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Res. 21244-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/09/2021

Municipal failure to resolve environmental complaint about Punta Uva wetlandOmisión municipal en resolver denuncia ambiental sobre humedal Punta Uva

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted, ordering the Municipality of Talamanca to resolve the petitioner's environmental complaint within 15 days and ordering it to pay costs.Se declara parcialmente con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad de Talamanca resolver la denuncia ambiental del recurrente en un plazo de 15 días y condenándola al pago de costas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by Marco Levy Virgo against the Municipality of Talamanca for failure to resolve an environmental complaint submitted on March 11, 2021, concerning the drying out of a wetland in Punta Uva. The petitioner claimed the Municipality had taken no follow-up, proactive, or effective actions to defend ecological heritage. The Chamber found that the Municipality had not resolved the petitioner’s complaint for over five months, violating the right to a prompt and concluded justice. Regarding the Ministry of Environment and Energy, it was determined there was no pending matter filed by the petitioner. As to the claim that the Municipality itself carried out drainage actions, the Chamber referred to a previous ruling (No. 2021014989) which had already granted an amparo on similar facts. The Chamber partially granted the amparo, ordering the Municipality to resolve the complaint within 15 days and to pay costs and damages.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca por la falta de resolución de una denuncia ambiental presentada el 11 de marzo de 2021, relativa al desecamiento de un humedal en Punta Uva. El recurrente alegó que la Municipalidad no había adoptado acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas en defensa del patrimonio ecológico. La Sala consideró que la Municipalidad no había resuelto la gestión del recurrente después de más de cinco meses, lo que constituía una violación del derecho a una justicia pronta y cumplida. En cambio, respecto al Ministerio de Ambiente y Energía, se determinó que no existía gestión pendiente del recurrente. Asimismo, en cuanto al agravio sobre las acciones de desecamiento realizadas por la Municipalidad, se remitió a lo resuelto en una sentencia previa (No. 2021014989) que ya había declarado con lugar un amparo por hechos similares. La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad resolver la denuncia en un plazo de 15 días y condenándola al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. The petitioner considers his fundamental rights violated, given that on March 11, 2021, via official letter AEL-0039-2021, he filed an environmental complaint with the respondents regarding the drying out of a large wetland located in Punta Uva, Talamanca Canton; yet, as of the date he files this amparo, the respondent authorities show no follow-up, proactive, or effective actions in defense of the nation's ecological heritage. Upon review, it is confirmed that via official letter AEL-0039-2021, the petitioner submitted an environmental complaint to the respondent Municipality concerning the drying out of a large wetland in Punta Uva, Talamanca Canton, according to the technical report described in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of March 26, 2020. Now, given the respondent's omission to report on the matter, it is verified that they have indeed not addressed the petitioner's grievance, as it only appears that official letter ALMT-111-2021 was sent, demanding the removal of the obstruction and water blockage works that apparently crossed a cantonal road, which is part of the requirements in a criminal case, and is not even addressed to the petitioner. Consequently, the time elapsed since the respondent became aware of the grievance on March 26, 2021, over 5 months without his complaint being resolved, is excessive. In light of the above considerations, it is appropriate to grant the amparo on this point, with the order indicated in the operative part.VI.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 11 de marzo de 2021, mediante oficio AEL-0039-2021 remitió a los recurridos, denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca; sin embargo, al día que acude en amparo, las autoridades recurridas no vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación. Al respecto, se constata que mediante oficio AEL-0039-2021, el recurrente remitió a la Municipalidad recurrida una denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca, según informe técnico descrito en oficio DA-UHCAROG-0253-2020 del 26 de marzo de 2020. Ahora bien, ante la omisión del recurrido en informar sobre el particular, se verifica que en efecto no han atendido la gestión del tutelado, pues solo consta que se remitió el oficio ALMT- 111-2021 mediante el que se requirió que se eliminaran las obras de obstrucción y taponamiento de agua que atravesaba aparentemente una ruta cantonal, el cual es parte de lo requerido dentro de una causa penal, el cual tan siquiera esta dirigido al amparado. En consecuencia, el plazo transcurrido desde que el recurrido tiene conocimiento de la gestión sea 26 de marzo de 2021, de más de 5 meses sin que su denuncia haya sido resuelta deviene excesivo. En mérito de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en relación con este extremo, con la orden que se indicará en la parte dispositiva.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En materia ambiental resulta indispensable la coordinación entre dependencias públicas, y la omisión a ese deber constituye un riesgo incluso mayor que las propias actuaciones de la administración o de los desarrolladores."

    "In environmental matters, coordination among public agencies is essential, and failure in that duty constitutes an even greater risk than the administration's or developers' own actions."

    Considerando VI (citando sentencia Nº 2012013856)

  • "En materia ambiental resulta indispensable la coordinación entre dependencias públicas, y la omisión a ese deber constituye un riesgo incluso mayor que las propias actuaciones de la administración o de los desarrolladores."

    Considerando VI (citando sentencia Nº 2012013856)

  • "En consecuencia, el plazo transcurrido desde que el recurrido tiene conocimiento de la gestión sea 26 de marzo de 2021, de más de 5 meses sin que su denuncia haya sido resuelta deviene excesivo."

    "Consequently, the time elapsed since the respondent became aware of the grievance on March 26, 2021, over 5 months without his complaint being resolved, is excessive."

    Considerando VI

  • "En consecuencia, el plazo transcurrido desde que el recurrido tiene conocimiento de la gestión sea 26 de marzo de 2021, de más de 5 meses sin que su denuncia haya sido resuelta deviene excesivo."

    Considerando VI

  • "Se ordena a Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, y Yahaira Mora Blanco, por su orden asesor legal, Alcalde y Presidenta del Consejo, todos de Talamanca, o a quien ejerza dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor a 15 días contado a partir de la notificación de esta sentencia resuelva la denuncia planteada por oficio AEL-0039-2021 y le notifique lo resuelto al medio señalado para tal efecto."

    "It is ordered that Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, and Yahaira Mora Blanco, in their capacity as legal advisor, Mayor, and Council President of Talamanca, or whoever holds these positions, issue the pertinent orders and carry out all actions within their competence so that within a period not exceeding 15 days from notification of this judgment, they resolve the complaint filed via official letter AEL-0039-2021 and notify the decision to the means indicated for that purpose."

    Por tanto

  • "Se ordena a Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, y Yahaira Mora Blanco, por su orden asesor legal, Alcalde y Presidenta del Consejo, todos de Talamanca, o a quien ejerza dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor a 15 días contado a partir de la notificación de esta sentencia resuelva la denuncia planteada por oficio AEL-0039-2021 y le notifique lo resuelto al medio señalado para tal efecto."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

RES. No. 2021021244 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-fourth of September, two thousand twenty-one.

Amparo action processed in expediente No. 21-010482-0007-CO, filed by MARCO LEVY VIRGO, identity card 0700690314, against the MUNICIPALITY OF TALAMANCA.

Whereas:

1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber at 14:21 hours on June 1, 2021, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Talamanca. He indicates that on March 11, 2021, by official letter AEL-0039-2021, he sent the respondents an environmental complaint regarding the drying out of an enormous wetland located in Punta Uva, Canton of Talamanca, according to the technical report described in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of March 26, 2020, signed by Ing. Gilberth Molina Arce, assigned to the Regional Office of Guápiles in the Caribbean Hydrological Unit. He points out that said complaint states that the Municipality of Talamanca engaged in actions to dry out the wetland described in the cited official letter DA-UHCAROG-0253-2020. He explains that the dried-out wetland is public domain property (propiedad demanial) and belongs to the entire nation. He argues that this was carried out by blocking culverts that irrigated the wetland, causing damage that is difficult or impossible to repair due to the long time elapsed since the warnings and recommendations were made by Ing. Gilberth Molina Arce, assigned to the Regional Office of Guápiles in the Caribbean Hydrological Unit. He details that the complaint set forth in official letter AEL-0039-2021 was forwarded by the Secretariat of the Municipal Council, by prior agreement, to the Legal Department of the Municipality of Talamanca, as recorded in official letter SCMT-INT-93-2020 dated March 26, 2021. He contends that, as of the date he seeks amparo, the respondent authorities show no signs of follow-up, proactive, or effective actions in defense of the nation's ecological heritage.

2.- By resolution issued at 13:04 hours on June 14, 2021, the proceeding was admitted.

3.- Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, and Yahaira Mora Blanco, in their respective capacities as legal advisor, Mayor, and President of the Council, all of Talamanca, report under oath that: “1) The Municipality of Talamanca did indeed receive official letter DA-UHCAROG-0253-2020, during the prior administration, two months before this new administration began its work; however, we first learned of it via an email sent on May 4, 2020, from the Environmental Prosecutor of the Second Judicial Circuit of Pococí, Licenciada Silvia Solís Dávila, through which she attached the referenced official letter issued by Mr. Gilberth Molina Arce. 2) What is not true is that the Municipality carried out drying-out actions in the indicated wetland. 3) MINAET is still in the process of the actual definition and the existence and boundaries of said wetland within the community of Punta Uva. 4) The Municipal Council of Talamanca did indeed forward the cited official letter to the Legal Department, and immediately under official letter ALMT-111-2021, we referred the actions to the Road Management Department of our Municipality to determine if there are any works within the public road that may have altered or obstructed the described situation, within the indicated timeframe. There are simultaneously two judicial expedientes investigating the matter at the ENVIRONMENTAL PROSECUTOR'S OFFICE of Pococí, which, due to the secrecy of the proceedings, we cannot discuss, but the record includes expedientes 20-000028-0597-PE, 20-001096-485-PE, and 20-001097-0485-PE, all related to DRAINAGE AND FILLING OF WETLANDS AGAINST UNKNOWN PARTIES, investigating facts related to these actions and others within the Canton, and that, by official letter ALMT-057-ALMT-2020, the Environmental Prosecutor was informed, based on an inspection conducted at the site, which detailed actions and tasks related to this matter. Since that date, said report states the following: a) The width of the road is measured, and it is determined that both ends of this structure are exactly where that right-of-way (derecho de vía) ends; therefore, intervention with municipal equipment is impossible because the 'plug' indicated in the report is on land possessed by a third party - named Pablo Bustamante Cerdas - so the municipality does not have the authority to intervene at that site; b) We then proceeded to inspect the outflow of those waters, determining that it is not a natural runoff water outlet, but rather one caused by human hand, meaning the accumulated water at that site is emptied through a ditch dug by hand with a shovel, as evidenced in the attached photographs; c) While at the location, Mr. Bustamante approached us to inquire about the purpose of our presence. We briefly explained the reason for the inspection, taking the opportunity to ask him a series of questions about the matter, and he stated the following: 'Around 1998, the late George Hansell asked me for permission to dig a ditch to drain water from his property, which is located on the other side of the road, because since the Las Palmas hotel was built, the normal outflow of that body of water had been blocked. However, it was about five years ago, when the Las Palmas hotels were demolished, that MINAE itself blocked that water outlet, the runoff of which seeks an outlet to the sea downstream. At that time, there was no culvert crossing at the location; Mr. George and I bought the culverts and placed them so that Mr. Hansell could drain some water from his land. A couple of years ago, I happened to be at the place because there was a terrible smell of fecal matter, so I went to inspect. While at the site, I suffered a wound that became infected, casually due to the high degree of contamination of those waters. I continued inspecting and determined that the neighbors on the other side of the road, taking advantage of the ditch dug by Mr. Hansell, use it to empty their wastewater and sewage. Given this situation, I chose to close the culvert, because I gladly helped neighbor George at the time, but now he is deceased, and I should not have to endure my land being filled with fecal matter, nor should I have to endure those waters either.' (underlining and bold not in original); d) Due to the stated reasons, we moved to the outflow site of those waters, and at the location, it can be seen that three natural bodies of water converge, one of which comes from the west and north sector, which effectively shows that the natural runoff waters should indeed flow towards that sector, not as Mr. Gilberth points out in his report, which would practically place that water outlet upstream. Therefore, the relevant legal provisions should be applied based on the Water Law (Ley de Aguas), articles 94 et seq., which establish regulations for water bodies via natural easements (servidumbres naturales). Photographs of the site showing the aforementioned are also attached to this inspection report; e) We tried to properly enter the place where the channel is said to be blocked, but they are private properties, and we could not achieve that goal. We even tried on a couple more occasions but it was impossible, compounded by the fact that a local told us that the water could reach above our waist in that sector and it was very dangerous to go there without the proper equipment; f) The Municipal surveyor (topógrafo) was also asked to prepare a technical report on what he observed in order to provide a better assessment of what was found, which is appended to this report; g) Now, based on the provisions of the Constitutional Chamber, according to resolution number 2019-12745, of twelve hours and ten minutes on July tenth, two thousand nineteen, which repealed Law 9223 and rolled back the situation, there is no certainty that this area belongs to the Municipal Administration, so we also could not intervene as requested in the MINAE report issued by the Caribbean Water Directorate; h) For all the foregoing, it was considered that a technical study should be conducted to effectively determine the natural course of the waters in that coastal sector, in order to ascertain whether there truly is a blockage of natural runoff waters, or if Mr. Bustamante's version is true, which would change things considerably. The Municipality of Talamanca has been, at all times, diligent and precautionary in the identified and undertaken actions; however, it is not true in the present case that works were carried out within the public road, and the inspection performed determined the possible cause of the problem, including that, as a matter that has been brought to court, the petitioner does not have access to all the documentation contained in the record being handled by the Environmental Prosecutor's Office of Pococí. Thus, in accordance with the report rendered in official letter ALMT-057-2020, the width of the road is measured, and it is determined that both ends of this structure are exactly where that right-of-way (derecho de vía) ends; therefore, intervention with municipal equipment is impossible because the 'plug' is on land possessed by a third party, not within the public road. It is extremely important to point out that, while it is true that Ing. Gilberth Molina Arce was not given a direct and immediate response on the specific subject of his report, this report was rendered before the Environmental Prosecutor's Office of Pococí, which at that time was carrying out the judicial proceedings regarding that matter. It is unknown whether the prior administration ever responded to that official letter DA-UHCAROG-0253-2020, given that they left no expediente or documentation whatsoever that can be referenced in this regard.” 4.- José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), reports under oath, “In the month of January 2020, a request was received from the Prosecutor's Office of Pococí, assigned processing number #2165-2020, to conduct a joint inspection of the Punta Uva area to address criminal case No. 20-000028-0597-P, initiated following a complaint filed by officials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC). Addressing the Prosecutor's Office's request, on January 17, 2020, according to the report by Ing. Gilberth Molina, Coordinator of the Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE, DA-UHCAROG-0394-2021 dated June 8, 2021, a site visit was conducted to the reported site, finding that indeed an impact on a wetland (a site declared as such by SINAC) was occurring due to the plugging of a culvert crossing through which a body of water flows, previously classified by this Directorate via official letter DA-UHCAROG-0250-2020, which partially feeds the wetland. In this regard, the aforementioned report states: ‘…said affectation was caused by the plugging of a culvert crossing through which a body of water flows, classified as public domain by the Caribbean Hydrological Unit via official letter DA-UHCAROG-0250-2020*; …said obstructed body of water serves as the main tributary of the estuarine wetland of Punta Uva, included as such in the national wetland registry of 2018’. According to Ing. Molina, the culvert plugging is located in a cantonal public right-of-way (derecho de vía pública cantonal) and continues inside a private property; therefore, he proceeded to notify the Municipality of Talamanca of the situation found, via official letter DA-UHCAROG-0253-2020, in order for it to remove the obstruction from the public domain watercourse (cauce de dominio público). Notification was given by email on April 13, 2021, a copy of which is attached. The Municipality of Talamanca, via official letter SCMT-092-2019 of April 17, 2020, acknowledges receipt of the notification of official letter DA-UHCAROG-0253-2020 and indicates that it would be forwarded to the Department of Legal Affairs to proceed with issuing the corresponding report. It is important to note that, to date, this Directorate has not received any response from the Municipal entity. In the month of June, the Prosecutor's Office sent the Caribbean Hydrological Unit, to the attention of Ing. Molina, a copy of the Municipality's report, which includes a site visit, photographs of the findings, and an interview with the owner of the property where the infraction is occurring. After reading the report, Ing. Molina recommends proceeding with a joint inspection with the Prosecutor's Office and the Municipality to corroborate what is stated in the report, since it lacks technical and scientific criteria to verify its contents. It is worth noting that such action was never addressed, and to this day, the order given by this Directorate to the Municipality of Talamanca has not been complied with. Regarding the statements by Mr. Marco Levi Virgo, it is important to mention that he has not had direct participation in the case, other than inquiries he has made via email about the status of the case. Said emails have been answered and addressed in a timely manner. As for the official letter that the petitioner claims he sent to Ing. Molina, among others, namely AEL-0039-2021, and to which he has not received a response, it is clear from reading it that it seeks for the Municipality to fulfill its duty and address what Ing. Molina indicated in official letter DAUHCAROG-0253-2020. This demonstrates that the petitioner's request had previously been addressed in a timely manner.” 5.- The petitioner indicates that, according to report DA-0873-2021, dated June 9 of the current year, the Municipality of Talamanca 'plugged up' (taponeo), blocked the sources that irrigated the wetland, according to the technical report issued via official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of 3/26/2020, signed by Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinator of the Regional Office of Guápiles in the Caribbean Hydrological Unit, which we demonstrate with attached photographs.

6.- The petitioner indicates that “In accordance with the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), I beg the magistrates to issue the strictest precautionary measures against the construction works, which are 90% complete, despite not having complied with the relevant environmental regulations, which constitutes a manifest disrespect by the developers and owners towards Article 50 of the Political Constitution. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this area has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, states that: 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation'. Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted, including suspending the activity in question. This is because, in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, as once the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable; punishment may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. As stated in the cited international instrument and in Article 50 of the Constitution itself, the State is called upon to carry out this prevention work, as recognized by this Chamber when affirming, through judgment number 2001-6503 of six July two thousand one, that: ‘The third paragraph of Constitutional numeral 50 clearly states that the State must guarantee, defend and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities not only have the obligation to enforce environmental legislation—with respect to individuals and other public entities—but also, first and foremost, must adjust their actions to the dictates of those protective regulatory bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, with no justification whatsoever to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) required by the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment.’” 7.- By resolution issued at 15:11 hours on July 23, 2021, as evidence for better resolution, the Mayor and the President of the Council, both of Talamanca, were ordered to provide a copy of official letter ALMT-111-2021 and a copy of the email sent to the petitioner regarding that official letter.

8.- The petitioner indicates that “to this day, there is no report on record that conclusively demonstrates that the Municipality of Talamanca has fully complied with official letter ALMT-111-2021 dated May 31, 2021, sent to Mr. Héctor Mac Donald Herrera, Coordinator UTG of the Municipality of Talamanca, as was requested in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of 3/26/2020, signed by Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinator of the Regional Office of Guápiles in the Caribbean Hydrological Unit. I beg your authorities to consider that official letter ALMT-111-2021 dated May 31, 2021, sent to Mr. Héctor Mac Donald Herrera, Coordinator UTG of the Municipality of Talamanca, is a mere administrative formality in response to a proceeding prompted by the present amparo action, which was previously requested in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of 3/26/2020, signed by Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinator of the Regional Office of Guápiles in the Caribbean Hydrological Unit, one year and five months ago, with no evidence whatsoever of compliance by the Municipality of Talamanca, despite the present amparo action. This is evident to the extent that the Municipal legal advisor of Talamanca does not even provide the respective compliance report from Mr. Héctor Mac Donald Herrera, Coordinator UTG of the Municipality of Talamanca, and to this day, no follow-up, proactive, or effective actions are discernible on the part of the respondents in defense of the nation's ecological heritage. It is for this reason that we must reiterate and emphasize the lack of compliance and the consequent impact on the wetland of Punta Uva through its drying out, via the actions duly reported by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy through the repeatedly cited official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of 3/26/2020. In essence, the lack of exercise of competent public authority and the powers of stewardship, oversight, and control of public domain property (propiedad demanial) regarding the provision of public services is thus evidenced, along with the consequent violation of the Constitutional Rights enshrined in Articles 41 and 50 of the Political Constitution, Article 11, subsection 2) of the Biodiversity Law No. 7788 (Ley de Biodiversidad Nº7788) and Principle 15 of the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, among others, due to impacts on health, safety, and human life, as well as on the environment.” 9.- In processing this action, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF THE RIGHT TO SPEEDY JUSTICE. Before analyzing the merits of the matter—the alleged violation of the right to a prompt and timely procedure—it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred—with certain exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is debated whether the public administration has complied with the timeframes established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, this case presents an exception scenario—supported by the majority of this Constitutional Court—as it involves a proceeding related to an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo proceeding.

II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner believes his fundamental rights have been violated, given that on March 11, 2021, via official letter AEL-0039-2021, he sent the respondents an environmental complaint regarding the drying out of an enormous wetland located in Punta Uva, Canton of Talamanca; however, as of the date he seeks amparo, the respondent authorities show no signs of follow-up, proactive, or effective actions in defense of the nation's ecological heritage.

III.- REGARDING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life of all, making it necessary for the Public Powers to intervene regarding factors that may alter its balance and hinder the person from developing and functioning in a healthy environment. The State becomes the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. Consequently, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, when it comes to environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters belong to the State, through the various administrative bodies. In summary, the fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment has been extensively developed, as has the obligation of the State and the various public authorities to preserve, defend, and guarantee said right (see judgment No. 2006-005928).

IV.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven and relevant for the decision on this matter:

  • a)Via official letter AEL-0039-2021, the petitioner sent the respondent Municipality an environmental complaint regarding the drying out of an enormous wetland located in Punta Uva, Canton of Talamanca, according to the technical report described in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of March 26, 2020 (see evidence provided in the expediente).
  • b)The Municipality of Talamanca has not resolved the complaint filed by the petitioner via official letter AEL-0039-2021 (a fact not disputed by the respondent).

V.- UNPROVEN FACTS. The following fact of relevance is deemed unproven for the resolution of this matter:

  • a)That the Ministry of Environment and Energy has any pending resolution regarding any claim from the petitioner.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. The petitioner believes his fundamental rights have been violated, given that on March 11, 2021, via official letter AEL-0039-2021, he sent the respondents an environmental complaint regarding the drying out of an enormous wetland located in Punta Uva, Canton of Talamanca; however, as of the date he seeks amparo, the respondent authorities show no signs of follow-up, proactive, or effective actions in defense of the nation's ecological heritage.

In this regard, it is verified that via official letter AEL-0039-2021, the petitioner sent the respondent Municipality an environmental complaint regarding the drying out of an enormous wetland located in Punta Uva, Canton of Talamanca, according to the technical report described in official letter DA-UHCAROG-0253-2020 of March 26, 2020. Now, given the respondent's failure to report on the matter, it is indeed confirmed that they have not addressed the petitioner's request, as the only record is that official letter ALMT-111-2021 was sent, requiring the removal of the obstructing and plugging works on water that apparently crossed a cantonal route, which is part of what is required within a criminal case, and this was not even addressed to the petitioner. Consequently, the time elapsed since the respondent became aware of the request, being March 26, 2021—over 5 months without his complaint having been resolved—is excessive. By virtue of the considerations stated, it is appropriate to grant the action, with respect to this aspect, with the order to be set forth in the operative part.

Now, this Court notes that regarding the Ministry of Environment and Energy, in accordance with what was reported under oath and the solemnities surrounding it, there is no pending request filed by the petitioner awaiting resolution. Note that there is no proof of receipt by said ministry in the file, so the action must be dismissed with respect to this grievance.

Finally, the petitioner argues that the Municipality of Talamanca engaged in actions to dry out the wetland. He contends that this was carried out by blocking culverts that irrigated the wetland, causing damage that is difficult or impossible to repair due to the long time elapsed since the warnings and recommendations were made. Regarding this, this Chamber resolved through judgment No. 2021014989 of 9:15 hours on July 2, 2021:

“VI. On the specific case. From the list of proven facts, it is clear that the complaint filed by the petitioner has not been formally addressed, as a report was requested from the SINAC authorities, and it was not until June that they responded to SETENA. Furthermore, they confirm that the complaint has not been responded to because the responsible official, trained for the application of the guide for wetland ecosystem delimitation (guía para la delimitación de ecosistema de humedal), was on sick leave. Ergo, regarding this specific aspect raised, a violation of the fundamental principle of prompt and timely justice is determined. With respect to the merits of the complaint, since it is proven that, prior to the filing of this action, it had not been determined whether the wetland referred to by the petitioner was being affected or not, the alleged inertia on the part of the respondent authorities in addressing the potential environmental problem implied by the reported facts is confirmed. The delay in addressing the complaint meant that four months passed during which the questioned construction works continued to be executed, without it having been determined whether the work in question was causing damage to the wetlands. Note that the documentation provided by the petitioner on June 10, 2020, shows that SETENA is fully aware of the project and has rejected permits, and that the case has even been taken to court through criminal proceedings. In environmental matters, coordination among public agencies is indispensable, and the failure to fulfill this duty constitutes an even greater risk than the actions of the administration or the developers themselves (see judgment No. 2012013856). In the present case, it is confirmed that SINAC's inertia in addressing the complaint forwarded to it by SETENA, as well as the lack of actions by both entities to determine whether the reported damage was occurring or not, constitute a threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment. That being the case, this Court finds that the questioned authorities have not acted with the necessary forcefulness, effectiveness, or diligence, to the consequent detriment of the public interest in preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Consequently, the granting of the appeal is compelled, as is hereby ordered.” (emphasis added).

Consequently, the appellant must abide by what was decided by this Chamber in judgment No. 2021014989 of 9:15 a.m. on July 2, 2021, in relation to this last grievance.

VII.—DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is granted with merits, solely for the failure to resolve the appellant's petition against the Municipalidad de Talamanca. It is ordered that Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, and Yahaira Mora Blanco, in their respective capacities as legal advisor, Mayor, and Council President, all of Talamanca, or whoever holds said office, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that within a period not exceeding 15 days counted from the notification of this judgment, they resolve the complaint filed through official communication AEL-0039-2021 and notify the decision to the address indicated for that purpose. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely penalized. Abide by what was decided in judgment No. 2021014989 of 9:15 a.m. on July 2, 2021. In all other respects, the appeal is denied. The Municipalidad de Talamanca is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in the execution of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Notify.

Fernando Castillo V.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Alejandro Delgado F.

Hubert Fernández A.

Mauricio Chacón J.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021021244 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-010482-0007- CO, interpuesto por MARCO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, contra la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:21 horas del 1 de junio de 2021, la parte recurrente plantea recurso de amparo, contra la Municipalidad de Talamanca. Indica que el 11 de marzo de 2021, mediante oficio AEL-0039-2021 remitió a los recurridos, denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca, según informe técnico descrito en oficio DA-UHCAROG-0253-2020 del 26 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Gilberth Molina Arce, destacado en la Oficina Regional de Guápiles en la Unidad Hidrológica Caribe. Señala que en dicha denuncia consta que la Municipalidad de Talamanca incurrió en acciones de desecamiento del humedal descrito en el citado oficio DA-UHCAROG-0253-2020. Explica que el desecamiento del humedal es propiedad demanial y pertenece a toda la nación. Discute que el mismo se llevó a cabo mediante el bloqueo de alcantarillas que irrigaban el humedal, causando daños de difícil o imposible reparación por el largo tiempo transcurrido desde que se hicieron las prevenciones y recomendaciones por parte del Ing. Gilberth Molina Arce destacado en la Oficina Regional de Guápiles en la Unidad Hidrológica Caribe. Detalla que la denuncia expuesta en el oficio AEL-0039-2021 fue trasladada por la Secretaría del Concejo Municipal, previo acuerdo, al Departamento Legal de la Municipalidad de Talamanca, según consta en el oficio SCMT-INT-93-2020 de fecha 26 de marzo de 2021. Acusa que al día que acude en amparo, las autoridades recurridas no vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación.

2.- Por resolución de las 13:04 horas del 14 de junio de 2021, se dio curso al proceso.

3.- Informan bajo juramento Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, y Yahaira Mora Blanco, por su orden asesor legal, Alcalde y Presidenta del Consejo, todos de Talamanca, que: “1) Efectivamente la Municipalidad de Talamanca recibió el oficio DA-UHCAROG-0253-2020, esto en la administración anterior, a dos meses antes de iniciar labores esta nueva administración, sin embargo, fue por correo remitido el 04 de mayo del 2020 por parte de la Fiscal Ambiental, del segundo circuito judicial de Pococí, Licenciada Silvia Solís Dávila, que se tuvo conocimiento de la misma por medio del cual nos adjunta el referido oficio emitido por el señor Gilberth Molina Arce. 2) Lo que no es cierto es que la Municipalidad haya realizado acciones de desecamiento en el humedal señalado. 3) El MINAET aún se encuentra en labores de definición real y la existencia y límites de dicho humedal, dentro de la comunidad de Punta Uva. 4) Efectivamente el Concejo Municipal de Talamanca, traslado al departamento Legal el oficio citado, y de inmediato bajo el oficio ALMT-111-2021, remitimos las gestiones al Departamento de Gestión Vial de nuestra Municipalidad con el fin de determinar si existen obras dentro de la calle pública que hayan alterado u obstruido la situación descrita, y esto en el plazo indicado. Existen al mismo tiempo dos expedientes judiciales que investigan el tema en la FISCALIA AMBIENTAL de Pococí, que, por el tema del secreto de las actuaciones no podemos referirnos pero constan el expediente el 20-000028-0597-PE, 20-001096- 485-PE y 20-001097-0485-PE, todos relacionados con DRENAJE Y RELLENO DE HUMEDALES CONTRA IGNORADO donde se investiga hechos relacionados con las presentes actuaciones y otras más dentro del Cantón, y que, mediante oficio ALMT-057-ALMT-2020, se le informa a la Fiscal Ambiental, y con base a una inspección realizada en el sitio, mediante la que se detallaron acciones y tareas relacionadas con este tema y donde el Municipio desde esa fecha dicho informe refiere lo siguiente: a) Se toma la medida del ancho de la vía y se logra determinar que ambos extremos de esta estructura están exactamente donde finaliza ese derecho de vía, por lo que la Intervención con equipo municipal es imposible por estar el "tapón" indicado en el informe dentro de un terreno en posesión de una tercera persona - de nombre Pablo Bustamante Cerdas - por lo que el ayuntamiento no tiene la facultad para intervenir en ese sitio; b) Luego se procedió a inspeccionar la salida de esas aguas, determinándose que no es una salida de agua por escorrentía natural, sino que es provocada por la mano del hombre, o sea, la salida del agua acumulada en ese sitio es vaciada por medio de una zanja hecha a mano con pala y así se logra evidenciar en las fotografías que se adjuntan; c) Estando en el lugar se nos acercó el señor Bustamante para indagar de que se trataba nuestra presencia, por lo que se le explica brevemente del motivo de la inspección, oportunidad que se aprovecha y se le hacen una serie de preguntas al respecto y nos manifiesta lo siguiente: "Como en el año 1 998 el difunto George Hansell me solicitó permiso para hacer una zanja que le permitiera sacar las aguas de su finca, misma que se ubica al otro lado de la calle, porque desde que se construyó el hotel Las Palmas habían taponado la salida normal de ese cuerpo de aguas, pero file hasta hace unos cinco años, cuando hicieron la demolición de los hoteles Las Palmas, que el mismo MINAE taponeo la salida de esas aguas de las cuales su escorrentia es buscando la salida al mar aguas abajo. En ese momento en el lugar no había paso de alcantarilla, fue entre el señor George y yo que compramos las alcantarillas y las colocamos para que éste señor Hansell Pudiera sacar un poco el agua de su terreno. Hace un par de años que casualmente ya estaba en el lugar porque había un olor terrible q materia fecal, por lo que fui a inspeccionar, inclusive estando en el sitio me abrí una herida que se me infeccionó, casualmente por el alto grado de contaminación de esas aguas; por lo que seguí inspeccionando y logré determinar que los vecinos del otro lado de la calle, aprovechándose de la zanja hecha por el señor Hansell, la utilizan para vaciar sus aguas residuales y fecales. Ante esta situación opté por cerrar la alcantarilla, dado que yo con mucho gusto le serví al vecino George en su momento, ahora él esta fallecido y no debo soportar que me llenen mi terreno con materia fecal, ni debo soportar esas aguas tampoco." (el subrayado y la negrita no son del original]; d) Por los motivos expuestos nos trasladamos al sitio de la salida de esas aguas y en el lugar se logra ver que confluyen tres cuerpos de agua natural, en donde uno de ellos proviene del sector oeste y norte, por lo que efectivamente se puede determinar que las aguas de escorrentía natural efectivamente debían correr hacia ese sector y no como lo apunta el señor Gilberth en su informe, que sería prácticamente aguas arriba esa salida de aguas. Por lo que se debería aplicar lo correspondiente con base a la ley de aguas, artículos 94 y siguientes, que establece las regulaciones para los cuerpos de agua por servidumbres naturales. De esta inspección se adjuntan también fotografías del sitio que muestran lo anteriormente citado; e) Se trató de ingresar propiamente al lugar donde se dice esta taponeado el cauce, pero son propiedades privadas y no logramos ese cometido, inclusive se intentó un par de ocasiones más, pero fue imposible, aunado que nos manifestó un lugareño que en ese sector el agua nos podía llegar arriba de la cintura y era muy peligroso ir así sin el equipo adecuado; f) También se le solicitó al topógrafo Municipal que realizara un informe técnico de lo observado por él a fin de emitir un mejor criterio de lo encontrado, mismo que se le adjunta en el presente informe; g) Ahora bien, con base a lo dispuesto por la Sala Constitucional, según resolución número 2019-12745, de las doce horas y diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual deroga la ley 9223, y retrotrae las cosas, esa área no se tiene la certeza que sea de la Administración Municipal, por lo que tampoco podríamos intervenir en lo solicitado en el informe del MINAE emitido por la Dirección de aguas del Caribe; h) Por todo lo anterior se consideró que debería realizarse un estudio técnico que efectivamente determine cuál es el rumbo natural de las aguas de ese sector costero, a fin de lograr determinar si existe verdaderamente un taponamiento de aguas de escorrentía natural, o bien, si es cierta la versión del señor Bustamante, lo que vendría a cambiar considerablemente las cosas. La Municipalidad de Talamanca en todo momento, ha sido diligente y precautoria en las acciones identificadas, y realizadas, sin embargo, no es cierto en el presente caso que se hayan realizado obras dentro de la calle pública y con la inspección realizada se determinó cual es la posible causa del problema, inclusive, por ser un asunto judicializado, el recurrente no tiene acceso a toda la documentación que consta en autos y que lleva la Fiscalía Ambiental de Pococí. Así es que, de conformidad al informe rendido en el oficio ALMT-057-2020, se toma la medida del ancho de la vía y se logra determinar que ambos extremos de esta estructura esta exactamente donde finaliza ese derecho de vía, por lo que la intervención con equipo municipal es imposible por estar el "tapón" dentro de un terreno en posesión de una tercera persona, y no dentro de la calle pública. Es sumamente importante indicar que, si bien es cierto que al señor Gilberth Molina Arce no se le dio una respuesta directa e inmediata sobre el tema concreto de su informe, éste se rindió ante la Fiscalía Ambiental de Pococí que en ese momento realizaba las diligencias judiciales con respecto a ese tema, siendo que se desconocía si la anterior administración en algún momento le diera respuesta a ese oficio DA-UHCAROG-0253-2020, siendo que no dejaron expediente o documentación alguna que logre referenciar al respecto.” 4.-Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, “En el mes de enero del 2020, se recibió solicitud de la Fiscalía de Pococí, a la que se le asignó número de gestión #2165-2020, a fin de que se realizara inspección conjunta a la zona de Punta Uva, para atender la causa penal N°20-000028-0597-P, la cual inicia por denuncia presentada por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). En atención a la solicitud de la Fiscalía, con fecha 17 de enero del 2020, según informe del Ing. Gilberth Molina, Coordinador de la Unidad Hidrológica de Caribe de la Dirección de Agua del MINAE, DA-UHCAROG-0394-2021 de fecha 8 de junio del 2021, se realizó visita al sitio denunciado encontrándose que efectivamente, se estaba dando una afectación de un humedal (sitio declarado como tal por el SINAC), debido a un taponamiento de un paso de alcantarilla, por el cual fluye un cuerpo de agua dictaminado previamente por esta Dirección, mediante oficio DA-UHCAROG-0250-2020, el cual alimenta en parte al humedal. En este sentido señala el informe supra citado: “…dicha afectación se producía por el taponamiento de un paso de alcantarilla por el cual fluye un cuerpo de agua, dictaminado del dominio público por la Unidad Hidrológica Caribe mediante oficio DA-UHCAROG-0250-2020*; …dicho cuerpo de agua obstruido funge como el afluente principal del humedal estuarino de Punta Uva, incluido así en el registro nacional de humedales del año 2018”. Según señala el Ing. Molina, el taponamiento de la alcantarilla se ubica en un derecho de vía publica cantonal, y continúa dentro de una propiedad privada, por lo que procedió a notificar de la situación encontrada a la Municipalidad de Talamanca, mediante el oficio DA-UHCAROG-0253-2020, a fin de que procediera a eliminar la obstrucción del cauce de dominio público. Notificación que se realizó por correo electrónico el 13 de abril del 2021 y de la cual se adjunta copia. La Municipalidad de Talamanca, mediante el oficio SCMT-092-2019 del 17 de abril del 2020, da por recibida la notificación del oficio DA-UHCAROG-0253-2020 e indica que el mismo sería trasladado al Departamento de Asuntos Jurídicos a fin de que procedieran a emitir el informe correspondiente. Es importante señalar que a la fecha no ha recibido en esta Dirección respuesta alguna por parte del ente Municipal En el mes de junio, la Fiscalía le remite a la Unidad Hidrológica de Caribe en la persona del Ing. Molina, copia del informe de la Municipalidad, en el que incluye visita al sitio, fotografías de lo encontrado y entrevista con el propietario del inmueble donde se está dando la infracción. Una vez leído el informe por parte del Ing. Molina, éste recomienda proceder con una inspección conjunta con la Fiscalía y la Municipalidad, a fin de corroborar lo señalado en el informe, toda vez, que él mismo adolece de criterios técnicos y científicos que verifiquen lo indicado en el mismo. No está demás señalar que tal gestión, nunca fue atendida, y al día de hoy, la orden dada por esta Dirección a la Municipalidad de Talamanca no ha sido acatada. En relación con lo señalado por el señor Marco Levi Virgo, es importante mencionar, que él mismo no ha tenido participación directa en el caso, más que consultas que ha realizado a través de correos electrónicos, sobre cómo está el caso. Dichos correos le han sido contestados y atendidos de manera oportuna. En cuanto al oficio que alega el recurrente, que remitió al Ing. Molina entre otros, sea el AEL- 0039-2021, y que no ha obtenido respuesta, es claro de su lectura, que el mismo busca que la Municipalidad cumpla con su deber, y atienda lo señalado por el Ing. Molina en el oficio DAUHCAROG-0253-2020, con lo que se demuestra, que la gestión del recurrente, había sido atendida de manera oportuna previamente.” 5.-El recurrente, indica que según informe DA-0873-2021, de fecha 9 de junio en curso, de que la municipalidad de Talamanca "taponeo" bloqueó las fuentes que irrigaban el humedal, según informe técnico emitido mediante oficio DA-UHCAROG-0253-2020 de 26/3/2020, suscrito por el Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinador de la Oficina Regional de Guápiles en la Unidad Hidrológica Caribe, lo cual demostramos con fotografías adjuntas.

6.- El tutelado, indica que “De conformidad con la Ley de Jurisdicción Constitucional, ruego a las señoras y señores magistrados dictar las medidas cautelares de rigor en contra de las obras de construcción, las cuales cuentan con un avance de un 90%, pese a no haber cumplido con la normativa ambiental atinente, lo cual constituye un irrespeto manifiesto por parte de los desarrolladores y propietarios hacia el artículo 50 de la Constitución Política. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone que: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento internacional de cita como el mismo artículo cincuenta constitucional, es el Estado el llamado a efectuar esta labor de prevención, y así lo ha reconocido esta Sala al afirmar, mediante sentencia número 2001-6503, de seis de julio de dos mil uno, que: “El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." 7.-Por resolución de las 15:11 horas del 23 de julio de 2021, se solicitó como prueba para mejor resolver al Alcalde y Presidenta del Consejo, ambos de Talamanca, que aportara copia del oficio ALMT- 111-2021, y la copia del envió mediante correo electrónico al amparado sobre ese oficio.

8.- El tutelado, indica que “al día de hoy no consta informe alguno que demuestre fehacientemente que la Municipalidad de Talamanca haya dado cabal cumplimiento al oficio ALMT-111-2021 de fecha 31de mayo de 2021 remitido al señor Héctor Mac Donald Herrera Coordinador UTG de la Municipalidad de Talamanca tal y como fue solicitado en el oficio DA-UHCAROG-0253-2020 de 26/3/2020, suscrito por el Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinador de la Oficina Regional de Guápiles en la Unidad Hidrológica Caribe. Ruego a sus autoridades tomar en cuenta que el oficio ALMT-111-2021 de fecha 31de mayo de 2021 remitido al señor Héctor Mac Donald Herrera Coordinador UTG de la Municipalidad de Talamanca es un mero trámite administrativo de respuesta a una gestión que fue provocada por el presente recurso de amparo y que de previo fue solicitada en el oficio DA-UHCAROG-0253-2020 de 26/3/2020, suscrito por el Ing. Gilberth Molina Arce, Coordinador de la Oficina Regional de Guápiles en la Unidad Hidrológica Caribe hace un año y cinco meses sin prueba alguna del cumplimiento por parte de la Municipalidad de Talamanca pese al presente recurso de amparo tan es así que el asesor legal Municipal de Talamanca no aporta siquiera el respectivo oficio de cumplimiento por parte del señor Héctor Mac Donald Herrera Coordinador UTG de la Municipalidad de Talamanca sin que al día de hoy se vislumbren acciones de seguimiento o proactivas y efectivas por parte de los recurridos, en defensa del patrimonio ecológico de la nación. Es por ello que debemos reiterar y enfatizar la falta de cumplimiento y la consecuente afectación al humedal de Punta Uva mediante el desecamiento del mismo mediante las acciones oportunamente denunciadas por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía a través del oficio DA-UHCAROG-0253-2020 de 26/3/2020 de reiterada cita. En esencia, se evidencia así la falta de ejercicio de la autoridad pública competente y las competencias de rectoría, fiscalización y control de la propiedad demanial, en materia de prestación de los servicios públicos, y la consecuente afectación a los Derechos Constitucionales consagrados en los artículos 41 y 50 de la Constitución Política, el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad Nº7788 y el Principio 15 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente entre otros, por afectación a la salud, la seguridad y a la vida humana, así como al ambiente.” 9.-En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR REFERENTE A LA SUPUESTA LESIÓN DEL DERECHO DE JUSTICIA PRONTA. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una gestión en relación con una denuncia ambienta, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este proceso de amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 11 de marzo de 2021, mediante oficio AEL-0039-2021 remitió a los recurridos, denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca; sin embargo, al día que acude en amparo, las autoridades recurridas no vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación.

III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. En resumen, se ha desarrollado ampliamente el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado y las distintas autoridades públicas de preservar, defender y garantizar dicho derecho (véase la sentencia N°2006-005928).

IV.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)Mediante oficio AEL-0039-2021, el recurrente remitió a la Municipalidad recurrida una denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca, según informe técnico descrito en oficio DA-UHCAROG-0253-2020 del 26 de marzo de 2020 (ver prueba aportada al expediente).
  • b)La Municipalidad de Talamanca, no ha resuelto la denuncia planteada por el recurrente mediante oficio AEL-0039-2021(hecho no debatido por el recurrido).

V.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se estima como indemostrado el siguiente hecho de relevancia:

  • a)Que el Ministerio de Ambiente y Energía tenga pendiente de resolución algún reclamo del recurrente.

VI.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 11 de marzo de 2021, mediante oficio AEL-0039-2021 remitió a los recurridos, denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca; sin embargo, al día que acude en amparo, las autoridades recurridas no vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación.

Al respecto, se constata que mediante oficio AEL-0039-2021, el recurrente remitió a la Municipalidad recurrida una denuncia de carácter ambiental, en relación con el desecamiento de un enorme humedal ubicado en Punta Uva del Cantón de Talamanca, según informe técnico descrito en oficio DA-UHCAROG-0253-2020 del 26 de marzo de 2020. Ahora bien, ante la omisión del recurrido en informar sobre el particular, se verifica que en efecto no han atendido la gestión del tutelado, pues solo consta que se remitió el oficio ALMT- 111-2021 mediante el que se requirió que se eliminaran las obras de obstrucción y taponamiento de agua que atravesaba aparentemente una ruta cantonal, el cual es parte de lo requerido dentro de una causa penal, el cual tan siquiera esta dirigido al amparado. En consecuencia, el plazo transcurrido desde que el recurrido tiene conocimiento de la gestión sea 26 de marzo de 2021, de más de 5 meses sin que su denuncia haya sido resuelta deviene excesivo. En mérito de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en relación con este extremo, con la orden que se indicará en la parte dispositiva.

Ahora bien, este Tribunal advierte que en relación con el Ministerio de Ambiente y Energía, de acuerdo con lo informado bajo juramento, y de las solemnidades que lo reviste no existe gestión pendiente de resolver planteada por el recurrente. Nótese que no consta en la gestión comprobante de recibido por parte de ese ministerio, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso en relación con este agravio.

Finalmente, el recurrente arguye que la Municipalidad de Talamanca incurrió en acciones de desecamiento del humedal. Acusa que el mismo se llevó a cabo mediante el bloqueo de alcantarillas que irrigaban el humedal, causando daños de difícil o imposible reparación por el largo tiempo transcurrido desde que se hicieron las prevenciones y recomendaciones. Al respecto, esta Sala resolvió mediante sentencia No. 2021014989 de las 9:15 horas del 2 de julio de 2021:

“VI. Sobre el caso concreto. Del elenco de hechos probados se desprende que la denuncia planteada por el recurrente no ha sido formalmente atendida, pues se solicitó informe a las autoridades del SINAC, y fue hasta en junio que estos dieron respuesta a la SETENA. Además, confirman que no se ha respondido la denuncia, debido a que el funcionario responsable y capacitado para la aplicación de la guía para la delimitación de ecosistema de humedal, se encontraba incapacitado. Ergo, en cuanto a este extremo planteado, se determina una violación al principio fundamental a una justicia pronta y cumplida. En lo que respecta al fondo de la denuncia, al comprobarse que, previo a la interposición de este recurso, no se había determinado si el humedal que el recurrente refiere estaba siendo o no afectado, se constata la acusada inercia por parte de las autoridades recurridas en atender la eventual problemática ambiental que los hechos denunciados implicarían. La tardanza en la atención de la denuncia implicó que transcurrieron cuatro meses en los cuales la obra cuestionada se siguió ejecutando, sin que se hubiera determinado si la obra en cuestión ocasionaba o no daño a los humedales. Nótese que consta en la documentación aportada por el recurrente el 10 de junio de 2020 que la SETENA tiene pleno conocimiento del proyecto y ha rechazado permisos, y que el caso incluso ha sido llevado a sede judicial por la vía penal. En materia ambiental resulta indispensable la coordinación entre dependencias públicas, y la omisión a ese deber constituye un riesgo incluso mayor que las propias actuaciones de la administración o de los desarrolladores (véase la sentencia Nº 2012013856). En el presente caso se constata que la inercia por parte del SINAC para atender la denuncia que le fue trasladada por la SETENA, así como la falta de acciones por parte de ambas entidades para determinar si se estaba o no produciendo el daño denunciado, implican una amenaza al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, estima este Tribunal que las autoridades cuestionadas no han actuado con la contundencia, eficacia ni diligencia debida, con el consecuente detrimento del interés público de preservar el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, se impone la estimatoria del recurso, como en efecto se dispone.” (énfasis agregado).

En consecuencia, el recurrente deberá estarse a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2021014989 de las 9:15 horas del 2 de julio de 2021, en relación con este último agravio.

VII.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, únicamente por la falta de resolución a la gestión del recurrente contra la Municipalidad de Talamanca. Se ordena a Héctor Saénz Aguilar, Rugeli Morales Rodríguez, y Yahaira Mora Blanco, por su orden asesor legal, Alcalde y Presidenta del Consejo, todos de Talamanca, o a quien ejerza dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor a 15 días contado a partir de la notificación de esta sentencia resuelva la denuncia planteada por oficio AEL-0039-2021 y le notifique lo resuelto al medio señalado para tal efecto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Estese a lo resuelto en la sentencia No. 2021014989 de las 9:15 horas del 2 de julio de 2021. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Alejandro Delgado F.

Hubert Fernández A.

Mauricio Chacón J.

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