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Res. 23025-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/10/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of Santa Bárbara to definitively resolve the flooding and overflow of the acequia San Pedro canal within six months, with immediate mitigation measures, under threat of criminal penalties for non-compliance.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad de Santa Bárbara resolver definitivamente las inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro en un plazo máximo de seis meses, con medidas de mitigación inmediatas, bajo apercibimiento de sanción penal por incumplimiento.
SummaryResumen
An elderly resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia filed an amparo petition against the Municipality of Santa Bárbara for failing to resolve, over several years, the flooding and overflow of the acequia San Pedro canal. The Constitutional Chamber granted the petition, finding that the municipality had known of the problem since at least 2020 — with a SENARA technical report recommending specific mitigation and closure measures — but had not implemented definitive solutions. The Chamber orders the Mayor to resolve the problem within six months and to adopt immediate mitigation measures, under threat of criminal penalties for non-compliance. The ruling admits the amparo as an exception to the general rule channeling environmental matters to the administrative-contentious jurisdiction, on grounds that the omission directly affected the health and environment of specific individuals. Two justices dissented: one would have dismissed the petition outright; the other would have assigned execution to the Administrative Tribunal.Un vecino adulto mayor de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Bárbara por no haber resuelto, durante años, los desbordamientos e inundaciones de la acequia San Pedro. La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso al constatar que la municipalidad conocía el problema desde al menos 2020 —con un informe técnico de SENARA que recomendaba medidas específicas de mitigación y cierre del caudal— pero no había implementado soluciones definitivas. La Sala ordena al Alcalde resolver la problemática en un plazo máximo de seis meses y adoptar medidas de mitigación de forma inmediata, bajo apercibimiento de sanción penal. La sentencia admite el amparo como excepción a la regla que remite los asuntos ambientales a la jurisdicción contencioso-administrativa, por tratarse de una omisión que afecta directamente la salud y el ambiente de personas concretas. Dos magistrados salvan el voto: uno habría declarado sin lugar; la otra pidió que la ejecución se residenciara en el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Key excerptExtracto clave
The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which all other fundamental rights of the country's inhabitants rest. Likewise, the right to health finds its basis in that same constitutional provision, since life is inconceivable if human beings are not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental equilibrium. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. SOLE UNPROVEN FACT.- That as of the date of this ruling, the Municipality of Santa Bárbara has complied with all recommendations issued by the National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) in order to resolve the acequia San Pedro problem. The amparo petition is granted and, consequently, Víctor Manuel Hidalgo Solís, in his capacity as Mayor of Santa Bárbara de Heredia, or whoever holds that office, is ordered to definitively resolve the flooding and overflow problems of the acequia San Pedro, located in Santa Bárbara de Heredia, within no more than SIX MONTHS from notification of this Judgment. Furthermore, IMMEDIATELY, he must adopt such mitigation measures as he deems appropriate while a definitive solution is being implemented.El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. ÚNICO.- Que a la fecha, la Municipalidad de Santa Bárbara haya acatado todas las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), con el fin de resolver la problemática de la acequia San Pedro. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena a Víctor Manuel Hidalgo Solís, en su condición de Alcalde de Santa Bárbara de Heredia, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en un plazo no mayor a SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. Asimismo, DE FORMA INMEDIATA, deberán adoptar las medidas de mitigación de la situación denunciada que estimen pertinentes, mientras se resuelve de forma definitiva.
Pull quotesCitas destacadas
"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho."
"Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. For this reason, every person is entitled to denounce acts that violate that right and to claim reparation for damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right."
Considerando IV — Artículo 50 de la Constitución Política
"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho."
Considerando IV — Artículo 50 de la Constitución Política
"esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto."
"This Chamber, through the amparo mechanism, should only hear a matter alleging violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment when the Administration has not yet intervened, and when the violation of that right is manifest and evident, easy to verify, of some importance or gravity, and directly affects a specific person or community."
Voto salvado Magistrado Salazar Alvarado
"esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto."
Voto salvado Magistrado Salazar Alvarado
"desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada."
"From the very moment that the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a procedure with the issuance of administrative acts, the matter falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction."
Voto salvado Magistrado Salazar Alvarado
"desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada."
Voto salvado Magistrado Salazar Alvarado
"bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir"
"under warning that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or fines of twenty to sixty days, shall be imposed upon whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it"
Por tanto
"bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir"
Por tanto
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*CED01* Case File: 21-018279-0007-CO Decision No. 2021023025 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fifteenth of October of two thousand twenty-one.
Writ of amparo (recurso de amparo) processed within case file N° 21-018279-0007-CO, filed by [Nombre01 001], national identification number [Valor CED02], against the MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.
BACKGROUND:
Drafted by Justice Araya García; and,
CONSIDERING:
Before analyzing the merits of the case regarding the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings (derecho a un procedimiento pronto y cumplido), it must be clarified that, pursuant to Decision No. 2008-02545 issued at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which the question is whether the public administration has or has not complied with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, for the purpose of resolving by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or upon request of a party—or for deciding applicable administrative appeals. In the present case, precisely one of those exceptional circumstances applies, since what is before the Chamber is an environmental complaint filed with the Municipalidad de Santa Bárbara that allegedly has not been resolved within a reasonable period of time. With this point clarified, the Chamber proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo.
The petitioner states that he is a resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. He indicates that for several years there have been problems of flooding and overflow from the San Pedro channel, a situation that is fully known to the Municipalidad de Santa Bárbara; however, he alleges that, as of the date of filing this writ, the problem described has not been resolved by the respondent authorities.
The following facts, deemed relevant to the decision in this matter, are considered to be duly proven:
The petitioner is a resident of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia (uncontested fact).
By a note received on June 16, 2020, at the Office of the Municipal Council Secretariat, signed by [Nombre01 002] and [Nombre01 004], the following was stated: "On May 8 of this year, malicious individuals blocked the channel with concrete material, at the level of the property belonging to [Nombre01 003]. This irregular action is affecting us, because with the channel's flow blocked, the water from that source is spilling out and running along the road where we, the local residents, travel (…) This situation is made worse because the water level in the channel rises significantly during the rainy season, causing a greater volume of water to flow along the street. Moreover, on some occasions when the water level rises so high it has entered, or has threatened to enter, the home of an elderly person with a disability. The flow of channel water along the street is also causing further deterioration to the road, beyond what was already the case" (see attached evidence).
Technical Report No. 004-2020, prepared by the Coordinator of the Directorate of Engineering and Project Development of the Western Central Region of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento [National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage], stated: "3. ANALYSIS OF THE IRRIGATION CHANNEL (acequia). (…) In the first 250 m, the conveyance line crosses a hamlet known as La Piojina. Along this stretch, a very old concrete pipe enclosure (entubamiento) is observed, showing leakage problems. Some sections have an open roadside ditch (cuneta), which subsequently drains into an open earthen channel running through an urban area that includes commercial establishments and residences. A reference point is located at a plant nursery called Vivero el Poro, where a watercourse (cauce) of considerable dimensions can be observed, showing signs of sediment transport caused by high flow rates (caudales) and velocities.
The property owner reports lateral overflow draining onto the public road. Beyond these areas, a pipe enclosure is observed through which the channel crosses an urbanized zone. This pipe enclosure extends to a crossing point over the Santa Bárbara–Desamparados de Alajuela road. (Point A indicated in Figure 1). At this point there is a collection box (caja colectora) that adds stormwater runoff (escorrentía) from the aforementioned road, which in turn collects rainwater and domestic wastewater from the entire surrounding urban area. From this point onward, the passage of the irrigation channel through private properties begins to generate overflow problems and damage. The irrigation channel continues its course in a southwesterly direction toward the San Pedro sector, crossing through urban areas and passing under secondary roads and access routes to hamlets. (Point B in Figure 1). These crossings are made by means of concrete culverts (alcantarillas), which evidently lack the required capacity to evacuate the flows they receive.
Their dimensions also do not facilitate maintenance work. In its passage through residential areas, it is possible that construction has taken place over the conveyance line. At various points along the conveyance line, damage to homes and private property has been reported, for which mitigation measures must be established. During the site visit, a blockage of the conveyance line caused by the construction of a boundary wall (tapia) was mentioned, which causes damage upstream and to adjacent properties on which no construction had yet been carried out and over which water had not previously flowed. From the foregoing, it can be concluded that the watercourse of the irrigation channel serves the function of evacuating runoff flows that include rainwater and domestic wastewater, and that it is not sufficient to simply eliminate the inflow of water from the river during the rainy season. Furthermore, its configuration does not conform to the design conditions and required capacity to drain the flows it collects.
(…) 5. PROPOSED SOLUTION [Sic] TO EXISTING PROBLEM. Given the condition of illegal use, the water intake into the irrigation channel from the intake point (punto de captación) on the río Potrerillos must be closed. This will prevent the overloading of flows during the rainy season. It is advisable to analyze the possibility of implementing a stormwater evacuation system — which may take the form of a stormwater drainage system (alcantarillado pluvial) or an open channel (canal abierto) — that would allow stormwater runoff to be collected from the Desamparados–Santa Bárbara highway toward the southern sector and discharged into the stream channel of the Quebrada Cañas. (Points A and B indicated in the aerial photograph of Figure 2). The aim is to avoid evacuating flows through the irrigation channel's conveyance line. The streets extending toward the southeast may be used for this purpose.
This system can collect the waters carried by the irrigation channel up to the crossing points of this highway and redirect them toward said stream. (See detail of collector systems defined as ALCP1, ALCP2, and AlCP3 in Figure 2)" (see attached evidence).
By official memorandum No. SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 of August 25, 2020, issued by the RCOC Y SUR Coordinator of the Directorate of Engineering and Project Development of [Nombre02] and addressed to the Mayor of Santa Bárbara, the following was stated: "Attached for your consideration is Technical Report No. 005-2020 relating to the assessment carried out on the San Pedro irrigation channel and the recommendations to be followed for mitigating the problems it generates" (see attached evidence).
By official memorandum No. SCMSB-0199-2020-2024 of September 25, 2020, the Municipal Council (Concejo Municipal) communicated agreement No. 399-2020 to the Mayor of Santa Bárbara, which states: "a) FIRST: To forward to the Administration the note signed by [Nombre01 002] and [Nombre01 004], which reads: (…) In front of our house, [Nombre03] is building a home that has water-outlet pipes discharging onto the street, which we understand is not permitted under urban planning regulations — the only water that may discharge is rainwater, and it must be directed into a drainage channel." The foregoing was notified on September 25, 2020 (see attached evidence).
On July 23, 2021, the Municipality of Santa Bárbara (Municipalidad de Santa Bárbara) carried out maintenance work on the irrigation channel in order to address the overflow problem, in response to the recommendations made by [Nombre02] in its report (see report rendered under oath).
By official memorandum No. VA-MSB-078-2021 of September 24, 2021, issued by the Vice Mayor (Vicealcaldesa) and addressed to the Legal Department, the following was stated: "in order to document the work carried out to close the irrigation channel from the [Dirección01] sector — the inspection box located near the 'Soda Jacky' at the intersection of [Dirección01] and [Dirección02] — said closure was made to cut off the passage of the irrigation channel to [Dirección03], where complaints and flooding incidents (anegamientos) on properties had been received. The work consisted of placing a metal sheet in the channel, which sought to divert the water toward the stormwater pipe on [Dirección04]. This work was carried out by the Public Works Department on July 23, 2021. I must note that within a few days, said work had been undone by private individuals — that is, the metal sheet was no longer in place. Upon consulting with the community, residents indicated that by closing the irrigation channel at that point, flooding was caused in homes and on the cantonal road. This leaves us with the conclusion that closing and diverting the irrigation channel floods other areas. To avoid this situation, a technical closure would be required, supported by a channelization (canalización) study and works." (see attached evidence).
Of importance to the decision of this matter, the following fact is not deemed to have been duly demonstrated:
SOLE FINDING.— That, as of this date, the Municipality of Santa Bárbara has complied with all the recommendations made by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) in order to resolve the problems with the San Pedro irrigation channel.
It must be noted, first of all, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are recognized at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política), as well as through international norms applicable in Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2006-005928 of 15:00 hours on May 2, 2006, this Tribunal ruled: "(…) The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which all other fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, that same constitutional provision is the foundation for the right to health, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for adequate and harmonious psychological, physical, and environmental well-being. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitución Política.
Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has drawn on the concept of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of individuals, which is combined with other elements such as health, food, employment, and housing, making reference to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development, but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations — the principle of sustainable development." Likewise, Article 50 of the Constitución Política gives rise to the State's obligation to protect the environment.
That provision establishes to this effect: "The State shall endeavor to secure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most equitable distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. To that end, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim compensation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and penalties." This confirms that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person's fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
The State—as a whole—has an obligation to take the necessary measures to protect the environment, in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of those under its administration. In this task, the term "public institution" encompasses both the Central Administration—Ministries such as MINAE and the Ministry of Health—which, by reason of their subject matter, bear broad participation and responsibility with respect to the conservation and preservation of the environment, and which act, in most cases, through their specialized subordinate units. Likewise, municipalities bear significant responsibility in this task with respect to their territorial jurisdiction. Given the diversity of actors that may be involved, one might think that this multiple responsibility would create chaos in administrative management.
Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origins and natures, the duplication of national and local efforts, and the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it becomes necessary to establish a series of coordination relationships among the various units of the Executive Branch and decentralized institutions, and between those entities and the municipalities, so that the functions entrusted to them can be carried out. This Court has already addressed the principle of coordination among public bodies and municipalities in the pursuit of common goals, stating in Sentencia N° 5445-99, of 14:30 hours of July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of relations among these various independent activities, which takes account of their concurrence upon the same object or entity in order to make it useful to a global public plan, without eliminating the mutual independence of the acting subjects.
Because there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose specific conduct on the latter; hence the indispensable inter-institutional 'concert' arises, in the strict sense, whereby the autonomous and independent centers of action reach agreement on that preventive and global framework, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations between municipalities and other public entities can only take place on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, to the exclusion of any imperative form that would be detrimental to their autonomy—one that would subject corporate entities to a coordination framework without their consent or against it—but that does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the State's interest (through the State's 'administrative oversight,' and specifically, through the function of legality control that falls within the State's competence, with general supervisory powers over the entire sector)."
From the report submitted by the representatives of the respondent authority—which is deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence produced for the resolution of the sub judice matter, it is established that through technical report N° 004-2020 of August 2020, the RCOC Coordinator of the Directorate of Engineering and Project Development of the Western Central Region of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) analyzed the problem of the acequia (irrigation channel) San Pedro, in which he detailed the facts set forth by the petitioner and stated: "3. ANALYSIS OF THE CHANNEL. (…) In the first 250 m, the conduit crosses a hamlet known as La Piojina. Along this stretch, a very old concrete pipe enclosure is observed with leakage problems.
Some sections have open gutters, which subsequently drain into an open earthen channel, passing through an urban area that includes commercial premises and residences. A reference point is located at the Vivero el Poro nursery, where a watercourse of significant dimensions is observed, showing evidence of erosion caused by high flow rates and velocities. The owner reports lateral overflow draining onto the public road. After these areas, a pipe enclosure is observed through which an urbanized zone is crossed. This enclosure extends to a crossing point over the Santa Bárbara–Desamparados de Alajuela road. (Point A indicated in figure 1). At this point there is a collector box that adds stormwater runoff flow from the aforementioned road, which in turn collects rainwater and domestic-use water from the entire surrounding urban area. From this point onward, the channel's passage through private properties begins to generate overflow problems and damages.
The channel continues its course in a Southwesterly direction toward the San Pedro sector, crossing the urban area, passing under secondary transport roads and access roads to hamlets. (Point B in figure 1). These crossings consist of concrete culverts, which show evidence of lacking the required capacity to evacuate the flow rates they receive. Their dimensions also make maintenance work difficult. In its passage through residential areas, it is possible that construction has been developed over the conduit. (…) From the foregoing description, it can be inferred that the channel's watercourse serves the function of evacuating runoff flows that include rainwater and domestic-use water, and that eliminating the intake of water from the river during the rainy season is not sufficient. Furthermore, its configuration does not conform to the design conditions and capacity required to drain the flow rates it collects. (…)" (underlining not in the original).
Likewise, from the same report, the recommendations made by SENARA to the Municipalidad de Santa Bárbara are apparent, with the aim of addressing the problem in question. The case file confirms that said report was notified to the Mayor of Santa Bárbara on September 25, 2020, through official communication Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020. Additionally, it is established that through official communication N° SCMSB-0199-2020-2024 of September 25, 2020, the Concejo Municipal communicated Agreement N° 399-2020 to the Mayor of Santa Bárbara, which concerns the problem of the acequia San Pedro, a situation raised by other community residents (not by the petitioner himself), which was also notified to the respondent Mayor on that same September 25, 2020.
Now, an examination of the case file reveals that, although the respondent municipality carried out maintenance work on the channel during the past month of July 2021, in response to the recommendations given by SENARA, and through official communication N° VA-MSB-078-2021 of September 24, 2021, the Deputy Mayor stated that: in order to demonstrate the work done to close the channel from the Dirección01 sector, an inspection box located near the "Soda Jacky" at the intersection of Dirección01 and Dirección02. (…) The work consisted of placing a metal sheet in the channel, which was intended to divert the water toward the stormwater pipe of Dirección04. This work was carried out by the Department of Public Works on July 23, 2021. I note that within a few days said work had been undone by private individuals—that is, the sheet was no longer there—and upon consulting with the community, neighbors indicated that closing the channel's flow at that point caused flooding in homes and on the cantonal road.
This leaves us with the situation that closing and diverting the channel floods other sectors. To prevent this, a technical closure would be required, together with a study and channeling works—it is nonetheless clear that no real solution was provided to the problem afflicting the community of San Pedro de Santa Bárbara, which is accepted and acknowledged by the local government itself, which stated that a technical closure with a study and channeling works was necessary; however, there is no indication in the case file that such work was carried out. It should be noted that SENARA did not only indicate that it was necessary to proceed with closing the water intake into the channel at the point of diversion from the Potrerillos river; SENARA also recommended to the municipality that it analyze the possibility of implementing a stormwater drainage system (stormwater sewer or open channel) that would allow runoff water to be collected from the Desamparados–Santa Bárbara highway toward the southern sector in order to discharge it into the watercourse of the Cañas stream, so as to avoid the evacuation of flow rates through the channel's conveyance line, and added that such a system could collect the water transported by the channel up to the highway crossing points and redirect it toward the stream; however, the Municipalidad de Santa Bárbara limited itself to placing a metal sheet in the channel in order to divert the water toward the stormwater pipe of Dirección04, which was removed by the residents themselves due to the flooding that such action caused.
Additionally, the Mayor of Santa Bárbara stated, in his sworn report, that an intervention plan was planned and budgeted for the stretches located on the public road and in areas of a public nature, with the aim of resolving the problem affecting the area; however, he does not specify what the plan is, nor the approximate date for the execution and completion of the project. In light of the foregoing, this Court finds a violation of the fundamental rights of the petitioner and of the affected neighbors of the community of San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Consequently, the appropriate course of action is to grant the appeal, as will be set forth in the operative section of this judgment.
1. The historical context that once motivated the broad intervention of the Sala Constitucional in environmental matters has changed considerably, requiring this body to reconsider the conditions under which it participates in safeguarding the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected by Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad body of statutory and regulatory law that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies to fulfill the mandates of the Constitution—is radically different from the earlier one, in which the absence of rules and of state entities with appropriate jurisdiction compelled the Sala to play an almost singular leading role in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we are faced with a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal framework governing activities whose environmental impact was previously little or not at all regulated, along with the creation of state bodies vested with oversight and control powers over the effects of human activity on the environment.
The second phenomenon is that this growing juridification (juridificación)—predominantly legislative and regulatory in nature—necessarily brings onto the scene both administrative justice and the ordinary courts—primarily the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), but also the criminal courts. In those forums, consistent with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been established, so that individuals may assert their rights under the extensive body of law relating to environmental matters. 3. In that context, it is neither legally appropriate nor functionally sound for the Sala Constitucional to displace—or, worse still, substitute itself for—the ordinary courts in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring effective compliance with statutes and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases what is sought is the interpretation and enforcement of statutory and regulatory rules, which risks overlapping the Sala's jurisdiction with that of other judicial bodies that—unlike the Sala—have been created precisely to carry out such tasks.
It is also functionally incorrect because the design of its proceedings is poorly suited to the complexity present in numerous environmental disputes, which are composed of series of facts and acts that are technically and legally intricate. On both counts, there are well-known instances in which the Sala has issued a partial or technically incomplete ruling, or in which unnecessary friction has arisen and legal certainty has been undermined. 4. Among the technical aspects I have assessed, I would add the fact that this jurisdiction lacks sentence-enforcement judges who could properly monitor its rulings—which are generally complex—and which sometimes entail oversight of remedial plans, among other things, requiring interinstitutional coordination and follow-up over months or even years. 5. From that perspective, the decision of this Court to step back in environmental matters should not be seen as an abandonment of the field, but rather as a commitment to its proper protection in the forum best suited to the nature of its complexity and diversity.
Nor should it be seen as a relinquishment of this body's task of protecting the constitutional rights entrusted to it by the Political Constitution and its Ley Orgánica—a task that, in my view, remains reserved in this area for specific cases. It is, rather, an exercise in realigning the burdens and tasks assigned to the various state bodies, so that each of them may fully deploy its work within its designated sphere, as well as an exercise of fixing its own jurisdiction, as provided in Article 7 of its Ley Orgánica. 6. It is clear that the Sala Constitucional does not contemplate ceding to other jurisdictions the task of protecting individuals' rights in environmental matters. It is well recognized that while any claim alleging a violation of statutory or regulatory rules may ultimately be traced back to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law.
The goal, then, is to enable the Sala to become a protagonist alongside others, so that—collectively and each within its own sphere—the full range of situations arising from the protection of the right to a healthy and balanced environment may be addressed within a society that also has other equally pressing needs. I firmly believe that with this position the citizen loses not one iota of protection, while substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers—a principle that is of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours. 7. In keeping with the foregoing, I maintain that this Sala must refrain from hearing claims brought before it alleging a violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving such claims to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction.
The foregoing is stated as a general proposition, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my view, would still be better protected by this Sala and must therefore be heard and decided by it. Among such groups of cases—and without this enumeration being considered a closed and definitive list—I can point out that the Sala should reserve for itself the hearing of situations such as, for example, claims involving environmental violations that also pose a direct risk to human health, or to access to or the quality of water; cases of egregious and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by the state authorities is found, provided that the nature of the claim also lends itself to being addressed through the amparo writ (amparo) as a summary and special procedural instrument, since I also believe that the amparo should not be made "ordinary" in order to address—even in the cases cited—matters that exceed its capacity to handle adequately. 8.
In the specific case at hand, the complaint is that for several years there have been problems of flooding and overflow of the acequia San Pedro, a situation that is fully known to the Municipalidad de Santa Bárbara, which is why we are faced with one of the exceptions mentioned above, and for that reason I considered it necessary for the Sala to exercise its jurisdiction in order to verify or rule out whether the omissions identified violate the fundamental rights of the protected party (persona amparada).
With all due respect, I dissent from the majority opinion that grants the petition, for the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is guaranteed not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of statutes and executive decrees (regulations) currently in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's view that this Sala, through the amparo procedure, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of a certain degree of importance or gravity, and directly affecting a specific person or community.
Otherwise, the matter must be raised and decided through the legality track (vía de legalidad). Therefore, the mere failure to fulfill obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through the legality track—administrative or jurisdictional—where the failures or omissions alleged can be scrutinized with far greater scope. It must be borne in mind that the amparo petition (recurso de amparo) is a summary, informal, simple, and expeditious proceeding, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and conducts a procedure with the issuance of administrative acts, its review falls outside the scope of this specialized jurisdiction. Accordingly, the review of administrative actions carried out in connection with an environmental matter that requires, for its proper assessment, a plenary proceeding (proceso de conocimiento pleno) is only possible in the ordinary courts, inasmuch as the design of the amparo proceeding is incompatible with the examination or review of technical or legal criteria developed under applicable statutes or regulations, or with the introduction of new and additional evidentiary elements needed to examine or review the criteria already on record in the administrative case file (expediente administrativo) of the case.
To hold otherwise would transform the amparo into an ordinary plenary proceeding, thereby distorting it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, causing it to lose its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I am of the view that when a public body or entity has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in connection with an environmental matter, its review and supervision falls within the jurisdiction of the contentious-administrative courts. It is precisely the verification of the existence of such administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality track. Accordingly, this petition should have been rejected outright, since its subject matter is a question that is properly discussed, analyzed, and resolved through the legality track.
However, since that was not done, the appropriate course of action is to dismiss it, without making any ruling on the merits of the question raised, as it falls to the ordinary courts—specifically, the contentious-administrative courts—to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level, with respect to the protection, guarantee, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
IX.Partial dissenting vote (voto salvado parcial) with respect to the operative part of this judgment by Justice Garro Vargas. While I agree with the majority of the Court that the petition should be granted, I differ as to where the enforcement phase (fase de ejecución) of the matter should be lodged, owing to the absence of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction to monitor a judgment that involves aspects of great technical complexity—namely, definitively resolving the flooding and overflow problems affecting the San Pedro drainage channel (acequia San Pedro), located in Santa Bárbara de Heredia. By contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo on enforcement (articles 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to request timetables, impose fines, establish accountability, supervise compliance stages, etc. For this reason, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.
The parties are hereby notified that if any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted to the Office, these must be retrieved within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Plenary Court (Corte Plena) in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session N° 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The petition is granted and, accordingly, Víctor Manuel Hidalgo Solís, in his capacity as Mayor of Santa Bárbara de Heredia, or whoever holds that office in his stead, is ordered to definitively resolve, within no more than SIX MONTHS counted from the notification of this Judgment, the flooding and overflow problems affecting the San Pedro drainage channel, located in Santa Bárbara de Heredia. Likewise, IMMEDIATELY, the appropriate mitigation measures for the reported situation must be adopted as deemed pertinent, while a definitive solution is being implemented. The foregoing is issued subject to the warning that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fine units (días multa), shall be imposed on any person who receives an order—which they are required to comply with or enforce—issued in an amparo petition (recurso de amparo) and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision.
The Municipalidad de Santa Bárbara is ordered to pay costs and all damages caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed in contentious-administrative judgment-enforcement proceedings. Justice Hernández López files a concurring note (pone nota). Justice Salazar Alvarado files a dissenting vote (salva el voto) and votes to deny the petition. Justice Garro Vargas files a dissenting vote with respect to the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, holds that enforcement must be carried out before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules set forth in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso-Administrativo. She likewise orders that a copy of the judgment be forwarded to that Division so that enforcement proceedings may be initiated. Notify.— Fernando Castillo V.
President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
*EE343GDKNW8E61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf01 / Telf02. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Dirección05, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters involving vulnerable groups: Dirección06, San José, Dirección07, Dirección08, Dirección09, Dirección10
*CED01* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita dentro del expediente N° 21-018279-0007-CO, interpuesto por [Nombre01 001], cédula de identidad [Valor CED02] , contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo - instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental planteada ante la Municipalidad de Santa Bárbara, que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
El recurrente comenta que es vecino de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Señala que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este recurso, la problemática expuesta no ha sido resuelta por las autoridades recurridas.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
El recurrente es vecino de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia (hecho incontrovertido).
Mediante nota recibida el 16 de junio de 2020 en la Secretaría del Concejo Municipal y suscrita por [Nombre01 002] y [Nombre01 004], se indicó: “El día 8 de mayo del año en curso, personas malintencionadas taponearon con material de concreto la acequia, a nivel de la propiedad del señor [Nombre01 003] . Tal acción irregular nos está afectando, debido a que al estar taponeado el cauce de la acequia, el agua de dicha fuente se está saliendo y encausando por la vía, donde transitamos los vecinos del lugar (…) Esta situación se ve agravada porque el nivel de agua de la acequia se va aumentado significativamente en este tiempo de lluvias, circulando mayor cantidad de agua por la calle. Además en algunas ocasiones cuando el nivel de agua sube tanto se ha metido o ha amenazado con ingresar a la casa de un adulto mayor con discapacidad. El circular el agua de la acequia por la calla también está deteriorando la vía, aún más de lo que ya se encontraba” (ver prueba adjunta).
En el informe técnico N° 004-2020, elaborado por el Coordinador de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la Región Central Occidental del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, se indicó: “ 3. ANÁLISIS DE LA ACEQUIA. (…) En los primeros 250 m la conducción atraviesa un caserío conocido como La Piojina. En este trayecto se observa un entubamiento de concreto muy antiguo con problemas de fugas. Algunos sectores disponen de cuneta abierta, para posteriormente escurrir sobre canal de tierra a cielo abierto, pasando por área urbana que incluye locales comerciales y viviendas. Se ubica un sitio de referencia como el vivero el Poro, en el cual se observa un cauce de dimensiones importantes, el cual evidencia problemas de arrastre por altos caudales y velocidades. El propietario reporta desbordamientos laterales que escurren hacia la vía pública. Luego de estas áreas se observa un entubamiento con el cual se cruza una zona urbanizada.
Este entubamiento se extiende hasta un punto de cruce sobre la ruta Santa Bárbara Desamparados de Alajuela. (Punto A indicado en la figura 1). En este punto se ubica una caja colectora que suma caudal de escorrentía proveniente de la citada vía, la cual a su vez colecta aguas pluviales y de uso doméstico de toda el área urbana circundante. A partir de este punto el paso de la acequia por propiedades empieza a generar problemas de desbordamiento y afectaciones. La acequia continúa su ruta con rumbo Suroeste hacia el sector de San Pedro, atravesando área urbana, pasando bajo vías de transporte secundarias y de acceso a caseríos. (Punto B en la figura 1). Estos pasos son a base de alcantarillas de concreto, las cuales evidencian no tener la capacidad requerida para evacuar los caudales que reciben. Su dimensión tampoco facilita labores de mantenimiento. En su travesía por áreas de vivienda es posible que se hayan desarrollado construcciones sobre la conducción.
En algunos puntos a lo largo de la conducción se han reportado afectaciones a viviendas y la propiedad privada, por lo cual se requiere establecer medidas de mitigación. En la visita se mencionó un taponamiento de la conducción por la construcción de una tapia, lo cual genera afectaciones aguas arriba y sobre propiedades colindantes, en las que aún no se han desarrollado construcciones, sobre las que antes no escurría el agua. De lo antes descrito se deduce que el cauce de la acequia cumple una función de evacuar caudales de escorrentia que incluye aguas pluviales y de uso doméstico y que no es suficiente con eliminar el ingreso de agua desde el rio en época de lluvias. Además, que su conformación no obedece a las condiciones de diseño y capacidad requerida para desaguar los caudales que colecta. (…) 5. PROPUESTA DE SOLUCION (Sic) A PROBLEMÁTICA EXISTENTE. Dada la condición de uso ilegal se debe proceder al cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el rio Potrerillos.
Con esto se evita la sobre carga del caudal en época de lluvia. Es recomendable analizar la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (puede ser alcantarillado pluvial o canal abierto) que permita colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas. (Puntos A y B indicados en la fotografía aérea de la figura 2). De manera que se evite la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia. Para ello se pueden utilizar las calles que se extienden hacia el sur-este. Este sistema puede colectar las aguas que transporta la acequia hasta los puntos de cruce de esta carretera y reorientarlos hacia dicha quebrada. (Ver detalle de sistemas colectores definidos como ALCP1, ALCP2 y AlCP3 en la figura 2)” (ver prueba adjunta).
Por oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020 de 25 de agosto de 2020, emitido por el Coordinador RCOC Y SUR, de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del Nombre02 y dirigido al Alcalde de Santa Bárbara, se indicó: “Adjunto para su consideración el informe técnico N° 005-2020 relacionado con la evaluación realizada a la acequia San Pedro y recomendaciones a seguir para la mitigación de la problemática que genera”(ver prueba adjunta).
Mediante oficio N° SCMSB-0199-2020-2024 de 25 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal le comunicó el acuerdo N° 399-2020 al Alcalde de Santa Bárbara, el cual indica: “a) PRIMERO: Pasar a la Administración la nota suscrita por los señores [Nombre01 002] y [Nombre01 004] que dice (...) Frente a nuestra casa el señor Nombre03 está construyendo una vivienda la cual tiene unos tubos de salida de agua, las cuales están cayendo a la calle, lo cual según entendemos no está permitido por las normas urbanísticas las únicas que pueden salir son las llovidas y deben ser encausadas a un caño”. Lo anterior fue notificado el 25 de septiembre de 2020 (ver prueba adjunta).
El 23 de julio de 2021, la Municipalidad de Santa Bárbara realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, con el fin de dar solución a la problemática de desbordamiento, en atención a las recomendaciones dadas por Nombre02 en su informe (ver informe rendido bajo juramento).
Mediante oficio N° VA-MSB-078-2021 de 24 de septiembre de 2021, emitido por la Vicealcaldesa y dirigido al Departamento Legal, se indicó: “con el fin de evidenciar trabajos que se hicieron para cerrar la acequia desde el sector de Dirección01, caja de registro ubicada cerca de la "Soda Jacky" en la intersección Dirección01 y Dirección02. Dicho cierre se hizo para cortar el paso de la acequia a la Dirección03 donde se habían recibido quejas e incidentes de anegamientos en propiedades El trabajo consistió en poner una lámina de metal en el canal lo que buscaba desviar el agua hacia la, tubería pluvial de Dirección04. Estos trabajos se llevaron a cabo por el Depto de Obras el 23 de julio del 2021. No omito manifestar que en pocos días dicho trabajo había sido eliminado por particulares, es decir la lámina ya no estaba, consultando en la comunidad indican los vecinos, que al cerrar el paso de la acequia en ese punto, se provocaron inundaciones en las viviendas y en la ruta cantonal. Con esto nos queda que al cerrar la acequia y desviarla se inundan otros sectores. Para evitar esta situación sería necesario un cierre técnico con un estudio y obra de canalización” (ver prueba adjunta).
De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho:
ÚNICO.- Que a la fecha, la Municipalidad de Santa Bárbara haya acatado todas las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), con el fin de resolver la problemática de la acequia San Pedro.
Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política.
Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente.
Norma que establece al efecto: " El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes ". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa.
Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.
Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector ".
Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del sub judice, se tiene por demostrado que mediante informe técnico N° 004-2020 de agosto de 2020, el Coordinador RCOC de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la Región Central Occidental del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) analizó la problemática de la acequia San Pedro, en el cual detalló los hechos expuestos por el recurrente e indicó: “3. ANÁLISIS DE LA ACEQUIA. (…) En los primeros 250 m la conducción atraviesa un caserío conocido como La Piojina. En este trayecto se observa un entubamiento de concreto muy antiguo con problemas de fugas. Algunos sectores disponen de cuneta abierta, para posteriormente escurrir sobre canal de tierra a cielo abierto, pasando por área urbana que incluye locales comerciales y viviendas.
Se ubica un sitio de referencia como el vivero el Poro, en el cual se observa un cauce de dimensiones importantes, el cual evidencia problemas de arrastre por altos caudales y velocidades. El propietario reporta desbordamientos laterales que escurren hacia la vía pública. Luego de estas áreas se observa un entubamiento con el cual se cruza una zona urbanizada. Este entubamiento se extiende hasta un punto de cruce sobre la ruta Santa Bárbara Desamparados de Alajuela. (Punto A indicado en la figura 1). En este punto se ubica una caja colectora que suma caudal de escorrentía proveniente de la citada vía, la cual a su vez colecta aguas pluviales y de uso doméstico de toda el área urbana circundante. A partir de este punto el paso de la acequia por propiedades empieza a generar problemas de desbordamiento y afectaciones. La acequia continúa su ruta con rumbo Suroeste hacia el sector de San Pedro, atravesando área urbana, pasando bajo vías de transporte secundarias y de acceso a caseríos.
(Punto B en la figura 1). Estos pasos son a base de alcantarillas de concreto, las cuales evidencian no tener la capacidad requerida para evacuar los caudales que reciben. Su dimensión tampoco facilita labores de mantenimiento. En su travesía por áreas de vivienda es posible que se hayan desarrollado construcciones sobre la conducción. (...) De lo antes descrito se deduce que el cauce de la acequia cumple una función de evacuar caudales de escorrentia que incluye aguas pluviales y de uso doméstico y que no es suficiente con eliminar el ingreso de agua desde el rio en época de lluvias . Además, que su conformación no obedece a las condiciones de diseño y capacidad requerida para desaguar los caudales que colecta. (…)” (el subrayado no es del original).
Asimismo, del mismo informe se coligen las recomendaciones realizadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a la Municipalidad de Santa Bárbara, con el fin de atacar el problema en cuestión . Se comprueba de los autos que tal informe fue notificado al Alcalde de Santa Bárbara el 25 de septiembre de 2020, mediante el oficio Nº SENARA-INDEP-RCOC-OF-0094-2020. Adicionalmente, se demuestra que por oficio N° SCMSB-0199-2020-2024 de 25 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal le comunicó el acuerdo N° 399-2020 al Alcalde de Santa Bárbara, el cual versa sobre la problemática de la acequia San Pedro, situación expuesta por otros vecinos de la comunidad (no por el propio recurrente), lo cual también le fue notificado al Alcalde recurrido el mismo 25 de septiembre de 2020.
Ahora bien, del estudio del expediente se desprende que, si bien la municipalidad recurrida realizó trabajos de mantenimiento sobre la acequia, el pasado mes de julio de 2021, en atención a las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento , y mediante oficio N° VA-MSB-078-2021 de 24 de septiembre de 2021, la Vicealcaldesa indicó que: con el fin de evidenciar trabajos que se hicieron para cerrar la acequia desde el sector de Dirección01, caja de registro ubicada cerca de la "Soda Jacky" en la intersección Dirección01 y Dirección02. (...) El trabajo consistió en poner una lámina de metal en el canal lo que buscaba desviar el agua hacia la tubería pluvial de Dirección04. Estos trabajos se llevaron a cabo por el Depto de Obras el 23 de julio del 2021. No omito manifestar que en pocos días dicho trabajo había sido eliminado por particulares, es decir la lámina ya no estaba, consultando en la comunidad indican los vecinos, que al cerrar el paso de la acequia en ese punto, se provocaron inundaciones en las viviendas y en la ruta cantonal.
Con esto nos queda que al cerrar la acequia y desviarla se inundan otros sectores. Para evitar esta situación sería necesario un cierre técnico con un estudio y obra de canalización”, lo cierto es que no brindaron una solución real al problema que sufre la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara, lo cual es aceptado y reconocido por el mismo gobierno local, quienes manifestaron que era necesario realizar un cierre técnico con un estudio y obra de canalización; sin embargo, no se observa en autos que el mismo haya sido realizado. Cabe indicar que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no solo indicó que se debía proceder con el cierre de la entrada de agua a la acequia desde el punto de captación en el río Potrerillos, pues también le recomendaron a la municipalidad que analizaran la posibilidad de implementar un sistema de evacuación pluvial (alcantarillado pluvial o canal abierto) que permitiera colectar las aguas de escorrentía desde la carretera Desamparados -Santa Bárbara hacia el sector sur para descargar en el cauce de la quebrada Cañas, de manera que se evitara la evacuación de los caudales por la línea de conducción de la acequia y añadieron que dicho sistema podía colectar las aguas que transportaba la acequia hasta los puntos de cruce de la carretera y reorientarlos hacia la quebrada; sin embargo, la Municipalidad de Santa Bárbara se limitó y colocar una lámina de metal en el canal con el fin de desviar el agua hacia la tubería pluvial de Dirección04, lo cual fue retirado por los propios administrados debido a las inundaciones que tal actuación provocó.
Adicionalmente, el Alcalde de Santa Bárbara indicó, en su informe rendido bajo juramento, que planificaron y presupuestaron un plan de intervención dentro de los trayectos ubicados en la vía pública y en las áreas de naturaleza pública, con el fin de solucionar la problemática que aqueja la zona; sin embargo, no detalla cual es el plan ni la fecha próxima de ejecución y culminación del proyecto. En razón de lo expuesto, este Tribunal constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos afectados de la comunidad de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como se expondrá en la parte dispositiva de esta sentencia.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno.
El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos.
Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que – ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5.
Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6.
Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8.
En el caso concreto, se acusa que desde hace varios años, se presentan problemas de inundaciones y desbordamientos de la acequia San Pedro, situación que es de pleno conocimiento de la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual, estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de la persona amparada.
Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.
De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.
Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
IX.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso solucionar de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena a Víctor Manuel Hidalgo Solís, en su condición de Alcalde de Santa Bárbara de Heredia, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en un plazo no mayor a SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la problemática de inundaciones y desbordamientos que presenta la acequia San Pedro, ubicada de Santa Bárbara de Heredia. Asimismo, DE FORMA INMEDIATA , deberán adoptar las medidas de mitigación de la situación denunciada que estimen pertinentes, mientras se resuelve de forma definitiva. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Santa Bárbara al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
*EE343GDKNW8E61*
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