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Res. 24197-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/10/2021

Right to potable water in irregular settlement Finca San JuanDerecho al agua potable en asentamiento irregular Finca San Juan

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo, found a fundamental-rights violation arising from more than twenty years of inter-institutional coordination failure, and ordered MIVAH, INVU, BANHVI, AyA, and the San José Municipality to coordinate and complete pending infrastructure works to resolve potable water service in the Finca San Juan settlement within 24 months.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo, constató violación de derechos fundamentales por falta de coordinación interinstitucional de más de veinte años, y ordenó al MIVAH, INVU, BANHVI, AyA y Municipalidad de San José coordinar y ejecutar las obras pendientes para resolver el suministro de agua potable en el Asentamiento Finca San Juan en un plazo máximo de 24 meses.

SummaryResumen

A resident of the informal settlement Finca San Juan in the Pavas district of San José filed an amparo against the Ministry of Housing, AyA, INVU, BANHVI, and the San José Municipality, alleging lack of potable water since 1999. Repeated service requests (2001, 2011, 2020) were denied because the settlement was never formally received by AyA and lacks approved infrastructure. INVU also conditioned approvals on construction of a wastewater treatment plant (PTAR) because sewage flows directly into a river. The Constitutional Chamber found that the repeated denials stemmed from a more-than-twenty-year inter-institutional coordination failure that violated the petitioner's fundamental rights. The court granted the amparo and ordered the five institutions to coordinate and complete pending works within 24 months.Una residente del asentamiento irregular Finca San Juan, en el distrito de Pavas, San José, interpuso recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda (MIVAH), el AyA, el INVU, el BANHVI y la Municipalidad de San José, alegando que desde 1999 carece de agua potable. Las solicitudes de servicio presentadas en 2001, 2011 y 2020 fueron denegadas porque el asentamiento nunca fue formalmente recibido por el AyA y carece de infraestructura aprobada frente al inmueble. El INVU señaló además la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) antes de aprobar los servicios, dado que las aguas servidas caen directamente al río. La Sala Constitucional constató que la denegatoria reiterada obedece a una falta de coordinación interinstitucional que se prolonga por más de veinte años y violenta los derechos fundamentales de la recurrente. Declaró con lugar el recurso y ordenó a las cinco instituciones coordinar y ejecutar las obras pendientes en un plazo máximo de 24 meses.

Key excerptExtracto clave

This Tribunal finds that the denial is related to a lack of coordination among the respondent institutions to resolve the situation of the Finca San Juan Settlement. This is confirmed by the fact that, with respect to the irregular Settlement of Finca San Juan, institutions such as INVU, BANHVI, and the Municipality of San José have taken steps to remedy the irregularity of said Settlement. In this regard, a violation of the petitioner's fundamental rights is established. The respondent authorities have been aware of the problem for more than ten years, meaning the irregularity of the settlement is longstanding. The evidence shows that the Ombudsman's Office intervened and requested inter-institutional coordination more than ten years ago. Consequently, this lack of coordination among the respondent authorities to resolve the irregularity of the Finca San Juan Settlement has resulted in the petitioner and other residents of that settlement not receiving potable water service. Therefore, the appropriate course is to grant the appeal.Ahora bien, este Tribunal constata que esta denegatoria está relacionada con una falta de coordinación entre las instituciones recurridas para solventar la situación del Asentamiento Finca San Juan. Esto, pues se comprueba que, respecto al Asentamiento irregular Finca San Juan, instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Municipalidad de San José han realizado acciones para solucionar la situación de irregularidad de dicho Asentamiento. En este sentido, se constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues las autoridades recurridas conocen la problemática desde hace más de 10 años, por lo que la situación de irregularidad de la dicha finca es de vieja data. Nótese que, de la prueba aportada, se determinó que la Defensoría de los Habitantes intervino y solicitó coordinación entre instituciones desde hace más de diez años. Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió."

    "As long as this lack of coordination persists, the potable water supply problem is perpetuated in a densely populated settlement — a problem that has been known for a very long time; indeed, the precedent cited dates to 2010, and even then it was stated that the project would be ready by November 2010, which never happened."

    Considerando IV

  • "mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió."

    Considerando IV

  • "si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas."

    "Although it is formally established that the project has not been accepted by AyA, which technically and legally prevents approval and provision of the service, it is equally true that the project could not be accepted precisely because of coordination problems among institutions and the failure to complete the pending works, which had already been identified."

    Considerando IV

  • "si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*CED01* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-ninth of October two thousand twenty-one.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre01 001], holder of national identity document (cédula de identidad) [Valor CED02], against the MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, the BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, AND THE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Background:

  1. 1By written submission received in the Chamber's Secretariat on August 23, 2021, the petitioner files a writ of amparo against the MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, the BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, and the MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, and states that the residents of Pavas, Finca San Juan, block G2, house 8, alameda 21, do not have potable water (agua potable), a problem that dates back to 1999. She alleges that access to water is a fundamental and indispensable right necessary to prevent the spread of Covid and other diseases. She emphasizes that elderly persons and minors reside on that alameda. She explains that their homes were built by the Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) in 1997 and that they have sidewalks, gutters, sewage (aguas negras) pipes, and potable water pipes; however, the AyA does not provide them with potable water service, arguing that there is no main supply line (tubo madre).She alleges that they have had to improvise to gain access to water, which has exposed them to excessive charges and to suddenly losing water service at any moment. She argues that for this reason they need their own water meters (medidores), which the AyA has denied them. For the foregoing reasons, she comes before the Chamber for protection of her fundamental rights and requests that the writ be granted.
  2. 2By resolution issued at 15:37 hours on August 25, 2021, this Tribunal issued the order admitting the present matter for processing.
  3. 3Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of the MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, submits the following sworn report (filed August 31, 2021): "This MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS has not violated any constitutional right of the petitioner, since what the petitioner describes does not correspond to any failure to fulfill the competencies of this Ministry, as we will elaborate in detail below. Having stated the foregoing, it is appropriate to clarify that, within the Ministry's competencies, the following are not contemplated: declaring dwellings uninhabitable, evicting occupants from properties, processing or granting individual or collective housing subsidies (bonos), housing financing, approving permits or other types of authorizations for the construction of housing, providing potable water service, authorizing the issuance of water meters for each dwelling, or endorsing architectural plans or issuing construction permits for urban development works, among others, since all of these fall outside our functional scope.The foregoing applies both in regular situations and in exceptional ones (arising from a national emergency) (…) It therefore follows from the foregoing that this Ministry is not the entity that grants housing subsidies or resolves matters relating to the provision of decent housing to families, or to the provision of potable water service or water meters to citizens' homes — what this Ministry does is carry out guidance and coordination actions in accordance with its competencies and provide information on how to access the benefits offered by the national housing finance system. The matter of providing potable water and the corresponding water meter is a matter within the competency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which is the entity authorized to resolve the problem and provide the service; the petitioner and her community must request that institute to resolve the problem. 4.- CONCLUSIONS: In light of what has been set out, it may be concluded, without a doubt, that: 1.This Ministry has not violated the constitutional rights or guarantees of the petitioner, since, in accordance with the distribution of competencies and in observance of the principle of legality, the following do not fall within this Ministry's purview and are not contemplated: declaring dwellings uninhabitable, evicting occupants from properties, processing or granting individual or collective housing subsidies, housing financing, approving permits or other types of authorizations for the construction of housing, providing potable water service, authorizing the issuance of water meters for each dwelling, or endorsing architectural plans or issuing construction permits for urban development works, among others, since all of these fall outside its functional scope. The foregoing applies both in regular situations and in exceptional ones (arising from a national emergency). 2. The MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS has not violated the constitutional rights or guarantees of the petitioner, since this Ministry has no involvement in providing potable water or authorizing the issuance of potable water meters for dwellings. 3.Based on the foregoing, it is considered that the petitioner's constitutional rights have not been violated. For the above reasons, the hearing granted herein is hereby deemed answered and the corresponding report is hereby filed." The Ministry requests that the writ be dismissed.
  4. 4By written submission received in the Chamber's Secretariat on August 31, 2021, the petitioner submits evidence for consideration in the present writ.
  5. 5Tomás Francisco Martínez Baldares, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (report submitted on August 31, 2021), reports under oath as follows: "First: The property for which the appellant initially requests new potable water service (years 2001 and 2011) and, most recently, a service availability certificate (disponibilidad) (year 2020), forms part of an irregular settlement (asentamiento irregular) known as Finca San Juan, in the district of Pavas, which is composed of more than 1,000 properties subdivided from the parent parcel. Second: Based on information incorporated into the prior control system for availability certificate requests and in the one currently in use, as well as from documents submitted by the appellant, it has been confirmed that applications for new services Nos. P11112001120101 (year 2001) and P11132011020001 (year 2011) were processed but WERE NOT APPROVED, since the settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by my Institution with respect to construction plans (planos constructivos) and the works acceptance (recepción de obras) of the constructed infrastructure, leaving the condition of said infrastructure unknown, which rendered it technically and regulatorily impermissible to approve any service for said property; also on record is a service availability request for the property identified with registry number [blank], request number 2020-00028626-1, with a negative result, so notified on July 14, 2020 to the applicant at the designated address, stating that the property is located in a project that has not undergone works acceptance and also lacks potable water infrastructure along the boundary adjoining the public road.According to documentation submitted by the interested party, since August 20, 2002, AyA communicated the problems preventing approval of the requested new service, meaning the appellant has been aware, for nearly twenty years, that neither the project's works acceptance nor the existence of piping in front of the property had been completed. Third: In response to the complaint filed before the Defensoría de los Habitantes de la República by Mr. [Nombre01 002] on behalf of his daughter, the appellant [Nombre01 001], regarding this same matter, the Urbanizations Department of the Metropolitan Region, in official letter No. URB-E-059-2002 dated August 22, 2002, addressed to the Defensor de los Habitantes, states that in order to normalize the irregular situation of this settlement, surveys of the constructed systems must be carried out, the required tests must be performed to verify their condition, and connections to the existing networks must be made, based on Article 21 of the Ley Constitutiva del AyA together with the requirements set forth in the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, as well as the technical requirements enabling the continuous and adequate supply of the required services, which provides: 'Every project for the construction, expansion, or modification of potable water supply and wastewater and stormwater disposal systems, whether public or private, must be previously approved by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which may carry out any inspection it deems appropriate to verify that the works are being executed in accordance with the approved plans.Such prior approval shall be mandatory in all cases involving construction of subdivisions (fraccionamientos), housing developments (urbanizaciones), or lot divisions (lotificaciones) anywhere in the country, and no other state body shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute. Violation of this mandate shall render null and void any construction permit granted in contravention of this prohibition, and the subdivision or project in question shall be deemed legally nonexistent, with the consequences as to third parties provided for in Article 35 of the Ley de Planificación Urbana, Nº4240 of November 15, 1968.' (Underlining not in the original). Fourth: The Defensoría de los Habitantes de la República resolved this complaint and fully upheld the legal, technical, and regulatory requirements cited by my Institution, and in official letter No. 08068-2002-DHR dated September 6, 2002, recommended to the MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS and to INVU: '…to coordinate between both institutions to request the preparation of plans, by whomever is responsible, so that this community may have access to potable water service in the shortest possible time…'.Fifth: Regarding the appellant's mention of payment of municipal taxes, this is a matter unrelated to my Institution, as it does not evidence the legal establishment of a building. In fact, for the purpose of requesting a new service, in addition to providing a positive availability certificate, one of the requirements is to provide municipal authorization or endorsement of the building's construction (not merely proof of municipal tax payments); payment of taxes alone is not sufficient. The foregoing is supported by Article 68, paragraph d) of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA published in the Diario Oficial La Gaceta N°27, Alcance N°29 of Tuesday, February 9, 2021, pursuant to Board of Directors Agreement 2020-442: d) A copy of the current municipal construction permit, or the Project Number processed through the APC platform and duly approved, so that AyA may verify the existence of that requirement, in the event that the matter concerns a building to be developed.The permit must correspond to the original purpose for which the availability was requested and approved. Likewise, the applicant may submit a sworn declaration substituting this requirement; however, AyA must, prior to approving the application, verify with the relevant Municipality the accuracy of the information provided by the applicant, which information must be sent by email or other electronic means to expedite the process, within a period of up to 4 business days. Should the Municipality contradict what the applicant declared, the application shall be rendered void and the corresponding criminal complaint shall be filed. Sixth: AyA is unaware of the charge the appellant mentions, since a review of the service registry (catastro de servicios) existing in the area for the Asentamiento San Juan reveals no services near the interested party's property, nor any services providing potable water; therefore, there is no evidence of any service charge such as the one the interested party refers to.Accordingly, it may be stated that they are illegally obtaining water supply in the area, since, as stated in the filing, they are connected to a network without the Institution's authorization. Seventh: It is unknown under what parameters INVU, in the year 2000, approved the housing voucher (bono de vivienda) for case N°5405541400 for the property under study, as the Institution has no record of a positive service availability certificate for the property. Eighth: According to the files of the Urbanizations area, specifically file AM-3011 for this case, the last submission of documentation by INVU was in 2008, in which, through document URB-2008-02 / BIT-2008-01 of January 22, 2008, the AyA Urbanizations area requested the submission of documentation that had not been provided in full, and to date no such remedy has been made. Ninth: Finally, it is of great relevance to mention that in 2002 INVU stated, through document UEPN-342-2002 (submitted by the interested party), that the 'San Juan' project was not connected to the potable water pipeline (…) From the foregoing, it may be reiterated that this office grants service availability certificates to properties that comply with all provisions of the applicable regulations, including urban planning regulations; thereafter, once all other requirements have been met, a new service is provided.This is already reflected in the foregoing points, from which it is concluded that despite the long-standing nature of the Asentamiento San Juan matter, INVU has been unable to complete the remediation process required for project approval and, subsequently, the works acceptance by AyA. Based on the Principle of Legality, those seeking a service must present all documentation required by the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, which includes not only an availability certificate but all requirements (including the construction permit or the municipal endorsement of the existing building). In conclusion, a technical impediment exists that prevents granting an availability certificate and, consequently, future service, due to the absence of a potable water network in front of the property, in contravention of the aforementioned regulations; therefore, it is the responsibility of INVU to complete the procedural steps so that AyA may carry out works acceptance for the settlement and thereafter, once all regulatory requirements have been met, grant the appropriate authorization for individual metering of each property and its dwellings, as this is not a problem exclusive to the appellant but rather an issue involving many people living in the Asentamiento 'Finca San Juan,' since all of them are in the same situation as the appellant.Finally, given that the situation of this property makes it legally and regulatorily impossible to approve what the appellant has requested and sought, and given that it has been duly established that AyA has acted in strict compliance with and observance of the technical and legal possibilities established within the constitutional and legal framework under the principle of legality, and therefore no constitutional right of the appellant has been violated, it is requested that the amparo action (recurso de amparo) be declared without merit." The report requests that the appeal be declared without merit.
  6. 6Erick Solano Coto, in his capacity as executive president of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (report submitted on September 1, 2021), testifies under oath and attaches the technical report prepared by the Housing Programs Unit regarding the steps taken up to 2017, in order to convey the scope of the work this Institution has been carrying out in the third phase of Urbanización Finca San Juan, not limited solely to the pedestrian walkway (alameda) sought by the petitioner. He notes that, from the meetings held to address the drinking water supply problem, ICAA required the construction of a Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR), since the wastewater flowing through formal or informal pipes in the settlement (asentamiento) falls directly into the river; therefore, ICAA will not approve basic services until the PTAR is constructed. He states that, from the meetings held with the Ministry of Housing and Human Settlements (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIVAH), the Municipalidad de San José, and the Asociación de Desarrollo de Finca San Juan, MIVAH approved a budget for the Municipalidad de San José to build the PTAR and, additionally, to carry out the pending improvement works on the project pursuant to the financing agreement approved by BANHVI.This means that the Municipality, acting as Construction and Consulting Company, will build the PTAR and simultaneously execute the improvement works on the drinking water pipes, stormwater and sanitary pipes, as well as improvements to streets, walkways, and the electrical system. Thus, INVU, through a "direct contracting" (contratación directa) arrangement, would enter into an agreement with the Municipalidad de San José as the Construction Company. He clarifies that, as of August 2021, the following situation exists: - the Municipal resolution on the approval of the modification of the project scope has been requested and is pending; - the Legal Advisory Office of INVU, through official communication PE-Al-154-2021 of June 25, 2021, issued a favorable opinion on the direct contracting of the Municipalidad de San José as construction and consulting company to design and build the project; - a query and/or approval for the direct contracting of the Municipalidad de San José as construction and consulting company — to design the plans, process the permits, and execute the works — has been submitted to BANHVI and a response is pending.He concludes that, from the foregoing, it is evident that INVU is working not only on addressing the drinking water supply problem for the entire project, but also on improving the infrastructure of Finca San Juan, Third Phase; therefore, the petition filed by the petitioner cannot be addressed on an individual basis alone. He adds that the improvements are comprehensive in nature and serve the community as a whole, with a clear and defined collective interest. He requests that the petition be dismissed.
  7. 7By resolution issued at 10:40 a.m. on September 16, 2021, this Tribunal issued an order expanding the proceedings of the present matter.
  8. 8Dagoberto Hidalgo Cortés, in his capacity as general manager of the Banco Hipotecario de la Vivienda (report submitted on September 23, 2021), testifies under oath in the following terms: "1. Finca San Juan is a residential development that began in the early 1990s. The land required for this project was contributed by the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) and was promoted and executed by Mutual Heredia. In 1994, Mutual Heredia withdrew from the residential development, leaving the construction unfinished. 2. In 1996, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) assumed continuation of Finca San Juan, intervening at that time in the construction of urban infrastructure works (obras de urbanización) for seven blocks, three of which were left with unfinished infrastructure works. 3. The parent property (finca madre) to which the settlement belongs is registered under the name Nombre01 of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, is associated with cadastral survey plan (plano de catastro) SJ-0191977-1994, and has been assigned Real Property Registry folio (Folio Real) 1-0240356-000, with a total area of 185,332.76 m².From the total area of the property, the public areas were transferred to the Municipalidad de San José and the residential lots were subdivided off, remaining registered under the name of INVU. According to documentation submitted by INVU, the intention is to develop the area corresponding to the third phase of the Finca San Juan project, which has an associated area of 60,537.46 m² (including the area of residential lots, streets, parks, communal zones, children's playgrounds, and walkways), for the development of a Community Bond (Bono Comunal) that would provide the families occupying the settlement with the pending infrastructure works and those currently in poor condition. 4. In general terms, the scope of the works under said Community Bond, pursuant to the pre-feasibility (prefactibilidad) approval granted by the Board of Directors of BANHVI in a total amount of ₡733.567.211,34, was to improve, rehabilitate, or construct the following systems: potable water supply system, wastewater drainage system, stormwater drainage system, sidewalks, and street formation. 5.Once the pre-feasibility of the project was approved, a requirement was received from AyA to construct a PTAR, since the formal and informal wastewater connections in the settlement are discharging into the river and AyA will not authorize the construction of any other infrastructure works until this problem is resolved. 6. From that point onward, MIVAH, together with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, has been holding meetings with AyA and the Municipalidad de San José to find a joint solution to the problem, primarily because the available resources are not sufficient to cover both the infrastructure works and the PTAR. 7. According to official communication DPH-UPH-0183-2021 of May 27, 2021, INVU indicates that, within the context in which MIVAH approved the transfer of budgetary resources to the Municipalidad de San José so that it may construct a Wastewater Treatment Plant (PTAR) to receive the wastewater from the Finca San Juan Settlement, Third Phase. 8.Likewise, in the aforementioned official communication, INVU proposes to carry out a direct contracting with the Municipalidad de San José for the design and construction of the infrastructure improvement works of the project, based on Articles 138 and 139(i) of the Regulations to the Administrative Contracting Law, to which BANHVI responds through official communication DF-OF-1343-2021 of September 17, 2021, which states that '…there is no objection to INVU applying the direct contracting procedure, based on Articles 138 and 139(i) of the Regulations to the Administrative Contracting Law, for the design and construction of the improvement works of the San Juan Project, provided that it does not exceed what has already been approved under the Community Bond, that it is not a ruinous bid (oferta ruinosa), and that the offeror commits to the development of everything established in the bidding specifications (cartel).' 9.With this communication, INVU is instructed to proceed in accordance with the applicable regulations in order to initiate the contracting process and ultimately provide the families, through the Collective Bond (Bono Colectivo), with the potable, sanitary, stormwater, and road infrastructure they require." He requests that the petition be dismissed.
  9. 9By written submission received at the Clerk's Office of the Chamber on September 23, 2021, the petitioner states the following: "I am responding to what AyA set out. The construction works carried out in this settlement known as Finca San Juan in Pavas were done by the company FUPROVI; FUPROVI is the one that performed the works in this location — it is assumed that all the permits to build were granted to said company, for if that were not the case, the residents of Finca San Juan would not have our homes. In fact, I am hereby sending the endorsed plot plan (plano visado) of my property issued by the Municipality as evidence of what I am reporting. When I went to request the Potable Water service, I brought all the requirements the entity asked of me; if I had not, they would not have accepted the documents for the installation of the water meter (medidor). I certify everything stated above.As you will see, Honorable Justice, the endorsed plot plan says 'Constructed'; on the reverse side is Alameda 20 and Alameda 19 — those DO have drinking water — and in front of the walkway, the neighbors say the main water pipe (tubo madre) runs. In the document presented by AyA — unless I am mistaken — it says: this is a building yet to be developed; but here in Alameda 21, the houses were built by FUPROVI and INVU. All of these permits must be held by the housing promotion foundation together with INVU; if the permits had not been issued in this sector of Finca San Juan — especially at Dirección01, where I live, and for all my neighbors — the houses would not have been built. In point six, AyA states that there are no existing services; but they do exist, Honorable Justice, since at Dirección02 they do pay for water, and at Alameda 20 some pay and others do not — so how are they getting their water supply?Honorable Justice, in the first complaint I filed I sent photographs as evidence; if that were not the case, I would not have gone to report the lack of water for more than 20 years already. WE WANT OUR OWN METERS — NOT JUST ME, BUT MY NEIGHBORS TOO. AyA claims that everyone in the Finca San Juan settlement has these problems — but not everyone does. In the attached document dated November 20, 2001, potable water was requested from AyA, and to this day there has been no response. I respectfully request that the writ of amparo (recurso de amparo) filed by me — which also affects my neighbors — be granted. WATER IS INDISPENSABLE FOR HUMAN LIFE."
  10. 10Paula Vargas Ramírez, in her capacity as acting mayor (alcaldesa a.i.) of the Municipality of San José, testified under oath (report filed on September 24, 2021) that the Department of Social Services stated the following: "In response to your official memorandum DAJ-3336-25-2021 of September 21, received in our offices on September 22, regarding the WRIT OF AMPARO (RECURSO DE AMPARO) filed by [Nombre01 001] against the Municipality of San José, I hereby state that, upon reviewing the document in detail, the Department of Social Services of this Municipality has neither competence nor functions related to said case, since it concerns a need for potable water supply reported by a resident of the Finca San Juan community in the district of Pavas. Therefore, as 'Coordinator of the Department of Social and Economic Services of the Municipality of San José' (as cited in the writ), I clarify that no constitutional rights or guarantees of the petitioner have been violated by the office under my charge, where furthermore, according to the records of our Social Assessment Office, there is no record of any services provided to [Nombre01 003].Although this Municipality is referenced in connection with the payment of municipal taxes, construction permits, and meetings for this institution to assume the construction of a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) and sewage infrastructure, as well as other infrastructure improvements to pipes, streets, and boulevards (alamedas); it is clear that all of these functions fall outside the scope of intervention of our office, and therefore we have no knowledge of any progress, management action, or omission in that regard. Query: Given that the very amparo writ filed by [Nombre01 001], referred to me through your memorandum DAJ-3336-25-2021, was sent directly to our offices by the Constitutional Chamber on September 21, with case number (expediente): 21-016493-0007-CO; I ask that you advise me whether I should respond directly to said Chamber or whether the Directorate of Legal Affairs is the office that will respond on behalf of the institution. Finally, for the reasons set forth above, I am returning the physical file you forwarded to me for whatever action is appropriate."

Likewise, the Service Provision Management stated the following: "The active role that the Municipality of San José has played in seeking to gauge the magnitude of the 'state abandonment' of the Finca San Juan Settlement (Asentamiento) in Rincón Grande de Pavas began in early 2017, when the Department of Human Habitat Improvement and Urban Regeneration was created, and more specifically, the specialized staff-type unit called Housing and Human Settlements Management, responsible for seeking alternative solutions for the eradication of the informal settlements (precarios) of the canton (cantón), as part of an ambitious Housing and Human Habitat Improvement Program in the canton of San José, currently under implementation. Among the annual operational plan (POA) objectives for that year, the development of a concrete work program was established as a priority for this unit, including, among other things, a program for the Finca San Juan Settlement.

Already familiar with the area's problems for 20 years, the staff members began developing an outreach strategy with institutions in the Housing Sector (MIVAH, INVU) and with the Comprehensive Development Association (Asociación de Desarrollo Integral) of Finca San Juan, to address specific but fundamental issues for the community's development. Primarily, an interinstitutional cooperation agenda was proposed with INVU as the registered owner of the Settlement, in order to acquire competence and a leading role in the eradication of El Relleno and El Tapón informal settlements and the activation of the community housing bond (bono comunal) for Finca San Juan, which the Board of Directors (Junta Directiva) of BANHVI approved in 2009 and which, to date, has not been able to be built. With INVU, an Interinstitutional Cooperation Framework Agreement (convenio Marco de Cooperación interinstitucional) was proposed and formalized in May 2019 (attached document 1), which served as the basis for proposing a specific agreement to carry out the pending urban infrastructure works in the western sector of Finca San Juan, using funds from the community housing bond financed by BANHVI (document 2).

The Municipality obtained approval of said agreement in December 2019 (document 3). However, the agreement was never signed because a doubt arose on the Municipality's part as to whether it might ultimately not be recognized by BANHVI, since that institution is, after all, the one that makes the final decision. INVU was asked to obtain a formal and legally valid ruling from BANHVI regarding its acceptance of this public-public alliance between INVU and the Municipality of San José, in June 2021 through official memorandum GPS-GVAH-019-2021 (document 4), but to date, no such ruling has been issued, as acknowledged by the INVU representative in his statement on record in the file. In October 2018, a field survey was conducted together with the Board of the Comprehensive Development Association covering the entire western sector, where the community housing bond works would be carried out. This survey indicates that on boulevard 21 (alameda 21), where the affected person lives, there is an operational potable water network and a wastewater (aguas residuales) collection network duly in operation.

Obviously, as the competent institution indicates, this water is conveyed untreated to the Tiribí River (…). With respect to the information provided by the INVU representative regarding the funding given to the municipality for the construction of the wastewater treatment plant (PTAR) in Finca San Juan, that information is not entirely correct, as the scope of said budget allocation (partida) is to fully design the wastewater treatment plant and, additionally, it will be used in a complementary manner to organize and separate wastewater from stormwater (aguas pluviales), which currently flow mixed into the river, and to build the access infrastructure to the future construction site. The cooperation agreement between MIVAH and the Municipality for this initial phase, for 800 million colones, leaves the environmental sanitation (saneamiento ambiental) situation for San Juan with the need to find 1,400 million colones in financing, according to AyA's own estimates, necessary for the construction of the PTAR.

As a municipality, we maintain an unwavering commitment to executing the community housing bond for Finca San Juan using BANHVI funds, but we consider BANHVI's position regarding the proposed public-public alliance to be unclear and nebulous. After all, with an approved budget of 733 million colones to address problems such as those identified by the petitioner in this amparo writ — funds that have been available for 12 years to carry out said public investment — and given the highly complex operational and construction landscape involved in executing it, it is very difficult to understand BANHVI's reluctance to even issue a negative opinion on the specific and well-structured proposal put forward by the Municipality of San José. It is essential to note that the will of the local government, as represented by the Municipality of San José, has always been at the forefront in confronting and seeking solutions to the problems of the informal zones of the canton, as is its mandate.

In September 2007, the Municipal Council (Concejo Municipal) exceptionally received the streets and public areas of Finca San Juan from INVU (document 5), even though they were not yet completed and had unresolved encroachment issues. Within its limited financial capacity, it has invested significant funds to improve the infrastructure of said settlement. However, within its regular revenues, there are no funding sources that would allow it to take on multi-million-colón projects capable of halting the deterioration of the quality of life of its municipal residents (munícipes). That is why we have implemented an intensive practice of engaging with central government institutions that do have the necessary resources, in the magnitude required to meet environmental sanitation needs such as those in Finca San Juan. Indeed, our strategy of continuing to negotiate capital transfers from national institutions will grow over time; however, that does not prevent us from acknowledging that we are not the primary actors capable of resolving, through our initiative alone, problems such as the present one.

The urban planning law (ley de planificación urbana) only grants us the authority to act as administrators of the territory, overlooking the fact that in many cases, that territory suffers from the atrophy of institutionalized deterioration in its urban and financial environment, accumulated over decades. We are living under a very well-structured 'what ought to be' of laws and regulations that, in the end, leave the citizen defenseless — who, as in this case, is simply asking to be recognized as a taxpayer like any other, to escape from an informality from which he cannot exit alone using the tools provided by our current legal framework." The Management therefore concludes: "regarding this matter, it is clear that the Municipality has taken all actions within the legally possible framework available to the institution, and that the actions to be taken must be carried out by the public institutions involved that are legitimately empowered to do so, who must then coordinate the support that the Municipality can provide." It requests that the writ be dismissed.

  1. 11The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

The opinion is drafted by Justice (Magistrado) Araya García ; and,

Considering:

I.Subject of the writ. The petitioner claims a violation of her fundamental rights, alleging that the residents of Pavas, specifically of the Finca San Juan Settlement, Dirección03, do not have access to potable water.

II.Proven facts. The following facts are considered to be duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been corroborated or because the respondent failed to address them as required in the preliminary order (auto inicial):

- Regarding the Finca San Juan Settlement:

  • a)The Finca San Juan Settlement is a residential project that began its development in the early 1990s. The land required for this project was contributed by the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), and the project was promoted and executed by Mutual Heredia (see reports submitted and evidence on file).
  • b)In 1994, Mutual Heredia withdrew from the development of the residential project, leaving the construction of the project unfinished (see reports submitted and evidence on file).
  • c)In 1996, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) assumed continuation of the Finca San Juan Settlement, intervening at that time in the construction of urbanization works for seven blocks, of which urbanization works were not completed in three (see reports submitted and evidence on file).
  • d)The parent parcel (finca madre) to which the Finca San Juan Settlement belongs is registered in Nombre01 of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and is associated with cadastral map (plano de catastro) SJ-0191977-1994, and has been assigned property registry folio (Folio Real) 1-0240356-000, with a total area of 185.332,76 m2 (see reports submitted and evidence on file).
  • e)Of the total area of the Finca San Juan parcel, the public areas were transferred to the Municipality of San José and the residential lots (lotes residenciales) were separated, which remained registered in Nombre01 of INVU (see reports submitted and evidence on file).
  • f)Currently, it is proposed to develop the area corresponding to the third phase of the Finca San Juan project, which covers an area of 60.537,46 m² (including residential lots, streets, parks, communal areas, children's play areas, and tree-lined walkways), for the implementation of a Bono Comunal that would provide the families occupying the settlement with the pending infrastructure works and those that are in poor condition. Thus, in general terms, the scope of the works under said Bono Comunal, as approved at the pre-feasibility stage by the Board of Directors of BANHVI for a total amount of ₡733.567.211,34 colones, was to improve, rehabilitate, or construct the following systems: drinking water supply system, wastewater (aguas residuales) drainage system, stormwater (aguas pluviales) drainage system, sidewalks (aceras), and road grading and formation (conformación de calles) (see reports submitted and evidence provided).
  • g)Once the pre-feasibility of the project was approved, BANHVI received a requirement from AyA to construct a wastewater treatment plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR), since the wastewater from the settlement's formal and informal areas is flowing into the river, and AyA would not authorize the construction of any other infrastructure works until this problem was addressed (see reports submitted and evidence provided).
  • h)The Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, together with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, is holding meetings with AyA and the Municipalidad de San José to seek a joint solution to the problem, principally because the available resources are insufficient for the development of both the infrastructure works and the PTAR (see reports submitted and evidence provided).
  • i)According to official memorandum (oficio) DPH-UPH-0183-2021 of May 27, 2021, INVU indicated that the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) approved the transfer of budgetary resources to the Municipalidad de San José, so that it may construct a PTAR to receive the wastewater from the Asentamiento Finca San Juan, third phase. Furthermore, in that memorandum, INVU proposed entering into a direct contract (contratación directa) with the Municipalidad de San José for the design and construction of the infrastructure improvement works of the project, based on Articles 138 and 139(i) of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (see reports submitted and evidence provided).
  • j)By means of official memorandum PE-Al-154-2021 of June 25, 2021, the Legal Advisory Office of INVU issued a favorable opinion on the direct contract with the Municipalidad de San José as contractor and consultant for the design and construction of the project (see reports submitted and evidence provided).
  • k)By means of official memorandum DF-OF-1343-2021 of September 17, 2021, BANHVI indicated that "…there is no objection to INVU applying the direct contracting procedure, based on Articles 138 and 139(I) of the Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, for the design and construction of the improvement works of the Proyecto San Juan, provided that it does not exceed what has already been approved under the Bono Comunal, that it does not constitute a ruinous bid (oferta ruinosa), and that the bidder commits to carrying out everything established in the tender specifications (cartel)." Furthermore, in that memorandum, BANHVI instructed INVU to proceed in accordance with the applicable regulations in order to initiate the contracting process and ultimately provide the families, through the Bono Colectivo, with the necessary drinking water, sanitary, stormwater, and road infrastructure (see reports submitted and evidence provided).
  • l)Currently, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo has submitted a request and is awaiting the municipal council resolution (acuerdo Municipal) approving the modification of the project scope (see reports submitted and evidence provided).
  • m)Currently, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo has submitted a request to BANHVI for consultation and/or approval of the direct contract with the Municipalidad de San José as contractor and consultant, to design the plans, obtain the permits, and execute the works. This matter is pending resolution. However, the Municipalidad de San José does not agree with the agreement signed with INVU, as it considers that BANHVI has not been clear regarding the available budget (see reports submitted and evidence provided).

- On the petitioner's (recurrente) drinking water request:

  • a)The property where the petitioner currently resides forms part of an informal settlement (asentamiento irregular) known as Finca San Juan, in the district of Pavas, which comprises more than 1,000 properties subdivided from the parent tract (finca madre) (see reports submitted and evidence provided).
  • b)In 2001, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceeding no. P11112001120101. However, that request was not approved, since the settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA with respect to construction plans and the acceptance of infrastructure works constructed (see reports submitted and evidence provided).
  • c)Since August 20, 2002, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has notified the petitioner of the problem preventing the approval of the requested new service (see reports submitted and evidence provided).
  • d)In 2011, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceeding no. P11132011020001. However, that request was not approved, since the settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA with respect to construction plans and the acceptance of infrastructure works constructed (see reports submitted and evidence provided).
  • e)In July 2020, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, request no. 2020-00028626-1. However, that request was not approved, since "the property is located in a project that does not have acceptance of works and also lacks drinking water infrastructure adjacent to the boundary bordering the public road" (see reports submitted and evidence provided).

III.Background of the Finca San Juan Settlement. For an adequate analysis of the present case, it is relevant to note that this Tribunal has previously considered an amparo petition (recurso de amparo) concerning the situation of the Finca San Juan Settlement in Pavas and the drinking water service. Thus, in judgment no. 2010-020764 of 4:11 p.m. on December 14, 2010, this Constitutional Chamber stated the following: "(…) I.- Subject of the petition. The petitioner alleges that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados refuses to provide her with drinking water service, as well as sanitary sewer service (alcantarillado sanitario), which violates her fundamental rights (…) IV.- On the specific case. In the case under study, the petitioner considers her fundamental rights to have been violated by the refusal of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide her with drinking water service, as well as sanitary sewer service.

The petitioner resides in a project located in Finca San Juan de Pavas, financed by an INVU Bono Comunal, the works for which have not yet been handed over to AyA as they remain unfinished. This is an area comprising 360 lots, with very few urbanization works, where all families have fraudulent connections (conexiones fraudulentas). In accordance with the studies and reports, AyA is materially unable to provide the services requested by the petitioner (amparada), pursuant to the provisions of the Customer Service Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes), since, the works not having been handed over to AyA, the institution cannot provide a service through assets that do not belong to it. This situation has been made known to the petitioner, who has had an irregular water connection. That being the case, the Chamber finds that AyA's refusal is neither arbitrary nor unreasonable, since it is grounded in a legal impossibility for the reasons already set out.

As reported, AyA is aware that the draft tender specifications for the infrastructure improvement works project at Finca San Juan settlement have received pre-feasibility approval and are under review. It is thus estimated that the financing approval would be presented approximately in November 2010, so AyA is already coordinating actions with INVU for liaison with the technical side before the works begin. V.- Thus, for the reasons stated, the appropriate course of action is to dismiss the petition filed, having found that the challenged decision is grounded in technical and legal criteria. Therefore: The petition is dismissed."

IV.On the Drinking Water Request. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal finds that the petitioner's fundamental rights have been violated. This is because the report submitted by the representative of the respondent authority—which is deemed given under oath, with the consequences, including criminal penalties, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, have duly established that the property where the petitioner currently resides forms part of an informal settlement known as Finca San Juan, in the district of Pavas, comprising more than 1,000 properties subdivided from the parent tract. Thus, in 2001, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceeding no. P11112001120101. However, that request was not approved, since the settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA with respect to construction plans and the acceptance of infrastructure works constructed.

Likewise, since August 20, 2002, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has notified the petitioner of the problem preventing the approval of the requested new service. Furthermore, in 2011, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceeding no. P11132011020001. However, that request was not approved, since the settlement known as Finca San Juan, located in the district of Pavas, has not been approved or received by ICAA with respect to construction plans and the acceptance of infrastructure works constructed. Subsequently, in July 2020, the petitioner filed a request for a new drinking water service with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, request no. 2020-00028626-1. However, that request was not approved, since "the property is located in a project that does not have acceptance of works and also lacks drinking water infrastructure adjacent to the boundary bordering the public road."

This Tribunal finds, however, that this denial (denegatoria) is related to a lack of coordination among the respondent institutions (instituciones recurridas) in resolving the situation of the Asentamiento Finca San Juan. This is because it has been established that, with respect to the irregular settlement (asentamiento irregular) known as Asentamiento Finca San Juan, institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Banco Hipotecario de la Vivienda, and the Municipalidad de San José have taken steps to address the irregular status of said settlement. At present, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo has requested, and is still awaiting, the Municipal agreement approving the modification of the project's scope. Furthermore, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo submitted a request to BANHVI for consultation and/or approval of the direct contracting of the Municipalidad de San José as contractor and consultant, so that it may design the blueprints, obtain the permits, and carry out the works. That request is still pending a response. However, the Municipalidad de San José does not agree with the agreement signed with INVU, as it considers that BANHVI has not been clear regarding the available budget. Consequently, although these institutions are coordinating to resolve the problem, there are disagreements regarding the project.

In this regard, the violation of the petitioner's (recurrente) fundamental rights is established. This is so because the respondent authorities (autoridades recurridas) have been aware of the problem for more than 10 years, and the irregular status of the said property is therefore long-standing. It should be noted that, from the evidence submitted, it was determined that the Defensoría de los Habitantes intervened and requested inter-institutional coordination more than ten years ago. Therefore, while it is formally established that the project has not been received by ICAA—which technically and legally prevents the approval and provision of the service—it is equally true that the project has been unable to be received due to coordination problems among the institutions and the failure to complete the pending works, which have already been identified. Therefore, this Tribunal finds it appropriate to note that, in settled case law (jurisprudencia), it has been held that the coordination principle (principio de coordinación) operates among the various state institutions, establishing that the State is obligated to ensure that its entities adopt and implement all measures necessary to organize and harmonize their actions, so that administrative management is as swift and effective as possible for the benefit of those subject to its authority (administrado), as well as in accordance with the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed in the organization and performance of administrative functions.

Thus, as long as this lack of coordination persists, the problem of potable water supply in a highly populated settlement continues unresolved—and, it bears repeating, this situation has been known for a considerable time; indeed, the cited precedent dates to 2010, and even then it was stated that the project would be ready by November 2010, which did not occur. Consequently, this failure of the respondent authorities to coordinate in resolving the irregular status of the Asentamiento Finca San Juan has resulted in the petitioner and other residents of said settlement not receiving potable water service. Therefore, the appropriate course of action is to uphold (con lugar) the appeal.

V. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE (EXPEDIENTE)

The parties are hereby notified that any documents submitted in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be retrieved from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment (sentencia). Otherwise, all materials not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is hereby upheld. Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; Erick Solano Coto, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Dagoberto Hidalgo Cortés, in his capacity as General Manager of the Banco Hipotecario de la Vivienda; Tomás Francisco Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; and Paula Vargas Ramírez, in her capacity as Mayor of the Municipalidad de San José, or whoever may hold those positions in their stead, are hereby ordered to establish the appropriate coordination mechanisms among all of the following institutions: the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Banco Hipotecario de la Vivienda, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipalidad de San José, so that, within their respective areas of competence, all pending work is executed and completed within a maximum period of 24 months, counted from the notification of this judgment, thereby resolving the matter of potable water service provision in the Asentamiento Finca San Juan.

The respondent authorities are hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order—issued within an amparo proceeding (recurso de amparo)—that they are required to comply with or to enforce, and who fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely punishable under another provision. The State, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipalidad de San José are ordered to pay the costs (costas), damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in enforcement of judgment (ejecución de sentencia) before the contencioso administrativo court. Notice to be served.

Fernando Castillo V.

President Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo *OTHRQBWUMIU61* Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección04, Dirección05, 100 m south of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception for matters involving vulnerable groups: Dirección06, San José, Distrito Catedral, Dirección07, calles 19 y 21, Dirección08

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*CED01* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre01 001], cédula de identidad [Valor CED02], contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de agosto de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y manifiesta que los vecinos de Pavas, Finca San Juan, bloque G2, casa 8, alameda 21, no cuentan con agua potable, problemática que data desde el año 1999. Alega que el acceso al agua es un derecho fundamental e indispensable para que no se propague el covid y otras enfermedades. Destaca que en dicha alameda habitan personas adultas mayores y menores de edad. Explica que sus viviendas fueron construidas por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) en 1997 y que cuentan con aceras, caños, tuberías de aguas negras y de agua potable; sin embargo, el AyA no les proporciona el servicio de agua potable, argumentando que no existe tubo madre. Acusa que han tenido que ingeniárselas para tener acceso al agua, lo cual los ha expuesto a ser víctimas de cobros excesivos y a quedarse sin agua de un momento a otro. Alega que por tal razón requieren sus propios medidores, que el AyA les ha denegado. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante resolución de las 15:37 horas del 25 de agosto de 2021, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
  3. 3Informa bajo juramento Irene Campos Gómez, en su condición de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (informe rendido el 31 de agosto de 2021), en los siguientes términos: “Este Ministerio de Vivienda y de Asentamientos Humanos, no ha violentado derecho constitucional alguno de la gestionante, ya que lo indicado por la señora recurrente no corresponde a ningún incumplimiento de las competencias de este Ministerio, como adelante lo desarrollaremos con amplitud. Señalado lo anterior, es oportuno aclarar que, dentro de las competencias del Ministerio, no se contemplan, la declaración de inhabitabilidad de inmuebles, el desalojo de inmuebles, ni la tramitación, ni el otorgamiento de bonos individuales o colectivos, el financiamiento de vivienda, así como tampoco la aprobación de permisos u otro tipo de autorizaciones para la construcción de vivienda, proporcionar el servicio de agua potable, ni autorizar la obtención de medidores de agua para cada vivienda, ni el visado de planos, permisos de construcción de obras de urbanización, entre otros, por ser todas éstas ajenas a nuestro ámbito funcional.Lo anterior, tanto en situaciones regulares como aquellas excepcionales (con ocasión de una emergencia nacional) (…) Por lo que se extrae de lo anteriormente expuesto, que este Ministerio no es la entidad que otorga bonos para la vivienda o resuelve sobre dotar de vivienda digna a las familias, o proporcionar servicio de agua potable a las viviendas de los ciudadanos o de medidores de agua, lo que realiza este Ministerio son las acciones de orientación y coordinación conforme con nuestras competencias y brindar información respecto a la forma de tener acceso a los beneficios que brinda el sistema financiero nacional para la vivienda. La problemática de proporcionarle agua potable y su correspondiente medidor es materia competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien es el ente facultado para solucionar el problema y atender el servicio; la señora recurrente y su comunidad han de solicitar a dicho instituto que le solucione el problema. 4.- CONCLUSIONES: En virtud de lo que se ha venido exponiendo puede concluirse, sin lugar a dudas, que: 1.Este Ministerio no ha violentado derechos o garantías constitucionales de la aquí gestionante, ya que conforme la distribución de competencias y en respeto del principio de legalidad, no corresponde a este Ministerio y no se contemplan, la declaración de inhabitabilidad de inmuebles, el desalojo de inmuebles, ni la tramitación, ni el otorgamiento de bonos individuales o colectivos, el financiamiento de vivienda, así como tampoco la aprobación de permisos u otro tipo de autorizaciones para la construcción de vivienda, proporcionar el servicio de agua potable, ni autorizar la obtención de medidores de agua para cada vivienda, ni el visados de planos, permisos de construcción de obras de urbanización, entre otros, por ser todas éstas ajenas a su ámbito funcional. Lo anterior, tanto en situaciones regulares como aquellas excepcionales (con ocasión de una emergencia nacional). 2. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos no ha violentado derechos o garantías constitucionales de la aquí recurrente, puesto que este Ministerio no tiene injerencia en proporcionar agua potable ni autorizar la obtención de medidores de agua potable para las viviendas. 3.Con base en lo expuesto, se considera que no se han violentado los derechos constitucionales de la recurrente. Por lo anterior, téngase por contestada la audiencia conferida y rendido el informe respectivo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  4. 4Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 31 de agosto de 2021, la recurrente aporta prueba para que sea analizada en el presente recurso.
  5. 5Informa bajo juramento Tomás Francisco Martínez Baldares, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 31 de agosto de 2021), en los siguientes términos: “ Primero: El inmueble para el que la recurrente solicita inicialmente el nuevo servicio de agua potable (años 2001 y 2011) y la disponibilidad últimamente (año 2020), forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre. Segundo: Según la información incorporada al sistema de control para solicitudes de disponibilidades anterior, y en el utilizado actualmente, así como de los documentos aportados por la recurrente, se corrobora que se tramitaron las solicitudes de nuevos servicios Nos. P11112001120101 (año 2001) y P11132011020001 (año 2011), que NO SE APROBARON, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por mi Representada, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas, desconociendo por ende el estado de dicha infraestructura, lo que tornó en técnica y reglamentariamente improcedente aprobar servicio alguno en dicho inmueble; se registra también una solicitud de disponibilidad de servicios para la finca identificada con matrícula , número de solicitud 2020-00028626-1, con resultado negativo, así notificado el día 14 de julio del 2020 a la solicitante al medio señalado al efecto, señalándose que el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública.Según la documentación aportada por la interesada, desde el 20 de agosto del 2002 , AyA comunicó la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado, por lo que es de conocimiento de la recurrente, desde hace casi veinte años , la no recepción de obras del proyecto como tal, ni la existencia de tubería frente el inmueble. Tercero: Ante la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes de la República por el señor [Nombre01 002], a favor de su hija, la aquí recurrente [Nombre01 001], sobre este mismo caso, el Departamento de Urbanizaciones Región Metropolitana, en oficio No. URB-E-059-2002 de fecha 22 de agosto 2002, dirigido al Defensor de los Habitantes, señala que en aras de normalizar la irregular situación de este asentamiento, se requieren levantamiento de los sistemas construidos, efectuar las pruebas requeridas para verificar su estado y ejecutar las interconexiones a las redes existentes, fundamentado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA con los requisitos definidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, así como de las exigencias técnicas que permite el abastecimiento continuo y de cantidad de los servicios requeridos que indica: “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados.Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su caso, con las consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana, Nº4240 de 15 de noviembre de 1968”. (El subrayado no es del original). Cuarto: La Defensoría de los Habitantes de la República, resuelve esta denuncia y acoge en un todo los requerimientos legales, técnicos y reglamentarios citados por mi Representada y en oficio No. 08068-2002-DHR de fecha 6 de setiembre del 2002, recomienda al MINISTERIO de VIVIENDA y ASENTAMIENTOS HUMANOS y al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO: “…coordinar entre ambas instituciones para solicitar el levantamiento de los planos, a quien corresponda, para que en el menor plazo posible, esta comunidad pueda contar con el servicio de agua potable..” .Quinto: Señala la recurrente el pago de impuestos municipales, indicar que es un tema ajeno a mi Representada, pues esto no evidencia la constitución legal de una edificación. De hecho, para efectos de solicitar un nuevo servicio, además de aportar una disponibilidad positiva, está dentro de los requisitos el aportar una autorización o aval de la Municipalidad sobre la construcción del inmueble (no así una constancia de pagos de impuestos Municipales), no basta con aportar el pago de impuestos, lo anterior está respaldado en lo que señala el artículo 68 inciso d) del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°27, Alcance N°29 del martes 9 de febrero del 2021, según el acuerdo de Junta Directiva 2020-442: d) Copia del permiso municipal de construcción vigente, o bien el Número de Proyecto tramitado ante la plataforma APC debidamente aprobado, con el fin de que AyA constate la existencia del requisito, en caso de que se trate de una edificación por desarrollar.El permiso deberá ser coincidente con el fin inicial para el que se gestionó y aprobó la disponibilidad. Igualmente, podrá suscribir una declaración jurada que sustituya este requisito, sin embargo, AyA de previo a la aprobación del trámite deberá de verificar ante la Municipalidad correspondiente la veracidad de lo consignado por el solicitante, información que deberá ser remitida mediante correo electrónico u otro medio virtual que agilice el trámite, dentro del plazo de hasta 4 días hábiles. En caso de que el Municipio desmienta lo declarado por el solicitante, se dejará sin efecto la gestión y se procederá con la denuncia penal correspondiente. Sexto: AyA desconoce el que cobro menciona la recurrente, pues revisando el catastro de servicios existentes en la zona, para el Asentamiento San Juan, no hay servicios cercanos al inmueble de la interesada, así como tampoco servicios que brinden el agua potable, por tanto, no hay evidencia de algún cobro de servicio que la interesada señala.Por lo tanto, se podría indicar que poseen de forma ilegal el abastecimiento de la zona pues como bien lo mencionan en el escrito de interposición, están conectados a una red sin autorización de la Institución. Sétimo. Se desconoce bajo que parámetros en el año 2000 el INVU aprobó el bono de vivienda caso N°5405541400, para la finca en estudio, pues la Institución no posee información de la Disponibilidad de Servicios positiva para el inmueble. Octavo. Según los expedientes del área de Urbanizaciones, específicamente el expediente AM-3011 para este caso, la última presentación de documentación que realizó el INVU fue en el año 2008, en el cual mediante el documento URB-2008-02 / BIT-2008-01 del 22de enero del 2008 el área de Urbanizaciones del AyA solicitó aportar documentación que no había sido aportada completa, y hasta la fecha no existe tal subsanación. Noveno . Por último, es de gran valor mencionar que en el año 2002 el INVU indicó mediante el documento UEPN-342-2002 (aportado por la interesada) donde señalaba que el proyecto “San Juan” no estaba conectado a la tubería de agua potable (…) De lo anterior, es posible reiterar que esta oficina otorga constancias de disponibilidad de servicios para las propiedades que cumplan con todo lo señalado en la normativa vigente, así también normativa urbana, posterior a esto y cumplidos todos los demás requisitos, se procede a otorgar un nuevo servicio.Lo anterior ya queda reflejado en los puntos anteriores, donde se concluye que a pesar de tener años este tema del asentamiento San Juan, no ha sido posible tramitar por parte del INVU las subsanaciones para la aprobación del proyecto y posteriormente la recepción de obras por parte del AyA. Con fundamento en el Principio de Legalidad, indicar que, para optar por un servicio, los interesados deben presentar todo lo que señala el Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, y no es únicamente una disponibilidad, sino todos los requisitos (incluido el permiso de construcción o bien el aval Municipal sobre la edificación existente). A manera de conclusión tenemos que existe un impedimento técnico para poder brindar una disponibilidad y por ende, un futuro servicio, por la inexistencia de red de agua potable frente al inmueble, contraviniéndolo establecido en la normativa mencionadas, por lo que es responsabilidad del I.N.V.U. terminar de tramitar las gestiones para que el AyA brinde la recepción de obras del asentamiento y posterior a ello, cumplidos todos los requisitos reglamentarios, brindar la debida autorización para la medición individual de cada inmueble y sus viviendas, pues no es una problemática exclusiva de la recurrente, sino que es un tema que involucra muchas personas que viven en el asentamiento “Finca San Juan”, pues todos poseen las mismas condiciones que la recurrente.Finalmente, siendo que la situación de este inmueble imposibilita legal y reglamentariamente aprobar lo solicitado y pretendido por la recurrente y quedando debidamente acreditado que lo actuado por AyA, ha sido en estricto apego y observancia con las posibilidades técnicas y jurídicas establecidas en el marco constitucional y legal por el principio de legalidad, por ende, no se ha violentado ningún derecho constitucional a la recurrente por lo que solicitó se declare sin lugar el recurso de amparo”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  6. 6Informa bajo juramento Erick Solano Coto, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (informe rendido el 01 de setiembre de 2021), que se adjunta el informe técnico que elaboró la Unidad de Programas Habitacionales acerca de las gestiones realizadas hasta el 2017, con el fin de dar a conocer el trazo del trabajo que ha venido realizando esta Institución en la tercera etapa de la Urbanización Finca San Juan, no solo en la alameda que pretende la recurrente. Menciona que, de las reuniones sostenidas para atender el problema de abastecimiento de agua potable, el ICAA exigió la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ya que las aguas servidas con tuberías formales o informales del asentamiento caen directamente al río, por lo tanto, ellos no aprueban los servicios básicos hasta que se construya la PTAR. Señala que de las reuniones sostenidas con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la Municipalidad de San José y la Asociación de Desarrollo de Finca San Juan, el MIVAH aprobó un presupuesto para que la Municipalidad de San José construya la PTAR, además, con ello construir las obras pendientes de mejora del proyecto, según el acuerdo de financiamiento aprobado por el BANHVI.Esto significa que, la Municipalidad, como Empresa Constructora y Consultora, va a construir la PTAR y, a la vez, ejecutar las obras de mejora de las tuberías de agua potable, tuberías pluviales y sanitarias, así como mejora de las calles, alamedas y el sistema eléctrico. Así, el INVU, mediante una “contratación directa”, pactaría con la Municipalidad de San José como Empresa Constructora. Aclara que actualmente en agosto de 2021 tenemos el siguiente escenario: - está solicitado y pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto; - La Asesoría Legal del INVU, mediante oficio PE-Al-154-2021 del 25 de junio de 2021, dio criterio positivo sobre la contratación directa de la Municipalidad de San José, como constructora y consultora para diseñar y construir el proyecto; - está solicitado ante el BANHVI y pendiente de respuesta, la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras.Concluye que, de lo expuesto, se denota que el INVU se encuentra trabajando no solo en atacar el problema del abastecimiento del agua potable para todo el proyecto, si no, en mejorar la infraestructura de Finca San Juan III Etapa, por lo que, de forma individual, ni puede atenderse el recurso planteado por la recurrente. Añade que las mejoras son integrales para la colectividad con un interés claro y definido. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  7. 7Mediante resolución de las 10:40 horas del 16 de setiembre de 2021, este Tribunal dictó una resolución de ampliación de curso del presente asunto.
  8. 8Informa bajo juramento Dagoberto Hidalgo Cortés, en su condición de gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (informe rendido el 23 de setiembre de 2021), en los siguientes términos: “1. Finca San Juan es un proyecto residencial que inició su desarrollo a inicios de la década de 1990. El terreno requerido para dicho proyecto fue aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y fue impulsado y ejecutado por la Mutual Heredia. En el año 1994 esta última entidad se retiró del desarrollo del residencial, dejando inconclusa la construcción del proyecto. 2. En el año 1996 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) asumió la continuación de Finca San Juan, interviniendo en dicha oportunidad en la construcción de obras de urbanización de siete bloques, de los cuales en tres no se concluyeron las obras de urbanización. 3. La finca madre a la cual pertenece el asentamiento, se encuentra inscrita a Nombre01 del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, está asociada al plano de catastro SJ-0191977-1994 y tiene asignado el Folio Real 1-0240356-000, con un área total de 185.332,76 m2.Del total de la finca se trasladó a la Municipalidad de San José las áreas públicas y se segregaron los lotes residenciales, los cuales quedaron inscritos a Nombre01 del INVU. De acuerdo con la documentación presentada por esta última entidad, se pretende acondicionar la zona correspondiente a la tercera etapa del proyecto Finca San Juan, la cual tiene asociada un área de 60.537,46 m2 (incluyendo área de lotes residenciales, calles, parques, zona comunal, juegos infantiles y alamedas), para el desarrollo de un Bono Comunal que vendría a dotar a las familias que ocupan el asentamiento de las obras de infraestructura pendientes y las que se encuentran en malas condiciones. 4. En términos generales, el alcance de las obras de dicho Bono Comunal, según la aprobación de prefactibilidad realizada por la Junta Directiva del BANHVI por un monto total de ₡733.567.211,34, fue para mejorar, rehabilitar o construir los siguientes sistemas: sistema de suministro de agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de evacuación de aguas pluviales, aceras y conformación de calles. 5.Una vez aprobada la prefactibilidad del proyecto, se recibió la exigencia del AyA de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ya que las aguas residuales en el asentamiento formales e informales están cayendo al río y no autorizarán la construcción de ninguna otra obra de infraestructura hasta tanto no se atienda esta problemática. 6. A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos sostienen reuniones con el AyA y la Municipalidad de San José para buscar una solución conjunta a la problemática, principalmente porque los recursos disponibles no son suficientes para el desarrollo de las obras de infraestructura y la PTAR. 7. Según el oficio DPH-UPH-0183-2021 de fecha 27 de mayo del 2021, el INVU indica que dentro del contexto que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) aprobó el traslado de recursos presupuestarios a la Municipalidad de San José, para que construya una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que reciba las aguas residuales del Asentamiento Finca San Juan III etapa. 8.Asimismo, en el precitado oficio el INVU propone realizar una contratación directa con la Municipalidad de San José, para el diseño y construcción de las obras de mejoramiento de infraestructura del proyecto, basado en los artículos 138 y 139 (i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre lo cual el BANHVI responde mediante oficio DF-OF-1343-2021 de fecha 17 de setiembre de 2021, donde se indica que “…no se encuentra ningún inconveniente en que el INVU aplique el procedimiento de la contratación directa, basado en los artículos 138 y 139(I) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para el diseño y construcción de las obras de mejoramientos de las obras del Proyecto San Juan, en cuanto a que no sobre pase lo ya aprobado con bono comunal, que no sea un oferta ruinosa y que el oferente se comprometa al desarrollo de todo lo establecido en el cartel.” 9. Con dicha nota se instruye al INVU que proceda conforme a la normativa para poder iniciar el proceso de contratación para poder finalmente dotar a través del Bono Colectivo a las familias de la infraestructura potable, sanitaria, pluvial y vial necesaria”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  9. 9Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de setiembre de 2021, la recurrente manifiesta lo siguiente: “Vengo a responder sobre lo que expuso el AYA. Las obras de construcción que se dieron en este asentamiento conocido como Finca San Juan en Pavas, fue la empresa FUPROVI, las que realizó las obras en este lugar, se supone que todos los permisos para construir fueron otorgados a dicha empresa, sino fuera así los vecinos de Finca San Juan no tuviéramos nuestras casas, de hecho le envió el plano visado de mi propiedad otorgado por la municipalidad para dar veracidad a lo que comunico, cuando me personé a solicitar el servicio de Agua Potable, llevé todos los requisitos que la entidad me solicitó, si no fuera así, no me hubieran aceptado los documentos, para la colocación del medidor, Doy Fe en todo lo expuesto anteriormente, como usted verá Señor Magistrado en el plano visado dice " Construído" al lado atrás está la alameda 20 y la alameda 19 ellos SI tienen agua potable y frente a la alameda dicen los vecinos que pasa el tubo madre.En el documento que expuso sino me equivoco el AYA , dice: que se trata de una edificación por desarrollar, aquí en la alameda 21 las casas están edificadas por FUPROVI y el INVU. Todos estos permisos deben de tenerlo la fundación promotora de vivienda junto con el INVU, sino hubieran otorgados los permisos en este sector de Finca San Juan especialmente en el Dirección01 donde yo habito y de todos mis vecinos no se hubieran construido las casas. En el punto seis expone el AYA que no hay servicios existentes, si los hay señor Magistrado, puesto que en la Dirección02 si pagan agua y la 20 unos pagan y otros no, Entonces cómo se abastecen de agua? Señor Magistrado en la primera denuncia expuesta envié fotos como pruebas sino, fuera así no hubiera ido a denunciar la falta de agua desde hace ya más de 20 años, QUEREMOS NUESTROS PROPIOS MEDIDORES, NO SOLO YO TAMBÍEN MIS VECINOS. El AYA alega que todos en el asentamiento san juan presentan estos problemas, pues no todos.En el documento adjunto del 20 de noviembre del 2001, se solicitó al AYA el preciado líquido, y aún hasta la fecha no hubo respuesta. Ruego que se me dé lugar al recurso de amparo expuesto por mi persona, del que también están afectados mis vecinos. EL LÍQUIDO ES INDISPENSABLE PARA LA VIDA HUMANA”.
  10. 10Informa bajo juramento Paula Vargas Ramírez, en su condición de alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José (informe rendido el 24 de setiembre de 2021), que el Departamento de Servicios Sociales indicó lo siguiente: “En respuesta a su oficio DAJ-3336-25-2021 del 21 de setiembre, recibido el 22 de setiembre en nuestras oficinas, referente a RECURSO DE AMPARO interpuesto por la señora [Nombre01 001] contra la Municipalidad de San José, procedo a manifestarle que visto en detalle el documento, el Departamento de Servicios Sociales de esta Municipalidad no tiene competencias ni funciones relacionadas con dicho caso, por cuanto trata de una necesidad de abastecimiento de agua potable denunciada por una vecina de la comunidad de Finca San Juan en el distrito de Pavas. De modo que, como “Coordinadora del Departamento de Servicios Sociales y Económicos de la Municipalidad de San José” (según cita el recurso), aclaro que no se han violentado derechos ni garantías constitucionales de la recurrente desde la dependencia a mi cargo, en donde además no consta, de acuerdo con los registros de nuestra Oficina de Valoración Social, ninguna atención a la señora [Nombre01 003] .Si bien, se hace referencia a esta Municipalidad con la mención de pago de impuestos municipales, permisos de construcción, y reuniones para que esta institución asuma la construcción de una planta de tratamiento y aguas residuales, así como otras obras de mejora en tuberías, calles y alamedas; está claro que todas estas funciones son ajenas al marco de intervención de nuestra dependencia, y, por tanto, desconocemos cualquier avance, gestión u omisión al respecto. Consulta: Considerando que el mismo recurso de amparo de la señora [Nombre01 001], referido por su persona mediante oficio DAJ-3336-25-2021, fue remitido directamente a nuestras oficinas por la Sala Constitucional el 21 de setiembre, con expediente: 21-016493-0007-CO; le solicito indicarme si debo dar respuesta directa a dicha Sala o es la Dirección de Asuntos Jurídicos la dependencia que responderá en Nombre01 de la institución.Finalmente, por las razones antes expuestas, hago devolución del expediente remitido por su persona de forma física para lo que corresponda”. Asimismo, la Gerencia de Provisión de Servicios mencionó lo siguiente: “La participación activa que ha tenido la Municipalidad de San José, en procura de dimensionar la magnitud del “abandono estatal” del Asentamiento de Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas, inicia desde principios del 2017, cuando se crea el Departamento de Mejoramiento del Hábitat Humano y Regeneración Urbana y más específicamente, la unidad especializada tipo Staff denominada Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos, responsable de buscar alternativas de solución para la erradicación de los precarios del cantón, como parte de un ambicioso Programa de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Humano en el cantón de San José, actualmente en ejecución. Dentro de los objetivos POA para ese año, se definen para esta unidad, como prioridad de atención, el planteamiento de un programa de trabajo concreto, entre otros, para el Asentamiento de Finca San Juan.Conocedores de la problemática de la zona desde 20 años atrás, los funcionarios integrantes de dicho Staff comienzan a generar una estrategia de acercamiento con las instituciones del Sector Vivienda (MIVAH, INVU) y a la Asociación de Desarrollo Integral de Finca San Juan, para plantear temas puntuales pero fundamentales para el desarrollo de la comunidad. Principalmente se planteó una agenda de cooperación interinstitucional con el INVU como dueño registral del Asentamiento, para adquirir competencias y papel protagónico en la erradicación de los Precarios El Relleno y El Tapón y, la activación del bono comunal para Finca San Juan, que la Junta Directiva del BANHVI aprobó desde el 2009 y que, a la fecha no se ha podido construir. Con el INVU se plantea y se concreta la suscripción de un convenio Marco de Cooperación interinstitucional en mayo de 2019 (documento adjunto 1), se sirve de base para plantear un convenio específico para poder realizar las obras de infraestructura urbana pendientes en el sector oeste de Finca San Juan, con recursos del Bono Comunal financiado por el BAHNVI (documento 2).La Municipalidad logra la aprobación de dicho convenio en diciembre de 2019 (documento3). Sin embargo, el convenio no llega a firmarse debido a que, surgió la duda por parte de la Municipalidad, que el mismo pudiera llegar a no ser reconocido por parte del BANHVI, ya que al fin y al cabo este es la institución financiera que toma la decisión final. Se le solicitó al INVU que obtuviera un pronunciamiento formal y legalmente válido por parte del BANHVI, en torno a su aceptación de dicha alianza pública-publica entre el INVU y La Municipalidad de San José, en junio de 2021 mediante oficio GPS-GVAH-019-2021 (documento 4), pero hasta la fecha, este pronunciamiento no se ha producido, como lo reconoce el mismo representante del INVU en su declaración que consta en el expediente. En octubre del 2018 se realizó un levantamiento de campo junto con la Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de todo el sector oeste, donde se realizarían las obras del bono comunal.Este levantamiento indica que en la alameda 21, que es donde vive la persona afectada, existe en funcionamiento operativo, la red potable y una red colectora de aguas residuales debidamente en funcionamiento. Obviamente esta agua, como la institución competente lo indica, es conducida cruda hasta el Rio Tiribí (…) Con respecto a la información que brinda el representante del INVU sobre el financiamiento dado a la municipalidad para la construcción de la PTAR en Finca San Juan, esa información no es del todo correcta, ya que el alcance de dicha partida es para diseñar en forma completa la planta de tratamiento de aguas residuales y adicionalmente, se usará complementariamente para ordenar y separar las aguas residuales de las aguas pluviales, que actualmente llegan revueltas al río y la infraestructura de acceso al jugar de su futura construcción. El convenio de cooperación entre el MIVAH y la Municipalidad para esta fase inicial, por 800 millones de colones, deja el panorama del saneamiento ambiental para San Juan, con la necesidad de encontrar financiamiento por 1 400 millones de colones, según estimaciones del propio AyA, necesarios para la construcción de la Ptar.Como municipalidad mantenemos la férrea voluntad para poder llegar a ejecutar el bono comunal para Finca San Juan, con recursos del BANHVI, pero consideramos poco clara y nebulosa, la posición del BANHVI para que la alianza pública-pública que se propuso pueda llegar a concretarse. Después de todo, con un presupuesto aprobado de 733 millones de colones para resolver problemas como los que la recurrente señala en este recurso de amparo, que están disponibles desde hace 12 años, para realizar dicha inversión pública y con un panorama muy complejo desde el punto de vista operativo constructivo para ejecutarla, es muy difícil de entender la renuencia del BANHVI, siquiera para emitir un criterio negativo ante la propuesta concreta y bien estructurada por parte de la Municipalidad de San José. Es fundamental señalar que la voluntad del gobierno local representado en la figura institucional de la Municipalidad de San José, siempre ha ido adelante, para afrontar y buscar soluciones a los problemas de las zonas informales del cantón, como le corresponde.En setiembre de 2007, el Concejo Municipal recibió de manera excepcional, las calles y áreas públicas de Finca San Juan, por parte del INVU (documento 5), sin siquiera estar terminadas y con problemas de invasiones no resueltas. Dentro de su escasa capacidad financiera, ha invertido importantes partidas de dinero para mejorar la infraestructura de dicho asentamiento. Sin embargo, dentro de sus rentas regulares no existen fuentes de financiamiento que le permitan enfrentar proyectos millonarios, que puedan frenar el deterioro de la calidad de vida de nuestros munícipes. Por eso, es que hemos implementado una práctica intensa en relaciones con las instituciones del gobierno central que sí pueden disponer de los recursos necesarios, en la magnitud requerida para satisfacer necesidades de saneamiento ambiental, como es el caso de Finca San Juan. Efectivamente nuestra estrategia de seguir negociando transferencias de capital desde la institucionalidad nacional se va a incrementar con el tiempo pero, eso no omite que reconozcamos que, no somos protagonistas para resolver con solo nuestra iniciativa, problemas como el presente.La ley de planificación urbana solo nos da la potestad de ser Administradores del territorio, obviando que en muchos casos, ese territorio sufre la atrofia del deterioro institucionalizado en su entorno urbano y financiero acumulado por décadas. Estamos viviendo un muy bien estructurado “deber ser” de leyes y reglamentaciones que al fin y al cabo, dejan en indefensión al ciudadano que, como en este caso, lo que pide es que se le tome en cuenta como un contribuyente más, para dejar una informalidad de la que no puede salir solo, con las armas que le da nuestra legalidad vigente”. Por ende, concluye que: “referente al tema existe claridad que la Municipalidad ha realizado todas las acciones que se encuentran dentro del marco de legalidad posible para la institución, siendo que dichas acciones a tomar deben de realizarse por parte de las instituciones públicas implicadas y que estén legitimadas para hacerlo, y posteriormente coordinar el apoyo que pueda realizar la Municipalidad”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
  11. 11En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García ; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que los vecinos de Pavas, específicamente del Asentamiento Finca San Juan, Dirección03, no cuentan con agua potable.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

- Sobre el Asentamiento Finca San Juan:

  • a)El Asentamiento Finca San Juan es un proyecto residencial que inició su desarrollo a inicios de la década de 1990. El terreno requerido para dicho proyecto fue aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y fue impulsado y ejecutado por la Mutual Heredia (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)En el año 1994, la Mutual Heredia se retiró del desarrollo del residencial, dejando inconclusa la construcción del proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • c)En el año 1996, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) asumió la continuación del Asentamiento Finca San Juan, interviniendo en dicha oportunidad en la construcción de obras de urbanización de siete bloques, de los cuales en tres no se concluyeron las obras de urbanización (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)La finca madre a la cual pertenece el Asentamiento Finca San Juan se encuentra inscrita a Nombre01 del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y está asociada al plano de catastro SJ-0191977-1994, y tiene asignado el Folio Real 1-0240356-000, con un área total de 185.332,76 m2 (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)Del total de la finca del Asentamiento Finca San Juan se trasladó a la Municipalidad de San José las áreas públicas y se segregaron los lotes residenciales, los cuales quedaron inscritos a Nombre01 del INVU (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • f)Actualmente, se pretende acondicionar la zona correspondiente a la tercera etapa del proyecto Finca San Juan, la cual tiene asociada un área de 60.537,46 m2 (incluyendo área de lotes residenciales, calles, parques, zona comunal, juegos infantiles y alamedas), para el desarrollo de un Bono Comunal que vendría a dotar a las familias que ocupan el asentamiento de las obras de infraestructura pendientes y las que se encuentran en malas condiciones. Así, en términos generales, el alcance de las obras de dicho Bono Comunal, según la aprobación de prefactibilidad realizada por la Junta Directiva del BANHVI por un monto total de ₡733.567.211,34 colones, fue para mejorar, rehabilitar o construir los siguientes sistemas: sistema de suministro de agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de evacuación de aguas pluviales, aceras y conformación de calles (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • g)Una vez aprobada la prefactibilidad del proyecto, el BANHVI recibió la exigencia del AyA de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ya que las aguas residuales en el asentamiento formales e informales están cayendo al río y no autorizarán la construcción de ninguna otra obra de infraestructura hasta tanto no se atienda esta problemática (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • h)El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos sostienen reuniones con el AyA y la Municipalidad de San José para buscar una solución conjunta a la problemática, principalmente porque los recursos disponibles no son suficientes para el desarrollo de las obras de infraestructura y la PTAR (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • i)Según el oficio DPH-UPH-0183-2021 del 27 de mayo del 2021, el INVU indicó que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) aprobó el traslado de recursos presupuestarios a la Municipalidad de San José, para que construya una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que reciba las aguas residuales del Asentamiento Finca San Juan III etapa. Además, en ese oficio, el INVU propuso realizar una contratación directa con la Municipalidad de San José, para el diseño y construcción de las obras de mejoramiento de infraestructura del proyecto, basado en los artículos 138 y 139 (i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • j)Mediante oficio PE-Al-154-2021 del 25 de junio de 2021, la Asesoría Legal del INVU dio criterio positivo sobre la contratación directa de la Municipalidad de San José, como constructora y consultora para diseñar y construir el proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • k)Mediante oficio DF-OF-1343-2021 del 17 de setiembre de 2021, el BANHVI indicó que “…no se encuentra ningún inconveniente en que el INVU aplique el procedimiento de la contratación directa, basado en los artículos 138 y 139(I) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para el diseño y construcción de las obras de mejoramientos de las obras del Proyecto San Juan, en cuanto a que no sobrepase lo ya aprobado con bono comunal, que no sea un oferta ruinosa y que el oferente se comprometa al desarrollo de todo lo establecido en el cartel”. Además, en dicho oficio el BANHVI instruyó al INVU que proceda conforme a la normativa para poder iniciar el proceso de contratación para poder finalmente dotar a través del Bono Colectivo a las familias de la infraestructura potable, sanitaria, pluvial y vial necesaria (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • l)Actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó y está pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • m)Actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó ante el BANHVI sobre la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras. Dicha gestión está pendiente en ser atendida. Sin embargo, la Municipalidad de San José no está de acuerdo con el convenio firmado con el INVU, pues considera que el BANHVI no ha sido claro respecto al presupuesto existente (ver informes rendidos y la prueba aportada).

- Sobre la solicitud de agua potable de la recurrente:

  • a)El inmueble en donde habita actualmente la recurrente forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)En el 2001, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11112001120101. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • c)Desde el 20 de agosto del 2002, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la recurrente la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)En el 2011, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11132011020001. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas (ver informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)En julio de 2020, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, solicitud no. 2020-00028626-1. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, pues “el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública” (ver informes rendidos y la prueba aportada).

III.Antecedentes del Asentamiento Finca San Juan. Para el análisis adecuado del presente caso, es relevante indicar que este Tribunal conoció un recurso de amparo sobre la situación del Asentamiento Finca San Juan en Pavas y el servicio de agua potable. Así, en la sentencia no. 2010-020764 de las 16:11 horas del 14 de diciembre de 2010, esta Cámara Constitucional señaló lo siguiente: “(…) I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se niega a suministrarle el servicio de agua potable, así como el alcantarillado sanitario, lo que lesiona sus derechos fundamentales (…) IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, la recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales por la negativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en brindarle servicio de agua potable, así como el servicio de alcantarillado sanitario.

La recurrente habita en un proyecto ubicado en Finca San Juan de Pavas, financiado con bono comunal del INVU, cuyas obras aún no han sido entregadas al AyA pues se encuentran sin concluir. Se trata de una zona que cuenta con 360 lotes, con muy pocas obras de urbanización, donde todas las familias tienen conexiones fraudulentas. De conformidad con los estudios e informes, el AyA se encuentra en imposibilidad material de brindar los servicios solicitados por la amparada, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, toda vez que al no haber sido entregadas las obras todavía al AyA, la institución no puede prestar un servicio por medio de activos que no le pertenecen. Lo anterior ha sido puesto en conocimiento de la amparada, quien ha contado con una conexión de agua irregular. Así las cosas, aprecia la Sala que la negativa del AyA no resulta arbitraria ni irrazonable, toda vez que se fundamenta en una imposibilidad jurídica por las razones ya expuestas.

Según se informó, el AyA conoce que el borrador del cartel del proyecto de obras de mejoramiento del asentamiento Finca San Juan se encuentra con pre factibilidad aprobada y en etapa de revisión. De manera que se estima que aproximadamente en noviembre del 2010 se estaría presentando la aprobación del financiamiento, por lo que el AyA coordina desde ya acciones con el INVU para el enlace con la parte técnica antes que inicien las obras. V.- Así, en razón de lo expuesto, lo procedente es desestimar el recurso planteado por constatar que la decisión cuestionada tiene fundamento en criterios técnicos y jurídicos. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso”.

IV.Sobre la solicitud de agua potable. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el inmueble en donde habita actualmente la recurrente forma parte de un asentamiento irregular conocido como Finca San Juan, en el distrito de Pavas, que se conforma de más de 1.000 propiedades segregadas de la finca madre. Así, en el 2001, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11112001120101.

No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas. Igualmente, desde el 20 de agosto del 2002, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la recurrente la problemática que impedía aprobar el nuevo servicio solicitado. Además, en el 2011, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, gestión no. P11132011020001. No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, ya que dicho asentamiento conocido como Finca San Juan, ubicado en el distrito de Pavas, no ha sido aprobado, ni recibido por el ICAA, en lo referente a planos constructivos y al recibo de obras de infraestructura construidas. Posteriormente, en julio de 2020, la recurrente presentó la solicitud de nuevo servicio de agua potable ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, solicitud no. 2020-00028626-1.

No obstante, dicha solicitud no fue aprobada, pues “el inmueble está localizado en un proyecto que no cuenta con recepción de obras y tampoco cuenta con infraestructura de agua potable frente al lindero colindante con calle pública”.

Ahora bien, este Tribunal constata que esta denegatoria está relacionada con una falta de coordinación entre las instituciones recurridas para solventar la situación del Asentamiento Finca San Juan. Esto, pues se comprueba que, respecto al Asentamiento irregular Finca San Juan, instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Municipalidad de San José han realizado acciones para solucionar la situación de irregularidad de dicho Asentamiento. Así, actualmente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó y está pendiente el acuerdo Municipal sobre la aprobación de la modificación del alcance del proyecto. Además, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo solicitó ante el BANHVI sobre la consulta y/o aprobación para la contratación directa de la Municipalidad de San José como constructora y consultora, para que diseñe los planos, gestiones los permisos y ejecute las obras. Dicha gestión está pendiente en ser atendida. Sin embargo, la Municipalidad de San José no está de acuerdo con el convenio firmado con el INVU, pues considera que el BANHVI no ha sido claro respecto al presupuesto existente. Por consiguiente, aunque dichas instituciones están coordinando para solucionar el problema, existen discrepancias sobre el proyecto.

En este sentido, se constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, pues las autoridades recurridas conocen la problemática desde hace más de 10 años, por lo que la situación de irregularidad de la dicha finca es de vieja data. Nótese que, de la prueba aportada, se determinó que la Defensoría de los Habitantes intervino y solicitó coordinación entre instituciones desde hace más de diez años. Por ende, si bien es cierto que formalmente se determina que el proyecto no ha sido recibido por el ICAA, y que eso impide técnica y legalmente la aprobación y prestación del servicio, también es cierto que el proyecto no ha podido ser recibido por los problemas de coordinación entre las instituciones y la falta de construcción de las obras pendientes, las cuales ya fueron identificadas. Por ende, este Tribunal considera prudente señalar que, en reitera jurisprudencia, se ha indicado que existe el principio de coordinación que opera entre las diferentes instituciones estatales, que establece que el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones, para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado, así como los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas.

Así, mientras se mantiene esa falta de coordinación, se perpetúa el problema de suministro de agua potable en un asentamiento altamente poblado, y, se reitera, de lo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, incluso el precedente señalado es del 2010 y ya en ese precedente se indicó que el proyecto estaría listo en noviembre de 2010, lo cual no sucedió. Por consiguiente, dicha falta de coordinación de las autoridades recurridas para solventar la situación de irregularidad del Asentamiento Finca San Juan ha derivado en que la recurrente y demás residentes de dicho asentamiento no reciban el servicio de agua potable. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

V. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Irene Campos Gómez, en su condición de ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, a Erick Solano Coto, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a Dagoberto Hidalgo Cortés, en su condición de gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, a Tomás Francisco Martínez Baldares, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Paula Vargas Ramírez, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de San José, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, establecer las instancias de coordinación que corresponda entre todas las siguientes instituciones Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Banco Hipotecario de la Vivienda, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la Municipalidad de San José, para que, en el ámbito de sus competencias, se ejecute y construya lo pendiente de realizar, lo anterior en el plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia , y así, se resuelva lo que corresponda respecto de la prestación del servicio de agua potable en el Asentamiento Finca San Juan.

Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo *OTHRQBWUMIU61*

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