadjuvant Willy Hernández Chan, who is a representative of Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A., which owns a property that is adjacent to the Brindis de Amor in Liberia S.A. property, which was left within the boundaries of the alleged Lomas de Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas de Barbudal), causing his represented party's property to become landlocked (enclavada). In this regard, they must be warned that such extremes are suitable to be adjudicated in ordinary legal channels, because it is not the role of this Chamber to order the opening of roads as the coadjuvants intend.
X.Conclusion.- 1) Regarding Article 45 of the Political Constitution and Article 208 bis –now 234 bis– of the Regulations of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa), the constitutional violations indicated by the claimant are not constituted. 2) Regarding the principle of legal certainty, one must abide by what was resolved by this Chamber in judgment No. 2020-0013836 issued at 3:30 p.m. on July 22, 2020.
XI.Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is declared without merit regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution and Article 208 bis –now 234 bis– of the Regulations of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa). Regarding the principle of legal certainty, one must abide by what was resolved by this Chamber in judgment No. 2020-0013836 issued at 3:30 p.m. on July 22, 2020. Magistrate Cruz Castro notes to record that he dissented in judgment number 2020-013836 due to the violation of the precautionary, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectification of environmental protection principles; he also notes regarding Article 208 bis (now 234 bis). Magistrate Garro Vargas dissents partially and declares the unconstitutionality action with merit regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution. Notify.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Lucila Monge G.
Note from Magistrate Cruz C.
In this matter, it was resolved, on one hand, to declare the action without merit regarding the claim of violation of Article 45 of the Constitution and Article 208 bis (current 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa). On the other hand, abide by what was resolved by this Chamber in vote number 2020-013836 issued at 3:30 p.m. on July 22, 2020.
I have recorded this note to consign two aspects: that I have considered in the aforementioned vote that this action should be declared with merit, and to ratify what I have considered in several previous votes on the procedure of Article 208 bis (now 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa).
Regarding the first point, in resolution number 2020-013836, I proceded to dissent, together with Magistrate Rueda, to declare the action with merit. The foregoing, because I consider that Law No. 9610 "Modifies boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle basin of the Tempisque River and coastal communities" (Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras) contains a transgression of Article 50 of the Political Constitution, the precautionary principle (due to the doubt about the real conditions of the Lomas de Barbudal Biological Reserve and the compensation proposal generated by the shortcomings detected in the study by the Organization for Tropical Studies (Organización para Estudios Tropicales), as well as the lack of certainty that a healthy and ecologically balanced environment will not be harmed), the principle of non-regression in environmental matters (as it was not proven that the proposed compensation was at least equivalent to the declassification), the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) (by reducing a biological reserve without meeting the respective constitutional requirements), and the principle of objectification of environmental protection (by using merely preliminary studies to support compensation proposals and because the challenged law is not supported by prior, sufficient, necessary, and individualized technical and scientific studies) that justify the reduction of the protected area.
Regarding Article 208 bis (current 234 bis) of the Regulations of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa), I have stated on several previous occasions (votes numbers 2011-015749 issued at 09:32 on November 16, 2011, 2005-398, 2007-2901, 2008-7687, and 2012-004151 issued at 4:00 p.m. on March 27, 2012) that I consider it to be unconstitutional, and therefore, the bills approved in this manner would also be unconstitutional in form. I have pointed out that our Constitution does not regulate the manner in which the Regulations of the Legislative Assembly must be reformed, so this normative text itself has had to regulate the procedures deemed convenient and in accordance with Constitutional Law, which is essential to guarantee legal certainty, the right of representation, and the protection of the democratic principle within the legislative procedure. Accepting the possibility that the Assembly may apply special procedures to the processing of amendments to its Regulations and bills, under the terms established in Article 208 bis, without the rules of the procedure to be followed having been previously defined, constitutes a clear injury to the principle of legal certainty and the democratic principle, as this would be the only way for deputies to know in advance and with sufficient notice the procedure to which they would be subject and thus exercise the corresponding participation and control mechanisms.
I have pointed out that, if the legislator did not clearly establish the procedural rules to apply what is intended in Article 208 bis, omitting to establish regulations or legislative practices, it incurred an evasion or non-compliance with its constitutionally assigned duties. Article 208 bis, in the terms in which it is drafted, means that every time the majorities decide, they can, as is already happening, by way of a procedural motion (moción de orden), give an exceptional course to the bill being processed, and its discussion would be left in light of procedures not established in the Regulations, that is, amidst a situation of legal uncertainty. Leaving the procedure to be applied in each specific case at the discretion of a majority, without it being previously made known to all members of Parliament, causes an injury to the democratic principle to the detriment of minorities, insofar as nothing guarantees that under the proposed landscape, minorities will not be affected regarding the exercise of the constitutional rights of their representatives in Congress.
What happened in the procedure approved to hear the consulted bill is a clear example of what has already been indicated, since because it is a procedural motion (moción de orden), in principle, it does not need to be publicized sufficiently in advance, regardless of its complexity. Nor are motions to modify it in order, since it would have to be a new proposal, for which the other factions have an extremely short, almost immediate time, and once the motion is approved by the majorities, they have no other option but to subject themselves to the limited participation granted to them in the created procedure. I have also considered under this hypothesis that the right of amendment is violated. Every deputy holds the constitutional right to participate in the law-making process, and thus, influence its final content. Certainly, the Legislative Assembly has the power to establish its own regulations, such as establishing special procedures; however, the manner in which they are being authorized is harmful to the principle of legal certainty, the right of political participation, the right of representation, as well as the democratic principle and the right of amendment of the deputies, insofar as the omission to regulate said procedures with the necessary advance notice and participation by all deputies renders them nugatory. For further abundance, the dissenting vote I signed in the aforementioned 2012 judgment is transcribed:
"IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CALZADA AND MAGISTRATES ARMIJO AND CRUZ, WITH THE SECOND DRAFTING. The unconstitutionality of Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, as well as its application to various legislative procedures, has been the subject of repeated challenges before this Chamber, in which this Chamber, by majority, has considered its conformity with the Constitution, starting with judgment 2008-7687, adopted with the dissenting vote of Magistrate Calzada, Magistrate Cruz, and Magistrate Armijo, which we reiterate on this occasion and declare the action with merit for the following reasons:
As a starting point, it is necessary to reiterate what was expressed by this Chamber in judgment number 2011-04778 issued at two thirty-one p.m. on April thirteenth, two thousand eleven, regarding the nature of Parliamentary Law and the limits of the Chamber's competence in matters of legislative procedure:
"Nature of Parliamentary Law and limits to the Chamber's competence in matters of legislative procedure. The fundamental mission of parliaments is to adopt decisions with the participation of all the political forces representing the various sectors of civil society. Parliamentary law fulfills an instrumental function to that end—although it also has a political function—of facilitating and ordering that process. This law has the characteristic that it arises as a product of the 'interna corporis,' of the capacity for self-regulation and the dynamic inherent to parliaments. In that sense, it is not a law created premeditatedly, but rather one that is discovered, that arises from practice; therefore, the customary aspect (custom) and interpretative aspect have great importance. In that sense, the power of self-government of Parliaments has a solid historical tradition and justification. Parliamentary law is characterized by being spontaneous, dynamic, and flexible.
It is nourished by everyday life, by the political reality in which it operates and where constant transformations occur that necessitate normative responses, often contrary to the classical dogmas of other legal branches, as is the case, for example, of the principle of singular non-derogability of the regulation, which receives different treatment than in administrative law and yields—on some occasions—in the parliamentary sphere to the dynamism that parliamentary procedures require. Its limit, of course, lies in the Constitution, in the principles and values of the ideological regime in which it operates. For that reason, this Chamber has recognized that its function in matters of legislative procedure is solely to declare those substantial defects that violate the constitutional principles and values applicable to the matter, because otherwise, it would be affecting the self-regulatory and functional capacity of parliament (interna corporis), distorting its role as guardian of constitutional supremacy into that of a kind of ad hoc Senate (judgment number 2007-9699, issued at ten o'clock on July fourth, two thousand seven). Thus, as this Court stated in judgment 2005-07961, issued at five fifty p.m. on June twenty-first, two thousand five:
'The self-determination of Parliament over its internal actions—repeatedly recognized by this Court—,' 'interna corporis,' is one of its essential powers expressly recognized by the Political Constitution in its Article 121, subsection 22), and is consubstantial to the democratic system. The objective pursued by granting the Assembly the competence to self-organize is so that through it, its procedures for action, organization, and functioning, and consequently its internal organization, are regulated within the parameters required by the democratic principles of equality and non-discrimination, with all their derivatives. This power is developed with absolute independence from the other organs of the State—by virtue of the principle established in Article 9 of the Constitution—and has as limits: compliance with Constitutional Law, that is, the set of constitutional values, principles, and norms, among which are those mentioned above, respect for the principles of reasonableness, rationality, and proportionality, in such a way that those exercising public powers cannot, by action, omission, or mere material conduct not based on an effective administrative act, violate or threaten fundamental rights, since in a democratic State there exists a constitution of freedom, whose purpose is to guarantee the individual the full enjoyment and exercise of human rights which are currently recognized in the Political Constitutions of most countries and in international human rights treaties (International Human Rights Law).
It is not legitimate, then, to use powers for purposes not assigned by the legal system (defect of abuse of power) equally or beyond what is reasonable (defect of excess of power). Having said the foregoing, the Chamber deems that it should not interfere with Parliament's right of self-regulation, unless, as stated, any of the indicated principles are violated, which in this specific case, would imply the affectation of the right of amendment, understood as the participation mechanism that deputies have to influence the law-making process. In this way, the Chamber's powers in this matter are exercised from the perspective of an arbiter, who moderates and contains excesses but does not interfere with an intrinsic constitutional power granted to another constitutional organ, so that only in the face of evident or gross violations of the constitutional principles governing parliamentary law would its intervention be legitimate.
Parliament has the right, in the exercise of its own self-regulatory power, to reconcile or balance, in the face of specific situations, not only the right of amendment, but also the other constitutional principles that also bind its actions, such as respect for majorities and reasonableness, that is, the harmonization of each and every one of the constitutional principles that must coexist during the legislative procedure is a competence proper to Parliament and specifically to the presiding officer of the debate and the deputies, and it is to be presumed that such functions are performed in accordance with the legal system and its principles [...]'. (The highlighted portion is not from the original).
Said judgment emphasizes that the Chamber's intervention in matters of legislative procedure, as indicated, should only occur:
'[...] in case of the use of these powers with evident abuse of power, resulting in the annulment of a right and not in its harmonization with the rest of the constitutional principles of parliamentary law [...] The contrary would imply, in our judgment, disrespect for the power of self-regulation and the democratic principle. The Chamber must not therefore become an instance for substituting the exercise of constitutional powers and political debate and dialogue, except, as indicated... if a fundamental right's content is suppressed or annulled.' The democratic principle. Our minority vote agrees with the claimant, based on the same grounds already expressed in the dissenting votes to judgments number 2005-398, 2008-07687, and 2007-2901 issued at 5:30 p.m. on February 28, 2007, based on the democratic principle, respect for which is essential for any examination of the conformity or non-conformity with the Constitution, of any norm or act. On this matter, this Chamber has expressed, unanimously, that:
'what the legislative procedure seeks is to ensure compliance with the democratic principle within a society that has adopted it as proper to its political institutions. Because perfect democracy is an unattainable ideal, the democratic principle constitutes the parameter that allows deducing the degree of proximity that a given society, at a given historical moment, achieves with respect to the ideal and its vocation to come as close as possible to it. At a minimum, the democratic principle demands respect for the principles of political participation and representation—including everything concerning respect for minorities—the basis of our political system. The latter unfolds into aspects such as the legitimacy of the means used to designate the various representatives and—no less importantly—the possibility of opposing, through the use of legitimate means, the will of the majority by groups representing minorities.
Based on the foregoing observations, it can be said that procedural violations that constitute injuries to the democratic principle, the inescapable direction of parliamentary activity, are unconstitutional. Likewise, legislative procedures that, due to being accelerated or impetuous, provoke debates that remain lacking a process that is calm in quality and reflection, and that also suffers from a broad projection of legislative activity, as guaranteed by Article 117 of the Political Constitution, constitute substantial infractions. Additionally, the omission of publication and the omission of carrying out the constitutionally established mandatory consultations have been considered substantial procedural defects. Regarding the first aspect, since the Legislative Assembly is a representative body of the national community, the publicity of parliamentary procedures is essential, because sovereignty resides in the people and the deputies are only their representatives (Article 105 of the Constitution), therefore their activity must necessarily transcend to the entire community, to the point that some specialists in Constitutional law define it as a publicity body' (judgment number 2012002675 issued at eleven fifty-two a.m. on February twenty-fourth, two thousand twelve).- Costa Rica is a representative democracy, which does not imply that the rulers of a specific historical moment can make decisions without listening to the voice of those who gave them such a mandate, that is, the will of the people as sovereign power.
This clarification is worthwhile, because in the absence of a mechanism that has been used to intuit the citizens' will, the only possible mechanism in a democracy is to open the doors to dialogue, to calm, restful, open discussion; otherwise, we would run the risk of falling into a "democratic tyranny," grossly violating the democratic principle, which is what guarantees the inhabitants of our country that the interests of the Nation will be guarded zealously and for the good of all. It is necessary to indicate, for the purposes of this reasoning, that one thing is a reform of the Regulations, seeking to order and adjust to the times (two-party system-multi-party system) in its daily work, so that the Legislative Power is more effective in regulating the situations occurring in the country, and another is to generate reforms to a specific article, for the processing of a specific case. Our Constitution does not regulate the manner in which the Regulations of the Legislative Assembly must be amended, so this same normative text has had to regulate the procedures deemed convenient and in accordance with Constitutional Law, which is essential to guarantee legal certainty, the right of representation, and the protection of the democratic principle within the legislative procedure.
The power that this body has to dictate the rules of its interna corporis is indisputable, provided for not only in the Constitution in subsection 22) of Article 121, but also consubstantial to the democratic system and specific to the Legislative Assembly as a constitutional power. Therefore, the Chamber has also recognized this self-regulating power, and from that perspective, it has clearly been considered that Parliament has the power to establish special procedures, if it sees fit, but that these must be defined expressly and in detail, since otherwise, accepting the possibility that the Assembly may apply special procedures to the processing of amendments to its Regulations and bills, under the terms established in Article 208 bis, without the rules of the procedure to be followed having been previously defined, constitutes a clear injury to the principle of legal certainty and the democratic principle, because according to the stated criterion, it is the only way for deputies to know in advance and with sufficient notice the procedure to which they will be subject and thus exercise the corresponding participation and control mechanisms.
Legal certainty. If the legislator did not clearly establish the procedural rules to apply what is intended in Article 208 bis, or forgot to establish regulations or legislative practices, it incurred an evasion or non-compliance with its constitutionally assigned duties. The introduction of the cited norm into the Regulations, in the terms in which it was approved, means that every time the majorities decide, they can, as is already happening, by way of a procedural motion (moción de orden), give an exceptional course to the bill being processed, and its discussion is left in light of procedures not established in the Regulations, that is, amidst a situation of legal uncertainty.
Principle of publicity. Regarding the principle of publicity, as was well indicated in the majority vote, the procedure is created by means of a procedural motion (moción de orden), which, according to Article 153 of the Regulations, can be presented at any time during the debate, proceeding to its immediate discussion. They do not need to be announced more than at that very moment, which is insufficient for it to be reviewed prior to its adoption by the deputies. That is why leaving the procedure to be applied in each specific case at the discretion of a majority, without it being previously made known to all members of Parliament, causes an injury to the democratic principle to the detriment of minorities, insofar as nothing guarantees that under the regime and application of Article 208 bis of the Legislative Regulations, minorities will not be affected regarding the exercise of the constitutional rights of their representatives in Congress. Once the motion is approved by the majorities, minority factions have no other option but to subject themselves to the limited participation granted to them in the created procedure.
Unreasonable restriction of the right of amendment and others.
Every deputy holds the constitutional right to participate in the law-making process and thereby to influence its final content. Although the power of the Legislative Assembly to provide for its own regulations is recognized, such as establishing special procedures, however, the manner in which it authorizes this is detrimental to the principle of legal certainty, the right of political participation, the right of representation, as well as the democratic principle and the right of amendment of the deputies, insofar as the omission to regulate said procedures with the necessary advance notice and participation by all deputies renders them null and void.
In summary, Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly constitutes an element of total rupture with the aforementioned principles and allows that, through a motion approved by two-thirds of the deputies, the Legislative Power may act against its condition as the body that guarantees popular representation, according to the design structured in Title Nine of the Political Constitution of 1949, to the substantial detriment of the democratic principle.— (…)." Therefore, I consider it relevant to recall my dissenting vote in said rulings, in the terms indicated, which leads me to consider in this case that the challenged law is unconstitutional, both in form and in substance.
Fernando Cruz C.
Magistrate Res. n.°2021-017245 DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS With the usual respect, the undersigned Magistrate partially dissents and declares the unconstitutionality action with merit in relation to the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, in the following terms:
The claimant alleged the infringement of Article 45 of the Political Constitution because, in his opinion, he is being deprived of his private property, Hacienda Ciruelas SP S.A., without there being a public interest that has been legally proven.
Said claim was dismissed in the unconstitutionality action processed under case file n.°19-000257-0007-CO, because the standing alleged in that proceeding was regarding diffuse interests by virtue of environmental protection, and it was not valid to rely on said argument to protect the alleged infringement of the right to private property. In ruling n.°2020-013836, the following was resolved unanimously:
“In this regard, the Chamber rules out the existence of any type of diffuse or collective interest in those arguments of the claimants. All those arguments are related in one way or another to the right to private property and its eventual violation, which would require the existence of a base matter in which the unconstitutionality had been invoked as a means to protect the right or interest claimed, which is lacking in this case. Consequently, such arguments are not susceptible to being analyzed on the merits.” In the specific case, the existence of a prior matter was demonstrated, namely, case file n.°18-010534-1027-CA, which is a special proceeding pending before the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (SENARA) seeks authorization to carry out prior expropriation studies on property 5-34930-000 and where the claimant invoked the plea of unconstitutionality.
Consequently, in the specific case, unlike what occurred in the aforementioned case file, the Constitutional Chamber does have standing to examine and resolve the alleged infringement of the right to private property.
As already noted, the claimant alleged the infringement of his right to private property without the public interest that justifies such encumbrance having been legally proven. The foregoing, because, through the approval of Law n.°9610, his private property, Hacienda Ciruelas SP S.A., was encumbered by incorporating it into the Lomas de Barbudal biological reserve. The foregoing as a compensation mechanism for the release (desafectación) of several hectares of the referred reserve for the execution of a potable water supply project in the middle basin of the Tempisque River and the coastal communities.
In this regard, indeed, the reporting authorities stated that, as resolved in ruling n.°2020-13836, the incorporation of the property Hacienda Ciruelas SP S.A. was justified by reasons of its location and for being a corridor for species, to compensate for the partial release of hectares that was carried out on the Lomas de Barbudal biological reserve.
Now, it must be said that the basis for that encumbrance of the property in question, that is, its incorporation into the biological reserve—and the consequent dispossession of the claimant’s property—is supported by technical studies that I previously considered deficient (see dissenting vote to ruling n.°2020-13836). Therefore, to be consistent, I must conclude in the case sub examine that indeed there is no legally proven public interest in the terms of Art. 45 of the Political Constitution, which is the essential prerequisite for subsequently initiating the indemnification procedures. In this regard, as relevant, in said dissenting vote I made the following considerations:
“From the statements made by the authorities themselves that appear in the unconstitutionality action file, it is possible to conclude that the compensation study carried out for the specific case was not executed with identical rigor in the incorporation of the ASETREK farm, compared to the subsequent integration of two other farms called Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas.
As noted supra, the disagreement of the claimants is that the final report ‘Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and adjacent farm’ omits to incorporate studies on the biological conditions of the other two properties, therefore it cannot be scientifically determined that they are properties that effectively have environmental characteristics that replace the ecosystem functions of the area to be released.
The PGR insisted on the need for the solidity of said study, as otherwise, there is a danger that the environmental impact generated by the release of a part of said biological reserve would not be adequately mitigated.
The Presidency of the Legislative Assembly evidenced that indeed the studies on the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas farms were not executed with the same detail and rigor as the study carried out on the ASETREK farm. The rest of the authorities agreed that the comprehensive evaluation of the referred farm resulted in the deficiency in the compensation of riparian forest, a priority in environmental protection for being almost unique in the country. This motivated the adoption of recommendations from the authorities of the Conservation Area themselves to integrate two other farms. However, regarding these two farms that were integrated into the compensation later, the biological study and biodiversity equivalence study was not carried out with similar parameters of demand and discipline. Furthermore, according to OET’s own considerations, which was the entity in charge of the study, the analysis regarding the Brindis de Amor Farm was merely preliminary, did not include an analysis of species composition in its secondary or deciduous forest, and no fauna study was carried out.
Likewise, the final decision to include Hacienda Ciruelas, although it denotes a desire to ensure adequate compensation, was not supported by any scientific study that accounts for the equivalence and the obligatory compensation of natural resources. The study leader acknowledged that ‘the fragment at Hacienda Ciruelas (erroneously called Rancho Wilson in our report) was indeed not evaluated.’ To the foregoing, it is fitting to add that based on a ten-month study in which fauna, flora, habitat structure, ecosystem services, and physical attributes were assessed, and which included sampling in both the dry season and the rainy season, it was concluded that the ASETREK farm was not sufficient to compensate for the forest areas released in RBLB. Therefore, with even greater reason, the basis for making inclusions, at the last moment, that can truly meet the compensation requirements demanded in terms of fauna species, forests, and carbon sequestration is not apparent.
Therefore, I consider that the deficiencies detected in the studies, which were acknowledged by the authorities that intervened in this constitutionality proceeding, are detrimental to the constitutional principles already indicated and which, in general terms, obligate the State to adopt decisions related to the reduction of protected wild areas based on a duly substantiated technical study.
Conclusions
The considerations made allow us to conclude that there are four types of studies in this matter that are not equivalent: 1) the study that justifies the release of a protected area, 2) the compensation study for the release of a protected area, 3) the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of an infrastructure project. Apart is the feasibility study for the execution of an infrastructure project. In the case of the law under examination, the first was omitted, the second was done deficiently, and the third is yet to be done (as would correspond after having the first two, and upon the law being enacted). The project feasibility study does not substitute, in part or in whole, any of the three previous ones. For this reason, I consider that those who point out that the challenged regulation is unconstitutional due to the infringement of the precautionary principle, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad) and objectification of environmental protection, which must govern decision-making in this matter, are correct.” (What is highlighted does not correspond to the original).
From that excerpt of my dissenting vote, it can be verified that my reasoning is supported by the very evidence brought to case file n.°19-000257-0007-CO, in which I concluded the deficiency of the technical study that determined the incorporation of Hacienda Ciruelas as part of the compensation required by the release of a protected wild area.
In that case, I considered that the insufficiency of these studies implied a transgression of the State's obligation to ensure the protection of a healthy and ecologically balanced environment. Now, in the specific case, and being consistent with my analysis, I must conclude that such deficiencies and the last-minute incorporation of Hacienda Ciruelas precisely entail the omission to demonstrate a public interest that appropriately justifies the deprivation of the claimant's right to private property. It should be recalled that the first paragraph of Art. 45 of the Constitution orders:
“Property is inviolable; no one may be deprived of their own except for a legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law.” In this regard, this Constitutional Chamber has affirmed, for example, the following:
“the right to property is constitutionally guaranteed and, therefore, any threat to it or to its exercise cannot be the result of an arbitrary act” (vote n.°160-1997).
Therefore, as the basis for the dispossession of the claimant’s property cannot be clearly specified—due to the deficiencies in the technical study that supported the legislative decision—it is appropriate to state that such determination is lacking in reasonableness, that is, the indispensable criterion ensuring that laws and, in general, every norm, do not result in an arbitrary and senseless exercise of public power, but rather respond to needs and real motivations duly justified, especially in the present case, in which the constitutional norm demands the due legally proven public interest as a condition for the deprivation of private property. This is prior to the compensation procedure in accordance with the law.
As a corollary of the considerations made, I consider that in the present proceeding the claimant is correct, in the sense that the deficiency of the technical studies that served as the basis for the approval of Law n.°9610 implies a deprivation of his right to private property, without there being a legally proven public interest.
Therefore, I consider that the unconstitutionality action must be declared with merit as regards the alleged injury to Art. 45 of the Political Constitution.
Anamari Garro V.
Magistrate Observations of CONSTITUTIONAL CHAMBER voted by ballot Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 01:29:39.
Control constitucional: Sentencia desestimatoria Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:
NO APLICA.
Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:
NO APLICA.
017245-21. PROPIEDAD. MODIFICACIÓN A LOS LÍMITES DE LA RESERVA BIOLÓGICA DE BARBUDAL. Acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 9610. Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras. Publicada en al Alcance No. 199 de La Gaceta del 23/11 Parte dispositiva: Se declara sin lugar la acción en cuanto a la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política y del artículo 208 bis –hoy 234 bis- del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En cuanto al principio de seguridad jurídica debe estarse a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020. El Magistrado Cruz Castro pone nota para consignar que, salvó el voto en la sentencia número 2020-013836 por la violación a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental; además pone nota sobre el artículo 208 bis ( hoy 234 bis). La Magistrada Garro Vargas salva el voto parcialmente y declara con lugar la acción de inconstitucionalidad respecto de la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política. Notifíquese.- CO01/22 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 083- Coadyuvancias Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. “…Sobre las solicitudes de coadyuvancia. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que en el plazo de quince días posteriores a la primera publicación del edicto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso los motivos de inconstitucionalidad con el asunto que les interesa…” CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 045- Propiedad privada Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…la jurisprudencia constitucional ha sido retirada en que el derecho a la propiedad puede ser objeto de límites o limitaciones, siempre que estás tengan como base la existencia de una necesidad social; es decir, que exista un interés social que sustente dichas restricciones. Estas limitaciones tienen su punto de partida a partir del grado de afectación al derecho de propiedad del particular por parte del Estado, pueden ser parciales, sin vaciar su contenido permitiendo que el propietario pueda continuar disfrutando y haciendo uso de su propiedad, o, totales cuando se vacié su contenido esencial, impidiendo que el propietario pueda disfrutar de su propiedad. Ante este último escenario, se está frente al proceso de expropiación que le genera a la Administración la obligación de indemnizar al propietario –mecanismo previsto para poder despojar al particular de su propiedad-, el cual, incluso está prevista constitucionalmente en el propio artículo 45 de la Constitución Política…” CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:
NO APLICA.
Nota del Magistrado Cruz C.
En este asunto se resolvió, por un lado, declarar sin lugar la acción en cuanto al alegato de violación del artículo 45 constitucional y 208 bis (234 bis actual) del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, estese a lo resuelto por esta Sala en el voto número 2020-013836 de las 15:30 horas del 22 de julio del 2020.
He consignado esta nota para consignar dos aspectos: que he considerado en el voto mencionado que esta acción debe ser declarada con lugar, y para ratificar lo que he considerado en varios votos anteriores sobre el procedimiento del artículo 208 bis (hoy 234 bis) del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
En cuanto a lo primero, en la resolución número 2020-013836, procedí a salvar el voto, junto al Magistrado Rueda, para declarar con lugar la acción. Lo anterior, por considerar que la Ley n°9610 “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras” contiene una transgresión al numeral 50 de la Constitución Política, al principio precautorio (por la duda sobre las condiciones reales de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y de la propuesta de compensación generada por las falencias detectadas en el estudio de la Organización para Estudios Tropicales, así como la falta de certeza en cuanto a que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado no se vea lesionado), al principio de no regresión en material ambiental (al no acreditarse que la compensación propuesta al menos fuera equivalente a la desafectación), al principio de irreductibilidad (al reducirse una reserva biológica sin cumplir los requisitos constitucionales respectivos) y al principio de objetivación de la tutela ambiental (al utilizarse estudios meramente preliminares para sustentar propuestas de compensación y al no estar sustentada la ley cuestionada en estudios técnicos y científicos previos, suficientes, necesarios e individualizados) que justifiquen la reducción del área protegida.
En cuanto al artículo 208 bis (actual 234 bis) del Reglamento de la Asamblea Legislativa he manifestado en varias oportunidades anteriores (votos números 2011-015749 de las 09:32 horas del 16 de noviembre del 2011, 2005-398, 2007-2901, 2008-7687 y 2012-004151 de las 16 horas del 27 de marzo del 2012) que considero que es inconstitucional, y por lo tanto también lo serían por la forma, los proyectos de ley así aprobados. He señalado que nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se han estimado convenientes y acordes con el derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Aceptar la posibilidad que la Asamblea aplique procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el artículo 208 bis, sin que de previo se definieran las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático, pues esta sería la única forma en que los diputados conocieran previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se iban a sujetar y así ejercer los mecanismo de participación y control correspondientes.
He señalado que, si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el artículo 208 bis, omitiendo establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus deberes constitucionalmente asignados. El artículo 208 bis, en los términos en que está redactado, supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión quedaría a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento, es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica. Dejar al arbitrio de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada garantiza que bajo el panorama propuesto las minorías no se vean afectadas en cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso.
Lo sucedido en el procedimiento aprobado para conocer el proyecto consultado, es un claro ejemplo de lo ya señalado, ya que por tratarse de una moción de orden, en principio, no requiere ser publicitada con suficiente antelación, independientemente de su complejidad. Tampoco proceden las mociones para modificarla, ya que tendría que tratarse de una propuesta nueva, para lo cual las otras fracciones cuentan con un tiempo sumamente corto, casi inmediato y una vez aprobada la moción por las mayorías, no tiene otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el procedimiento creado. También he considerado en esta hipótesis, que se conculca el derecho de enmienda. Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Ciertamente la Asamblea Legislativa tiene potestad para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma en que se están autorizando resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos. A mayor abundamiento se transcribe el voto salvado que he suscrito en la sentencia mencionada, del año 2012:
“IX.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y CRUZ, CON REDACCION DEL SEGUNDO. La inconstitucionalidad el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como su aplicación a diversos procedimientos legislativos, ha sido objeto de reiterados cuestionamientos ante esta Sala, en los cuales esta Sala, por mayoría, ha considerado su conformidad con la Constitución, a partir de la sentencia 2008-7687, adoptada con el voto salvado de la Magistrada Calzada, el Magistrado Cruz y el magistrado Armijo, que reiteramos en esta ocasión y declaramos con lugar la acción por las siguientes razones:
Como punto de partida, es preciso reiterar lo expresado por esta Sala en la sentencia número 2011-04778 de catorce horas treinta y un minutos del trece de abril de dos mil once, en cuanto a la naturaleza del Derecho Parlamentario y los límites de la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo:
“Naturaleza del Derecho Parlamentario y límites a la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo. La misión fundamental de los parlamentos es la de adoptar decisiones con la participación del conjunto de fuerzas políticas que representan los diversos sectores de la sociedad civil. El derecho parlamentario cumple una función instrumental a ese fin -aunque tiene también una función política-, de facilitar y ordenar ese proceso. Este derecho tiene la característica de que surge producto de la “interna corporis”, de la capacidad de autonormatividad y dinámica propia de los parlamentos. En ese sentido no es un derecho que se crea premeditadamente, sino que se descubre, que nace de la práctica, por lo tanto el aspecto consuetudinario (la costumbre) e interpretador tienen gran importancia. En ese sentido, la potestad de autogobierno de los Parlamentos tiene una sólida tradición y justificación histórica.
El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianeidad, de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas normativas, muchas veces contrarias a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas, como es el caso por ejemplo, del principio de inderogabilidad singular del reglamento, que tiene un tratamiento distinto al del derecho administrativo, y cede –en algunas ocasiones- en el ámbito parlamentario a la dinamicidad que exigen los procedimientos parlamentarios. Su límite, desde luego, está en la Constitución, en los principios y valores del régimen ideológico en el que opera. Por esa razón esta Sala ha reconocido que su función en materia de procedimiento legislativo es únicamente la de declarar, aquellos vicios sustanciales, que violen los principios y valores constitucionales aplicables a la materia, pues de lo contrario estaría afectando la capacidad autonormativa y funcional del parlamento (interna corporis), distorsionando su papel de guardián de la supremacía constitucional, por el de una especie de senado Ad hoc (sentencia número 2007-9699, de las diez horas del cuatro de julio de dos mil siete). De esta forma, como lo señaló este Tribunal en la sentencia 2005-07961, de las diecisiete horas cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco:
“La autodeterminación del Parlamento sobre su accionar interno -reconocida en forma reiterada por este Tribunal-, "interna corporis", es una de sus potestades esenciales expresamente reconocida por la Constitución Política en su artículo 121 inciso 22), y que resulta consustancial al sistema democrático. El objeto perseguido con la atribución de la competencia para autoorganizarse de la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus procedimientos de actuación, organización y funcionamiento y en consecuencia su organización interna dentro de los parámetros que exigen los principios, democrático, de igualdad y no discriminación, con todos sus derivados. Esta potestad se desarrolla con absoluta independencia de los otros órganos del Estado –en virtud del principio establecido en el artículo 9 de la Carta Fundamental-, y tiene como límites: el acatamiento del Derecho de la Constitución, es decir, al conjunto de valores, principios y normas constitucionales, dentro de los que están los mencionados supra, el respeto a los principios de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, de tal forma que quienes ejerzan potestades públicas no pueden por acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, violentar o amenazar los derechos fundamentales, toda vez que en un Estado democrático existe una constitución de la libertad, cuyo objeto es garantizarle al individuo el disfrute y goce pleno de los derechos humanos los que se encuentran actualmente reconocidos en las Constituciones Políticas de la mayoría de los países y en los tratados internacionales de derechos humanos (Derecho Internacional de los Derechos Humanos).
No es legítimo entonces, utilizar las potestades para otros fines no asignados por el ordenamiento jurídico (vicio de desviación de poder) igual o más allá de lo razonable (vicio de exceso de poder). Dicho lo anterior, estima la Sala que no debe interferir con el derecho de autorregulación del Parlamento, salvo que, según se expuso, se viole alguno de los principios señalados, que en este caso concreto, implicarían la afectación del derecho de enmienda, entendido como el mecanismo de participación que tienen los diputados para influir durante el proceso formativo de la ley. De esta forma, las potestades de la Sala en esta materia son ejercidas bajo la perspectiva de un árbitro, que modera y contiene excesos pero no interfiere con una potestad constitucional intrínseca otorgada a otro órgano constitucional, de modo que sólo frente a violaciones evidentes o groseras, de los principios constitucionales que rigen el derecho parlamentario, sería legítima su intervención.
El parlamento tiene derecho en ejercicio de su propia potestad de autorregulación, de conciliar o equilibrar, frente a situaciones concretas, no sólo el derecho de enmienda, sino también los otros principios de rango constitucional que también vinculan su actuar, como el de respeto a las mayorías y el de razonabilidad, es decir, que la armonización de todos y cada uno de los principios constitucionales que deben coexistir durante el procedimiento legislativo, es una competencia propia del Parlamento y concretamente del Director del debate y de los diputados, y cabe suponer que tales funciones se realizan con apego al ordenamiento y sus principios […]”. (El resaldado no es del original).
Dicha sentencia enfatiza que la intervención de la Sala en materia de procedimiento legislativo, conforme a lo señalado, sólo debe darse:
“[…] en caso de la utilización de estas potestades con evidente abuso de poder, que resulte en la anulación de un derecho y no en su armonización con el resto de los principios constitucionales del derecho parlamentario [...] Lo contrario implicaría a nuestro juicio un irrespeto a la potestad de autorregulación y al principio democrático. No debe entonces la Sala constituirse en una instancia de sustitución del ejercicio de potestades constitucionales y del debate y diálogo político, salvo que, como se indicó… se suprima, o anule el contenido de algún derecho fundamental.” El principio democrático. Nuestro voto minoritario da la razón al accionante, por los mismos fundamentos ya expresados en los votos salvados a la sentencias número 2005-398, 2008-07687 y 2007-2901 de 17:30 hrs. de 28 de febrero de 2007, partiendo del principio democrático, cuyo respeto resulta esencial para cualquier examen de la conformidad o disconformidad con la Constitución, de cualquier norma o acto. Sobre el particular, esta Sala ha expresado, en forma unánime, que:
“lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio democrático dentro de una sociedad que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad que alcanza una determinada sociedad, en un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse al máximo posible al mismo. Como mínimo, el principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación política –incluyendo todo lo que concierne al respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en aspectos tales como la legitimidad de los medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos importante -, la posibilidad de oponerse, mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que representan las minorías.
A partir de las anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del procedimiento que constituyan lesiones al principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo, constituyen infracciones sustanciales, los trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que quedan ayunos de un proceso reposado en calidad y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la Constitución Política. Además, se han considerado vicios sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de realizar las consultas obligatorias establecidas constitucionalmente. En cuanto al primer aspecto, al ser la Asamblea Legislativa un órgano representativo de la comunidad nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como un órgano de publicidad” (sentencia número 2012002675 de once horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de febrero del dos mil doce).- Costa Rica es una democracia representativa, lo cual no implica que los gobernantes de un determinado momento histórico, puedan tomar sus decisiones, sin escuchar la voz de quien les ha dado tal mandato, es decir, la voluntad del pueblo como poder soberano.
Valga esta aclaración, puesto que al no existir un mecanismo que se hubiere utilizado para intuir la voluntad ciudadana, el único mecanismo posible en una democracia, es abrir las puertas del diálogo, de la discusión pausada, reposada, con apertura, pues de lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una “tiranía democrática”, violando de forma grosera el principio democrático, que es el que garantiza a los habitantes de nuestro país que los intereses de la Nación serán resguardados con celo y para el bien de todos. Es menester indicar, para los efectos de este razonamiento, que una cosa es una reforma del Reglamento, que busca ordenar y ajustar a los tiempos (bipartidismo-multipatidismo) en su quehacer cotidiano, para que el Poder Legislativo sea más efectivo en la regulación de las situaciones que acontecen en el país, y otra, generar reformas a un artículo específico, para la tramitación de un caso concreto.
Nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el reglamento la Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se han estimado convenientes y acordes con el Derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Resulta indiscutible la potestad que tiene ese órgano para dictar las normas de su interna corporis, prevista no solo en la carta Fundamental en el inciso 22) del artículo 121, sino también consustancial al sistema democrático y específico de la Asamblea Legislativa como poder constitucional. Por ende, también la Sala ha reconocido esta potestad autorreguladora y por ello, desde esa perspectiva, se ha considerado, claramente, que el Parlamento tiene potestad para establecer procedimientos especiales, si a bien lo tiene, pero que éstos deben ser definidos de manera expresa y detallada, ya que, de lo contrario, aceptar la posibilidad de que la Asamblea aplique procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el artículo 208 bis, sin que de previo se definan las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático, pues según el criterio externado, es la única forma en que los diputados conozcan previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se van a sujetar y así ejercer los mecanismos de participación y control correspondientes.
Seguridad jurídica. Si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el artículo 208 bis, u olvidaba establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus deberes constitucionalmente asignados. La introducción de la norma citada al Reglamento, en los términos en que se aprobó, supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión queda a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento, es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica.
Principio de publicidad. Respecto del principio de publicidad, como bien se indicó en el voto de mayoría, el procedimiento se crea mediante una moción de orden, las cuales, según el artículo 153 del Reglamento, pueden ser presentadas en cualquier momento del debate, procediendo a su discusión inmediatamente. No requieren ser anunciadas más que en el mismo momento, lo que resulta insuficiente para que sea revisado previamente a su adopción por parte de los diputados. Es por eso, que dejar al arbitrio de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada garantiza que bajo el régimen y aplicación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, las minorías no se vean afectadas en cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso. Una vez aprobada la moción por las mayorías, las fracciones minoritarias no tienen otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el procedimiento creado.
Restricción irrazonable del derecho de enmienda y otros. Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Aunque se reconoce la potestad que tiene la Asamblea Legislativa para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma en que lo autoriza resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos.
En síntesis, el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, constituye un elemento de ruptura total con los principios señalados y permite que, mediante una moción aprobada por dos tercios de los diputados, el Poder Legislativo pueda atentar contra su condición de órgano que garantiza la representación popular, según el diseño estructurado el Título Noveno de la Constitución Política de 1949, en detrimento sustancial del principio democrático.- (…)".
Por ello, considero relevante recordar mi voto salvado en dichas sentencias, en los términos indicados, lo cual me lleva a considerar en este caso, que la ley impugnada resulta inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo.
Fernando Cruz C.
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Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:
NO APLICA.
Res. n.°2021-017245 VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Con el respeto acostumbrado, la suscrita Magistrada salva el voto parcialmente y declara con lugar la acción de inconstitucionalidad en relación con la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política, en siguientes términos:
El accionante alegó la infracción del artículo 45 de la Constitución Política porque en su criterio se le priva de su propiedad privada, Hacienda Ciruelas SP S.A., sin que haya un interés público que hubiere sido legalmente comprobado.
Dicho reclamo fue desestimado en la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente n.°19-000257-0007-CO, por cuanto la legitimación que se alegó en ese proceso lo era respecto de los intereses difusos en virtud de la protección del medio ambiente, y no era válido ampararse en dicho alegato para tutelar la supuesta infracción del derecho a la propiedad privada. En la sentencia n.°2020-013836, por unanimidad, se resolvió lo siguiente:
“Al respecto, la Sala descarta la existencia de algún tipo de interés difuso o colectivo en esos alegatos de los accionantes. Todos esos argumentos se encuentran relacionados de una u otra forma con el derecho de propiedad privada y su eventual transgresión , lo que requeriría de la existencia de un asunto base en el que se hubiera invocado la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés reclamado, lo que se echa de menos en este caso. Por consiguiente, tales alegatos, no son susceptibles de ser analizados por el fondo”.
En el caso concreto se demostró la existencia de un asunto previo, a saber, el expediente n.°18-010534-1027-CA, que es un proceso especial que se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (SENARA) pretende la autorización para realizar los estudios previos de expropiación sobre el inmueble 5-34930-000 y en donde el actor invocó el alegato de inconstitucionalidad.
En consecuencia, en el caso concreto, a diferencia de lo ocurrido en el expediente supra citado, la Sala Constitucional sí se encuentra legitimada para examinar y resolver la alegada infracción del derecho a la propiedad privada.
Como ya se apuntó, el accionante adujo la infracción de su derecho a la propiedad privada sin que se haya comprobado legalmente el interés público que justifique tal afectación. Lo anterior, por cuanto, mediante la aprobación de la ley n.°9610 se afectó su propiedad privada, Hacienda Ciruelas SP S.A., incorporándola dentro de la reserva biológica Lomas de Barbudal. Lo anterior como un mecanismo de compensación por la desafectación de varias hectáreas de la referida reserva para la realización de un proyecto de suministro de agua potable en la cuenta media del río Tempisque y las comunidades costeras.
Al respecto, en efecto, las autoridades informantes manifestaron que, tal y como se resolvió en la sentencia n.°2020-13836, la incorporación de la propiedad Hacienda Ciruelas SP S.A. fue justificada por razones de su localización y por ser corredor para las especies, para compensar la desafectación parcial de hectáreas que se realizó a la reserva biológica Lomas de Barbudal.
Ahora bien, debe decirse que el fundamento para esa afectación de la propiedad en mención, es decir, su incorporación a la reserva biológica –y el consecuente despojo al accionante de su propiedad–, está apoyada en unos estudios técnicos que anteriormente consideré deficientes (ver voto salvado a la sentencia n.°2020-13836). Entonces, para ser consistente, he de concluir en el caso sub examine que efectivamente no existe el interés público legalmente comprobado en los términos del art. 45 de la Constitución Política, que es el presupuesto esencial para posteriormente iniciarse los trámites indemnizatorios. Al respecto, en lo conducente, en dicho voto salvado realicé las siguientes consideraciones:
“A partir de las manifestaciones realizadas por las propias autoridades que constan en el expediente de la acción de inconstitucionalidad, es posible concluir que el estudio de compensación realizado para el caso concreto no fue ejecutado con idéntica rigurosidad en la incorporación de la finca ASETREK, respecto de la integración posterior de otras dos fincas llamadas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas.
Como se señaló supra, la disconformidad de los accionantes es que el informe final “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente” omite incorporar estudios sobre las condiciones biológicas de las otras dos propiedades, por lo que no se puede determinar de manera científica que se trate de propiedades que efectivamente cuenten con características medioambientales que reemplacen las funciones eco sistémicas del á rea por desafectar.
La PGR insistió en la necesidad de la solidez de dicho estudio, pues de lo contrario, existe un peligro de que no se estaría mitigando adecuadamente el impacto ambiental generado por la desafectación de una parte de dicha reserva biológica.
La Presidencia de la Asamblea Legislativa evidenció que efectivamente los estudios en las fincas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas no se ejecutaron con el mismo detalle y rigor respecto del estudio que se realizó a la finca ASETREK. El resto de autoridades coincidieron en que la evaluación integral de la referida finca dio como resultado la carencia en la compensación de bosque ripario, prioridad en la protección medio ambiental por ser casi única en el país. Esto motivó a que se adoptaran recomendaciones de las propias autoridades del Área de Conservación de integrar otras dos fincas. Sin embargo, respecto de estas dos fincas que se integraron a la compensación con posterioridad, no se realizó el estudio biológico y de equivalencia de biodiversidad con similares parámetros de exigencia y disciplina. Además, según las propias consideraciones de OET, que fue el ente encargado del estudio, el análisis respecto de la Finca Brindis de Amor fue meramente preliminar, no incluyó un análisis de composición de especies en su bosque secundario o deciduo y no se realizó ningún estudio de fauna.
Asimismo, la decisión final de incluir la Hacienda Ciruelas, si bien denota un afán de asegurar una adecuada compensación, no se respaldó en ningún estudio científico que dé cuenta de la equivalencia y de la obligada compensación de recursos naturales. El responsable de estudio reconoció que “el fragmento en la Hacienda Ciruelas (llamado por error Rancho Wilson en nuestro informe) efectivamente no fue evaluado”.
A lo anterior, conviene añadir que sobre la base de un estudio de diez meses en el que se valoró fauna, flora, estructura de hábitat, servicios ecosistémicos y atributos físicos, y que incluyeron muestreos tanto en época seca como en la temporada lluviosa se concluyó que la finca ASETREK no era suficiente para compensar las áreas de bosques desafectados en RBLB. Por eso, con mucha más razón, no se advierte cuál es la base para realizar unas inclusiones, en el último momento, que puedan realmente cumplir los requerimientos de compensación exigidos en cuanto a especies de fauna, bosques y fijación de carbono.
Por lo tanto, estimo que las deficiencias detectadas en los estudios, las cuales fueron reconocidas por las autoridades que intervinieron en este proceso de constitucionalidad, son lesivas de los principios constitucionales ya señalados y que, en términos generales, obligan al Estado a adoptar decisiones relacionadas con la reducción de áreas silvestres protegidas sobre la base de un estudio técnico debidamente fundamentado.
Conclusiones
Las consideraciones realizadas permiten concluir que hay cuatro tipos de estudios en esta materia que no son homologables: 1) el estudio que justifique la desafectación de un área protegida, 2) el estudio de compensación de la desafectación de un área protegida, 3) el estudio de impacto ambiental de un proyecto de infraestructura. Aparte está el estudio de factibilidad de la realización de un proyecto de infraestructura. En el caso de la ley bajo examen, se omitió hacer el primero, se hizo deficientemente el segundo y el tercero está por hacer (según correspondería luego de tener los dos primeros, y de promulgarse la ley). El estudio de factibilidad del proyecto no sustituye en parte ni en su totalidad ninguno de los tres anteriores. Por tal motivo, estimo que llevan razón quienes señalan que la normativa cuestionada resulta inconstitucional por la infracción a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental, que deben regir la toma de decisiones en esta materia”. (Lo que se encuentra destacado no corresponde al original).
De ese extracto de mi voto salvado se puede constatar que mi razonamiento se encuentra respaldado en las propias probanzas allegadas al expediente n.°19-000257-0007-CO, en el que concluí la deficiencia del estudio técnico que determinó la incorporación de la Hacienda Ciruelas como parte de la compensación exigida por la desafectación de un área silvestre protegida.
En aquel caso consideré que la insuficiencia de estos estudios implicaba una transgresión a la obligación del Estado de velar por la protección de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora, en el caso concreto, y siendo consecuente con mi análisis, debo concluir que tales carencias y la incorporación en el último minuto de la Hacienda Ciruelas conlleva precisamente la omisión en demostrar un interés público que justifique de forma apropiada la privación del derecho a la propiedad privada del accionante. Recuérdese que el párrafo primero del art. 45 constitucional ordena:
“ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”.
Al respecto, esta Sala Constitucional ha afirmado, por ejemplo, lo siguiente:
“el derecho a la propiedad se encuentra constitucionalmente garantizado y, por lo tanto, cualquier amenaza a éste o a su ejercicio no puede ser fruto de un acto arbitrario” (voto n.°160-1997).
Por lo anterior, al no poder precisarse con claridad el fundamento del despojo de la propiedad del accionante –debido a las deficiencias en el estudio técnico que apoyó la decisión legislativa–, corresponde afirmar que tal determinación es carente de razonabilidad, es decir, del criterio indispensable que asegura que las leyes y, en general toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del poder público, sino que respondan a necesidades y motivaciones reales debidamente justificadas, máxime en el presente caso, en el que la norma constitucional exige el debido interés público legalmente comprobado como condición de la privación de la propiedad privada. Esto de previo al trámite de indemnización conforme a la ley.
Corolario de las consideraciones realizadas, estimo que en el presente proceso lleva razón el accionante, en el sentido de que la deficiencia de los estudios técnicos que sirvieron de fundamento para la aprobación de la ley n.°9610, implican una privación de su derecho a la propiedad privada, sin que haya un interés público legalmente comprobado.
Por lo tanto, estimo que la acción de inconstitucionalidad debe ser declarada con lugar en lo que se refiere a la alegada lesión al art. 45 de la Constitución Política.
Anamari Garro V.
CO01/22 ... Ver más *CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Acción de inconstitucionalidad promovida por GARY DOUGLAS STEWART POSTEL, mayor, casado, empresario, vecino de Bagaces, cédula de identidad 1-0466-0672, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de HACIENDA CIRUELAS S P S.A, cédula de persona jurídica 3-101-290749, contra la Ley No. 9610 de octubre de 2018, denominada “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras”.
Resultando:
13- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala el 17 de marzo de 2021, se apersona Willy Hernández Chan, cédula de identidad 0108890524, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la sociedad Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A., presenta coadyuvancia activa en la presente acción de inconstitucionalidad. Manifiesta que su propiedad es colindante de la propiedad de Brindis de Amor en Liberia S.A, razón por la cual, su propiedad quedó fuera de los nuevos linderos de la RBLB; no obstante, su propiedad quedó totalmente enclavada dentro de los nuevos límites de la RBLB, debido a que el camino de acceso de casi 600 metros que le permitía conectar su propiedad con la calle pública quedo dentro del área de la RBLB. Por lo expuesto, considera que se está lesionando su derecho a la propiedad, al principio de seguridad jurídica. Solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9610.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
I.Sobre la admisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad. El accionante justifica su legitimación en el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Para tales efectos, indica como asunto previo el expediente No. 18-010534-1027-CA, el cual se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Dicho proceso se trata de un proceso especial incidental, por medio del cual, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) pretende la autorización para realizar los estudios previos sobre el inmueble 5-34930-000 de su representada Hacienda Ciruelas S P S.A. Asimismo, consta que, por escrito recibido el 01 de setiembre de 2020, el accionante invocó el alegato de inconstitucionalidad de la Ley No. 9610 dentro de dicho proceso. Conforme lo expuesto, el accionante ostenta la legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad.
II.El objeto sobre el que recae esta impugnación. De acuerdo con el escrito de interposición, el accionante cuestiona la constitucionalidad de la Ley No. 9610, “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenta media del Río Tempisque y comunidades costeras”, publicada en el Alcance No. 199 de la Gaceta del 23 de noviembre de 2018. Afirma que lesiona el artículo 45 de la Constitución Política, en virtud de que se priva la propiedad privada de su representada sin indemnización previa, sin la realización de un avaluó y sin presupuesto para la expropiación; así como el principio de seguridad y el procedimiento establecido en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativo, por cuanto, debía ser aprobada por mayoría calificada al imponer limitaciones a la propiedad privada; además, de que existen errores técnicos en la nueva delimitación de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal que crean una inseguridad jurídica que impide saber a ciencia cierta cuantas hectáreas deben expropiarse y cuáles son sus límites verdaderos.
III.Sobre las solicitudes de coadyuvancia. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que en el plazo de quince días posteriores a la primera publicación del edicto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso los motivos de inconstitucionalidad con el asunto que les interesa.
En la especie, mediante resolución de las 08:50 horas del 19 de marzo de 2021, la Presidencia de la Sala aceptó las coadyuvancias activas presentadas por María del Milagro Gamboa Mirada, cédula de identidad 0114330357, en su condición de Presidente con facultades de Apoderada generalísimo sin límite de suma de Brindis de Amor en Liberia S.A., y a Willy Hernández Chan, cédula de identidad 0108890524, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la sociedad Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A. Quienes reiteran los cuestionamientos realizados por el accionante con respecto al artículo 45 de la Constitución Política, el principio de seguridad jurídica y el procedimiento establecido en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
IV.Antecedente.- El accionante indica que la ley impugnada viola los artículos 7 y 11 de la Constitución Política, por cuanto no se notificó a Ramsar la desafectación del área de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal ni el cambio en sus límites como así lo establece el CORACAT; y además, se viola la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco. Alega la violación al principio de legalidad, por considerar que no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley del Ambiente en el proceso de modificación de límites, la desafectación e incluir 500 hectáreas de terrenos privados dentro de los nuevos límites de la reserva biológica, en virtud de la falta de estudios preliminares.
Al respecto, esta Sala Constitucional mediante sentencia número 2021-000634 de las 13:00 del 13 de enero de 2021, le indicó al accionante que respecto a los alegatos mencionados anteriormente, deberá estarse a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, en la cual se dispuso lo siguiente:
“Por tanto:
En relación con la acusada violación al artículo 45 de la Constitución Política, al numeral 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y al principio de seguridad jurídica, por unanimidad se declara inadmisible la acción, porque, por un lado, no se observa algún tipo de interés difuso o colectivo, y, por otro, no existe algún asunto previo en el que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés reclamado. Igualmente, por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la argüida vulneración a los ordinales 7 y 176 de la Constitución Política y a los principios constitucionales de equilibrio presupuestario, razonabilidad y proporcionalidad, y economía y eficiencia. En cuanto a la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política, por mayoría se declara sin lugar la acción.
Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran con lugar la acción por violación a los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes y pone nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado ponen notas separadas. Notifíquese este pronunciamiento a la parte accionante, al Procurador General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa, al Ministro de Ambiente y Energía, al Ministro de Agricultura y Ganadería, al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y a los coadyuvantes.” Bajo las siguientes conclusiones:
“…Por consiguiente, la ley cuestionada no resulta inconstitucional, contó con estudios previos y criterios técnicos expresados por las autoridades competentes a lo largo de las comparecencias legislativas, entre estos SENARA, SINAC, MINAE, S ETENA, MAG y OET y, además, dispone la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá contemplar de previo, todos los impactos y medidas de mitigación que procedan para garantizar que, efectivamente, no sea lesionado el ambiente, así como también, determine que se producirá una compensación, no solo en tamaño, sino de naturaleza ecológica hasta donde razonablemente sea posible en este último supuesto. En criterio de este Tribunal, se trata de una ley condicionada, cuya eficacia queda supeditada a que el estudio de impacto ambiental pendiente del proyecto PAACUME, confirme los resultados previos, y se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de un desarrollo sostenible, de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida, así como para determinar que la compensación del área contemple tanto el elemento cuantitativo como el cualitativo , por lo que no llevan razón al indicar que se violenta el principio precautorio.
Por otro lado, los accionantes cuestionan que no se notificó a RAMSAR sobre la desafectación del á rea de la RBLB, ni tampoco del cambio en los límites de esa reserva biológica, lo que supone una omisión que infringe los compromisos internacionales de nuestro país y, por ende, una violación al artículo 7 de la Constitución Política. Al respecto procede indicar que, si bien la “Ficha técnica para ampliación del Sitio Ramsar Palo Verde, Costa Rica” evidencia que la RBLB forma parte de ese sitio , el inciso 2 del artículo 4 del instrumento internacional mencionado faculta a los Estados a retirar los humedales o reducirlos, por motivos urgentes de interés nacional, en cuyo caso debe compensarse, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar.
Precisamente, corresponde a cada Estado determinar los “motivos urgentes de interés nacional ”, por lo que no se considera irrazonable que la Asamblea Legislativa emita una ley que tenga como parte de sus fines dotar de recurso hídrico a parte de la provincia de Guanacaste y así ve lar por su aprovechamiento sostenible. Asimismo, de la lectura del convenio referido no se desprende alguna obligación (que implique algún vicio de inconstitucionalidad) de comunicar a RAMSAR previamente la desafectación del área protegida y, en todo caso, basta ría con realizar la notificación correspondiente, ya que el Estado, siempre y cuando cumpla con los compromisos internacionales que adquirió y con los parámetros internos (como los que ha fijado esta jurisdicción), tiene la potestad de hacerlo. Por consiguiente, se desestiman los alegatos de los accionantes…” En virtud de lo anterior, al darle curso a la presente acción mediante la resolución de las 13:00 horas del 13 de enero de 2021, se dispuso darle curso únicamente respecto a los alegatos del accionante relacionados a la acusada violación al artículo 45 de la Constitución Política, al artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y al principio de seguridad jurídica. Para ser analizados en el fondo de la presente acción.
V.Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la norma impugnada, en los considerandos siguientes se analizarán cada uno de los argumentos expuestos por el accionante.
VI.Sobre la alegada violación al artículo 45 de la Constitución Política.- El accionante afirma que la Ley No. 9610 de octubre de 2018, denominada “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenta media del Río Tempisque y comunidades costeras”, lesiona el artículo 45 de la Constitución Política, en virtud de que se priva la propiedad privada de su representada, sin indemnización previa, sin la realización de un avaluó y sin presupuesto para la expropiación.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido retirada en que el derecho a la propiedad puede ser objeto de límites o limitaciones, siempre que estás tengan como base la existencia de una necesidad social; es decir, que exista un interés social que sustente dichas restricciones. Estas limitaciones tienen su punto de partida a partir del grado de afectación al derecho de propiedad del particular por parte del Estado, pueden ser parciales, sin vaciar su contenido permitiendo que el propietario pueda continuar disfrutando y haciendo uso de su propiedad, o, totales cuando se vacié su contenido esencial, impidiendo que el propietario pueda disfrutar de su propiedad. Ante este último escenario, se está frente al proceso de expropiación que le genera a la Administración la obligación de indemnizar al propietario –mecanismo previsto para poder despojar al particular de su propiedad-, el cual, incluso está prevista constitucionalmente en el propio artículo 45 de la Constitución Política al establecer lo siguiente:
“ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.” A mayor comprensión, este Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto del derecho a la propiedad, concretamente en la sentencia número 2003-03656 de las 14:43 horas del 07 de mayo de 2003, donde se indicó lo siguiente:
“…IX.- Al tenor de las anteriores consideraciones es que la ‘inviolabilidad’ que consagra la norma en comentario debe ser entendida en su verdadera acepción, esto es, que al igual que el resto de los derechos fundamentales reconocidos en el propio texto constitucional o en los diversos tratados internacionales de derechos humanos, no es susceptible de violación, infracción o quebranto de manera violenta o arbitraria, por cuanto la inviolabilidad se enmarca como un elemento o característica esencial de todos los derechos fundamentales, y no únicamente del derecho de propiedad. En el caso de la propiedad, la inviolabilidad se traduce en la imposibilidad o prohibición, tanto para el Estado como para los particulares, de privar al propietario de su propiedad mediante engaño o la fuerza; y únicamente en el supuesto previsto en la norma es que resulta legítimo su despojo, esto es, únicamente a causa de utilidad pública legalmente comprobada, y mediante el procedimiento o diligencias de expropiación, el cual exige el pago previo de la indemnización para que la Administración tome posesión del inmueble.
La evolución que se ha operado en la conceptualización del derecho de propiedad, en virtud de la cual se le tiene, ya no como un derecho absoluto e intocable, sino integrado y determinado por la convivencia en sociedad, ha sido reconocida por este Tribunal con anterioridad, de la siguiente manera:
‘IV. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA. Con fundamento en lo anterior, cabe concluir que no hay posibilidad meramente lógica, de que existan derechos ilimitados, puesto que es la esencia misma del orden jurídico articular un sistema de límites entre las posiciones de todos los sujetos, y un derecho subjetivo ilimitado podría ser causa de la destrucción del orden jurídico, es decir, podría ser incompatible con él. La misión de la Ley no es hacer excepciones a la supuesta ilimitación previa de los derechos fundamentales, sino precisamente diseñarlos y definirlos a efecto de su articulación dentro del concierto social. Esto no es una excepción en el caso de la regulación del derecho de propiedad, creación indiscutible y directa del ordenamiento jurídico. Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de expropiación para construir obras públicas -única limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo, prevé que sus poderes son limitados y que además, está sujeta a deberes y obligaciones’ (sentencia número 04205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis).
En todo caso, debe tenerse en cuenta que, como lo afirma la doctrina y jurisprudencia constitucional (entre otras, ver sentencias número 3550-92, de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos; número 3173-93, de las catorce horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres, y número 2175-96, de las nueve horas seis minutos del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis), el ejercicio de los derechos fundamentales no es irrestricto ni absoluto, sino que, precisamente por desarrollarse en el marco de la convivencia social es que resulta posible la implementación de limitaciones razonables y que sean acordes con los parámetros establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política…” Ahora bien, a partir de lo expuesto, la norma impugnada por los accionantes dispuso la modificación en la delimitación del Área de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, con la finalidad de desarrollar el Proyecto de Abastecimiento de Agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), el cual, surge ante la necesidad de suplir de agua potable a la región chorotega.
Para la realización de dicho proyecto, la Ley No. 9610 determinó la necesidad de utilizar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para la creación de un embalse, el cual permitirá llevar el agua hasta el río Tempisque para que se vean beneficiado los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya de la provincia de Guanacaste.
Acotando lo anterior, la Ley No. 9610 establece la figura de la compensación, la cual llega como una obligación de compensar la zona de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal donde se colocará el embalse. A partir de la ejecución de estudios técnicos y valoraciones respectivas, se determinó que para realizar la compensación ambiental en mención, se utilizarán las siguientes propiedades: Asetrek, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. La inclusión y el análisis realizado por las autoridades del SENAC, SINAC y la OET para incluir tales propiedades dentro para la compensación en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, fue analizado por esta Sala Constitucional en la sentencia número 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, donde se indicó lo siguiente:
“Partieron de que la compensación debía maximizar la ganancia al ambiente, por lo que al inicio contaron con el hecho de que un área de 332 hectáreas de un ambiente similar al encontrado en ASETREK, funcionaría para compensar lo que se perdería en el sitio de impacto en RBLB. Esa es la razón de la proporción 3:1 que se indica en el informe. Sin embargo, a fin de maximizar esa ganancia ambiental que debe procurar un plan de compensación, es que se advirtió que podía resultar conveniente emplear, además, otras propiedades que dispusieran de elementos importantes para la conservación, adicionales al área en ASETREK, igualmente por el tipo de bosque ripario. En la pág. 217 de ese estudio, se expusieron las razones por las cuales consideraron que el embalse que se formaría en la zona de inundación debía ser parte de la misma compensación. Asimismo, aunque otras áreas no fueron analizadas con la profundidad que lo hicieron en ASETREK, sugirieron otras propiedades adyacentes para mejorar la propuesta de compensación.
Una de esas propiedades es Brindis de Amor, cuya selección no fue casual, sino valorada por estar ubicada en el extremo noroeste de la RBLB, la cual atraviesa uno de las pocas quebradas permanentes de la zona (río Cabuyo) y mantiene una breve cobertura riparia. La vegetación en este sitio sí fue evaluada, como se indica en las páginas 210–216 del informe. Además, tomaron en consideración en el informe, los estudios ininterrumpidos por más 25 años en el área de la Dra. Susan Perry (Universidad de California, Los Ángeles), que señalan que tropas de monos carablanca (Cebus capuccinus) de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal utilizan los bosques dentro de Brindis de Amor como sitios de alimentación y descanso. Es decir, hay evidencia de un constante flujo de animales desde y hacia la reserva. Por ello, el empleo de la propiedad Brindis de Amor como sitio de forrajeo demuestra la importancia biológica de esta propiedad y lo acertado que sería protegerla.
La decisión de anexar una fracción de la Hacienda Ciruelas obedece a evitar dejar una península en el contorno de la RBLB de anexarse Brindis de Amor, lo que contravendría las nociones básicas del diseño de reservas, que trata de minimizar el efecto de borde y su afectación a las especies que se desean proteger. Además, esa fracción contiene también un fragmento de cobertura riparia. De manera que se trata de un criterio técnico de maximización del beneficio ambiental, que no fue tomado en cuenta solo por la extensión del terreno, sino por el recurso agregado y maximizado que implicaría mayores y mejores condiciones equivalentes de compensación. En consecuencia, para los profesionales, tal valoración inicial resultó suficiente tomándose en consideración que son anexos complementarios, no la finca principal ASETREK, y que, en todo caso, serán igualmente valoradas en el estudio de impacto ambiental posteriormente.
En el estudio se acreditó que el área de impacto en la parte sureste de la Reserva Lomas de Barbudal no es un humedal, ni está conectado con los humedales del Parque Nacional Palo Verde. Además, Lomas de Barbudal, el Parque Nacional Palo Verde y las propiedades sugeridas adicionalmente, no se encuentran en el Área de Conservación Guanacaste (patrimonio de la UNESCO), sino en el Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT). Es por ello que, en el informe se hizo tal sugerencia sin demeritar la compensación ya prevista. Así lo expuso la OET: “…Siguiendo esta metodología concluimos que: (1) Sí es posible hacer una equivalencia ecológica entre los dos sitios (RBLB y ASETREK); (2) Que la compensación en área es una proporción de 3:1. Sin embargo, tal como especificamos en nuestro informe, nuestra recomendación fue solicitar aún más para resarcir las pérdidas en la reserva, en aras de mejorar el resarcimiento en términos del ambiente.
La incorporación de estas dos propiedades en nuestra recomendación final no requería mayor evaluación pues constituyen una anexión complementaria más no esencial dada la metodología trazada. Si bien es cierto que la propiedad de Ciruelas no fue evaluada, es importante aclarar que en la propiedad de Brindis de Amor realizamos un levantamiento de la estructura y composición vegetal tal como se especifica en nuestro informe.” Igualmente, la incorporación de la propiedad Ciruelas fue justificada por razones de localización y corredor para las especies, lo que sí fue constatado por ese grupo de estudio, al realizar la investigación de la zona aledaña a la finca principal…” (El resaltado no corresponde al original).
De ese modo, se comprueba que la selección de la propiedad del accionante no fue bajo supuestos de casualidad o arbitrariedad, sino que responde ante la búsqueda de maximizar el beneficio ambiental a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para la compensación requerida respecto a las valoraciones técnicas realizadas en la zona aledaña a la Reserva, en razón de las condiciones presentes en la propiedad del accionante que podrán beneficiar el ecosistema ambiental por el cambio de uso al crear el embalse para generar el proyecto PAACUME.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, coincide en que la decisión de incorporar la propiedad del accionante para compensar ambientalmente la modificación en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se fundamenta en estudios técnicos y científicos. Además, menciona que la Ley No. 9610 no quebranta el artículo 45 de la Constitución Política, en virtud de que el ordenamiento jurídico costarricense permite afectar fincas de particulares para ser incorporadas en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento de expropiación, mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley.
Por otra parte, la Ministra de Ambiente y Energía, menciona que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, se encuentran facultados para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de las fincas necesarias para cumplir con los objetivos de conservación de la biodiversidad. Concuerda con la Procuraduría General de la República, en que las propiedades de los particulares no están sometido al régimen de área silvestre protegida, hasta tanto no se materialice la correspondiente indemnización, lo que sucede en el caso específico del accionante.
Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que la norma impugnada, no vulnera el artículo 45 de la Constitución Política, al comprobarse que la Sociedad Anónima que representa el accionante continúa en posesión de la Hacienda Ciruelas y es por la propia oposición del accionante que no se ha dado inicio al proceso de expropiación para que se dé la indemnización respectiva. En ese sentido, se desprende que, el proceso donde el accionante invocó la inconstitucionalidad de la Ley No. 9610, se dio por la negativa del accionante al impedir que el SENARA ingresara a la propiedad particular para realizar los estudios y avalúos requeridos para la expropiación, motivo por el cual presentaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo una solicitud para que les dieran la autorización de ingresar a las propiedad Hacienda Ciruelas, dicho proceso se encuentra en trámite dentro del expediente No. 18-010534-1027-CA.
Por lo anterior, la Ley No. 9610 al incorporar dentro de las fincas para compensar la zona en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, la propiedad privada de Hacienda Ciruelas, no resulta arbitraria ni lesiona el artículo 45 de la Constitución Política, pues al realizar dicha actuación, lo que genera es la obligación al Estado a proceder como lo establece el artículo constitucional y la ley respectiva; es decir, para poder adquirir legalmente la propiedad deberá ejecutar el procedimiento de expropiación junto con la indemnización previa respectiva. En consecuencia, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere.
VII.Sobre la alegada lesión al artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.- El accionante indica que no resulta posible la aplicación del artículo 208 bis -hoy 234 bis- del Reglamento de la Asamblea Legislativa a la Ley No. 9610 de octubre de 2018, denominada “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras”, por cuanto su aplicación al proyecto de ley que derivó en dicha ley impugnada resulta contraria a dicho reglamento, debido a que su aplicación está prohibida para proyectos de ley que requiere la mayoría calificada por afectar propiedades privadas.
La norma en cuestión establece lo siguiente:
“Artículo 208-BIS. Mediante moción de orden, aprobada por dos tercios de sus votos, la Asamblea Legislativa podrá establecer procedimientos especiales para tramitar las reformas a su Reglamento y proyectos de ley cuya aprobación requiera mayoría absoluta, exceptuando la aprobación de contratos administrativos, los relacionados a la venta de activos del Estado o apertura de sus monopolios y los tratados de convenios internacionales sin importar la votación requerida para su aprobación. Todo procedimiento especial deberá respetar el principio democrático, y salvaguardar el derecho de enmienda.” Ahora bien, la aplicación de dicho artículo ha sido objeto de reiterados cuestionamientos ante esta Sala. En la sentencia número 2008-07687 de las 14:50 horas del 07 de mayo de 2008, se pronunció sobre la constitucionalidad de dicho apartado, donde este Tribunal dejó claramente establecido que, su aplicación no resulta inconstitucional, siempre y cuando la moción que ordene establecer un procedimiento especial debe ser aprobado por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y que en la misma debe establecerse de forma explícita y precisa las fases del procedimiento especial dispuesto.
Partiendo de lo anterior, sin la necesidad de entrar analizar si se podía aplicar o no el artículo 208 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Se tiene que, el Presidente de la Asamblea Legislativa indicó que inicialmente que el procedimiento especial fue aprobado por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, en fecha 20 de junio de 2018, mediante el acta No. 28, se aprobó la aplicación de un procedimiento especial al proyecto de ley 20465. Posteriormente, se dictó una nueva moción en fecha 07 de agosto de 2018, mediante el acta No. 46, donde se aprobó una moción para dejar sin efecto el procedimiento especial acordado, en razón de que la Ley impugnada cambia los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y dispone de parte de fincas adyacentes a dicha Reserva para realizar la compensación ecológica.
De conformidad con lo expuesto, este Tribunal determina que la aprobación del proyecto de ley 20465, se realizó por el proceso ordinario, siendo que se aprobó en el primer debate en la sesión ordinaria No. 051 del 20 de agosto de 2018, y en el segundo debate en la sesión del 06 de setiembre de 2018. En virtud de lo expuesto, no se descarta la existencia del vicio alegado por el accionante en el procedimiento en el proyecto de ley 20465. En consecuencia, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere.
VIII.Sobre la alegada lesión a la principio de seguridad jurídica.- El accionante afirma que la Ley No. 9610 de octubre de 2018, denominada “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenta media del Río Tempisque y comunidades costeras”, vulnera el principio de seguridad jurídica, en razón de que existen errores técnicos en la nueva delimitación de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal que impiden saber a ciencia cierta cuantas hectáreas deben expropiarse y cuáles son sus límites verdaderos.
Sobre el particular, el accionante reclama la violación al principio de seguridad jurídica, con base en la nota que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) envía a la Asamblea Legislativa (oficio DIG-0388-2018 del 6 de setiembre pasado, el cual responde a la consulta que la Asamblea Legislativa le hace al IGN mediante oficio AL-DSDI-OFI-0313-2018 del 23 de agosto), en cual, cuestiona que se señalaron inconsistencias sobre los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Al respecto, este Tribunal en sentencia número 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, dispuso lo siguiente respecto al cuestionamiento realizado por el accionante:
“A mayor abundamiento, en lo referente específicamente a las acusadas inconsistencias y errores en cuanto a la debida definición o delimitación de los linderos de la RBLB, también debe tomarse en consideración que tanto la presidenta de la Asamblea Legislativa como SENARA argumentan que las coordenadas de delimitación de la reserva biológica señaladas en la ley cuestionada son correctas. Se alega, en particular, que en un trabajo conjunto entre el MINAE y el SENARA se realizaron los estudios y replanteamientos topográficos de campo necesarios, lo que permitió una adecuada precisión geográfica de ubicación y delimitación real del área de la reserva de interés, mediante el uso de instrumentos tecnológicos de precisión geográfica. Se constata con lo anterior, que en el sub lite se plantea una discusión eminentemente técnica sobre la debida ubicación y delimitación geográfica de tales linderos.
En cuyo caso, resolver tal controversia, previa revisión y ponderación de los diversos parámetros técnicos que rigen la materia e, incluso, evacuar y valorar el pertinente material probatorio, supone una discusión que excede, sobradamente, el propósito y la naturaleza del control de constitucionalidad, en los términos de los artículos 10 de la Constitución Política y 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por el contrario, tal discusión en propia de ventilarse en las vías ordinarias, con la respectiva amplitud probatoria.” Así las cosas, visto que el presente extremo de la acción, ya fue conocido y resuelto por esta Sala en la sentencia parcialmente transcrita; y al no existir motivos para varias el criterio vertido por en esa ocasión, resulta procedente que el accionante se esté a lo resuelto en dicha resolución.
IX.Sobre los alegatos de los coadyuvantes.- La coadyuvante María del Milagro Gamboa Mirada alega que es representante de Brindis de Amor en Liberia S.A., a la cual se le lesionó el derecho a la propiedad privada, por cuanto, se incorporaron 88 hectáreas a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal sin la realización de un avalúo oficial y sin una indemnización previa.
Como fue analizado en la sentencia No. 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, sí se realizaron los estudios y valoraciones respectivas que determinaron que la existencia de la vegetación y fauna presentes en la propiedad Brindis de Amor, aumentaría la ganancia ambiental de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, siendo el objetivo principal en la búsqueda de la compensación ambiental para la zona que será inundada para la colocación del embalse para la realización del proyecto PAACUME. Aunado a lo anterior, se reitera que el derecho a la propiedad puede ser objeto de limitaciones en la búsqueda del interés social, como lo es la Ley No. 9610 con la creación del embalse para llevar agua a ciudades de la provincia de Guanacaste, por ello, la inclusión de las 88 hectáreas de la propiedad Brindis de Amor no resulta inconstitucional, siempre y cuando que el Estado proceda con su obligación de indemnizar esa porción por medio de un proceso de expropiación, para que de esa forma pase a ser parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal.
Finalmente, la coadyuvante María del Milagro Gamboa Mirada, alega que la incorporación de las 88 hectáreas de la propiedad de Brindis de Amor en Liberia S.A. que fueron incorporados a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, provocó que se cortara la comunicación entre las edificaciones. Asimismo, el coadyuvante Willy Hernández Chan, quien es representante de Inversiones y Desarrollos Costa Pacífico del MAR CPM S.A., que es dueña de una propiedad que es colindante de la propiedad de Brindis de Amor en Liberia S.A., la cual quedó dentro de los límites de la alega Reserva Biológica Lomas de Barbudal, provocando que la propiedad de su representada quedará enclavada. Al respecto, se les debe advertir que tales extremos son propios de ser dilucidados en la vía de legalidad ordinaria, debido a que, a esta Sala no le corresponde ordena la apertura de caminos como lo pretenden los coadyuvantes.
X.Conclusión.- 1) En cuanto al artículo 45 de la Constitución Política y el artículo 208 bis –hoy 234 bis- del Reglamento de la Asamblea Legislativa no se configuran las violaciones constitucionales señaladas por el accionante. 2) En cuanto al principio de seguridad jurídica se debe estar a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020.
XI.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción en cuanto a la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política y del artículo 208 bis –hoy 234 bis- del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En cuanto al principio de seguridad jurídica debe estarse a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2020-0013836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020. El Magistrado Cruz Castro pone nota para consignar que, salvó el voto en la sentencia número 2020-013836 por la violación a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental; además pone nota sobre el artículo 208 bis ( hoy 234 bis). La Magistrada Garro Vargas salva el voto parcialmente y declara con lugar la acción de inconstitucionalidad respecto de la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Lucila Monge G.
Nota del Magistrado Cruz C.
En este asunto se resolvió, por un lado, declarar sin lugar la acción en cuanto al alegato de violación del artículo 45 constitucional y 208 bis (234 bis actual) del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, estese a lo resuelto por esta Sala en el voto número 2020-013836 de las 15:30 horas del 22 de julio del 2020.
He consignado esta nota para consignar dos aspectos: que he considerado en el voto mencionado que esta acción debe ser declarada con lugar, y para ratificar lo que he considerado en varios votos anteriores sobre el procedimiento del artículo 208 bis (hoy 234 bis) del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
En cuanto a lo primero, en la resolución número 2020-013836, procedí a salvar el voto, junto al Magistrado Rueda, para declarar con lugar la acción. Lo anterior, por considerar que la Ley n°9610 “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río Tempisque y comunidades costeras” contiene una transgresión al numeral 50 de la Constitución Política, al principio precautorio (por la duda sobre las condiciones reales de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y de la propuesta de compensación generada por las falencias detectadas en el estudio de la Organización para Estudios Tropicales, así como la falta de certeza en cuanto a que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado no se vea lesionado), al principio de no regresión en material ambiental (al no acreditarse que la compensación propuesta al menos fuera equivalente a la desafectación), al principio de irreductibilidad (al reducirse una reserva biológica sin cumplir los requisitos constitucionales respectivos) y al principio de objetivación de la tutela ambiental (al utilizarse estudios meramente preliminares para sustentar propuestas de compensación y al no estar sustentada la ley cuestionada en estudios técnicos y científicos previos, suficientes, necesarios e individualizados) que justifiquen la reducción del área protegida.
En cuanto al artículo 208 bis (actual 234 bis) del Reglamento de la Asamblea Legislativa he manifestado en varias oportunidades anteriores (votos números 2011-015749 de las 09:32 horas del 16 de noviembre del 2011, 2005-398, 2007-2901, 2008-7687 y 2012-004151 de las 16 horas del 27 de marzo del 2012) que considero que es inconstitucional, y por lo tanto también lo serían por la forma, los proyectos de ley así aprobados. He señalado que nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se han estimado convenientes y acordes con el derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Aceptar la posibilidad que la Asamblea aplique procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el artículo 208 bis, sin que de previo se definieran las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático, pues esta sería la única forma en que los diputados conocieran previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se iban a sujetar y así ejercer los mecanismo de participación y control correspondientes.
He señalado que, si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el artículo 208 bis, omitiendo establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus deberes constitucionalmente asignados. El artículo 208 bis, en los términos en que está redactado, supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión quedaría a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento, es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica. Dejar al arbitrio de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada garantiza que bajo el panorama propuesto las minorías no se vean afectadas en cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso.
Lo sucedido en el procedimiento aprobado para conocer el proyecto consultado, es un claro ejemplo de lo ya señalado, ya que por tratarse de una moción de orden, en principio, no requiere ser publicitada con suficiente antelación, independientemente de su complejidad. Tampoco proceden las mociones para modificarla, ya que tendría que tratarse de una propuesta nueva, para lo cual las otras fracciones cuentan con un tiempo sumamente corto, casi inmediato y una vez aprobada la moción por las mayorías, no tiene otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el procedimiento creado. También he considerado en esta hipótesis, que se conculca el derecho de enmienda. Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Ciertamente la Asamblea Legislativa tiene potestad para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma en que se están autorizando resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos. A mayor abundamiento se transcribe el voto salvado que he suscrito en la sentencia mencionada, del año 2012:
“IX.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y CRUZ, CON REDACCION DEL SEGUNDO. La inconstitucionalidad el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como su aplicación a diversos procedimientos legislativos, ha sido objeto de reiterados cuestionamientos ante esta Sala, en los cuales esta Sala, por mayoría, ha considerado su conformidad con la Constitución, a partir de la sentencia 2008-7687, adoptada con el voto salvado de la Magistrada Calzada, el Magistrado Cruz y el magistrado Armijo, que reiteramos en esta ocasión y declaramos con lugar la acción por las siguientes razones:
Como punto de partida, es preciso reiterar lo expresado por esta Sala en la sentencia número 2011-04778 de catorce horas treinta y un minutos del trece de abril de dos mil once, en cuanto a la naturaleza del Derecho Parlamentario y los límites de la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo:
“Naturaleza del Derecho Parlamentario y límites a la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo. La misión fundamental de los parlamentos es la de adoptar decisiones con la participación del conjunto de fuerzas políticas que representan los diversos sectores de la sociedad civil. El derecho parlamentario cumple una función instrumental a ese fin -aunque tiene también una función política-, de facilitar y ordenar ese proceso. Este derecho tiene la característica de que surge producto de la “interna corporis”, de la capacidad de autonormatividad y dinámica propia de los parlamentos. En ese sentido no es un derecho que se crea premeditadamente, sino que se descubre, que nace de la práctica, por lo tanto el aspecto consuetudinario (la costumbre) e interpretador tienen gran importancia. En ese sentido, la potestad de autogobierno de los Parlamentos tiene una sólida tradición y justificación histórica.
El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianeidad, de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas normativas, muchas veces contrarias a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas, como es el caso por ejemplo, del principio de inderogabilidad singular del reglamento, que tiene un tratamiento distinto al del derecho administrativo, y cede –en algunas ocasiones- en el ámbito parlamentario a la dinamicidad que exigen los procedimientos parlamentarios. Su límite, desde luego, está en la Constitución, en los principios y valores del régimen ideológico en el que opera. Por esa razón esta Sala ha reconocido que su función en materia de procedimiento legislativo es únicamente la de declarar, aquellos vicios sustanciales, que violen los principios y valores constitucionales aplicables a la materia, pues de lo contrario estaría afectando la capacidad autonormativa y funcional del parlamento (interna corporis), distorsionando su papel de guardián de la supremacía constitucional, por el de una especie de senado Ad hoc (sentencia número 2007-9699, de las diez horas del cuatro de julio de dos mil siete). De esta forma, como lo señaló este Tribunal en la sentencia 2005-07961, de las diecisiete horas cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco:
“La autodeterminación del Parlamento sobre su accionar interno -reconocida en forma reiterada por este Tribunal-, "interna corporis", es una de sus potestades esenciales expresamente reconocida por la Constitución Política en su artículo 121 inciso 22), y que resulta consustancial al sistema democrático. El objeto perseguido con la atribución de la competencia para autoorganizarse de la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus procedimientos de actuación, organización y funcionamiento y en consecuencia su organización interna dentro de los parámetros que exigen los principios, democrático, de igualdad y no discriminación, con todos sus derivados. Esta potestad se desarrolla con absoluta independencia de los otros órganos del Estado –en virtud del principio establecido en el artículo 9 de la Carta Fundamental-, y tiene como límites: el acatamiento del Derecho de la Constitución, es decir, al conjunto de valores, principios y normas constitucionales, dentro de los que están los mencionados supra, el respeto a los principios de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, de tal forma que quienes ejerzan potestades públicas no pueden por acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, violentar o amenazar los derechos fundamentales, toda vez que en un Estado democrático existe una constitución de la libertad, cuyo objeto es garantizarle al individuo el disfrute y goce pleno de los derechos humanos los que se encuentran actualmente reconocidos en las Constituciones Políticas de la mayoría de los países y en los tratados internacionales de derechos humanos (Derecho Internacional de los Derechos Humanos).
No es legítimo entonces, utilizar las potestades para otros fines no asignados por el ordenamiento jurídico (vicio de desviación de poder) igual o más allá de lo razonable (vicio de exceso de poder). Dicho lo anterior, estima la Sala que no debe interferir con el derecho de autorregulación del Parlamento, salvo que, según se expuso, se viole alguno de los principios señalados, que en este caso concreto, implicarían la afectación del derecho de enmienda, entendido como el mecanismo de participación que tienen los diputados para influir durante el proceso formativo de la ley. De esta forma, las potestades de la Sala en esta materia son ejercidas bajo la perspectiva de un árbitro, que modera y contiene excesos pero no interfiere con una potestad constitucional intrínseca otorgada a otro órgano constitucional, de modo que sólo frente a violaciones evidentes o groseras, de los principios constitucionales que rigen el derecho parlamentario, sería legítima su intervención.
El parlamento tiene derecho en ejercicio de su propia potestad de autorregulación, de conciliar o equilibrar, frente a situaciones concretas, no sólo el derecho de enmienda, sino también los otros principios de rango constitucional que también vinculan su actuar, como el de respeto a las mayorías y el de razonabilidad, es decir, que la armonización de todos y cada uno de los principios constitucionales que deben coexistir durante el procedimiento legislativo, es una competencia propia del Parlamento y concretamente del Director del debate y de los diputados, y cabe suponer que tales funciones se realizan con apego al ordenamiento y sus principios […]”. (El resaldado no es del original).
Dicha sentencia enfatiza que la intervención de la Sala en materia de procedimiento legislativo, conforme a lo señalado, sólo debe darse:
“[…] en caso de la utilización de estas potestades con evidente abuso de poder, que resulte en la anulación de un derecho y no en su armonización con el resto de los principios constitucionales del derecho parlamentario [...] Lo contrario implicaría a nuestro juicio un irrespeto a la potestad de autorregulación y al principio democrático. No debe entonces la Sala constituirse en una instancia de sustitución del ejercicio de potestades constitucionales y del debate y diálogo político, salvo que, como se indicó… se suprima, o anule el contenido de algún derecho fundamental.” El principio democrático. Nuestro voto minoritario da la razón al accionante, por los mismos fundamentos ya expresados en los votos salvados a la sentencias número 2005-398, 2008-07687 y 2007-2901 de 17:30 hrs. de 28 de febrero de 2007, partiendo del principio democrático, cuyo respeto resulta esencial para cualquier examen de la conformidad o disconformidad con la Constitución, de cualquier norma o acto. Sobre el particular, esta Sala ha expresado, en forma unánime, que:
“lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio democrático dentro de una sociedad que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad que alcanza una determinada sociedad, en un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse al máximo posible al mismo. Como mínimo, el principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación política –incluyendo todo lo que concierne al respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en aspectos tales como la legitimidad de los medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos importante -, la posibilidad de oponerse, mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que representan las minorías.
A partir de las anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del procedimiento que constituyan lesiones al principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo, constituyen infracciones sustanciales, los trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que quedan ayunos de un proceso reposado en calidad y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la Constitución Política. Además, se han considerado vicios sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de realizar las consultas obligatorias establecidas constitucionalmente. En cuanto al primer aspecto, al ser la Asamblea Legislativa un órgano representativo de la comunidad nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como un órgano de publicidad” (sentencia número 2012002675 de once horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de febrero del dos mil doce).- Costa Rica es una democracia representativa, lo cual no implica que los gobernantes de un determinado momento histórico, puedan tomar sus decisiones, sin escuchar la voz de quien les ha dado tal mandato, es decir, la voluntad del pueblo como poder soberano.
Valga esta aclaración, puesto que al no existir un mecanismo que se hubiere utilizado para intuir la voluntad ciudadana, el único mecanismo posible en una democracia, es abrir las puertas del diálogo, de la discusión pausada, reposada, con apertura, pues de lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una “tiranía democrática”, violando de forma grosera el principio democrático, que es el que garantiza a los habitantes de nuestro país que los intereses de la Nación serán resguardados con celo y para el bien de todos. Es menester indicar, para los efectos de este razonamiento, que una cosa es una reforma del Reglamento, que busca ordenar y ajustar a los tiempos (bipartidismo-multipatidismo) en su quehacer cotidiano, para que el Poder Legislativo sea más efectivo en la regulación de las situaciones que acontecen en el país, y otra, generar reformas a un artículo específico, para la tramitación de un caso concreto.
Nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el reglamento la Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se han estimado convenientes y acordes con el Derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Resulta indiscutible la potestad que tiene ese órgano para dictar las normas de su interna corporis, prevista no solo en la carta Fundamental en el inciso 22) del artículo 121, sino también consustancial al sistema democrático y específico de la Asamblea Legislativa como poder constitucional. Por ende, también la Sala ha reconocido esta potestad autorreguladora y por ello, desde esa perspectiva, se ha considerado, claramente, que el Parlamento tiene potestad para establecer procedimientos especiales, si a bien lo tiene, pero que éstos deben ser definidos de manera expresa y detallada, ya que, de lo contrario, aceptar la posibilidad de que la Asamblea aplique procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el artículo 208 bis, sin que de previo se definan las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático, pues según el criterio externado, es la única forma en que los diputados conozcan previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se van a sujetar y así ejercer los mecanismos de participación y control correspondientes.
Seguridad jurídica. Si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el artículo 208 bis, u olvidaba establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus deberes constitucionalmente asignados. La introducción de la norma citada al Reglamento, en los términos en que se aprobó, supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión queda a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento, es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica.
Principio de publicidad. Respecto del principio de publicidad, como bien se indicó en el voto de mayoría, el procedimiento se crea mediante una moción de orden, las cuales, según el artículo 153 del Reglamento, pueden ser presentadas en cualquier momento del debate, procediendo a su discusión inmediatamente. No requieren ser anunciadas más que en el mismo momento, lo que resulta insuficiente para que sea revisado previamente a su adopción por parte de los diputados. Es por eso, que dejar al arbitrio de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada garantiza que bajo el régimen y aplicación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, las minorías no se vean afectadas en cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso. Una vez aprobada la moción por las mayorías, las fracciones minoritarias no tienen otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el procedimiento creado.
Restricción irrazonable del derecho de enmienda y otros. Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Aunque se reconoce la potestad que tiene la Asamblea Legislativa para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma en que lo autoriza resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos.
En síntesis, el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, constituye un elemento de ruptura total con los principios señalados y permite que, mediante una moción aprobada por dos tercios de los diputados, el Poder Legislativo pueda atentar contra su condición de órgano que garantiza la representación popular, según el diseño estructurado el Título Noveno de la Constitución Política de 1949, en detrimento sustancial del principio democrático.- (…)".
Por ello, considero relevante recordar mi voto salvado en dichas sentencias, en los términos indicados, lo cual me lleva a considerar en este caso, que la ley impugnada resulta inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo.
Fernando Cruz C.
Res. n.°2021-017245 VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Con el respeto acostumbrado, la suscrita Magistrada salva el voto parcialmente y declara con lugar la acción de inconstitucionalidad en relación con la alegada violación del artículo 45 de la Constitución Política, en siguientes términos:
El accionante alegó la infracción del artículo 45 de la Constitución Política porque en su criterio se le priva de su propiedad privada, Hacienda Ciruelas SP S.A., sin que haya un interés público que hubiere sido legalmente comprobado.
Dicho reclamo fue desestimado en la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente n.°19-000257-0007-CO, por cuanto la legitimación que se alegó en ese proceso lo era respecto de los intereses difusos en virtud de la protección del medio ambiente, y no era válido ampararse en dicho alegato para tutelar la supuesta infracción del derecho a la propiedad privada. En la sentencia n.°2020-013836, por unanimidad, se resolvió lo siguiente:
“Al respecto, la Sala descarta la existencia de algún tipo de interés difuso o colectivo en esos alegatos de los accionantes. Todos esos argumentos se encuentran relacionados de una u otra forma con el derecho de propiedad privada y su eventual transgresión , lo que requeriría de la existencia de un asunto base en el que se hubiera invocado la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés reclamado, lo que se echa de menos en este caso. Por consiguiente, tales alegatos, no son susceptibles de ser analizados por el fondo”.
En el caso concreto se demostró la existencia de un asunto previo, a saber, el expediente n.°18-010534-1027-CA, que es un proceso especial que se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (SENARA) pretende la autorización para realizar los estudios previos de expropiación sobre el inmueble 5-34930-000 y en donde el actor invocó el alegato de inconstitucionalidad.
En consecuencia, en el caso concreto, a diferencia de lo ocurrido en el expediente supra citado, la Sala Constitucional sí se encuentra legitimada para examinar y resolver la alegada infracción del derecho a la propiedad privada.
Como ya se apuntó, el accionante adujo la infracción de su derecho a la propiedad privada sin que se haya comprobado legalmente el interés público que justifique tal afectación. Lo anterior, por cuanto, mediante la aprobación de la ley n.°9610 se afectó su propiedad privada, Hacienda Ciruelas SP S.A., incorporándola dentro de la reserva biológica Lomas de Barbudal. Lo anterior como un mecanismo de compensación por la desafectación de varias hectáreas de la referida reserva para la realización de un proyecto de suministro de agua potable en la cuenta media del río Tempisque y las comunidades costeras.
Al respecto, en efecto, las autoridades informantes manifestaron que, tal y como se resolvió en la sentencia n.°2020-13836, la incorporación de la propiedad Hacienda Ciruelas SP S.A. fue justificada por razones de su localización y por ser corredor para las especies, para compensar la desafectación parcial de hectáreas que se realizó a la reserva biológica Lomas de Barbudal.
Ahora bien, debe decirse que el fundamento para esa afectación de la propiedad en mención, es decir, su incorporación a la reserva biológica –y el consecuente despojo al accionante de su propiedad–, está apoyada en unos estudios técnicos que anteriormente consideré deficientes (ver voto salvado a la sentencia n.°2020-13836). Entonces, para ser consistente, he de concluir en el caso sub examine que efectivamente no existe el interés público legalmente comprobado en los términos del art. 45 de la Constitución Política, que es el presupuesto esencial para posteriormente iniciarse los trámites indemnizatorios. Al respecto, en lo conducente, en dicho voto salvado realicé las siguientes consideraciones:
“A partir de las manifestaciones realizadas por las propias autoridades que constan en el expediente de la acción de inconstitucionalidad, es posible concluir que el estudio de compensación realizado para el caso concreto no fue ejecutado con idéntica rigurosidad en la incorporación de la finca ASETREK, respecto de la integración posterior de otras dos fincas llamadas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas.
Como se señaló supra, la disconformidad de los accionantes es que el informe final “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente” omite incorporar estudios sobre las condiciones biológicas de las otras dos propiedades, por lo que no se puede determinar de manera científica que se trate de propiedades que efectivamente cuenten con características medioambientales que reemplacen las funciones eco sistémicas del á rea por desafectar.
La PGR insistió en la necesidad de la solidez de dicho estudio, pues de lo contrario, existe un peligro de que no se estaría mitigando adecuadamente el impacto ambiental generado por la desafectación de una parte de dicha reserva biológica.
La Presidencia de la Asamblea Legislativa evidenció que efectivamente los estudios en las fincas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas no se ejecutaron con el mismo detalle y rigor respecto del estudio que se realizó a la finca ASETREK. El resto de autoridades coincidieron en que la evaluación integral de la referida finca dio como resultado la carencia en la compensación de bosque ripario, prioridad en la protección medio ambiental por ser casi única en el país. Esto motivó a que se adoptaran recomendaciones de las propias autoridades del Área de Conservación de integrar otras dos fincas. Sin embargo, respecto de estas dos fincas que se integraron a la compensación con posterioridad, no se realizó el estudio biológico y de equivalencia de biodiversidad con similares parámetros de exigencia y disciplina. Además, según las propias consideraciones de OET, que fue el ente encargado del estudio, el análisis respecto de la Finca Brindis de Amor fue meramente preliminar, no incluyó un análisis de composición de especies en su bosque secundario o deciduo y no se realizó ningún estudio de fauna.
Asimismo, la decisión final de incluir la Hacienda Ciruelas, si bien denota un afán de asegurar una adecuada compensación, no se respaldó en ningún estudio científico que dé cuenta de la equivalencia y de la obligada compensación de recursos naturales. El responsable de estudio reconoció que “el fragmento en la Hacienda Ciruelas (llamado por error Rancho Wilson en nuestro informe) efectivamente no fue evaluado”.
A lo anterior, conviene añadir que sobre la base de un estudio de diez meses en el que se valoró fauna, flora, estructura de hábitat, servicios ecosistémicos y atributos físicos, y que incluyeron muestreos tanto en época seca como en la temporada lluviosa se concluyó que la finca ASETREK no era suficiente para compensar las áreas de bosques desafectados en RBLB. Por eso, con mucha más razón, no se advierte cuál es la base para realizar unas inclusiones, en el último momento, que puedan realmente cumplir los requerimientos de compensación exigidos en cuanto a especies de fauna, bosques y fijación de carbono.
Por lo tanto, estimo que las deficiencias detectadas en los estudios, las cuales fueron reconocidas por las autoridades que intervinieron en este proceso de constitucionalidad, son lesivas de los principios constitucionales ya señalados y que, en términos generales, obligan al Estado a adoptar decisiones relacionadas con la reducción de áreas silvestres protegidas sobre la base de un estudio técnico debidamente fundamentado.
Conclusiones
Las consideraciones realizadas permiten concluir que hay cuatro tipos de estudios en esta materia que no son homologables: 1) el estudio que justifique la desafectación de un área protegida, 2) el estudio de compensación de la desafectación de un área protegida, 3) el estudio de impacto ambiental de un proyecto de infraestructura. Aparte está el estudio de factibilidad de la realización de un proyecto de infraestructura. En el caso de la ley bajo examen, se omitió hacer el primero, se hizo deficientemente el segundo y el tercero está por hacer (según correspondería luego de tener los dos primeros, y de promulgarse la ley). El estudio de factibilidad del proyecto no sustituye en parte ni en su totalidad ninguno de los tres anteriores. Por tal motivo, estimo que llevan razón quienes señalan que la normativa cuestionada resulta inconstitucional por la infracción a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental, que deben regir la toma de decisiones en esta materia”. (Lo que se encuentra destacado no corresponde al original).
De ese extracto de mi voto salvado se puede constatar que mi razonamiento se encuentra respaldado en las propias probanzas allegadas al expediente n.°19-000257-0007-CO, en el que concluí la deficiencia del estudio técnico que determinó la incorporación de la Hacienda Ciruelas como parte de la compensación exigida por la desafectación de un área silvestre protegida.
En aquel caso consideré que la insuficiencia de estos estudios implicaba una transgresión a la obligación del Estado de velar por la protección de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora, en el caso concreto, y siendo consecuente con mi análisis, debo concluir que tales carencias y la incorporación en el último minuto de la Hacienda Ciruelas conlleva precisamente la omisión en demostrar un interés público que justifique de forma apropiada la privación del derecho a la propiedad privada del accionante. Recuérdese que el párrafo primero del art. 45 constitucional ordena:
“ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”.
Al respecto, esta Sala Constitucional ha afirmado, por ejemplo, lo siguiente:
“el derecho a la propiedad se encuentra constitucionalmente garantizado y, por lo tanto, cualquier amenaza a éste o a su ejercicio no puede ser fruto de un acto arbitrario” (voto n.°160-1997).
Por lo anterior, al no poder precisarse con claridad el fundamento del despojo de la propiedad del accionante –debido a las deficiencias en el estudio técnico que apoyó la decisión legislativa–, corresponde afirmar que tal determinación es carente de razonabilidad, es decir, del criterio indispensable que asegura que las leyes y, en general toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del poder público, sino que respondan a necesidades y motivaciones reales debidamente justificadas, máxime en el presente caso, en el que la norma constitucional exige el debido interés público legalmente comprobado como condición de la privación de la propiedad privada. Esto de previo al trámite de indemnización conforme a la ley.
Corolario de las consideraciones realizadas, estimo que en el presente proceso lleva razón el accionante, en el sentido de que la deficiencia de los estudios técnicos que sirvieron de fundamento para la aprobación de la ley n.°9610, implican una privación de su derecho a la propiedad privada, sin que haya un interés público legalmente comprobado.
Por lo tanto, estimo que la acción de inconstitucionalidad debe ser declarada con lugar en lo que se refiere a la alegada lesión al art. 45 de la Constitución Política.
Anamari Garro V.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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