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Res. 16086-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/08/2020
OutcomeResultado
The constitutional challenge is flatly rejected due to the plaintiff's lack of active standing, as no suitable base case was proven and diffuse interests were not established. Judge Hernández López dissents.Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación activa del accionante, al no acreditarse un asunto base idóneo ni configurar intereses difusos. La magistrada Hernández López salva el voto.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly rejected a constitutional challenge filed by the representative of Banco Promerica against several articles of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense (Law 7472), as amended by Law 9859, which establish interest rate caps. The plaintiff argued that the law is arbitrary, lacks technical basis, causes financial exclusion, is discriminatory, and has retroactive effect on existing contracts, violating freedom of contract and enterprise. The Chamber found that the plaintiff lacked standing for three reasons: (1) the amparo appeal serving as the base case had been flatly rejected, so there was no pending case; (2) by claiming individual and direct harm, a prior case was required, and the one provided was unsuitable; and (3) the plaintiff could not act in defense of diffuse interests of clients, since the impact on financial companies is a corporate interest, not a diffuse one, and the plaintiff did not hold the diffuse interest of consumers. Judge Hernández López dissented, considering that consumer rights defense is a diffuse interest and the action should have been admitted.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el representante del Banco Promerica contra varios artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), reformados por la Ley 9859, que establecen topes a las tasas de interés. El accionante argumentó que la ley es arbitraria, carece de sustento técnico, produce exclusión financiera, es discriminatoria y tiene efecto retroactivo sobre contratos vigentes, vulnerando la libertad de contratación y empresa. La Sala determinó que el accionante carece de legitimación por tres razones: (1) el recurso de amparo que servía como asunto base fue rechazado de plano, por lo que no hay juicio pendiente; (2) al alegar lesión individual y directa, debía existir un caso previo, el cual no es idóneo; y (3) no puede actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues la afectación a empresas financieras es un interés corporativo, no difuso, y el actor no ostenta el interés difuso de los consumidores. La magistrada Hernández López salvó el voto, considerando que la defensa de los derechos de los consumidores sí es un interés difuso y la acción debió ser admitida.
Key excerptExtracto clave
The plaintiff seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if its intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, so that in reality we would be in the presence of a possible corporate interest, which in this case the plaintiff neither alleges nor substantiates as grounds for its standing. Second, it cannot claim to act in defense of diffuse interests of clients, because according to the aforementioned judgment "(...) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such (...)" (underlining not in original). Consequently, in this case the plaintiff would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that it does not hold such interest, given that it acts in its capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon finding that the plaintiff lacks active standing, this constitutional challenge is inadmissible.El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
Pull quotesCitas destacadas
"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
"The plaintiff seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if its intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, so that in reality we would be in the presence of a possible corporate interest, which in this case the plaintiff neither alleges nor substantiates as grounds for its standing."
Considerando V
"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
Considerando V
"los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos."
"diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects."
Considerando V (citando sentencia 2019-018932)
"los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos."
Considerando V (citando sentencia 2019-018932)
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
"I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and as such, can be directly brought by companies or clients affected by a given regulation."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: August 26, 2020 at 11:21 a.m.
Case File: 20-013231-0007-CO Type of Matter: Action of unconstitutionality Constitutional Control: Rejection on procedural grounds Judgment with Dissenting Vote Content of Interest:
Strategic Topics: Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: COMMERCE Subtopics:
NOT APPLICABLE.
016086-20. COMMERCE. USURY LAW. Action of unconstitutionality against articles 36 BIS, 36 TER, paragraphs 2), 3), 5), 7), 8), and 9); 53, paragraphs 5) and 6) of the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in Gazette No. 147 of June 20, 2020. Dispositive part: The action is rejected on procedural grounds. Judge Hernández López dissents and orders that the action be given course.
CO05/22 ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 075- Prior matter pending resolution in judicial or administrative venue Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 75 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. DIFFUSE INTERESTS. "...The petitioner intends to defend a supposed diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if his intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, such that we would actually be in the presence of a potential corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as a basis for his standing. Second, he cannot pretend to act in defense of the diffuse interests of the clients, since according to the aforementioned judgment "(...) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diluted, diffused among an unidentified plurality of subjects.
In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2 of article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such (...)" (the underline does not correspond to the original). Consequently, in this case, the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of the clients or consumers, since it is clear that he does not hold said interest, given that he acts in his capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima..." CO05/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: CONSTITUTIONAL JURISDICTION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Dissenting vote of Judge Hernández López I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and, as such, can be directly brought by the companies or clients who are affected by a specific regulation. In this sense, I believe the petitioner is correct in stating that Law No. 9859 affects a group of companies and clients in the financial sector, affecting, among others, the right of access to credit. In this sense, a base trial is not needed to file the action in accordance with article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, since any person, affected or not, can act directly in defense of a diffuse interest, and the Constitutional Chamber has recognized that the defense of consumer rights qualifies as such, for which reason I believe this action must be given course and analyzed on its merits.
CO05/22 ... See more 1 Res. No. 2020-016086 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and twenty-one minutes of August twenty-six, two thousand twenty.
Action of unconstitutionality brought by LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, identity card no. 1-0780-0448, representative of BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-127487, against articles 36 bis, second, third, fifth, seventh, eighth, and ninth paragraphs; article 36 ter, fifth and sixth paragraphs; and article 53, subsection g); all of Law No. 7472, denominated Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in supplement no. 150 of Gazette No. 147 of June 20, 2020.
WHEREAS:
These may be rules related to the loan term, default interest, means of payment, criteria for qualifying contractual breach, means of resolving disputes, litigation costs, etc. There is no adequate proportionality between the ends pursued by the regulation and the degree of limitation that the businessperson must bear. Because, instead of the regulation being limited to allowing the National Consumer Commission to verify the interest rate that will govern each semester, it will intervene in the entire contract. This is not a limitation linked to the maximum interest rate, but rather an abuse of power permitted by the regulation, against the parties’ freedom of contract. On the other hand, the freedom to design each type of contract is not permitted, according to each company’s capacity and its own effort to design contracts according to the best market practices. The regulation instead limits the right to difference, to competition through the diversity and quality of contracts.
Consequently, it is contrary to the Political Constitution to oblige all banks, finance companies, cooperatives, solidarity associations, mutual associations, and savings and credit funds to submit all of their contracts to the prior approval (homologación) of a state entity, without objective rules and without limits of any kind. It is for this reason that he requests that this subsection be declared null for being unconstitutional. Based on the legal considerations set forth, he requests that the judgment declare the nullity for unconstitutionality of the articles challenged here. If the Constitutional Chamber deems them valid, he requests that a conforming interpretation be issued that eliminates the unconstitutional effect of the regulation; as has been requested. He requests as a subsidiary petition that an interpretive judgment be issued declaring in an unquestionable manner that none of the rules of Law No. 9859 may be applied retroactively against existing contracts and until their termination, under the conditions agreed upon by the parties.
Drafted by Judge Castillo Víquez; and,
CONSIDERING:
This Chamber has repeatedly stated that the unconstitutionality action is a process with certain formalities, which, if not met, make it impossible to rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements for unconstitutionality actions and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue—including hábeas corpus or amparo appeals—or in an administrative one—in the procedure for exhausting this avenue, that is, in the administrative challenge procedure against the final act—in which the unconstitutionality of the challenged rule is invoked as a reasonable means to protect the right or interest deemed injured in the principal matter. The second and third paragraphs regulate the direct action—no base matter is required—in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) it involves the defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman. Regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber, through Judgment No. 04190-95 at 11:33 a.m. on July 28, 1995, stated the following:
“(…) In the first place, it is a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution is required—whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative avenue—in order to access the constitutional avenue, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right deemed injured in the principal matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said process pending resolution, because it rules on the constitutionality of the rules that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation allows direct access to this avenue—requirements of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)”.
Likewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the filing brief must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the components of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) deemed infringed (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It must also accredit the conditions of standing (powers of attorney and certifications), pay the Bar Association stamp, and provide a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged rules was invoked in the base matter (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).
In the case under study, the plaintiff alleges three criteria to substantiate his standing: first, he claims to have indirect or incidental standing, since he indicates that “[t]he principal judicial matter is an amparo appeal filed today, June 24, 2020, before this Constitutional Chamber.” After consulting the Management System of this Court, it is verified that the amparo appeal was filed on July 24, 2020, and is processed under judicial case file No. 20-013230-0007-CO. Second, he indicates that this action is admissible because it defends direct interests of the companies and natural persons, as he affirms that the requirement of demonstrating that there is an individual and direct injury caused by these rules is met. Third, he points out that he comes in defense of the diffuse interests of the companies and clients affected by the challenged regulations. However, in the opinion of this Constitutional Court, this action is inadmissible, since the plaintiff lacks standing, both incidentally and directly, to file this proceeding, for the reasons set forth below.
III.Regarding the first criterion of standing alleged by the petitioner, that is, the incidental or indirect action, he mentions as a base matter an amparo appeal filed before this Chamber. It must be reiterated, therefore, that Article 75, first paragraph, in fine, of the Law of Constitutional Jurisdiction presupposes, for purposes of the admissibility of an unconstitutionality action via the incidental route—like the present one—the existence of a principal matter pending resolution, which may well be an amparo appeal, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest deemed injured; however, this Chamber has repeatedly stated that when the base matter on which the filing of an unconstitutionality action rests is an amparo appeal, this must, in turn, be admissible. Regarding this point, in judgment No. 2004-94 at 3:15 p.m. on April 27, 1994, this Court stated the following:
“(...) On the other hand, the Chamber cannot fail to note the specific situation raised in the appeal, specifically regarding the possibility granted by Article 75, first paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, of filing an unconstitutionality action based on an amparo or hábeas corpus appeal pending before it, it being necessary to indicate that for these cases it is absolutely necessary that these be admissible; that is, that it is effectively a matter in which not only fundamental rights of persons are at stake, but also that for its resolution the rules whose unconstitutionality is claimed must be applied; a manifestly improper amparo or hábeas corpus does not constitute a reasonable means of protecting any right or interest, and therefore a declaration of unconstitutionality cannot be sought within that appeal, because that would imply recognizing, through that avenue, the existence in our legal system of a popular action as a requirement of standing for access to judicial review of the constitutionality of norms, a situation that has been repeatedly rejected both in specialized doctrine and in the Jurisprudence of this Chamber itself.” (Criterion reaffirmed—among others—in judgments No. 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96, and 5268-96).
In this specific case, the amparo referred to by the plaintiff is case file No. 20-013230-0007-CO, which was rejected outright by judgment No. 2020-014853 at 9:15 a.m. on August 7, 2020, based on the following order of considerations:
“I.- PURPOSE OF THE AMPARO. The petitioner requests this Court to declare the nullity of the minutes of Session No. 5943-2020 of June 24, 2020, issued by the Board of Directors of the Central Bank of Costa Rica and of official letter DMOF-447-20, issued by the Ministry of Economy, Industry, and Commerce, as well as the unconstitutionality of the first and ninth paragraphs of Article 36 bis, Law No. 7472 insofar as they grant retroactive effect to all of Law No. 9859 against existing credit contracts.
In the sub lite case, what is stated by the plaintiff is not related to a direct violation of any fundamental right, and therefore it exceeds the scope of competence of this Chamber. Indeed, the plaintiff merely mentions, in a generic manner, the reasons why he considers that Law No. 9859, entitled “Amendment to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense,” is contrary to constitutional law. In this regard, the plaintiff is advised that it is not for this Court to determine the correct interpretation of the cited Law, nor to review the manner in which the interest calculation period should be applied. It is appropriate to indicate that the case falls within the provisions of Article 30, subsection a), of the Law of Constitutional Jurisdiction, the text of which prevents the Chamber from hearing amparo appeals against laws and other provisions of a general nature, except when the issue is raised together with claims of individual application acts and that only for the purpose of granting a period for the filing of the respective unconstitutionality action. In this case, however, it should be noted that the matter also does not fall within the exception cases, since the existence of any specific harm to the interested party due to the alleged unconstitutionality is not proven. Consequently, the appeal is rejected outright.
I concur with the majority vote in that the appeal must be rejected outright. However, I believe it is necessary to emphasize that in the sub lite case, the plaintiff brings the amparo appeal on behalf of the company Banca Promérica S.A. Of importance for the specific case, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 at 9:30 on February 12, 2019, I held:
“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons can exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, for this to be protectable before the inter-american system, ‘the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-american system and the legal person through whom the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal persons.
Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal person, so that such participation is substantially related to the rights alleged as violated.’” (emphasis added) (OC. 22/16). In this regard, based on what was expressed in the previous paragraph, I deem it improper that the mentioned company be protected, since the essential relationship between the natural person and the legal person, regarding the allegedly aggrieved right, was not established.
(…)
THEREFORE:
The appeal is rejected outright. Judge Rueda Leal records specific reasons.” Likewise, this Chamber notes that within the amparo appeal No. 20-13230-0007-CO, on August 12, 2020, a motion for clarification and supplementation was filed; however, this motion does not modify the outright rejection status of the case file. Therefore, since the cited amparo appeal has been declared inadmissible, it cannot be considered a suitable means to serve as a basis for this unconstitutionality action, under the terms of the cited Article 75 of the Law governing this jurisdiction.
IV.Now then, regarding the alleged second and third standing criteria, through which the plaintiff seeks to substantiate the possibility of bringing a direct action, this Constitutional Court considers that they are equally improper. Thus, in the filing brief, as a second criterion, the plaintiff alleges that “[t]his unconstitutionality action is admissible, furthermore, because it defends direct interests of the plaintiff companies and natural persons, which are manifested in the unconstitutional effect that these articles of Law 7472 will cause against their constitutional rights. / For this reason, the requirement that the unconstitutionality action be duly substantiated and reasoned is met. / But, in addition, the requirement of demonstrating that there is an individual and direct injury caused by these rules is met, which materializes as harm or a direct interest that the plaintiff companies and natural persons would suffer from the application of these challenged new articles of Law 7472. / In this case, the application of the challenged rules does cause an individual and direct injury to the right to freedom of contract, enterprise, commerce, and privacy. Therefore, there is a causal relationship between the base judicial process and the outcome of this unconstitutionality action.”
In this regard, it should be noted that Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, second paragraph, provides that “[t]he prior case pending resolution shall not be necessary when by the nature of the matter there is no individual and direct injury,” a contrario sensu, given that in this specific case, as the plaintiff himself affirms, the challenged rules could affect persons individually and directly, it is necessary, as a requirement for filing this action, that there exist a prior matter, whether in a judicial or administrative avenue, where the interested party has invoked the unconstitutionality alleged here, as a reasonable means of protecting the right or interest he deems violated in the base proceeding. Despite the foregoing, in this case, the plaintiff only mentions as a base matter the amparo appeal No. 20-013230-0007-CO, which, as explained in the previous considering clause, was declared inadmissible by this Chamber and consequently is not a suitable proceeding to support this action. Therefore, equally, the criterion of standing alleged here by the actor is improper.
V.Finally, regarding the third standing criterion, the plaintiff states the following: “[t]he third criterion of standing is the defense of diffuse interests, because the number of people affected by the rules of Law 9859—companies and clients—is undetermined at this moment, but is determinable. That is, it does not involve the universe of people inhabiting this country, but rather a group identified as the persons and companies engaged in credit activity, their thousands of clients, and their employees. It is a finite number of natural and legal persons not legally organized. / Furthermore, diffuse interests concerning the financial community are defended, such as the defense of freedom of contract, the right to commerce and industry, the right of access to credit, the right of consumers to credit and equal treatment, and the right to work of the dozens of employees who would become unemployed; all rights protected by our Political Constitution, Articles 1, 28 second paragraph, 45, and 46. / The Law being challenged directly affects the rights of companies and their clients. It is a self-executing, self-applicable norm that needs no other to be effective. It is already being applied and is causing direct harm. For that reason, companies have active procedural standing to bring the Direct Unconstitutionality Action.”
In the face of such an allegation, it must be indicated that this Chamber has been clarifying in its jurisprudence the scope and content of diffuse interests and has stated, to that effect, in judgment No. 2019-018932 at 12:50 p.m. on October 2, 2019, the following:
“I.- On the admissibility of the action. Numeral 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the standing parameters for subjects coming in an unconstitutionality action before this Chamber. In the sub iudice case, standing is raised based on the existence of diffuse interests. In this regard, in judgment No. 2017-002375 at 10:40 a.m. on February 15, 2017, this Court explained:
“The content of this concept has been gradually shaped by the Chamber and could be summarized in the terms used in Judgment of this Court, No. 03750-93, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, in which it was said:
‘...Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests: neither so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It therefore involves individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer actual or potential harm, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them.
That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—being common to a generality—and individual, so they can be claimed in that capacity.’ In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union arises from a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is spread out, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2, of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect him as such. This Chamber has enumerated various rights that it has given the qualifier of ‘diffuse,’ such as the environment, cultural heritage, the defense of the territorial integrity of the country, and the proper management of public spending, among others.
In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests (intereses difusos), since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; thus, an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or places at grave risk the natural heritage of the entire country and even of humanity. Likewise, the defense of the proper management of public funds authorized in the National Budget (Presupuesto de la República) is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is no more than a simple description inherent in its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible to understand in any way that only those interests that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse interests.
If that were the case, it would imply an undesirable turn in the scope of the Rule of Law (Estado de Derecho) and its correlative "State of Rights" (Estado de derechos), which—as in the Costa Rican model—is based on the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to legal goods (bienes jurídicos) whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a matter of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests, as this would imply the acceptance of the popular action (acción popular), not possible in this avenue, but rather that every individual may act in defense of goods that affect the entire national community, without it being valid in this field to attempt any effort at an exhaustive enumeration (see in this same sense Judgment of this Chamber No. 2001-07391, of 4:07 p.m. on August 14, 2001).” In the sub iudice, the Chamber considers that the petitioner files this constitutional process in protection of diffuse interests, to the extent that the transparency and publicity of the legislative procedure constitutes a legitimate interest which, beyond any individual consideration, forms part of the defense of the citizenry, with a purpose that satisfies a need of society as such, transcendent to that of a human being individually or collectively considered.
In this sense, a quality of the diffuse interest is that its affectation is general—that is, it impacts an entire population or broad sectors thereof—within a context in which it is not required that the harmed subjects know each other (they may even lack any nexus or legal relationships among themselves), but the presence of the same situation of damage or danger to a constitutional good that, equally and without any need for individualization, encompasses and agglomerates an entire society in the abstract is required.” Based on the foregoing considerations, in the judgment of this Constitutional Court, such interest is not verified in this case. The petitioner seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if his intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, such that one would actually be in the presence of a potential corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as grounds for his standing (legitimación).
Second, he cannot seek to act in defense of the diffuse interests of clients, because according to the aforementioned judgment “(…) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons who are not formally organized, but whose union is produced on the basis of a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under the protection of paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect him as such (…)” (the underlining does not correspond to the original). Consequently, in this case the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that he does not hold said interest, given that he acts in his capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon confirming that the petitioner lacks active standing (legitimación activa), this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) is inadmissible.
Based on the foregoing, the action is rejected outright (rechazo de plano), as is hereby ordered. Judge Hernández López dissents and orders the action to proceed.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Electronic Case File Regulation for the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The action is rejected outright. Judge Hernández López dissents and orders the action to proceed.
Fernando Castillo V.
Acting Presiding Judge (Presidente a.i.)
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Dissenting Vote of Judge Hernández López I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and, as such, can be directly brought by the companies or clients who are affected by a given regulation. In this sense, I believe the petitioner is correct in indicating that Law No. 9859 affects a group of companies and clients in the financial sector, affecting, among others, the right of access to credit. In this sense, no underlying case (juicio base) is needed to file the action in accordance with Article 75, second paragraph of the Constitutional Jurisdiction Law, since any person, whether affected or not, can directly bring an action in defense of a diffuse interest, and the Constitutional Chamber has recognized that the defense of consumer rights qualifies as such, reason for which I believe this action must proceed and be examined on its merits.
Nancy Hernández L. Judge Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 2026-05-09 09:56:19.
Control constitucional: Rechazo de plano Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:
NO APLICA.
016086-20. COMERCIO. LEY DE USURA. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 36 BIS, 36 TER, párrafos 2), 3), 5), 7) 8) y 9), 53 párrafos 5) y 6) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley No. 9859, publicada en la Gaceta No. 147 de 20 de junio de 2020. Parte dispositiva: Se rechaza de plano la acción. La magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
CO05/22 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES DIFUSOS. “…El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos.
En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima…” CO05/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:
NO APLICA.
Voto salvado de la Magistrada Hernández López Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa. En ese sentido estimo que lleva razón el accionante al indicar que la Ley n° 9859 afecta a un grupo de empresas y los clientes, del sector financiero, afectando entre otros, el derecho de acceso al crédito. En ese sentido no necesita de un juicio base para formular la acción de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que cualquier persona, afectada o no, puede accionar directamente en defensa de un interés difuso y la Sala Constitucional ha reconocido que la defensa de los derechos de los consumidores, califica como tal, razón por la cual estimo que esta acción debe ser cursada y analizada por el fondo.
CO05/22 ... Ver más 1 Res. Nº 2020-016086 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y veintiún minutos del veintiséis de agosto de dos mil vente.
Acción de inconstitucionalidad promovida por LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, cédula de identidad n° 1-0780-0448, representante del BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica n° 3-101-127487, contra los artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; artículo 36 ter, párrafos quinto y sexto; y el artículo 53, inciso g); todos de la Ley n° 7472, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley n° 9859, publicada en el alcance n° 150 de La Gaceta n° 147 del 20 de junio de 2020.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante Sentencia n° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:
“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
En el caso en estudio, el accionante alega tres criterios para fundamentar su legitimación: primero, dice ostentar legitimación indirecta o incidental, pues señala que “[e]l asunto judicial principal que es un recurso de amparo presentado hoy día 24 de junio de 2020 ante esta Sala Constitucional”. Luego de consultar el Sistema de Gestión de este Tribunal, se constata que el recurso de amparo fue interpuesto el 24 de julio de 2020 y se tramita bajo el expediente judicial n° 20-013230-0007-CO. Segundo, indica que esta acción es admisible, por cuando defiende intereses directos de las empresas y personas físicas, pues afirma que se cumple con el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas. Tercero, señala que acude en defensa de los intereses difusos de las empresas y clientes afectados con la normativa impugnada. No obstante, en criterio de este Tribunal Constitucional, esta acción resulta inadmisible, toda vez que la parte accionante carece de legitimación, tanto en forma incidental como directa, para interponer este proceso, por las razones que a continuación se exponen.
III.Respecto al primer criterio de legitimación alegado por el gestionante, sea la acción incidental o indirecta, este menciona como asunto base un recurso de amparo interpuesto ante esta Sala. Debe reiterarse, por tanto, que el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional presupone, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, que bien puede ser un recurso de amparo, en el que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado; sin embargo, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que cuando el asunto base en que se apoya la presentación de una acción de inconstitucionalidad es un recurso de amparo, este debe ser, a su vez, admisible. Respecto a este punto, en sentencia n° 2004-94 de las 15:15 horas del 27 de abril de 1994, este Tribunal indicó lo siguiente:
“(...) Por otra parte, la Sala no puede dejar de advertir la situación concreta planteada en el recurso, específicamente en lo que se refiere a la posibilidad que otorga el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, debiendo indicarse que para estos casos es absolutamente necesario que éstos sean admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el que estén de por medio no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución hayan de aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ello no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de inconstitucionalidad, pues ello implicaría reconocer, por esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades se ha sido rechazado, tanto en la doctrina especializada, como la propia Jurisprudencia de esta Sala.” (Criterio reafirmado -entre otras- en sentencias números 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96 y 5268-96).
En este caso concreto, el amparo a que hace referencia el accionante es el expediente n° 20-013230-0007-CO, el cual fue rechazado de plano mediante sentencia n° 2020-014853 de las 09:15 horas del 7 de agosto de 2020, con sustento en el siguiente orden de consideraciones:
“I.- OBJETO DEL AMPARO. La parte recurrente solicita a este Tribunal, se declare la nulidad del acta de Sesión Nº 5943-2020 del 24 de junio de 2020, dictado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y del oficio DMOF-447-20, dictado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como la inconstitucionalidad de los párrafos primero y noveno del artículo 36 bis, la Ley N° 7472 en cuanto otorgan efecto retroactivo a toda la Ley N° 9859 en contra de los contratos de crédito vigentes.
En el sub lite, lo expuesto por la parte accionante no se relaciona con una vulneración directa a derecho fundamental alguno, por lo que excede el ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, el accionante se limita a mencionar, en forma genérica, las razones por las cuales considera que la Ley N° 9859, denominada “Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, resulta contraria al derecho de la Constitución. Al respecto, se aclara al recurrente que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la correcta interpretación de la Ley de cita, ni revisar la forma en que debe aplicarse el período de computación de intereses. Resulta oportuno indicar que el caso se circunscribe dentro de las previsiones del artículo 30, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuyo texto impide a la Sala conocer recursos de amparo en contra de leyes y de otras disposiciones de carácter general, a excepción de que el tema se plantee junto con el reclamo de actos de aplicación individual y ello solo con el fin de que se otorgue plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad respectiva.
En este caso, en cambio, cabe señalar que el asunto tampoco se enmarca en los casos de excepción, pues no se comprueba la existencia de alguna afectación concreta al interesado por la supuesta inconstitucionalidad. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso.
Coincido con el voto de mayoría en cuanto a que se debe rechazar de plano el recurso. Sin embargo, estimo oportuno enfatizar en que en el sub lite, el accionante plantea el recurso de amparo a favor de la sociedad Banca Promérica S.A.. De importancia para el caso concreto, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”. Al respecto, partiendo de lo externado en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la sociedad mencionada, pues no se estableció la relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, en cuanto al derecho presuntamente agraviado.
(…)
POR TANTO:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones particulares”.
Asimismo, advierte esta Sala que dentro del recurso de amparo n° 20-13230-0007-CO, el 12 de agosto de 2020 se interpuso una gestión de aclaración y adición; no obstante, esta gestión no modifica el estado de rechazo de plano del expediente. Por ende, al haberse declarado inadmisible el citado recurso de amparo, este no puede estimarse como medio idóneo para servir de base en esta acción de inconstitucionalidad, en los términos del citado artículo 75 de la Ley que rige esta jurisdicción.
IV.Ahora bien, respecto a los alegados criterios de legitimación segundo y tercero, mediante los cuales el accionante pretende fundamentar la posibilidad de accionar en forma directa, considera este Tribunal Constitucional que resultan igualmente improcedentes. Así, en el escrito de interposición, como segundo criterio, el accionante alega que “[e]sta acción de inconstitucionalidad es admisible, además, por cuanto defiende intereses directos de las empresas y personas físicas actores, que se manifiestan en el efecto inconstitucional que causarán esos artículos de la ley 7472 en contra de sus derechos constitucionales. / Por esto, se cumple el requisito de estar debidamente fundamentada y motivada la acción de inconstitucionalidad. / Pero, además, se cumple el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas, que se concreta como un daño o interés directo que sufrirían las empresas y personas físicas actores por la aplicación de esos nuevos artículos de la ley 7472 impugnados. / En este caso, la aplicación de las normas atacadas sí causa una lesión individual y directa al derecho a la libertad de contratación, de empresa, de comercio, a la privacidad. Por ello existe una relación causal entre el proceso judicial base y el resultado de esta acción de inconstitucionalidad”.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, dispone que “[n]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa”, a contrario sensu, dado que en este caso concreto, como el mismo accionante afirma, las normas impugnadas podrían afectar de manera individual y directa a las personas, es necesario, como requisito para interponer esta acción, que exista un asunto previo, sea en vía judicial o administrativa, donde el interesado haya invocado la inconstitucionalidad aquí alegada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que estima vulnerado en el proceso base. Pese a lo anterior, en este caso, el accionante únicamente menciona como asunto base el recurso de amparo n° 20-013230-0007-CO, el cual, como se explicó en el considerando anterior, fue declarado inadmisible por esta Sala y en consecuencia no es un proceso idóneo para sostener esta acción. Por ende, igualmente, resulta improcedente el criterio de legitimación aquí alegado por el actor.
V.Finalmente, en cuanto al tercer criterio de legitimación, el accionante manifiesta lo siguiente: “[e]l tercer criterio de legitimación es la defensa de intereses difusos, porque el número de personas afectadas por las normas de la ley 9859 -las empresas y los clientes-, es indeterminado en este momento, pero es determinable. Es decir, no se trata del universo de las personas que habitan este país, sino de un grupo identificado como las personas y empresas que se dedican a la actividad de créditos, sus miles de clientes y sus empleados. Es un número finito de personas físicas y jurídicas no organizadas jurídicamente. / Además, se defienden intereses difusos que atañen a la colectividad de las finanzas, como lo es la defensa de la libertad de contratación, el derecho al comercio y a la industria, el derecho de acceso al crédito, el derecho de los consumidores al crédito y al trato igualitario y el derecho al trabajo de las decenas de empleados que quedarían desempleados; derechos todos protegidos por nuestra Constitución Política, artículos 1, 28 prf. segundo, 45 y 46. / La Ley que se impugna afecta de manera directa los derechos de las empresas y de sus clientes.
Es una norma auto-ejecutiva, auto-aplicativa, (self executing), que no necesita ninguna otra para ser eficaz. Ya se está aplicando y está causando daño directamente. Por ese motivo, las empresas tienen legitimación procesal activa para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Directa”.
Ante tal alegato, debe indicarse que esta Sala ha venido precisando en su jurisprudencia el alcance y contenido de los intereses difusos y ha señalado, al efecto, en la sentencia n° 2019-018932 de las 12:50 horas del 2 de octubre de 2019, lo siguiente:
“I.- Sobre la admisibilidad de la acción. El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los parámetros de legitimación para los sujetos que acudan en acción de inconstitucionalidad ante esta Sala. En el sub iudice, la legitimación es planteada a partir de la existencia de intereses difusos. Al respecto, en la sentencia n.° 2017-002375 de las 10:40 horas del 15 de febrero de 2017, este Tribunal explicó:
“El contenido de este concepto ha sido delineado paulatinamente por parte de la Sala y podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia de este Tribunal, N° 03750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 en la que se dijo:
"...Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales. pero a la vez. diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez. de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter'.
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.
Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de esta; así, un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e, incluso, de la humanidad. De igual forma, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados intereses difusos los que la Sala expresamente haya reconocido como tales.
Si así fuera, ello implicará dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que estas subyacen a la misma condición humana y no requieren, por ende, de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2o, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, habla de intereses" que atañen a la colectividad en su conjunto se refiere a los bienes jurídicos cuya titularidad reposa en los mismos detentares de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata, por ende, de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses, pues ello implicaría la aceptación de la acción popular, no posible en esta vía, sino que todo individuo puede actuar en defensa de los bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa (ver en este mismo sentido la Sentencia de esta Sala N° 2001-07391, de las 16:07 horas del 14 de agosto de 2001).” En el sub iudice, la Sala considera que el accionante interpone este proceso de constitucionalidad en protección de intereses difusos, en la medida que la transparencia y publicidad del procedimiento legislativo constituye un interés legítimo, que, allende de alguna consideración individual, forma parte de la defensa de la ciudadanía, con una finalidad que satisface una necesidad de la sociedad como tal, trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado.
En este sentido, una cualidad del interés difuso consiste en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto”.
Con base en las consideraciones anteriores, en criterio de este Tribunal Constitucional, dicho interés no se verifica en este caso. El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos.
En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
Con base en lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone. La Magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza de plano la acción. La magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Voto salvado de la Magistrada Hernández López Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa. En ese sentido estimo que lleva razón el accionante al indicar que la Ley n° 9859 afecta a un grupo de empresas y los clientes, del sector financiero, afectando entre otros, el derecho de acceso al crédito. En ese sentido no necesita de un juicio base para formular la acción de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que cualquier persona, afectada o no, puede accionar directamente en defensa de un interés difuso y la Sala Constitucional ha reconocido que la defensa de los derechos de los consumidores, califica como tal, razón por la cual estimo que esta acción debe ser cursada y analizada por el fondo.
Nancy Hernández L.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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