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Res. 22086-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 01/10/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo, holding that the denial of the water availability certificate for a subdivision was based on the lack of defined urban quadrants, an ordinary legality requirement that cannot be overridden in this proceeding, and the right to water for the existing dwelling was not violated.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la denegatoria de la constancia de disponibilidad de agua para un fraccionamiento se basó en la falta de definición de cuadrantes urbanos, un requisito de legalidad ordinaria que no puede ser suplido por esta vía, sin que se vulnerara el derecho al agua de la vivienda existente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejects an amparo action filed against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The petitioners had requested a certificate of water availability to subdivide a property into five lots in Guaitil, Acosta, for housing construction. AyA denied the request, arguing that while the original property had fronting infrastructure, there was no certainty about the location of urban quadrants in the San Ignacio district as required by the Subdivision and Urbanization Regulation. The Chamber reaffirmed that the fundamental right to water does not imply unrestricted access, since the Administration may require compliance with technical and legal requirements. Here, the denial was based on the lack of legal feasibility for a subdivision project, not for the existing house. The court held that the petitioners' disagreement was a matter of ordinary legality, properly addressed through administrative or contentious channels, and did not constitute a direct violation of fundamental rights. Consequently, the amparo was dismissed.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo presentado por un grupo de personas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Las recurrentes solicitaron una constancia de disponibilidad de agua potable con el fin de segregar cinco lotes de una finca en el distrito de Guaitil, cantón de Acosta, para construir viviendas. El AyA denegó la solicitud argumentando que, si bien la finca original contaba con infraestructura al frente, no existía certeza sobre la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio, lo cual era requerido por el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. La Sala reafirmó que el derecho fundamental al agua no implica un acceso irrestricto, ya que la Administración puede exigir el cumplimiento de requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa. En este caso, la denegatoria se basó en la ausencia de factibilidad legal para un proyecto de fraccionamiento, no para la vivienda existente. El tribunal determinó que la disconformidad de las recurrentes constituía un asunto de legalidad ordinaria, propio de las vías administrativas o contenciosas, y no una violación directa de derechos fundamentales. Por tanto, se rechazó el amparo.
Key excerptExtracto clave
III. ON COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR ACCESSING POTABLE WATER SERVICE. The Chamber's case law has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, under equal conditions, potable water services, as this is essential for human life and health. However, this fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the Administration may establish general requirements that must be met by each applicant to evaluate their particular request. Thus, in Judgment No. 2006-1898 of 9:53 a.m. on February 17, 2006, this Court held: "(...) The appellant claims (...) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it is a squatter settlement and that the inhabitants do not have a subdivision plan establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is established in the file, based on the sworn report by the respondent authority, that there is an impossibility to install household potable water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the lack of submission of applications meeting the legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in Judgment No. 2004-12185 of 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to this one, pointed out that it was not possible to force the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to circumvent the provisions of its Regulation on Customer Service or the General Law on Potable Water. (...)" Likewise, in vote No. 2018-3907 of 9:30 a.m. on March 9, 2018, the Chamber stated: "(...) IV. ON COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS TO APPROVE POTABLE WATER AVAILABILITY. In this regard, this Court has repeatedly recognized that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the associations administering aqueducts and sewers, and the municipalities that provide potable water services, before approving or rejecting requests for potable water availability, are fully entitled to require compliance with requirements established in the legal order, and to weigh legal and technical reasons. (...)" It is understood, then, that while there is a fundamental right to water that may be asserted before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers or the respective ASADAs, the provision of the service must also be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical or legal situations that make it impossible or inadvisable to provide it.III.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE. La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en la Sentencia No 2006-1898 de las 09:53 hrs. de 17 de febrero de 2006, este Tribunal dispuso lo siguiente: “(…) El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. (…)”. Asimismo, en el voto No. 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018, la Sala señaló: “(…) IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA APROBAR UNA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. Al respecto, este Tribunal ha reconocido reiteradamente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico. (…)”. Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas o legales que imposibiliten o desaconsejen brindarlo.
Pull quotesCitas destacadas
"no obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
"however, this fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the Administration may establish general requirements that must be met by each applicant to evaluate their particular request."
Considerando III
"no obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
Considerando III
"la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por las partes accionadas, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales, se le debe otorgar o no el servicio de agua aludido."
"the Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions, so it is not for it to review the appropriateness of what was decided by the respondent parties regarding whether, by virtue of urban, technical, and legal conditions, the water service at issue should be granted or not."
Considerando IV
"la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por las partes accionadas, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales, se le debe otorgar o no el servicio de agua aludido."
Considerando IV
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CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty minutes on October first, two thousand twenty-one.
Amparo action processed under case file number 21-018579-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on his own behalf and on behalf of [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], and [Name 005], identity card [Value 005], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA).
WHEREAS:
FIRST: Indeed, on April 19, 2021, the petitioners submitted individual service availability requests that, as they state before the Constitutional Chamber, correspond to a subdivision (fraccionamiento) (segregación) for up to five (5) lots, all of which were registered in the Cantonal Unit of Acosta as indicated in the following table: [...]
SECOND: Each of the requests registered and admitted for technical and legal feasibility analysis on April 19, 2021, aims to obtain the documentary requirement to subsequently access, with the approval (visado), registration, and creation of properties for five (5) survey plans that graphically and mathematically describe portions (rights) of the property registered under Real Folio No. 1-632912, located in the Guaitil district of the Acosta canton, with cadastral map SJ-0732070-2001, this with the intention of incorporating up to five (5) new individual properties into legal existence for respective presentation citations associated with the survey plans, namely: 2021-28663-C, 2021-28662-C, 2021-28665-C, 2021-28667-C, and 2021-28664-C, all associated with an integral subdivision project registered before the Topography Project Administrator (APT) of the Federated College of Engineers and Architects (CFIA) under contract OC 948692 of April 7, 2021 (see report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and the evidentiary load attached to the filing brief).
THIRD: The statement made is correct regarding that, through technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903, it was indicated that it is not consistent for this Institute to grant the petition for potable water / sewerage availability for subdivision (segregación) by means of the mechanism provided for and regulated in the third section of the Regulations for Subdivisions and Urbanizations (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) and its Amendment of La Gaceta No. 236, Scope No. 224, September 7, 2020, which is intended to be used for the eventual material division of the property registered under Real Folio No. 1-0632912-000, given that there is no certainty of the location of the urban quadrants in the San Ignacio district of the Acosta canton. The foregoing pursuant to the provisions of the Regulations for the Provision of AyA Services (Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA), Board of Directors Agreement No. 2020-442, published in Scope No. 29 to Official Journal La Gaceta No. 27 of Tuesday, February 9, 2021.
FOURTH: As stated by the petitioner in his filing brief, on August 31, 2021, by means of memorandum GSP-RC-OMSAP-2021-00903, the person in charge of the Office of Operation and Maintenance of Potable Water Systems RCO of AyA issued the reasoning for the administrative act that results in the denial stated by the petitioner to the Honorable Chamber and by which it was indicated, I quote: ➔ In an inspection carried out by official Richard Arias Segura on April 27, 2021, it was verified that in front of the property there is a 100 mm PVC distribution pipeline administered by this Institute, belonging to the CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta system. ➔ The property is located in the Alto La Vigía zone, where the project to supply water to this Sector has just been completed. The lot registers a built single-family dwelling for which service availability has not been requested. (The highlighting and underlining are not from the original).
FIFTH: The petitioner alleges that on September 16, 2021, a note was received signed by the person in charge of the Central West Region of Aqueducts and Sewers, by which they were informed: “It is not consistent for this Institute to grant the petition for potable water availability, which is sought for the property with Real Folio 1-00632912-000, given that there is no certainty of the location of the urban quadrants in the San Ignacio district. (...)” and therefore questions that the respondent authorities cannot rely on a municipal deficiency or insufficiency to deny them a Human Right such as access to potable water. He also claims that despite the fact that AyA itself indicated that “The property is located in the Alto La Vigía zone, where the project to supply water to this Sector has just been completed”, they are being denied the right to potable water, while maintaining that the refusal of the respondent authorities to grant them the potable water service for human consumption, in a sector where it is demonstrated that there is sufficient quantity and availability, since pipelines run in front of the property, is arbitrary, as well as contrary to their constitutional rights to health, life, a healthy environment, and prompt and complete justice.
SIXTH: Based on the facts presented by the petitioner, it is appropriate to indicate and expand to the Magistracy that, from the analysis of the administrative files and the technical and legal foundations, it is accredited that: 1. The individual requests submitted and registered before the Cantonal Unit of Acosta of AyA refer integrally to an evident intention of subdivision (fraccionamiento), segregation, or lotification for up to five (5) portions associated with the following presentation citations: 2021-28662-C, 2021-28663-C, 2021-28664-C, 2021-28665-C, and 2021-28667-C, which is why the petitioner seeks to confuse the Magistracy, inasmuch as it does not adhere to the truth of the facts that the refusal is arbitrary or violates the right of access to potable water for the property or the existing house within the property FR 1-00632912, given that it is unquestionable that what is sought by the petitioner, at this procedural moment, is not to enable a potable water service for the property FR 1-00632912, but to obtain the prior availability certification for a project to subdivide this property into up to five (5) portions, a certification that corresponds to the documentary requirement set forth in the Regulations for Subdivisions and Urbanizations (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) and its Amendment, published in Scope No. 224 to La Gaceta No. 236 of September 7, 2020. 2.
The administrative resolution SIGDD-2021-00052583-1-1-1 issued by Eng. Juan Carlos Vindas Villalobos and dated September 15, 2021, is based on technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and is negative due to the lack of legal feasibility indicated in this report, which also refers to the analysis of mandatory compliance by the officials of this Institute, in accordance with the principle of Legality set forth in the Magna Carta and the General Public Administration Law, as well as what is expressly indicated in numerals 7, 8, 29, and 36 of the Regulations for the Provision of AyA Services, Board of Directors Agreement No. 2020-442, published in Scope No. 29 to Official Journal La Gaceta No. 27 of Tuesday, February 9, 2021, I quote: Article 7- Definitions. For the purposes of these Regulations, the following shall be understood by: (...) Technical feasibility analysis for the granting of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service.
For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks run along the boundaries of the property or have direct access by public road or access easement (servidumbre de paso) to the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. (...) Service availability certificate (Constancia de disponibilidad de servicios): Document issued by the operating entity in which it certifies the real and current existence of water capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment capacity, on one of the boundaries of a specific property, based on the flow demand and/or discharge required by the real estate project verified by the operator, which will eventually allow the installation of potable water, collection, and treatment services for wastewater.
The foregoing, foreseeing not affecting the demand for existing services. (...) Article 8- Of the services. AyA will provide population-use water supply and wastewater sanitation services within the coverage zone, provided that the area has technical and legal feasibility. The internal systems and installations necessary for the enjoyment of the services are the responsibility of the user. (...) Article 29- Of the scope of the service availability certificate. The service availability certificate will allow managing before the different state authorities the obtaining of the permits and authorizations necessary for the construction of real estate projects of all kinds. This certificate constitutes the administrative act that records the real existence of water capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment capacity on the boundary of a property, which allows the eventual request for potable water services, collection, and treatment of wastewater, without causing detriment to the optimal provision of existing services.
The mentioned certificate will not imply an authorization at a construction or subdivision (segregación) level without the plans having been approved by AyA; in the same way, it will not constitute an authorization for interconnection or approval of permanent service connections, since for that, the requirements and procedures established by the competent authorities must be met. Article 36- Of the issuance of the service availability certificate. Once the established requirements have been received to satisfaction, AyA will issue the service availability certificates, which will not accrue any cost for the applicant and will be issued within a maximum period of up to 15 business days, both for individual cases and for urban, industrial, and commercial development projects. Said certificate shall indicate, at a minimum: date, consecutive number, real folio number, exact address of the property, cadastral or survey map, nature of the project, quantity of assigned flow, number of services considered, type of measurement, technical criteria, consecutive number, signature, and seal.
The technical criteria that support the certificate must refer, at a minimum, to the water and hydraulic capacity conditions that the aqueduct systems present, which by coverage correspond to the request; likewise, it must contain the verification of compliance with the urban and construction standards that govern real estate activity and refer to the sanitation system to be used and the possibility of opting for the exoneration for dwellings from the construction of the sanitary sewer network and wastewater treatment plant. (...) (The underlining is not from the original). 3. Consequently, the positive service availability certificate sought by the petitioner, and which she alleges was arbitrarily issued negatively, corresponds to the documentary requirement demanded by the Regulations for Subdivisions and Urbanizations (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) enacted by the National Institute of Housing and Urban Development (INVU) and its AMENDMENT, published in La Gaceta No. 236, Scope No. 224 of September 7, 2020, and effective since September 13, 2020, which establishes this certificate as a documentary requirement for the subdivisions typified in this regulation, I quote: ARTICLE 13.
Guarantee of water resources in subdivisions (fraccionamientos). Every subdivision (fraccionamiento) must comply with what is established in the Regulations for the Provision of AyA Services in relation to the supply of potable water, when it is this institution or an ASADA that supplies the public service. In the event it is another operator, it will be the latter's responsibility to indicate the technical aspects that must be met. Any of the mentioned operators responsible for providing the potable water service will issue a document that is concordant with what is established in the Regulations for the Provision of AyA Services that guarantees the existence of water resources with technical and operational feasibility, for the supply of all the lots resulting from the subdivision (fraccionamiento). In survey plans for the subdivisions (fraccionamientos) indicated in Article 31 that do not have availability of indispensable services, the surveying professional must indicate, under their responsibility, the following note: “The Municipality will grant the construction permit on this property, until it has the authorization from the operators in accordance with the regulations that govern for each of them with respect to indispensable public services”. (Thus amended by Board of Directors Agreement, Ordinary Session No. 6462, Article II, Section
DEFINITIONS (...) Urban quadrant expansion area (Área de expansión del cuadrante urbano): This is the space within a radius of 200.00 meters, measured from the end of the urban quadrant, in accordance with the demarcation carried out pursuant to the provisions of Transitorio IV of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. (...) Urban quadrant (Cuadrante urbano): This is the urban area or territorial scope of development of a population center, where the majority of goods and services, the road structure, and its immediate area of influence are located; the urban quadrants are located within the urban districts. For purposes of applying Article 40 of the Ley de Planificación Urbana, the quadrant of the city is considered the urban quadrant. (...) Urban District (Distrito Urbano): This is the territorial administrative circumscription whose delimitation corresponds to the radius of application of a Regulatory Plan (Plan Regulador).
Within an urban district lies the urban quadrant and its expansion area. In the absence of a regulatory plan, the urban district is any district declared as such by the INVU, in accordance with Transitorio II of the Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240. (...) (The highlighting and underlining are not in the original). As a corollary to the foregoing, the Magistracy must be informed that the appellant's disagreement stems from an aspect of mere ordinary legality, while the reasoning and the administrative decisions issued by the officials of this Institute adhere to the current legal framework and the constitutional principle of legality and respect for municipal autonomy and the administration of local interests of the Local Government of Acosta. Therefore, it is considered timely to inform the Honorable Chamber that the fundamental rights of the appellant have not been violated, given that the certification of service availability (constancia de disponibilidad de servicios) for the existing dwelling on the property Folio Real N°1- 632912 and cadastral plan SJ-0732070-2001, a legally consolidated immovable property, has not been denied.
On the contrary, as accredited in report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and the appellant's own filing brief, this property faces the distribution pipeline of the Alto La Vigía de Acosta aqueduct, whose commissioning dates back to February 28, 2021, as ordered by the Honorable Chamber in resolution No 2021003653 of nine hours forty minutes of February twenty-third, two thousand twenty-one, related to expediente 13-012407-0007-CO. It is reiterated that, for the administered party to obtain and fulfill the documentary requirement set forth in the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones enacted by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and its MODIFICATION, necessary for the eventual segregation, subdivision (fraccionamiento), lotification, or material division of property FR 1-632912 and cadastral plan SJ-0732070-2001 into up to five (5) portions, as corresponds to the real claim of the appellant, this Institute must first ground and support its actions in respect for the competences of municipal autonomy conferred by the Magna Carta and therefore, the technical-legal vacuum recognized and exposed by the Local Government for the administration of its own territory and local interests derives from the incompatibility that falls upon AyA officials to issue an administrative resolution that, in the event of being positive, would lack motive, content, and purpose to justify it before the current legal system, as has equally been recognized by the Constitutional Chamber itself in the judgments cited below: V.- CONCLUSION.- The Court finds that articles 1, 2, 8, 20, 21, and 22 are not unconstitutional in relation to the violation of the principle of municipal autonomy, in light of the arguments presented by the plaintiff.
In relation to the rest of the Regulation, the action is rejected outright. Resolution. No 2021003249 of nine hours thirty minutes of February seventeenth, two thousand twenty-one (Exp: 20-020850-0007-CO) (The highlighting and underlining are not in the original). III.- REGARDING THE PROVISION OF WATER SERVICE: The character of a fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to said public service, as technical impossibilities or failure to comply with infra-constitutional requirements may arise, based on which the Administration can validly deny the service. In the present matter, it is clear that we are facing the legal impossibility constituted by the lack of fulfillment of requirements established in the respective regulations, the absence of the approval (visado) of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo for the subdivision (fraccionamiento), as provided by Article 10, subsection 2) of the Ley de Planificación Urbana and Article 21 of the Constitutive Law of AyA, which was explained to the appellant.
Resolution. No 2021007495 of nine hours fifteen minutes of April sixteenth, two thousand twenty-one (Exp: 21-004355-0007-CO) (The highlighting and underlining are not in the original). On the other hand, the appellant must be informed that the character of a fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to said public service, as technical impossibilities or failure to comply with infra-constitutional requirements—as in your case—may arise, based on which the Administration can validly deny the service. Resolution N° 2020015195 of nine hours and fourteen minutes of August fourteenth, 2020. (Exp: 20-013086-0007-CO) (The highlighting and underlining are not in the original). In that sense, the character of a fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to said public service, as technical impossibilities or failure to comply with infra-constitutional requirements may arise, based on which the Administration can validly deny the service.
(...) Furthermore, it should be mentioned that it is alleged that the house where the plaintiff lives was built without the corresponding permits, so the legal feasibility (factibilidad legal) required for the installation is not available. Resolution N° 2020019342 of nine hours and twenty minutes of October ninth, 2020. (Exp: 20-016476-0007-CO) (The underlining is not in the original). In this way, it is verified that the appellant was indeed granted water availability, but not the installation of the service because he has not fulfilled the requirements. That is why, when giving him the availability, it is clarified that this does not entail the right to installation, of which the appellant has full knowledge. Now, it must be indicated that the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain the requested availability corresponds to the respective administrative or jurisdictional authorities, and this Chamber cannot delve into this matter, because it concerns aspects of ordinary legality outside its competence.
Thus, this Court has considered that in the face of a legal impediment—failure to comply with requirements established in the respective regulations—the denial of service requests is reasonable, as it is not a whimsical and unfounded provision, but rather based on a technical criterion that prevents guaranteeing the minimum conditions of the service. Given the circumstances, the appellant should resort to the ordinary legality venue to present there the steps they deem pertinent so that what corresponds in law is resolved (see judgment no. 2020-015311 of 09:15 hours of August 14, 2020). On the other hand, there is no record that the appellant was denied the receipt of any document, and on the contrary, it is recorded that in response to their steps, the consultation that the ICAA made in January to the Municipality of San Ramón was justified. Consequently, upon verifying that the request for water availability was resolved by AyA in accordance with the current regulations, which was communicated to the appellant prior to the filing of this amparo appeal (recurso de amparo), the appropriate course is to declare the appeal without merit.
Resolution. N° 2021014425 of nine hours fifteen minutes of July twenty-fifth, two thousand twenty-one (Exp: 21-010693-0007-CO) “In any case, assessing the appropriateness or not of the requested service is not a matter to be discussed in this Jurisdiction, as it is outside the scope of its competence, and it should be added that on repeated occasions this Court has held that it is possible to dismiss the steps taken for the granting of potable water service when technical impossibilities arise, non-compliance with infra-constitutional requirements or there are technical and/or legal criteria that justify it. Furthermore, this Court should not act as a mediator before a specific natural or legal person—whether the latter is under public or private law—to intercede on behalf of a third party so that they are granted what they seek, as the petitioner requests be done in this case.” Resolution.
N° 2021020281 of nine hours fifteen minutes of September tenth, two thousand twenty-one (Exp: 21-015278-0007-CO) It is important to refer to the principle of legality enshrined in Article 11 of our Political Constitution, which warns that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm; thus, AyA must preferably submit to the Political Constitution and the law; and in general to all the norms of the Legal System, known as the Principle of Juridicity of the Administration, which means that public institutions can only act to the extent that they are empowered to do so by the said legal system and normally by express text; consequently, only what is constitutionally and legally expressly authorized is permitted, and everything not authorized is prohibited. As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations governing it, exercising its governing function as appropriate, at all times carrying out duly grounded and reasoned actions as detailed; it is thus evidenced that the Institute has proceeded according to law, without any of its acts having violated any constitutional right; on the contrary, from the presented arguments and the evidence provided, it can be concluded that indeed AyA has proceeded as it was required to.
By virtue of the foregoing and in accordance with the referenced technical and legal aspects, we respectfully request that the amparo appeal filed by Mrs. [Name 001] be declared WITHOUT MERIT.” 4.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,
Considering:
The appellant files an amparo appeal and states that on April 19, 2021, together with the other protected parties, they submitted a request for potable water service availability before the Cantonal Office of Acosta of the ICAA, in order to provide the liquid to several lots to be segregated for the construction of their dwellings on the property registered under Folio Real No. 1-632912---007 located in the Guaitil district of the Acosta canton, with cadastral plan N°1-0732070-2001. They recount that on August 31, 2021, the head of the RCO Potable Water Systems Operation and Maintenance Office of the ICAA issued Memorandum NO.GSP-RC-OMSAP-2021-00903, which stated: “(...) ➜ In an inspection carried out by the official Richard Arias Segura on April 27, 2021, it was verified that in front of the property there is a 100 mm PVC distribution pipeline administered by this Institute for the CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta system. ➜ The property is located in the Alto La Vigía area, where the project to supply water to this Sector has just been completed.
The lot includes a constructed single-family dwelling for which service availability has not been requested. (...)”. They argue that on September 16, 2021, a note was received signed by the head of the Central West Region of Aqueducts and Sewers, through which they were informed: “(...) It is not congruent for this Institute to grant the petition for potable water availability sought for the property with Folio Real 1-00632912-000, given that there is no certainty regarding the location of the urban quadrants (cuadrantes urbanos) in the San Ignacio district. (...)”. They question that the defendant authorities cannot rely on a municipal deficiency or insufficiency to deny them a Human Right such as access to potable water. They complain that although the ICAA itself indicated that “(...) the property is located in the Alto La Vigía area, where the project to supply water to this Sector has just been completed (...)”, they are being denied the right to potable water.
They maintain that the refusal of the respondent authorities to provide them with potable water service for human consumption, in a sector where it is proven that there is a sufficient quantity and availability, since the pipelines pass in front of the property, becomes arbitrary, as well as contrary to their constitutional rights to health, life, a healthy environment, and prompt and complete justice. By virtue of the foregoing, they request that the appeal be declared with merit. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, whether because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order: On April 19, 2021, the appellants filed respective applications for service availability with the objective of obtaining the documentary requirement to subsequently access, with the approval (visado), registration, and generation of properties for five (5) survey plans that graphically and mathematically describe portions (rights) of the property registered under Folio Real N°1-632912, located in the Guaitil district of the Acosta canton, with cadastral plan SJ-0732070-2001 (see evidence and report rendered by the defendant authority).
By means of technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 of August 31, 2021, the defendant authority indicated that it is not congruent for the Institute to grant the petition for Potable Water / Sewerage Availability for segregation through the figure provided and regulated in section three of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones and its Modification of La Gaceta N° 236, Alcance N° 224, September 7, 2020, which is intended to be used for the eventual material division of the property registered under Folio Real N°1-0632912-000, given that there is no certainty regarding the location of the urban quadrants in the San Ignacio district of the Acosta canton, expressly stating: “ ➔ In an inspection carried out by the official Richard Arias Segura on April 27, 2021, it was verified that in front of the property there is a 100 mm PVC distribution pipeline administered by this Institute for the CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta system. ➔ The property is located in the Alto La Vigía area, where the project to supply water to this Sector has just been completed.
The lot includes a constructed single-family dwelling for which service availability has not been requested.” (see evidence and report rendered by the defendant authority). The administrative resolution SIGDD-2021-00052583-1-1-1 issued on September 15, 2021, is based on technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and is negative due to the absence of legal feasibility (factibilidad legal) indicated in that report, which also refers to the mandatory compliance analysis by the officials of this Institute, in accordance with the principle of Legality set forth in the Magna Carta and the Ley General de Administración Pública, as well as what is expressly indicated in numerals 7, 8, 29, and 36 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, Board of Directors agreement N° 2020-442, published in Alcance N° 29 to the Official Gazette La Gaceta N° 27 of Tuesday, February 9, 2021 (see evidence and report rendered by the defendant authority).
Water availability was not denied for the existing dwelling on the property Folio Real N°1- 632912 and cadastral plan SJ-0732070-2001, a legally consolidated immovable property. On the contrary, as accredited in report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and the appellant's own filing brief, this property faces the distribution pipeline of the Alto La Vigía de Acosta aqueduct, whose commissioning dates back to February 28, 2021 (see evidence and report rendered by the defendant authority).
The Chamber's jurisprudence has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, under conditions of equality, potable water services, as this is essential for human life and health. However, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can establish general requirements that must be fulfilled by each applicant to assess their particular request. Thus, in Judgment No 2006-1898 of 09:53 hrs. of February 17, 2006, this Court provided the following: “(…) The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it is a precarious settlement and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are the owners of the properties.
In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary potable water services in the community inhabited by the appellant for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications fulfilling legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours of October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Customer Service Regulations or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, although potable water service must be within the reach of every person as it is an essential service, it cannot be provided on a regular basis.
Given the existence of those two objective reasons for which it is not possible to supply a regular potable water service to the plaintiff: their failure to fulfill requirements for a new service connection, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason to understand that the denial of the regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and their neighbors do not have property titles over the properties they possess. (…)”. Likewise, in vote No. 2018-3907 of 09:30 hours of March 9, 2018, the Chamber stated: “(…) IV.- ON THE FULFILLMENT OF REQUIREMENTS TO APPROVE A POTABLE WATER AVAILABILITY CERTIFICATION. In this regard, this Court has repeatedly recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the administrative associations of aqueducts and sewers, and the municipalities that provide the potable water supply service, prior to approving or rejecting the applications for potable water availability (disponibilidad de agua) formulated to them, are fully capable of demanding compliance with requirements established in the legal system and weighing legal and technical reasons.
V.- Regarding the specific case. From the reports rendered under oath by the respondent authorities, and the documentation provided to the file, it is clear that on January 14, 2013, the appellant filed an application for a water availability (disponibilidad de agua) procedure before the Cantonal Office of Guácimo, Huetar Region, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for a property owned by her, located in África de Guácimo. On May 13, 2013, the Engineering Department, through official letter N° RHAOM-2013-0886, picked up by the appellant on June 6, 2013, indicated the requirements for said procedure regarding the application for service availability and pipeline extension on lands with an access easement (servidumbre de paso). Subsequently, the appellant, on May 19, 2015, sent a note to the Engineering Department of AyA requesting a Hydric Capacity letter. By Official Letter N° SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, of July 10, 2015, the Engineering Department of AyA again indicated to the appellant the requirements to grant her the hydric capacity letter, related to the branch extension on an access easement, however, as of the date the report is rendered, the appellant has not complied with what was indicated.
From the above, it is concluded that in the present case, there is no injury to the fundamental rights of the appellant, since the field inspection carried out by the ICAA accredited the absence of potable water infrastructure in front of the appellant's property and the need to carry out a branch extension on an access easement. It is evident then that the ICAA cannot provide the service requested by the appellant because it is technically not feasible for it, and therefore, it is not possible to accept her request in the terms she intends. This being the case, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the ICAA to provide her with availability of potable water service as requested, but rather, what has actually occurred is that there is a technical and material impossibility due to the non-existence on the site of the necessary infrastructure to access what was petitioned by the appellant, which is already known to her.
It should be remembered that, on this matter, this Chamber has recognized in multiple rulings what it has termed technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has expressed itself to the effect that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated because the omission in the provision of the service is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not to an arbitrary action by the Administration (see in that sense, among others, rulings 2007-03355, 2007-010341, and 2017-011477). Consequently, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is indeed ordered (…)”. It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or before the respective ASADAS, the provision of the service must also be subject to the fulfillment of the requirements established for its granting and to the fact that there exists a material possibility of supply, that is, that there are no technical or legal situations that make it impossible or inadvisable to provide it.
In the case at hand, it is proven that on April 19, 2021, the appellants filed respective applications for service availability with the objective of obtaining the documentary requirement to subsequently access, with the approval (visado), registration, and generation of properties for five (5) survey plans that graphically and mathematically describe portions (rights) of the property registered under Folio Real N°1-632912, located in the Guaitil district of the Acosta canton, with cadastral plan SJ-0732070-2001. Furthermore, it is recorded that, through technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 of August 31, 2021, the defendant authority indicated that it is not congruent for the Institute to grant the petition for Potable Water / Sewerage Availability for segregation through the figure provided and regulated in section three of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones and its Modification of La Gaceta N° 236, Alcance N° 224, September 7, 2020, which is intended to be used for the eventual material division of the property registered under Folio Real N°1-0632912-000, given that there is no certainty regarding the location of the urban quadrants in the San Ignacio district of the Acosta canton, expressly stating: “➔ In an inspection carried out by the official Richard Arias Segura on April 27, 2021, it was verified that in front of the property there is a 100 mm PVC distribution pipeline administered by this Institute for the CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta system. ➔ The property is located in the Alto La Vigía area, where the project to supply water to this Sector has just been completed.
The lot includes a constructed single-family dwelling for which service availability has not been requested.” Likewise, the administrative resolution SIGDD-2021-00052583-1-1-1 issued on September 15, 2021, is based on technical report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and is negative due to the absence of legal feasibility (factibilidad legal) indicated in that report, which also refers to the mandatory compliance analysis by the officials of this Institute, in accordance with the principle of Legality set forth in the Magna Carta and the Ley General de Administración Pública, as well as what is expressly indicated in numerals 7, 8, 29, and 36 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, Board of Directors agreement N° 2020-442, published in Alcance N° 29 to the Official Gazette La Gaceta N° 27 of Tuesday, February 9, 2021. The defendants assert that water availability was not denied for the existing dwelling on the property Folio Real N°1- 632912 and cadastral plan SJ-0732070-2001, a legally consolidated immovable property.
On the contrary, as accredited in report GSP-RC-OMSAP-2021-00903 and the appellant's own filing brief, this property faces the distribution pipeline of the Alto La Vigía de Acosta aqueduct, whose commissioning dates back to February 28, 2021. In accordance with the accredited factual basis, as stated in the aforementioned judgment, this Court has ruled that the legal and technical requirements for the provision of a public service cannot be disregarded (see similar judgment 2009-003825 of 16:49 hours of March 10, 2009). Furthermore, it has been indicated that the Chamber is not an auditor of the legality of the Administration's actions, so it is not within its competence to review the appropriateness of what was resolved by the defendant parties, regarding whether, by virtue of the urbanistic, technical, and legal conditions, the alluded water service should be granted or not. Ergo, the disagreement that the promoting party may have with such denial should not be analyzed or resolved in this venue, but rather before the respondent authority itself or through the competent legality channels, so that what corresponds in law is resolved. Consequently, the appeal is dismissed, as indicated in the operative part of this resolution.
The parties are warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the full court (Corte Plena) in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is declared WITHOUT MERIT.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Luis Fdo.
Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Hubert Fernández A.
*1CEFK8XGLT861* 2
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210185790007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-018579-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , a favor suyo y de [Nombre 002] , cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004] y [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 08:38 hrs. del 20 de septiembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 19 de abril de 2021, junto con las demás amparadas, plantearon una solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable ante la oficina Cantonal de Acosta del ICAA, a fin de dotar del líquido a varios lotes por segregar para la construcción de sus viviendas en la propiedad la propiedad matrícula de Folio Real No. 1-632912---007 localizada en distrito Guaitil del cantón Acosta, con plano catastro N°1-0732070-2001.
Narra que el 31 de agosto de 2021, el encargado de la Oficina de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable RCO del ICAA emitió el Memorando NO.GSP-RC-OMSAP-2021-00903, en el cual se indicó: “(...) ➜ En inspección realizada por el funcionario Richard Arias Segura el 27 de abril del 2021, se constató que frente a propiedad existe tubería de distribución de 100 mm en PVC administrada por este Instituto del sistema CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta. ➜ El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para abastecer de agua a este Sector. El lote registra una vivienda unifamiliar construida para la cual no se ha solicitado disponibilidad de servicio. (...)”. Aduce que el 16 de setiembre de 2021 se recibió una nota firmada por el encargado de la Región Central Oeste de Acueductos y Alcantarillados, mediante la cual se les comunicó: “(...) No es congruente para este Instituto acceder a la petición de disponibilidad de agua potable, que se pretende para la finca con Folio Real 1-00632912-000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio.
(...)”. Cuestiona que las autoridades accionadas no pueden ampararse en una deficiencia o insuficiencia municipal para negarles un Derecho Humano como lo es el acceso al agua potable. Reclama que pese a que el propio ICAA indicó que “(...) el inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para abastecer de agua a este Sector (...)”, se les está negando el derecho al agua potable. Sostiene que la negativa de las autoridades recurridas de otorgarles el servicio de agua potable para consumo humano, en un sector donde está demostrado que existe cantidad suficiente y disponibilidad, puesto que al frente de la propiedad pasan las tuberías, deviene arbitraria, así como contraria a sus derechos constitucionales a la salud, a la vida, a un ambiente sano y a una justicia pronta y cumplida. En virtud de lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante auto de las 15:29 hrs. del 20 de septiembre de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades el 21 de septiembre de 2021 . 3.- Por escrito presentado el 24 de septiembre de 2021 , informan bajo juramento MELVIN CASTRO GONZÁLEZ, en condición de Director de Operación y Mantenimiento Sistemas de Agua Potable de la Región Central Oeste y SUSANA FALLAS GARRO, en condición de Jefa de la Unidad Cantonal de Acosta RCO, ambos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “Una vez analizados los hechos expuestos, se emite el informe técnico por parte del suscrito Melvin Castro González, mediante el memorando N° GSP-RC-OMSAP-2021-00984 de fecha 24 de setiembre de 2021, que en referencia a lo indicado por los recurrentes señala: PRIMERO: Efectivamente, el 19 de abril del 2021 las recurrentes presentaron sendas solicitudes de disponibilidad de servicios que, conforme lo exponen ante la Sala Constitucional, corresponden a un fraccionamiento (segregación) hasta para cinco (5) lotes, todos cuales fueron registrados en la Unidad Cantonal de Acosta según lo señalado en el siguiente cuadro: [...] SEGUNDO: Cada una de las solicitudes registradas y admitidas para análisis de factibilidad técnica y legal el 19 de abril de 2021, tienen como objetivo obtener el requisito documental para acceder, de forma posterior, con el visado, inscripción y generación de fincas para cinco (5) planos de agrimensura que describen gráfica y matemáticamente porciones (derechos) de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-632912, sita en el distrito Guaitil del cantón Acosta, con plano catastrado SJ-0732070-2001, esto con la intención de incorporar a la vida jurídica hasta cinco (5) nuevas fincas individuales para sendas citas de presentación asociados a los planos de agrimensura, a saber: 2021-28663-C, 2021-28662-C, 2021-28665- C, 2021-28667-C y 2021-28664-C, todas asociados a un proyecto integral de fraccionamiento registrado ante el Administrador de Proyectos de Topografía (APT) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) mediante contrato OC 948692 del 7 de abril del 2021 (ver informe GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y carga de prueba adjunta al escrito de interposición).
TERCERO: Es conforme la manifestación externada respecto a que mediante informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 se indicó que no es congruente para este Instituto acceder a la petición de Disponibilidad de agua potable / alcantarillado para segregación mediante la figura prevista y normada en la sección tercera del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y su Modificación de La Gaceta N° 236, Alcance N° 224, 7 de septiembre 2020, la cual se pretende utilizar para la eventual división material de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-0632912-000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio del cantón de Acosta. Lo anterior conforme lo dispuesto en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021.
CUARTO: Tal como lo expone la recurrente en su escrito de interposición, el 31 de agosto de 2021, mediante memorando GSP-RC-OMSAP-2021-00903, el encargado de la oficina de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable RCO del AyA emitió la motivación del acto administrativo que deriva en la negativa que expone la recurrente a la Honorable Sala y mediante la cual se indicó, cito: ➔ En inspección realizada por el funcionario Richard Arias Segura el 27 de abril del 2021, se constató que frente a propiedad existe tubería de distribución de 100 mm en PVC administrada por este Instituto del sistema CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta. ➔ El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para bastecer de agua a este Sector. El lote registra una vivienda unifamiliar construida para la cuál no se ha solicitado disponibilidad de servicio. (El resaltado y subrayado no son del original).
QUINTO: Aduce la recurrente que el 16 de setiembre de 2021 se recibió una nota firmada por el encargado de la Región Central Oeste de Acueductos y Alcantarillados, mediante la cual se les comunicó: “No es congruente para este Instituto acceder a la petición de disponibilidad de agua potable, que se pretende para la finca con Folio Real 1-00632912- 000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio.(...)” y por ello cuestiona que las autoridades accionadas no pueden ampararse en una deficiencia o insuficiencia municipal para negarles un Derecho Humano como lo es el acceso al agua potable. Reclama además que pese a que el propio AyA indicó que “El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para abastecer de agua a este Sector”, se les está negando el derecho al agua potable, al tiempo que sostiene que la negativa de las autoridades recurridas de otorgarles el servicio de agua potable para consumo humano, en un sector donde está demostrado que existe cantidad suficiente y disponibilidad, puesto que al frente de la propiedad pasan las tuberías, deviene arbitraria, así como contraria a sus derechos constitucionales a la salud, a la vida, a un ambiente sano y a una justicia pronta y cumplida.
SEXTO: A partir de los hechos expuestos por la recurrente, corresponde indicar y ampliar a la Magistratura que, a partir del análisis de los expedientes administrativos y los fundamentos técnicos y legales, se tiene por acreditado: 1. Que las solicitudes individuales presentadas y registradas ante la Unidad Cantonal de Acosta de AyA, refieren integralmente a una intención evidente de fraccionamiento, segregación o lotificación hasta para cinco (5) porciones asociadas a las siguientes citas de presentación: 2021-28662-C, 2021-28663-C, 2021-28664-C, 2021-28665-C y 2021-28667-C, motivo por el cual la recurrente pretende confundir a la Magistratura, toda vez que no se apega a la verdad de los hechos que la negativa resulte arbitraria o violatoria del derecho de acceso al agua potable sea para la finca o la casa existente dentro de la finca FR 1-00632912, por cuanto resulta incuestionable que lo pretendido por la recurrente, en este momento procesal, no es la de habilitar un servicio de agua potable para la finca FR 1-00632912, sino obtener la certificación de disponibilidad previa para un proyecto de fraccionar este inmueble hasta en cinco (5) porciones, constancia que corresponde al requisito documental dispuesto en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y su Modificación, publicada en el Alcance N° 224 a La Gaceta N° 236 del 7 de septiembre 2020. 2.
La resolución administrativa SIGDD-2021-00052583-1-1-1 emitida por el Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos y fechada el 15 de setiembre del 2021 se fundamenta en el informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y resulta negativa por la ausencia de factibilidad legal señalada en este informe, lo cual además refiere al análisis de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios de este Instituto, conforme el principio de Legalidad dispuesto en la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública, así como lo expresamente señalado en los numerales 7, 8, 29 y 36 Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021, cito: Artículo 7- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (...) Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio.
Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. (...) Constancia de disponibilidad de servicios: Documento que emite el ente operador en el que hace constar la existencia real y actual en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, en alguno de los linderos de un inmueble determinado, en función de la demanda de caudal y/o descarga que requiera el proyecto inmobiliario verificado por el operador, que permitirá eventualmente la instalación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales.
Lo anterior previendo no afectar la demanda de los servicios existentes. (...) Artículo 8- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal. Los sistemas e instalaciones internos necesarios para el disfrute de los servicios son responsabilidad del usuario. (...) Artículo 29- Del alcance de la constancia de disponibilidad de servicios. La constancia de disponibilidad de servicios permitirá gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de proyectos inmobiliarios de toda índole. Esta constancia constituye el acto administrativo que consigna la existencia real en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento en el lindero de un inmueble, que le permita la eventual solicitud de los servicios de agua potable, la recolección y tratamiento de las aguas residuales; sin ocasionar menoscabo a la prestación óptima de los servicios existentes.
La constancia mencionada no implicará una autorización a nivel constructivo o de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA; de la misma forma, tampoco constituirá una autorización de interconexión ni de aprobación de conexiones de servicios permanentes ya que para ello deberá cumplirse con los requisitos y procedimientos establecidos por las instancias competentes. Artículo 36- De la emisión de la constancia de disponibilidad de servicios. Una vez recibidos a satisfacción los requisitos establecidos, AyA emitirá las constancias de disponibilidad de servicios, la cual no devengará ningún costo para el solicitante y será extendida dentro de un plazo máximo de hasta 15 días hábiles, tanto para casos individuales como para proyectos de desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales. En dicha constancia se indicará como mínimo: fecha, número de consecutivo, número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, número de servicios considerados, tipo de medición, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello.
El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas de acueducto, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario y referir al sistema de saneamiento por utilizar y la posibilidad de optar por la exoneración para viviendas, de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. (...) (El subrayado no es del original). 3. Consecuentemente, la constancia de disponibilidad de servicios positiva que pretende la recurrente y que aduce fue emitida arbitrariamente de forma negativa, corresponde al requisito documental exigido por el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones promulgado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y su MODIFICACIÓN, publicada en La Gaceta N°236, Alcance N°224 del 7 de setiembre del 2020 y vigente desde el 13 de setiembre del 2020, dispone como requisito documental esta constancia para los fraccionamientos tipificados en esta norma, cito: ARTÍCULO 13.
Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos. Todo fraccionamiento debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA con relación al abastecimiento de agua potable, cuando sea esta institución o una ASADA quien supla el servicio público. En caso de que sea otro operador, le corresponderá a éste, indicar los aspectos técnicos que debe cumplir. Cualquiera de los operadores señalados encargados de brindar el servicio de agua potable emitirá un documento que sea concordante con lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y operativa, para el abastecimiento de todos los lotes resultantes del fraccionamiento. En planos de agrimensura de los fraccionamientos indicados en el Artículo 31 que no cuentan con disponibilidad de servicios indispensables, el profesional de la agrimensura debe indicar bajo su responsabilidad la siguiente nota: “La Municipalidad otorgará el permiso de construcción en este predio, hasta que cuente con la autorización de los operadores de acuerdo a la normativa que rija para cada uno de ellos con respecto a los servicios públicos indispensables”. (Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que el 19 de abril de 2021, junto con las demás amparadas, plantearon una solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable ante la oficina Cantonal de Acosta del ICAA, a fin de dotar del líquido a varios lotes por segregar para la construcción de sus viviendas en la propiedad la propiedad matrícula de Folio Real No. 1-632912---007 localizada en distrito Guaitil del cantón Acosta, con plano catastro N°1-0732070-2001. Narra que el 31 de agosto de 2021, el encargado de la Oficina de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable RCO del ICAA emitió el Memorando NO.GSP-RC-OMSAP-2021-00903, en el cual se indicó: “(...) ➜ En inspección realizada por el funcionario Richard Arias Segura el 27 de abril del 2021, se constató que frente a propiedad existe tubería de distribución de 100 mm en PVC administrada por este Instituto del sistema CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta. ➜ El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para abastecer de agua a este Sector.
El lote registra una vivienda unifamiliar construida para la cual no se ha solicitado disponibilidad de servicio. (...)”. Aduce que el 16 de setiembre de 2021 se recibió una nota firmada por el encargado de la Región Central Oeste de Acueductos y Alcantarillados, mediante la cual se les comunicó: “(...) No es congruente para este Instituto acceder a la petición de disponibilidad de agua potable, que se pretende para la finca con Folio Real 1-00632912-000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio. (...)”. Cuestiona que las autoridades accionadas no pueden ampararse en una deficiencia o insuficiencia municipal para negarles un Derecho Humano como lo es el acceso al agua potable. Reclama que pese a que el propio ICAA indicó que “(...) el inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para abastecer de agua a este Sector (...)”, se les está negando el derecho al agua potable.
Sostiene que la negativa de las autoridades recurridas de otorgarles el servicio de agua potable para consumo humano, en un sector donde está demostrado que existe cantidad suficiente y disponibilidad, puesto que al frente de la propiedad pasan las tuberías, deviene arbitraria, así como contraria a sus derechos constitucionales a la salud, a la vida, a un ambiente sano y a una justicia pronta y cumplida. En virtud de lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: El 19 de abril del 2021 las recurrentes presentaron sendas solicitudes de disponibilidad de servicios tienen como objetivo obtener el requisito documental para acceder, de forma posterior, con el visado, inscripción y generación de fincas para cinco (5) planos de agrimensura que describen gráfica y matemáticamente porciones (derechos) de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-632912, sita en el distrito Guaitil del cantón Acosta, con plano catastrado SJ-0732070-2001 (ver pruebas e informe rendido por parte de la autoridad accionada).
Mediante informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 del 31 de agosto de 2021, la autoridad accionada indicó que no es congruente para el Instituto acceder a la petición de Disponibilidad de agua potable / alcantarillado para segregación mediante la figura prevista y normada en la sección tercera del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y su Modificación de La Gaceta N° 236, Alcance N° 224, 7 de septiembre 2020, la cual se pretende utilizar para la eventual división material de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-0632912-000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio del cantón de Acosta, expresamente se indicó: “ ➔ En inspección realizada por el funcionario Richard Arias Segura el 27 de abril del 2021, se constató que frente a propiedad existe tubería de distribución de 100 mm en PVC administrada por este Instituto del sistema CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta. ➔ El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para bastecer de agua a este Sector.
El lote registra una vivienda unifamiliar construida para la cuál no se ha solicitado disponibilidad de servicio.” (ver pruebas e informe rendido por parte de la autoridad accionada). La resolución administrativa SIGDD-2021-00052583-1-1-1 emitida por del 15 de setiembre del 2021 se fundamenta en el informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y resulta negativa por la ausencia de factibilidad legal señalada en ese informe, lo cual además refiere al análisis de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios de este Instituto, conforme el principio de Legalidad dispuesto en la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública, así como lo expresamente señalado en los numerales 7, 8, 29 y 36 Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021 (ver pruebas e informe rendido por parte de la autoridad accionada).
La disponibilidad de agua no fue denegada para la vivienda existente en la finca Folio Real N°1- 632912 y plano catastrado SJ-0732070-2001, inmueble jurídicamente consolidado. Por el contrario, como se encuentra acreditado en el informe GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y el propio escrito de interposición de la recurrente, esta finca enfrenta la tubería de distribución del acueducto Alto La Vigía de Acosta, cuya puesta en funcionamiento data del 28 de febrero del 2021 (ver pruebas e informe rendido por parte de la autoridad accionada).
La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en la Sentencia No 2006-1898 de las 09:53 hrs. de 17 de febrero de 2006, este Tribunal dispuso lo siguiente: “(…) El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles.
Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular.
Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. (…)”.
Asimismo, en el voto No. 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018, la Sala señaló:
“(…) IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA APROBAR UNA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. Al respecto, este Tribunal ha reconocido reiteradamente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico. V.- Sobre el caso concreto. De los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, y la documentación aportada al expediente, se desprende que el 14 de enero de 2013, la amparada presentó una solicitud de trámite de disponibilidad de agua ante la Oficina Cantonal de Guácimo Región Huetar, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un inmueble de su propiedad, ubicado en África de Guácimo.
El 13 de mayo de 2013, el Departamento de Ingeniería, mediante oficio N° RHAOM-2013-0886, retirado por la amparada el 6 de junio de 2013 indicó, respecto a la solicitud de disponibilidad de servicios y extensión de tubería en terrenos con servidumbre de paso, los requisitos para dicho trámite. Posteriormente, la amparada, el 19 de mayo de 2015 envió al Departamento de Ingeniería del AyA una nota solicitando una carta de Capacidad Hídrica. Por Oficio N° SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, de 10 de julio de 2015 el Departamento de Ingeniería del AyA indicó a la amparada nuevamente los requisitos para otorgarle la carta de capacidad hídrica, relacionados con la extensión de ramal en servidumbre de paso, sin embargo a la fecha que se rinde el informe la amparada no ha cumplido con lo indicado. De lo anterior se concluye que en el presente caso no existe lesión a los derechos fundamentales de la amparada, pues de la inspección de campo realizada por el ICAA se acreditó la ausencia de infraestructura de agua potable frente a la propiedad de la amparada, y la necesidad de efectuar una extensión de ramal en servidumbre de paso.
Es evidente entonces que el ICAA no puede brindar el servicio solicitado por el recurrente porque técnicamente no le es factible y, por ende, no es posible acoger su solicitud en los términos en que lo pretende. Así las cosas, considera la Sala que no se ha dado una negativa arbitraria del ICAA para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que en realidad ha ocurrido, es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado por la recurrente, lo cual ya es de su conocimiento. Recuérdese que, sobre el particular, esta Sala ha reconocido en múltiples sentencias lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se vulnera derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, sentencias 2007-03355, 2007-010341, y 2017-011477).
En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena (…)”. Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas o legales que imposibiliten o desaconsejen brindarlo.
En el sub lite, se tiene por demostrado que, el 19 de abril del 2021 las recurrentes presentaron sendas solicitudes de disponibilidad de servicios tienen como objetivo obtener el requisito documental para acceder, de forma posterior, con el visado, inscripción y generación de fincas para cinco (5) planos de agrimensura que describen gráfica y matemáticamente porciones (derechos) de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-632912, sita en el distrito Guaitil del cantón Acosta, con plano catastrado SJ-0732070-2001. Asimismo, consta que, mediante informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 del 31 de agosto de 2021, la autoridad accionada indicó que no es congruente para el Instituto acceder a la petición de Disponibilidad de agua potable / alcantarillado para segregación mediante la figura prevista y normada en la sección tercera del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y su Modificación de La Gaceta N° 236, Alcance N° 224, 7 de septiembre 2020, la cual se pretende utilizar para la eventual división material de la finca registrada con matrícula de Folio Real N°1-0632912-000, toda vez que no hay certeza de la ubicación de los cuadrantes urbanos en el distrito de San Ignacio del cantón de Acosta, expresamente se indicó: “➔ En inspección realizada por el funcionario Richard Arias Segura el 27 de abril del 2021, se constató que frente a propiedad existe tubería de distribución de 100 mm en PVC administrada por este Instituto del sistema CO-A-33 San Ignacio-Guaitil de Acosta. ➔ El inmueble se encuentra en la zona de Alto La Vigía, donde se acaba de finalizar el proyecto para bastecer de agua a este Sector.
El lote registra una vivienda unifamiliar construida para la cuál no se ha solicitado disponibilidad de servicio.” De igual manera, la resolución administrativa SIGDD-2021-00052583-1-1-1 emitida por del 15 de setiembre del 2021 se fundamenta en el informe técnico GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y resulta negativa por la ausencia de factibilidad legal señalada en ese informe, lo cual además refiere al análisis de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios de este Instituto, conforme el principio de Legalidad dispuesto en la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública, así como lo expresamente señalado en los numerales 7, 8, 29 y 36 Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021. Los accionados aseguran que la disponibilidad de agua no fue denegada para la vivienda existente en la finca Folio Real N°1- 632912 y plano catastrado SJ-0732070-2001, inmueble jurídicamente consolidado.
Por el contrario, como se encuentra acreditado en el informe GSP-RC-OMSAP-2021-00903 y el propio escrito de interposición de la recurrente, esta finca enfrenta la tubería de distribución del acueducto Alto La Vigía de Acosta, cuya puesta en funcionamiento data del 28 de febrero del 2021. De conformidad con la base fáctica acreditada, tal como se expuso en la sentencia supra citada, este Tribunal ha dispuesto que no pueden desadvertirse los requisitos legales y técnicos para la dotación de un servicio público (ver sentencia en sentido similar 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009). Asimismo, se ha indicado que la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por las partes accionadas, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales, se le debe otorgar o no el servicio de agua aludido.
Ergo, la disconformidad que tenga la parte promovente con tal denegatoria, no corresponde ser analizada ni resuelta en esta sede, sino ante la propia autoridad recurrida o en las vías de legalidad competentes, a efectos de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, se desestima el recurso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara SIN LUGAR el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Hubert Fernández A.
*1CEFK8XGLT861* 2
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