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Res. 22344-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/10/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismisses the amparo as unfounded because the ASADA's refusal to provide drinking water in an area declared a high landslide risk zone was based on technical and legal grounds, with no violation of fundamental rights.La Sala Constitucional rechaza por improcedente el amparo porque la negativa de la ASADA a prestar el servicio de agua potable en una zona declarada de alto riesgo por deslizamiento se fundamentó en razones técnicas y legales, sin violación de derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejects on the merits an amparo filed by residents of Alto Loaiza, Orosi, against the local water board (ASADA), the National Emergency Commission and the Municipality of Paraíso. The claimants challenged the ASADA's refusal to provide drinking water and the disconnection of a de facto hookup. The Chamber reiterates that while there is a fundamental right to water, it is not unconditional; service providers may lawfully reject installation if technical or legal reasons exist, such as the property being located in a zone classified as high landslide risk. It cites the Paraíso Cantonal Regulatory Plan and the ASADA's service regulations, which prohibit enabling services in environmentally restricted zones. The summary amparo procedure does not permit the Chamber to assess the technical validity of the risk report; it refers claimants to pursue their objections before the ASADA or in ordinary courts. The denial was not arbitrary and the amparo is dismissed.La Sala Constitucional rechaza por el fondo un recurso de amparo presentado por vecinos de Alto Loaiza, Orosi, contra la ASADA de Orosi, la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Paraíso. Los recurrentes reclamaban la negativa de la ASADA a proveer servicio de agua potable y el corte de una conexión de hecho. La Sala reitera que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, este no es incondicional; los entes prestadores pueden válidamente rechazar la instalación del servicio si existen razones técnicas o legales que lo justifiquen, como la localización del inmueble en una zona catalogada de alto riesgo por deslizamiento. Se cita el Plan Regulador del Cantón de Paraíso y el reglamento de la ASADA, que impiden habilitar servicios en zonas con restricción ambiental. La Sala no puede analizar en la vía sumaria del amparo la validez técnica del informe de riesgo y remite a los recurrentes a plantear sus inconformidades ante la ASADA o en la vía jurisdiccional ordinaria. La denegatoria no fue arbitraria y el recurso es improcedente.
Key excerptExtracto clave
II. ON THE IMPROPRIETY OF THIS AMPARO. In the case at bar, from a reading of the amparo petition itself and the documentation in the file, it is inferred that the Orosi ASADA has refused to install water service in Alto Loaiza because that area is classified as a high landslide risk zone, and pursuant to the Paraíso Cantonal Regulatory Plan and the defendant ASADA's Service Provision Regulations, water and sewer services may under no circumstances be authorized in environmentally restricted zones (see official note ASADA-060-2021 of September 9, 2021, attached at pages 20 et seq. of this amparo's electronic file). In this regard, when deciding a relevant amparo, the Chamber, in Judgment No. 2018020409 of 10:30 a.m. on December 7, 2018, held as follows: "From the study of the case file it is established that, by official note IM-047-2017 of January 10, 2017, the Municipality of Corredores informed the petitioner that property cadastral plan 6-1957704-2017 is located near the Corredor River dike, and is therefore affected by Executive Decree No. 22407, 'Regulation for the Establishment of Protection Zones for the Caño Seco and Corredor Rivers,' since it is a high risk zone. Subsequently, in May 2017, the protected party requested a new potable water service for that property from AyA. However, by official note SB-GSP-RBR-CC-2017-2736 of May 16, 2017, the defendant authority informed the amparo petitioner that an on-site inspection was carried out and it was concluded that 'it is not feasible to approve a water service for the property with cadastral plan 6-1957704-2017, which is (sic) affected by Decree 22407-MOPT-MIVAH, 'Regulation for the Establishment of Protection Zones for the Caño Seco and Corredor Rivers.' In this sense, in a report rendered under oath, AyA explains that Executive Decree No. 22407 declared the sectors near the protection strip of the Caño Seco and Corredor Rivers as high risk zones, and although some current residents in the sector may have potable water service, that is because those dwellings were in place before 1993, when the decree was enacted; since after that date, in compliance with the regulation, AyA has denied public services to new occupants of the declared risk zone." In addition, the Chamber clarifies to the petitioners that since the purpose of the amparo is solely to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, the amparo proceeding is eminently summary—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with taking slow and complex evidence, or with the need to first examine—in a declarative fashion—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual background of the amparo petition or the legal report, as applicable, actually exist. For that reason, this Chamber cannot, through the summary amparo procedure, rule on the merits and technical soundness of official note AMSE-GEA-es-2021 of September 9, 2021, in order to determine whether it is really too generic or not, since that would require opening the amparo to evidence.II.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE ESTE AMPARO. En el sub judice , de la lectura del propio libelo de interposición del recurso y la documentación que obra en el expediente, se colige que la ASADA de Orosi se ha negado a instalar el servicio de agua en el área de los Altos de Loaiza, debido a que esta región es catalogada de alto riesgo por deslizamiento , siendo que, conforme al Plan Regulador del Cantón de Paraíso y el Reglamento de Prestación de Servicios de la ASADA accionada, no procede habilitar bajo ningún supuesto la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas con restricción ambiental (véase el oficio ASADA-060-2021 del 9 de setiembre de 2021, que corre agregado en las páginas 20 y siguientes del archivo electrónico de este amparo). Sobre este particular, al resolver un amparo relevante para el presente recurso, la Sala, en sentencia N° 2018020409 de las 10:30 horas del 7 de diciembre de 2018, declaró lo siguiente: "Del estudio de los autos se tiene por acreditado que, mediante oficio IM-047-2017 del 10 de enero de 2017, la Municipalidad de Corredores le comunicó a la recurrente que el inmueble plano catastro 6-1957704-2017 se encuentra cercano al dique del Río Corredor, por lo que está afectado por el Decreto Nº22407 'Reglamento Establecimiento Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor' por ser zona de alto riesgo. Posteriormente, en mayo de 2017, la tutelada solicitó, ante el AyA, nuevo servicio de agua potable para dicho inmueble. Sin embargo, mediante oficio SB-GSP-RBR-CC-2017-2736 del 16 de mayo de 2017, la autoridad recurrida comunicó a la amparada que se realizó una inspección in situ y se concluyó que 'no es factible la aprobación de un servicio de agua inmueble con número de plano 6-1957704-2017 esta (sic.) afectado por el decreto 22407-MOPT-MIVAH 'Reglamento Establecido Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor'. En este sentido, en informe rendido bajo juramento, el AyA explica que el Decreto Ejecutivo N° 22407 declaró como zona de alto riesgo a los sectores cercanos a la franja de protección de los Ríos Caño Seco y Corredor por lo que, si bien puede que, actualmente, algunos vecinos del sector cuenten con servicio de agua potable, ello obedece a que tales viviendas se encuentran en el lugar desde antes de 1993, año en que se promulgó el decreto; toda vez que, después de esa fecha, en apego al reglamento, el AyA ha negado los servicios públicos a los nuevos ocupantes de la zona declarada como de riesgo." Aunado a ello, se le aclara a los recurrentes que, al ser la finalidad del recurso de amparo, únicamente, el brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Por ese motivo, no podría esta Sala entrar a conocer, en la vía sumaria del amparo, el mérito y la procedencia técnica del oficio AMSE-GEA-es-2021 de fecha 9 de setiembre de 2021, a fin de determinar si realmente es muy genérico o no, pues ello requeriría abrir el amparo a pruebas.
Pull quotesCitas destacadas
"la Sala, en lo referente a la instalación en sí del respectivo servicio, es que los entes que lo prestan no tienen obligación de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad."
"the Chamber's position regarding the actual installation of the service is that the entities providing it are not obligated to provide it under any conditions and at any time."
Considerando I
"la Sala, en lo referente a la instalación en sí del respectivo servicio, es que los entes que lo prestan no tienen obligación de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad."
Considerando I
"no procede habilitar bajo ningún supuesto la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas con restricción ambiental"
"water and sewer services may under no circumstances be authorized in environmentally restricted zones"
Considerando II
"no procede habilitar bajo ningún supuesto la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas con restricción ambiental"
Considerando II
"no podría esta Sala entrar a conocer, en la vía sumaria del amparo, el mérito y la procedencia técnica del oficio AMSE-GEA-es-2021 [...] pues ello requeriría abrir el amparo a pruebas."
"this Chamber cannot, through the summary amparo procedure, rule on the merits and technical soundness of official note AMSE-GEA-es-2021 [...] since that would require opening the amparo to evidence."
Considerando II
"no podría esta Sala entrar a conocer, en la vía sumaria del amparo, el mérito y la procedencia técnica del oficio AMSE-GEA-es-2021 [...] pues ello requeriría abrir el amparo a pruebas."
Considerando II
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CONSTITUTIONAL CHAMBER Case File: 21-019374-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Ruling with protected data, in accordance with current regulations *210193740007CO* CASE FILE No. 21-019374-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION No. 2021022344 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours thirty minutes on the fifth of October of two thousand twenty-one. Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], passport [Value 002], and [Name 003], residency card [Value 003], against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE OROSI (ASADA DE OROSI), the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE), and the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. Whereas: 1.- By writ received at the Secretariat of the Chamber at 1:52 p.m. on September 29, 2021, the appellants file an amparo appeal against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE OROSI, the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, and the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, and state the following: that they are owners and reside, respectively, in houses built approximately 30 and 15 years ago, located in Cartago, Paraíso, Orosi, Alto Loaiza neighborhood, approximately five hundred meters from where a mudslide occurred in 2002. They explain that children, women, and older adults live in their neighborhood. Likewise, they indicate that before and after that mudslide, the Municipalidad de Paraíso has authorized and tolerated the construction of dwellings, even collecting taxes. They state that they and seventy other neighbors initially enjoyed water service provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and, subsequently, after the 2002 mudslide, by connection to a tank built by the community's own neighbors approximately forty years ago. The connection to the water tank, however, was always de facto, not de jure, since the ASADA had refused to provide them with service. In this context, they explain that the water issue worsened on July 16, 2021, when, without any notification, notice, or justification, the ASADA cut the connection they had. Subsequently, the neighbors reconnected it. However, at the beginning of September 2021, the ASADA cut their connection again, alleging, first, that the water from that tank is not potable and later, that their houses are located in a risk zone (official letters ASADA-060-2021 and ASADA-062-2021). They add that the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, on February 24, 2021, through official letter CNE-UIAR-OF-096-2021, claimed to have no involvement in water service matters, as this is a right guaranteed by the country's own regulations. Likewise, they indicate that on August 23, 2021, following a request from a neighbor named [Name 001], through official letter MS-DRRSCE-DARSP-1504-2021, the Ministry of Health requested the ASADA to provide water until the Municipalidad de Paraíso ruled on the actions recommended in the technical report CNE-UIAR-INF-0100-2021, identified by Ing. Fabricio Guzmán Astorga, Coordinator of the Comisión Municipal de Emergencias de Paraíso, and signed by the geologist of the CNE's Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo. The Departamento de Gestión de Riesgos y Desastre of the Municipalidad de Paraíso, for its part, issued official letter AMSE-GEA-es-2021 dated September 9, 2021, in which it indicated that the Altos Loaiza area is categorized as high risk due to landslide and that no type of infrastructure development or crops in general should be authorized. However, the aforementioned municipal report is very generic, as it would include the entire Altos Loaiza neighborhood, when in reality the risk zones comprise very specific areas that the municipality should delineate, identifying which dwellings would be affected and which would not. Nonetheless, to date, that territorial entity has not carried out the corresponding mapping and keeps the neighbors in a state of uncertainty, unable to advance in the implementation of solutions to the exposed issue and unable to attend to essential needs of human dignity. Faced with this situation, the affected parties, relying on the provision of Article 11 of the Ley de Aguas, began collecting water that falls into a natural watercourse originating from the Zanja Quelital spring (naciente) and storing it in a plastic tank owned by neighbor [Name 004]. However, on September 21, 2021, as indicated in complaint number No. [Value 004] filed before the Organismo de Investigación Judicial, ASADA employees took the tank, leaving the neighbors in subhuman conditions, preventing them from carrying out basic tasks such as cleaning toilets, personal grooming, cooking, washing, household cleaning, etc. According to what has been raised, the municipal and the ASADA de Orosi authorities are denying them access to water, without providing them with a solution to resolve the issue. They claim a violation of Article 50 of the Political Constitution and the rights to access water, health, and a dignified home. They request that the appeal be granted, with the consequences provided by law, and that the ASADA de Orosi be ordered to restore water service. 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss a claim outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly improper, or when it deems there are sufficient elements of judgment to dismiss it, or when it is simply the reiteration or reproduction of an identical or similar previous denied petition. Drafted by Justice Garro Vargas; and, Considering: I.- PRELIMINARY ISSUES. Having reviewed the writ filing this appeal, the appellant party is made aware that, while it is true, as this Court has recognized, that there is a fundamental right to potable water, it is also true that its exercise is not indiscriminate. Consequently, the Chamber's position, regarding the installation of the respective service itself, is that the entities providing it are not obligated to provide it under any conditions and at any time. On the contrary, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the associations administering aqueducts and sewerage systems, and the municipalities that also supply water, may validly reject any request for the respective installation, if there are technical or legal reasons that justify it. In this manner, in ruling No. 2014-9134 of 2:05 p.m. on June 19, 2014, this Court resolved the following: "This Chamber has indicated in reiterated rulings on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider —whether a public entity or a private entity— is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and adapting to technological changes (see in this regard ruling 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and ruling 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests..." In this regard, emphasis is placed on the fact that verifying compliance with legal or technical requirements to obtain water service is a task that falls to the competent administrative authorities, and this Chamber cannot delve into the matter, because it involves aspects of ordinary legality outside its scope of action. II.- ON THE IMPROPRIETY OF THIS AMPARO. In the sub judice, from reading the appeal writ itself and the documentation contained in the case file, it is inferred that the ASADA de Orosi has refused to install water service in the Altos de Loaiza area, given that this region is categorized as high risk for landslides, and that, in accordance with the Plan Regulador of the Canton of Paraíso and the Reglamento de Prestación de Servicios of the respondent ASADA, it is not appropriate under any circumstances to enable the provision of aqueduct and sanitary sewerage service in areas with environmental restrictions (see official letter ASADA-060-2021 of September 9, 2021, attached on pages 20 and following of the electronic file of this amparo). On this matter, when resolving an amparo appeal relevant to the present one, the Chamber, in ruling No. 2018020409 of 10:30 a.m. on December 7, 2018, declared the following: "From the study of the case records, it is established that, through official letter IM-047-2017 of January 10, 2017, the Municipalidad de Corredores informed the appellant that the property with cadastral plan 6-1957704-2017 is located near the Corredor River dike, and is therefore affected by Decreto Nº22407 'Reglamento Establecimiento Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor' for being a high-risk zone. Subsequently, in May 2017, the protected party requested, before AyA, new potable water service for said property. However, through official letter SB-GSP-RBR-CC-2017-2736 of May 16, 2017, the appealed authority informed the protected party that an in situ inspection was conducted and it was concluded that 'the approval of water service for the property with plan number 6-1957704-2017 is not feasible as it is (sic.) affected by decree 22407-MOPT-MIVAH 'Reglamento Establecido Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor'. In this sense, in a report rendered under oath, AyA explains that Decreto Ejecutivo N° 22407 declared the sectors near the protection buffer zone of the Caño Seco and Corredor Rivers as a high-risk zone, and therefore, while it may be that currently some neighbors in the sector have potable water service, this is because such dwellings have been located there since before 1993, the year the decree was enacted; since, after that date, in adherence to the regulation, AyA has denied public services to new occupants of the area declared as a risk zone. In this line, the Chamber notes that the aforementioned regulation states the following: 'ARTICLE 7: The protection zones referred to in this Decree are mandatory for all individuals or legal entities, public or private. In no case may works or services be erected, constructed, or improved that encourage residential development in the zones declared as protection.'(emphasis added). Thus, the claim that the denial of potable water service was arbitrary is discredited. In view of the considerations set forth, it is imperative to declare the appeal without merit." Added to this, it is clarified to the appellants that, since the purpose of the amparo appeal is solely to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, the amparo process is eminently summary in nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the prior need to examine —with declaratory effect— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual narrative of the amparo appeal or the law-mandated report, as the case may be, actually exist. For that reason, this Chamber could not take cognizance, in the summary amparo proceeding, of the merits and technical propriety of official letter AMSE-GEA-es-2021 of September 9, 2021, in order to determine whether it is truly very generic or not, since that would require opening the amparo to evidence. Thus, prima facie, this Court does not find that any fundamental right was violated with the questioned denial and, if disagreeing with what was decided, the appellant party must raise its disagreement or claim before the respondent ASADA or in the competent jurisdictional venue, forums in which it may, broadly, discuss the merits of the matter and assert its claims. Consequently, the appeal is improper and is hereby declared so. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is dismissed on the merits.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210193740007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2021022344 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002] , pasaporte [Valor 002], y [Nombre 003], cédula de residencia [Valor 003] , contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE OROSI (ASADA DE OROSI), la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) y la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:52 horas del 29 de septiembre de 2021, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE OROSI, la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS y la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO y manifiestan lo siguiente: que son propietarios y residen, respectivamente, en casas construidas hace aproximadamente 30 y 15 años, ubicadas en Cartago, Paraíso, Orosi, barrio Alto Loaiza, aproximadamente a quinientos metros de donde ocurrió un alud de tierra en el año 2002. Explican que en su vecindario viven niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores. Asimismo, indican que antes y después de ese alud, la Municipalidad de Paraíso ha autorizado y tolerado la construcción de viviendas, cobrando impuestos incluso. Refieren que ellos y otros setenta vecinos más disfrutaban del servicio de agua, inicialmente, por prestación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, posteriormente, después del alud del año 2002, por conexión a un tanque construido por los propios vecinos de la comunidad hacía aproximadamente cuarenta años. La conexión al tanque de agua, empero, siempre fue de hecho, no de derecho, ya que la ASADA se había negado a brindarles el servicio. En este contexto, explican que la problemática de agua se agravó el 16 de julio de 2021, cuando, sin ninguna notificación, ni aviso, ni justificación, la ASADA cortó la conexión que tenían. Posteriormente, los vecinos la reconectaron. Sin embargo, a inicios del mes de setiembre de 2021, la ASADA les cortó nuevamente la conexión, alegando, primero, que el agua de ese tanque no es potable y luego, que sus casas se encuentran en zona de riesgo (oficios ASADA-060-2021 y ASADA-062-2021). Agregan que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en fecha 24 de febrero de 2021, mediante oficio CNE-UIAR-OF-096-2021, adujo no tener injerencia en materia de servicio de agua, toda vez que éste es un derecho garantizado por normas propias del país. Asimismo, indican que, en fecha 23 de agosto de 2021, ante gestión de un vecino llamado [Nombre 001] , por oficio MS-DRRSCE-DARSP-1504-2021, el Ministerio de Salud solicitó a la ASADA proporcionar agua hasta tanto la Municipalidad de Paraíso se pronunciara respecto a las acciones recomendadas en el informe técnico CNE-UIAR-INF-0100-2021, apodado por el Ing. Fabricio Guzmán Astorga. Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias de Paraíso y suscrito por el geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE. El Departamento de Gestión de Riesgos y Desastre de la Municipalidad de Paraíso, por su parte, emitió el oficio AMSE-GEA-es-2021 de fecha 9 de setiembre de 2021, en el cual indicó que el área de Altos Loaiza es catalogada como de alto riesgo por deslizamiento y no debía autorizarse ningún tipo de desarrollo de infraestructura o cultivos en general. No obstante, el citado informe municipal es muy genérico, pues incluiría todo el barrio de Altos Loaiza, cuando en realidad las zonas de riesgo comprenden zonas muy específicas que la municipalidad debería delimitar, identificando cuáles viviendas estarían afectadas y cuáles no. Sin embargo, hasta la fecha, ese ente territorial no ha hecho el correspondiente mapeo y mantiene a los vecinos en estado de incertidumbre, sin poder avanzar en la implantación de soluciones a la problemática expuesta y sin poder atender necesidades esenciales de dignidad humana. Ante este panorama, los afectados, amparándose al supuesto del artículo 11 de la Ley de Aguas, comenzó a recolectar el agua que cae a un cauce natural producto de la naciente Zanja Quelital y almacenarla en un tanque de plástico propiedad del vecino [Nombre 004]. Sin embargo, en fecha 21 de setiembre de 2021, según se indicó en la denuncia número N° [Valor 004] que se interpuso ante el Organismo de Investigación Judicial, empleados de la ASADA se llevaron el tanque, dejando a los vecinos en condiciones infrahumanas, al impedirles realizar tareas básicas como la limpieza de sanitarios, el aseo personal, cocinar, lavar, realizar la higiene de la vivienda, etc. De acuerdo a lo planteado, las autoridades municipales y de la ASADA de Orosi les están negando el acceso al agua, sin brindarles una solución para resolver la problemática. Alegan vulnerado el artículo 50 de la Constitución Política y los derechos a acceder al agua, a la salud y a tener una vivienda digna. Solicitan que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley, y se le ordene a la ASADA de Orosi restablecer el servicio de agua. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- CUESTIONES PRELIMINARES. Visto el escrito de interposición de este recurso, se le hace ver a la parte recurrente que, si bien es cierto, según este Tribunal ha reconocido, existe un derecho fundamental al agua potable, también lo es que su ejercicio no es indiscriminado. Consecuentemente, la postura de la Sala, en lo referente a la instalación en sí del respectivo servicio, es que los entes que lo prestan no tienen obligación de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Por el contrario, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que también suministran agua, pueden rechazar válidamente cualquier solicitud para la instalación respectiva, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia N° 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, este Tribunal resolvió lo siguiente: "Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos —sea sujeto público o sujeto privado— está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio..." En este sentido, se hace énfasis en que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener el servicio de agua es una labor que le corresponde a las autoridades administrativas competentes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su ámbito de acción. II.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE ESTE AMPARO. En el sub judice , de la lectura del propio libelo de interposición del recurso y la documentación que obra en el expediente, se colige que la ASADA de Orosi se ha negado a instalar el servicio de agua en el área de los Altos de Loaiza, debido a que esta región es catalogada de alto riesgo por deslizamiento , siendo que, conforme al Plan Regulador del Cantón de Paraíso y el Reglamento de Prestación de Servicios de la ASADA accionada, no procede habilitar bajo ningún supuesto la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas con restricción ambiental (véase el oficio ASADA-060-2021 del 9 de setiembre de 2021, que corre agregado en las páginas 20 y siguientes del archivo electrónico de este amparo). Sobre este particular, al resolver un amparo relevante para el presente recurso, la Sala, en sentencia N° 2018020409 de las 10:30 horas del 7 de diciembre de 2018, declaró lo siguiente: "Del estudio de los autos se tiene por acreditado que, mediante oficio IM-047-2017 del 10 de enero de 2017, la Municipalidad de Corredores le comunicó a la recurrente que el inmueble plano catastro 6-1957704-2017 se encuentra cercano al dique del Río Corredor, por lo que está afectado por el Decreto Nº22407 'Reglamento Establecimiento Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor' por ser zona de alto riesgo. Posteriormente, en mayo de 2017, la tutelada solicitó, ante el AyA, nuevo servicio de agua potable para dicho inmueble. Sin embargo, mediante oficio SB-GSP-RBR-CC-2017-2736 del 16 de mayo de 2017, la autoridad recurrida comunicó a la amparada que se realizó una inspección in situ y se concluyó que 'no es factible la aprobación de un servicio de agua inmueble con número de plano 6-1957704-2017 esta (sic.) afectado por el decreto 22407-MOPT-MIVAH 'Reglamento Establecido Zonas Protección Ríos Caño Seco y Corredor'. En este sentido, en informe rendido bajo juramento, el AyA explica que el Decreto Ejecutivo N° 22407 declaró como zona de alto riesgo a los sectores cercanos a la franja de protección de los Ríos Caño Seco y Corredor por lo que, si bien puede que, actualmente, algunos vecinos del sector cuenten con servicio de agua potable, ello obedece a que tales viviendas se encuentran en el lugar desde antes de 1993, año en que se promulgó el decreto; toda vez que, después de esa fecha, en apego al reglamento, el AyA ha negado los servicios públicos a los nuevos ocupantes de la zona declarada como de riesgo. En esta línea, observa la Sala que la normativa aludida indica lo siguiente: 'ARTICULO 7: Las zonas de protección a que se refiere el siguiente Decreto son de acatamiento obligatorio para toda persona física o jurídica pública o privada. En ningún caso podrán levantarse, construirse o realizarse mejoras de obras y servicios que estimulen al desarrollo habitacional en las zonas que se declaran de protección.'(énfasis agregado). Así las cosas, se desacredita que la denegatoria del servicio de agua potable haya sido arbitraria. En mérito de las consideraciones expuestas, se impone declarar sin lugar el recurso ". Aunado a ello, se le aclara a los recurrentes que, al ser la finalidad del recurso de amparo, únicamente, el brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Por ese motivo, no podría esta Sala entrar a conocer, en la vía sumaria del amparo, el mérito y la procedencia técnica del oficio AMSE-GEA-es-2021 de fecha 9 de setiembre de 2021, a fin de determinar si realmente es muy genérico o no, pues ello requeriría abrir el amparo a pruebas. Así las cosas, prima facie, no advierte este Tribunal que se hubiera violentado derecho fundamental alguno con la denegatoria cuestionada y, de discrepar con lo resuelto, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la ASADA recurrida o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza por el fondo el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XDMEUSLG47BU61*
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