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Res. 23025-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/10/2021
OutcomeResultado
The amparo is granted, ordering the Mayor of Santa Bárbara to definitively resolve the flooding and overflow problems of the San Pedro ditch within six months, with immediate mitigation measures, under warning of imprisonment and fine.Se declara con lugar el amparo y se ordena al Alcalde de Santa Bárbara resolver definitivamente el problema de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro en un plazo de seis meses, con medidas de mitigación inmediatas, bajo apercibimiento de prisión y multa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by an elderly neighbor of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, who reported chronic flooding and overflow of the San Pedro ditch affecting his home and health. The Chamber found the Municipality had been aware of the situation since 2020, when SENARA issued a technical report with specific recommendations (closure of intake, alternative stormwater system), but the local government merely placed a metal sheet that neighbors removed after it caused more flooding. Although the Municipality argued the ditch runs through private properties and is not under its administration, the Chamber held the floods violated fundamental rights to health and a healthy environment (Article 50 of the Constitution). It ordered the Mayor to definitively resolve the problem within six months and to adopt immediate mitigation measures. The ruling includes separate opinions: Magistrate Hernández López contextualizes the Chamber's subsidiary role in environmental matters; Magistrate Salazar Alvarado dissents, arguing the case should have been referred to the administrative litigation jurisdiction.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino adulto mayor de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, quien denunció problemas crónicos de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro que afectaban su vivienda y su salud. La Sala constató que la Municipalidad conocía la situación desde 2020, cuando el SENARA emitió un informe técnico con recomendaciones específicas (cierre de captación, sistema pluvial alternativo), pero el gobierno local se limitó a colocar una lámina metálica que los vecinos retiraron por provocar más inundaciones. Aunque la Municipalidad alegó que la acequia discurre por propiedades privadas y no es de su administración, la Sala consideró que las inundaciones lesionaban derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano (artículo 50 constitucional). Ordenó al Alcalde resolver definitivamente el problema en seis meses y adoptar medidas de mitigación inmediatas. La sentencia incluye votos separados: la Magistrada Hernández López contextualiza el rol subsidiario de la Sala en materia ambiental; el Magistrado Salazar Alvarado salva el voto por considerar que el caso debió remitirse a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
Now, from the examination of the file it appears that, although the respondent municipality carried out maintenance work on the ditch last July 2021, following the recommendations of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (…) It should be noted that the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service not only indicated that the ditch intake from the Potrerillos River should be closed, but also recommended that the municipality consider implementing a stormwater evacuation system (storm sewer or open channel) to collect runoff from the Desamparados–Santa Bárbara road and discharge it into the Cañas stream, thereby avoiding the discharge of flows through the ditch alignment; they added that this system could collect the waters carried by the ditch up to the road crossing points and redirect them toward the stream. However, the Municipality of Santa Bárbara limited itself to placing a metal sheet in the canal to divert water toward the Calle Cajón storm pipe, which was removed by the residents themselves due to the flooding this action caused. Additionally, the Mayor of Santa Bárbara stated in his sworn report that they planned and budgeted an intervention plan along the sections located on public roads and in areas of public nature in order to solve the problem afflicting the area; however, he does not detail what the plan is or the expected date for execution and completion of the project. In light of the foregoing, this Court finds an injury to the fundamental rights of the petitioner and of the affected neighbors of the community of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, as will be set out in the operative part of this judgment.Ahora bien, del estudio del expediente se desprende que, si bien la municipalidad recurrida realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, el pasado mes de julio de 2021, en atención a las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (…) Cabe indicar que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no solo indicó que se debía proceder con el cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el río Potrerillos, pues también le recomendaron a la municipalidad que analizaran la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (alcantarillado pluvial o canal abierto) que permitiera colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas, de manera que se evitara la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia y añadieron que dicho sistema podía colectar las aguas que transportaba la acequia hasta los puntos de cruce de la carretera y reorientarlos hacia la quebrada; sin embargo, la Municipalidad de Santa Bárbara se limitó y colocar una lámina de metal en el canal con el fin de desviar el agua hacia la tubería pluvial de Calle Cajón, lo cual fue retirado por los propios administrados debido a las inundaciones que tal actuación provocó. Adicionalmente, el Alcalde de Santa Bárbara indicó, en su informe rendido bajo juramento, que planificaron y presupuestaron un plan de intervención dentro de los trayectos ubicados en la vía pública y en las áreas de naturaleza pública, con el fin de solucionar la problemática que aqueja la zona; sin embargo, no detalla cual es el plan ni la fecha próxima de ejecución y culminación del proyecto. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos afectados de la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho."
"The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right."
Considerando IV
"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho."
Considerando IV
"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes."
"Coordination is the ordering of relations among these various independent activities, taking charge of their convergence on the same object or entity to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects."
Considerando V
"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes."
Considerando V
"En el caso concreto, se acusa que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual, estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de la persona amparada."
"In the specific case, it is alleged that for several years there have been flooding and overflow problems of the San Pedro ditch, a situation fully known to the Municipality of Santa Bárbara, which is why we are dealing with the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction to verify or rule out whether the omissions cited violate the fundamental rights of the protected person."
Nota de la Magistrada Hernández López
"En el caso concreto, se acusa que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual, estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de la persona amparada."
Nota de la Magistrada Hernández López
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**SALA CONSTITUCIONAL** **Resolution No. 23025 - 2021** **Date of Resolution:** 15 October 2021 at 09:15 **Expediente:** 21-018279-0007-CO **Drafted by:** Jorge Araya Garcia **Type of matter:** Amparo remedy **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Dissenting Vote Judgment with separate note **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** SEWER SYSTEM.
023025-21. MUNICIPALITY. THE MAYOR OF SANTA BÁRBARA DE HEREDIA IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO DEFINITIVELY RESOLVE THE PROBLEM OF FLOODING AND OVERFLOWING PRESENTED BY THE SAN PEDRO IRRIGATION DITCH, LOCATED IN THE LOCALITY.
"(...) Now, from the study of the case file, it is clear that, although the respondent municipality carried out maintenance work on the irrigation ditch in July 2021, in response to the recommendations given by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (...) It should be noted that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento not only indicated that the closure of the water intake to the irrigation ditch from the collection point on the Potrerillos River should be carried out, but they also recommended that the municipality analyze the possibility of implementing a stormwater evacuation system (storm sewer or open channel) to collect runoff waters from the Desamparados - Santa Bárbara road towards the southern sector to discharge into the channel of the Cañas stream, so that the evacuation of flows through the irrigation ditch's conveyance line would be avoided, and they added that said system could collect the waters transported by the irrigation ditch up to the road crossing points and redirect them towards the stream; however, the Municipalidad de Santa Bárbara limited itself to placing a metal sheet in the channel to divert the water towards the stormwater pipe of Calle Cajón, which was removed by the residents themselves due to the flooding that such action caused. Additionally, the Mayor of Santa Bárbara indicated, in his report given under oath, that they planned and budgeted an intervention plan within the sections located on the public road and in areas of public nature, in order to solve the problem afflicting the area; however, he does not detail what the plan is or the nearest date for execution and completion of the project. In light of the foregoing, this Court verifies an injury to the fundamental rights of the petitioner and the affected neighbors of the community of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Consequently, the appropriate course is to declare the remedy with merit, as will be set forth in the operative part of this judgment. (...)" VCG11/2021
**Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** SEWER SYSTEM.
023025-21. ENVIRONMENT. THE PROBLEM OF FLOODING AND OVERFLOWING IN SAN PEDRO DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA MUST BE DEFINITIVELY RESOLVED WITHIN A PERIOD OF 6 MONTHS. VCG11/2021 **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 050- Environment **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION
"(...) IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. It must first be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution), as well as through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: "(...) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that ordinal of the political charter, the right to health finds its foundation, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there also exists a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –the principle of sustainable development–". Likewise, the obligation of the State to protect the environment derives from article 50 of the Political Constitution. A rule that establishes to that effect: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. (...)" VCG11/2021
**Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE **Topic:** Coordination **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
PRINCIPLE OF COORDINATION.
"(...) V.- ON THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL PROTECTION. There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the residents. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration - Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health -, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, municipalities have great responsibility in this task regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, it could be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the achievement of common goals, by indicating, through Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: 'Coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain behaviors on them, with which the indispensable inter-institutional 'concert' arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative supervision' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general surveillance powers over the entire sector).' (...)" VCG11/2021
**Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** SEWER SYSTEM.
VII.- NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. 1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone considerable variation, requiring this body to reconsider the conditions for its participation in securing people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by an extremely extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state bodies with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we find ourselves faced with a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with surveillance and control powers over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction – primarily the administrative litigation, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been broadly regulated, so that residents can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues. 3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or –even worse– substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, with which it risks overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that –they indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated. 4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges to allow adequate follow-up on them –generally complex–, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up for months and even years. 5. From this perspective, the decision by this Court to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather the opposite, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established in article 7 of its Organic Law. 6. It is clear that the Chamber does not propose abandoning to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that while every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is to ensure that the Chamber becomes a protagonist along with others, so that –among all and each in their space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must abstain from hearing claims presented for alleged infringement of article 50 of the Political Constitution, in order to leave their knowledge in the hands of administrative justice and the administrative litigation jurisdiction. The foregoing is affirmed generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, according to my criteria, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the knowledge of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a blatant absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim additionally allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be "ordinaried" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to within it. 8. In the specific case, it is alleged that for several years, there have been problems of flooding and overflowing of the San Pedro irrigation ditch, a situation that is fully known to the Municipalidad de Santa Bárbara, reason for which, we are facing the exceptions mentioned and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out if the omissions indicated violate the protected person's fundamental rights.
VCG11/2021 **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** SEWER SYSTEM.
VIII.- DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that declares the remedy with merit, based on the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in article 50 of the Political Constitution, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, via amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects some specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality channel. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard in the legality channel – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be audited. It must be kept in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a proceeding, with the issuance of administrative acts, its knowledge becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process, is only possible in ordinary jurisdiction, given that the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or revision of technical or legal criteria elaborated under the protection of current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or revision of the criteria already contained in the administrative case file. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, with which it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and supervision correspond to the administrative litigation jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality channel. Consequently, this remedy should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, as it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the administrative litigation jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conducts accused conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of legal rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
VCG11/2021 **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** SEWER SYSTEM.
IX.- Partially dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. While I agree with the majority of the Chamber that the remedy should be declared with merit, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is in this case definitively resolving the problem of flooding and overflowing presented by the San Pedro irrigation ditch, located in Santa Bárbara de Heredia. In contrast, the provisions of the Administrative Litigation Procedural Code regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law on Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.
VCG11/2021 **Text of the resolution** *210182790007CO* Res. No. 2021023025 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on October fifteen, two thousand twenty-one.
Amparo remedy processed within case file No. 21-018279-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.
**WHEREAS:** 1.- By a writing incorporated into the digital case file of this Chamber at 10:33 a.m. on September 16, 2021, the petitioner filed an amparo remedy against the Municipalidad de Santa Bárbara. He comments that he is an older adult person of seventy-six years, and is a resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. He states that for several years, there have been problems of flooding and overflowing of the San Pedro irrigation ditch (acequia) in the area where he lives. He notes that this situation is fully known to the Mayor of Santa Bárbara, as stated in official letter No. SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 of August 25, 2020, through which the Engineering and Project Development Directorate of SENARA referred to the problem in question. He relates that the mentioned irrigation ditch was diverted and obstructed in several sections, causing the water to channel onto the public road and form an open-air trench that crosses the road and impedes the free passage of vehicles. He notes that the neighbors in the area have filed verbal complaints before the respondent municipality, with the aim of obtaining an effective solution to the problem of the irrigation ditch overflowing. He expresses that his dwelling house has also been affected by the flooding, a situation that is aggravated because he suffers from prostate cancer and is currently under treatment, and he also states that he has mobility problems due to an amputation he suffered in his left leg. He claims that as of the date of filing this remedy, the problem described has not been resolved by the respondent authorities. He considers that the described events injure his fundamental rights. He requests that the remedy be declared with merit.
2.- By a decision at 4:46 p.m. on September 16, 2021, the process was allowed, and a report was requested from the Mayor, the Council President, and the Head of the Road Management Department; all of the Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, regarding the events alleged by the petitioner.
3.- By a writing incorporated into the digital case file of this Chamber at 10:31 a.m. on September 27, 2021, Víctor Manuel Hidalgo Solís, in his capacity as Mayor of Santa Bárbara de Heredia, reports under oath. He comments that the San Pedro irrigation ditch originates from the Potrerillos River and is located within the hamlet "La Piojina", which runs southward and crosses several private properties. He maintains that the irrigation ditch is not inventoried as public property nor is it concessioned in favor of the municipality, so the administration of it does not correspond to them. He explains that the flow collection problems occur at the height of the crossing over the Santa Bárbara - Desamparados de Alajuela route, where the confluence of stormwater and domestic waters begins. He notes that along the irrigation ditch, there are blockages built in concrete, at the height of private properties and built outside of municipal intervention, which cause the overflows and flooding, a situation that is impossible for the municipal administration to address, since they cannot intervene public funds on private properties. He points out that the irrigation ditch is under the sole administration of its owners, so the described problem is consolidated as a private conflict between the property owners over whose properties it runs; therefore, the respective solution corresponds to the competent courts of private law, being a civil matter. He states that on August 11, 2020, the Municipal Mayor's Office made a formal consultation to the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), the competent body to assess the irrigation ditch, who replied through official letter No. SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 of August 25, 2020, to which they attached a technical report on the situation. He indicates that on July 23, 2021, the Municipalidad de Santa Bárbara carried out maintenance work on the irrigation ditch, in order to provide a solution to the described problem, in response to the recommendations given by SENARA in its report. He adds that despite the municipal intervention to close the irrigation ditch flow, the flow that currently runs is sufficient for flooding and overflows to develop in the affected area. He reports that the local government has planned and budgeted an intervention plan within the sections located on public roads and in areas of public nature, in order to solve the problem afflicting the area. He adds that the street to which the petitioner refers in the filing brief, which is located in front of his dwelling house, is not registered or declared as a public street, in accordance with current regulations. He adds that the problems that the exposed situation generates for the petitioner's health must be presented to the Ministry of Health, which can, within its competencies, order the closure of the irrigation ditch due to the health risk that such overflows could entail. He reiterates that the problem affecting the described area is not of municipal jurisdiction. He requests that the remedy be declared without merit.
4.- By a writing incorporated into the digital case file of this Chamber at 11:18 a.m. on September 27, 2021, Mario Camacho Muñoz, in his capacity as Proprietary Councilor of the Municipal Council of Santa Bárbara, reports under oath. He states that in ordinary session No. 08-2020 of June 22, 2020, the Municipal Council took cognizance of the note signed by [Name 002] and [Name 004], in which they reported the blockage of the San Pedro irrigation ditch, which was causing the water to channel onto the public road, and additionally, such a situation threatened the house of an older adult person with a disability.
It indicates that, through agreement No. 399-2020, approved in ordinary session No. 18-2020 of August 31, 2020, the Municipal Council forwarded the note from Mr. [Name 002] and Mrs. [Name 004] to the municipal administration for its prompt attention, which was notified on September 25, 2020, via official letter No. SCMSB-0199-2020-2024. It clarifies that the situation of the San Pedro acequia was not presented by the appellant; furthermore, it notes that there are no further notes related to the matter at hand in the files of the Municipal Council. It reiterates that the body it represents became aware of the problems in the sector and, in accordance with its powers, forwarded the matter to the municipal administrator for appropriate resolution, and therefore, they consider that the council acted in a timely and proper manner, in accordance with its legal powers. It requests that the appeal be dismissed. 5.- By certification dated September 28, 2021, the Clerk of the Chamber and the Judicial Technician processing the case file make it known that: "it did not appear that from September 21 to September 27, 2021, the Head of the Road Management Department of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia filed any brief or document in order to render the report requested of him in the resolution issued at sixteen hours forty-six minutes on September sixteenth, two thousand twenty-one." 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drawn up by Judge Araya García; and, CONSIDERING: I.- PRELIMINARY ISSUE. Prior to analyzing the merits of the matter regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the relevant administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, an exception is raised, as this is an environmental complaint filed before the Municipality of Santa Bárbara, which allegedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal. II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that he is a resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. He points out that for several years, there have been problems of flooding and overflows of the San Pedro acequia, a situation that is fully known to the Municipality of Santa Bárbara; however, he claims that as of the date of filing this appeal, the exposed problem has not been resolved by the respondent authorities. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following relevant facts are considered duly demonstrated:
The appellant is a resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia (undisputed fact).
By means of a note received on June 16, 2020, in the Secretariat of the Municipal Council and signed by [Name 002] and [Name 004], it was indicated: "On May 8 of the current year, ill-intentioned persons plugged the acequia with concrete material, at the level of Mr. [Name 003]'s property. Such irregular action is affecting us, because since the acequia channel is plugged, the water from said source is overflowing and channeling itself along the road, where we residents of the place travel (...) This situation is aggravated because the water level of the acequia increases significantly during this rainy season, with a greater amount of water circulating along the street. Furthermore, on some occasions when the water level rises so much, it has entered or threatened to enter the home of an elderly person with a disability. The circulating water of the acequia along the street is also deteriorating the road, even more than it already was" (see attached evidence). In technical report No. 004-2020, prepared by the Coordinator of the Engineering and Project Development Directorate of the Western Central Region of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, it was indicated: " 3. ANALYSIS OF THE ACEQUIA. (...) In the first 250 m, the conveyance crosses a hamlet known as La Piojina. In this stretch, a very old concrete piping system with leakage problems is observed. Some sectors have an open ditch, to subsequently flow over an open-air earthen channel, passing through an urban area that includes commercial premises and dwellings. A reference site is located, such as the El Poro nursery, where a channel of significant dimensions is observed, evidencing problems of drag due to high flows and velocities. The owner reports lateral overflows that flow towards the public road. After these areas, a piping system is observed with which an urbanized zone is crossed. This piping extends to a crossing point on the Santa Bárbara Desamparados de Alajuela route. (Point A indicated in Figure 1). At this point, there is a collection box that adds runoff flow coming from the mentioned road, which in turn collects rainwater and domestic water from the entire surrounding urban area. From this point on, the passage of the acequia through properties begins to generate overflow problems and impacts. The acequia continues its route heading Southwest towards the San Pedro sector, crossing an urban area, passing under secondary transport roads and access roads to hamlets. (Point B in Figure 1). These passages are based on concrete culverts, which show evidence of not having the required capacity to evacuate the flows they receive. Their dimension also does not facilitate maintenance work. In its crossing through residential areas, it is possible that constructions have been developed over the conveyance. At some points along the conveyance, impacts to homes and private property have been reported, for which mitigation measures are required to be established. During the visit, a plugging of the conveyance was mentioned due to the construction of a wall, which generates impacts upstream and on adjoining properties, on which constructions have not yet been developed, over which water did not previously flow. From the foregoing, it is deduced that the acequia channel fulfills a function of evacuating runoff flows that includes rainwater and domestic water, and that it is not sufficient to eliminate the entry of water from the river during the rainy season. Furthermore, that its conformation does not comply with the design conditions and capacity required to drain the flows it collects. (...) 5. PROPOSED SOLUTION (Sic) TO EXISTING PROBLEM. Given the condition of illegal use, the water inlet to the acequia from the intake point on the Potrerillos River must be closed. This avoids the overloading of flow during the rainy season. It is advisable to analyze the possibility of implementing a stormwater evacuation system (it could be a storm sewer or an open channel) that allows collecting runoff water from the Desamparados - Santa Bárbara highway towards the southern sector to discharge into the Cañas stream channel. (Points A and B indicated in the aerial photograph in Figure 2). So as to avoid the evacuation of flows through the acequia conveyance line. For this, the streets that extend to the southeast can be used. This system can collect the water transported by the acequia up to the crossing points of this highway and redirect them towards said stream. (See detail of collection systems defined as ALCP1, ALCP2 and AlCP3 in Figure 2)" (see attached evidence). By official letter No. SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 of August 25, 2020, issued by the RCOC Y SUR Coordinator of the Engineering and Project Development Directorate of SENARA and addressed to the Mayor of Santa Bárbara, it was indicated: "I attach for your consideration technical report No. 005-2020 related to the evaluation carried out on the San Pedro acequia and recommendations to follow for the mitigation of the problem it generates" (see attached evidence). By official letter No. SCMSB-0199-2020-2024 of September 25, 2020, the Municipal Council communicated agreement No. 399-2020 to the Mayor of Santa Bárbara, which states: "a) FIRST: To forward to the Administration the note signed by Mr. [Name 002] and Mrs. [Name 004] which says (...) In front of our house, Mr. José Ramírez Sánchez is building a dwelling which has some water outlet pipes, which are falling onto the street, which as we understand is not permitted by urban planning regulations; the only ones that can exit are rainwater and they must be channeled to a drain." The foregoing was notified on September 25, 2020 (see attached evidence). On July 23, 2021, the Municipality of Santa Bárbara performed maintenance work on the acequia, in order to solve the overflow problem, in response to the recommendations given by SENARA in its report (see report rendered under oath). By official letter No. VA-MSB-078-2021 of September 24, 2021, issued by the Deputy Mayor and addressed to the Legal Department, it was indicated: "in order to evidence work that was done to close the acequia from the Calle Vieja sector, a manhole located near 'Soda Jacky' at the intersection of Calle Vieja and Calle Rincón. Said closure was made to cut off the passage of the acequia to Calle Ramírez San Pedro where complaints and incidents of flooding on properties had been received. The work consisted of placing a metal sheet in the channel, which sought to divert the water towards the stormwater pipe of Calle Cajón. These works were carried out by the Works Dept. on July 23, 2021. I do not omit to state that in a few days, said work had been eliminated by private individuals, that is, the sheet was no longer there; consulting in the community, neighbors indicate that by closing the passage of the acequia at that point, floods were caused in homes and on the cantonal route. With this, it remains that closing the acequia and diverting it floods other sectors. To avoid this situation, a technical closure with a study and channeling work would be necessary" (see attached evidence). III.- UNPROVEN FACT. Of importance for the decision in this matter, the following fact is not considered duly demonstrated: SOLE.- That as of today, the Municipality of Santa Bárbara has complied with all the recommendations given by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA), in order to resolve the problem of the San Pedro acequia. IV.- REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. It must be indicated, first of all, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89, of the Political Constitution), as well as through international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in Judgment No. 2006-005928 at 15:00 hours on May 2, 2006, this Court resolved: "(...) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the other fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that paragraph of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now then, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty of protection and preservation of the environment for present and future generations –principle of sustainable development–". Likewise, from article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. A norm that establishes to this effect: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the different public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. V.- REGARDING THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE INTEGRAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT. There is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, that endanger the health of the administered. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health– which, by reason of their subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Similarly, in this task, municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in achieving common goals, by stating, through Judgment No. 5445-99, at 14:30 hours on July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of relationships between these various independent activities, which deals with that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, which gives rise to the indispensable inter-institutional «concert», in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, which allows subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative guardianship' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general vigilance over the entire sector)." VI.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. From the report rendered by the representatives of the respondent authority –which is considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction– and the evidence provided for the resolution of the sub judice, it is deemed demonstrated that through technical report No. 004-2020 of August 2020, the RCOC Coordinator of the Engineering and Project Development Directorate of the Western Central Region of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) analyzed the problem of the San Pedro acequia, detailing the facts exposed by the appellant and stated: "3. ANALYSIS OF THE ACEQUIA. (...) In the first 250 m, the conveyance crosses a hamlet known as La Piojina. In this stretch, a very old concrete piping system with leakage problems is observed. Some sectors have an open ditch, to subsequently flow over an open-air earthen channel, passing through an urban area that includes commercial premises and dwellings. A reference site is located, such as the El Poro nursery, where a channel of significant dimensions is observed, evidencing problems of drag due to high flows and velocities. The owner reports lateral overflows that flow towards the public road. After these areas, a piping system is observed with which an urbanized zone is crossed. This piping extends to a crossing point on the Santa Bárbara Desamparados de Alajuela route. (Point A indicated in Figure 1). At this point, there is a collection box that adds runoff flow coming from the mentioned road, which in turn collects rainwater and domestic water from the entire surrounding urban area. From this point on, the passage of the acequia through properties begins to generate overflow problems and impacts. The acequia continues its route heading Southwest towards the San Pedro sector, crossing an urban area, passing under secondary transport roads and access roads to hamlets. (Point B in Figure 1). These passages are based on concrete culverts, which show evidence of not having the required capacity to evacuate the flows they receive. Their dimension also does not facilitate maintenance work. In its crossing through residential areas, it is possible that constructions have been developed over the conveyance. (...) From the foregoing, it is deduced that the acequia channel fulfills a function of evacuating runoff flows that includes rainwater and domestic water, and that it is not sufficient to eliminate the entry of water from the river during the rainy season. Furthermore, that its conformation does not comply with the design conditions and capacity required to drain the flows it collects. (...)" (the underlining is not from the original). Likewise, from the same report, the recommendations made by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) to the Municipality of Santa Bárbara are inferred, in order to address the problem in question. It is verified from the case file that said report was notified to the Mayor of Santa Bárbara on September 25, 2020, through official letter No. SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020. Additionally, it is shown that through official letter No. SCMSB-0199-2020-2024 of September 25, 2020, the Municipal Council communicated agreement No. 399-2020 to the Mayor of Santa Bárbara, which deals with the problem of the San Pedro acequia, a situation raised by other residents of the community (not by the appellant himself), which was also notified to the respondent Mayor on that same September 25, 2020. Now then, from the study of the case file, it emerges that, although the respondent municipality performed maintenance work on the acequia, in the past month of July 2021, in response to the recommendations given by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, and through official letter No. VA-MSB-078-2021 of September 24, 2021, the Deputy Mayor indicated that: "in order to evidence work that was done to close the acequia from the Calle Vieja sector, a manhole located near 'Soda Jacky' at the intersection of Calle Vieja and Calle Rincón. (...) The work consisted of placing a metal sheet in the channel, which sought to divert the water towards the stormwater pipe of Calle Cajón. These works were carried out by the Works Dept. on July 23, 2021. I do not omit to state that in a few days, said work had been eliminated by private individuals, that is, the sheet was no longer there; consulting in the community, neighbors indicate that by closing the passage of the acequia at that point, floods were caused in homes and on the cantonal route. With this, it remains that closing the acequia and diverting it floods other sectors. To avoid this situation, a technical closure with a study and channeling work would be necessary," the truth is that they did not provide a real solution to the problem suffered by the community of San Pedro de Santa Bárbara, which is accepted and recognized by the local government itself, who stated that it was necessary to carry out a technical closure with a study and channeling work; however, it is not observed in the case file that this has been done. It should be noted that the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service not only indicated that the water inlet to the acequia from the intake point on the Potrerillos River should be closed, but also recommended to the municipality to analyze the possibility of implementing a stormwater evacuation system (storm sewer or open channel) that would allow collecting runoff water from the Desamparados - Santa Bárbara highway towards the southern sector to discharge into the Cañas stream channel, so as to avoid the evacuation of flows through the acequia conveyance line, and added that said system could collect the water transported by the acequia up to the crossing points of the highway and redirect them towards the stream; however, the Municipality of Santa Bárbara merely limited itself to placing a metal sheet in the channel in order to divert the water towards the stormwater pipe of Calle Cajón, which was removed by the administered themselves due to the flooding that such action caused. Additionally, the Mayor of Santa Bárbara indicated, in his report rendered under oath, that they planned and budgeted an intervention plan within the stretches located on the public road and in areas of public nature, in order to solve the problem afflicting the area; however, he does not detail what the plan is nor the expected date for the execution and completion of the project. Based on the foregoing, this Court finds an injury to the fundamental rights of the appellant and the affected residents of the community of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, as will be set forth in the operative part of this judgment.
VII.- NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. 1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of vigilance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists in the fact that this growing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction –primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural pathways and inclusive standing mechanisms have been broadly regulated, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues. 3. In that context, it is neither legally appropriate nor, from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or –worse still– substitute for, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is for it to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that –they indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts, which consist of series of technically and legally complex facts and acts. On both matters, there are known examples in which the Chamber has delivered a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated. 4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment execution judges that allow for adequate follow-up of the judgments –generally complex–, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years. 5. From that perspective, the decision of this Court to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as an exercise of setting its own competence, as established by article 7 of its Organic Law. 6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon the task of protecting people's rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that –among all and each in their space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving their hearing to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or water access or quality; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I believe that amparo should also not be "turned into an ordinary proceeding" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it. 8. In the specific case, it is alleged that for several years, there have been problems of flooding and overflow of the San Pedro irrigation ditch, a situation of which the Municipality of Santa Bárbara is fully aware, which is why we are dealing with the exceptions they mention, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the alleged omissions violate the fundamental rights of the protected person.
VIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote declaring the appeal with merit, based on the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's opinion that this Chamber, through amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue –administrative or jurisdictional– where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be monitored. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its hearing falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full cognizance process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria prepared under the protection of current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of criteria already on file in the case's administrative record. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full cognizance process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I believe that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its hearing and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, since this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct comply or not, in substance, with the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
IX.- Partial dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Judge Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be declared with merit, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here to definitively resolve the flooding and overflow problem affecting the San Pedro irrigation ditch, located in Santa Bárbara de Heredia. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, assigning responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I believe that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment enforcement rules of said Code.
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch", approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI. THEREFORE:
The appeal is declared with merit and, consequently, Víctor Manuel Hidalgo Solís, in his capacity as Mayor of Santa Bárbara de Heredia, or whoever holds the position in his stead, is ordered, within a period not exceeding SIX MONTHS, counted from the notification of this Judgment, to definitively resolve the flooding and overflow problem affecting the San Pedro irrigation ditch, located in Santa Bárbara de Heredia. Likewise, IMMEDIATELY, they must adopt the mitigation measures for the reported situation that they deem pertinent, while it is definitively resolved. The foregoing, under the warning that based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Santa Bárbara is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the contentious-administrative judgment. Judge Hernández López places a note. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the enforcement rules established in Article 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedural Code. She also orders that a copy of the judgment be sent to said Division so that the enforcement procedures for this ruling may commence. Notify.- Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
023025-21. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA AL ALCALDE DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, QUE EN EL PLAZO DE SEIS MESES, RESUELVA EN FORMA DEFINITIVA LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS QUE PRESENTA LA ACEQUIA SAN PEDRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD.
“(…) Ahora bien, del estudio del expediente se desprende que, si bien la municipalidad recurrida realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, el pasado mes de julio de 2021, en atención a las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (…) Cabe indicar que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no solo indicó que se debía proceder con el cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el río Potrerillos, pues también le recomendaron a la municipalidad que analizaran la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (alcantarillado pluvial o canal abierto) que permitiera colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas, de manera que se evitara la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia y añadieron que dicho sistema podía colectar las aguas que transportaba la acequia hasta los puntos de cruce de la carretera y reorientarlos hacia la quebrada; sin embargo, la Municipalidad de Santa Bárbara se limitó y colocar una lámina de metal en el canal con el fin de desviar el agua hacia la tubería pluvial de Calle Cajón, lo cual fue retirado por los propios administrados debido a las inundaciones que tal actuación provocó. Adicionalmente, el Alcalde de Santa Bárbara indicó, en su informe rendido bajo juramento, que planificaron y presupuestaron un plan de intervención dentro de los trayectos ubicados en la vía pública y en las áreas de naturaleza pública, con el fin de solucionar la problemática que aqueja la zona; sin embargo, no detalla cual es el plan ni la fecha próxima de ejecución y culminación del proyecto. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos afectados de la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” VCG11/2021 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ALCANTARILLADO.
023025-21. AMBIENTE. PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN SAN PEDRO DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA DEBERÁ SER RESUELTA EN FORMA DEFINITIVA EN UN PLAZO DE 6 MESES. VCG11/2021 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: " El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes ". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG11/2021 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Coordinación Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO COORDINACIÓN.
“(…)V.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector ". (…)” VCG11/2021 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ALCANTARILLADO.
VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que – ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8. En el caso concreto, se acusa que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual, estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de la persona amparada.
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Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ALCANTARILLADO.
VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
IX.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso solucionar de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG11/2021 ... Ver más *210182790007CO* Res. Nº 2021023025 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita dentro del expediente N° 21-018279-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA. RESULTANDO: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital de esta Sala a las 10:33 horas de 16 de septiembre de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Bárbara. Comenta, que es una persona adulta mayor de setenta y seis años, y es vecino de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Manifiesta que desde hace varios años se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro en la zona en la que vive. Señala que tal situación es de pleno conocimiento del Alcalde de Santa Bárbara, según consta en el oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 de 25 de agosto de 2020, mediante el cual la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del SENARA hizo referencia al problema en cuestión. Relata, que la citada acequia fue desviada y obstruida en varios tramos, lo que ocasiona que el agua se encause en la vía pública y se forme una zanja a cielo abierto que atraviesa la vía e impide el libre paso de vehículos. Acota, que los vecinos de la zona han presentado denuncias verbales ante la municipalidad recurrida, con la finalidad de obtener una solución efectiva al problema del desbordamiento de la acequia. Expresa, que su casa de habitación también se ha visto afectada con las inundaciones, situación que se agrava debido a que padece de cáncer de próstata y actualmente está en tratamiento, además, refiere que tiene problemas para movilizarse debido a una amputación que sufrió en su pierna izquierda. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, la problemática expuesta no ha sido resuelta por las autoridades recurridas. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 16:46 de 16 de septiembre de 2021, se dio curso al proceso, y se solicitó informe al Alcalde, al Presidente del Concejo y al Jefe del Departamento de Gestión Vial; todos de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, respecto a los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital de esta Sala a las 10:31 horas de 27 de septiembre de 2021, informa bajo juramento Víctor Manuel Hidalgo Solís, en su condición de Alcalde de Santa Bárbara de Heredia. Comenta, que la acequia San Pedro nace del Río Potrerillos y se ubica dentro del caserío “La Piojina”, la cual discurre en dirección sur y atraviesa varias propiedades privadas. Sostiene, que la acequia no se encuentra inventariada como propiedad pública ni está concesionada a favor de la municipalidad, por lo que no les corresponde la administración de la misma. Expone, que los problemas de captación de caudal ocurren a la altura del cruce sobre la ruta Santa Bárbara - Desamparados de Alajuela, donde inicia la concurrencia de aguas pluviales y domésticas. Señala, que a lo largo de la acequia existen bloqueos construidos en concreto, a la altura de las propiedades privadas y construidos fuera de la intervención municipal, los cuales provocan los desbordamientos y las inundaciones, situación que resulta de imposible acatamiento por la administración municipal, ya que no pueden intervenir fondos públicos en propiedades privadas. Apunta, que la acequia es de única administración de los dueños de la misma, por lo que la problemática descrita se consolida como un conflicto privado entre los propietarios de los inmuebles sobre los que transcurre la misma, por ello, corresponde a los tribunales competentes de derecho privado, al ser materia civil, la solución respectiva. Manifiesta, que el 11 de agosto de 2020, la Alcaldía Municipal le realizó una consulta formal al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) , órgano competente para valorar la acequia, quienes contestaron mediante oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 de 25 de agosto de 2020, en el cual adjuntaron un informe técnico de la situación. Señala, que el 23 de julio de 2021, la Municipalidad de Santa Bárbara realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, con el fin de dar solución a la problemática descrita, en atención a las recomendaciones dadas por SENARA en su informe. Agrega, que a pesar de la intervención municipal para el cierre del flujo de la acequia, el caudal que actualmente transcurre es suficiente para que se desarrollen inundaciones y desbordamientos en la zona afectada. Refiere, que el gobierno local ha planificado y presupuestado un plan de intervención dentro de los trayectos ubicados en vía pública y en áreas de naturaleza pública, con el fin de solucionar la problemática que aqueja a la zona. Añade, que la calle a la que hace referencia el recurrente en el escrito de interposición, la cual se ubica frente a su casa de habitación, no está registrada ni declarada como calle pública, de acuerdo con la normativa vigente. Agrega, que los problemas que la situación expuesta le generan a la salud del recurrente deben ser expuestos ante el Ministerio de Salud, quienes pueden, dentro de sus competencias, ordenar el cierre la acequia en razón del riesgo a la salud que dichos desbordamientos podrían implicar. Reitera que la problemática que afecta la zona descrita no es de resorte municipal. Solicita se declare sin lugar el recurso. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital de esta Sala a las 11:18 horas de 27 de septiembre de 2021, informa bajo juramento Mario Camacho Muñoz, en su condición de Regidor Propietario del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Manifiesta, que en sesión ordinaria N° 08-2020 de 22 de junio de 2020, el Concejo Municipal conoció la nota suscrita por [Nombre 002] y [Nombre 004], en la cual denunciaron el taponamiento de la acequia San Pedro, lo cual estaba ocasionando que el agua se encausara en la vía pública, además, tal situación amenazaba la casa de una persona adulta mayor con discapacidad. Señala, que mediante acuerdo N° 399-2020, aprobado en sesión ordinaria Nº 18-2020 de 31 de agosto de 2020, el Concejo Municipal trasladó la nota del señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 004] a la administración municipal para su pronta atención, lo cual fue notificado el 25 de septiembre del 2020, mediante oficio N° SCMSB-0199-2020-2024. Aclara que la situación de la acequia de San Pedro no fue presentada por el recurrente, además, apunta que no constan más notas relacionadas con el asunto de marras, en los archivos del Concejo Municipal. Reitera que el órgano que representa conoció la problemática del sector y, de acuerdo con sus competencias, trasladó el asunto al administrador municipal para que resolviera conforme, por lo cual, consideran que el concejo actuó en tiempo y forma, de conformidad con sus competencias de ley. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 5.- Por constancia de fecha 28 de septiembre de 2021, el Secretario de la Sala y la Técnica Judicial que tramita el expediente hacen saber que: “no apareció que del 21 de septiembre al 27 de septiembre de 2021, el Jefe del Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las dieciséis horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno”. 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y, CONSIDERANDO: I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo - instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental planteada ante la Municipalidad de Santa Bárbara, que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente comenta que es vecino de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Señala que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este recurso, la problemática expuesta no ha sido resuelta por las autoridades recurridas. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
El recurrente es vecino de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia (hecho incontrovertido).
Mediante nota recibida el 16 de junio de 2020 en la Secretaría del Concejo Municipal y suscrita por [Nombre 002] y [Nombre 004], se indicó: “El día 8 de mayo del año en curso, personas malintencionadas taponearon con material de concreto la acequia, a nivel de la propiedad del señor [Nombre 003] . Tal acción irregular nos está afectando, debido a que al estar taponeado el cauce de la acequia, el agua de dicha fuente se está saliendo y encausando por la vía, donde transitamos los vecinos del lugar (…) Esta situación se ve agravada porque el nivel de agua de la acequia se va aumentado significativamente en este tiempo de lluvias, circulando mayor cantidad de agua por la calle. Además en algunas ocasiones cuando el nivel de agua sube tanto se ha metido o ha amenazado con ingresar a la casa de un adulto mayor con discapacidad. El circular el agua de la acequia por la calla también está deteriorando la vía, aún más de lo que ya se encontraba” (ver prueba adjunta). En el informe técnico N° 004-2020, elaborado por el Coordinador de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la Región Central Occidental del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, se indicó: “ 3. ANÁLISIS DE LA ACEQUIA. (…) En los primeros 250 m la conducción atraviesa un caserío conocido como La Piojina. En este trayecto se observa un entubamiento de concreto muy antiguo con problemas de fugas. Algunos sectores disponen de cuneta abierta, para posteriormente escurrir sobre canal de tierra a cielo abierto, pasando por área urbana que incluye locales comerciales y viviendas. Se ubica un sitio de referencia como el vivero el Poro, en el cual se observa un cauce de dimensiones importantes, el cual evidencia problemas de arrastre por altos caudales y velocidades. El propietario reporta desbordamientos laterales que escurren hacia la vía pública. Luego de estas áreas se observa un entubamiento con el cual se cruza una zona urbanizada. Este entubamiento se extiende hasta un punto de cruce sobre la ruta Santa Bárbara Desamparados de Alajuela. (Punto A indicado en la figura 1). En este punto se ubica una caja colectora que suma caudal de escorrentía proveniente de la citada vía, la cual a su vez colecta aguas pluviales y de uso doméstico de toda el área urbana circundante. A partir de este punto el paso de la acequia por propiedades empieza a generar problemas de desbordamiento y afectaciones. La acequia continúa su ruta con rumbo Suroeste hacia el sector de San Pedro, atravesando área urbana, pasando bajo vías de transporte secundarias y de acceso a caseríos. (Punto B en la figura 1). Estos pasos son a base de alcantarillas de concreto, las cuales evidencian no tener la capacidad requerida para evacuar los caudales que reciben. Su dimensión tampoco facilita labores de mantenimiento. En su travesía por áreas de vivienda es posible que se hayan desarrollado construcciones sobre la conducción. En algunos puntos a lo largo de la conducción se han reportado afectaciones a viviendas y la propiedad privada, por lo cual se requiere establecer medidas de mitigación. En la visita se mencionó un taponamiento de la conducción por la construcción de una tapia, lo cual genera afectaciones aguas arriba y sobre propiedades colindantes, en las que aún no se han desarrollado construcciones, sobre las que antes no escurría el agua. De lo antes descrito se deduce que el cauce de la acequia cumple una función de evacuar caudales de escorrentia que incluye aguas pluviales y de uso doméstico y que no es suficiente con eliminar el ingreso de agua desde el rio en época de lluvias. Además, que su conformación no obedece a las condiciones de diseño y capacidad requerida para desaguar los caudales que colecta. (…) 5. PROPUESTA DE SOLUCION (Sic) A PROBLEMÁTICA EXISTENTE. Dada la condición de uso ilegal se debe proceder al cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el rio Potrerillos. Con esto se evita la sobre carga del caudal en época de lluvia. Es recomendable analizar la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (puede ser alcantarillado pluvial o canal abierto) que permita colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas. (Puntos A y B indicados en la fotografía aérea de la figura 2). De manera que se evite la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia. Para ello se pueden utilizar las calles que se extienden hacia el sur-este. Este sistema puede colectar las aguas que transporta la acequia hasta los puntos de cruce de esta carretera y reorientarlos hacia dicha quebrada. (Ver detalle de sistemas colectores definidos como ALCP1, ALCP2 y AlCP3 en la figura 2)” (ver prueba adjunta). Por oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 de 25 de agosto de 2020, emitido por el Coordinador RCOC Y SUR, de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del SENARA y dirigido al Alcalde de Santa Bárbara, se indicó: “Adjunto para su consideración el informe técnico N° 005-2020 relacionado con la evaluación realizada a la acequia San Pedro y recomendaciones a seguir para la mitigación de la problemática que genera”(ver prueba adjunta). Mediante oficio N° SCMSB-0199-2020-2024 de 25 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal le comunicó el acuerdo N° 399-2020 al Alcalde de Santa Bárbara, el cual indica: “a) PRIMERO: Pasar a la Administración la nota suscrita por los señores [Nombre 002] y [Nombre 004] que dice (...) Frente a nuestra casa el señor José Ramírez Sánchez está construyendo una vivienda la cual tiene unos tubos de salida de agua, las cuales están cayendo a la calle, lo cual según entendemos no está permitido por las normas urbanísticas las únicas que pueden salir son las llovidas y deben ser encausadas a un caño”. Lo anterior fue notificado el 25 de septiembre de 2020 (ver prueba adjunta). El 23 de julio de 2021, la Municipalidad de Santa Bárbara realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, con el fin de dar solución a la problemática de desbordamiento, en atención a las recomendaciones dadas por SENARA en su informe (ver informe rendido bajo juramento). Mediante oficio N° VA-MSB-078-2021 de 24 de septiembre de 2021, emitido por la Vicealcaldesa y dirigido al Departamento Legal, se indicó: “con el fin de evidenciar trabajos que se hicieron para cerrar la acequia desde el sector de Calle Vieja, caja de registro ubicada cerca de la "Soda Jacky" en la intersección calle Vieja y Calle Rincón. Dicho cierre se hizo para cortar el paso de la acequia a la Calle Ramírez San Pedro donde se habían recibido quejas e incidentes de anegamientos en propiedades El trabajo consistió en poner una lámina de metal en el canal lo que buscaba desviar el agua hacia la, tubería pluvial de Calle Cajón. Estos trabajos se llevaron a cabo por el Depto de Obras el 23 de julio del 2021. No omito manifestar que en pocos días dicho trabajo había sido eliminado por particulares, es decir la lámina ya no estaba, consultando en la comunidad indican los vecinos, que al cerrar el paso de la acequia en ese punto, se provocaron inundaciones en las viviendas y en la ruta cantonal. Con esto nos queda que al cerrar la acequia y desviarla se inundan otros sectores. Para evitar esta situación sería necesario un cierre técnico con un estudio y obra de canalización” (ver prueba adjunta). III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: ÚNICO.- Que a la fecha, la Municipalidad de Santa Bárbara haya acatado todas las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), con el fin de resolver la problemática de la acequia San Pedro. IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: " El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes ". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado V.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector ". VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del sub judice, se tiene por demostrado que mediante informe técnico N° 004-2020 de agosto de 2020, el Coordinador RCOC de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la Región Central Occidental del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) analizó la problemática de la acequia San Pedro, en el cual detalló los hechos expuestos por el recurrente e indicó: “3. ANÁLISIS DE LA ACEQUIA. (…) En los primeros 250 m la conducción atraviesa un caserío conocido como La Piojina. En este trayecto se observa un entubamiento de concreto muy antiguo con problemas de fugas. Algunos sectores disponen de cuneta abierta, para posteriormente escurrir sobre canal de tierra a cielo abierto, pasando por área urbana que incluye locales comerciales y viviendas. Se ubica un sitio de referencia como el vivero el Poro, en el cual se observa un cauce de dimensiones importantes, el cual evidencia problemas de arrastre por altos caudales y velocidades. El propietario reporta desbordamientos laterales que escurren hacia la vía pública. Luego de estas áreas se observa un entubamiento con el cual se cruza una zona urbanizada. Este entubamiento se extiende hasta un punto de cruce sobre la ruta Santa Bárbara Desamparados de Alajuela. (Punto A indicado en la figura 1). En este punto se ubica una caja colectora que suma caudal de escorrentía proveniente de la citada vía, la cual a su vez colecta aguas pluviales y de uso doméstico de toda el área urbana circundante. A partir de este punto el paso de la acequia por propiedades empieza a generar problemas de desbordamiento y afectaciones. La acequia continúa su ruta con rumbo Suroeste hacia el sector de San Pedro, atravesando área urbana, pasando bajo vías de transporte secundarias y de acceso a caseríos. (Punto B en la figura 1). Estos pasos son a base de alcantarillas de concreto, las cuales evidencian no tener la capacidad requerida para evacuar los caudales que reciben. Su dimensión tampoco facilita labores de mantenimiento. En su travesía por áreas de vivienda es posible que se hayan desarrollado construcciones sobre la conducción. (...) De lo antes descrito se deduce que el cauce de la acequia cumple una función de evacuar caudales de escorrentia que incluye aguas pluviales y de uso doméstico y que no es suficiente con eliminar el ingreso de agua desde el rio en época de lluvias . Además, que su conformación no obedece a las condiciones de diseño y capacidad requerida para desaguar los caudales que colecta. (…)” (el subrayado no es del original). Asimismo, del mismo informe se coligen las recomendaciones realizadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a la Municipalidad de Santa Bárbara, con el fin de atacar el problema en cuestión . Se comprueba de los autos que tal informe fue notificado al Alcalde de Santa Bárbara el 25 de septiembre de 2020, mediante el oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020. Adicionalmente, se demuestra que por oficio N° SCMSB-0199-2020-2024 de 25 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal le comunicó el acuerdo N° 399-2020 al Alcalde de Santa Bárbara, el cual versa sobre la problemática de la acequia San Pedro, situación expuesta por otros vecinos de la comunidad (no por el propio recurrente), lo cual también le fue notificado al Alcalde recurrido el mismo 25 de septiembre de 2020. Ahora bien, del estudio del expediente se desprende que, si bien la municipalidad recurrida realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, el pasado mes de julio de 2021, en atención a las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento , y mediante oficio N° VA-MSB-078-2021 de 24 de septiembre de 2021, la Vicealcaldesa indicó que: con el fin de evidenciar trabajos que se hicieron para cerrar la acequia desde el sector de Calle Vieja, caja de registro ubicada cerca de la "Soda Jacky" en la intersección calle Vieja y Calle Rincón. (...) El trabajo consistió en poner una lámina de metal en el canal lo que buscaba desviar el agua hacia la tubería pluvial de Calle Cajón. Estos trabajos se llevaron a cabo por el Depto de Obras el 23 de julio del 2021. No omito manifestar que en pocos días dicho trabajo había sido eliminado por particulares, es decir la lámina ya no estaba, consultando en la comunidad indican los vecinos, que al cerrar el paso de la acequia en ese punto, se provocaron inundaciones en las viviendas y en la ruta cantonal. Con esto nos queda que al cerrar la acequia y desviarla se inundan otros sectores. Para evitar esta situación sería necesario un cierre técnico con un estudio y obra de canalización”, lo cierto es que no brindaron una solución real al problema que sufre la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara, lo cual es aceptado y reconocido por el mismo gobierno local, quienes manifestaron que era necesario realizar un cierre técnico con un estudio y obra de canalización; sin embargo, no se observa en autos que el mismo haya sido realizado. Cabe indicar que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no solo indicó que se debía proceder con el cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el río Potrerillos, pues también le recomendaron a la municipalidad que analizaran la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (alcantarillado pluvial o canal abierto) que permitiera colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas, de manera que se evitara la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia y añadieron que dicho sistema podía colectar las aguas que transportaba la acequia hasta los puntos de cruce de la carretera y reorientarlos hacia la quebrada; sin embargo, la Municipalidad de Santa Bárbara se limitó y colocar una lámina de metal en el canal con el fin de desviar el agua hacia la tubería pluvial de Calle Cajón, lo cual fue retirado por los propios administrados debido a las inundaciones que tal actuación provocó. Adicionalmente, el Alcalde de Santa Bárbara indicó, en su informe rendido bajo juramento, que planificaron y presupuestaron un plan de intervención dentro de los trayectos ubicados en la vía pública y en las áreas de naturaleza pública, con el fin de solucionar la problemática que aqueja la zona; sin embargo, no detalla cual es el plan ni la fecha próxima de ejecución y culminación del proyecto. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos afectados de la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que – ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8. En el caso concreto, se acusa que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual, estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de la persona amparada.
VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
IX.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso solucionar de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena a Víctor Manuel Hidalgo Solís, en su condición de Alcalde de Santa Bárbara de Heredia, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en un plazo no mayor a SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. Asimismo, DE FORMA INMEDIATA , deberán adoptar las medidas de mitigación de la situación denunciada que estimen pertinentes, mientras se resuelve de forma definitiva. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Santa Bárbara al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
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