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Res. 24197-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/10/2021

Institutional coordination for drinking water supply in the Finca San Juan SettlementCoordinación institucional para el suministro de agua potable en Asentamiento Finca San Juan

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The respondent institutions are ordered to coordinate to execute works and guarantee drinking water service within 24 months.Se ordena a las instituciones recurridas establecer coordinación para ejecutar obras y garantizar el servicio de agua potable en 24 meses.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of the Finca San Juan Settlement in Pavas, who claimed that since 1999 she had lacked drinking water service, even though the houses were built in 1997 by the Housing Promotion Foundation (FUPROVI) and had basic infrastructure. AyA repeatedly denied service requests (2001, 2011, 2020) on the grounds that the settlement had not been formally received and lacked drinking water infrastructure in front of the property. The Chamber found that the irregular situation of the settlement had been known to the institutions for over ten years, and that the problem persisted due to a lack of inter-institutional coordination. It noted the existence of a coordination principle among state entities and held that the joint inaction violated the petitioner's fundamental rights. Accordingly, it granted the amparo and ordered the respondent institutions (MIVAH, INVU, BANHVI, AyA, and the Municipality of San José) to establish, within their respective competences and within a maximum period of 24 months, coordination mechanisms to carry out the pending works and resolve the provision of drinking water service throughout the settlement.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una vecina del Asentamiento Finca San Juan en Pavas, quien alegaba que desde 1999 carecía de servicio de agua potable, pese a que las viviendas fueron construidas por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) en 1997 y contaban con infraestructura básica. El AyA negó reiteradamente las solicitudes de servicio (2001, 2011, 2020) argumentando que el asentamiento no había sido formalmente recibido y carecía de infraestructura de agua potable frente al inmueble. La Sala constató que la situación de irregularidad del asentamiento era conocida por las instituciones desde hacía más de diez años, y que el problema persistía por falta de coordinación interinstitucional. Señaló que existía un principio de coordinación entre entidades estatales y que la inacción conjunta violaba los derechos fundamentales de la recurrente. Por ello, declaró con lugar el recurso y ordenó a las instituciones recurridas (MIVAH, INVU, BANHVI, AyA y Municipalidad de San José) que, en el ámbito de sus competencias y en un plazo máximo de 24 meses, establecieran mecanismos de coordinación para ejecutar las obras pendientes y resolver la prestación del servicio de agua potable en todo el asentamiento.

Key excerptExtracto clave

In this regard, the violation of the petitioner's fundamental rights is established. The respondent authorities have been aware of the problem for more than 10 years, meaning the irregular situation of the said property is long-standing. It should be noted that, from the evidence provided, it was determined that the Ombudsman's Office intervened and requested coordination among institutions more than ten years ago. Therefore, while it is formally true that the project has not been received by the ICAA, and that this technically and legally prevents the approval and provision of the service, it is also true that the project has not been able to be received due to coordination problems among the institutions and the lack of construction of the pending works, which have already been identified. Hence, this Court considers it prudent to point out that, in reiterated jurisprudence, it has been indicated that there is a principle of coordination that operates among the different state institutions, which establishes that the State is obliged to have its entities adopt and implement all those measures required to organize and harmonize their actions, so that administrative management is as swift and effective as possible for the benefit of the administered, as well as the constitutional principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and speed of administrative organization and function. Thus, as long as this lack of coordination persists, the problem of drinking water supply in a highly populated settlement is perpetuated, and, it is reiterated, this has been known for quite some time; even the precedent cited is from 2010, and already in that precedent it was stated that the project would be ready by November 2010, which did not happen. Consequently, this lack of coordination by the respondent authorities to resolve the irregular situation of the Finca San Juan Settlement has resulted in the petitioner and other residents of said settlement not receiving drinking water service. Therefore, it is appropriate to grant the amparo.En este sentido, se constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues las autoridades recurridas conocen la problemática desde hace más de 10 años, por lo que la situación de irregularidad de la dicha finca es de vieja data. Nótese que, de la prueba aportada, se determinó que la Defensoría de los Habitantes intervino y solicitó coordinación entre instituciones desde hace más de diez años. Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas. Por ende, este Tribunal considera prudente señalar que, en reitera jurisprudencia, se ha indicado que existe el principio de coordinación que opera entre las diferentes instituciones estatales, que establece que el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones, para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado, así como los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas. Así, mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió. Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas."

    "Therefore, while it is formally true that the project has not been received by ICAA, and that this technically and legally prevents the approval and provision of the service, it is also true that the project has not been able to be received due to coordination problems among the institutions and the lack of construction of the pending works, which have already been identified."

    Considerando IV

  • "Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas."

    Considerando IV

  • "Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable."

    "Consequently, this lack of coordination by the respondent authorities to resolve the irregular situation of the Finca San Juan Settlement has resulted in the petitioner and other residents of said settlement not receiving drinking water service."

    Considerando IV

  • "Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable."

    Considerando IV

  • "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a […] establecer las instancias de coordinación que corresponda entre todas las siguientes instituciones […] para que, en el ámbito de sus competencias, se ejecute y construya lo pendiente de realizar, lo anterior en el plazo máximo de 24 meses, […] y así, se resuelva lo que corresponda respecto de la prestación del servicio de agua potable en el Asentamiento Finca San Juan."

    "The amparo is granted. It is ordered to […] establish the corresponding coordination instances among all the following institutions […] so that, within the scope of their competences, the pending works are executed and built, within a maximum period of 24 months, […] and thus, resolve as appropriate regarding the provision of drinking water service in the Finca San Juan Settlement."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a […] establecer las instancias de coordinación que corresponda entre todas las siguientes instituciones […] para que, en el ámbito de sus competencias, se ejecute y construya lo pendiente de realizar, lo anterior en el plazo máximo de 24 meses, […] y así, se resuelva lo que corresponda respecto de la prestación del servicio de agua potable en el Asentamiento Finca San Juan."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

**File No: 21-016493-0007-CO** **Res. No. 2021024197** CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of October, two thousand twenty-one.

Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HOUSING AND HUMAN SETTLEMENTS, the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, the NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT, the MORTGAGE HOUSING BANK, and THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. Findings: 1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber on August 23, 2021, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HOUSING AND HUMAN SETTLEMENTS, the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, the NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT, the MORTGAGE HOUSING BANK, and THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ and states that the residents of Pavas, Finca San Juan, block G2, house 8, alameda 21, do not have potable water, a problem dating back to 1999. She claims that access to water is a fundamental and indispensable right to prevent the spread of covid and other diseases. She emphasizes that older adults and minors live on said alameda. She explains that their dwellings were built by the Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) in 1997 and that they have sidewalks, pipes, sewage and potable water pipelines; however, AyA does not provide them with potable water service, arguing that there is no main pipe. She accuses that they have had to manage to get access to water, which has exposed them to being victims of excessive charges and being left without water from one moment to the next. She claims that for this reason they require their own meters, which AyA has denied them. For the foregoing, she comes to the Chamber in protection of her fundamental rights and requests that the action be granted.

2.- By resolution at 15:37 on August 25, 2021, this Court issued the resolution on the course of this matter.

3.- Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of Housing and Human Settlements, reports under oath (report rendered on August 31, 2021), in the following terms: “This Ministry of Housing and Human Settlements has not violated any constitutional right of the petitioner, since what was indicated by the petitioner does not correspond to any failure to comply with the competencies of this Ministry, as we will develop extensively below. Having stated the above, it is opportune to clarify that, within the competencies of the Ministry, the declaration of uninhabitability of properties, the eviction of properties, the processing or granting of individual or collective housing benefits (bonos individuales o colectivos), housing financing, as well as the approval of permits or other types of authorizations for housing construction, providing potable water service, or authorizing the obtaining of water meters for each dwelling, or the approval of plans, construction permits for development works, among others, are not contemplated, as all of these are outside our functional scope. The foregoing, both in regular situations and in exceptional ones (on the occasion of a national emergency) (...) Therefore, it is inferred from the foregoing that this Ministry is not the entity that grants housing benefits or decides on providing decent housing to families, or providing potable water service to citizens' homes or water meters; what this Ministry carries out are guidance and coordination actions in accordance with our competencies and providing information regarding how to access the benefits offered by the national financial system for housing. The problem of providing potable water and its corresponding meter is a matter under the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which is the entity empowered to solve the problem and attend to the service; the petitioner and her community must request said institute to solve the problem. 4.- CONCLUSIONS: By virtue of what has been stated, it can be concluded, without a doubt, that: 1. This Ministry has not violated the constitutional rights or guarantees of the petitioner here, since according to the distribution of competencies and in respect of the principle of legality, it does not correspond to this Ministry and are not contemplated, the declaration of uninhabitability of properties, the eviction of properties, the processing or granting of individual or collective housing benefits, housing financing, as well as the approval of permits or other types of authorizations for housing construction, providing potable water service, or authorizing the obtaining of water meters for each dwelling, or the approval of plans, construction permits for development works, among others, as all of these are outside its functional scope. The foregoing, both in regular situations and in exceptional ones (on the occasion of a national emergency). 2. The Ministry of Housing and Human Settlements has not violated the constitutional rights or guarantees of the petitioner here, since this Ministry has no involvement in providing potable water or authorizing the obtaining of potable water meters for dwellings. 3. Based on the foregoing, it is considered that the constitutional rights of the petitioner have not been violated. Therefore, let the granted hearing be deemed answered and the respective report rendered.” She requests that the filed action be declared without merit.

4.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber on August 31, 2021, the petitioner provides evidence for analysis in this action.

5.- Tomás Francisco Martínez Baldares, in his capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath (report rendered on August 31, 2021), in the following terms: “First: The property for which the petitioner initially requested the new potable water service (years 2001 and 2011) and availability recently (year 2020), forms part of an informal settlement (asentamiento irregular) known as Finca San Juan, in the district of Pavas, which is made up of more than 1,000 properties segregated from the parent property (finca madre). Second: According to the information incorporated into the control system for previous availability requests, and the one currently used, as well as the documents provided by the petitioner, it is verified that new service requests Nos. P11112001120101 (year 2001) and P11132011020001 (year 2011) were processed, which WERE NOT APPROVED, since said settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved, nor received by my Represented Entity, regarding construction plans and the acceptance (recibo de obras) of built infrastructure works, therefore the state of said infrastructure is unknown, which made it technically and regulatorily improper to approve any service in said property; a service availability request for the property identified with registration number 458626, request number 2020-00028626-1, is also registered, with a negative result, thus notified on July 14, 2020, to the applicant via the means indicated for this purpose, noting that the property is located in a project that does not have works acceptance and also does not have potable water infrastructure facing the boundary line bordering a public street. According to the documentation provided by the interested party, since August 20, 2002, AyA communicated the problems that prevented approving the new service requested, so it has been known to the petitioner, for almost twenty years, that the works acceptance of the project as such has not occurred, nor the existence of piping in front of the property. Third: Regarding the complaint filed before the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes de la República) by Mr. [Name 002], on behalf of his daughter, the petitioner herein [Name 001], about this same case, the Urban Development Department of the Metropolitan Region (Departamento de Urbanizaciones Región Metropolitana), in official communication No. URB-E-059-2002 dated August 22, 2002, addressed to the Ombudsman, indicates that in order to regularize the irregular situation of this settlement, a survey of the built systems, carrying out the tests required to verify their condition, and executing the interconnections to the existing networks are required, based on Article 21 of the Constitutive Law of AyA with the requirements defined in the Regulation for the Provision of Services of AyA, as well as the technical requirements that allow continuous and sufficient supply of the required services, which states: "Every construction, expansion, or modification project for potable water supply systems and sewage and stormwater disposal, public or private, must be previously approved by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which may carry out the inspections it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments (urbanizaciones), or land subdivisions (lotificaciones) in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval by the Institute. The violation of this mandate shall result in the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition, with the parceling or the project, as applicable, being considered legally non-existent, with the consequences, regarding third parties, set forth in Article 35 of the Urban Planning Law, No. 4240 of November 15, 1968." (The underline is not original). Fourth: The Office of the Ombudsman of the Republic resolves this complaint and fully accepts the legal, technical, and regulatory requirements cited by my Represented Entity and in official communication No. 08068-2002-DHR dated September 6, 2002, recommends to the MINISTRY of HOUSING and HUMAN SETTLEMENTS and the NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT: "...coordinate between both institutions to request the survey of plans, from whomever it corresponds, so that in the shortest possible time, this community can have potable water service..." Fifth: Regarding the payment of municipal taxes mentioned by the petitioner, it should be noted that this is a matter unrelated to my Represented Entity, since this does not evidence the legal constitution of a building. In fact, for the purposes of requesting a new service, in addition to providing positive availability, one of the requirements is to provide a municipal authorization or approval regarding the construction of the property (not just proof of payment of Municipal taxes); merely providing proof of tax payment is not sufficient. The foregoing is supported by what is stated in Article 68 subsection d) of the Regulation for the Provision of Services of AyA published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29, on Tuesday, February 9, 2021, according to Board of Directors agreement 2020-442: d) Copy of the valid municipal construction permit, or the Project Number processed through the APC platform duly approved, so that AyA can verify the existence of the requirement, in case of a building to be developed. The permit must coincide with the initial purpose for which the availability was processed and approved. Likewise, a sworn statement may be submitted to substitute this requirement; however, AyA must, prior to the approval of the procedure, verify the truthfulness of what was stated by the applicant with the corresponding Municipality, information that must be sent by email or other virtual means that expedites the procedure, within a period of up to 4 business days. If the Municipality disproves the applicant's statement, the procedure will be terminated and the corresponding criminal complaint will be filed. Sixth: AyA is unaware of the charge the petitioner mentions, because reviewing the cadastre of existing services in the area, for the Asentamiento San Juan, there are no services near the interested party's property, nor services that provide potable water; therefore, there is no evidence of any service charge that the interested party indicates. Therefore, it could be indicated that they illegally possess the supply in the area since, as they well mention in the filing, they are connected to a network without authorization from the Institution. Seventh. It is unknown under what parameters in the year 2000 INVU approved the housing benefit (bono de vivienda) case No. 5405541400, for the property under study, since the Institution does not possess information regarding a positive Service Availability for the property. Eighth. According to the files of the Urban Development area, specifically file AM-3011 for this case, the last submission of documentation made by INVU was in 2008, in which, through document URB-2008-02 / BIT-2008-01 dated January 22, 2008, the Urban Development area of AyA requested the submission of documentation that had not been fully provided, and to date, there is no such correction (subsanación). Ninth. Lastly, it is of great value to mention that in 2002, INVU indicated through document UEPN-342-2002 (provided by the interested party) that the "San Juan" project was not connected to the potable water pipeline (...) From the foregoing, it is possible to reiterate that this office issues service availability certificates for properties that comply with everything stated in the current regulations, as well as urban regulations, after which, and once all other requirements are met, a new service is granted. The foregoing is already reflected in the previous points, where it is concluded that despite this matter of the Asentamiento San Juan having lasted for years, it has not been possible for INVU to process the corrections for the approval of the project and subsequently the works acceptance by AyA. Based on the Principle of Legality, it should be noted that, to apply for a service, interested parties must present everything required by the Regulation for the Provision of Services of AyA, and it is not solely availability, but all the requirements (including the construction permit or the Municipal approval of the existing building). By way of conclusion, we find that there is a technical impediment to being able to provide availability and, therefore, a future service, due to the non-existence of a potable water network in front of the property, contravening what is established in the mentioned regulations, so it is the responsibility of I.N.V.U. to finish processing the steps so that AyA can grant the works acceptance of the settlement and subsequently, once all regulatory requirements are met, provide the due authorization for individual metering for each property and its dwellings, since this is not an exclusive problem of the petitioner, but rather an issue involving many people living in the settlement "Finca San Juan", as they all have the same conditions as the petitioner. Finally, given that the situation of this property legally and regulatorily makes it impossible to approve what was requested and sought by the petitioner, and it being duly accredited that AyA's actions have been in strict adherence to and observance of the technical and legal possibilities established in the constitutional and legal framework by the principle of legality, consequently, no constitutional right of the petitioner has been violated, and I therefore request that the amparo action be declared without merit." 6.- Erick Solano Coto, in his capacity as executive president of the National Institute of Housing and Urban Development, reports under oath (report rendered on September 1, 2021), that the technical report prepared by the Housing Programs Unit (Unidad de Programas Habitacionales) regarding the actions taken up to 2017 is attached, in order to publicize the course of work this Institution has been carrying out in the third stage of the Urbanización Finca San Juan, not only on the alameda that the petitioner claims. He mentions that, from the meetings held to address the potable water supply problem, ICAA demanded the construction of a Wastewater Treatment Plant (PTAR), since the sewage, through formal or informal pipes from the settlement, falls directly into the river; therefore, they do not approve basic services until the PTAR is built. He points out that from the meetings held with the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH), the Municipality of San José, and the Development Association of Finca San Juan, MIVAH approved a budget for the Municipality of San José to build the PTAR, and, in addition, thereby build the pending improvement works of the project, according to the financing agreement approved by BANHVI. This means that the Municipality, as Construction and Consulting Company, will build the PTAR and, at the same time, execute the improvement works for the potable water pipes, stormwater and sanitary pipes, as well as improvements to the streets, alamedas, and the electrical system. Thus, INVU, through a "direct procurement" (contratación directa), would contract the Municipality of San José as the Construction Company. He clarifies that currently in August 2021, we have the following scenario: - the Municipal agreement on the approval of the modification of the project scope is requested and pending; - The Legal Advisory Office of INVU, through official communication PE-Al-154-2021 dated June 25, 2021, gave a positive opinion on the direct procurement of the Municipality of San José, as builder and consultant to design and build the project; - the consultation and/or approval for the direct procurement of the Municipality of San José as builder and consultant is requested from BANHVI and pending a response, so that it can design the plans, process the permits, and execute the works. He concludes that, from the foregoing, it is evident that INVU is working not only on addressing the problem of potable water supply for the entire project, but also on improving the infrastructure of Finca San Juan Stage III; therefore, the action filed by the petitioner cannot be addressed individually. He adds that the improvements are comprehensive for the community with a clear and defined interest. He requests that the filed action be declared without merit.

7.- By resolution at 10:40 on September 16, 2021, this Court issued a resolution to expand the course of this matter.

8.- Dagoberto Hidalgo Cortés, in his capacity as general manager of the Mortgage Housing Bank, reports under oath (report rendered on September 23, 2021), in the following terms: “1. Finca San Juan is a residential project that began development at the beginning of the 1990s. The land required for said project was provided by the Joint Social Welfare Institute (IMAS), and was promoted and executed by Mutual Heredia. In 1994, this latter entity withdrew from the residential development, leaving the project construction unfinished. 2. In 1996, the National Institute of Housing and Urban Development (INVU) took over the continuation of Finca San Juan, intervening at that time in the construction of development works (obras de urbanización) for seven blocks, of which in three the development works were not completed. 3. The parent property (finca madre) to which the settlement belongs is registered in the name of the National Institute of Housing and Urban Development, is associated with cadastre map SJ-0191977-1994, and has assigned Real Folio 1-0240356-000, with a total area of 185,332.76 m2. From the total property, the public areas were transferred to the Municipality of San José and the residential lots were segregated, which were registered in the name of INVU. According to the documentation presented by this latter entity, the intention is to condition the zone corresponding to the third stage of the Finca San Juan project, which has an associated area of 60,537.46 m2 (including the area of residential lots, streets, parks, communal area, playgrounds, and alamedas), for the development of a Communal Housing Benefit (Bono Comunal) that would provide the families occupying the settlement with the pending infrastructure works and those in poor condition. 4. In general terms, the scope of the works for this Communal Housing Benefit, according to the pre-feasibility approval carried out by the BANHVI Board of Directors for a total amount of ₡733,567,211.34, was to improve, rehabilitate, or build the following systems: potable water supply system, wastewater evacuation system, stormwater evacuation system, sidewalks, and street shaping. 5. Once the pre-feasibility of the project was approved, a demand was received from AyA to build a Wastewater Treatment Plant, since the formal and informal wastewater in the settlement is falling into the river, and they will not authorize the construction of any other infrastructure work until this problem is addressed. 6. From that moment on, the Ministry of Housing and Human Settlements together with the National Institute of Housing and Urban Development hold meetings with AyA and the Municipality of San José to find a joint solution to the problem, mainly because the available resources are not sufficient for the development of the infrastructure works and the PTAR. 7. According to official communication DPH-UPH-0183-2021 dated May 27, 2021, INVU indicates that within the context that the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH) approved the transfer of budget resources to the Municipality of San José, so that it can build a Wastewater Treatment Plant (PTAR) to receive the wastewater from Asentamiento Finca San Juan stage III. 8. Likewise, in the aforementioned official communication, INVU proposes to carry out a direct procurement with the Municipality of San José for the design and construction of the infrastructure improvement works of the project, based on Articles 138 and 139 (i) of the Regulation to the Administrative Procurement Law, to which BANHVI responded through official communication DF-OF-1343-2021 dated September 17, 2021, stating that "...no inconvenience is found in INVU applying the direct procurement procedure, based on Articles 138 and 139(I) of the Regulation to the Administrative Procurement Law, for the design and construction of the improvement works for the San Juan Project, provided that it does not exceed the amount already approved with the communal housing benefit (bono comunal), that it is not a ruinous offer, and that the offeror commits to the development of everything established in the bidding documents." 9. With said notification, INVU is instructed to proceed in accordance with the regulations to be able to initiate the procurement process to finally endow, through the Collective Housing Benefit (Bono Colectivo), the families with the necessary potable, sanitary, stormwater, and road infrastructure.” He requests that the filed action be declared without merit.

9.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber on September 23, 2021, the petitioner states the following: “I am responding to what AYA stated. The construction works that occurred in this settlement known as Finca San Juan in Pavas, were carried out by the company FUPROVI, which executed the works in this place; it is assumed that all construction permits were granted to said company; otherwise, we the residents of Finca San Juan would not have our houses. In fact, I am sending you the approved plan for my property granted by the municipality to verify what I am communicating. When I appeared to request the Potable Water service, I brought all the requirements that the entity requested; if it were not so, they would not have accepted my documents for the meter installation. I certify everything stated above. As you will see, Mr. Magistrate, the approved plan states 'Built'; behind it is alameda 20 and alameda 19. They DO have potable water, and the residents say that the main pipe (tubo madre) passes in front of the alameda. In the document presented, if I am not mistaken by AYA, it says: that it is a building to be developed; here on alameda 21, the houses are built by FUPROVI and INVU. All these permits must be held by the Fundación Promotora de Vivienda together with INVU; if the permits had not been granted in this sector of Finca San Juan, especially in block G 2 house#7 where I live and for all my neighbors, the houses would not have been built. In point six, AYA states that there are no existing services; there are, Mr. Magistrate, since on alameda 19 they do pay for water, and on alameda 20 some pay and others do not. So how do they get water? Mr. Magistrate, in the first complaint filed, I sent photos as proof; otherwise, I would not have come to report the lack of water for over 20 years. WE WANT OUR OWN METERS, NOT ONLY ME BUT ALSO MY NEIGHBORS. AYA claims that everyone in the asentamiento San Juan has these problems, but not everyone does. In the attached document from November 20, 2001, the precious liquid was requested from AYA, and to date, there has been no response. I beg that the amparo action filed by me be granted, which also affects my neighbors. THE LIQUID IS INDISPENSABLE FOR HUMAN LIFE.” 10.- Paula Vargas Ramírez, in her capacity as acting mayor (alcaldesa a.i.), reports under oath of the Municipality of San José (report rendered on September 24, 2021), that the Department of Social Services indicated the following: “In response to your official letter DAJ-3336-25-2021 of September 21, received on September 22 in our offices, concerning the AMPARO APPEAL filed by Mrs. [Name 001] against the Municipality of San José, I proceed to state that, having reviewed the document in detail, the Department of Social Services of this Municipality has neither jurisdiction nor functions related to said case, since it deals with a need for potable water supply reported by a resident of the community of Finca San Juan in the district of Pavas. Therefore, as ‘Coordinator of the Department of Social and Economic Services of the Municipality of San José’ (as cited in the appeal), I clarify that no constitutional rights or guarantees of the appellant have been violated by the office under my charge, where furthermore, according to the records of our Social Assessment Office, there is no record of any service provided to Mrs. [Name 003]. Although reference is made to this Municipality with the mention of payment of municipal taxes, construction permits, and meetings for this institution to undertake the construction of a wastewater treatment plant, as well as other improvement works on pipes, streets, and pedestrian walkways (alamedas); it is clear that all these functions are outside the intervention framework of our office, and, therefore, we are unaware of any progress, management, or omission in this regard. Inquiry: Considering that the same amparo appeal by Mrs. [Name 001], referred by you through official letter DAJ-3336-25-2021, was sent directly to our offices by the Constitutional Chamber on September 21, with case file: 21-016493-0007-CO; I request that you inform me if I must respond directly to said Chamber or if the Legal Affairs Directorate is the office that will respond on behalf of the institution. Finally, for the reasons stated above, I return the case file sent by you in physical form for whatever is appropriate.” Likewise, the Service Provision Management mentioned the following: “The active participation that the Municipality of San José has had in seeking to measure the magnitude of the ‘state abandonment’ of the Finca San Juan Settlement in Rincón Grande de Pavas began in early 2017, when the Department of Human Habitat Improvement and Urban Regeneration was created, and more specifically, the specialized Staff-type unit called Housing and Human Settlements Management, responsible for seeking alternative solutions for the eradication of shantytowns (precarios) in the canton, as part of an ambitious Housing and Human Habitat Improvement Program in the canton of San José, currently under execution. Within the Annual Operating Plan objectives for that year, the approach of a concrete work program was defined for this unit as a priority, among others, for the Finca San Juan Settlement. Aware of the problems of the area for 20 years, the officials comprising said Staff began to generate a strategy of engagement with the institutions of the Housing Sector (MIVAH, INVU) and the Integral Development Association of Finca San Juan, to address specific but fundamental issues for the community’s development. Mainly, an inter-institutional cooperation agenda was proposed with INVU as the registered owner of the Settlement, to acquire competencies and a leading role in the eradication of the El Relleno and El Tapón Shantytowns and the activation of the communal bond (bono comunal) for Finca San Juan, which the Board of Directors of BANHVI approved in 2009 and which, to date, has not been able to be built. With INVU, the signing of a Framework Inter-institutional Cooperation Agreement in May 2019 was proposed and finalized (attached document 1), serving as the basis for proposing a specific agreement to be able to carry out the pending urban infrastructure works in the western sector of Finca San Juan, with resources from the Communal Bond financed by BAHNVI (document 2). The Municipality achieved approval of said agreement in December 2019 (document 3). However, the agreement was not signed because a doubt arose on the part of the Municipality that it might not be recognized by BANHVI, since ultimately, this is the financial institution that makes the final decision. INVU was requested to obtain a formal and legally valid pronouncement from BANHVI regarding its acceptance of said public-public alliance between INVU and the Municipality of San José, in June 2021 through official letter GPS-GVAH-019-2021 (document 4), but to date, this pronouncement has not been issued, as acknowledged by the same INVU representative in his statement contained in the case file. In October 2018, a field survey was conducted together with the Board of the Integral Development Association of the entire western sector, where the works of the communal bond would be carried out. This survey indicates that on pedestrian walkway 21, which is where the affected person lives, the potable water network and a wastewater collection network are operationally functioning. Obviously, this water, as the competent institution indicates, is conducted raw to the Tiribí River (…) Regarding the information provided by the INVU representative about the financing given to the municipality for the construction of the Wastewater Treatment Plant (PTAR) in Finca San Juan, that information is not entirely correct, since the scope of that item is to fully design the wastewater treatment plant and additionally, it will be used complementarily to order and separate the wastewater from the stormwater, which currently reach the river mixed, and the access infrastructure to the site of its future construction. The cooperation agreement between MIVAH and the Municipality for this initial phase, for 800 million colones, leaves the panorama of environmental sanitation for San Juan with the need to find financing for 1,400 million colones, according to AyA’s own estimates, necessary for the construction of the WWTP (Ptar). As a municipality, we maintain the iron will to be able to execute the communal bond for Finca San Juan, with resources from BANHVI, but we consider BANHVI’s position regarding the proposed public-public alliance unclear and nebulous for it to be finalized. After all, with an approved budget of 733 million colones to resolve problems like those the appellant points out in this amparo appeal, which have been available for 12 years to make said public investment, and with a very complex panorama from a constructive operational point of view to execute it, it is very difficult to understand BANHVI’s reluctance even to issue a negative opinion on the concrete and well-structured proposal by the Municipality of San José. It is fundamental to point out that the will of the local government represented by the institutional figure of the Municipality of San José has always moved forward to confront and seek solutions to the problems of the informal areas of the canton, as it is responsible. In September 2007, the Municipal Council exceptionally received the streets and public areas of Finca San Juan from INVU (document 5), without them even being finished and with unresolved invasion problems. Within its scarce financial capacity, it has invested significant sums of money to improve the infrastructure of said settlement. However, within its regular revenues, there are no financing sources that allow it to face multi-million-colón projects capable of stopping the deterioration of the quality of life of our residents. That is why we have implemented an intense practice of relationships with central government institutions that can dispose of the necessary resources in the magnitude required to satisfy environmental sanitation needs, as is the case of Finca San Juan. Indeed, our strategy of continuing to negotiate capital transfers from national institutions will increase over time, but that does not omit that we recognize that we are not protagonists in solving problems like the present one with only our initiative. The urban planning law only grants us the power to be Administrators of the territory, overlooking that in many cases, that territory suffers the atrophy of institutionalized deterioration in its urban and financial environment accumulated over decades. We are living a very well-structured ‘ought to be’ of laws and regulations that ultimately leave the citizen defenseless, who, as in this case, asks only to be taken into account as one more taxpayer, to leave an informality from which they cannot escape alone, with the weapons our current legal system provides.” Therefore, it concludes that: “regarding the issue, there is clarity that the Municipality has carried out all actions within the framework of possible legality for the institution, given that said actions to be taken must be carried out by the public institutions involved that are legitimated to do so, and subsequently coordinate the support that the Municipality can provide.” It requests that the appeal filed be dismissed.

11.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and, Considering: I.- Object of the appeal. The appellant claims violation of her fundamental rights, as she accuses that the residents of Pavas, specifically of the Finca San Juan Settlement, block G2, house 8, pedestrian walkway 21, do not have potable water. II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

- Regarding the Finca San Juan Settlement: a) The Finca San Juan Settlement is a residential project that began its development in the early 1990s. The land required for said project was provided by the Mixed Institute of Social Aid (IMAS), and it was promoted and executed by Mutual Heredia (see reports rendered and the evidence provided). b) In 1994, Mutual Heredia withdrew from the development of the residential project, leaving the construction of the project unfinished (see reports rendered and the evidence provided). c) In 1996, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) assumed the continuation of the Finca San Juan Settlement, intervening at that time in the construction of urbanization works for seven blocks, of which in three the urbanization works were not completed (see reports rendered and the evidence provided). d) The parent property (finca madre) to which the Finca San Juan Settlement belongs is registered in the name of the National Institute of Housing and Urbanism and is associated with cadastral map SJ-0191977-1994, and has assigned Real Folio 1-0240356-000, with a total area of 185,332.76 m2 (see reports rendered and the evidence provided). e) From the total property of the Finca San Juan Settlement, the public areas were transferred to the Municipality of San José and the residential lots were segregated, which were registered in the name of INVU (see reports rendered and the evidence provided). f) Currently, the intention is to condition the area corresponding to the third stage of the Finca San Juan project, which has an associated area of 60,537.46 m2 (including the area of residential lots, streets, parks, communal area, children's playgrounds, and pedestrian walkways), for the development of a Communal Bond that would provide the families occupying the settlement with the pending infrastructure works and those in poor condition. Thus, in general terms, the scope of the works of said Communal Bond, according to the pre-feasibility approval made by the Board of Directors of BANHVI for a total amount of ₡733,567,211.34 colones, was to improve, rehabilitate, or construct the following systems: potable water supply system, wastewater evacuation system, stormwater evacuation system, sidewalks, and street shaping (see reports rendered and the evidence provided). g) Once the pre-feasibility of the project was approved, BANHVI received the requirement from AyA to build a Wastewater Treatment Plant, since the wastewater in the formal and informal settlement is falling into the river and they will not authorize the construction of any other infrastructure work until this problem is addressed (see reports rendered and the evidence provided). h) The Ministry of Housing and Human Settlements together with the National Institute of Housing and Urbanism hold meetings with AyA and the Municipality of San José to seek a joint solution to the problem, mainly because the available resources are not sufficient for the development of infrastructure works and the WWTP (PTAR) (see reports rendered and the evidence provided). i) According to official letter DPH-UPH-0183-2021 of May 27, 2021, INVU indicated that the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH) approved the transfer of budget resources to the Municipality of San José for it to build a Wastewater Treatment Plant (PTAR) to receive wastewater from the Finca San Juan Settlement, stage III. Additionally, in that official letter, INVU proposed making a direct contracting with the Municipality of San José for the design and construction of the project's infrastructure improvement works, based on articles 138 and 139 (i) of the Regulation to the Administrative Contracting Law (see reports rendered and the evidence provided). j) Through official letter PE-Al-154-2021 of June 25, 2021, the Legal Advisory Office of INVU gave a positive opinion on the direct contracting of the Municipality of San José as builder and consultant to design and build the project (see reports rendered and the evidence provided). k) Through official letter DF-OF-1343-2021 of September 17, 2021, BANHVI indicated that “…there is no inconvenience in INVU applying the direct contracting procedure, based on articles 138 and 139(I) of the Regulation to the Administrative Contracting Law, for the design and construction of the improvement works of the San Juan Project, provided that it does not exceed what was already approved with the communal bond, that it is not a ruinous offer, and that the offeror commits to the development of everything established in the bidding terms (cartel).” Additionally, in said official letter, BANHVI instructed INVU to proceed in accordance with the regulations to initiate the contracting process to finally provide the families, through the Collective Bond, with the necessary potable water, sanitary, stormwater, and road infrastructure (see reports rendered and the evidence provided). l) Currently, the National Institute of Housing and Urbanism has requested, and is pending, the Municipal agreement on the approval of the modification of the project scope (see reports rendered and the evidence provided). m) Currently, the National Institute of Housing and Urbanism has requested before BANHVI the consultation and/or approval for the direct contracting of the Municipality of San José as builder and consultant, to design the plans, manage the permits, and execute the works. Said management is pending attention. However, the Municipality of San José does not agree with the agreement signed with INVU, as it considers that BANHVI has not been clear regarding the existing budget (see reports rendered and the evidence provided).

- Regarding the appellant's request for potable water: a) The property where the appellant currently lives is part of an irregular settlement known as Finca San Juan, in the district of Pavas, which is made up of more than 1,000 properties segregated from the parent property (see reports rendered and the evidence provided). b) In 2001, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, procedure no. P11112001120101. However, said request was not approved because said settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA, regarding construction plans and the acceptance of constructed infrastructure works (see reports rendered and the evidence provided). c) Since August 20, 2002, the Institute of Aqueducts and Sewers communicated to the appellant the problem that prevented approval of the requested new service (see reports rendered and the evidence provided). d) In 2011, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, procedure no. P11132011020001. However, said request was not approved because said settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA, regarding construction plans and the acceptance of constructed infrastructure works (see reports rendered and the evidence provided). e) In July 2020, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, request no. 2020-00028626-1. However, said request was not approved because “the property is located in a project that has no acceptance of works (recepción de obras) and has no potable water infrastructure in front of the boundary bordering the public street” (see reports rendered and the evidence provided). III.- Background of the Finca San Juan Settlement. For the proper analysis of the present case, it is relevant to indicate that this Court heard an amparo appeal regarding the situation of the Finca San Juan Settlement in Pavas and the potable water service. Thus, in judgment no. 2010-020764 of 4:11 p.m. on December 14, 2010, this Constitutional Chamber stated the following: “(…) I.- Object of the appeal. The appellant alleges that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers refuses to supply her with potable water service, as well as sanitary sewerage, which harms her fundamental rights (…) IV.- Regarding the specific case. In the case under study, the appellant considers her fundamental rights harmed by the refusal of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to provide her with potable water service, as well as sanitary sewerage service. The appellant lives in a project located in Finca San Juan de Pavas, financed with a communal bond from INVU, whose works have not yet been delivered to AyA as they remain unfinished. This is an area that has 360 lots, with very few urbanization works, where all families have fraudulent connections. According to the studies and reports, AyA is materially unable to provide the services requested by the amparo appellant, in accordance with the stipulations of the Regulation for the Provision of Services to Clients, since the works not having yet been delivered to AyA, the institution cannot provide a service through assets that do not belong to it. The foregoing has been made known to the amparo appellant, who has had an irregular water connection. Thus, the Chamber appreciates that AyA’s refusal is neither arbitrary nor unreasonable, since it is based on a legal impossibility for the reasons already stated. As reported, AyA knows that the draft bidding terms of the improvement works project for the Finca San Juan settlement has approved pre-feasibility and is in the review stage. Therefore, it is estimated that approximately in November 2010, the financing approval would be submitted, so AyA is already coordinating actions with INVU for liaison with the technical side before the works begin. V.- Thus, by reason of the foregoing, the appropriate course is to dismiss the appeal filed upon finding that the questioned decision is based on technical and legal criteria. Therefore: The appeal is dismissed.” IV.- Regarding the request for potable water. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that there has been a violation of the appellant's fundamental rights. The foregoing because in the report rendered by the representative of the respondent authority – which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the property where the appellant currently lives is part of an irregular settlement known as Finca San Juan, in the district of Pavas, which is made up of more than 1,000 properties segregated from the parent property. Thus, in 2001, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, procedure no. P11112001120101. However, said request was not approved because said settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA, regarding construction plans and the acceptance of constructed infrastructure works. Likewise, since August 20, 2002, the Institute of Aqueducts and Sewers communicated to the appellant the problem that prevented approval of the requested new service. Furthermore, in 2011, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, procedure no. P11132011020001. However, said request was not approved because said settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA, regarding construction plans and the acceptance of constructed infrastructure works. Subsequently, in July 2020, the appellant filed the request for new potable water service before the Institute of Aqueducts and Sewers, request no. 2020-00028626-1. However, said request was not approved because “the property is located in a project that has no acceptance of works and has no potable water infrastructure in front of the boundary bordering the public street.” Now then, this Court verifies that this denial is related to a lack of coordination among the respondent institutions to solve the situation of the Finca San Juan Settlement. This is because it is confirmed that, regarding the irregular Finca San Juan Settlement, institutions such as INVU, the Housing Mortgage Bank (BANHVI), and the Municipality of San José have taken actions to solve the irregularity situation of said Settlement. Thus, currently, INVU has requested, and is pending, the Municipal agreement on the approval of the modification of the project scope. Additionally, INVU has requested before BANHVI the consultation and/or approval for the direct contracting of the Municipality of San José as builder and consultant, to design the plans, manage the permits, and execute the works. Said management is pending attention. However, the Municipality of San José does not agree with the agreement signed with INVU, as it considers that BANHVI has not been clear regarding the existing budget. Consequently, although said institutions are coordinating to solve the problem, there are discrepancies regarding the project. In this sense, the violation of the appellant's fundamental rights is confirmed. The foregoing, because the respondent authorities have known about the problem for more than 10 years, so the irregularity situation of said property is long-standing. Note that, from the evidence provided, it was determined that the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) intervened and requested coordination among institutions more than ten years ago. Therefore, while it is true that it is formally determined that the project has not been received by ICAA, and that this technically and legally prevents the approval and provision of the service, it is also true that the project has not been able to be received due to the coordination problems among the institutions and the lack of construction of the pending works, which have already been identified. Therefore, this Court considers it prudent to point out that, in repeated jurisprudence, it has been indicated that the principle of coordination operating among different state institutions exists, which establishes that the State is obliged to ensure that its entities adopt and implement all those measures required to organize and harmonize their actions, so that administrative management is as swift and effective as possible for the benefit of the administered party, as well as the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and celerity of administrative organization and function. Thus, as long as this lack of coordination continues, the problem of potable water supply in a highly populated settlement is perpetuated, and, it is reiterated, this has been known for quite some time; even the cited precedent is from 2010 and already in that precedent, it was indicated that the project would be ready in November 2010, which did not happen. Consequently, said lack of coordination of the respondent authorities to solve the irregularity situation of the Finca San Juan Settlement has resulted in the appellant and other residents of said settlement not receiving potable water service. Therefore, the appropriate course is to uphold the appeal. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is upheld. It is ordered to Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of Housing and Human Settlements, to Erick Solano Coto, in his capacity as Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, to Dagoberto Hidalgo Cortés, in his capacity as General Manager of the Housing Mortgage Bank, to Tomás Francisco Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and to Paula Vargas Ramírez, in her capacity as Mayor of the Municipality of San José, or to whomever occupies those positions in their stead, to establish the appropriate coordination bodies among all the following institutions: Ministry of Housing and Human Settlements, National Institute of Housing and Urbanism, Housing Mortgage Bank, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of San José, so that, within the scope of their competencies, what is pending completion is executed and constructed, the foregoing within a maximum period of 24 months, counted from the notification of this judgment, and thus, what is appropriate regarding the provision of potable water service in the Finca San Juan Settlement is resolved. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the National Institute of Housing and Urbanism, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of San José are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *OTHRQBWUMIU61* Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 Classification prepared by the Constitutional Chamber of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for valuable consideration prohibited.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia estructural Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:

AGUA POTABLE.

024197-21. SERVICIOS PÚBLICOS. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES (INVU, BANHVI, AYA, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS), DAR UNA SOLUCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO FINCA SAN JUAN EN PAVAS, EN UN PLAZO DE 24 MESES.

“(…) En este sentido, se constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues las autoridades recurridas conocen la problemática desde hace más de 10 años, por lo que la situación de irregularidad de la dicha finca es de vieja data. Nótese que, de la prueba aportada, se determinó que la Defensoría de los Habitantes intervino y solicitó coordinación entre instituciones desde hace más de diez años. Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas. (…)” VCG11/2021 ... Ver más Otras Referencias: Sentencia: 20764-10 Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Coordinación Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO COORDINACIÓN “(…) Por ende, este Tribunal considera prudente señalar que, en reitera jurisprudencia, se ha indicado que existe el principio de coordinación que opera entre las diferentes instituciones estatales, que establece que el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones, para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado, así como los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas. Así, mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió. Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso. (…)” VCG11/2021 ... Ver más *210164930007CO* Res. Nº 2021024197 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de agosto de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y manifiesta que los vecinos de Pavas, Finca San Juan, bloque G2, casa 8, alameda 21, no cuentan con agua potable, problemática que data desde el año 1999. Alega que el acceso al agua es un derecho fundamental e indispensable para que no se propague el covid y otras enfermedades. Destaca que en dicha alameda habitan personas adultas mayores y menores de edad. Explica que sus viviendas fueron construidas por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) en 1997 y que cuentan con aceras, caños, tuberías de aguas negras y de agua potable; sin embargo, el AyA no les proporciona el servicio de agua potable, argumentando que no existe tubo madre. Acusa que han tenido que ingeniárselas para tener acceso al agua, lo cual los ha expuesto a ser víctimas de cobros excesivos y a quedarse sin agua de un momento a otro. Alega que por tal razón requieren sus propios medidores, que el AyA les ha denegado. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 15:37 horas del 25 de agosto de 2021, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto. 3.- Informa bajo juramento Irene Campos Gómez, en su condición de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (informe rendido el 31 de agosto de 2021), en los siguientes términos: “Este Ministerio de Vivienda y de Asentamientos Humanos, no ha violentado derecho constitucional alguno de la gestionante, ya que lo indicado por la señora recurrente no corresponde a ningún incumplimiento de las competencias de este Ministerio, como adelante lo desarrollaremos con amplitud. Señalado lo anterior, es oportuno aclarar que, dentro de las competencias del Ministerio, no se contemplan, la declaración de inhabitabilidad de inmuebles, el desalojo de inmuebles, ni la tramitación, ni el otorgamiento de bonos individuales o colectivos, el financiamiento de vivienda, así como tampoco la aprobación de permisos u otro tipo de autorizaciones para la construcción de vivienda, proporcionar el servicio de agua potable, ni autorizar la obtención de medidores de agua para cada vivienda, ni el visado de planos, permisos de construcción de obras de urbanización, entre otros, por ser todas éstas ajenas a nuestro ámbito funcional. Lo anterior, tanto en situaciones regulares como aquellas excepcionales (con ocasión de una emergencia nacional) (…) Por lo que se extrae de lo anteriormente expuesto, que este Ministerio no es la entidad que otorga bonos para la vivienda o resuelve sobre dotar de vivienda digna a las familias, o proporcionar servicio de agua potable a las viviendas de los ciudadanos o de medidores de agua, lo que realiza este Ministerio son las acciones de orientación y coordinación conforme con nuestras competencias y brindar información respecto a la forma de tener acceso a los beneficios que brinda el sistema financiero nacional para la vivienda. La problemática de proporcionarle agua potable y su correspondiente medidor es materia competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien es el ente facultado para solucionar el problema y atender el servicio; la señora recurrente y su comunidad han de solicitar a dicho instituto que le solucione el problema. 4.- CONCLUSIONES: En virtud de lo que se ha venido exponiendo puede concluirse, sin lugar a dudas, que: 1. Este Ministerio no ha violentado derechos o garantías constitucionales de la aquí gestionante, ya que conforme la distribución de competencias y en respeto del principio de legalidad, no corresponde a este Ministerio y no se contemplan, la declaración de inhabitabilidad de inmuebles, el desalojo de inmuebles, ni la tramitación, ni el otorgamiento de bonos individuales o colectivos, el financiamiento de vivienda, así como tampoco la aprobación de permisos u otro tipo de autorizaciones para la construcción de vivienda, proporcionar el servicio de agua potable, ni autorizar la obtención de medidores de agua para cada vivienda, ni el visados de planos, permisos de construcción de obras de urbanización, entre otros, por ser todas éstas ajenas a su ámbito funcional. Lo anterior, tanto en situaciones regulares como aquellas excepcionales (con ocasión de una emergencia nacional). 2. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos no ha violentado derechos o garantías constitucionales de la aquí recurrente, puesto que este Ministerio no tiene injerencia en proporcionar agua potable ni autorizar la obtención de medidores de agua potable para las viviendas. 3. Con base en lo expuesto, se considera que no se han violentado los derechos constitucionales de la recurrente. Por lo anterior, téngase por contestada la audiencia conferida y rendido el informe respectivo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 31 de agosto de 2021, la recurrente aporta prueba para que sea analizada en el presente recurso. 5.- Informa bajo juramento Tomás Francisco Martínez Baldares, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 31 de agosto de 2021), en los siguientes términos: “ Primero: El inmueble para el que la recurrente solicita inicialmente el nuevo servicio de agua potable (años 2001 y 2011) y la disponibilidad últimamente (año 2020), forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre. Segundo: Según la información incorporada al sistema de control para solicitudes de disponibilidades anterior, y en el utilizado actualmente, así como de los documentos aportados por la recurrente, se corrobora que se tramitaron las solicitudes de nuevos servicios Nos. P11112001120101 (año 2001) y P11132011020001 (año 2011), que NO SE APROBARON, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por mi Representada, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas, desconociendo por ende el estado de dicha infraestructura, lo que tornó en técnica y reglamentariamente improcedente aprobar servicio alguno en dicho inmueble; se registra también una solicitud de disponibilidad de servicios para la finca identificada con matrícula 458626, número de solicitud 2020-00028626-1, con resultado negativo, así notificado el día 14 de julio del 2020 a la solicitante al medio señalado al efecto, señalándose que el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública. Según la documentación aportada por la interesada, desde el 20 de agosto del 2002 , AyA comunicó la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado, por lo que es de conocimiento de la recurrente, desde hace casi veinte años , la no recepción de obras del proyecto como tal, ni la existencia de tubería frente el inmueble. Tercero: Ante la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes de la República por el señor [Nombre 002], a favor de su hija, la aquí recurrente [Nombre 001], sobre este mismo caso, el Departamento de Urbanizaciones Región Metropolitana, en oficio No. URB-E-059-2002 de fecha 22 de agosto 2002, dirigido al Defensor de los Habitantes, señala que en aras de normalizar la irregular situación de este asentamiento, se requieren levantamiento de los sistemas construidos, efectuar las pruebas requeridas para verificar su estado y ejecutar las interconexiones a las redes existentes, fundamentado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA con los requisitos definidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, así como de las exigencias técnicas que permite el abastecimiento continuo y de cantidad de los servicios requeridos que indica: “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su caso, con las consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana, Nº4240 de 15 de noviembre de 1968”. (El subrayado no es del original). Cuarto: La Defensoría de los Habitantes de la República, resuelve esta denuncia y acoge en un todo los requerimientos legales, técnicos y reglamentarios citados por mi Representada y en oficio No. 08068-2002-DHR de fecha 6 de setiembre del 2002, recomienda al MINISTERIO de VIVIENDA y ASENTAMIENTOS HUMANOS y al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO: “…coordinar entre ambas instituciones para solicitar el levantamiento de los planos, a quien corresponda, para que en el menor plazo posible, esta comunidad pueda contar con el servicio de agua potable..” . Quinto: Señala la recurrente el pago de impuestos municipales, indicar que es un tema ajeno a mi Representada, pues esto no evidencia la constitución legal de una edificación. De hecho, para efectos de solicitar un nuevo servicio, además de aportar una disponibilidad positiva, está dentro de los requisitos el aportar una autorización o aval de la Municipalidad sobre la construcción del inmueble (no así una constancia de pagos de impuestos Municipales), no basta con aportar el pago de impuestos, lo anterior está respaldado en lo que señala el artículo 68 inciso d) del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°27, Alcance N°29 del martes 9 de febrero del 2021, según el acuerdo de Junta Directiva 2020-442: d) Copia del permiso municipal de construcción vigente, o bien el Número de Proyecto tramitado ante la plataforma APC debidamente aprobado, con el fin de que AyA constate la existencia del requisito, en caso de que se trate de una edificación por desarrollar. El permiso deberá ser coincidente con el fin inicial para el que se gestionó y aprobó la disponibilidad. Igualmente, podrá suscribir una declaración jurada que sustituya este requisito, sin embargo, AyA de previo a la aprobación del trámite deberá de verificar ante la Municipalidad correspondiente la veracidad de lo consignado por el solicitante, información que deberá ser remitida mediante correo electrónico u otro medio virtual que agilice el trámite, dentro del plazo de hasta 4 días hábiles. En caso de que el Municipio desmienta lo declarado por el solicitante, se dejará sin efecto la gestión y se procederá con la denuncia penal correspondiente. Sexto: AyA desconoce el que cobro menciona la recurrente, pues revisando el catastro de servicios existentes en la zona, para el Asentamiento San Juan, no hay servicios cercanos al inmueble de la interesada, así como tampoco servicios que brinden el agua potable, por tanto, no hay evidencia de algún cobro de servicio que la interesada señala. Por lo tanto, se podría indicar que poseen de forma ilegal el abastecimiento de la zona pues como bien lo mencionan en el escrito de interposición, están conectados a una red sin autorización de la Institución. Sétimo. Se desconoce bajo que parámetros en el año 2000 el INVU aprobó el bono de vivienda caso N°5405541400, para la finca en estudio, pues la Institución no posee información de la Disponibilidad de Servicios positiva para el inmueble. Octavo. Según los expedientes del área de Urbanizaciones, específicamente el expediente AM-3011 para este caso, la última presentación de documentación que realizó el INVU fue en el año 2008, en el cual mediante el documento URB-2008-02 / BIT-2008-01 del 22de enero del 2008 el área de Urbanizaciones del AyA solicitó aportar documentación que no había sido aportada completa, y hasta la fecha no existe tal subsanación. Noveno . Por último, es de gran valor mencionar que en el año 2002 el INVU indicó mediante el documento UEPN-342-2002 (aportado por la interesada) donde señalaba que el proyecto “San Juan” no estaba conectado a la tubería de agua potable (…) De lo anterior, es posible reiterar que esta oficina otorga constancias de disponibilidad de servicios para las propiedades que cumplan con todo lo señalado en la normativa vigente, así también normativa urbana, posterior a esto y cumplidos todos los demás requisitos, se procede a otorgar un nuevo servicio. Lo anterior ya queda reflejado en los puntos anteriores, donde se concluye que a pesar de tener años este tema del asentamiento San Juan, no ha sido posible tramitar por parte del INVU las subsanaciones para la aprobación del proyecto y posteriormente la recepción de obras por parte del AyA. Con fundamento en el Principio de Legalidad, indicar que, para optar por un servicio, los interesados deben presentar todo lo que señala el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, y no es únicamente una disponibilidad, sino todos los requisitos (incluido el permiso de construcción o bien el aval Municipal sobre la edificación existente). A manera de conclusión tenemos que existe un impedimento técnico para poder brindar una disponibilidad y por ende, un futuro servicio, por la inexistencia de red de agua potable frente al inmueble, contraviniéndolo establecido en la normativa mencionadas, por lo que es responsabilidad del I.N.V.U. terminar de tramitar las gestiones para que el AyA brinde la recepción de obras del asentamiento y posterior a ello, cumplidos todos los requisitos reglamentarios, brindar la debida autorización para la medición individual de cada inmueble y sus viviendas, pues no es una problemática exclusiva de la recurrente, sino que es un tema que involucra muchas personas que viven en el asentamiento “Finca San Juan”, pues todos poseen las mismas condiciones que la recurrente. Finalmente, siendo que la situación de este inmueble imposibilita legal y reglamentariamente aprobar lo solicitado y pretendido por la recurrente y quedando debidamente acreditado que lo actuado por AyA, ha sido en estricto apego y observancia con las posibilidades técnicas y jurídicas establecidas en el marco constitucional y legal por el principio de legalidad, por ende, no se ha violentado ningún derecho constitucional a la recurrente por lo que solicitó se declare sin lugar el recurso de amparo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 6.- Informa bajo juramento Erick Solano Coto, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (informe rendido el 01 de setiembre de 2021), que se adjunta el informe técnico que elaboró la Unidad de Programas Habitacionales acerca de las gestiones realizadas hasta el 2017, con el fin de dar a conocer el trazo del trabajo que ha venido realizando esta Institución en la tercera etapa de la Urbanización Finca San Juan, no solo en la alameda que pretende la recurrente. Menciona que, de las reuniones sostenidas para atender el problema de abastecimiento de agua potable, el ICAA exigió la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ya que las aguas servidas con tuberías formales o informales del asentamiento caen directamente al río, por lo tanto, ellos no aprueban los servicios básicos hasta que se construya la PTAR. Señala que de las reuniones sostenidas con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la Municipalidad de San José y la Asociación de Desarrollo de Finca San Juan, el MIVAH aprobó un presupuesto para que la Municipalidad de San José construya la PTAR, además, con ello construir las obras pendientes de mejora del proyecto, según el acuerdo de financiamiento aprobado por el BANHVI. Esto significa que, la Municipalidad, como Empresa Constructora y Consultora, va a construir la PTAR y, a la vez, ejecutar las obras de mejora de las tuberías de agua potable, tuberías pluviales y sanitarias, así como mejora de las calles, alamedas y el sistema eléctrico. Así, el INVU, mediante una “contratación directa”, pactaría con la Municipalidad de San José como Empresa Constructora. Aclara que actualmente en agosto de 2021 tenemos el siguiente escenario: - está solicitado y pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto; - La Asesoría Legal del INVU, mediante oficio PE-Al-154-2021 del 25 de junio de 2021, dio criterio positivo sobre la contratación directa de la Municipalidad de San José, como constructora y consultora para diseñar y construir el proyecto; - está solicitado ante el BANHVI y pendiente de respuesta, la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras. Concluye que, de lo expuesto, se denota que el INVU se encuentra trabajando no solo en atacar el problema del abastecimiento del agua potable para todo el proyecto, si no, en mejorar la infraestructura de Finca San Juan III Etapa, por lo que, de forma individual, ni puede atenderse el recurso planteado por la recurrente. Añade que las mejoras son integrales para la colectividad con un interés claro y definido. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 7.- Mediante resolución de las 10:40 horas del 16 de setiembre de 2021, este Tribunal dictó una resolución de ampliación de curso del presente asunto. 8.- Informa bajo juramento Dagoberto Hidalgo Cortés, en su condición de gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (informe rendido el 23 de setiembre de 2021), en los siguientes términos: “1. Finca San Juan es un proyecto residencial que inició su desarrollo a inicios de la década de 1990. El terreno requerido para dicho proyecto fue aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y fue impulsado y ejecutado por la Mutual Heredia. En el año 1994 esta última entidad se retiró del desarrollo del residencial, dejando inconclusa la construcción del proyecto. 2. En el año 1996 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) asumió la continuación de Finca San Juan, interviniendo en dicha oportunidad en la construcción de obras de urbanización de siete bloques, de los cuales en tres no se concluyeron las obras de urbanización. 3. La finca madre a la cual pertenece el asentamiento, se encuentra inscrita a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, está asociada al plano de catastro SJ-0191977-1994 y tiene asignado el Folio Real 1-0240356-000, con un área total de 185.332,76 m2. Del total de la finca se trasladó a la Municipalidad de San José las áreas públicas y se segregaron los lotes residenciales, los cuales quedaron inscritos a nombre del INVU. De acuerdo con la documentación presentada por esta última entidad, se pretende acondicionar la zona correspondiente a la tercera etapa del proyecto Finca San Juan, la cual tiene asociada un área de 60.537,46 m2 (incluyendo área de lotes residenciales, calles, parques, zona comunal, juegos infantiles y alamedas), para el desarrollo de un Bono Comunal que vendría a dotar a las familias que ocupan el asentamiento de las obras de infraestructura pendientes y las que se encuentran en malas condiciones. 4. En términos generales, el alcance de las obras de dicho Bono Comunal, según la aprobación de prefactibilidad realizada por la Junta Directiva del BANHVI por un monto total de ₡733.567.211,34, fue para mejorar, rehabilitar o construir los siguientes sistemas: sistema de suministro de agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de evacuación de aguas pluviales, aceras y conformación de calles. 5. Una vez aprobada la prefactibilidad del proyecto, se recibió la exigencia del AyA de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ya que las aguas residuales en el asentamiento formales e informales están cayendo al río y no autorizarán la construcción de ninguna otra obra de infraestructura hasta tanto no se atienda esta problemática. 6. A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos sostienen reuniones con el AyA y la Municipalidad de San José para buscar una solución conjunta a la problemática, principalmente porque los recursos disponibles no son suficientes para el desarrollo de las obras de infraestructura y la PTAR. 7. Según el oficio DPH-UPH-0183-2021 de fecha 27 de mayo del 2021, el INVU indica que dentro del contexto que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) aprobó el traslado de recursos presupuestarios a la Municipalidad de San José, para que construya una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que reciba las aguas residuales del Asentamiento Finca San Juan III etapa. 8. Asimismo, en el precitado oficio el INVU propone realizar una contratación directa con la Municipalidad de San José, para el diseño y construcción de las obras de mejoramiento de infraestructura del proyecto, basado en los artículos 138 y 139 (i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre lo cual el BANHVI responde mediante oficio DF-OF-1343-2021 de fecha 17 de setiembre de 2021, donde se indica que “…no se encuentra ningún inconveniente en que el INVU aplique el procedimiento de la contratación directa, basado en los artículos 138 y 139(I) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para el diseño y construcción de las obras de mejoramientos de las obras del Proyecto San Juan, en cuanto a que no sobre pase lo ya aprobado con bono comunal, que no sea un oferta ruinosa y que el oferente se comprometa al desarrollo de todo lo establecido en el cartel.” 9. Con dicha nota se instruye al INVU que proceda conforme a la normativa para poder iniciar el proceso de contratación para poder finalmente dotar a través del Bono Colectivo a las familias de la infraestructura potable, sanitaria, pluvial y vial necesaria”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de setiembre de 2021, la recurrente manifiesta lo siguiente: “Vengo a responder sobre lo que expuso el AYA. Las obras de construcción que se dieron en este asentamiento conocido como Finca San Juan en Pavas, fue la empresa FUPROVI, las que realizó las obras en este lugar, se supone que todos los permisos para construir fueron otorgados a dicha empresa, sino fuera así los vecinos de Finca San Juan no tuviéramos nuestras casas, de hecho le envió el plano visado de mi propiedad otorgado por la municipalidad para dar veracidad a lo que comunico, cuando me personé a solicitar el servicio de Agua Potable, llevé todos los requisitos que la entidad me solicitó, si no fuera así, no me hubieran aceptado los documentos, para la colocación del medidor, Doy Fe en todo lo expuesto anteriormente, como usted verá Señor Magistrado en el plano visado dice " Construído" al lado atrás está la alameda 20 y la alameda 19 ellos SI tienen agua potable y frente a la alameda dicen los vecinos que pasa el tubo madre. En el documento que expuso sino me equivoco el AYA , dice: que se trata de una edificación por desarrollar, aquí en la alameda 21 las casas están edificadas por FUPROVI y el INVU. Todos estos permisos deben de tenerlo la fundación promotora de vivienda junto con el INVU, sino hubieran otorgados los permisos en este sector de Finca San Juan especialmente en el bloqueG 2 casa#7 donde yo habito y de todos mis vecinos no se hubieran construido las casas. En el punto seis expone el AYA que no hay servicios existentes, si los hay señor Magistrado, puesto que en la alameda 19 si pagan agua y la 20 unos pagan y otros no, Entonces cómo se abastecen de agua? Señor Magistrado en la primera denuncia expuesta envié fotos como pruebas sino, fuera así no hubiera ido a denunciar la falta de agua desde hace ya más de 20 años, QUEREMOS NUESTROS PROPIOS MEDIDORES, NO SOLO YO TAMBÍEN MIS VECINOS. El AYA alega que todos en el asentamiento san juan presentan estos problemas, pues no todos. En el documento adjunto del 20 de noviembre del 2001, se solicitó al AYA el preciado líquido, y aún hasta la fecha no hubo respuesta. Ruego que se me dé lugar al recurso de amparo expuesto por mi persona, del que también están afectados mis vecinos. EL LÍQUIDO ES INDISPENSABLE PARA LA VIDA HUMANA”. 10.- Informa bajo juramento Paula Vargas Ramírez, en su condición de alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José (informe rendido el 24 de setiembre de 2021), que el Departamento de Servicios Sociales indicó lo siguiente: “En respuesta a su oficio DAJ-3336-25-2021 del 21 de setiembre, recibido el 22 de setiembre en nuestras oficinas, referente a RECURSO DE AMPARO interpuesto por la señora [Nombre 001] contra la Municipalidad de San José, procedo a manifestarle que visto en detalle el documento, el Departamento de Servicios Sociales de esta Municipalidad no tiene competencias ni funciones relacionadas con dicho caso, por cuanto trata de una necesidad de abastecimiento de agua potable denunciada por una vecina de la comunidad de Finca San Juan en el distrito de Pavas. De modo que, como “Coordinadora del Departamento de Servicios Sociales y Económicos de la Municipalidad de San José” (según cita el recurso), aclaro que no se han violentado derechos ni garantías constitucionales de la recurrente desde la dependencia a mi cargo, en donde además no consta, de acuerdo con los registros de nuestra Oficina de Valoración Social, ninguna atención a la señora [Nombre 003] . Si bien, se hace referencia a esta Municipalidad con la mención de pago de impuestos municipales, permisos de construcción, y reuniones para que esta institución asuma la construcción de una planta de tratamiento y aguas residuales, así como otras obras de mejora en tuberías, calles y alamedas; está claro que todas estas funciones son ajenas al marco de intervención de nuestra dependencia, y, por tanto, desconocemos cualquier avance, gestión u omisión al respecto. Consulta: Considerando que el mismo recurso de amparo de la señora [Nombre 001], referido por su persona mediante oficio DAJ-3336-25-2021, fue remitido directamente a nuestras oficinas por la Sala Constitucional el 21 de setiembre, con expediente: 21-016493-0007-CO; le solicito indicarme si debo dar respuesta directa a dicha Sala o es la Dirección de Asuntos Jurídicos la dependencia que responderá en nombre de la institución. Finalmente, por las razones antes expuestas, hago devolución del expediente remitido por su persona de forma física para lo que corresponda”. Asimismo, la Gerencia de Provisión de Servicios mencionó lo siguiente: “La participación activa que ha tenido la Municipalidad de San José, en procura de dimensionar la magnitud del “abandono estatal” del Asentamiento de Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas, inicia desde principios del 2017, cuando se crea el Departamento de Mejoramiento del Hábitat Humano y Regeneración Urbana y más específicamente, la unidad especializada tipo Staff denominada Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos, responsable de buscar alternativas de solución para la erradicación de los precarios del cantón, como parte de un ambicioso Programa de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Humano en el cantón de San José, actualmente en ejecución. Dentro de los objetivos POA para ese año, se definen para esta unidad, como prioridad de atención, el planteamiento de un programa de trabajo concreto, entre otros, para el Asentamiento de Finca San Juan. Conocedores de la problemática de la zona desde 20 años atrás, los funcionarios integrantes de dicho Staff comienzan a generar una estrategia de acercamiento con las instituciones del Sector Vivienda (MIVAH, INVU) y a la Asociación de Desarrollo Integral de Finca San Juan, para plantear temas puntuales pero fundamentales para el desarrollo de la comunidad. Principalmente se planteó una agenda de cooperación interinstitucional con el INVU como dueño registral del Asentamiento, para adquirir competencias y papel protagónico en la erradicación de los Precarios El Relleno y El Tapón y, la activación del bono comunal para Finca San Juan, que la Junta Directiva del BANHVI aprobó desde el 2009 y que, a la fecha no se ha podido construir. Con el INVU se plantea y se concreta la suscripción de un convenio Marco de Cooperación interinstitucional en mayo de 2019 (documento adjunto 1), se sirve de base para plantear un convenio específico para poder realizar las obras de infraestructura urbana pendientes en el sector oeste de Finca San Juan, con recursos del Bono Comunal financiado por el BAHNVI (documento 2). La Municipalidad logra la aprobación de dicho convenio en diciembre de 2019 (documento3). Sin embargo, el convenio no llega a firmarse debido a que, surgió la duda por parte de la Municipalidad, que el mismo pudiera llegar a no ser reconocido por parte del BANHVI, ya que al fin y al cabo este es la institución financiera que toma la decisión final. Se le solicitó al INVU que obtuviera un pronunciamiento formal y legalmente válido por parte del BANHVI, en torno a su aceptación de dicha alianza pública-publica entre el INVU y La Municipalidad de San José, en junio de 2021 mediante oficio GPS-GVAH-019-2021 (documento 4), pero hasta la fecha, este pronunciamiento no se ha producido, como lo reconoce el mismo representante del INVU en su declaración que consta en el expediente. En octubre del 2018 se realizó un levantamiento de campo junto con la Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de todo el sector oeste, donde se realizarían las obras del bono comunal. Este levantamiento indica que en la alameda 21, que es donde vive la persona afectada, existe en funcionamiento operativo, la red potable y una red colectora de aguas residuales debidamente en funcionamiento. Obviamente esta agua, como la institución competente lo indica, es conducida cruda hasta el Rio Tiribí (…) Con respecto a la información que brinda el representante del INVU sobre el financiamiento dado a la municipalidad para la construcción de la PTAR en Finca San Juan, esa información no es del todo correcta, ya que el alcance de dicha partida es para diseñar en forma completa la planta de tratamiento de aguas residuales y adicionalmente, se usará complementariamente para ordenar y separar las aguas residuales de las aguas pluviales, que actualmente llegan revueltas al río y la infraestructura de acceso al jugar de su futura construcción. El convenio de cooperación entre el MIVAH y la Municipalidad para esta fase inicial, por 800 millones de colones, deja el panorama del saneamiento ambiental para San Juan, con la necesidad de encontrar financiamiento por 1 400 millones de colones, según estimaciones del propio AyA, necesarios para la construcción de la Ptar. Como municipalidad mantenemos la férrea voluntad para poder llegar a ejecutar el bono comunal para Finca San Juan, con recursos del BANHVI, pero consideramos poco clara y nebulosa, la posición del BANHVI para que la alianza pública-pública que se propuso pueda llegar a concretarse. Después de todo, con un presupuesto aprobado de 733 millones de colones para resolver problemas como los que la recurrente señala en este recurso de amparo, que están disponibles desde hace 12 años, para realizar dicha inversión pública y con un panorama muy complejo desde el punto de vista operativo constructivo para ejecutarla, es muy difícil de entender la renuencia del BANHVI, siquiera para emitir un criterio negativo ante la propuesta concreta y bien estructurada por parte de la Municipalidad de San José. Es fundamental señalar que la voluntad del gobierno local representado en la figura institucional de la Municipalidad de San José, siempre ha ido adelante, para afrontar y buscar soluciones a los problemas de las zonas informales del cantón, como le corresponde. En setiembre de 2007, el Concejo Municipal recibió de manera excepcional, las calles y áreas públicas de Finca San Juan, por parte del INVU (documento 5), sin siquiera estar terminadas y con problemas de invasiones no resueltas. Dentro de su escasa capacidad financiera, ha invertido importantes partidas de dinero para mejorar la infraestructura de dicho asentamiento. Sin embargo, dentro de sus rentas regulares no existen fuentes de financiamiento que le permitan enfrentar proyectos millonarios, que puedan frenar el deterioro de la calidad de vida de nuestros munícipes. Por eso, es que hemos implementado una práctica intensa en relaciones con las instituciones del gobierno central que sí pueden disponer de los recursos necesarios, en la magnitud requerida para satisfacer necesidades de saneamiento ambiental, como es el caso de Finca San Juan. Efectivamente nuestra estrategia de seguir negociando transferencias de capital desde la institucionalidad nacional se va a incrementar con el tiempo pero, eso no omite que reconozcamos que, no somos protagonistas para resolver con solo nuestra iniciativa, problemas como el presente. La ley de planificación urbana solo nos da la potestad de ser Administradores del territorio, obviando que en muchos casos, ese territorio sufre la atrofia del deterioro institucionalizado en su entorno urbano y financiero acumulado por décadas. Estamos viviendo un muy bien estructurado “deber ser” de leyes y reglamentaciones que al fin y al cabo, dejan en indefensión al ciudadano que, como en este caso, lo que pide es que se le tome en cuenta como un contribuyente más, para dejar una informalidad de la que no puede salir solo, con las armas que le da nuestra legalidad vigente”. Por ende, concluye que: “referente al tema existe claridad que la Municipalidad ha realizado todas las acciones que se encuentran dentro del marco de legalidad posible para la institución, siendo que dichas acciones a tomar deben de realizarse por parte de las instituciones públicas implicadas y que estén legitimadas para hacerlo, y posteriormente coordinar el apoyo que pueda realizar la Municipalidad”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. 11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García ; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que los vecinos de Pavas, específicamente del Asentamiento Finca San Juan, bloque G2, casa 8, alameda 21, no cuentan con agua potable. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: - Sobre el Asentamiento Finca San Juan: a) El Asentamiento Finca San Juan es un proyecto residencial que inició su desarrollo a inicios de la década de 1990. El terreno requerido para dicho proyecto fue aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y fue impulsado y ejecutado por la Mutual Heredia (ver informes rendidos y la prueba aportada). b) En el año 1994, la Mutual Heredia se retiró del desarrollo del residencial, dejando inconclusa la construcción del proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada). c) En el año 1996, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) asumió la continuación del Asentamiento Finca San Juan, interviniendo en dicha oportunidad en la construcción de obras de urbanización de siete bloques, de los cuales en tres no se concluyeron las obras de urbanización (ver informes rendidos y la prueba aportada). d) La finca madre a la cual pertenece el Asentamiento Finca San Juan se encuentra inscrita a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y está asociada al plano de catastro SJ-0191977-1994, y tiene asignado el Folio Real 1-0240356-000, con un área total de 185.332,76 m2 (ver informes rendidos y la prueba aportada). e) Del total de la finca del Asentamiento Finca San Juan se trasladó a la Municipalidad de San José las áreas públicas y se segregaron los lotes residenciales, los cuales quedaron inscritos a nombre del INVU (ver informes rendidos y la prueba aportada). f) Actualmente, se pretende acondicionar la zona correspondiente a la tercera etapa del proyecto Finca San Juan, la cual tiene asociada un área de 60.537,46 m2 (incluyendo área de lotes residenciales, calles, parques, zona comunal, juegos infantiles y alamedas), para el desarrollo de un Bono Comunal que vendría a dotar a las familias que ocupan el asentamiento de las obras de infraestructura pendientes y las que se encuentran en malas condiciones. Así, en términos generales, el alcance de las obras de dicho Bono Comunal, según la aprobación de prefactibilidad realizada por la Junta Directiva del BANHVI por un monto total de ₡733.567.211,34 colones, fue para mejorar, rehabilitar o construir los siguientes sistemas: sistema de suministro de agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de evacuación de aguas pluviales, aceras y conformación de calles (ver informes rendidos y la prueba aportada). g) Una vez aprobada la prefactibilidad del proyecto, el BANHVI recibió la exigencia del AyA de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ya que las aguas residuales en el asentamiento formales e informales están cayendo al río y no autorizarán la construcción de ninguna otra obra de infraestructura hasta tanto no se atienda esta problemática (ver informes rendidos y la prueba aportada). h) El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos sostienen reuniones con el AyA y la Municipalidad de San José para buscar una solución conjunta a la problemática, principalmente porque los recursos disponibles no son suficientes para el desarrollo de las obras de infraestructura y la PTAR (ver informes rendidos y la prueba aportada). i) Según el oficio DPH-UPH-0183-2021 del 27 de mayo del 2021, el INVU indicó que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) aprobó el traslado de recursos presupuestarios a la Municipalidad de San José, para que construya una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que reciba las aguas residuales del Asentamiento Finca San Juan III etapa. Además, en ese oficio, el INVU propuso realizar una contratación directa con la Municipalidad de San José, para el diseño y construcción de las obras de mejoramiento de infraestructura del proyecto, basado en los artículos 138 y 139 (i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver informes rendidos y la prueba aportada). j) Mediante oficio PE-Al-154-2021 del 25 de junio de 2021, la Asesoría Legal del INVU dio criterio positivo sobre la contratación directa de la Municipalidad de San José, como constructora y consultora para diseñar y construir el proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada). k) Mediante oficio DF-OF-1343-2021 del 17 de setiembre de 2021, el BANHVI indicó que “…no se encuentra ningún inconveniente en que el INVU aplique el procedimiento de la contratación directa, basado en los artículos 138 y 139(I) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para el diseño y construcción de las obras de mejoramientos de las obras del Proyecto San Juan, en cuanto a que no sobrepase lo ya aprobado con bono comunal, que no sea un oferta ruinosa y que el oferente se comprometa al desarrollo de todo lo establecido en el cartel”. Además, en dicho oficio el BANHVI instruyó al INVU que proceda conforme a la normativa para poder iniciar el proceso de contratación para poder finalmente dotar a través del Bono Colectivo a las familias de la infraestructura potable, sanitaria, pluvial y vial necesaria (ver informes rendidos y la prueba aportada). l) Actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó y está pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada). m) Actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó ante el BANHVI sobre la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras. Dicha gestión está pendiente en ser atendida. Sin embargo, la Municipalidad de San José no está de acuerdo con el convenio firmado con el INVU, pues considera que el BANHVI no ha sido claro respecto al presupuesto existente (ver informes rendidos y la prueba aportada). - Sobre la solicitud de agua potable de la recurrente: a) El inmueble en donde habita actualmente la recurrente forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre (ver informes rendidos y la prueba aportada). b) En el 2001, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11112001120101. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas (ver informes rendidos y la prueba aportada). c) Desde el 20 de agosto del 2002, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la recurrente la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado (ver informes rendidos y la prueba aportada). d) En el 2011, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11132011020001. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas (ver informes rendidos y la prueba aportada). e) En julio de 2020, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, solicitud no. 2020-00028626-1. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, pues “el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública” (ver informes rendidos y la prueba aportada). III.- Antecedentes del Asentamiento Finca San Juan. Para el análisis adecuado del presente caso, es relevante indicar que este Tribunal conoció un recurso de amparo sobre la situación del Asentamiento Finca San Juan en Pavas y el servicio de agua potable. Así, en la sentencia no. 2010-020764 de las 16:11 horas del 14 de diciembre de 2010, esta Cámara Constitucional señaló lo siguiente: “(…) I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se niega a suministrarle el servicio de agua potable, así como el alcantarillado sanitario, lo que lesiona sus derechos fundamentales (…) IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, la recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales por la negativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en brindarle servicio de agua potable, así como el servicio de alcantarillado sanitario. La recurrente habita en un proyecto ubicado en Finca San Juan de Pavas, financiado con bono comunal del INVU, cuyas obras aún no han sido entregadas al AyA pues se encuentran sin concluir. Se trata de una zona que cuenta con 360 lotes, con muy pocas obras de urbanización, donde todas las familias tienen conexiones fraudulentas. De conformidad con los estudios e informes, el AyA se encuentra en imposibilidad material de brindar los servicios solicitados por la amparada, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, toda vez que al no haber sido entregadas las obras todavía al AyA, la institución no puede prestar un servicio por medio de activos que no le pertenecen. Lo anterior ha sido puesto en conocimiento de la amparada, quien ha contado con una conexión de agua irregular. Así las cosas, aprecia la Sala que la negativa del AyA no resulta arbitraria ni irrazonable, toda vez que se fundamenta en una imposibilidad jurídica por las razones ya expuestas. Según se informó, el AyA conoce que el borrador del cartel del proyecto de obras de mejoramiento del asentamiento Finca San Juan se encuentra con pre factibilidad aprobada y en etapa de revisión. De manera que se estima que aproximadamente en noviembre del 2010 se estaría presentando la aprobación del financiamiento, por lo que el AyA coordina desde ya acciones con el INVU para el enlace con la parte técnica antes que inicien las obras. V.- Así, en razón de lo expuesto, lo procedente es desestimar el recurso planteado por constatar que la decisión cuestionada tiene fundamento en criterios técnicos y jurídicos. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso”. IV.- Sobre la solicitud de agua potable. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el inmueble en donde habita actualmente la recurrente forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre. Así, en el 2001, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11112001120101. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas. Igualmente, desde el 20 de agosto del 2002, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la recurrente la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado. Además, en el 2011, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11132011020001. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas. Posteriormente, en julio de 2020, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, solicitud no. 2020-00028626-1. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, pues “el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública”. Ahora bien, este Tribunal constata que esta denegatoria está relacionada con una falta de coordinación entre las instituciones recurridas para solventar la situación del Asentamiento Finca San Juan. Esto, pues se comprueba que, respecto al Asentamiento irregular Finca San Juan, instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Municipalidad de San José han realizado acciones para solucionar la situación de irregularidad de dicho Asentamiento. Así, actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó y está pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto. Además, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó ante el BANHVI sobre la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras. Dicha gestión está pendiente en ser atendida. Sin embargo, la Municipalidad de San José no está de acuerdo con el convenio firmado con el INVU, pues considera que el BANHVI no ha sido claro respecto al presupuesto existente. Por consiguiente, aunque dichas instituciones están coordinando para solucionar el problema, existen discrepancias sobre el proyecto. En este sentido, se constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues las autoridades recurridas conocen la problemática desde hace más de 10 años, por lo que la situación de irregularidad de la dicha finca es de vieja data. Nótese que, de la prueba aportada, se determinó que la Defensoría de los Habitantes intervino y solicitó coordinación entre instituciones desde hace más de diez años. Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas. Por ende, este Tribunal considera prudente señalar que, en reitera jurisprudencia, se ha indicado que existe el principio de coordinación que opera entre las diferentes instituciones estatales, que establece que el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones, para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado, así como los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas. Así, mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió. Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Irene Campos Gómez, en su condición de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, a Erick Solano Coto, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a Dagoberto Hidalgo Cortés, en su condición de gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, a Tomás Francisco Martínez Baldares, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Paula Vargas Ramírez, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de San José, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, establecer las instancias de coordinación que corresponda entre todas las siguientes instituciones Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Banco Hipotecario de la Vivienda, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la Municipalidad de San José, para que, en el ámbito de sus competencias, se ejecute y construya lo pendiente de realizar, lo anterior en el plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia , y así, se resuelva lo que corresponda respecto de la prestación del servicio de agua potable en el Asentamiento Finca San Juan. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *OTHRQBWUMIU61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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