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Res. 24261-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/10/2021
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo because the Municipality responded in a timely manner to the petitioner's request, even though he disagrees with the content of the reply.La Sala declara sin lugar el amparo porque la Municipalidad sí respondió oportunamente a la solicitud del recurrente, aunque este no esté de acuerdo con el contenido de la respuesta.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by Álvaro José Díaz Fernández against the Municipality of Turrialba. The petitioner claimed that since July 27, 2021, he had requested information about the existence of lesividad proceedings or an interim measure suspending his construction permit, and had received no response. However, the Chamber found that the Municipality did respond on August 10, 2021, indicating the case was under review by a technical and legal commission and requesting additional time. The response was issued before the amparo was filed. The Chamber reiterates that Article 27 of the Constitution requires timely resolution of petitions, but not necessarily a substantive or favorable one. Here, the petitioner’s disagreement with the reply’s content does not violate fundamental rights. Hence, the amparo is denied. The ruling also documents that the permit was issued for a party wall on a property whose cadastral designation was allegedly changed from an easement to a lot exit, potentially misleading the municipality and blocking a neighbor’s access, prompting the case review.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por Álvaro José Díaz Fernández contra la Municipalidad de Turrialba. El recurrente alegó que desde el 27 de julio de 2021 solicitó información sobre la existencia de un procedimiento de lesividad o medida cautelar que hubiera suspendido su permiso de construcción, y que no obtuvo respuesta. Sin embargo, la Sala constató que la Municipalidad sí respondió mediante oficio del 10 de agosto de 2021, indicando que se estaba analizando el caso a través de una comisión técnica y legal, y solicitando un plazo adicional. La respuesta se emitió antes de la interposición del amparo. La Sala recuerda que el artículo 27 constitucional obliga a resolver las peticiones de manera oportuna, pero no necesariamente de fondo o favorable. En el caso concreto, la divergencia del recurrente con el contenido de la respuesta no constituye una violación a sus derechos fundamentales. Por tanto, declara sin lugar el recurso. El voto también documenta que el permiso fue emitido para una tapia de colindancia en un terreno que presuntamente fue modificado catastralmente de servidumbre a salida de finca, lo que habría inducido a error a la municipalidad y afectado el acceso de una vecina, situación que motivó la revisión del caso.
Key excerptExtracto clave
III.- Concrete case. The petitioner claims that the Municipality of San José has not responded to the brief filed on July 27, 2021. It was shown that the petitioner did submit the note addressed to the Urban Development Department with a copy to the Legal Department, stating: "(...) clarify and inform: 1. Whether there is a lesividad proceeding or administrative interim measure that has suspended the right granted to me by means of Official Letter OIDU-0404-2021, that is: the currently valid construction permit. (...)". It was also shown that by official letter ODU-C-0156-2021 of August 10, 2021, the Municipality’s Building Control Department told the petitioner: “I write to greet you and at the same time, respectfully, address your letter requesting information about the current status of the construction permit issued for a party wall on the property with cadastral plan C-2070007-2018. I inform you that a technical and legal commission was requested within the Municipality of Turrialba to assess the case and provide a comprehensive response, as you deserve in this administrative matter. The meeting is scheduled for this Thursday, August 12, 2021, and a proposed solution will be available. I ask for additional time to prepare this response, and once ready, it will be sent to you by email, as you requested in the submitted letter. I remain at your service and await your understanding. Matters not addressed herein shall be governed by applicable law”. This response was provided well before this amparo was filed. In this regard, it must be noted that this Chamber has indeed held that Article 27 of the Political Constitution enshrines the public subjective right of every person, natural or legal, to petition any public body or entity on a matter of their interest, which must be resolved by the Administration in a timely manner. However, this does not mean that the response must be favorable. Here, the Municipality did inform the petitioner about the status of his case. What he raises is actually a disagreement with the reply. Consequently, there is no reason to grant the amparo.III.- Caso concreto. El recurrente alega que la Municipalidad de San José no le ha dado respuesta al oficio presentado el 27 de julio de 2021. Se demostró que, en efecto, el recurrente presentó ante la Municipalidad la nota que indica dirigida al Departamento de Desarrollo Urbano con copia al Departamento Legal, Esta plantea lo siguiente: "(…) se aclare e informe: 1. Si existe un procedimiento de lesividad o medida cautelar administrativa que haya suspendido el derecho otorgado al suscrito por medio del Oficio OIDU-0404-2021, sea esto: el permiso de construcción actualmente válido. (…)". Ahora bien, también se demostró que mediante oficio número ODU-C-0156-2021 del 10 de agosto de 2021, el Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad le indicó al recurrente lo siguiente: “Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle de la forma más respetuosa, atención a su oficio, donde solicita información sobre el estado actual del permiso de construcción otorgado para la construcción de una tapia en la propiedad con plano catastro C-2070007-2018. Le comento que se solicitó la conformación de una comisión técnica y legal en la Municipalidad de Turrialba para valorar el caso y poder darle una respuesta donde se analice en su totalidad el mismo y de esta forma responderle como su persona merece ante esta actuación administrativa. La reunión está pactada para este jueves 12 de agosto de 2021 y se contará con una propuesta a solución a este problema. Ruego otorgar un plazo adicional para elaborar dicha respuesta y en el momento que se tenga lista se la estaré haciendo llegar vía correo electrónico, tal y como su persona lo solicitó en el oficio entregado. Me despido así, quedando a la orden y a la espera de su comprensión. En lo no contemplado en este documento. ha de regirse por la normativa vigente”. Tal respuesta se brindó mucho antes de presentado este recurso. Al respecto se debe indicar que, ciertamente, esta Sala ha indicado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública, a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración en forma oportuna. Sin embargo, esto no significa que deba responderse de manera positiva. En este caso, la Municipalidad sí le indicó al recurrente en qué estado se encuentra el caso de su interés. Lo que plantea aquí es realmente una divergencia con lo que se le contestó. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso.
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"Tal respuesta se brindó mucho antes de presentado este recurso. Al respecto se debe indicar que, ciertamente, esta Sala ha indicado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública, a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración en forma oportuna. Sin embargo, esto no significa que deba responderse de manera positiva."
"This response was provided well before this amparo was filed. In this regard, it must be noted that this Chamber has indeed held that Article 27 of the Political Constitution enshrines the public subjective right of every person, natural or legal, to petition any public body or entity on a matter of their interest, which must be resolved by the Administration in a timely manner. However, this does not mean that the response must be favorable."
Considerando III
"Tal respuesta se brindó mucho antes de presentado este recurso. Al respecto se debe indicar que, ciertamente, esta Sala ha indicado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública, a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración en forma oportuna. Sin embargo, esto no significa que deba responderse de manera positiva."
Considerando III
"En este caso, la Municipalidad sí le indicó al recurrente en qué estado se encuentra el caso de su interés. Lo que plantea aquí es realmente una divergencia con lo que se le contestó. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso."
"Here, the Municipality did inform the petitioner about the status of his case. What he raises is actually a disagreement with the reply. Consequently, there is no reason to grant the amparo."
Considerando III
"En este caso, la Municipalidad sí le indicó al recurrente en qué estado se encuentra el caso de su interés. Lo que plantea aquí es realmente una divergencia con lo que se le contestó. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Res. No. 2021024261 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-ninth of October, two thousand twenty-one.
Amparo (Recurso de amparo) filed by Álvaro José Díaz Fernández, identity card number 104430592, on his own behalf, against the Municipality of Turrialba.
WHEREAS (RESULTANDO):
1.- By document added to this expediente on October 1, 2021, the appellant alleged, in summary, that since July 27, 2021, he filed a formal request for information with the Department of Urban Development of the Municipality of Turrialba, with a copy to the Legal Department, which was duly received by said municipal corporation on that same day. He indicates that in the mentioned note he requested the following from the respondent authority: "(…) it be clarified and reported: 1. Whether there is a declaratory of lesivity procedure (procedimiento de lesividad) or administrative precautionary measure (medida cautelar administrativa) that has suspended the right granted to the undersigned by means of Official Communication OIDU-0404-2021, that is: the currently valid construction permit (permiso de construcción). (…)". He indicates that by means of official communication ODUC-0156-2021, the respondent Department requested more time to provide the corresponding response: "(…) I inform you that the formation of a technical and legal commission was requested at the Municipality of Turrialba to assess the case and be able to give you a response where it is analyzed in its entirety and thus respond to you as you deserve before this administrative action. The meeting is scheduled for this Thursday, August 12, 2021, and we will have a proposal for a solution to this problem. I ask you to grant additional time to prepare said response and at the time it is ready, I will be sending it to you via email, just as you requested in the delivered communication (…)". However, up to the moment of filing this appeal, he has not obtained a response to his request, nor what was requested, causing injury to his fundamental rights.
2.- By resolution at 8:18 a.m. on October 5, 2021, the proceedings were initiated, which was notified to the Municipality of Turrialba on October 12, 2021.
3.- By document added to this expediente on October 19, 2021, Gerardo Sequeira Pereira, engineer of the Construction Control Department of the Municipality of Turrialba, submitted the report. He indicated the following:
"Chronologically, the case is detailed as follows:
1.- On May 5, 2021, construction permit No. 9167 was issued for the construction of a boundary wall (tapia de colindancia) on the property with cadastral map (plano catastro) C-2070007-2018.
a.- This cadastral map is duly registered before the registry and whose nature is: Property Access Outlet (Salida de Finca).
b.- It has a registered owner and it is Mr. Díaz Fernández.
c.- The permit is normally granted for the construction of a boundary wall.
2.- Days later, a complaint is received at the Municipality of Turrialba, where the Public Force (Fuerza Pública) received a call from Mrs. Virginia Rojas Ceciliano, indicating that a wall is being built on what she uses as an Access Easement (Servidumbre de Acceso) for her property.
3.- An inspection is carried out at the site and Mrs. Rojas provides the cadastral map C405825-1997, where it is clearly observed that what is indicated as Property Access Outlet in a 2018 cadastral map is actually an Easement (Servidumbre) that provides access to two lots (one owned by Mrs. Rojas and another, owned by Mr. Díaz himself). Both cadastral maps are attached for your knowledge, where both indicate Easement as access. In the same way, the map is attached with which the construction permit is processed and which was registered in 2018, causing the conditions and original nature of this land to be varied.
4.- It is requested to stop the wall construction process, to be able to carry out the respective measurements and a report by the Topography Unit, so that the case can be analyzed and there is clarity on the situation.
5.- Report DU-CT-035-2021 is issued by the Topography Unit of the Municipality of Turrialba, where its conclusion clearly shows the existence of land whose nature is that of an Easement and that provides access to the properties of Mrs. Rojas and Mr. Díaz. Said report from the Topography Unit of the Municipality of Turrialba is attached.
6.- As part of the map registration process, it is known that Measurement Rectifications (Rectificaciones de Medida) or Area Rectifications do not pass through the Municipality of Turrialba (in this case) but go directly to the National Registry (Registro Nacional). From the above, it is that Mr. Álvaro Díaz carried out a measurement rectification and changed the nature of the map to "Property Access Outlet" and it ceased to be "Easement". In the cadastre, this change was not detected and the map in 2018 was registered, giving rise to what is considered to "induce" an error to the Municipality of Turrialba, by having land of erroneous nature and by placing a boundary wall on it, Mrs. Rojas's property is left without access.
7.- It is for this reason that on September 14, 2021, the case was sent to Mr. Rolando Rojas Rojas, Director of Real Estate of the National Property Registry (Registro Nacional de la Propiedad), so that he can assess the case and indicate whether the deregistration of the cadastral map C-2070007-2018 is viable, so that it recovers its Easement nature and an annulment process for the construction permit can subsequently be initiated at the Municipality of Turrialba.
For his part, what is indicated by Mr. Díaz regarding the lack of response to his request for information is understood, however, on August 10, 2021, he was informed through official communication ODU-C-0156-2021, that work was being done on this response in order to apply the rule correctly and not incur in illegalities or damages to any of the actors.
Regarding response deadlines, one has been granted at all times, within the statutory period for Mr. Díaz, furthermore, it is important to make clear that the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), acting as improper hierarch (jerarca impropio) in municipal matters, has held that according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in environmental matters, the administrative approval by silence (silencio positivo) or response deadlines do not apply, nor can they be applied in urban planning matters, since, according to the Chamber itself, these form part of Environmental Law. In this regard, the Court has indicated:
"…it is important to warn that this institution is not operative in relation to environmental matters -as constitutional jurisprudence has repeatedly indicated, for example in rulings number 6836-93, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 6332-94, 0820-95, 5745-99, 2000-1895, 2003-6322, and also in ruling number 0397-F-2001 of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice-, of which Urbanism Law forms part -as the Constitutional Chamber indicated in ruling number 2003-3656, based on the fact that it is the legal discipline concerning land-use planning (ordenación del territorio), which includes the delimitation of the content of urban property and the exercise of the urban planning function as a public power, by virtue of which, the constitutional principles of the branch of which it forms part are applicable; just as it does not operate with respect to public domain assets, in consideration of the matter in question…" Vote No. 258-2011 transcribed was confirmed by the First Chamber in vote No. 1195-2013 at 9:45 a.m. on September 18, 2013, in which the possibility of applying the figure of administrative approval by silence was denied because "for the judges, which this Chamber endorses, the essential thing is that, in the matter under analysis, we are dealing with the exercise of public powers in environmental and urban planning matters." Therefore, in accordance with the provisions and adapting it to the stated jurisprudential criterion, administrative approval by silence is not applicable to said request. Therefore, regarding the application of administrative approval by silence in urban planning matters, considering that said figure does not apply for licenses, approvals, endorsements (visados) and permits granted in the exercise of urban planning control and oversight competencies.
Finally, the response from the Real Estate Department of the National Registry is attached, as a result of the consultation made by Construction Control of the Municipality of Turrialba, to know the position on this case and thus follow up on it and, in turn, respond to Mr. Díaz.
We are awaiting the resolution of the National Registry and subsequently criteria would be issued for decision-making internally within the Municipality of Turrialba.
I close thus, remaining at your service and hoping this information is useful. In matters not contemplated in this document, it shall be governed by the current regulations." 4.- By document added to this expediente on October 21, 2021, Hania Gabriela Pizarro Palma, Head of Legal Services of the Municipality of Turrialba, submitted the report. She indicated the following:
"FIRST In response to the request indicated by the appellant, on July 27, 2021, this is NOT directed to nor received by me, it is directed to the Construction Control Department, who HAS responded and followed up on the request made by ÁLVARO JOSE DÍAZ FERNÁNDEZ before the different internal Municipal administrative instances and before the Public Registry of Costa Rica, as confirmed by the Report submitted by Eng. Gerardo Sequeira Pereira, before this Honorable Constitutional Chamber.
SECOND: ON MATTERS PERTAINING TO THE URBAN PLANNING AND URBAN CONTROL CARRIED OUT BY MUNICIPALITIES.
I allow myself to state that through Opinion No. C-282-2016 dated December 23, 2016, in consultation with the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), it established the following in a conclusive manner:
"C. On administrative approval by silence in urban planning matters:
Regarding the application of the figure of administrative approval by silence in urban planning matters, the Attorney General's Office has previously pronounced and has maintained the position set forth in Opinion No. C-220-2004 of July 5, 2004, and that criterion has been maintained in Opinions Nos. C-279-2007 of August 21, 2007, and C-141-2008 of May 5, 2008, this latter one providing:
However, it should be warned that the Administrative Litigation Court, acting as improper hierarch in municipal matters, has maintained that according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber in environmental matters, administrative approval by silence does not apply, nor can it be applied in urban planning matters, since, according to the Chamber itself, these form part of Environmental Law. In this regard, the Court has indicated:
"…it is important to warn that this institution is not operative in relation to environmental matters -as constitutional jurisprudence has repeatedly indicated, for example in rulings number 6836-93, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 6332-94, 0820-95, 5745-99, 2000-1895, 2003-6322, and also in ruling number 0397-F-2001 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice-, of which Urbanism Law forms part -as the Constitutional Chamber indicated in ruling number 2003-3656, BASED ON THE FACT THAT IT IS THE LEGAL DISCIPLINE CONCERNING LAND-USE PLANNING, WHICH INCLUDES THE DELIMITATION OF THE CONTENT OF URBAN PROPERTY AND THE EXERCISE OF THE URBAN PLANNING FUNCTION AS A PUBLIC POWER, BY VIRTUE OF WHICH, THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE BRANCH OF WHICH IT FORMS PART ARE APPLICABLE; just as it does not operate with respect to public domain assets, in consideration of the matter in question, as it compromises the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and the type of asset in question -which is imprescriptible, unattachable and inalienable, as, by vocation, it is intended for the use and enjoyment of the community in general and is subject to police power with respect to its use and exploitation... Consequently, in relation to permits and authorizations relative to urban planning matters, the institution of administrative approval by silence is not applicable, that is, they cannot be considered granted by the lapse of the period for their response; although they can generate the so-called administrative denial by silence (silencio negativo), also called "negative presumptive act (acto presunto negativo)", pursuant to the provisions of article 261.3 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which in this matter would constitute the omission by the respective municipal office to resolve the appeal (impugnación) filed against the rejection of the petition filed, from which point, the interested party has the avenue for its challenge (impugnación), first in administrative proceedings, and upon adopting the definitive act (emanating from the improper hierarch), in the plenary contentious-administrative route." (Administrative Litigation Court, Third Section, vote No. 139-2012 at 14:45 on April 26, 2012).
Furthermore, that criterion has also been adopted by the Administrative Litigation Court in the exercise of its jurisdictional function. In this regard, it has interpreted that the votes of the Constitutional Chamber that indicate that administrative approval by silence does not operate in environmental matters encompass urban planning licenses:
"This is so because to Urbanism Law, which regulates matters concerning land-use planning (which includes the delimitation of the content of urban property and the exercise of the urban planning function as a public power), the constitutional principles of Environmental Law are applicable, since both integrate the legal concept of environment, and therefore, they compromise the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Similarly, administrative approval by silence is not applicable with respect to public domain assets, in consideration of the matter in question, as it also compromises the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and, ultimately, the nature of this type of assets as they are imprescriptible, unattachable and inalienable, and by vocation, they are intended for the use and enjoyment of the community in general and are subject to police power with respect to their use and exploitation... From the foregoing, it easily follows that, in the case of permits and authorizations relative to urban planning or environmental matters, administrative approval by silence is not applicable nor can they be considered granted by the lapse of the period for their response. It could not be otherwise if it is taken into account that the protection of the environment is an obligation of both the State (in a broad sense) and of individuals, as a requirement imposed by numeral 50 of the Political Constitution (Constitución Política); therefore, the application of the figure of administrative approval by silence in urban planning and environmental matters would imply a waiver of the exercise of environmental control and protection powers, with violation, moreover, of canon 66 of the LGAP. Thus, in this matter, the absence of an express resolution is an administrative dysfunction that cannot become a presumptive authorization, because this would imply the prevalence of the particular interest over the general interest in the control of urban development and the protection of the environment." (Administrative Litigation Court, Sixth Section, vote No. 258-2011 at 14:05 on November 29, 2011. In a similar sense, vote No. 247-2012 at 15:30 on November 2, 2012, of that same Section).
Vote No. 258-2011 transcribed was confirmed by the First Chamber in vote No. 1195-2013 at 9:45 a.m. on September 18, 2013, in which the possibility of applying the figure of administrative approval by silence was denied because "for the judges, which this Chamber endorses, the essential thing is that in the matter under analysis, we are dealing with the exercise of public powers in environmental and urban planning matters." It is clear that the Constitutional Chamber has ruled that the figure of administrative approval by silence is not applicable in authorizations, licenses, or acts related to the environment (votes Nos. 6836-1993, 5506-1994, 1895-2000, 6322-2003, 2063-2007 and 1963-2012, among others) and that matters relating to urban activity, city planning, and determination of land uses (usos de suelo) form part of the macro concept of environment (Votes Nos. 3656-2003 and 17126-2006)." Therefore, in accordance with the provisions and adapting it to the stated jurisprudential criterion, there is no violation of any constitutional right against the appellant, since what was requested is characteristic of Urban Planning Matters, which are carried out by the Municipalities in the exercise of their urban planning control and oversight competencies, and it is accredited, by the Report of the Head of the Construction Control Department, that a response and processing has been given to what was requested and that it has acted in accordance with the legal system, and therefore there is NO violation of any Constitutional Right against the appellant. Therefore, we request that this amparo appeal (recurso de amparo) be declared without merit." 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and, Considering (Considerando):
I.- Subject Matter. The appellant alleged that he filed before the Department of Urban Development of the Municipality of Turrialba, with a copy to the Legal Department, a formal request for information, which was duly received by said municipal corporation, but he has not received the requested information.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
"This communication serves to greet you and at the same time provide you, in the most respectful manner, attention to your communication, where you request information on the current status of the construction permit granted for the construction of a wall on the property with cadastral map C-2070007-2018.
I inform you that the formation of a technical and legal commission was requested at the Municipality of Turrialba to assess the case and be able to give you a response where it is analyzed in its entirety and thus respond to you as you deserve before this administrative action.
The meeting is scheduled for this Thursday, August 12, 2021, and we will have a proposal for a solution to this problem. I ask you to grant additional time to prepare said response and at the time it is ready, I will be sending it to you via email, just as you requested in the delivered communication.
I close thus, remaining at your service and awaiting your understanding. In matters not contemplated in this document, it shall be governed by the current regulations" (reports submitted and copy of the communication).
III.- Specific Case. The appellant alleges that the Municipality of San José has not responded to the communication filed on July 27, 2021. It was shown that, in effect, the appellant filed the note he indicates with the Municipality, addressed to the Department of Urban Development with a copy to the Legal Department. This raises the following: "(…) it be clarified and reported: 1. Whether there is a declaratory of lesivity procedure or administrative precautionary measure that has suspended the right granted to the undersigned by means of Official Communication OIDU-0404-2021, that is: the currently valid construction permit. (…)". Now then, it was also shown that through official communication number ODU-C-0156-2021 dated August 10, 2021, the Construction Control Department of the Municipality indicated the following to the appellant:
"This communication serves to greet you and at the same time provide you, in the most respectful manner, attention to your communication, where you request information on the current status of the construction permit granted for the construction of a wall on the property with cadastral map C-2070007-2018.
I inform you that the formation of a technical and legal commission was requested at the Municipality of Turrialba to assess the case and be able to give you a response where it is analyzed in its entirety and thus respond to you as you deserve before this administrative action.
The meeting is scheduled for this Thursday, August 12, 2021, and we will have a proposal for a solution to this problem. I ask you to grant additional time to prepare said response and at the time it is ready, I will be sending it to you via email, just as you requested in the delivered communication.
I close thus, remaining at your service and awaiting your understanding. In matters not contemplated in this document, it shall be governed by the current regulations".
Such a response was provided long before this appeal was filed. In this regard, it should be noted that, indeed, this Chamber has indicated that Article 27 of the Political Constitution enshrines the public subjective right of every person, both natural and legal, to petition any public body or entity on a matter of their interest, which must be resolved by the Administration in a timely manner. However, this does not mean it must be answered positively. In this case, the Municipality did indicate to the appellant the status of the case of his interest. What he raises here is really a disagreement with what he was told. Consequently, there is no reason to grant the appeal.
V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The appellant party is warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or device produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Expediente before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court (Corte Plena) in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE (POR TANTO):
The appeal is declared without merit.
Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification Code -- *EBVQZZ43U0UI61* It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:07:43.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021024261 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo interpuesto por Álvaro José Díaz Fernández, cédula de identidad número 104430592, a favor de él mismo, contra la Municipalidad de Turrialba.
RESULTANDO:
1.- Por escrito agregado a este expediente el 1° de octubre del 2021, el recurrente alegó, en resumen, que desde el 27 de julio de 2021, interpuso ante Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Turrialba con copia al Departamento Legal, una solicitud formal de información, la cual fue debidamente recibida por dicha corporación municipal, ese mismo día. Indica que en la nota mencionada solicitó a la autoridad recurrida, lo siguiente: "(…) se aclare e informe: 1. Si existe un procedimiento de lesividad o medida cautelar administrativa que haya suspendido el derecho otorgado al suscrito por medio del Oficio OIDU-0404-2021, sea esto: el permiso de construcción actualmente válido. (…)". Señala que mediante oficio ODUC-0156-2021, el Departamento recurrido solicitó más tiempo para brindar la respuesta correspondiente: "(…) Le comento que se solicitó la conformación de una comisión técnica y legal en la Municipalidad de Turrialba para valorar el caso y poder darle una respuesta donde se analice en su totalidad el mismo y de esta forma responderle como su persona merece ante esta actuación administrativa. La reunión está pactada para este jueves 12 de agosto de 2021 y se contará con una propuesta a solución a este problema. Ruego otorgar un plazo adicional para elaborar dicha respuesta y en el momento que se tenga lista se la estaré haciendo llegar vía correo electrónico, tal y como su persona lo solicitó en el oficio entregado (…)". Sin embargo, hasta el momento de la interposición de este recurso, no ha obtenido respuesta a su gestión, ni lo solicitado, lesionándose sus derechos fundamentales.
2.- Por resolución de las 8:18 horas del 5 de octubre del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la Municipalidad de Turrialba el 12 de octubre del 2021.
3.- Por escrito agregado a este expediente el 19 de octubre del 2021, Gerardo Sequeira Pereira, ingeniero del Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad de Turrialba, rindió el informe. Indicó lo siguiente:
“Cronológicamente se detalla el caso de la siguiente forma:
1.-El pasado 05 de mayo de 2021 se emite el permiso de construcción N° 9167 para la construcción de una tapia de colindancia en la finca con plano catastro C-2070007-2018.
a.-Este plano catastro está debidamente inscrito ante registro y cuya naturaleza es: Salida de Finca.
b.-Posee propietario registral y se trata del Sr. Díaz Fernández.
c.-El permiso se otorga con normalidad para la construcción de una tapia de colindancia.
2.-Días después se recibe denuncia en la Municipalidad de Turrialba, donde la Fuerza Pública recibe una llamada por parte de la Sra. Virginia Rojas Ceciliano, indicando que se está construyendo una tapia en lo que ella utiliza como Servidumbre de Acceso para su finca.
3.-Se realiza inspección al sitio y la Sra. Rojas aporta el plano catastro C405825-1997, donde claramente se observa que lo indicado como Salida de Finca en un plano catastro del 2018, en realidad se trata de una Servidumbre que brinda acceso a dos lotes (uno propiedad de la Sra. Rojas y otro, propiedad del mismo Sr. Díaz). Se adjuntan ambos planos catastro para su conocimiento, donde ambos indican Servidumbre como acceso. De la misma forma se adjunta el plano con el que se tramita el permiso de construcción y que se inscribe en el 2018, haciendo que se varíen las condiciones y naturaleza original de este terreno.
4.-Se solicita detener el proceso de construcción de la tapia, para poder realizar las mediciones respectivas y un informe por parte de la Unidad de Topografía, para que se pueda analizar el caso y tener claridad de la situación.
5.-Se emite el informe DU-CT-035-2021 por parte de la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Turrialba, donde en su conclusión a todas luces, es la existencia de un terreno que cuenta con naturaleza de Servidumbre y que brinda acceso a las fincas de la Sra. Rojas y el Sr. Díaz. Se adjunta dicho informe de la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Turrialba.
6.-Como parte del proceso de inscripción de planos, se cuenta con que, las Rectificaciones de Medida o Rectificación de Área, no pasan por la Municipalidad de Turrialba (en este caso) sino que van directamente al Registro Nacional. De lo anterior, es que se realizó por parte del Sr. Álvaro Díaz, una rectificación de medida y cambió la naturaleza del plano a “Salida de Finca” y dejó de ser “Servidumbre”. En catastro este cambio no fue detectado y el plano en el 2018, se inscribió, dando lugar a un lo que se considera “inducir” a un error a la Municipalidad de Turrialba, al contar con un terreno de naturaleza errada y que al colocarle una tapia de colindancia deja sin acceso a la finca de la Sra. Rojas.
7.-Es por esta razón, que el pasado 14 de setiembre de 2021, se envía el caso al Sr. Rolando Rojas Rojas, Director de Bienes Inmuebles de Registro Nacional de la Propiedad, para que valore el caso y se indique si es viable la desinscripción del plano catastro C-2070007-2018, para que recupere su naturaleza de Servidumbre y se pueda posteriormente, iniciar un proceso de anulación para el permiso de construcción, en la Municipalidad de Turrialba.
Por su parte, se entiende lo indicado por el Sr. Díaz en cuanto a la falta de respuesta para su solicitud de información, sin embargo, el pasado 10 de agosto de 2021, se le indicó mediante el oficio ODU-C-0156-2021, que se estaba trabajando en esta respuesta para poder aplicar la norma de forma correcta y no incurrir en ilegalidades o daños a ninguno de los actores.
A nivel de plazos de respuesta, en todo momento se ha otorgado una, dentro del plazo de ley para el Sr. Díaz, además es importante dejar claro que, el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio en materia municipal, ha sostenido que según la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia ambiental no se aplica el silencio positivo o plazos de respuesta, tampoco puede aplicarse en asuntos urbanísticos, pues, según la misma Sala, éstos forman parte del Derecho Ambiental. Al respecto, el Tribunal ha indicado:
“…es importante advertir que este instituto no tiene operatividad en relación con la materia ambiental -como lo ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, así por ejemplo en sentencias número 6836-93, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 6332-94, 0820-95, 5745-99, 2000-1895, 2003-6322, y también en la sentencia número 0397-F-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia-, de la que forma parte el Derecho de Urbanismo -como lo señaló la Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, partiendo de la base que se trata de la disciplina jurídica atinente a la ordenación del territorio, que comprende la delimitación del contenido de la propiedad urbana y el ejercicio de la función urbanística como potestad pública, en virtud de lo cual, le son aplicables los principios constitucionales de la rama de la que forma parte; así como tampoco opera respecto de los bienes de dominio público, en atención a la materia de que se trata…” El voto No. 258-2011 transcrito fue confirmado por la Sala Primera en el voto No. 1195-2013 de las 9 horas 45 minutos de 18 de setiembre de 2013, en el que se negó la posibilidad de aplicar la figura del silencio positivo porque “para los juzgadores, lo cual avala esta Cámara, lo primordial es que, en el asunto de análisis, se está ante el ejercicio de potestades públicas en materia ambiental y urbanística.” Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto y adecuándolo al criterio jurisprudencial expuesto, no es aplicable a dicha solicitud el silencio positivo. Por tanto, en lo atinente a la aplicación del silencio positivo en materia urbanística, considerando, que dicha figura no aplica para las licencias, aprobaciones, visados y permisos que se otorguen en el ejercicio de competencias de control y fiscalización urbanística.
Finalmente, se adjunta la respuesta del Departamento de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, a raíz de la consulta hecha por Control Constructivo de la Municipalidad de Turrialba, para conocer la posición sobre este caso y de esta forma dar seguimiento al mismo y a su vez, respuesta al Sr. Díaz.
Se está a la espera de la resolución del Registro Nacional y posteriormente se emitiría criterio para la toma de decisiones a lo interno de la Municipalidad de Turrialba.
Me despido así, quedando a la orden y a la espera de que esta información sea de utilidad. En lo no contemplado en este documento, ha de regirse por la normativa vigente”.
4.- Por escrito agregado a este expediente el 21 de octubre del 2021, Hania Gabriela Pizarro Palma, Encargada de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Turrialba, rindió el informe. Indicó lo siguiente:
“PRIMERO En atención a la solicitud que indica el recurrente, en fecha de 27 de julio del 2021, esta NO está dirigida ni recibida por mi persona, la misma va dirigida al Departamento de Control Constructivo, quien SI ha dado respuesta y seguimiento a la solicitud realizada por ÁLVARO JOSE DÍAZ FERNÁNDEZ ante las distintas instancias administrativas internas Municipales y ante el Registro Público de Costa Rica, conforme así se confirme mediante el Informe rendido por el Ing. Gerardo Sequeira Pereira, ante esta Honorable Sala Constitucional.
SEGUNDO: SOBRE ASUNTOS PROPIOS DE LA MATERIA URBANÍSTICA Y EL CONTROL URBANO QUE REALIZAN LOS MUNICIPIOS.
Me permito manifestar que mediante Dictamen No C-282-2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, en consulta a la Procuraduría General de la República, estableció en lo contundente lo siguiente:
“C. Sobre el silencio positivo en materia urbanística:
Sobre la aplicación de la figura del silencio positivo en materia urbanística la Procuraduría se ha pronunciado con anterioridad y ha mantenido la posición expuesta en el Dictamen No. C-220-2004 de 5 de julio de 2004 y ese criterio se ha mantenido en los dictámenes Nos. C-279-2007 de 21 de agosto de 2007 y C-141-2008 de 5 de mayo de 2008, disponiéndose en este último:
No obstante, debe advertirse que el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio en materia municipal, ha mantenido que según la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia ambiental no se aplica el silencio positivo, tampoco puede aplicarse en asuntos urbanísticos, pues, según la misma Sala, éstos forman parte del Derecho Ambiental. Al respecto, el Tribunal ha indicado:
“…es importante advertir que este instituto no tiene operatividad en relación con la materia ambiental -como lo ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, así por ejemplo en sentencias número 6836-93, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 6332-94, 0820-95, 5745-99, 2000-1895, 2003-6322, y también en la sentencia número 0397-F-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia-, de la que forma parte el Derecho de Urbanismo -como lo señaló la Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, PARTIENDO DE LA BASE QUE SE TRATA DE LA DISCIPLINA JURÍDICA ATINENTE A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, QUE COMPRENDE LA DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROPIEDAD URBANA Y EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN URBANÍSTICA COMO POTESTAD PÚBLICA, EN VIRTUD DE LO CUAL, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA RAMA DE LA QUE FORMA parte; así como tampoco opera respecto de los bienes de dominio público, en atención a la materia de que se trata, en tanto que compromete el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al tipo de bien de que se trata -que es imprescriptible, inembargable e inalienable, en tanto, por vocación está dispuesto al uso y disfrute de la colectividad en general y está sujeto al poder de policía en lo que respecta a su uso y aprovechamiento… Consecuentemente, en relación con los permisos y autorizaciones relativas a la materia urbanística no resulta aplicable el instituto del silencio positivo, es decir, no pueden estimarse otorgadas por el transcurso del plazo para su contestación; aunque sí pueden generar el llamado silencio negativo, o también denominado "acto presunto negativo", al tenor de lo dispuesto en el artículo 261.3 de la Ley General de la Administración Pública, que en esta materia constituiría la omisión de la dependencia municipal respectiva de resolver la impugnación formulada contra el rechazo de la gestión interpuesta, a partir del cual, el interesado tiene la vía para su impugnación, primero en sede administrativa, y al adoptarse el acto definitivo (emanado del jerarca impropio), en la vía plenaria contenciosa.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, voto No. 139-2012 de las 14 horas 45 minutos de 26 de abril de 2012).
Además, ese criterio ha sido adoptado también por el Tribunal Contencioso Administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional. Al respecto, ha interpretado que los votos de la Sala Constitucional que indican que el silencio positivo no opera en materia ambiental abarcan las licencias urbanísticas:
“Ello es así porque al Derecho Urbanístico, que regula lo atinente a la ordenación del territorio (que comprende la delimitación del contenido de la propiedad urbana y el ejercicio de la función urbanística como potestad pública), le son aplicables los principios constitucionales del Derecho Ambiental, toda vez que ambos integran el concepto jurídico de ambiente, y por ello, comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco resulta aplicable el silencio positivo respecto de los bienes de dominio público, en atención a la materia de que se trata, toda vez que también comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, en última instancia, a la naturaleza de este tipo de bienes en tanto son imprescriptibles, inembargables e inalienables y por vocación están dispuestos al uso y disfrute de la colectividad en general y está sujeto al poder de policía en lo que respecta a su uso y aprovechamiento... De lo expuesto se deriva con facilidad que, tratándose de permisos y autorizaciones relativas a la materia urbanística o ambiental, no resulta aplicable el silencio positivo ni pueden estimarse otorgados por el transcurso del plazo para su contestación. No podría ser de otra forma si se toma en cuenta que la protección del ambiente es una obligación tanto del Estado (en sentido amplio) como de los particulares, como exigencia impuesta por el numeral 50 de la Constitución Política; por lo que, la aplicación de la figura del silencio positivo en asuntos urbanísticos y ambientales, implicaría una renuncia al ejercicio de potestades de control y protección ambiental, con violación, además, del canon 66 de la LGAP. Así, en esta materia, la ausencia de resolución expresa, es una disfunción administrativa que no puede convertirse en una autorización presunta, pues ello implicaría la prevalencia del interés particular sobre el interés general en el control del desarrollo urbano y la protección del ambiente.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, voto No. 258-2011 de las 14 horas 05 minutos de 29 de noviembre de 2011. En similar sentido, voto No. 247-2012 de las 15 horas 30 minutos de 2 de noviembre de 2012 de esa misma Sección).
El voto No. 258-2011 transcrito fue confirmado por la Sala Primera en el voto No. 1195-2013 de las 9 horas 45 minutos de 18 de setiembre de 2013, en el que se negó la posibilidad de aplicar la figura del silencio positivo porque “para los juzgadores, lo cual avala esta Cámara, lo primordial es que en el asunto de análisis, se está ante el ejercicio de potestades públicas en materia ambiental y urbanística.” Resulta claro que la Sala Constitucional ha dispuesto que la figura del silencio positivo no es aplicable en las autorizaciones, licencias o actos relacionados con el ambiente (votos Nos. 6836-1993, 5506-1994, 1895-2000, 6322-2003, 2063-2007 y 1963-2012, entre otras) y que lo relativo a la actividad urbana, la planificación de las ciudades y determinación de usos de suelo forma parte del concepto macro de ambiente (Votos Nos. 3656-2003 y 17126-2006).” Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto y adecuándolo al criterio jurisprudencial expuesto, no existe ninguna violación a algún derecho constitucional contra el recurrente, por cuanto lo peticionado es propio de la Materia Urbanística, quien en el ejercicio de competencias de control y fiscalización urbanística realiza las Municipalidades y se acredita, por parte del Informe del Encargado del Departamento de Control Constructivo, que ha dado respuesta y trámite a lo peticionado y se ha actuado conforme al ordenamiento jurídico, y por tanto NO existe ninguna violación a ningún Derecho Constitucional contra del recurrente. Por tanto, solicitamos se declare sin lugar el presente recurso de amparo”.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
I.- Objeto. El recurrente alegó que presentó ante Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Turrialba, con copia al Departamento Legal, una solicitud formal de información, la cual fue debidamente recibida por dicha corporación municipal, pero no ha recibido la información solicitada.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1)Por gestión presentada el 27 de julio del 2021, en la Municipalidad de Turrialba, dirigida al Departamento de Control Constructivo, el recurrente solicitó la siguiente información: "(…) se aclare e informe: 1. Si existe un procedimiento de lesividad o medida cautelar administrativa que haya suspendido el derecho otorgado al suscrito por medio del Oficio OIDU-0404-2021, sea esto: el permiso de construcción actualmente válido. (…)" (copia de la solicitud con el sello de recibido).
2)Mediante oficio número ODU-C-0156-2021 del 10 de agosto de 2021, el Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad le indicó al recurrente lo siguiente:
“Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle de la forma más respetuosa, atención a su oficio, donde solicita información sobre el estado actual del permiso de construcción otorgado para la construcción de una tapia en la propiedad con plano catastro C-2070007-2018.
Le comento que se solicitó la conformación de una comisión técnica y legal en la Municipalidad de Turrialba para valorar el caso y poder darle una respuesta donde se analice en su totalidad el mismo y de esta forma responderle como su persona merece ante esta actuación administrativa.
La reunión está pactada para este jueves 12 de agosto de 2021 y se contará con una propuesta a solución a este problema. Ruego otorgar un plazo adicional para elaborar dicha respuesta y en el momento que se tenga lista se la estaré haciendo llegar vía correo electrónico, tal y como su persona lo solicitó en el oficio entregado.
Me despido así, quedando a la orden y a la espera de su comprensión. En lo no contemplado en este documento. ha de regirse por la normativa vigente” (informes rendidos y copia del oficio).
III.- Caso concreto. El recurrente alega que la Municipalidad de San José no le ha dado respuesta al oficio presentado el 27 de julio de 2021. Se demostró que, en efecto, el recurrente presentó ante la Municipalidad la nota que indica dirigida al Departamento de Desarrollo Urbano con copia al Departamento Legal, Esta plantea lo siguiente: "(…) se aclare e informe: 1. Si existe un procedimiento de lesividad o medida cautelar administrativa que haya suspendido el derecho otorgado al suscrito por medio del Oficio OIDU-0404-2021, sea esto: el permiso de construcción actualmente válido. (…)". Ahora bien, también se demostró que mediante oficio número ODU-C-0156-2021 del 10 de agosto de 2021, el Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad le indicó al recurrente lo siguiente:
“Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle de la forma más respetuosa, atención a su oficio, donde solicita información sobre el estado actual del permiso de construcción otorgado para la construcción de una tapia en la propiedad con plano catastro C-2070007-2018.
Le comento que se solicitó la conformación de una comisión técnica y legal en la Municipalidad de Turrialba para valorar el caso y poder darle una respuesta donde se analice en su totalidad el mismo y de esta forma responderle como su persona merece ante esta actuación administrativa.
La reunión está pactada para este jueves 12 de agosto de 2021 y se contará con una propuesta a solución a este problema. Ruego otorgar un plazo adicional para elaborar dicha respuesta y en el momento que se tenga lista se la estaré haciendo llegar vía correo electrónico, tal y como su persona lo solicitó en el oficio entregado.
Me despido así, quedando a la orden y a la espera de su comprensión. En lo no contemplado en este documento. ha de regirse por la normativa vigente”.
Tal respuesta se brindó mucho antes de presentado este recurso. Al respecto se debe indicar que, ciertamente, esta Sala ha indicado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública, a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración en forma oportuna. Sin embargo, esto no significa que deba responderse de manera positiva. En este caso, la Municipalidad sí le indicó al recurrente en qué estado se encuentra el caso de su interés. Lo que plantea aquí es realmente una divergencia con lo que se le contestó. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
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