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Res. 22461-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/10/2021

Amparo Granted for Flooding in Quebrada Quebradilla, EscazúAmparo por inundaciones en Quebrada Quebradilla, Escazú

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Court granted the amparo against the Municipalidad de Escazú, ordering the mayor, risk management officer, and council president to take all necessary measures within two months to resolve the Quebrada Quebradilla flooding and monitor compliance, with costs and damages imposed; the amparo was denied as to the CNE.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo contra la Municipalidad de Escazú y ordenó al alcalde, al encargado de gestión del riesgo y al presidente del Concejo adoptar todas las medidas necesarias en un plazo de dos meses para resolver la problemática de inundaciones en la Quebrada Quebradilla, con condena al pago de costas, daños y perjuicios; el recurso fue declarado sin lugar respecto de la CNE.

SummaryResumen

The Constitutional Court granted an amparo against the Municipalidad de Escazú for chronic inaction in the face of repeated flooding from Quebrada Quebradilla in San Rafael de Escazú. The petitioner, owner of properties adjacent to the quebrada, alleged decades of floods worsened by indiscriminate construction permits on uphill land, unauthorized pipe-channeling of the watercourse by neighbors, and inadequate stormwater infrastructure. Despite a 2019 cantonal emergency declaration and a CNE technical report (IAR-INF-0863-2017) recommending urgent hydraulic improvements, no definitive solution had been implemented. The Court held that mere inspection and canal cleaning is insufficient and that the municipality must issue binding orders to neighbors to comply with corrective measures. The mayor, risk management officer, and council president were ordered to act within two months. The amparo was denied as to the CNE, which had acted within its statutory mandate.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Escazú por inacción ante inundaciones crónicas causadas por la Quebrada Quebradilla en San Rafael de Escazú. El recurrente, propietario de fincas colindantes con la quebrada, denunció décadas de desbordamientos agravados por permisos de construcción indiscriminados en zonas altas, entubamientos ilegales del cauce por vecinos y falta de inversión municipal en infraestructura pluvial. Pese a que el Concejo Municipal declaró emergencia cantonal en 2019 y que el informe IAR-INF-0863-2017 de la CNE ya había recomendado mejoras hidráulicas urgentes, no existía solución definitiva. La Sala determinó que la sola fiscalización y limpieza del cauce es insuficiente y que la Municipalidad debe girar las órdenes para que los vecinos cumplan con las medidas correctivas. Ordenó al alcalde, al encargado de gestión del riesgo y al presidente del Concejo actuar en dos meses. El recurso fue declarado sin lugar respecto de la CNE, que había actuado dentro de sus competencias legales.

Key excerptExtracto clave

This Court finds that the respondent violated the petitioner's fundamental rights. While the municipality argues that actions must be taken by homeowners, it is nonetheless obligated to issue the pertinent orders so that neighbors comply, since mere inspection and cleaning is not sufficient. Note that the problem dates back many years and no definitive solution has been provided. Consequently, the proper course is to grant the amparo with the order set out in the operative section. As for the CNE, no violation of the petitioner's rights is found, since it has taken the necessary actions within the scope of its legal competencies. The amparo is granted with respect to the Municipalidad de Escazú. The Mayor, the Risk Management Officer, and the Council President of the Municipalidad de Escazú, or whoever holds those positions, are ordered to issue all pertinent instructions and to carry out all measures within their competence so that, within no more than two months from notification of this ruling, the necessary improvements are made to resolve the problems with Quebrada Quebradilla and compliance is monitored.Así las cosas, esta Sala estima que el recurrido lesionó los derechos fundamentales del tutelado, pues si bien argumenta que las acciones deben ser tomadas por los propietarios de las casas, lo cierto es que debe girar las ordenes pertinentes a fin de que los vecinos las cumplan, pues con la solo fiscalización de limpieza no es suficiente. Nótese, que el problema data de años atrás, y no se ha dado una solución definitiva a la situación. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso con la orden que se indicará en la parte dispositiva. Ahora bien, en cuanto al CNE, se descarta una lesión a los derechos del amparado, pues han efectuado las acciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias. Se declara con lugar el recurso, en relación con la Municipalidad de Escazú. Se ordena a Arnoldo Barahona Cortés, Daniel Cubero Ramírez y Carlomagno Gómez Ortiz, por su orden, Alcalde, encargado del Departamento de Gestión del Riesgo, y Presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Escazú, o a quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor a dos meses contado a partir de la notificación de este recurso, giren las ordenes pertinentes, a fin de que efectúen las mejoras necesarias, para que se solucione la problemática en relación con la Quebrada Quebradilla, y fiscalice su cumplimiento.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    "The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced within an amparo proceeding and fails to comply or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision."

    Por tanto

  • "Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    Por tanto

  • "Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad."

    "While I agree with the Court majority that the amparo must be granted, I disagree on the venue for the execution phase, given the absence of adequate mechanisms under the rules governing constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving aspects of great technical complexity."

    Voto salvado parcial — Magistrada Garro Vargas

  • "Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad."

    Voto salvado parcial — Magistrada Garro Vargas

  • "Los sectores dentro de esta categoría, propensos a inundarse por la Quebrada Quebradillas, serán objeto de un estudio especial hidrológico, para evaluar la aceptación o no de los proyectos propuestos dentro de estas zonas. Además, los desarrollos que se hagan en la parte central de Bello Horizonte, al tener problemas de capacidad de desfogue pluvial dentro de la cuenca de la quebrada antes mencionada, deberán resolver adecuadamente el problema de conducción de aguas pluviales fuera de esta cuenca."

    "Sectors in this category, prone to flooding from Quebrada Quebradillas, shall be subject to a special hydrological study to evaluate whether or not proposed projects within these zones are acceptable. Additionally, developments in the central area of Bello Horizonte, given stormwater drainage capacity problems within that watershed, must adequately resolve the conveyance of stormwater outside the watershed."

    Plan Regulador del Cantón de Escazú, Art. 11.6 (citado en el informe del Alcalde)

  • "Los sectores dentro de esta categoría, propensos a inundarse por la Quebrada Quebradillas, serán objeto de un estudio especial hidrológico, para evaluar la aceptación o no de los proyectos propuestos dentro de estas zonas. Además, los desarrollos que se hagan en la parte central de Bello Horizonte, al tener problemas de capacidad de desfogue pluvial dentro de la cuenca de la quebrada antes mencionada, deberán resolver adecuadamente el problema de conducción de aguas pluviales fuera de esta cuenca."

    Plan Regulador del Cantón de Escazú, Art. 11.6 (citado en el informe del Alcalde)

  • "Se debe plantear la necesidad de realizar mejoras en la quebrada como, dragados, lagunas de retención, canalizaciones o desvíos para que aumente la capacidad hidráulica y se minimice la vulnerabilidad de que se den más desbordamientos."

    "The need to carry out improvements to the stream must be addressed, such as dredging, retention ponds, channeling, or diversions, in order to increase hydraulic capacity and minimize the risk of further overflow events."

    Informe CNE IAR-INF-0863-2017 (citado por la Municipalidad de Escazú)

  • "Se debe plantear la necesidad de realizar mejoras en la quebrada como, dragados, lagunas de retención, canalizaciones o desvíos para que aumente la capacidad hidráulica y se minimice la vulnerabilidad de que se den más desbordamientos."

    Informe CNE IAR-INF-0863-2017 (citado por la Municipalidad de Escazú)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen in the morning on October eighth, two thousand twenty-one.

Writ of amparo (recurso de amparo) processed under case number 21-017086-0007-CO, filed by Nombre01, national identity document CED01, against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ and the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA.

WHEREAS:

  1. 1By written submission received by this Chamber at 14:10 hrs. on August 30, 2021, the petitioner files a writ of amparo and states that he is the owner of property registry folios (folios reales) 3-10061-003 and 186070-003, located in the district of San Rafael, where his family home was built. He indicates that the house sits approximately 90 centimeters below street level, in front of the Centro Educativo San Agustín, on a street that slopes downward toward the urban road where the Kínder Koala is located, connecting to the beginning of the upper section of the street known as Villalobos. He notes that his property borders on the northern boundary with the stream (quebrada) known as "Quebradillas," and is also crossed by a drainage ditch (yurro) that carries runoff from springs (nacientes) and ponds (lagunas) that were drained to make way for construction. He adds that in 1960, when his father acquired the land, there were three ponds in the surrounding area to the south and across the street, whose springs drained into the "Quebradilla" stream.He alleges that, for some years now, the Municipalidad de Escazú has been issuing indiscriminate construction permits in the area, particularly on the higher-elevation lots where vertical and horizontal condominiums have been built, without analyzing land-use restrictions to protect the ponds, streams, and springs that exist in the area and the related legislation. He argues that for more than 40 years the respondent Municipality has not invested money in upgrading storm drains (alcantarillas) or in properly managing stormwater loads and controlling wastewater in the area where he lives, which is affected by the failure to account for the watershed that collects rainwater and which, based on his review with surveyors, may encompass at least one square kilometer as a potential contributing drainage area. He further states that, due to the lack of oversight, surveillance, and monitoring of the area by the Municipalidad de Escazú, many neighbors have enclosed the watercourse (cauce) of streams running through their properties in pipes, altering the capacity and even the course of the waterbody, with no technical knowledge or expert guidance.He affirms that neighbors have used pipes of various sizes—between 90 cm and 60 cm—and have built irregular structures within the legally required setbacks (retiros) and on top of pipes installed to avoid flooding from the volume of rainwater that runs through the street or ditches; they have therefore built protective low walls (muretes) and drainage channels (caños), all due to the Municipality's inaction in addressing this area. He adds that he has spent 41 years filing requests with the respondent Municipality: his first home was in the house that flooded on the south side of what is now the Kínder Koala; he later moved to live in front of the Centro San Agustín, and every time it rains his property floods severely, requiring him to hire workers to clear blockages and remove debris, rubble, garbage, and all kinds of carried material from the watercourse, warning the workers about its contamination.Despite calls and meetings with municipal officials, the standard response from the inspector is "that they have not been able to obtain a special permit from the property owner to the north, through whose property the stream passes, in order to obtain access permission and clear the blockage." He affirms that it has not been possible to prevent continued construction on lots that will drain stormwater directly into the streets or into the small pipes that keep the stream watercourse completely restricted, which are the only possible stormwater collectors. He argues that Ministry of Health inspectors have been emphatic that the complaint must be directed to the responsible party, which is the Municipality. He adds that the municipal inspectors who have come to review his property situation have stated that the Municipality "can do nothing about the piping problem (entubamiento) and the illegal constructions that violate the setbacks or are built over the watercourse," and that the appropriate course of action is to file a lawsuit against the offending neighbor.He recounts that the respondent municipal corporation authorized the construction of a condominium called "Bohemia," which, based on his experience, background, and long familiarity with the area, he believes is encroaching on springs that still showed visible seepage. He notes that the springs and ponds that once existed in the area have been seriously impacted and even filled in, and that this has likely contaminated the springs due to the urban subdivisions (fraccionamientos urbanos) authorized by the Municipality. He warns that the streams, springs, and other bodies of water are "unrecognizable" today due to the impact sustained over such a long period. He details that there is recently a situation with a neighbor who is remodeling or reconstructing his house, as it bears the official "Clausurado" (Sealed) notice yet work continues despite there being no construction permit—a situation that concerns him, since that house has two floors built directly over the piped watercourse of the stream, and the demolished sections may be affected by the 5- or 10-meter setback that must be defined by the land-use study or land-use document.He adds that on Thursday, August 19, 2021, the problem exceeded all limits of tolerance: the rain that fell that day caused the "Quebradilla" to overflow on the northern side, as well as the water from the former ponds and spring that passes through his property. The water in both streams was flowing under pressure through the makeshift pipes installed by neighbors, and when those became blocked, the water continued its course through three or four properties to the west until it reached the street, cascading uncontrollably down to the front of the Kínder Koala, causing a flood far greater than any previously experienced. He explains that his property becomes a stormwater retention pond, since the stream watercourse is not piped there, and thus the property was completely inundated to an approximate water depth of 4 meters. He states that an event of this kind can not only damage structures but also threaten the lives of those who have lived in the area for years.He argues that this week he learned from one of the most affected neighbors about the existence of the "Informe de la Comisión Nacional de Emergencias, IAR-INF-0863-2017"; for this reason, the neighbors have again requested that the CNE, through its Risk Research and Analysis Unit (Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo), update and issue a comprehensive report for the entire affected area, as they consider there to be an imminent risk and a danger that a tragedy of greater magnitude could occur. He affirms that he is aware of agreement AC-310-19 issued by the Municipal Council on November 4, 2019, which declared a "Cantonal Emergency," but that to date the Municipality has done nothing to resolve the problem. He alleges that it is not sufficient to clean the few gutters, ditches, and pipes that exist in the public right-of-way and are easily accessible, since all of these drain into a watercourse that leads to the aforementioned streams and passes through the various affected lots.For these reasons, the problem must be addressed. He maintains that he feels in a state of complete defenselessness. He adds that he is aware that the Comisión Nacional de Emergencia has stated that the solution to the problem should have been managed urgently by the Cantonal Risk Committee (Comité Cantonal de Riesgos), which is housed within the Municipality itself, and that it is the mayor's responsibility to promptly resolve the stated problem. For the foregoing reasons, he requests that the writ be granted and that the Municipalidad de Escazú be ordered to provide immediate and urgent attention to the problem affecting him, as it threatens the physical and mental integrity of the affected residents. He considers that the acts complained of violate his fundamental rights.
  2. 2By order issued at 13:45 hrs. on September 1, 2021, the present writ was admitted and the respondent authorities were notified on September 6, 2021.
  3. 3By written submission presented on September 6, 2021, Lidier Esquivel Valverde, in his capacity as Head of the CNE's Risk Research and Analysis Unit, and Eduardo Mora Castro, in his capacity as Head of the CNE's Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal), reported under oath that: "(…) That risk is transversal to all activities, both public and private; 2- That the management thereof must be a public policy of the Costa Rican State; 3- That this policy is embodied in the Plan Nacional de Gestión de Riesgo; a document prepared by the Commission, an act that materializes this public policy and must be consulted on a mandatory basis by the state bodies and entities responsible for planning tasks, which shall take into account the guidelines set out in that Plan when preparing their respective plans. Likewise, when preparing urban development plans, programs, and projects, the risk prevention and mitigation component must be considered, all in accordance with Article 8 of Ley No. 8488.The Commission, by the principle of legality, is responsible for directing, guiding, and steering risk prevention in Costa Rica and for coordinating state institutions in emergency situations. Having reviewed the writ of amparo filed against the CNE by Nombre01, this representation considers that the facts outlined by the petitioner do not fall within the powers and attributions granted by law to the CNE, in accordance with the principle of legality and Articles 14 and 15 of Ley 8488. It is apparent from the summary transcribed in the transfer of this writ that what the petitioner alleges must be resolved in accordance with the powers and responsibilities of local governments (in this case, the Municipalidad de Escazú), in risk prevention through land-use planning (ordenamiento territorial). Finally, the CNE's Risk Research and Analysis Unit, in adherence to its powers, proceeded in a timely and proper manner to prepare Technical Report CNE-UIAR-INF-0888-2021, which contains the recommendations provided by that Unit." It requests that the writ be dismissed.
  4. 4By written statement filed on 06 September 2021, CARLOMAGNO GÓMEZ ORTIZ, acting as President of the Municipal Council (Concejo Municipal) of Escazú, reports under oath that:

"(…) FIRST: Whereas the Municipal Council of Escazú, in Regular Session (Sesión Ordinaria) 184, Minutes (Acta) 220 of 04 November 2019, adopted Agreement (Acuerdo) AC-310-19, which provided:

AGREEMENT AC-310-19 'IT IS RESOLVED: Based on the provisions of Articles 11 and 169 of the Political Constitution, Articles 11 and 13 of the Ley de Administración Pública, Report of the Comisión Nacional de Emergencias number IAR-INF-0863-2017, Official Communication of the Dirección Área Rectora de Salud Escazú number CS-ARSE-670-2017, Inspection Report of the Municipal Police number 0095, and Official Communication of the Public Works Maintenance Sub-process number MOP-103-17. It is resolved. FIRST: To declare a cantonal emergency (emergencia cantonal) with respect to the situation currently affecting the residents near the quebrada Quebradilla, located in the vicinity of the Kínder Koala in San Rafael de Escazú. SECOND: To respectfully request that the Mayor (Alcalde Municipal) immediately undertake the administrative steps that will enable the residents of the quebrada Quebradilla to have a permanent solution to the problem they face with the channeling (canalización) of waters from the creek.

THIRD: To support all technical and administrative steps that the Mayor will take to provide an immediate solution to the affected residents. This agreement shall be communicated to the Mayor for the purposes of his office.' Having carefully reviewed the facts alleged by the appellant (recurrente), I respectfully inform this Honorable Constitutional Tribunal that the facts and issues raised before this constitutional body fall outside the legally assigned competencies of this Presidency as well as of the Municipal Council itself, as this is a strictly administrative matter — and therefore within the exclusive and excluding jurisdiction of the Mayor — as may be inferred from the harmonious reading of the following articles of the Municipal Code (Código Municipal):

'Article 17.- The following powers and duties belong to the Mayor: a) To exercise the functions inherent to the position of general administrator and head of the municipal departments, overseeing the organization, functioning, coordination, and faithful compliance with municipal agreements, laws, and regulations in general. b) To delegate the functions entrusted by this law, pursuant to Articles 89 and following of the Ley General de la Administración Pública. (…) Article 31.- The Mayor and the council members (regidores) are prohibited from: a) (…) c) Interfering in matters and functions that fall within the competence of the Mayor, the council members, or the Council itself. Special committees in which they serve are excepted from this prohibition.

By way of further elaboration on the distinction of competencies between municipal councils and mayors' offices, it is appropriate to cite the ruling of the First Chamber of the Supreme Court of Justice N° 776-2008 of 9:25 a.m. on 20 November 2008:

'Municipal governments (ayuntamientos) have a two-sided structure composed of two hierarchical centers of authority, which, by express provision of Article 169 of the Political Constitution and Articles 3 and 12 of the Código Municipal, form the Municipal Government (highest hierarchy) of the Municipal Corporations (Corporaciones Municipales). On one hand, the Council, composed of popularly elected council members, with political and regulatory functions (Article 12 of the C.M.), is a deliberative body with a political character. On the other hand, the Mayor, also a popularly elected official (Article 12 of the C.M.), holds competencies of a technical nature, with a managerial and executive character (Articles 14 through 20 ibid.). His sphere of competency is linked to executive and administrative functions. Between the two, there is no hierarchical bond, but rather an inter-administrative relationship of coordination, necessary for the work of administering the local interests and services of the canton entrusted to the Municipal Government that they both form, pursuant to Article 169 of the Constitution.

Simply put, the Mayor is not a hierarchical subordinate of the Council; they are bodies with coordinated but not subordinate competencies that must ultimately complement each other for the efficient and agile functioning of municipal governments.' (Emphasis not in the original) SECOND: That in order to comply with the ruling that is the subject of this communication, by means of official communication PRES-I-05-21 from this Presidency of the Municipal Council, I proceeded to request from the Mayor a report on the actions taken by said Administration in order to address what was requested through the aforementioned Agreement AC-310-19, as well as with respect to the facts alleged by the petitioner (amparado) as regards this Municipality; said report had not yet been received at the time this statement was prepared, and a copy of it will be forwarded as soon as it is received. THIRD: By virtue of the exclusive and excluding legal jurisdiction belonging to the Mayor's Office with respect to the underlying subject matter of this dispute (litis), this representation defers to whatever the Municipal Administration reports.

This being all that I can report to this honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional), I remain entirely at your disposal for any clarification or addition that may be necessary." He requests that the writ (recurso) be dismissed.

5- By means of a written submission filed on September 8, 2021, Arnoldo Barahona Cortés, in his capacity as mayor (alcalde) of the Municipalidad de Escazú, and Daniel Cubero Ramírez, in his capacity as head of Risk Management (Gestión del Riesgo), state under oath that: "(…) In the sector where the appellant's property is located, the Quebradilla stream (quebrada) runs through, and the Cantón de Escazú Zoning Plan (Plan Regulador) of 2006, in Art. 11.6, states the following: '…Sectors within this category that are prone to flooding from the Quebradillas stream shall be subject to a special hydrological study in order to assess whether proposed projects within those areas are acceptable or not. Furthermore, developments carried out in the central area of Bello Horizonte, given the stormwater drainage capacity problems (desfogue pluvial) within the watershed (cuenca) of the aforementioned stream, must adequately resolve the problem of conveying stormwater outside of that watershed…' (Italics not in the original.) From the time of the drafting of the zoning plan, the Municipalidad de Escazú took into account the flood hazard condition associated with the Quebradilla stream in the event of hydrometeorological events; for that reason, detailed specific studies are required for building permits (permisos de construcción) sought for projects in the vicinity of that body of water.

Accordingly, the professionals responsible for any potential construction projects must assess the impact that an increase in stormwater runoff or any discharge could have on the hydrological dynamics of the Quebradillas stream. Now, regarding the issuance of building permits, the Municipalidad de Escazú has, since 2002, included within its mandatory pre-application procedures for obtaining a building permit a document known as the 'Impact Study on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas' (Estudio de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección). The purpose of that document is to determine whether properties and potential construction projects are affected by any body of water, well, or protection zone thereof, so that the applicable setbacks (retiros) are observed. The Impact Studies on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas are prepared based on official information from SINIGIRH of the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, which is the official governing body in this regard.

Official existing cartographic databases are likewise consulted, as is information from the cadastral plans (planos). In cases where there is any impact from a well, body of water, or protection zone thereof, the interested party is informed of what case law provides regarding protection radii. If there is an impact that is not indicated in the cadastral plans, the interested party is advised to make the correction. The Environmental Management Sub-process (Subproceso Gestión Ambiental) prepares the 'Impact Study on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas' for all building-permit applications received. If interested parties have previously requested it, its currency is reviewed; if they have not previously requested it, the inquiry is made by official memorandum and is attached to the permit application for the information of those responsible for reviewing, approving, and denying building permits.

The 'Impact Study on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas' is information provided free of charge to all citizens who wish to obtain information about a given property. This is done so that those interested in developing a project, or property owners, have a clear picture of the situation before making decisions. The Water Directorate of MINAE is the body responsible for approving in-channel works (obras en cauce) such as retaining walls (muros de contención) or culvertings (entubamientos). Table 2 shows the in-channel works approved according to SINIGRH, and Figure 6 shows their locations.

14. As stated in the Ley de Aguas in Article 89: 'Owners of properties adjoining public watercourses (cauces públicos) are free to place defenses against the waters along their respective banks by means of plantings, stakes, or revetments, whenever they deem it appropriate. The administration may, however, after prior proceedings, order such works to be suspended and even have things restored to their prior state, when circumstances are such that those works threaten to cause harm to navigation or the floating of logs on rivers, to divert watercourses from their natural course, or to cause flooding.' Now, regarding the passage of the Quebradilla stream through the Kinder U Kids (formerly Kínder Koala), in this sector the representative of the aforementioned educational center processed the culverting (entubamiento) of the Quebradilla stream in 2002. Document IMN-DA-1092-2002, expediente 2018-O states the following: V. 'A culverting of 51.50 meters in length divided into three sections is authorized, for a flow rate (caudal) of 15.40 cubic meters per second without risk of overflow or harm to third parties.' Point VII states: 'That the State retains property rights over the channel (cauce) in all respects; the culverted area must be left as a green area, and no construction over it shall be authorized; the centerline of the channel must be respected, and no diversion or encumbrance upon neighboring properties shall be permitted; and the protection area established by law must be respected.' VI. 'In order to guarantee that no harm will be caused to third parties, it is recommended that the permit be granted conditionally upon full compliance with the design specifications submitted, in all respects, and under the civil responsibility of the design professional.' Now, the head of Risk Management submits his report through official memorandum INF-GR-075-2021, which states the following: It should be noted that the case dates from August 30, 2017, specifically due to the impact of Onda Tropical #31, which was designated an 'extreme event' by the Instituto Meteorológico Nacional (IMN); see the attached detail, in which that wave was considered one of the most impactful of that year.

As a result of that event, channel overflows occurred at various points throughout the canton, including the Quebradilla stream, which caused damage to the properties of Mr. Nombre01 located in the eastern area of Dirección01, in the district of San Rafael in the Cantón de Escazú. As set forth in the complaint filed under Expediente: N°21-017098-0007-CO, on August 30, 2017, a surge of water (cabeza de agua) flooded the home of Mr. Nombre02 (former residence of Mr. Nombre01), and in an inspection carried out by the Municipalidad on the 31st, an engineer together with a municipal work crew (cuadrilla municipal) conducted an assessment indicating that the cause of the overflow was the collapse of the culverted section carried out by a neighbor, at the location of the preschool educational center known as Kids University Daycare, with Property Number (Número de Finca) 229402-000 and cadastral survey plan (plano de catastro) SJ-573245-85.

It should be noted that said culverting dates from 2002 and had received approval from SETENA (January 22, 2002), as reflected in exp. SG-085-2002; the approval of the culverting from the Municipalidad was requested on February 21, to which Engineer Sandra Blanco indicated that the Municipalidad could not grant such approval and that SETENA only determines the environmental feasibility (viabilidad) of the project, directing them to the Water Department (Departamento de Aguas) of MINAE, and informing them that construction was not permitted under the Ley de Construcción and Ley Forestal N°7575. On April 26 of that year, through resolution INM-DA-1092-2002, the Water Department authorized the culverting of the channel provided that MINAE's recommendations were met — an action whose nullification was requested by the municipality on May 14, since the study submitted by the Water Directorate did not contemplate the consequences of said culverting on other sectors of the same watershed.

It should also be noted that in the complaint filed by Mr. Nombre01, reference is made to Technical Report IAR-INF-0863-2017, with particular emphasis on Recommendation B, which states: 'The need to carry out improvements to the stream, such as dredging (dragados), retention ponds (lagunas de retención), channeling (canalizaciones), or diversions (desvíos), to increase hydraulic capacity and minimize vulnerability to further overflows, must be addressed.' However, it is necessary to acknowledge that the channel of the Quebradilla stream and its corresponding protection area are contained within private properties, including those of Mr. Nombre01, where it has been largely demonstrated that there has been informal and irregular manipulation of the channel and its protection area through the construction of solid structures that alter the fluvial dynamics and, consequently, the hydraulic capacity of the stream — thereby limiting municipal intervention, since public funds cannot be invested in private property as the appellant requires.

Likewise, three recommendations from that report are highlighted and set out below: Recommendation A states that 'The occupants of these dwellings must be aware of the risk they face, so as to be prepared and to establish emergency plans to act promptly in the event of another occurrence that could affect them'; in response to this situation and as a preventive measure given the impossibility of accessing private property, constant communication is maintained with the administered parties, visits and cleanings of the channel are coordinated whenever necessary, and complaints regarding construction are received, the most recent of which was filed by Mr. Nombre01 on Monday, August 16, on the same day that the inspection and the corresponding closure (clausura) were carried out, with informal work on weekends being recurrent, as indicated by the complainant. Recommendation B, for its part, states that 'To carry out works in public-domain channels, the respective permits from the Water Department of MINAET and the corresponding Municipalidad must be obtained; accordingly, these institutions must be reminded of the urgency of such measures so that they may cooperate and facilitate any steps required'; in response to that recommendation, it is necessary to refer to the Ley de Aguas, specifically to Article 89, which reads as follows: 'Owners of properties adjoining public watercourses are free to place defenses against the waters along their respective banks by means of plantings, stakes, or revetments, whenever they deem it appropriate.

The administration may, however, after prior proceedings, order such works to be suspended and even have things restored to their prior state, when circumstances are such that those works threaten to cause harm to navigation or the floating of logs on rivers, to divert watercourses from their natural course, or to cause flooding. Compensation for any harm that may be caused shall be borne by the owner who ordered the construction of the defenses'; in this case, the triggering works were those authorized by the Water Directorate against the feasibility granted by SETENA. In the complaint, reference is also made to Municipal Council Agreement AC-310-19, in which a request is made to declare a cantonal emergency; however, it should be noted that this is based on IAR-INF-0863-2017, and that emergency declarations are made exclusively by the Executive Branch (Poder Ejecutivo).

Regarding the most recent incident reported, it occurred on Thursday, August 19; a day characterized by unstable conditions brought about by the high morning temperatures combined with the instability of the Intertropical Convergence Zone (Zona de Convergencia Intertropical), which promoted the influx of moisture from maritime areas and triggered an extreme event over the canton of Escazú. Multiple incidents resulted from extreme rainfall (precipitación) amounts over a period of approximately two hours, among them the overflow (desbordamiento) of Quebrada Quebradilla and damage to the properties of Mr. Nombre01; see the attached photographs and maps, which show that Quebrada Quebradilla and its protection zone (área de protección) fall within the boundaries of the properties. In conclusion, given the impossibility of intervening in and monitoring the watercourses (cauces) because they are located on private property, reliance must be placed on the neighbors' early warning (alerta temprana) in order to obtain the necessary permits and gain access for preventive clearing of those watercourses.

This practice has yielded good results, as no incidents occurred during the past two years, until August 19 of the current year, when, under an extreme event, the dragging of organic material and waste (garbage) discharged into the various watercourses of the canton caused obstructions at different points, resulting in overflows and damage to dwellings." The dismissal of the appeal is requested.

6- The appellant states that "Having already reviewed the response filed by the Municipalidad de Escazú to this constitutional writ of protection (recurso de amparo), I proceed to note the following in relation thereto: 1.-) The respondent Municipality presents a series of arguments that evade the specific facts I have reported herein; therefore I consider that the respondents DID NOT COMPLY with the report required by the Chamber. As the Sala Constitucional noted in the ruling that admitted the writ of protection for review, the respondent entity was expressly required, in accordance with Articles 44 and 45 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, that: 'The report must be filed only once, … it shall be deemed given under oath, so that any inaccuracy or falsehood shall subject those filing it to the penalties for perjury or false testimony, depending on the nature of the facts contained therein, and that failure to report shall result in the facts being deemed true and the writ may be granted…'.

I already consider it necessary to certify portions of the record to the Ministerio Público, not only for the inaccuracies contained in the Municipality's response, but also for the manipulation, concealment, and distortion of facts presented to avoid providing a direct response to the facts I have reported, which are, in my view, very serious and may, in the short term, cause a catastrophe of incalculable proportions, with risk to the lives of the people who inhabit the Distrito de San Rafael de Escazú, in the reported conflict zone. It is outrageous that the President of the Concejo Municipal also seeks to evade accountability for the negligence and dereliction of duties with which they have acted for years, while having knowledge of the seriousness of the facts arising from the improper interference with Quebrada Quebradillas, lagoons (lagunas), springs (nacientes), and other adjacent features.

The President seems to forget that Article 13 of the Código Municipal confers upon the Council the obligation of 'p) Enacting urban-planning measures (medidas de ordenamiento urbano).' That urban planning in Escazú has been in total chaos, as is demonstrated simply by visiting the area and observing the indiscriminate growth of high-density residential construction, without taking into account that there is no adequate stormwater drainage (desfogue de aguas pluviales) management infrastructure or wastewater (aguas negras) control. The streams (quebradas) are currently receiving the effluent from several treatment plants, are contaminated, and the contamination can even be observed from the discharges upstream. Therefore, the watercourses (cauces) are a source of contamination for neighboring properties. Furthermore, the Council contradicts itself by citing a ruling from this very Chamber, which clearly states that both the Council and the mayor (alcalde) act in an 'inter-administrative' manner, not to mention the District Councils (Concejos de Distrito), which have seriously breached their obligation to 'oversee the Municipal function' (Article 54 of the Código Municipal).

The mayor attempts to improperly attribute or implicate SETENA and the Water Directorate of MINAE in the issuance of construction permits in protected areas (zonas protegidas) — which are matters of public order — yet at every turn omits to state, by way of example, whether what the owner of the former Kinder Koala built to manipulate the waters of Quebrada Quebradillas did or did not have a permit from the Municipality. Now it turns out that the mayor also questions the credibility of the 'cantonal emergency declaration,' issued by the Council by binding resolution (acuerdo firme) of November 4, 2019, arguing that it falls within the purview of the Executive Branch. He fails to mention the fact that Quebrada Quebradillas does not appear properly mapped on the canton's maps, and that it has culverted sections (sectores entubados) and structures built over its watercourse. It is unknown whether these works do or do not have municipal permits, but it is equally apparent that the statutory setbacks (retiros de ley) set forth in the land-use regulations — intended to ensure that property owners and consultants in the field consider those guidelines in the project to be built — have not been respected. 2.-) The constitutional norms invoked by me in this writ of protection are being seriously, gravely, and openly violated, principally Articles 11, 50, 129, and 169 of the Constitución Política.

The Municipality cannot be excused for permitting illegal and irregular acts over public-domain (dominio público) assets, such as streams, rivers, watersheds (cuencas), lagoons, etc., on the grounds that the manipulation and construction upon them — which constitute real and evident harm to all the residents living in the low-lying area — are supposedly legal because they received endorsements (visados) from SETENA and MINAE; something they likewise fail to demonstrate in this writ of protection proceeding. In any event, the Municipality bears the ultimate responsibility for issuing the construction permit and thus for safeguarding the well-being, safety, and healthfulness of the cities (Articles 1 et seq. of the Ley de Construcciones, which validates or rejects construction permits). The Municipality states that it has the appropriate hydrological studies for the area and for everything built therein; it does not produce them, nor does it provide evidence of having conducted the corresponding studies on the management of the hydraulic load (carga hidráulica) of the watershed receiving stormwater runoff, wastewater effluents, and all the surface waters flowing through drainage channels (caños) or roadways into the watercourses of the affected streams, which lack sufficient capacity to function as an adequate collection system for stormwater and wastewater.

This situation has persisted for more than 40 years or more. It is clear that there has been no control or intervention through a general engineering design that takes into account all the factors entailed in urban development with respect to basic services such as general sewerage (alcantarillado). This is necessary so that permits may be granted on the basis of a development plan, as required by law. The Municipality also fails to provide conclusive evidence that it adopted the necessary resolutions for the professional and comprehensive planning required for intervention in the area, as ordered by the CNE in its 2017 report submitted herein. It has not demonstrated having carried out a COMPREHENSIVE intervention in the infrastructure to resolve the enormous problem that grows year after year, as it lacks the necessary tools. What the Municipality has done is patchwork repairs, moving from one location to another when a complaint arises or the effect becomes too obvious for the community and the press to ignore.

Certainly, the climate change that is being experienced — and that the Municipality claims to know perfectly well — accelerates the process of deterioration and increases the risks that become hazards for the community. The truth is that IT HAS DONE ABSOLUTELY NOTHING directed toward what is needed and what the authorities have required of it, nor HAS IT PROVEN HERE HAVING CARRIED OUT PREVENTIVE MAINTENANCE AND MONITORING. This is reprehensible, as it demonstrates that the Municipality has full knowledge of the tropical waves and seasonal storms forecast for the country, yet expects us, the residents, to perform actions that fall within its own competence. All the photographs the Municipality submits in this writ of protection proceeding regarding supposed maintenance in the area were always taken after residents reported flooding that damaged our properties; see for example the photographs from August 20, 2021, one day after the serious events that triggered the present writ of protection proceedings.

The cleaning work on the few collectors or drainage channels that exist will never be sufficient to prevent flooding, because the Municipality is not actually addressing what is needed at the sites that cause it. The Municipality shamelessly expects the residents to sit in our homes or on our porches, monitoring the streambed and any overflow. The Municipality describes a series of supposed 'prior procedures' before granting construction permits; yet it does not prove here that they were followed or that they are adequate and sufficient, nor does it demonstrate that it has exercised monitoring, oversight, and supervision of the construction permits it has granted, as is its obligation. What is evidenced here, by the Municipality's own statements, is the anomaly of ILLEGAL construction encroaching upon the streambed, illegal discharge of wastewater into springs and public-domain watercourses, and yet the Municipality attempts to justify itself by arguing that it cannot now intervene because what was illegally built or allowed to be built — and which is causing the problem at issue in this writ of protection — is on 'private property,' and therefore it cannot use its resources and good offices to do what the Constitution and the law assign to it, namely, to safeguard the protected areas, which are in no way private property. 3.-) Here the Municipality had no alternative but to produce Council agreement AC-310-19 and the CNE report IAR-INF-0863-2017, which they failed to comply with.

There are two other writs of protection before this court: 21-016426-0007-CO and 21-017098-0007-CO, both concerning the same reported facts and the damage caused by the constant flooding of our homes, businesses, public roads, and private properties. In all of those proceedings, the Municipality's arguments are evasive, and it attempts to transfer responsibility for its negligence and dereliction of service to the victims themselves, as it does with the undersigned in this writ of protection. It expects residents to be reporting and suing one another over the very acts permitted or not prevented by the Municipality. Its lack of expertise in engineering and oversight is evident, and its position in the face of the problem, supported by weak arguments, is disgraceful and worthy of investigation by the Ministerio Público. The Municipality has not clearly stated here whether the works carried out over Quebrada Quebradillas did or did not have its EXPRESS PERMIT, nor has it done so for the other constructions that discharge their stormwater and wastewater into those watercourses; nor has it submitted or presented the urban development plan containing the engineering solution upon which it has been acting and making decisions.

The Municipality has openly failed to fulfill its constitutional and legal duties in the face of the facts we have been reporting for years, which concern the encroachment and — as they themselves indicate on pages 5 and 29 of the brief and supposed evidence submitted by the mayor — THEY EXPRESSLY ACKNOWLEDGE the informal and irregular manipulation and narrowing of the watercourse, yet THEY HAVE DONE NOTHING, they have not sought out or reported the matter to any authority despite what occurred having happened before their very eyes, claiming that it was done with ENDORSEMENTS or PERMITS FROM SETENA AND THE WATER DIRECTORATE, but they produce neither the referenced evidence nor any indication that it was reviewed by municipal technical staff or at least compared against municipal designs taking into account a sewerage system for the affected watershed. In any event, that does not exclude the Municipality's liability, since it was required to use all the legal and factual avenues at its disposal and not subject the rest of the population — many affected residents — to living in such risk and fear; this has left all of us psychologically very damaged. 4.-) For years the Municipality denied me the existence of Quebrada Quebradillas to the north of my property.

On its map or plan, what appears is the drainage channel or drainage ditch (yurro) that was once a calm feature forming part of the network of lagoons and springs in the area. Now it turns out that they submit here report COR-GA-622-21, dated September 6, 2021, which states on page 1 of the report (page 14 of the document uploaded to the Chamber): '3. Both Quebrada Quebradilla and the unnamed stream (Quebrada "Sin Nombre") appear in the Municipal Cadastre and in the cartographic databases of the Environmental Management sub-process…'." If the foregoing is indeed true, the problem becomes even more apparent. The stream (quebrada) Quebradilla disappears to the east of my property because it is enclosed or piped underground, and it is precisely that fact which has kept it out of sight of the municipal officials (munícipes). The same report states that they have had official rulings (dictámenes) since the year 2000, yet THEY HAVE DONE NOTHING AND HAVE NOT DEMONSTRATED THAT THEY HAVE TAKEN CONTROL OF THE SITUATION; as I have submitted to the record, the situation in that area worsens with each passing day.

To that end, the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, at our request, visited the site on August 30, 2021 and issued the BINDING report for the Administration: IAR-INF-0888-2021, which reaches the following conclusions: "VI. Conclusions A. The problem arises from the drastic reduction in the hydraulic capacity of the watercourse (cauce) used as a drainage outlet (desfogue), caused by informal construction and construction permitted by the municipality. It is also caused by the municipality's failure to know the watershed (cuenca) or its tributary area (área tributaria), thus leaving the entire area without protection, without design, and without adequate technical oversight for proper maintenance and urban growth. B. APPARENTLY, NO ACTION HAS BEEN TAKEN IN THE SECTOR ON THE RECOMMENDATIONS MADE IN 2017. C. The current condition of the micro-watershed (microcuenca) reflects a serious problem of imbalance between the watercourse and the construction, the first evidence of which is a failure to respect the setback zones (zonas de retiro) or protection areas (áreas de protección) as established by the applicable regulations. D. If short-term mitigation measures are not taken with respect to the confinement conditions of the stream, the impact on residents during the rainy seasons will continue." (Emphasis added.)

This report demonstrates beyond any doubt the failure to discharge duties in public office (función pública) that the Municipality and all the officials involved have incurred; it is outrageous that, from the prior CNE report used in the response filed to this writ of amparo (Amparo), the Municipality only recites that it is we, the residents, who must remain alert. I ask: what purpose does the Municipality's technical staff serve if not to attend to these matters? What can be expected in the coming months to ensure the safety of those affected? The answer lies in the hands of the honorable Sala Constitucional. We live in permanent danger to our property and our physical and mental well-being throughout the entire rainy season, while the Municipality, which continues to accumulate budget surpluses (superávit) amounting to HUNDREDS OF MILLIONS as demonstrated here by certification of a certified public accountant (contador público), watches its canton deteriorate openly.

  • 5)It is a mockery that they come here to say that almost nothing has been built in the area in the last 7 years, when they themselves submit a photograph of an unauthorized construction that I reported and on which they have done nothing, now claiming that the work is carried out on weekends. To make matters worse, they come here to declare, on page 8 of the Mayor's brief, that no INCIDENTS have occurred in the last TWO YEARS. In the amparo case files filed herein, there appears, for example, the case of my neighbor Attorney (Licenciada) Gilda Jiménez, who reported to the Municipality from October 2020 through August 19, 2021, FIVE FLOODING EVENTS on her property, THREE OF THEM VERY SERIOUS. Similarly, there are the serious incidents reported by neighbor Nombre02 at his residence, a property that I rented 41 years ago and had to vacate because it flooded. Nombre02 is also mentioned in this amparo by the Municipality's own officials, who are fully aware of the problem and who have known for the past three years that he has been affected.

A culvert (alcantarilla) in Dirección02 has already collapsed due to the heavy rains of August 19, 2021, which caused flooding in the lower part of the watershed. The poor condition and limited capacity of the pipeline coming from Palma de Mallorca were thereby made evident. Since there is no general drainage plan or one planned for the future, we do not know how many water drainage outlets have been authorized without due consideration of the actual conditions of the watershed and its tributary area. The few drainage collectors (colectores) are being undermined by this improvised approach. On my property, the drainage channel (yurro) of the ponds (lagunas) and springs (nacientes) is not piped underground, nor is the only visible stretch of the Quebrada Quebradillas. The downstream neighbor and all those upstream have this watercourse piped, and it discharges water under pressure upon reaching my property.

It is now a torrent devoid of wildlife, which disappeared as a result of uncontrolled sewage (aguas negras) and stormwater runoff. The very documents submitted by the municipality demonstrate the volume of rainfall during the season, but the municipal officials demonstrate no knowledge of how much water is collected in the watercourses for proper channeling and control. For this reason I bring my claim before the Sala Constitucional and, while awaiting a ruling in favor of the neighborhood, in my case I will no longer be spared from flooding caused by the overflow of watercourses as appears in the record, with an average accumulation of water up to FOUR METERS in depth that also deposits contaminated silt and whatever material it can carry through the existing pipes. My property shows sediment from upstream construction that may reach up to 150cm in depth.

I have knowledge that the National Emergency Commission (CNE) officially notified the Municipalidad regarding both reports—the one from 2017 (denied by the Municipalidad) and the current one submitted herewith, which was served on Monday, September 6, 2021. I wish to place on record that following this notification, officials from the Municipalidad appeared on Tuesday, September 7, 2021—as evidenced by the photographs I am submitting—to partially clean the stream (quebrada) known as Quebradillas. I had already removed, with two workers and a chainsaw, logs, furniture, and dry branches left by a neighbor after pruning his bougainvillea (veranera), all of which had accumulated at the inlet of the culverts running beneath the neighbor's house to the north side. The photographs show a dump truck collecting the cut vegetation from the property and other debris. And yet, they had no access problems whatsoever to the property—which is nothing other than the streambed and the setbacks (retiros) of the stream, given that it does not have a wide frontage—and they carried out brush clearing (chapia) along the sides of the watercourse (cauce).

The Municipalidad cleared the land, but I, the undersigned, had to pay out of my own pocket for workers with a chainsaw, since I had not expected the visit from the municipal officials, which I had requested many times before. I have no doubt that the Municipalidad took plenty of photographs—no doubt to later justify their work and years of absence, and to play down the seriousness of the underlying problem.

  1. 6) The Municipalidad appears before this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) seeking shelter under Article 89 of the Ley de Aguas—which I find nothing short of outrageous. Their contradictions are so glaring that in report COR-GA-622-21, which they themselves submit, the same Environmental Management Sub-process unit states, on pages 23 and 24 of the Mayor's full pleading, that the Municipalidad supposedly engages in PROACTIVE water management oversight, yet they provide no evidence whatsoever of this, nor any management plan. Likewise, they are fully aware—and so state themselves—that THE MUNICIPALIDAD IS THE DIRECTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN ITS JURISDICTION, by mandate of the Ley General de Salud and the Ley Orgánica del Ambiente. Then: how is it possible that they subsequently conclude that we residents are responsible for managing our own risk and avoiding the dangers we live with, when it was the Municipalidad's own officials who authorized—by act or by omission—the irregular construction that exists in the area and that is causing terrible harm to residents?I firmly consider this matter to be of the utmost gravity. What I have reported is fully substantiated, as is the flagrant and ongoing violation of the Constitutional provisions invoked in this amparo appeal (recurso de Amparo). I respectfully request that this honorable Constitutional Chamber grant this amparo in its entirety and order the Municipalidad to resolve this problem through a serious, comprehensive, engineering-based plan, and to take all preventive measures to avoid another disaster in the area, given that the lives of those of us who have suffered harm are gravely at risk. I expressly request that portions of the record be referred (testimoniar piezas) to the Ministerio Público, given the gravity of the facts, so that all the irregularities that are known to occur in these legally protected areas—and that are fully known to the Municipalidad de Escazú, which considers itself a mere bystander despite being responsible for everything that happens there with respect to construction and other irregularities in the management of stormwater (pluviales) and sewage (aguas negras)—may be investigated.It appears to follow from the Municipalidad's own response that CONSTRUCTION PERMITS HAVE BEEN GRANTED, which is why I presume they do not dare to proceed as they should. That must be thoroughly investigated; an entire community cannot be exposed in this way.

7. By written submission filed with the Court Secretariat at 8:08 a.m. on September 16, 2021, Gilda María Jiménez Córdoba filed an intervention in support (coadyuvancia), stating that "As the owner of the property registered in the Partido de San José, FOLIO REAL 252325-000, located at Dirección02, in San Rafael de Escazú, Dirección03, and as a person directly harmed by the acts alleged by Mr. Nombre01 in this writ of amparo (recurso de amparo), with the utmost respect for this honorable Constitutional Chamber, I appear pursuant to Article 34 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in the capacity of Intervening Party (Coadyuvante). It is absolutely true that every time it rains we watch as our homes and the homes of our neighbors situated in the lower part of Dirección02 flood, causing serious damage. We are witnesses to the sewage sediment (sedimentos de aguas negras) that remains in the street and everywhere once the waters recede, to the lack of adequate stormwater (aguas pluviales) and sewage management throughout this area, to the poor condition of the few existing culverts, the absence of curb-and-gutter (cordón de caño) or pedestrian sidewalks, the absence of storm drains (tragantes), and essentially, this is an area that has been abandoned in terms of maintenance, infrastructure, and oversight by the Municipality of Escazú.

The situation presented by the streams (quebradas) that have been invaded and strangled in their channels by illegal construction, and by the discharge of stormwater and sewage from many of the condominiums built in the upper area indiscriminately, has caused the entire zone to collapse to a point where we believe our lives are already at risk, as officials of the Comisión Nacional de Emergencias have made clear to me. The streets, which collapse under the flooding that occurs every time it rains, become impassable and dangerous; businesses, homes, and other properties flood. The overflow events are occurring with ever-greater flow volumes; the situation is entirely UNSANITARY and poses a serious contamination risk to the population. We agree with the petitioner in this amparo proceeding that over 40 years of this problem is more than sufficient time for the Municipality to have intervened—by conducting the required technical reports and studies, by matching infrastructure to the building permits for new construction it has granted, and by monitoring the proper management of stormwater and sewage in that area.

They are obligated by law and by the Constitution to protect and care for the streams, lagoons, and springs (nacientes) that have today nearly disappeared in the upper zones and that, as I now understand from the technical reports of the CNE, are the source of this very serious problem—reports that, in my case, were concealed from me at all times by the municipal officials. In my judgment, there is also environmental damage that must be investigated. My family has lost its belongings to flooding of its home on multiple occasions, which compelled us to also file the amparo proceeding Expediente N°.21-016426-0007-CO; however, I am also appearing to intervene in support in this amparo, because yesterday, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021, at around 2:00 p.m., a tremendous downpour struck the conflict zone and once again there were terrible floods, as the photographs submitted by the petitioner demonstrate, and I now submit videos showing how the torrential overflow began to form in the Quebrada Quebradillas and what occurred in the vicinity of Condominio Bohemia.

The fact is that, faced with the reported events, we neighbors had to join a group chat to warn one another when the flooding of what remains of the Quebrada Quebradillas and the unnamed stream rises—one can see the video sent to us by the petitioner here, which shows the volume of torrential water rushing down, strangled by what is left of the stream, and in which he alerted us to the flooding that occurred yesterday. In the vicinity of Dirección04, the flooding was so severe that, although some neighbors wanted to go and record what was happening, it was impossible due to the danger, which is why I am submitting a video taken once the water had subsided somewhat. All of that water flows directly toward Dirección02 and from there discharges toward Dirección05 past Restaurante La Hacienda. In my case, our property was saved yesterday by a miracle, because Dirección02 collapsed from the flooding on Thursday, August 19, 2021, leaving an enormous hole made by the Municipality itself, through which all of that current discharged; otherwise, everything would have been destroyed again.

I am very alarmed to now be learning about the problem reported by the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, which, upon our request, updated a report on Monday, August 30, 2021, report CNE-UIAR-INF-0888-2021, which is already part of the record; the report on what was reported to the Water Directorate of MINAE is still pending. I find it outrageous that, with utter brazenness, the Municipality comes before this Court in this Amparo proceeding to state that it granted A PERMIT TO THE OWNERS OF KINDER KOALA to pipe a stream with a direct discharge to Dirección02, carrying nothing less than A FLOW OF 15.43 CUBIC METERS PER SECOND—that is, 16,000 liters PER SECOND—which is entirely unmanageable for the infrastructure that has existed in this area for at least 40 years, and which gives some idea of the flow volumes being handled in that zone. The neighboring residents adjacent to that site, who have lived there their entire lives, are in grave danger, as demonstrated not only by the petitioner here, but also by the situation of Mr.

Nombre02 and his family, who constantly suffer the destruction of their home and property just as my family does, and for which reason he filed the Amparo proceeding Expediente N°.21-017098-0007-CO. We live in constant fear; the moral damages are incalculable. Yesterday, when we notified one another among neighbors about what was happening, one could read the messages of anguish from all the affected parties, because WE HAVE NO WAY TO PREVENT THIS OR TO RESPOND TO THE EMERGENCY WHEN IT OCCURS. We have nowhere to move our homes, and nowhere to run in this type of emergency—not to mention the frustration and exposure to contamination in which we are left after the floods, since everything that remains must be cleaned up, and it is truly foul. The entire conflict zone reported has collapsed, posing grave danger in the event of rainfall; the poor condition of the pipes has been laid bare, AS HAS THE EVIDENCE presented in the record of sewage (aguas negras) discharge not only into the streams and what remains of the springs, but also flowing freely through pipes as though nothing were amiss, while the Municipality tells us that such chaos is the responsibility of the residents themselves.

The few pipes and culverts existing on Dirección02 are OBSOLETE AND DESTROYED; all the waters connect directly to smaller-diameter pipes that are not designed to bear such a hydraulic load, and ultimately ALL OF THAT STORMWATER AND SEWAGE ends up flowing out onto the main street past Restaurante La Hacienda, whose owners have also blocked the drainage ditch (acequia); it then overflows and runs downhill to the lower zone in front of the Gas Station, damaging everything in its path, and I do not know whether it ultimately discharges into some river. We adopt as our own the arguments presented in the Amparo proceeding and likewise request that the Municipality be ordered to pay damages (daños y perjuicios) to all those harmed, for the serious failure of service (omisión de servicio) it has maintained toward this community for years, and for its grave breach of its duty to safeguard THE WELFARE AND PUBLIC HEALTH OF THE AREA AND OF THE ENVIRONMENT.

The Municipality is lying when it claims to have taken timely measures aimed at resolving this problem; it has done nothing, not even preventive maintenance. In the amparo proceedings filed, the Municipality has manipulated and distorted the facts and the supposed reports indicating that it took action to fix this problem. All of those reports were generated as a result of my complaints before the Municipal Council at its session on August 23, 2021, following the terrible flooding we suffered on August 19, during which I warned of the filing of amparo proceedings and of complaints before the relevant government agencies—the CNE and the Water Directorate—as well as before the Public Prosecutor's Office (I HAVE RECORDINGS OF THAT SESSION SHOWING THAT NEITHER THE PRESIDENT OF THE COUNCIL NOR THE COUNCIL MEMBERS WHO WERE PRESENT TOOK ANY ACTION, AND THAT AT ALL TIMES THEY CONCEALED FROM ME THE EXISTENCE OF THE CANTONAL EMERGENCY DECLARATION DATING BACK TO 2019, AND THAT THEY HAD KNOWN OF THIS PROBLEM SINCE 2017 BY VIRTUE OF A CNE REPORT).

The record shows that the situation was evaluated beginning in 2017 by the Comisión Nacional de Emergencias, and that agreement AC-310-19 exists, from MINUTES 220-19, DATED NOVEMBER 4, 2019, of the CONSEJO MUNICIPAL DE ESCAZÚ, which declared a CANTONAL EMERGENCY with respect to the situation affecting the entire street running from Dirección06 down to the lower area in front of the Police Station, from which point all the waters connect to obsolete pipes running along the eastern boundary of my property and discharging onto Dirección05 past Restaurante La Hacienda. Following the notification made by the CNE to the Municipality on September 6 of this year regarding said updated report, municipal officials went and partially cleared what remains of the Quebrada Quebradillas (photographs are on the record); however, I can personally attest that Mr. Nombre01, the neighbor immediately adjacent to that stream, had to unblock the obstructed pipes himself.

I cannot and do not wish to imagine the disaster we would have faced yesterday had Mr. Nombre01 not performed that clearing work in the upper section. The CNE's current report confirms that there is even public infrastructure built over a protected zone (zona protegida). We feel helpless in the face of these events; we can only wait and pray that our homes will not be swept away in each incident, but this is a situation of permanent anguish, entirely unjust given that the Municipality has ALL THE MULTI-MILLION-DOLLAR ECONOMIC RESOURCES ACCUMULATED IN ITS COFFERS without carrying out the works the population requires. There is also a serious failure to act on the part of the accused body, since by not intervening and reporting all of this contamination that we additionally suffer from the sewage freely running through the pipes and streets of our District—and that ends up in our homes as well with every flood—it is falling short of its legal duties.

We are escalating this matter, given its seriousness, to the attention and investigation of the Public Prosecutor's Office; the Mayor has been in his post for no fewer than ELEVEN LONG YEARS, and therefore cannot claim ignorance of what is happening in the area, nor can it be said that during all those years he has done absolutely NOTHING to address this problem, having the resources available to do so. There is a failure to fulfill duties in the exercise of public office (incumplimiento de deberes en la función pública). This problem requires an inter-institutional planning process to resolve it, and its execution must be carefully monitored, because the municipal officials have demonstrated total failure of service (omisión de servicio), as well as an alarming degree of negligence and incompetence. I respectfully request that this amparo proceeding be granted and that the corresponding orders be issued, as well as URGENT PRECAUTIONARY MEASURES (medidas cautelares); the Municipality must somehow appear and CLEAR ALL STREAM CHANNELS, SPRINGS, PIPES, ETC.; the rainiest season is still ahead, and we have demonstrated in our amparo proceedings with compelling evidence that in August and September alone we have already suffered TWO EXTREMELY SERIOUS FLOODS." 8. The legal requirements have been observed in the conduct of these proceedings.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considering:

I. SUBJECT OF THE APPEAL

The petitioner considers that his fundamental rights have been violated, given that he is the owner of the registered parcels (fincas) bearing folio real numbers 3-10061-003 and 186070-003, on which his family home was built, situated approximately 90 centimeters below street level. He notes that, in 1960, three lagoons existed in the surrounding areas, whose springs (nacientes) drained into the stream (quebrada) "Quebradilla." He alleges that, for several years, the Municipality of Escazú has issued indiscriminate construction permits in the area—particularly on higher ground, where vertical and horizontal condominiums have been developed—without analyzing, in the land-use (uso del suelo) review, the restrictions for the protection of the lagoons, streams, and springs that exist in the area or the related legislation. He claims that for more than 40 years the respondent Municipality has not invested funds to upgrade storm drains (alcantarillas) or to adequately manage stormwater (aguas pluviales) loads and wastewater (aguas negras) control in the area where he lives, and that the area is adversely affected by the failure to account for the watershed (cuenca) that collects rainfall and that, according to surveys he has conducted with topographers, may encompass an area of at least one square kilometer as a possible tributary area.

He adds that, due to the lack of oversight, surveillance, and monitoring in the area by the Municipality of Escazú, many neighbors have pipe-channeled (entubado) the watercourse (cauce) on their properties, thereby altering the capacity and even the course of the body of water, without any technical knowledge or expert advice. He states that neighbors have used pipes of various sizes ranging from 90 cm to 60 cm and have carried out irregular construction within the legally required setbacks (retiros de ley) and on top of pipes built to avoid flooding caused by the volume of rainwater flowing through the streets or ditches; as a result, they have built protective low walls (muretes protectores) and drainage channels (caños), all owing to the municipality's inaction in addressing this area. He mentions that he has taken several actions before the respondent without the necessary measures being implemented to resolve the flooding of his property, as he is told that what he must do is file a complaint against the offending neighbor.

He recounts that the respondent municipal corporation authorized the construction of a condominium called "Bohemia," which in his view is encroaching on some of the springs that were still visibly seeping. He indicates that the springs and lagoons that once existed in the area have been severely impacted and even filled in, and that this has likely contaminated the springs as a result of the urban subdivisions (fraccionamientos urbanos) authorized by the Municipality. He warns that the streams, springs, and other bodies of water are "unrecognizable" to date due to the impact suffered over such a long period of time. He details that, recently, there has been a situation involving a neighbor who is remodeling or rebuilding his house, as it bears a "Closed" seal, yet the work continues despite the absence of a construction permit; this concerns him, as that house has two stories built directly over the pipe-channeled watercourse of the stream, and the demolished sections may be affected by the 5- or 10-meter setback that must be determined by the land-use study or document.

He adds that on Thursday, August 19, 2021, the problem exceeded all limits of tolerance, as the rain that fell that day caused "Quebradilla" to overflow on its northern side, as well as the former lagoons and the spring running through his property; the waters in both streams flowed under pressure through the makeshift pipes installed by neighbors, and when these became blocked, the water continued its course, passing through three or four properties to the west before reaching the street, flowing uncontrollably downward and causing flooding far greater than any previously experienced. He argues that, this week, he learned from one of the most severely affected neighbors of the existence of the "Informe de la Comisión Nacional de Emergencias, IAR-INF-0863-2017"; for this reason, the neighbors have once again requested that CNE, through its Risk Research and Analysis Unit, update and issue a comprehensive report covering the entire affected area, as they believe there is an imminent risk—a danger that a tragedy of greater magnitude may occur.

He states that he is aware of agreement AC-310-19 issued by the Municipal Council on November 4, 2019, which declared a "Cantonal Emergency," but that to date the municipality has done nothing to address the problem. He alleges that merely cleaning the few drainage channels, ditches, and piped sections located on public roads—which are easy to access—is not sufficient, since all of these drain into a watercourse that leads to the aforementioned streams running through the various affected parcels (predios). He adds that he is aware that CNE has stated that the solution to the problem should have been urgently managed by the Cantonal Risk Committee (Comité Cantonal de Riesgos) within the Municipality itself, and that it is the mayor's responsibility to proceed with a prompt resolution of the stated problem.

II. ON THE THIRD-PARTY INTERVENTION (COADYUVANCIA) FILED

Third-party intervention (coadyuvancia) is a form of adhesive participation that occurs when a person enters a proceeding by aligning with the claims of one of the principal parties. Accordingly, a person is entitled to act as an intervening party (coadyuvante) when that person holds a direct interest in the outcome of the appeal; however, since the intervening party is not a principal litigant, it will not be directly affected by the judgment—that is, the judgment's effects cannot reach the intervening party directly and immediately, nor does the res judicata (cosa juzgada) character of the ruling affect them (see, among others, Judgment N° 2010-000254, of 11:28 a.m. on January 8, 2010, and N° 2018019952, of 9:30 a.m. on November 30, 2018). In the case under analysis, this Court admits the request for passive third-party intervention filed by Gilda Jiménez Córdoba, on the grounds that she holds a direct interest in this matter. In general terms, the applicant states that she is affected by the constant flooding in the area where she lives, of which the respondent is aware; however, the respondent has not taken concrete action in response to this situation. Accordingly, by virtue of the procedural provision cited above and the statements made by the aforementioned intervening party, the third-party intervention is admissible.

III. PROVEN FACTS

The following facts are considered duly established as relevant to the resolution of this matter:

  • a)The petitioner is the owner of two registered parcels (folios 3-10061-003 and 186070-003) located in the district of San Rafael de Escazú (undisputed fact).
  • b)In 2002, pipe-channeling was carried out with approval from SETENA (January 22, 2002). (See sworn report.)
  • c)In Technical Report IAR-INF-0863-2017, the respondent municipality established that: "The need to carry out improvements to the stream must be raised, including dredging, retention lagoons, channeling, or diversions, in order to increase hydraulic capacity and minimize the risk of further overflows," for which reason it was recommended: "The occupants of these dwellings must be aware of the risk they face, so as to be prepared and establish emergency plans to act in a timely manner should another event occur that could affect them (…) In order to carry out works on public-domain watercourses, the relevant permits must be obtained from the Water Department of MINAET and from the corresponding Municipality; the urgency of these works must therefore be communicated to these institutions so that they may cooperate and facilitate any related management." (See sworn report.)
  • d)The Municipal Council of Escazú, in Ordinary Session 184, Minutes 220 of November 4, 2019, adopted Agreement AC-310-19, which provided: "AGREEMENT AC-310-19 'IT IS AGREED: On the basis of the provisions of Articles 11 and 169 of the Political Constitution, Articles 11 and 13 of the Public Administration Act, the report of the National Emergency Commission number IAR-INF-0863-2017, the communication from the Health Oversight Area Directorate of Escazú number CS-ARSE-670-2017, Municipal Police Inspection Report number 0095, and the communication from the Public Works Maintenance Sub-unit number MOP-103-17. It is agreed. FIRST: To declare a cantonal emergency with respect to the situation currently experienced by the residents of the Quebradilla stream, located in the vicinity of the Kínder Koala in San Rafael de Escazú. SECOND: To respectfully request that the Municipal Mayor immediately carry out the administrative steps necessary to provide the residents of Quebradilla stream with a permanent solution to the problem they face regarding the channeling of the stream's waters. THIRD: To support all technical and administrative measures that the Mayor undertakes to provide an immediate solution to the affected residents. This agreement shall be communicated to the Municipal Mayor for the corresponding action.'" (See sworn report.)
  • e)The Quebradilla stream runs through the area where the petitioner's property is located; accordingly, the 2006 Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Canton of Escazú, in Art. 11.6, established: "…The sectors within this category that are prone to flooding from the Quebrada Quebradillas shall be the subject of a special hydrological study to assess whether projects proposed within those zones are acceptable or not. Furthermore, developments undertaken in the central area of Bello Horizonte, given that they present stormwater drainage capacity problems within the aforementioned stream's watershed, must adequately resolve the issue of stormwater conveyance outside of that watershed…" (See sworn report.)
  • f)For the issuance of construction licenses, the Municipality of Escazú made mandatory the submission of a document called the "Study on the Impact on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas" (Estudio de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección), the purpose of which is to determine whether properties and potential construction projects are affected by any body of water, well, or corresponding protection zone, so that the required setbacks are observed. These Studies on the Impact on Springs, Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas are prepared on the basis of official data from the SINIGIRH of the Water Directorate of MINAE, which is the official governing body in this regard. (See sworn report.)
  • g)The petitioner's case dates from August 30, 2017, specifically in connection with the impact of Tropical Wave No. 31 (Onda Tropical #31), which was classified as an "extreme event" by the National Meteorological Institute (Instituto Meteorológico Nacional); that event involved watercourse overflows at various points in the canton, including the Quebrada Quebradilla, which caused damage to the petitioner's properties. (See sworn report.)
  • h)In compliance with Report IAR-INF-0863-2017, the respondent, as a preventive measure given the impossibility of entering onto private property, has maintained ongoing communication with residents, coordinating visits and cleaning of the watercourse whenever necessary, as well as receiving construction-related complaints. (See sworn report.)
  • i)On August 16, 2021, the petitioner filed the most recent complaint; an inspection and the corresponding closure were carried out on that same day. (See sworn report.)

IV. ON THE SPECIFIC CASE

The case file shows that the protected party (amparado) is the owner of two properties (folios 3-10061-003 and 186070-003) located in the district of San Rafael de Escazú. In 2002, a culverting (entubamiento) was carried out with SETENA's approval (January 22, 2002). In Technical Report IAR-INF-0863-2017, the respondent (recurrida) municipality determined that: "The need to carry out improvements to the creek (quebrada) must be raised, such as dredging, retention ponds, channeling, or diversions, so as to increase its hydraulic capacity and minimize the risk of further flooding (desbordamientos)," and accordingly recommended: "The occupants of these homes must be aware of the risk they face, so as to be prepared and establish emergency plans to act in a timely manner should another event occur that could affect them (…) To carry out works in public-domain watercourses (cauces de dominio público), the relevant permits from the Water Department of MINAET and the corresponding Municipality must be obtained; these institutions should therefore be reminded of the urgency of these matters so that they cooperate and facilitate any such proceedings." The Municipal Council of Escazú, at Regular Session 184, Minutes 220 of November 04, 2019, adopted Agreement AC-310-19, which provided: "AGREEMENT AC-310-19 'IT IS AGREED: Based on the provisions of Articles 11 and 169 of the Political Constitution, Articles 11 and 13 of the Law of Public Administration, Report of CNE number IAR-INF-0863-2017, Official Communication of the Escazú Health Rectory Area Directorate number CS-ARSE-670-2017, Inspection Report of the Municipal Police number 0095, and Official Communication of the Public Works Maintenance Sub-process number MOP-103-17.

It is agreed. FIRST: To declare a cantonal emergency regarding the situation currently faced by the residents of the Quebrada Quebradilla, located in the vicinity of the Kínder Koala in San Rafael de Escazú. SECOND: To respectfully request that the Municipal Mayor immediately undertake the administrative steps necessary to provide the residents of Quebrada Quebradilla with a permanent solution to the problems they face with the channeling of the creek's waters. THIRD: To support all technical and administrative measures that the Mayor will undertake in order to provide an immediate solution to the affected residents. This agreement shall be communicated to the Municipal Mayor for appropriate action.'" The Quebrada Quebradilla runs through the location of the petitioner's property, and accordingly Art. 11.6 of the 2006 Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Canton of Escazú established: "…Sectors within this category that are prone to flooding from the Quebrada Quebradillas will be subject to a special hydrological study to assess whether proposed projects within these zones are acceptable or not.

Furthermore, developments in the central part of Bello Horizonte, which face stormwater drainage capacity problems within the watershed (cuenca) of the above-mentioned creek, must adequately resolve the problem of conveying stormwater out of this watershed…" For the granting of construction permits (licencias constructivas), the Municipality of Escazú made it mandatory to submit a document called the "Impact Study on Springs (Nacientes), Rivers, Streams, Wells, and Their Protection Areas," the purpose of which is to determine whether properties and potential construction projects are affected by any body of water, well, or protection zone thereof, so that the corresponding setbacks (retiros) are observed. These Impact Studies on springs, rivers, streams, wells, and their protection areas are drafted on the basis of official data from the SINIGIRH of the Water Directorate of MINAE, which is the official governing body in this regard.

The case of the protected party (tutelado) dates from August 30, 2017, specifically due to the impact of Tropical Wave #31, which was designated as an "extreme event" by the Instituto Meteorológico Nacional; that event caused watercourse flooding at various points in the canton, including the Quebrada Quebradilla, which caused damage to the protected party's properties. In compliance with Report IAR-INF-0863-2017, the respondent, as a preventive measure and given the impossibility of entering private property, has maintained constant communication with those affected, coordinating visits and cleanings of the watercourse whenever necessary, as well as receiving complaints regarding construction. On August 16, 2021, the protected party filed the most recent complaint, on the same day that the inspection and the corresponding closure order were carried out.

In light of the foregoing, this Court finds that the respondent violated the fundamental rights of the protected party, since, although the respondent argues that the actions must be taken by the homeowners themselves, it is in fact the respondent's duty to issue the relevant orders so that residents comply, because mere monitoring of cleaning activities is not sufficient. It should be noted that the problem has persisted for many years without a definitive solution being reached. Accordingly, the appropriate course of action is to declare the writ (recurso) granted, with the order to be set forth in the operative section (parte dispositiva).

As regards CNE, no violation of the protected party's rights is found, as CNE has carried out the necessary actions within the scope of its competencies.

V.Partial Dissenting Vote (voto salvado parcial) of Justice Garro Vargas with Respect to the Operative Section of This Judgment. While I agree with the majority of the Court that the writ should be declared granted, I disagree as to where the execution phase of the matter should be lodged, due to the absence of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) for monitoring a judgment that involves matters of great technical complexity — in this case, carrying out the improvements necessary to resolve the problem concerning the Quebrada Quebradilla in Escazú and overseeing compliance therewith. In contrast, the provisions of the Code of Administrative Contentious Procedure (Código Procesal Contencioso-Administrativo) on enforcement (Article 155 and following) offer evident advantages, such as the ability to require timelines, impose fines, assign liability, and monitor stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be conducted before the Execution Division of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of said Code.

VI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are reminded that if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the Court's Chambers (Despacho) within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court (Corte Plena) at Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch at Session N° 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The writ is declared granted with respect to the Municipality of Escazú. Arnoldo Barahona Cortés, Daniel Cubero Ramírez, and Carlomagno Gómez Ortiz — in their respective capacities as Mayor, Head of the Risk Management Department, and President of the Municipal Council, all of the Municipality of Escazú — or whoever holds such positions, are ordered to issue the relevant orders and to carry out all actions within the scope of their authority so that, within a period of no more than two months counted from notification of this writ, they issue the pertinent orders to effect the necessary improvements to resolve the problem concerning the Quebrada Quebradilla, and to supervise compliance therewith. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or enforce, issued within a writ of amparo (recurso de amparo), and who fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized under other law.

In all other respects, the writ is declared without merit. The Municipality of Escazú is ordered to pay all costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused, which shall be quantified in the enforcement of the judgment before the administrative contentious jurisdiction. Justice Garro Vargas dissents as to the enforcement of this judgment and, pursuant to Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, determines that it must be conducted before the Execution Division of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Code of Administrative Contentious Procedure. She further orders that a copy of the judgment be forwarded to that court so that the enforcement proceedings of this ruling may be initiated. Notify.

Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Mauricio Chacón J.

Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección07, Dirección08, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters involving vulnerable groups: Dirección09, San José, Catedral District, Dirección10, streets 19 and 21, Dirección11.

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-017086-0007-CO interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, y la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito recibido en esta Sala a las 14:10 hrs. del 30 de agosto de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, es propietario de las fincas folios reales 3-10061-003 y 186070- 003, que se ubican en el distrito San Rafael y donde construyeron su casa de habitación. Indica que la casa está ubicada por bajo del nivel de calle de aproximadamente 90 centímetros, frente al Centro Educativo San Agustín y la calle que baja en pendiente hacia la calle urbana, donde se ubica el Kínder Koala y conecta con el inicio de la parte alta de la calle denominada Villalobos. Señala que su propiedad colinda en el lindero norte con la denominada quebrada "Quebradillas" y es atravesada por otro yurro de desagüe de nacientes y lagunas que fueron desecadas para dar paso a construcciones. Acota que, en 1960, cuando su padre adquirió ese terreno, en las zonas aledañas existían tres lagunas hacia el costado sur y al otro lado de la calle, cuyas nacientes desaguaban a en la quebrada "Quebradilla".Acusa que, desde hace unos años, la Municipalidad de Escazú ha otorgado permisos indiscriminados de construcción en la zona, sobre todo en los terrenos altos, donde se han ubicado condominios verticales y horizontales, sin analizar en el uso de suelo las restricciones para protección de las lagunas, quebradas y nacientes que existen en la zona y legislación relacionada. Alega que durante más de 40 años la Municipalidad recurrida no ha invertido dinero para actualizar alcantarillas y el manejo adecuado de las cargas de agua pluvial y control de aguas negras de la zona donde vive y que se ve afectada por no considerar la cuenca que recoge las aguas llovidas y que puede abarcar, según revisión que ha estudiado con topógrafos, un área de por lo menos un kilómetro cuadrado como posible área tributaria. Adiciona que, debido a la falta de supervisión, vigilancia y monitoreo en la zona por parte de la Municipalidad de Escazú, muchos vecinos han entubado el cauce de las aguas en sus propiedades, cambiando la capacidad y hasta el cauce del cuerpo de agua, sin contar con ningún conocimiento técnico ni asesoría.Afirma que los vecinos han usado tuberías de diversos tamaños entre 90 cm y 60 cm, y han realizado construcciones irregulares en los retiros de ley y encima de tuberías construidas para evitar inundarse por la cantidad de agua llovida que transcurre por la calle o zanjas, por lo que han construido muretes protectores y caños, todo por la inercia de la municipalidad en la atención de esta zona. Agrega que tiene 41 años de realizar gestiones en la Municipalidad recurrida, pues su primera morada fue en la casa que se inundó al costado sur del ahora Kínder Koala, luego pasó a vivir al frente del Centro San Agustín, y cada vez que llueve su terreno se inunda gravemente, por lo que, debe contratar servicios para quitar los taponamientos y retirar escombro del cauce, basura y todo tipo de material arrastrado, advirtiendo al operario de lo contaminado que está el mismo. A pesar de las llamadas y reuniones tenidas con funcionarios municipales, la respuesta usual del inspector es "que no han logrado un permiso especial del propietario de la propiedad que está al norte y por la que pasa la quebrada, esto con el fin de lograr permiso de ingreso y retirar el taponamiento".Afirma que no se ha logrado el evitar que se siga construyendo en terrenos que deberán desaguar las aguas pluviales directamente a las calles o bien a los pequeños tubos que mantienen el cauce de las quebradas completamente restringido y que son los únicos colectores de aguas de lluvia posibles. Argumenta que los inspectores del Ministerio de Salud han sido enfáticos en que el reclamo debe ser orientado al responsable que es el Municipio. Añade que los inspectores municipales que se han presentado a revisar el caso de su propiedad y han expresado que la Municipalidad "nada puede hacer por el problema del entubamiento y las construcciones ilegales que irrespetan el retiro o están construidas sobre el cauce" y que lo que se debe hacer es presentar una demanda al vecino infractor. Narra que la corporación municipal recurrida autorizó la construcción de un condominio denominado "Bohemia", el cual, según su experiencia y preparación, así como el conocer la zona desde hace mucho años, le parece que está invadiendo parte las nacientes que aún mostraban afloramiento.Señala que las nacientes y las lagunas que hubo en la zona, han sido seriamente impactadas y hasta rellenas, es probable que esto haya contaminado las nacientes debido a los fraccionamientos urbanos autorizados por la Municipalidad. Advierte que las quebradas, nacientes y otros cuerpos de agua están "irreconocibles" a la fecha debido al impacto sufrido durante tanto tiempo. Detalla que, recientemente hay una situación con un vecino que está remodelando o reconstruyendo su casa, ya que cuenta con el sello de "Clausurado" y la actividad aún sigue a pesar de no tener permiso de construcción, situación que le preocupa, pues esa casa tiene 02 pisos construidos directamente sobre el cauce entubado de la quebrada y las partes demolidas puede que sean afectadas por el retiro de 5 o 10 metros que debe definir el estudio o bien el documento del Uso del Suelo. Agrega que el jueves 19 de agosto de 2021, la problemática rebasó todos los límites de tolerancia, pues la lluvia que cayó ese día desbordó el agua de la "Quebradilla" al costado norte, así como la de las antiguas lagunas y naciente que pasa por su terreno, las aguas en ambas quebradas, discurrían a presión por los tubos improvisados por los vecinos y al taponarse estos, el agua continua su curso atravesando tres o cuatro propiedades al oeste hasta salir a la calle, bajando de manera descontrolada hasta el frente del Kínder Koala, causando una inundación mucho mayor a las sufridas anteriormente.Explica que su propiedad se convierte en una laguna de control de aguas pluviales, dado que el cauce de la quebrada no está entubado, por lo que, la misma quedó totalmente inundada, con una profundidad aproximada de agua de 4 metros. Manifiesta que un efecto de este tipo no solo puede dañar estructuras, sino la vida de los que habitan esa zona desde hace años. Argumenta que esta semana tuvo conocimiento por parte de uno de los vecinos más afectados, de la existencia del "Informe de la Comisión Nacional de Emergencias, IAR-INF-0863-2017" por esa razón, los vecinos han solicitado, nuevamente a la CNE por medio de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, actualizar y emitir un informe global de toda la zona afectada, ya que estiman que hay es un riesgo eminente, un peligro de que se presente una tragedia de mayor magnitud. Afirma que tiene conocimiento del acuerdo AC-310-19 emitido por el Consejo Municipal desde el 4 de noviembre de 2019, que declaró "Emergencia Cantonal" pero hasta el momento, el municipio no ha hecho nada para solventar el problema.Alega que no es suficiente el limpiar los pocos caños, zanjas y entubados que existen en la vía pública y que son fáciles de acceder, pues todos estos desaguan en un cauce que lleva a las quebradas mencionadas y que atraviesan por los diferentes predios afectados. Por esas razones es necesario que el problema sea atendido. Sostiene que se siente en total indefensión. Agrega que tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Emergencia a afirmado que la solución al problema debió gestionarlo de manera urgente el Comité Cantonal de Riesgos que está en la misma Municipalidad y que es responsabilidad del alcalde proceder con la pronta solución del problema indicado. Por las razones expuestas, solicita que se aclare con lugar el recurso y se ordene a la Municipalidad de Escazú, dar inmediata y urgente atención a la problemática que le aqueja, pues está atentando contra la integridad física, mental de los vecinos afectados. Estima que los hechos acusados violentan sus derechos fundamentales.
  2. 2Mediante auto de las 13:45 hrs. del 01 de setiembre de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 06 de setiembre de 2021.
  3. 3Por escrito presentado el 06 de setiembre de 2021, informan bajo juramento Lidier Esquivel Valverde, en condición de Jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE y Eduardo Mora Castro, en condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE que: “(…) Que el riesgo es transversal al que hacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense, 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488.La Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. Estudiado el recurso de amparo interpuesto en contra de la CNE, por Nombre01, considera esta representación que los hechos esbozados por el recurrente, no corresponden a las facultades y atribuciones, dadas por ley a la CNE, de conformidad con el principio de legalidad y los artículos 14 y 15 de la Ley 8488. Se desprende del resumen transcrito en el de traslado del presente recurso, que lo alegado por la parte recurrente, debe ser resuelto de conformidad con las potestades y responsabilidades de los gobiernos locales (en este caso de la Municipalidad de Escazú), en la prevención de riesgos mediante el ordenamiento territorial. Finalmente, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, en apego a sus facultades procedió en tiempo y forma a elaborar el Informe Técnico CNE-UIAR-INF-0888-2021, en el cual constan las recomendaciones brindadas por esa Unidad. ” Solicita se desestime el recurso.
  4. 4Por escrito presentado el 06 de setiembre de 2021, informa bajo juramento CARLOMAGNO GÓMEZ ORTIZ, en condición de Presidente del Concejo Municipal de Escazú que: “(…) PRIMERO: Que si bien el Concejo Municipal de Escazú en Sesión Ordinaria 184, Acta 220 del 04 de noviembre 2019 adoptó el Acuerdo AC-310-19 que dispuso: “ACUERDO AC-310-19 “SE ACUERDA: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley de Administración Pública, Informe de la Comisión Nacional de Emergencias número IAR-INF-0863-2017, Oficio de la Dirección Área Rectora de Salud Escazú número CS-ARSE-670-2017, Acta de Inspección de la Policía Municipal número 0095 y Oficio del subproceso de Mantenimiento de Obra Pública número MOP-103-17. Se acuerda. PRIMERO: Declarar de emergencia cantonal la situación que actualmente viven los vecinos de la quebrada Quebradilla, situada en las inmediaciones del Kínder Koala en San Rafael de Escazú.SEGUNDO: Solicitarle respetuosamente al señor Alcalde Municipal, realice de forma inmediata las gestiones administrativas que le permita a los vecinos de quebrada Quebradilla, tener una solución permanente a la problemática que enfrentan con la canalización de aguas de la quebrada. TERCERO: Respaldar todas las gestiones técnicas y administrativas que vaya a hacer el señor alcalde para brindar una solución inmediata a los vecinos afectados. Comuníquese este acuerdo al señor alcalde municipal para lo de su cargo.” Luego de estudiar detenidamente los hechos alegados por el recurrente, me permito informar a ese Honorable Tribunal Constitucional, que los hechos y problemática planteada ante esa instancia constitucional, se escapa de las competencias legalmente atribuidas a esta Presidencia, así como del mismo Concejo Municipal, por cuanto se trata de un asunto estrictamente administrativo, ergo competencia exclusiva y excluyente del alcalde municipal lo cual se colige de la conjunción armoniosa de los siguientes artículos del Código Municipal: “Artículo 17.- Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los Artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.(…) Artículo 31. - Prohíbese al alcalde municipal y a los regidores: a) (...) c) Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan al alcalde municipal, los regidores o el Concejo mismo. De esta prohibición se exceptúan las comisiones especiales que desempeñen. A mayor abundancia respecto de la diferenciación de competencias entre los concejos municipales y las alcaldías, conviene citar la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 776-2008 de las 9:25 horas del 20 de noviembre de 2008: “Los ayuntamientos tienen un régimen bifronte, compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad, los que, por disposición expresa del artículo 169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales. Por un lado, el Concejo, integrado por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 del C.M), es decir, trata de un órgano de deliberación de connotación política.Por otro, el Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibidem). Su marco competencial se vincula a funciones ejecutivas y de administración. Entre ambos, no existe un ligamen jerárquico, sino una relación interadministrativa de coordinación, necesaria para la labor de administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno Municipal que ambos conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. Más simple, el Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas, pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos” (El efecto resaltar no es del original) SEGUNDO: Que a efecto de cumplir con la resolución objeto de esta comunicación, mediante oficio PRES-I-05-21 de esta Presidencia del Concejo Municipal procedí a solicitar al señor Alcalde Municipal un informe de las acciones que dicha Administración efectuó en aras de atender lo solicitado mediante el precitado Acuerdo AC-310-19, así como en relación a los hechos alegados por alegados por el amparado en cuanto a esta Municipalidad, mismo que al momento de realizar este informe aún no ha sido respondido, y del cual se hará llegar copia tan pronto se reciba.TERCERO: En virtud de la exclusiva y excluyente competencia legal que le asiste a la Alcaldía Municipal, en torno al nexo subyacente de esta litis, esta representación se está a lo que la Administración Municipal informe. Siendo esto todo lo que puedo informar a esa respetable Sala Constitucional, me suscribo a su entera disposición, para cualquier aclaración o adición que resultare necesaria.” Solicita se desestime el recurso.

5- Por escrito presentado el 08 de setiembre de 2021, informan bajo juramento Arnoldo Barahona Cortés, en condición de alcalde de la Municipalidad de Escazú y Daniel Cubero Ramírez, en condición de encargado de Gestión del Riesgo que: “(…) En dicho sector donde se ubica la propiedad del recurrente discurre la quebrada Quebradilla y el Plan Regulador del Cantón de Escazú del año 2006 en su artículo Art. 11.6 indica lo siguiente: “…Los sectores dentro de esta categoría, propensos a inundarse por la Quebrada Quebradillas, serán objeto de un estudio especial hidrológico, para evaluar la aceptación o no de los proyectos propuestos dentro de estas zonas. Además, los desarrollos que se hagan en la parte central de Bello Horizonte, al tener problemas de capacidad de desfogue pluvial dentro de la cuenca de la quebrada antes mencionada, deberán resolver adecuadamente el problema de conducción de aguas pluviales fuera de esta cuenca…” (La cursiva no es del original) Desde la redacción del plan regulador la Municipalidad de Escazú, tomó en cuenta la condición de amenaza por inundación en la Quebrada Quebradilla en caso de eventos hidrometeorológicos, por ese motivo se solicitan estudios específicos detallados para los permisos de construcción que se pretendan tramitar en los alrededores de dicho cuerpo de agua.

De esta manera los profesionales responsables, de los posibles proyectos constructivos deben evaluar el impacto que puede llegar a causar un aumento en la carga pluvial o algún vertido en la dinámica hidrológica de la Quebrada Quebradillas. Ahora bien, respecto del otorgamiento de licencias constructivas, la Municipalidad de Escazú cuenta desde el año 2002 dentro de sus procedimientos obligatorios previos para optar por un permiso de construcción, con el documento denominado “Estudio de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección”. Dicho documento, tiene como objetivo determinar si las propiedades y los posibles proyectos constructivos se encuentran afectados por algún cuerpo de agua, pozo o zona de protección de estos, para que se respeten los retiros correspondientes. Los Estudios de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección se redactan en base a la información oficial del SINIGIRH de la Dirección de Agua del MINAE, que es el ente rector oficial en este aspecto.

De igual manera se consultan las bases de cartográficas oficiales existentes, así como la información de los planos. En los casos que exista alguna afectación por un pozo, cuerpo de agua o por la zona de protección de estos, se indica al interesado lo que indica la jurisprudencia al respecto de lo radios de protección. En caso de que exista una afectación que no se indique en los planos se le advierte al interesado para que haga la corrección. El Subproceso Gestión Ambiental realiza el “Estudios de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección” para todas las solicitudes de permisos de construcción que ingresan. Si los interesados se la han solicitado previamente se revisa la vigencia, si los interesados no la han solicitado, se realiza la consulta por oficio y se aporta al trámite de permiso para conocimiento de los encargados de revisar, aprobar y denegar los permisos constructivos.

El “Estudios de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección” en una información que se ofrece gratuitamente a todos los ciudadanos que quieran información al respecto de un predio. Lo anterior con el objetivo que los interesados en desarrollar algún proyecto, o los dueños de las propiedades tengan claro cuál es la situación antes de tomar decisiones. La Dirección de Agua del MINAE es el ente encargado de aprobar las obras en cauce como muros de contención o entubamientos. En el Cuadro 2 se puede observar las obras en cauce aprobadas según el SINIGRH y en la Figura 6 la ubicación de los mismos. 14. Tal como la indica la Ley de Aguas en su artículo 89: “Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente.

La administración podrá, sin embargo, previo expediente, mandar suspender tales obras y aún restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias amenacen aquéllas causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso natural, o producir inundaciones. Ahora bien, respecto al paso de la Quebrada Quebradilla por el Kinder U Kids (antiguo Kínder Koala), en este sector el representante del centro educativo mencionado tramitó en el año 2002 el entubamiento de la quebrada Quebradilla. El documento IMN-DA-1092-2002, expediente 2018-O indica lo siguiente: V. “Se autoriza un entubamiento de 51.50 metros de longitud dividido en tres tramos, para 15.40 metros cúbicos por segundo de caudal sin peligro de desbordamiento y perjuicio para terceros. En el punto VII se indica: “Que el estado mantiene el derecho de propiedad sobre el cauce todos sus extremos, debiendo dejar el área entubada en zona verde no autorizándose construir sobre la misma, debiendo respetar la línea de centro del cauce, no permitiéndose el desvío ni el gravar a propiedades circunvecinas.

Así como mantener el área de protección establecida en la Ley”. VI. “Que para garantizar que no se causará prejuicio a terceros el permiso se recomienda otorgar condicionado a que se cumpla con las características de diseño presentado en todos sus extremos y bajo la responsabilidad de la obra civil en el profesional de diseño.” Ahora bien, rinde el informe el encargado de Gestión del Riesgo mediante el oficio INF-GR-075-2021 el cual indica lo siguiente: Cabe recalcar que el caso data desde el día 30 del mes de agosto del año 2017, específicamente por la afectación de la Onda Tropical #31 el cual fue denominado como un “evento extremo” por parte del Instituto Meteorológico Nacional; véase detalle adjunto donde dicha onda fue considerada como una de las de mayor afectación dicho año. A raíz de dicho evento, se presentaron desbordamientos de cauces en diferentes puntos del cantón incluyendo la Quebrada Quebradilla, la cual causó afectaciones sobre las propiedades del Sr. Nombre01 situadas la zona este del Dirección01, del distrito San Rafael en el Cantón de Escazú.

Según se desprende de la denuncia interpuesta, Expediente: N°21-017098-0007-CO, narra que el 30 de agosto del 2017, una cabeza de agua inundó la vivienda del Señor Nombre02 (antiguo domicilio del Sr. Nombre01), y que en inspección realizada por la Municipalidad el día 31 un ingeniero en conjunto con una cuadrilla municipal realizaron una valoración indicando que la causa del desbordamiento fue el colapso del entubado realizado por un vecino, donde se ubica Centro de educación preescolar llamado Kids University Daycare con Número de Finca 229402-000 y plano de catastro SJ-573245-85. Cabe recalcar que dicho entubamiento data del año 2002 y contó con aprobación de SETENA (22 de enero del 2002) según consta en el exp. SG-085-2002; solicitando el 21 de febrero la aprobación del entubado por parte de la Municipalidad, a lo que la Ingeniera Sandra Blanco indica que la Municipalidad no puede dar tal aprobación y que SETENA únicamente indica la viabilidad del proyecto, direccionándolos al departamento de aguas del MINAE, e indicándoles que la construcción no es permitida según la Ley de Construcción y Ley Forestal N°7575.

Siendo que el día 26 de abril de dicho año, mediante resolución INM-DA-1092-2002 el Departamento de Aguas autoriza el entubado del cauce siempre que se cumplan las recomendaciones del MINAE, acto que la municipalidad solicitó su nulidad el día 14 de mayo ya que el estudio presentado por la dirección de aguas no contempló las consecuencias de dicho entubamiento sobre otros sectores de la misma cuenca. Cabe Mencionar que en la denuncia interpuesta por el Sr. Nombre01, se hace alusión al Informe Técnico IAR-INF-0863-2017; donde se enfatiza en la recomendación B. que indica: “Se debe plantear la necesidad de realizar mejoras en la quebrada como, dragados, lagunas de retención, canalizaciones o desvíos para que aumente la capacidad hidráulica y se minimice la vulnerabilidad de que se den más desbordamientos”. Sin embargo, es necesario acusar que el cauce de la Quebrada Quebradilla y el área de protección respectiva, se encuentran contenido dentro de propiedades privadas, incluidas las propiedades del Sr. Nombre01, donde en su gran mayoría se ha demostrado manipulación informal e irregular del cauce y su área de protección construyendo estructuras sólidas que modifican la dinámica fluvial y por ende la capacidad hidráulica de la quebrada, quedando limitada la intervención por parte de la municipalidad ya que no se puede invertir fondos públicos en propiedad privada fondos públicos como lo requiere el recurrente.

Asimismo, de dicho informe se desatacan tres recomendaciones que se mencionan a continuación: La recomendación A, en la que se indica que “Los ocupantes de estas viviendas deben estar conscientes del riesgo que corren, para así estar preparados y establecer planes de emergencia para actuar oportunamente en caso de presentarse otro evento que podría afectarlos”, ante ésta situación y como medida preventiva ante la imposibilidad de estar ingresando en propiedad privada, se mantiene comunicación constante con los administrados y se coordinan visitas y limpiezas del cauce cada vez que sean necesarias, así como la recepción de denuncias, por construcción siendo la última interpuesta por el Sr. Nombre01 el día lunes 16 de agosto, mismo día que se realizó la inspección y clausura respectiva, siendo recurrente el trabajo informal los fines de semana según indica el denunciante. La recomendación B, por su parte hace mención a que “Para realizar obras en causes de dominio público, se debe contar con los permisos respectivos del Departamento de Aguas del MINAET y de la Municipalidad correspondiente; por lo que se debe recordar a estas instituciones de la urgencia de estas para que colaboren y faciliten cualquier gestión”, ante dicha recomendación , es necesario hacer referencia a la Ley de Aguas, específicamente al artículo 89, el cual cita lo siguiente “Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente.

La administración podrá, sin embargo, previo expediente, mandar suspender tales obras y aún restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias amenacen aquéllas causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso natural, o producir inundaciones. La indemnización de los perjuicios que pudieran causarse correrán a cargo del dueño que ordenó la construcción de las defensas”; siendo en éste caso las obras detonantes autorizadas por la Dirección de Aguas contra viabilidad otorgada por parte de SETENA. En la denuncia, se hace alusión también, al Acuerdo de Concejo Municipal AC-310-19, donde se solicita declarar emergencia cantonal; sin embargo, cabe mencionar que para ello se toma como base el IAR-INF-0863-2017, siendo que las declaratorias de emergencias son únicamente declaras por el Poder Ejecutivo. En lo que respecta al último incidente reportado, el mismo se presentó el día jueves 19 de agosto; jornada que se caracterizó por condiciones inestables propiciadas por las altas temperaturas matutinas más la inestabilidad de la Zona de Convergencia Intertropical propiciando el ingreso de humedad desde zonas marítimas provocando un evento extremo sobre el cantón de Escazú; presentándose múltiples incidentes producto de montos extremos de precipitación en un período de aproximadamente dos horas; entre ellos el desbordamiento de Quebrada Quebradilla y la afectación de las propiedades del Sr. Nombre01, ver fotos adjuntas y mapas donde se aprecia que la Quebrada Quebradilla y su área de protección se encuentran dentro de los límites de las propiedades.

En conclusión, ante la imposibilidad de intervención y monitoreo de los cauces al estar los mismos en propiedad privada, se depende de la alerta temprana de los vecinos para poder gestionar los permisos y el ingreso para la limpieza preventiva de los mismos, dicha práctica ha mostrado buenos resultados ya que durante los últimos dos años no se presentaron incidentes, sino hasta el día 19 de agosto del año en curso y bajo un evento extremo donde el arrastre de material orgánico y desechos (basura) lanzada a los diferentes cauces del cantón se generaron obstrucciones en diferentes puntos que trascendieron en el desbordamiento y afectación de viviendas. ” Solicita se desestime el recurso.

6- El recurrente indica que “Teniendo ya conocimiento de la contestación dada por la Municipalidad de Escazú a este Recurso de Amparo, procedo a señalar lo siguiente en relación con la misma: 1.-) La Municipalidad denunciada presenta una serie de argumentos evasivos a los hechos puntuales por mí aquí denunciados; por lo tanto considero que los demandados NO CUMPLIERON con el informe prevenido por la Sala. Tal y como lo señaló la Sala Constitucional en la resolución que dio curso al Amparo, se le previno expresamente al ente recurrido de conformidad con normas 44 y 45 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que: “El informe deberá rendirse una sola vez, … se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión en informar causará que se tengan por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso…”.

Desde ya considero que es menester testimoniar piezas ante el Ministerio Público, no sólo por las inexactitudes que contiene la contestación de la Municipalidad, sino por la manipulación, el ocultamiento y tergiversación de hechos presentados, para evadir dar contestación puntual a los hechos por mi acusados, que son muy graves a mi juicio y, que pueden causar a corto plazo, una catástrofe de dimensiones incalculables, con el riesgo de las vidas de las personas que habitamos el Distrito de San Rafael de Escazú, en la zona de conflicto reportada. Es inaudito que también el Presidente del Concejo Municipal, busque evadirse en torno a la desidia e incumplimiento de funciones con que han actuado durante años, teniendo conocimiento de la gravedad de los hechos que se presentan por la indebida intervención de la Quebrada Quebradillas, lagunas, nacientes y otros adyacentes. Se le olvida al señor Presidente, que la norma 13 del Código Municipal, le confiere al Concejo la obligación de “p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano”.

Ese ordenamiento urbano en Escazú ha sido un caos total y esto se demuestra con sólo visitar la zona y ver el crecimiento indiscriminado de construcciones de alta densidad poblacional, sin contemplar que no existe una infraestructura adecuada de manejo de desfogue de aguas pluviales y control de aguas negras. Las quebradas en este momento reciben el efluente de varias plantas de tratamiento, están contaminadas y hasta se puede apreciar la contaminación según las descargas que hay aguas arriba. Por lo tanto, los cauces de agua son fuente de contaminación para los colindantes. Por otra parte, el Concejo se contradice citando hasta un voto de esta misma Sala, donde con claridad se afirma que, tanto el Concejo como el alcalde, actúan de manera “interadministrativa” y ni que hablar de los Concejos de Distrito, que han violentado gravemente su obligación de “vigilar la función Municipal”. (Artículo 54 del Código Municipal).

El señor alcalde pretende achacar o involucrar, en forma indebida los permisos de construcción en las zonas protegidas que son de orden público, a la SETENA y a la Dirección de Aguas del Minae; pero omite a toda costa y a manera ejemplo decir si finalmente lo que construyó el propietario del antiguo Kinder Koala para manipular las aguas de la Quebrada Quebradillas, contó o no contó con permiso de la Municipalidad. Ahora resulta que también el señor alcalde le resta credibilidad a la “declaratoria de emergencia cantonal”, dictada por el Concejo por acuerdo firme de 4 de noviembre de 2019, argumentando que le toca al Poder Ejecutivo. No menciona el hecho de que la Quebrada Quebradillas no aparece debidamente graficada en los mapas del cantón y de que tiene sectores entubados y construcciones sobre su cauce. No se sabe si estas obras cuentan o no con el permiso municipal, pero de igual manera se muestra que no se han respetado los retiros de ley expresados en el uso del suelo con el fin de que los propietarios y consultores en materia consideren los lineamientos en el proyecto a construir. 2.-) Seriamente se violenta en forma grave y abierta las normas constitucionales por mí invocadas en este Recurso de Amparo, principalmente la norma 11, 50, 129 y 169 de la Constitución Política.

No se puede excusar a la Municipalidad en permitir actos ilegales e irregulares sobre bienes de dominio público, como lo son las quebradas, ríos, cuencas, lagunas etc., aduciendo que la manipulación y construcción sobre las mismas, que constituyen el daño real y evidente para todos los vecinos que vivimos en la zona baja, son supuestamente legales porque tuvieron los visados de SETENA y del MINAE; cosa que tampoco demuestran en este Amparo. En todo caso, la Municipalidad es la responsable final de otorgar el permiso de construcción y así velar el bienestar, seguridad y salubridad de las ciudades (artículo 1 y siguientes de la Ley de Construcciones, es la que avala o no los permisos de construcción). Indica la Municipalidad que cuenta con los debidos estudios hidrológicos de la zona y todo lo allí construido, no los aporta y menos aporta prueba de que haya hecho los estudios respectivos del manejo de la carga hidráulica de la cuenca que recibe el desfogue de pluviales, efluentes de aguas negras y todas las aguas superficiales que discurren por caños o calzadas hacia los cauces de las quebradas afectadas las cuales no tienen capacidad suficiente para actuar como el sistema de recolección adecuado de pluviales y aguas negras.

Esto es así por más de 40 años o más. Es claro que no ha habido control ni intervención mediante un diseño general de ingeniería que considere todos los factores que implican el desarrollo urbano en materia de los servicios básicos como el alcantarillado en general. Esto con el fin de que sean otorgados los permisos con base en un plan de desarrollo, según lo requiere la Ley. No aporta tampoco la Municipalidad prueba fehaciente de haber tomado los acuerdos necesarios para el planeamiento profesional e integral que se requiere para la intervención de la zona como se lo ordenó la COMISÍON NACIONAL DE EMERGENCIAS en su informe del año 2017 aquí aportado. No ha demostrado haber realizado una intervención INTEGRAL en la infraestructura para solucionar el enorme problema que crece año con año, pues no tiene la herramienta necesaria. Lo que ha hecho la Municipalidad son remiendos, pasando de un lado a otro cuando se presenta una queja o el efecto es muy obvio para la comunidad y la prensa.

De seguro el cambio climático que se experimenta y que declara la Municipalidad conocer a la perfección, acelera el proceso de deterioro e incrementa los riesgos que se convierten en peligro para la comunidad. Lo cierto es que NO HA HECHO ABSOLUTAMENTE NADA orientado a lo que se necesita y se le ha exigido por las autoridades, tampoco HA PROBADO AQUÍ HABER REALIZADO MANTENIMIENTOS Y MONITOREOS PREVENTIVOS. Esto es reprochable ya que demuestra que tiene absoluto conocimiento de las ondas tropicales y temporales que se pronostican para el país, pero pretende que seamos los vecinos los que tomemos el actuar de sus competencia. Todas las fotos que aporta la Municipalidad en este amparo, sobre supuesto mantenimiento en la zona, ha sido siempre después del reporte de los vecinos de inundaciones que han dañado nuestras propiedades, al efecto véase las fotos del 20 de agosto de 2021, un día después de los hechos graves que detonaron los presentes recursos de Amparos.

Los trabajos de limpieza en los pocos colectores o caños que hay nunca van a ser suficientes para evitar las inundaciones, esto por no estar realmente atendiendo lo necesario en los sitios que las provocan. Pretende la Municipalidad sin ningún pudor, que los vecinos nos sentemos en nuestros hogares o corredores, a vigilar los causes de la quebrada y sus desbordamientos. Describe la Municipalidad una serie de supuestos “procedimientos previos” a otorgar los permisos de construcción; pero no prueba aquí que se hayan cumplido o que sean los adecuados y suficientes, tampoco demuestra que ha ejercido monitoreo, vigilancia y supervisión de los permisos de construcción otorgados, como es su obligación. Aquí queda evidenciado, por la misma declaración de la Municipalidad, la anomalía de construcciones ILEGALES con invasión de cauce de la quebrada, desfogue de aguas ilegales en nacientes y cauces de orden público y pretende justificarse argumentando que no puede intervenir ahora por estar en “propiedad privada” lo que ilegalmente se construyó o permitió construir y que son causantes del problema que atañe el Amparo presentado y por ende, no puede utilizar sus recursos y buenos oficios para hacer lo que por la Constitución y por la Ley le es endilgado, cual es velar por las zonas protegidas, que de ninguna manera son propiedad privada. 3.-) Aquí no le ha quedado más remedio a la Municipalidad que aportar el acuerdo del Concejo AC-310-19 y el informe de la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS IAR- INF-0863-2017, al cual no le dieron cumplimiento.

Existen otros dos recursos de amparo en estos estrados judiciales: el 21-016426-0007-CO y el 21-017098-0007-CO, ambos por los mismos hechos denunciados y por los daños causados con constantes inundaciones en nuestras casas, negocios, vía pública y propiedades privadas. En todos esos recursos, los argumentos de la Municipalidad son evasivos y pretende trasladar la responsabilidad de su negligencia y omisión de servicio a los propios damnificados, como lo hace con el suscrito en éste Amparo. Pretender que entre los vecinos nos estemos denunciando y enjuiciando por los propios actos de la Municipalidad permitidos o no. La impericia en materia de ingeniería y de control es evidente y su posición ante el problema con malos argumentos es vergonzoso y digno de investigación por el Ministerio Público. No ha dicho aquí con claridad la Municipalidad, si las obras que se han realizado sobre la quebrada Quebradillas, contaron o no con su PERMISO EXPRESO, así como el resto de construcciones que desfogan sus pluviales y aguas negras en dichos cauces, tampoco ha presentado o mostrado el plan de desarrollo urbano que contenga la solución ingenieril con base en la cual ha venido actuando y tomando decisiones.

La Municipalidad ha incumplido abiertamente sus deberes Constitucionales y legales, ante los hechos que hemos denunciado por años, que trata sobre la invasión y como ellos señalan en página 5 y 29 del alegato y supuesta prueba que aportó el señor Alcalde, RECONOCEN EXPRESAMENTE la manipulación informal e irregular del cauce y estrechamiento del cauce y sin embargo NO HAN HECHO NADA, no han buscado ni denunciado el tema en ninguna instancia a pesar de que lo sucedido ha sido ante sus mismos ojos, diciendo que eso se hizo con VISADOS o PERMISOS DEL SETENA Y DE LA DIRECCIÓN DE AGUAS, pero no aportan la prueba referida ni evidencia de que fueron revisados por los técnicos municipales o al menos compararlos con los diseños municipales considerando un alcantarillado para la cuenca afectada. En todo caso, eso no excluye la responsabilidad de la Municipalidad, quien debió actuar todas las vías de hecho y de Derecho que tiene a su alcance y no someter al resto de la población, a múltiples vecinos damnificados, a vivir en semejante riesgo y miedo, esto nos tiene a todos psicológicamente muy dañados. 4.-) Durante años la Municipalidad me ha negado la existencia de la quebrada Quebradillas al norte de mi propiedad.

En su mapa o plano aparece el desagüe o yurro que una vez fue calmo como parte del conjunto de lagunas y nacientes de la zona, ahora resulta que aquí aportan informe COR-GA-622-21, de 6 de septiembre de 2021, donde en página 1 del informe (14 del documento subido en conjunto a la Sala); que: “3. Tanto la Quebrada Quebradilla como la Quebrada “Sin Nombre” se encuentran en el Catastro Municipal y en las bases de datos cartográficas del subproceso Gestión Ambiental…”. Si realmente lo anterior es cierto, el problema se hace más evidente. La quebrada Quebradilla desaparece hacia el Este de mi propiedad pues está encerrada o entubada, tanto que esto es el hecho que la ha mantenido fuera de la vista de los munícipes. Dice el mismo informe que tienen dictámenes desde el año 2000 y sin embargo NO HAN HECHO NADA NI DEMUESTRAN HABER TOMADO CONTROL DE ESA SITUACIÓN; tal y como aporto a los autos, la situación de dicha zona va empeorando cada día, al efecto la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS a nuestra solicitud, visito el sitio el día 30 de agosto de 2021 e emitió el informe VINCULANTE para la Administración: IAR-INF-0888-2021, que da las siguientes conclusiones: “VI.

Conclusiones A. La problemática se da debido a la drástica reducción de la capacidad hidráulica del cauce usado como desfogue, generada por construcciones informales y las permitidas por el municipio. También se da por no conocer el municipio la cuenca o su área tributaria, dejando así toda la zona sin protección, sin diseño y sin supervisión técnica adecuada para el mantenimiento y el crecimiento urbano adecuado. B. APARENTEMENTE EN EL SECTOR NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS EN 2017. C. La condición actual de la microcuenca refleja un serio problema de desequilibrio entre el cauce y las construcciones, donde la primera evidencia de ello es un irrespeto a las zonas de retiro o áreas de protección según lo establecido por la norma vigente. D. Si no se toman medidas de mitigación a corto plazo, en cuanto a las condiciones de confinamiento de la quebrada; la afectación a los vecinos en las épocas lluviosas va a continuar”.

(El destacado es nuestro). Este informe demuestra sin lugar a dudas, el incumplimiento de deberes en la función pública en que ha incurrido la Municipalidad y todos los funcionarios involucrados; es una barbaridad que, del anterior informe del CNE usado en la contestación dada a este Amparo, la Municipalidad sólo recite que somos los vecinos los que tenemos que estar alerta; yo pregunto: ¿Para qué existe el cuerpo técnico del Municipio sino para atender estos asuntos? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses para garantizar la seguridad de los damnificados? La respuesta está en manos de la honorable Sala Constitucional. Vivimos en peligro de nuestros bienes e integridad física y mental de manera permanente durante toda la estación lluviosa, mientras la Municipalidad, que continúa acumulando superávit en sus finanzas por sumas MULTIMILLONARIAS como se demostró aquí con certificación de un contador público, sigue observando su cantón el franco deterioro. 5) Es una burla que aquí vienen a decir que casi no se ha construido en la zona en los últimos 7 años, cuando precisamente aportan la foto de una construcción irregular por mí denunciada y en la cual no han hecho nada, ahora alegando que es que trabajan en fines de semana.

Para colmo, vienen a declarar aquí, en página 8 del alegato del Alcalde, que no se han presentado INCIDENTES en los últimos DOS AÑOS. En los expedientes de amparo aquí interpuestos, consta por ejemplo el caso de mi vecina la Licenciada Gilda Jiménez, quien reportó a la Municipalidad desde octubre 2020 al 19 de agosto de 2021, CINCO EVENTOS DE INUNDACIÓN en su propiedad, TRES DE ELLOS MUY GRAVES. De igual manera están los incidentes graves reportados por el vecino Nombre02 en su casa de habitación, inmueble que yo alquilaba hace 41 años y tuve que deshabitar por que se inundó. Nombre02 es mencionado en éste Amparo también por los propios funcionarios de la Municipalidad, que saben a la perfección del problema y que durante los últimos tres años ha sido afectado. Ya se colapsó una alcantarilla en la Dirección02 debido a las fuertes lluvias del 19 de agosto 2021 que provocaron inundaciones en la parte baja de la cuenca.

Quedó evidenciado el mal estado y la poca capacidad de la tubería que viene desde Palma de Mallorca. Como no existe un plano general de alcantarillados o el planeado a futuro, no sabemos cuántos desfogues de aguas han sido autorizados sin el debido considerar de la realidad de la cuenca y su área tributaria. Los pocos colectores se están viendo afectados por la improvisación. En mi propiedad, el yurro de desagüe de las lagunas y nacientes no está entubado, tampoco el único tramo visible de la Quebrada Quebradillas. El vecino aguas abajo y todos los que están aguas arriba si tienen entubado este cauce, el cual vomita agua a presión al llegar a mi propiedad. Ahora es un torrente sin vida silvestre, la cual desapareció afectada por aguas negras y pluviales fuera de control. Los mismos documentos aportados por el municipio demuestran la cantidad de agua llovida de la estación, pero no demuestran los señores munícipes el conocer cuánta agua se recoge en los cauces para su debida canalización y control.

Por esto mi reclamo ante la Sala y en espera de una respuesta a favor del vecindario, en mi caso, dejaré de inundarme por el desbordamiento de los cauces como consta en autos, con un promedio de acumulación de agua hasta por CUATRO METROS de profundidad que además sedimenta lodo contaminado y cuanto material pueda arrastrar a través de las tuberías existentes. Mi terreno muestra sedimento de las construcciones aguas arriba y el mismo puede tener hasta 150cm de profundidad.

Tengo conocimiento que la Comisión Nacional de Emergencias ha notificado de oficio a la Municipalidad de ambos informes vertidos, el del año 2017 (negado por la Municipalidad) y el actual aquí aporto y que se notificó el día lunes 6 de setiembre de 2021. Deseo dejar constancia que luego de esta notificación, aparecieron los funcionarios de la Municipalidad el día martes 7 de setiembre de 2021, como aporto fotos del caso, a medio limpiar la quebrada Quebradillas. Yo había removido con dos operarios y motosierra troncos, muebles y ramas secas dejada por el vecino luego de podar su veranera, todo acumulado en la boca de los tubos que pasan debajo de la casa del vecino al costado norte. Las gráficas muestran una vagoneta recogiendo la maleza cortada en el terreno y otros escombros. Ahora si no tuvieron problemas de acceso a la propiedad que no es otra cosa que el cauce y los retiros de la quebrada, pues no tiene un frente amplio, y realizaron la chapia a los lados del cauce.

La Municipalidad limpió el terreno, pero al suscrito le tocó pagar de su peculio operarios con motosierra pues no esperaba la visita de los munícipes, la cual había solicitada muchas veces con antelación. No dudo eso sí, la Municipalidad se encargó de tomar suficientes fotos, para luego venir a justificar labor y ausencia de años y la gravedad del problema de fondo. 6.-) La Municipalidad se presenta ante esta Sala pretendiendo ampararse en la norma 89 de la Ley de Aguas, me resulta ya el colmo; son tal sus contradicciones que en el informe COR-GA-622-21 que aporta, la misma unidad de Subproceso de Gestión Ambiental declara en páginas 23 y 24 del alegato completo del alcalde, que supuestamente la Municipalidad participa de un control PROACTIVO de control de aguas, pero no aportan ninguna prueba de ello ni su plan de gestión. De igual manera están claros y así lo declaran ellos mismos, que la MUNICIPALIDAD ES EL DIRECTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU JURISDICCIÓN, por orden de la Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ambiente.

Entonces: ¿cómo es posible que luego concluyen que somos nosotros los vecinos los responsables de gestionar nuestro propio riesgo y evitar los peligros con los que vivimos, cuando fueron los funcionarios de la Municipalidad quienes han autorizado por acción o por omisión, las construcciones irregulares que existen en la zona que están causando un daño terrible a los vecinos? Definitivamente considero este tema de extrema gravedad, se demuestra totalmente lo por mi denunciado y la violación flagrante y permanente de las normas Constitucionales invocadas en este recurso de Amparo; solicito a esta honorable Sala Constitucional acoger en todos sus extremos este Amparo y ordenar a la Municipalidad el solucionar esta problemática con un plan integral serio y basado en ingeniería, tomar todas las medidas preventivas para evitar otro desastre en la zona y donde se exponen gravemente las vidas de nosotros los damnificados Solicito de manera expresa, testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la gravedad de los hechos y para que se investigue todas las irregularidades que constan se dan en estas zonas protegidas por Ley, que son de pleno conocimiento de la Municipalidad de Escazú, la cual se considera un observador a pesar de que es responsable de todo lo que allí acontece con las construcciones y otras irregularidades de manejo de pluviales y aguas negras.

Parece deducirse de la contestación dada por la propia Municipalidad, que existen PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS y por ello presumo que no se atreven a proceder como debe ser. Eso debe ser investigado a fondo, no se puede exponer así a toda una comunidad.

  1. 7Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 8:08 horas del 16 de setiembre de 2021, Gilda María Jiménez Córdoba, presentó una coadyuvancia, pues indica que “Como propietaria de la flnca del Partido de San José, FOLIO REAL 252325-000, sita en Dirección02, en San Rafael de Escazú, Dirección03 y damnificada directa por los hechos acusados por el señor Nombre01 en este recurso de Amparo, con el mayor de los respetos hacia esta honorable Sala Constitucional, me apersono al amparo de la norma 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en calidad de Coadyuvante. Es absolutamente cierto que cada vez que llueve vemos cómo nuestras casas y las casas de los vecinos que están en la parte baja de la Dirección02, se inundan con serios daños. Nos constan los sedimentos de aguas negras que quedan en la calle y en toda parte luego de que bajan las aguas, la carencia de control adecuado de aguas pluviales y aguas negras en toda esta zona, el mal estado de las pocas alcantarillas existentes, no tenemos cordón de caño, ni aceras peatonales, no hay tragantes y básicamente, es una zona abandonada en cuanto mantenimiento, infraestructura y supervisión por parte de la Municipalidad de Escazú.La situación que presentan las quebradas invadidas y estranguladas en su cauce, por construcciones ilegales y el desfogue de aguas pluviales y aguas negras de muchos de los condominios construidos en la zona alta de manera indiscriminada, han colapsado la zona a un punto que creemos ya corren peligro nuestras vidas y así me lo han hecho ver funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias. Las calles colapsadas por las inundaciones que se provocan cada vez que llueve, son un peligro, se vuelven intransitables, se inundan comercios, casas etc. Los desbordamientos son cada vez con un caudal mayor, resulta totalmente INSALUBRE, hay riesgo de contaminación seria para la población. Consideramos igual que el recurrente en este Amparo, que ya más de 40 años de esta problemática es más que suficiente para que la Municipalidad hubiera intervenido, realizando los informes y estudios técnicos requeridos, interviniendo con infraestructura adecuada a los permisos de nuevas construcciones que ha otorgado y vigilando el correcto manejo de aguas pluviales y aguas negras en dicha zona, están obligados por Ley y por la Constitución al rescate y cuido de las quebradas, lagunas y nacientes que hoy día casi han desaparecido en las zonas altas y que es de donde proviene este problema tan serio según entiendo ahora por los informes técnicos de la CNE, los cuales en mi caso me fueron ocultados en todo momento por los funcionarios de la Municipalidad.Hay un daño ambiental también, que debe ser investigado a mi juicio. Mi familia ha perdido sus bienes por inundación de sus viviendas, múltiples veces y eso nos obligó a interponer también el recurso de amparo Expediente N0.2l-016426-0007-C0, sin embargo me presento también a coadyuvar en este amparo, por cuanto el día de ayer MARTES 14 DE SETIEMBRE DE 2021, a eso de las 2:00 pm, se vino un aguacero tremendo en la zona de conflicto y de nuevo hubo inundaciones terribles, como lo demuestran las fotos aportadas por el recurrente y ahora yo aporto videos que demuestran cómo se comenzó a gestar en la Quebrada Quebradillas ese torrencial de aguas desbordadas y lo que sucede en las inmediaciones del Condominio Bohemia. El tema es que ante los hechos denunciados, tuvimos los vecinos que unirnos en un chat, para avisamos cuando se da la crecida de lo que queda de la Quebrada Quebradillas y la "sin nombre" y puede verse el video que nos remitió el aquí recurrente, donde se puede apreciar la cantidad de agua torrencial que baja estrangulada por lo que queda de la Quebrada y él nos anunció las inundaciones que se dieron ayer.En las inmediaciones del Dirección04, la inundación fue de tal grado, que aunque algunos vecinos quisieron ir a grabar lo que pasaba, fue imposible por el peligro, razón por lo que aporto un video de cuando las aguas bajaron un poco Todo eso va directo a la Dirección02 y de allí a desfogar a la Dirección05 por el Restaurante la Hacienda. En mi caso, nuestra propiedad se salvó el día de ayer de milagro, debido a que la Dirección02 se colapsó por la inundación del día jueves 19 de agosto del 2021 y hay un hueco gigante que hizo la propia Municipalidad y allí desfogó toda esa correntada, sino estaría otra vez con todo destruido. Estoy muy Mamada de conocer la problemática reportada por la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, quien a nuestra gestión actualizó un informe al día Lunes 30 de agosto de 2021, informe CNE-UIAR-INF-0888-2021, que ya consta en autos, falta aún el reporte de lo denunciado ante la Dirección de Aguas del Minae.Me parece inaudito que con toda desfachatez, la Municipalidad venga en este Recurso de Amparo a decir que otorgaron PERMISO A LOS DUEÑOS DEL KINDER KOALA, para entubar una quebrada con un desfogue directo a la Dirección02, con nada menos que un CAUDAL DE 15.43 METROS CUBICOS POR SEGUNDO. SEA 16.000 litros por SEGUNDO, eso es de imposible manejo para la infraestructura que tiene la zona desde hace más de mínimo 40 años de construida y da una idea del caudal que se maneja en esa zona. Los vecinos colindantes a ese y que han vivido allí toda su vida, están en un peligro grave y así lo demuestra no sólo el aquí recurrente, también la situación del señor Nombre02 y su familia, que sufren la destrucción de su casa y propiedad constantemente al igual que mi familia y por lo que presentó el Recurso Expediente N0.21-017098-0007-C0. Vivimos en un temor constante, el daño moral es incalculable, ayer cuando nos avisamos entre vecinos de lo que estaba pasando, uno pudo leer los mensajes de angustia de todos los damnificados; porque NO TENEMOS CÓMO PREVENIR ESTO NI ATENDER LA EMERGENCIA CUANDO SE PRESENTA.No tenemos para donde pasar nuestras casas de habitación, ni para donde salir corriendo en este tipo de emergencias y ni que decir de la frustración y exposición a contaminación en qué quedamos luego de las inundaciones, ya que hay que limpiar todo lo que queda y es rea1mente pestilente. Toda la zona de conflicto reportada, ha colapsado con grave peligro en caso de lluvias, ha quedado al descubierto el mal estado de las tuberías, ASÍ COMO LA EVIDENCIA presentadas a los autos, del desfogue de AGUAS NEGRAS no sólo en las quebradas y lo que queda de las nacientes, también en las tuberías discurren como si nada y a nosotros nos dice la Municipalidad que es responsabilidad de los vecinos semejante caos. Los pocos tubos y alcantarillas existentes en la Dirección02, están OBSOLETOS Y DESTRUIDOS, se conectan todas las aguas de manera directa a tuberías de menor tamaño, que no están diseñadas para soportar semejante carga hidráulica de aguas y que finalmente TODAS ESAS AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS, vienen a salir a la calle principal por el Restaurante La Hacienda quienes han taponeado también la acequia, se desbordan y bajan a la zona baja al frente de la Bomba, dañando a su paso cuanto hay y no sé si desembocan finalmente en algún río.Hacemos nuestros los alegatos presentados en el Recurso y solicitamos de igual forma se condene a la Municipalidad al pago de daños y perjuicios a todos los perjudicados, por la grave omisión de servicio que durante años ha tenido para con esta comunidad y el incumplimiento grave de vigilar por el BIENESTAR Y SALUBRIDAD DE LA ZONA Y DEL AMBIENTE. La Municipalidad miente al decir que ha tomado acciones oportunas tendientes a solucionar esto, no ha hecho nada ni siquiera mantenimiento preventivo, en los recursos de amparo interpuestos, la Municipalidad ha manipulado y tergiversado los hechos y los supuestos informes de que tomó acciones para arreglar este problema. Todos esos informes fueron hechos a raíz de mis denuncias ante el Concejo Municipal en su sesión del día 23 de agosto de 2021, luego de las inundaciones terribles que sufrimos el día 19 de agosto, donde advertí de la presentación de recursos de amparo y de la interposición de denuncias ante los entes gubernamentales respectivos CNE y Dirección de Aguas, así como ante el Ministerio Público (TENGO GRABACIONES DE DICHA SESIÓN DÓNDE CONSTA QUE NI EL PRESIDENTE DEL CONCEJO NI LOS REGIDORES QUE ESTUVIERON PRESENTES, TOMARON NINGUNA ACCIÓN Y ME OCULTARON EN TODO MOMENTO LA EXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA CANTONAL QUE DATA DESDE EL AÑO 2019 Y QUE CONOCÍAN DE ESTE PROBLEMA DESDE EL AÑO 201 7 POR REPORTE DE LA CNE).Consta en autos que la situación fue evaluada desde el año 2017 por la Comisión Nacional de Emergencias y existe el acuerdo AC-3 10-19, DE ACTA 220-19, DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 del CONSEJO MUNICIPAL DE ESCAZÚ, que declaró de EMERGENCIA CANTONAL la situación presentada en toda esa calle que baja desde el Dirección06 hasta la parte baja frente a la Delegación de Policía y de allí conectan todas las aguas a unos tubos obsoletos que pasan en el lindero Este de mi propiedad y van a salir a la Dirección05 por el Restaurante La Hacienda. Ante la notificación que hizo la CNE a la Municipalidad el día 6 de setiembre pasado, del informe ACTUAL dicho, que los funcionarios se apersonaron a medio limpiar lo que queda de la Quebrada Quebradillas (constan fotos en autos), sin embargo, me consta que don Nombre01, el vecino inmediato a dicha Quebrada, tuvo que destapar los tubos obstruidos. No puedo ni quiero imaginar el desastre que hubiéramos tenido el día de ayer, si don Nombre01 no hubiese realizado dicha limpieza en la parte alta.Consta en el informe actual de la CNE, que hasta hay obra pública construida sobre zona protegida. Nosotros nos sentimos impotentes ante estos hechos, sólo esperamos y rogamos porque en cada evento nuestras casas no sean arrasadas, pero es una situación de angustia permanente totalmente injusta teniendo la Municipalidad TODOS LOS RECURSOS ECONÓMICOS MULTIMILLONARIOS ACUMULADOS EN SUS ARCAS, sin hacer las obras que la población requiere, existe también una omisión grave del ente acusado, p q al no intervenir y denunciar toda esta contaminación que sufrimos además por las cloacas que discurren libremente por tuberías y calles de nuestro Distrito, que en cada inundación terminan en nuestras casas de habitación también. Estamos elevando este asunto por su gravedad, a conocimiento e investigación del Ministerio Público, el señor Alcalde tiene nada menos que ONCE LARGOS AÑOS EN SU CARGO, por lo que no puede venir a decir que no sabía de lo que acontece en la zona y en todos estos años, no ha gestionado absolutamente NADA para atacar este problema teniendo los recursos, hay incumplimiento de deberes en la función pública.Este problema requiere un planeamiento interinstitucional para solucionarlo, debe ser cuidadosamente vigilada su ejecución, porque los funcionarios de la Municipalidad han demostrado total omisión de servicio, además de un grado de negligencia e ineptitud alarmante. Solicito muy respetuosamente se acoja el presente recurso de amparo y se ordene lo correspondiente, así como se ordenen medidas CAUTELARES URGENTES, la Municipalidad debe de alguna manera presentarse a LIMPIAR TODOS LOS CAUCES DE QUEBRADAS, NACIENTES, TUBERÍAS ETC, falta todavía la época más lluviosa y hemos demostrado en nuestros recursos de amparo con prueba contundente, que ya hemos tenido en agosto y setiembre DOS INUNDACIONES GRAVÍSIMAS.
  2. 8En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que es propietario de las fincas folios reales 3-10061-003 y 186070- 003, donde construyeron su casa de habitación, la cual está ubicada por bajo del nivel de calle de aproximadamente 90 centímetros. Acota que, en 1960, en las zonas aledañas existían tres lagunas hacia, cuyas nacientes desaguaban a en la quebrada "Quebradilla". Acusa que, desde hace unos años, la Municipalidad de Escazú ha otorgado permisos indiscriminados de construcción en la zona, sobre todo en los terrenos altos, donde se han ubicado condominios verticales y horizontales, sin analizar en el uso de suelo las restricciones para protección de las lagunas, quebradas y nacientes que existen en la zona y legislación relacionada. Alega que durante más de 40 años la Municipalidad recurrida no ha invertido dinero para actualizar alcantarillas y el manejo adecuado de las cargas de agua pluvial y control de aguas negras de la zona donde vive y que se ve afectada por no considerar la cuenca que recoge las aguas llovidas y que puede abarcar, según revisión que ha estudiado con topógrafos, un área de por lo menos un kilómetro cuadrado como posible área tributaria.

Adiciona que, debido a la falta de supervisión, vigilancia y monitoreo en la zona por parte de la Municipalidad de Escazú, muchos vecinos han entubado el cauce de las aguas en sus propiedades, cambiando la capacidad y hasta el cauce del cuerpo de agua, sin contar con ningún conocimiento técnico ni asesoría. Afirma que los vecinos han usado tuberías de diversos tamaños entre 90 cm y 60 cm, y han realizado construcciones irregulares en los retiros de ley y encima de tuberías construidas para evitar inundarse por la cantidad de agua llovida que transcurre por la calle o zanjas, por lo que han construido muretes protectores y caños, todo por la inercia de la municipalidad en la atención de esta zona. Menciona que ha efectuado varias acciones ante el recurrido, sin que se efectúen las acciones necesarias para resolver los problemas de inundación de su propiedad, pues le indican que debe hacer es presentar una demanda al vecino infractor.

Narra que la corporación municipal recurrida autorizó la construcción de un condominio denominado "Bohemia", el cual a su parecer está invadiendo parte las nacientes que aún mostraban afloramiento. Señala que las nacientes y las lagunas que hubo en la zona, han sido seriamente impactadas y hasta rellenas, es probable que esto haya contaminado las nacientes debido a los fraccionamientos urbanos autorizados por la Municipalidad. Advierte que las quebradas, nacientes y otros cuerpos de agua están "irreconocibles" a la fecha debido al impacto sufrido durante tanto tiempo. Detalla que, recientemente hay una situación con un vecino que está remodelando o reconstruyendo su casa, ya que cuenta con el sello de "Clausurado" y la actividad aún sigue a pesar de no tener permiso de construcción, situación que le preocupa, pues esa casa tiene 02 pisos construidos directamente sobre el cauce entubado de la quebrada y las partes demolidas puede que sean afectadas por el retiro de 5 o 10 metros que debe definir el estudio o bien el documento del Uso del Suelo.

Agrega que el jueves 19 de agosto de 2021, la problemática rebasó todos los límites de tolerancia, pues la lluvia que cayó ese día desbordó el agua de la "Quebradilla" al costado norte, así como la de las antiguas lagunas y naciente que pasa por su terreno, las aguas en ambas quebradas, discurrían a presión por los tubos improvisados por los vecinos y al taponarse estos, el agua continua su curso atravesando tres o cuatro propiedades al oeste hasta salir a la calle, bajando de manera descontrolada hasta causar una inundación mucho mayor a las sufridas anteriormente. Argumenta que esta semana tuvo conocimiento por parte de uno de los vecinos más afectados, de la existencia del "Informe de la Comisión Nacional de Emergencias, IAR-INF-0863-2017" por esa razón, los vecinos han solicitado, nuevamente a la CNE por medio de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, actualizar y emitir un informe global de toda la zona afectada, ya que estiman que hay es un riesgo eminente, un peligro de que se presente una tragedia de mayor magnitud.

Afirma que tiene conocimiento del acuerdo AC-310-19 emitido por el Consejo Municipal desde el 4 de noviembre de 2019, que declaró "Emergencia Cantonal" pero hasta el momento, el municipio no ha hecho nada para solventar el problema. Alega que no es suficiente el limpiar los pocos caños, zanjas y entubados que existen en la vía pública y que son fáciles de acceder, pues todos estos desaguan en un cauce que lleva a las quebradas mencionadas y que atraviesan por los diferentes predios afectados. Agrega que tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Emergencia a afirmado que la solución al problema debió gestionarlo de manera urgente el Comité Cantonal de Riesgos que está en la misma Municipalidad y que es responsabilidad del alcalde proceder con la pronta solución del problema indicado.

II. SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA

La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (Véanse, entre otras, las Sentencia N° 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la N° 2018019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En el caso bajo análisis, esta Sala admite la solicitud de coadyuvancia pasiva presentada por Gilda Jiménez Córdoba, por tener un interés directo en el presente asunto. En términos generales, el solicitante indica, que es afectada por las constant4es inundaciones de la zona en la que habita, de lo cual el recurrido tiene conocimiento; sin embargo, no efectúa acciones concretas ante esa situación. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resultan admisible la coadyuvancia.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)El amparado es propietario de dos fincas (folios 3-10061-003 y 186070- 003) que se encuentran en el distrito San Rafael de Escazú (hecho no controvertido).
  • b)En el año 2002, se efectuó un entubamiento que contó con aprobación de SETENA (22 de enero del 2002). (ver informe rendido bajo juramento).
  • c)En el Informe Técnico IAR-INF-0863-2017, la municipalidad recurrida estableció que: “Se debe plantear la necesidad de realizar mejoras en la quebrada como, dragados, lagunas de retención, canalizaciones o desvíos para que aumente la capacidad hidráulica y se minimice la vulnerabilidad de que se den más desbordamientos” por lo que se recomendó: “Los ocupantes de estas viviendas deben estar conscientes del riesgo que corren, para así estar preparados y establecer planes de emergencia para actuar oportunamente en caso de presentarse otro evento que podría afectarlos (…) Para realizar obras en causes de dominio público, se debe contar con los permisos respectivos del Departamento de Aguas del MINAET y de la Municipalidad correspondiente; por lo que se debe recordar a estas instituciones de la urgencia de estas para que colaboren y faciliten cualquier gestión” (ver informe rendido bajo juramento).
  • d)El Concejo Municipal de Escazú en Sesión Ordinaria 184, Acta 220 del 04 de noviembre 2019 adoptó el Acuerdo AC-310-19 que dispuso: “ACUERDO AC-310-19 “SE ACUERDA: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley de Administración Pública, Informe de la Comisión Nacional de Emergencias número IAR-INF-0863-2017, Oficio de la Dirección Área Rectora de Salud Escazú número CS-ARSE-670-2017, Acta de Inspección de la Policía Municipal número 0095 y Oficio del subproceso de Mantenimiento de Obra Pública número MOP-103-17. Se acuerda. PRIMERO: Declarar de emergencia cantonal la situación que actualmente viven los vecinos de la quebrada Quebradilla, situada en las inmediaciones del Kínder Koala en San Rafael de Escazú. SEGUNDO: Solicitarle respetuosamente al señor Alcalde Municipal, realice de forma inmediata las gestiones administrativas que le permita a los vecinos de quebrada Quebradilla, tener una solución permanente a la problemática que enfrentan con la canalización de aguas de la quebrada. TERCERO: Respaldar todas las gestiones técnicas y administrativas que vaya a hacer el señor alcalde para brindar una solución inmediata a los vecinos afectados. Comuníquese este acuerdo al señor alcalde municipal para lo de su cargo” (ver informe rendido bajo juramento).
  • e)Donde se ubica la propiedad del recurrente discurre la quebrada Quebradilla, por lo que en el Plan Regulador del Cantón de Escazú del año 2006 en su artículo Art. 11.6 se estableció: “…Los sectores dentro de esta categoría, propensos a inundarse por la Quebrada Quebradillas, serán objeto de un estudio especial hidrológico, para evaluar la aceptación o no de los proyectos propuestos dentro de estas zonas. Además, los desarrollos que se hagan en la parte central de Bello Horizonte, al tener problemas de capacidad de desfogue pluvial dentro de la cuenca de la quebrada antes mencionada, deberán resolver adecuadamente el problema de conducción de aguas pluviales fuera de esta cuenca…” (ver informe rendido bajo juramento).
  • f)Para el otorgamiento de licencias constructivas, la Municipalidad de Escazú estableció la obligatoriedad de presentar un documento denominado “Estudio de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección”, el cual tiene como objetivo determinar si las propiedades y los posibles proyectos constructivos se encuentran afectados por algún cuerpo de agua, pozo o zona de protección de estos, para que se respeten los retiros correspondientes. Los Estudios de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección se redactan en base a la información oficial del SINIGIRH de la Dirección de Agua del MINAE, que es el ente rector oficial en este aspecto (ver informe rendido bajo juramento).
  • g)El caso del tutelado data desde el día 30 del mes de agosto del año 2017, específicamente por la afectación de la Onda Tropical #31 el cual fue denominado como un “evento extremo” por parte del Instituto Meteorológico Nacional; en el que se presentaron desbordamientos de cauces en diferentes puntos del cantón incluyendo la Quebrada Quebradilla, la cual causó afectaciones sobre las propiedades del amparado (ver informe rendido bajo juramento).
  • h)En cumplimiento del informe IAR-INF-0863-2017, el recurrido como medida preventiva ante la imposibilidad de estar ingresando en propiedad privada, se mantiene comunicación constante con los administrados y se coordinan visitas y limpiezas del cauce cada vez que sean necesarias, así como la recepción de denuncias, por construcción (ver informe rendido bajo juramento).
  • i)El 16 de agosto de 2021, el amparado presentó la última denuncia, mismo día en el que se realizó la inspección y clausura respectiva (ver informe rendido bajo juramento).

IV. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

De los autos se desprende que el amparado es propietario de dos fincas (folios 3-10061-003 y 186070- 003) que se encuentran en el distrito San Rafael de Escazú. En el año 2002, se efectuó un entubamiento que contó con aprobación de SETENA (22 de enero del 2002). En el Informe Técnico IAR-INF-0863-2017, la municipalidad recurrida estableció que: “Se debe plantear la necesidad de realizar mejoras en la quebrada como, dragados, lagunas de retención, canalizaciones o desvíos para que aumente la capacidad hidráulica y se minimice la vulnerabilidad de que se den más desbordamientos” por lo que se recomendó: “Los ocupantes de estas viviendas deben estar conscientes del riesgo que corren, para así estar preparados y establecer planes de emergencia para actuar oportunamente en caso de presentarse otro evento que podría afectarlos (…) Para realizar obras en causes de dominio público, se debe contar con los permisos respectivos del Departamento de Aguas del MINAET y de la Municipalidad correspondiente; por lo que se debe recordar a estas instituciones de la urgencia de estas para que colaboren y faciliten cualquier gestión”.

El Concejo Municipal de Escazú en Sesión Ordinaria 184, Acta 220 del 04 de noviembre 2019 adoptó el Acuerdo AC-310-19 que dispuso: “ACUERDO AC-310-19 “SE ACUERDA: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley de Administración Pública, Informe de la Comisión Nacional de Emergencias número IAR-INF-0863-2017, Oficio de la Dirección Área Rectora de Salud Escazú número CS-ARSE-670-2017, Acta de Inspección de la Policía Municipal número 0095 y Oficio del subproceso de Mantenimiento de Obra Pública número MOP-103-17. Se acuerda. PRIMERO: Declarar de emergencia cantonal la situación que actualmente viven los vecinos de la quebrada Quebradilla, situada en las inmediaciones del Kínder Koala en San Rafael de Escazú. SEGUNDO: Solicitarle respetuosamente al señor Alcalde Municipal, realice de forma inmediata las gestiones administrativas que le permita a los vecinos de quebrada Quebradilla, tener una solución permanente a la problemática que enfrentan con la canalización de aguas de la quebrada.

TERCERO: Respaldar todas las gestiones técnicas y administrativas que vaya a hacer el señor alcalde para brindar una solución inmediata a los vecinos afectados. Comuníquese este acuerdo al señor alcalde municipal para lo de su cargo” Donde se ubica la propiedad del recurrente discurre la quebrada Quebradilla, por lo que en el Plan Regulador del Cantón de Escazú del año 2006 en su artículo Art. 11.6 se estableció: “…Los sectores dentro de esta categoría, propensos a inundarse por la Quebrada Quebradillas, serán objeto de un estudio especial hidrológico, para evaluar la aceptación o no de los proyectos propuestos dentro de estas zonas. Además, los desarrollos que se hagan en la parte central de Bello Horizonte, al tener problemas de capacidad de desfogue pluvial dentro de la cuenca de la quebrada antes mencionada, deberán resolver adecuadamente el problema de conducción de aguas pluviales fuera de esta cuenca…” Para el otorgamiento de licencias constructivas, la Municipalidad de Escazú estableció la obligatoriedad de presentar un documento denominado “Estudio de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección”, el cual tiene como objetivo determinar si las propiedades y los posibles proyectos constructivos se encuentran afectados por algún cuerpo de agua, pozo o zona de protección de estos, para que se respeten los retiros correspondientes.

Los Estudios de afectación de Nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus áreas de protección se redactan en base a la información oficial del SINIGIRH de la Dirección de Agua del MINAE, que es el ente rector oficial en este aspecto. El caso del tutelado data desde el día 30 del mes de agosto del año 2017, específicamente por la afectación de la Onda Tropical #31 el cual fue denominado como un “evento extremo” por parte del Instituto Meteorológico Nacional; en el que se presentaron desbordamientos de cauces en diferentes puntos del cantón incluyendo la Quebrada Quebradilla, la cual causó afectaciones sobre las propiedades del amparado. En cumplimiento del informe IAR-INF-0863-2017, el recurrido como medida preventiva ante la imposibilidad de estar ingresando en propiedad privada, se mantiene comunicación constante con los administrados y se coordinan visitas y limpiezas del cauce cada vez que sean necesarias, así como la recepción de denuncias, por construcción. El 16 de agosto de 2021, el amparado presentó la última denuncia, mismo día en el que se realizó la inspección y clausura respectiva.

Así las cosas, esta Sala estima que el recurrido lesionó los derechos fundamentales del tutelado, pues si bien argumenta que las acciones deben ser tomadas por los propietarios de las casas, lo cierto es que debe girar las ordenes pertinentes a fin de que los vecinos las cumplan, pues con la solo fiscalización de limpieza no es suficiente. Nótese, que el problema data de años atrás, y no se ha dado una solución definitiva a la situación. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso con la orden que se indicará en la parte dispositiva.

Ahora bien, en cuanto al CNE, se descarta una lesión a los derechos del amparado, pues han efectuado las acciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias.

V.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso que radica en efectuar las mejoras necesarias para que se solucione la problemática en relación con la Quebrada Quebradilla en Escazú y se fiscalice su cumplimiento. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, en relación con la Municipalidad de Escazú. Se ordena a Arnoldo Barahona Cortés, Daniel Cubero Ramírez y Carlomagno Gómez Ortiz, por su orden, Alcalde, encargado del Departamento de Gestión del Riesgo, y Presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Escazú, o a quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor a dos meses contado a partir de la notificación de este recurso, giren las ordenes pertinentes, a fin de que efectúen las mejoras necesarias, para que se solucione la problemática en relación con la Quebrada Quebradilla, y fiscalice su cumplimiento. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

En lo demás se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Mauricio Chacón J.

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