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Res. 16086-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/08/2020
OutcomeResultado
The Court summarily rejected the action for lack of standing: a bank acting as representative of a private legal entity cannot invoke diffuse interests to challenge interest rate caps, neither on behalf of financial institutions—whose interest is corporate—nor on behalf of its consumer clients.La Sala rechazó de plano la acción por falta de legitimación activa: un banco que actúa como representante de una persona jurídica privada no puede invocar intereses difusos para impugnar topes de tasa de interés ni en nombre de entidades financieras —cuyo interés es corporativo— ni en nombre de sus clientes consumidores.
SummaryResumen
The Sala Constitucional summarily rejected an unconstitutionality action filed by Banco Promerica against Articles 36 bis, 36 ter, and 53 of Law No. 7472, as amended by Law No. 9859, which established maximum annual interest rate caps for credit and microcredit. The bank alleged violations of the principles of reasonableness, equality, and non-retroactivity (Art. 34 of the Constitution), as well as harm to consumers excluded from the financial system. The Court found the action inadmissible for lack of standing: the bank could not invoke diffuse interests on behalf of financial institutions—an organized, easily identifiable collective whose interest is corporate rather than diffuse—nor on behalf of its own clients, since it was acting as the representative of a private legal entity. Magistrate Hernández López dissented, arguing that consumer rights protection does qualify as a diffuse interest enabling a direct action without a predicate case.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Banco Promerica contra los artículos 36 bis, 36 ter y 53 de la Ley n.° 7472, reformados por la Ley n.° 9859, que impuso topes máximos de tasa de interés para créditos y microcréditos. El banco alegó violaciones a los principios de razonabilidad, igualdad e irretroactividad (Art. 34 constitucional), así como afectación a consumidores excluidos del sistema financiero. La Sala declaró la acción inadmisible por falta de legitimación activa: el banco no podía invocar intereses difusos en nombre de entidades financieras —colectivo organizado e identificable cuyo interés es corporativo, no difuso— ni en nombre de sus propios clientes, pues actuaba como representante de una persona jurídica privada. La magistrada Hernández López salvó el voto, argumentando que la defensa de derechos de los consumidores sí constituye un interés difuso que habilita la acción directa sin juicio base.
Key excerptExtracto clave
In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people that are not formally organized, but whose union arises from a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted among an unidentified plurality of subjects. The petitioner seeks to defend a supposed diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged rules, which is improper: first, because if the intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, so that what would actually be present is a possible corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as grounds for standing. Second, the petitioner cannot claim to act in defense of the clients' diffuse interests, since any challenge brought by a member of such a sector under Article 75, paragraph 2, must necessarily refer to provisions that affect that person as such. Consequently, in this case the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that the petitioner does not hold such an interest, given that the action is filed in the capacity of representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon finding that the petitioner lacks standing, this unconstitutionality action is inadmissible.En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
Pull quotesCitas destacadas
"Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados."
"Diffuse interests, though difficult to define and even more difficult to identify, cannot under our law—as this Court has already held—be merely collective interests: neither so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that specific persons or organized groups become identified or easily identifiable in relation to them."
Considerando V — cita de Sentencia N° 03750-93
"Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados."
Considerando V — cita de Sentencia N° 03750-93
"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
"The petitioner seeks to defend a supposed diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged rules, which is improper: first, because if the intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, meaning that what would actually be present is a possible corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as grounds for standing."
Considerando V — ratio decidendi sobre legitimación
"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
Considerando V — ratio decidendi sobre legitimación
"Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible."
"Therefore, upon finding that the petitioner lacks standing, this unconstitutionality action is inadmissible."
Considerando V — conclusión
"Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible."
Considerando V — conclusión
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
"I respectfully dissent from the majority opinion, considering that the action is admissible, because according to consistent constitutional jurisprudence, the protection of consumer rights constitutes a diffuse interest and, as such, may be directly invoked by companies or clients affected by a given rule."
Voto salvado — Magistrada Hernández López
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
Voto salvado — Magistrada Hernández López
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Document Review 1 Res. Nº 2020-016086 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and twenty-one minutes on the twenty-sixth of August, two thousand twenty.
Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, identity card no. 1-0780-0448, representative of BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101-127487, against Articles 36 bis, second, third, fifth, seventh, eighth, and ninth paragraphs; Article 36 ter, fifth and sixth paragraphs; and Article 53, subsection g); all of Ley n° 7472, known as the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor of December 20, 1994, as amended by Ley n° 9859, published in supplement n° 150 of La Gaceta n° 147 of June 20, 2020.
RECITALS:
It alleges that Article 36 bis of Ley n° 7472, as amended, provides in its first paragraph as follows: "The maximum annual interest rate (tasa anual máxima de interés) that natural persons (personas físicas) or legal entities (personas jurídicas) granting financing to a third party may charge for financial, commercial, and microcredit (microcrédito) operations must conform to the limits established in this article…". This means that, as of Saturday, June 20, 2020, all contracts in force (contratos vigentes) and in full execution were required to adjust their interest rates immediately to the limits defined therein. The provision contains no exception for contracts perfected under prior legislation, because every contract "must conform to the limits established in this article." It also provides that the new maximum annual interest rate applies to every "contract, business transaction, or transaction." The terms "business transaction" and "transaction" enabled MEIC to interpret that a future installment under a contract or transaction in force is affected by the new law, and that the interest rate for future installments under the same contract in force must be modified immediately.
It notes that in the ninth paragraph, the provision imposed an additional limit on contracts in force. That rule states: "All natural persons or legal entities granting financing to third parties are prohibited from incorporating into the interest rate any costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law. The following shall not be considered part of the interest rate: i) charges for the demonstrable performance of an administrative collection (cobranza administrativa) action, which may not in any case exceed an amount equivalent to five percent (5%) of the portion of the payment toward principal (abono al principal) that is in arrears, and which may never exceed the amount of twelve United States dollars ($12), it being understood that this penalty shall apply as of the fifth day of delay and may not be applied more than once per month. Any other charge, financial cost, or commission, whether or not denominated as an interest rate in the contracts, shall be considered part of the interest rate of the transaction." It alleges that, in this case, the provision makes no distinction between contracts in force and future contracts, so the Costa Rican authorities interpreted it as a retroactive provision.
In addition to the foregoing, the Transitional Provision (Transitorio) of the Law states: "TRANSITIONAL PROVISION. The Banco Central de Costa Rica (BCCR) must carry out the first fixing for the maximum annual rate on all types of credit and for microcredit in the first week of the month of January or July following the entry into force of this law. In order to calculate the simple average (promedio simple) of the weighted average (promedio ponderado) of the last twelve months of the negotiated active lending rate (tasa de interés activa negociada) of the Other Deposit-Taking Institutions (Otras Sociedades de Depósito) group, for the purpose of conducting the first fixing of both rates, the BCCR shall use the average rates for the twelve months preceding the first week of the month of January or July, as applicable." However, this transitional provision does not establish that the new interest rate shall be prospective.
If the BCCR published the new interest rates on July 3, 2020, it must be understood that the following semester will begin on January 1, 2021, which is the subsequent semester. The uncertainty created by this law is not resolved by the final statement that it "takes effect upon its publication," because that may be understood to mean that its retroactive effect occurs once it is published — since the law did not define whether, upon its entry into force, it would produce a retroactive effect against consolidated legal situations (situaciones jurídicas consolidadas).
It contends that proof of the retroactive effect of this law against contracts in force is the response that the Ministry of Economy (Ministerio de Economía) gave to the Asociación Bancaria Costarricense, of which Banco Promerica is a member. It submits that the Ministry clearly stated that all operators of the financial system must immediately adjust their interest rates to comply with the new law — a position that granted the law a fully negative retroactive effect against contracts in force. It alleges that it is beyond dispute that, in MEIC's view, the law is retroactive as against contracts in force. And since the law assigns special powers to MEIC and SUGEF to report practices contrary to this law, and assigns them the function of reporting violations of the law to the Ministerio Público, it considers it evident that these paragraphs of the law are null and void on grounds of unconstitutionality.
It contends that the managers and representatives of the company are already at risk of being reported through criminal channels and of suffering a prison sentence as a result of the retroactive application of the law. However, the Constitución Política does not permit such negative retroactive effect under Article 34, because it protects vested rights (derechos adquiridos) and consolidated legal situations. Based on the foregoing, it requests that the first and ninth paragraphs of Article 36 bis of Ley n° 7472 be declared unconstitutional, insofar as they grant retroactive effect to the entirety of Ley n° 9859 against existing credit contracts in force. As a subsidiary petition, it requests that an interpretive judgment be issued declaring, in unequivocal terms, that none of the rules of Ley n° 9859 may be applied retroactively against contracts in force through their termination, under the conditions agreed upon by the parties.
Furthermore, it states that it challenges the eighth paragraph of Article 36 bis of Ley n° 7472, as amended by Ley n° 9859, the text of which reads as follows: "All natural persons or legal entities granting financing to third parties are prohibited from incorporating into the interest rate any costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law. The following shall not be considered part of the interest rate: i) charges for the demonstrable performance of an administrative collection action, which may not in any case exceed an amount equivalent to five percent (5%) of the portion of the payment toward principal that is in arrears, and which may never exceed the amount of twelve United States dollars ($12), it being understood that this penalty shall apply as of the fifth day of delay and may not be applied more than once per month. Any other charge, financial cost, or commission, whether or not denominated as an interest rate in the contracts, shall be considered part of the interest rate of the transaction." It explains that there are four issues being challenged: A) the prohibition on incorporating into the interest rate any costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law.
It explains that in a prior version, the bill excluded insurance from the components making up the interest rate, but that exclusion was removed in the final version. For that reason, insurance must today be included among the components of the interest rate. This created a very serious legal problem, because SUGEF requires banks to obtain insurance coverage for each credit facility on behalf of their clients. It indicates that, indeed, SUGEF requires banks to insure each of their credit facilities. These are not voluntary insurance policies, so that apart from the legal conflict this generated, it compels the inclusion of mandatory credit insurance in the interest rate. Voluntary insurance policies were likewise included in the interest rate, meaning that banks and other companies in the financial sector will no longer be able to offer their clients an additional voluntary insurance policy for their credit.
However, SUGEF requires mandatory insurance for every credit facility, making the effect even more serious because these are not voluntary insurance policies. Consequently, in its view, this provision is contrary to the freedom of contract (libertad de contratación) protected by Articles 28(2), 45, and 46 of the Constitución Política, by limiting and preventing a natural person or a legal entity from freely contracting these other additional services — which are distinct from the interest rate on a credit facility.
Furthermore, it alleges that the challenged provision imposes on all Costa Ricans an additional grace period for payment, over and above the 30-day period agreed upon between the parties. Even when a bank, a financial company, an appliance store, a pawnshop, a cooperative, a solidarist association (asociación solidarista), or a savings-and-credit fund establishes mandatory payment periods with the client, the law has imposed an additional 5-day grace period under the contract, which prevents the creditor from charging default interest (intereses moratorios) or collection expenses. It considers this to be an openly unconstitutional imposition because it serves no purpose. The bill did not explain the origin of this rule, nor the compelling reason grounded in the need to protect consumer interests that would justify it. If default interest — which is a financial charge — is prohibited, and if charging a collection expense during the first five days is also prohibited, a loss has been imposed on creditors in a manner that is openly arbitrary and invasive of freedom of contract.
Overdraft (sobregiro) fees, cash-withdrawal fees, disbursement fees, extra-financing fees, and account-administration fees are not related to the interest rate. They are charges for other services that the law no longer permits to be collected. However, it notes that this prohibition makes no sense because the credit issuer offers the client these other complementary services, such as the ability to overdraw, the ability to withdraw cash, the ability to charge public utility payments to the account, and the ability to charge insurance premiums to the account. None of these complementary services exists in a standard credit facility, because the person receives the funds by check, by deposit into a checking account, or through direct payment to a creditor. There is no possibility of withdrawing cash, making payments from that credit account, or charging public utility bills or insurance to that credit.
The provision limited administrative collection charges to the equivalent amount "of five percent (5%) of the portion of the payment toward principal that is in arrears," and to no more than twelve United States dollars ($12). For the same reasons set forth above, it considers this imposition to be arbitrary for lack of explanations and technical justification. It views this as an abusive criterion that interferes with freedom of commerce and freedom of contract.
The next provision challenged is paragraph (g) of Article 53 of Ley n° 7472, as recently amended by Ley n° 9859. That provision reads as follows: "Article 53 — Powers of the Comisión Nacional del Consumidor. The Comisión Nacional del Consumidor shall have the following powers: (…) g) To approve the standard-form contract (contrato tipo) proposals that financial service providers present to credit applicants, in order to eliminate abusive clauses (cláusulas abusivas), understood as those that exceed the limits established in Article 36 bis of this law. (…)." It states that the Constitución Política protects the right to engage in commerce, agriculture, and industry, and to that end protects the right to contract — Articles 28(2), 45, and 46. Likewise, the establishment of an effective legal system for consumer protection (Article 46), which expressly recognizes fundamental rights, also protects the specific mechanisms that allow those rights to be effectively enforced, such as the contract. It argues that, in contravention of these rights, Article 53, paragraph (g) of Ley n° 7472 permits State intervention in a private area, namely the content of commercial contracts.
In this regard, the provision constitutes a clear intervention by the State in the internal private management of a company, because it compels companies to submit all of their stipulations in a commercial contract to prior authorization, so that those stipulations may be freely modified by a public body. The Poder Judicial is thereby displaced from its function of reviewing private contract law. The provision established no objective criterion for qualifying abusive clauses (cláusulas abusivas), but instead leaves the Comisión Nacional del Consumidor free to arbitrarily classify as abusive any clauses it deems appropriate. These may include rules relating to the term of the credit, default interest (intereses moratorios), means of payment, criteria for determining contractual breach, dispute-resolution mechanisms, litigation costs, and so forth. There is no adequate proportionality between the objectives pursued by the provision and the degree of restriction that the business owner must bear.
Because, rather than limiting itself to allowing the Comisión Nacional del Consumidor to verify the interest rate that will govern each semester, the provision intervenes in the contract as a whole. This is not a restriction tied to the maximum interest rate; it is an abuse of power permitted by the provision, operating against the freedom of contract (libertad de contratación) of the parties. Furthermore, the freedom to design each type of contract—according to each company's capacity and its own efforts to draft contracts in accordance with best market practices—is not permitted. The provision instead limits the right to differentiation, and to competition through the diversity and quality of contracts. Consequently, it is contrary to the Constitución Política to compel all banks, finance companies, cooperatives, solidarist associations, mutual savings institutions, and savings-and-credit funds to submit the entirety of their contracts to prior approval (homologación previa) by a state body, without objective rules and without limits of any kind.
For this reason, the petitioner requests that said subsection be declared null on grounds of unconstitutionality. On the basis of the legal considerations set forth, the petitioner requests that the judgment declare the nullity by unconstitutionality of the articles challenged herein. Should the Sala Constitucional find them valid, the petitioner requests that a conforming interpretation be issued that eliminates the unconstitutional effect of the provision, as has been requested. As a subsidiary petition, the petitioner requests that an interpretive ruling (sentencia interpretativa) be issued to the effect of declaring, in an unquestionable manner, that none of the rules of Ley n° 9859 may be applied retroactively against contracts in force, up until their termination, with respect to the conditions agreed upon between the parties.
Written by Magistrado Castillo Víquez; and,
CONSIDERING:
This Chamber has consistently held that the action of unconstitutionality is a proceeding with specific formalities that, if not met, preclude a ruling on the merits of the matter. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admissibility requirements for actions of unconstitutionality and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter to be resolved, whether in a judicial forum (sede judicial) —including habeas corpus or amparo appeals— or in an administrative forum —in the procedure for exhausting administrative remedies, that is, the administrative challenge procedure against the final act— in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to be harmed in the principal matter. The second and third paragraphs regulate the direct action —where no underlying matter is required— in the following circumstances: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm; b) when the defense of diffuse interests or those affecting the community as a whole is at stake; and c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes. Regarding the requirement of a pending matter to be resolved, this Chamber, in Sentencia n° 04190-95 of 11:33 hours on July 28, 1995, stated the following:
"(…) In the first place, this is a proceeding of an incidental nature, and not a direct or popular action, meaning that the existence of a pending matter to be resolved —whether before the courts of justice or in the procedure for exhausting administrative remedies— is required in order to access the constitutional forum, but in such a way that the action constitutes a reasonable means of protecting the right considered to be harmed in the principal matter, so that what is decided by the Constitutional Court has a positive or negative impact on that pending proceeding, since it rules on the constitutionality of the provisions to be applied in that matter; and it is only by exception that the legislation permits direct access to this forum —the conditions set forth in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)." Likewise, there are other formalities that must be met, namely: the filing brief must be authenticated and must contain an explicit identification of the contested legal provisions, duly supported, with a specific citation of the elements of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) that are considered to have been infringed (Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Additionally, the conditions of standing (legitimación) must be demonstrated (powers of attorney and certifications), payment of the bar association stamp (timbre del Colegio de Abogados) must be made, and a certified literal copy (certificación literal) of the brief in which the unconstitutionality of the contested provisions was invoked in the underlying case must be provided (Article 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).
In the case under study, the petitioner (accionante) alleges three criteria to support his standing: first, he claims to hold indirect or incidental standing (legitimación indirecta o incidental), stating that "[t]he main judicial matter is a writ of amparo (recurso de amparo) filed today, June 24, 2020, before this Sala Constitucional." Upon consulting the Case Management System of this Court, it is confirmed that the writ of amparo was filed on July 24, 2020, and is being processed under judicial case file No. 20-013230-0007-CO. Second, he indicates that this action is admissible because it defends the direct interests of the companies and natural persons involved, asserting that the requirement of demonstrating an individual and direct injury caused by those provisions has been met. Third, he states that he comes in defense of the diffuse interests (intereses difusos) of the companies and clients affected by the contested provisions. However, in the opinion of this Constitutional Court, this action is inadmissible, given that the petitioning party lacks standing, both in incidental and direct form, to bring this proceeding, for the reasons set forth below.
III.Regarding the first standing criterion alleged by the moving party (gestionante), namely the incidental or indirect action, he cites as the underlying case (asunto base) a writ of amparo filed before this Sala Constitucional. It must therefore be reiterated that Article 75, first paragraph, in fine, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional presupposes, for purposes of the admissibility of an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) through the incidental route—such as the present one—the existence of a pending main case awaiting resolution, which may well be a writ of amparo, in which the unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to have been infringed; however, this Sala Constitucional has repeatedly held that when the underlying case supporting the filing of an unconstitutionality action is a writ of amparo, the writ of amparo must itself be admissible. On this point, in ruling No. 2004-94 of 15:15 hours of April 27, 1994, this Court stated the following:
"(...) On the other hand, the Sala cannot fail to note the specific situation raised in the appeal, specifically with regard to the possibility afforded by Article 75, first paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, of filing an unconstitutionality action on the basis of a pending writ of amparo or habeas corpus before it, and it must be noted that for such cases it is absolutely necessary that these be admissible; that is, that they genuinely constitute a matter in which not only fundamental rights of persons are at stake, but also that the provisions whose unconstitutionality is sought must be applicable to their resolution; a manifestly inadmissible writ of amparo or habeas corpus does not constitute a reasonable means of protecting any right or interest, and therefore a declaration of unconstitutionality may not be sought within such proceedings, as that would imply recognizing, through that avenue, the existence in our legal system of a popular action as a standing prerequisite for access to constitutional review of legal provisions, a situation that has been repeatedly rejected, both in specialized legal doctrine and in the case law of this Sala itself." (Criterion reaffirmed—among others—in rulings Nos. 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96, and 5268-96).
In this specific case, the writ of amparo to which the petitioner refers is case file No. 20-013230-0007-CO, which was summarily dismissed (rechazado de plano) by ruling No. 2020-014853 of 09:15 hours of August 7, 2020, based on the following reasoning:
"I.- SUBJECT MATTER OF THE WRIT OF AMPARO. The petitioning party requests that this Court declare null and void the minutes of Session No. 5943-2020 of June 24, 2020, issued by the Board of Directors (Junta Directiva) of the Banco Central de Costa Rica, and official communication (oficio) DMOF-447-20, issued by the Ministerio de Economía, Industria y Comercio, as well as the unconstitutionality of the first and ninth paragraphs of Article 36 bis of Ley N° 7472, insofar as they grant retroactive effect to the entirety of Ley N° 9859 against existing credit agreements.
In the sub lite, the claims made by the petitioning party do not relate to a direct violation of any fundamental right, and therefore fall outside the scope of competence of this Sala. In effect, the petitioner limits himself to citing, in generic terms, the reasons why he considers that Ley N° 9859, entitled "Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor," is contrary to constitutional law. In this regard, it is clarified to the petitioner that it is not within the purview of this Court to determine the correct interpretation of the cited Law, nor to review how the interest accrual period should be applied. It is pertinent to note that the case falls within the provisions of Article 30, paragraph a), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, whose text prevents the Sala from hearing writs of amparo against laws and other provisions of a general nature, except where the issue is raised together with a claim against individual acts of application and only for the purpose of granting a deadline for the filing of the corresponding unconstitutionality action. In this case, however, it should be noted that the matter does not fall within the exceptions either, as no concrete harm to the interested party arising from the alleged unconstitutionality has been established. Consequently, the writ is summarily dismissed.
I concur with the majority opinion that the writ must be summarily dismissed. However, I find it appropriate to emphasize that in the sub lite, the petitioner files the writ of amparo on behalf of the company Banca Promérica S.A. Of relevance to the specific case, in the dissenting vote (voto salvado) I recorded in ruling No. 2019-2355 of 9:30 hours of February 12, 2019, I held:
"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Corte Interamericana de Derechos Humanos stated that while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact remains that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in that treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Corte Interamericana established that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not of legal entities, are effectively being protected.
Indeed, it must be proven beyond simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation relates in a substantial manner to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added)(OC. 22/16)." In this regard, based on what was stated in the preceding paragraph, I consider it inadmissible to grant protection to the aforementioned company, since the essential relationship between the natural person and the legal entity with respect to the allegedly infringed right was not established.
(…)
Por tanto:
The writ is summarily dismissed. Justice Rueda Leal records particular reasons." Likewise, this Sala Constitucional notes that within writ of amparo No. 20-13230-0007-CO, a motion for clarification and addition was filed on August 12, 2020; however, this motion does not alter the status of the summary dismissal of the case file. Therefore, given that the aforementioned writ of amparo was declared inadmissible, it cannot be considered a suitable means to serve as the basis for this unconstitutionality action, within the terms of the aforementioned Article 75 of the Law governing this jurisdiction.
IV.Regarding the alleged second and third standing criteria, through which the petitioner seeks to establish the possibility of bringing a direct action, this Constitutional Court considers them equally inadmissible. Thus, in the filing brief, as the second criterion, the petitioner alleges that "[t]his unconstitutionality action is admissible, furthermore, because it defends the direct interests of the companies and natural persons who are parties thereto, which are manifested in the unconstitutional effect that those articles of Ley 7472 will cause against their constitutional rights. / For this reason, the requirement that the unconstitutionality action be duly grounded and motivated is met. / But, additionally, the requirement of demonstrating that an individual and direct injury caused by those provisions exists is also met, which takes the form of direct harm or a direct interest that the companies and natural persons who are parties thereto would suffer from the application of those new contested articles of Ley 7472. / In this case, the application of the challenged provisions does indeed cause an individual and direct injury to the right to freedom of contract, of enterprise, of commerce, and to privacy. Therefore, a causal relationship exists between the underlying judicial proceeding and the outcome of this unconstitutionality action."
In this regard, it should be noted that Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, second paragraph, provides that "[a] prior pending case for resolution shall not be necessary when, by the nature of the matter, no individual and direct injury exists"; a contrario sensu, given that in this specific case, as the petitioner himself asserts, the contested provisions could affect persons in an individual and direct manner, it is necessary, as a requirement for filing this action, that a prior case exist, whether in judicial or administrative proceedings, in which the interested party has invoked the unconstitutionality alleged here as a reasonable means of protecting the right or interest he considers to have been violated in the underlying proceeding. Despite the foregoing, in this case, the petitioner cites only writ of amparo No. 20-013230-0007-CO as the underlying case, which, as explained in the preceding section, was declared inadmissible by this Sala Constitucional and consequently is not a suitable proceeding to support this action. Therefore, the standing criterion alleged here by the petitioner is likewise inadmissible.
V.Finally, regarding the third standing (legitimación) criterion, the petitioner (accionante) states the following: "[t]he third standing criterion is the defense of diffuse interests (intereses difusos), because the number of persons affected by the rules of ley 9859 —the companies and their clients— is indeterminate at this time, but is determinable. That is, this is not about the universe of persons inhabiting this country, but rather about a group identified as the individuals and companies engaged in the lending business, their thousands of clients, and their employees. It is a finite number of natural and legal persons not formally organized. / Furthermore, diffuse interests affecting the financial community as a whole are being defended, such as the defense of freedom of contract, the right to engage in commerce and industry, the right of access to credit, consumers' right to credit and equal treatment, and the right to work of the dozens of employees who would be left unemployed; all rights protected by our Constitución Política, artículos 1, 28 prf. segundo, 45 y 46. / The challenged law directly affects the rights of the companies and their clients.
It is a self-executing, self-operative, (self executing) norm that requires no other provision in order to be effective. It is already being applied and is causing direct harm. For this reason, the companies have active procedural standing to file a Direct Action of Unconstitutionality (Acción de Inconstitucionalidad Directa)."
In response to this argument, it must be noted that this Chamber has been refining in its jurisprudence the scope and content of diffuse interests, and has held, in this regard, in judgment (sentencia) n° 2019-018932 of 12:50 hours on October 2, 2019, the following:
"I.- On the admissibility of the action. Numeral 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional sets out the standing parameters for subjects who come before this Chamber in an action of unconstitutionality. In the sub iudice, standing is raised on the basis of the existence of diffuse interests. In this regard, in judgment n.° 2017-002375 of 10:40 hours on February 15, 2017, this Tribunal explained:
'The content of this concept has been gradually outlined by the Chamber and could be summarized in the terms used in Judgment N° 03750-93 of this Tribunal, at 15:00 hours on July 30, 1993, in which it was stated:
'...Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be—under our law, as this Chamber has already held—merely collective interests: neither so diffuse that their ownership merges with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, specific or easily identifiable individuals or personalized groups are identified, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests (interés corporativo) pertaining to a community as a whole. They are, therefore, individual interests, yet at the same time diluted within more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, consequently, suffer a harm—whether actual or potential—that is more or less equal for all; which is why it is rightly said that they are equal interests of groups found in certain circumstances, and at the same time of each member thereof.
That is to say, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—by being common to a generality—and individual, and therefore may be claimed as such.' In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons who are not formally organized, but whose union arises from a particular social need, a physical characteristic, ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. In these cases, the interest is blurred and diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In such cases, any challenge brought by a member of one of these sectors under paragraph 2°, of artículo 75, must necessarily be directed at provisions that affect him or her as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has assigned the qualifier "diffuse," such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public expenditure, among others.
In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned legal goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they relate, in principle, to matters that affect the national community and not particular groups within it; thus, environmental damage does not affect only the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or poses a serious risk to the natural heritage of the entire country and, indeed, of humanity. Likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the national budget is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not merely of any particular group among them. On the other hand, the enumeration made by the Sala Constitucional amounts to nothing more than a simple description inherent in its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to the cases submitted to it, and it cannot in any way be understood that only those interests expressly recognized by the Chamber as diffuse can be considered as such.
Were that the case, it would imply an undesirable reversal in the scope of the Rule of Law and its correlative "State of rights," which—as in the case of the Costa Rican model—proceeds from the premise that what must be expressly stated are the limits on freedoms, since these are inherent in the human condition itself and therefore require no official recognition. Finally, when paragraph 2°, of artículo 75, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, speaks of interests "affecting the community as a whole," it refers to the legal goods whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. This does not mean, therefore, that any person may come before the Sala Constitucional to protect any and all interests, for that would imply accepting a popular action (acción popular), which is not possible under this avenue; rather, every individual may act in defense of the goods that affect the entire national community, and in this area as well it is not valid to attempt any kind of exhaustive enumeration (see, in the same vein, Judgment N° 2001-07391 of this Chamber, at 16:07 hours on August 14, 2001).' In the sub iudice, the Chamber considers that the petitioner brings this constitutional proceeding in protection of diffuse interests, insofar as the transparency and publicity of the legislative procedure constitutes a legitimate interest (interés legítimo) that, beyond any individual consideration, forms part of the defense of citizenry, with a purpose that satisfies a need of society as such, transcending that of an individual human being considered individually or collectively.
In this sense, one quality of the diffuse interest is that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context where it is not required that the aggrieved subjects know one another (they could even lack any legal nexus or relationships among themselves), but it is required that there be a shared situation of harm or danger to a constitutional good that, equally and without any need for individualization, encompasses and unites an entire society in the abstract." On the basis of the foregoing considerations, in the view of this Constitutional Tribunal, such interest is not present in this case. The petitioner seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulation, which is inadmissible: first, because if the petitioner's intention is to defend the interests of banking or financial companies, those entities constitute an organized, easily identifiable collective, meaning that what would actually be at stake is a potential corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as a ground for standing.
Second, the petitioner cannot claim to act in defense of the diffuse interests of clients either, for, pursuant to the aforementioned judgment, "(…) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons who are not formally organized, but whose union arises from a particular social need, a physical characteristic, ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. In these cases, the interest is blurred and diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In such cases, any challenge brought by a member of one of these sectors under paragraph 2°, of artículo 75, must necessarily be directed at provisions that affect him or her as such (…)" (underlining not in original). Consequently, in this case the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that the petitioner does not hold such an interest, given that the petitioner acts in the capacity of representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon finding that the petitioning party lacks active standing, this action of unconstitutionality is inadmissible.
On the basis of the foregoing, the action must be rejected outright, and it is so ordered. Justice Hernández López dissents and votes to admit the action.
The parties are hereby warned that if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, artículo XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
The action is rejected outright. Justice Hernández López dissents and votes to admit the action.
Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Dissenting vote of Justice Hernández López I respectfully dissent from the majority opinion (voto de mayoría), as I consider the action to be admissible, because, in accordance with established constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest (interés difuso) and, as such, may be directly invoked by the companies or clients affected by a given regulation. In that regard, I find that the petitioner (accionante) is correct in asserting that Ley n° 9859 affects a group of companies and their clients in the financial sector, impinging upon, among other rights, the right of access to credit. Accordingly, no predicate case (juicio base) is required to bring the action pursuant to Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since any person, whether affected or not, may bring an action directly in defense of a diffuse interest; the Sala Constitucional has recognized that the defense of consumer rights qualifies as such. For that reason, I am of the view that this action must be admitted and decided on the merits.
Nancy Hernández L.
Revisión del Documento 1 Res. Nº 2020-016086 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y veintiún minutos del veintiséis de agosto de dos mil vente.
Acción de inconstitucionalidad promovida por LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, cédula de identidad n° 1-0780-0448, representante del BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica n° 3-101-127487, contra los artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; artículo 36 ter, párrafos quinto y sexto; y el artículo 53, inciso g); todos de la Ley n° 7472, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley n° 9859, publicada en el alcance n° 150 de La Gaceta n° 147 del 20 de junio de 2020.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante Sentencia n° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:
“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
En el caso en estudio, el accionante alega tres criterios para fundamentar su legitimación: primero, dice ostentar legitimación indirecta o incidental, pues señala que “[e]l asunto judicial principal que es un recurso de amparo presentado hoy día 24 de junio de 2020 ante esta Sala Constitucional”. Luego de consultar el Sistema de Gestión de este Tribunal, se constata que el recurso de amparo fue interpuesto el 24 de julio de 2020 y se tramita bajo el expediente judicial n° 20-013230-0007-CO. Segundo, indica que esta acción es admisible, por cuando defiende intereses directos de las empresas y personas físicas, pues afirma que se cumple con el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas. Tercero, señala que acude en defensa de los intereses difusos de las empresas y clientes afectados con la normativa impugnada. No obstante, en criterio de este Tribunal Constitucional, esta acción resulta inadmisible, toda vez que la parte accionante carece de legitimación, tanto en forma incidental como directa, para interponer este proceso, por las razones que a continuación se exponen.
III.Respecto al primer criterio de legitimación alegado por el gestionante, sea la acción incidental o indirecta, este menciona como asunto base un recurso de amparo interpuesto ante esta Sala. Debe reiterarse, por tanto, que el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional presupone, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, que bien puede ser un recurso de amparo, en el que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado; sin embargo, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que cuando el asunto base en que se apoya la presentación de una acción de inconstitucionalidad es un recurso de amparo, este debe ser, a su vez, admisible. Respecto a este punto, en sentencia n° 2004-94 de las 15:15 horas del 27 de abril de 1994, este Tribunal indicó lo siguiente:
“(...) Por otra parte, la Sala no puede dejar de advertir la situación concreta planteada en el recurso, específicamente en lo que se refiere a la posibilidad que otorga el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, debiendo indicarse que para estos casos es absolutamente necesario que éstos sean admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el que estén de por medio no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución hayan de aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ello no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de inconstitucionalidad, pues ello implicaría reconocer, por esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades se ha sido rechazado, tanto en la doctrina especializada, como la propia Jurisprudencia de esta Sala.” (Criterio reafirmado -entre otras- en sentencias números 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96 y 5268-96).
En este caso concreto, el amparo a que hace referencia el accionante es el expediente n° 20-013230-0007-CO, el cual fue rechazado de plano mediante sentencia n° 2020-014853 de las 09:15 horas del 7 de agosto de 2020, con sustento en el siguiente orden de consideraciones:
“I.- OBJETO DEL AMPARO. La parte recurrente solicita a este Tribunal, se declare la nulidad del acta de Sesión Nº 5943-2020 del 24 de junio de 2020, dictado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y del oficio DMOF-447-20, dictado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como la inconstitucionalidad de los párrafos primero y noveno del artículo 36 bis, la Ley N° 7472 en cuanto otorgan efecto retroactivo a toda la Ley N° 9859 en contra de los contratos de crédito vigentes.
En el sub lite, lo expuesto por la parte accionante no se relaciona con una vulneración directa a derecho fundamental alguno, por lo que excede el ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, el accionante se limita a mencionar, en forma genérica, las razones por las cuales considera que la Ley N° 9859, denominada “Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, resulta contraria al derecho de la Constitución. Al respecto, se aclara al recurrente que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la correcta interpretación de la Ley de cita, ni revisar la forma en que debe aplicarse el período de computación de intereses. Resulta oportuno indicar que el caso se circunscribe dentro de las previsiones del artículo 30, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuyo texto impide a la Sala conocer recursos de amparo en contra de leyes y de otras disposiciones de carácter general, a excepción de que el tema se plantee junto con el reclamo de actos de aplicación individual y ello solo con el fin de que se otorgue plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad respectiva.
En este caso, en cambio, cabe señalar que el asunto tampoco se enmarca en los casos de excepción, pues no se comprueba la existencia de alguna afectación concreta al interesado por la supuesta inconstitucionalidad. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso.
Coincido con el voto de mayoría en cuanto a que se debe rechazar de plano el recurso. Sin embargo, estimo oportuno enfatizar en que en el sub lite, el accionante plantea el recurso de amparo a favor de la sociedad Banca Promérica S.A.. De importancia para el caso concreto, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”. Al respecto, partiendo de lo externado en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la sociedad mencionada, pues no se estableció la relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, en cuanto al derecho presuntamente agraviado.
(…)
POR TANTO:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones particulares”.
Asimismo, advierte esta Sala que dentro del recurso de amparo n° 20-13230-0007-CO, el 12 de agosto de 2020 se interpuso una gestión de aclaración y adición; no obstante, esta gestión no modifica el estado de rechazo de plano del expediente. Por ende, al haberse declarado inadmisible el citado recurso de amparo, este no puede estimarse como medio idóneo para servir de base en esta acción de inconstitucionalidad, en los términos del citado artículo 75 de la Ley que rige esta jurisdicción.
IV.Ahora bien, respecto a los alegados criterios de legitimación segundo y tercero, mediante los cuales el accionante pretende fundamentar la posibilidad de accionar en forma directa, considera este Tribunal Constitucional que resultan igualmente improcedentes. Así, en el escrito de interposición, como segundo criterio, el accionante alega que “[e]sta acción de inconstitucionalidad es admisible, además, por cuanto defiende intereses directos de las empresas y personas físicas actores, que se manifiestan en el efecto inconstitucional que causarán esos artículos de la ley 7472 en contra de sus derechos constitucionales. / Por esto, se cumple el requisito de estar debidamente fundamentada y motivada la acción de inconstitucionalidad. / Pero, además, se cumple el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas, que se concreta como un daño o interés directo que sufrirían las empresas y personas físicas actores por la aplicación de esos nuevos artículos de la ley 7472 impugnados. / En este caso, la aplicación de las normas atacadas sí causa una lesión individual y directa al derecho a la libertad de contratación, de empresa, de comercio, a la privacidad. Por ello existe una relación causal entre el proceso judicial base y el resultado de esta acción de inconstitucionalidad”.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, dispone que “[n]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa”, a contrario sensu, dado que en este caso concreto, como el mismo accionante afirma, las normas impugnadas podrían afectar de manera individual y directa a las personas, es necesario, como requisito para interponer esta acción, que exista un asunto previo, sea en vía judicial o administrativa, donde el interesado haya invocado la inconstitucionalidad aquí alegada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que estima vulnerado en el proceso base. Pese a lo anterior, en este caso, el accionante únicamente menciona como asunto base el recurso de amparo n° 20-013230-0007-CO, el cual, como se explicó en el considerando anterior, fue declarado inadmisible por esta Sala y en consecuencia no es un proceso idóneo para sostener esta acción. Por ende, igualmente, resulta improcedente el criterio de legitimación aquí alegado por el actor.
V.Finalmente, en cuanto al tercer criterio de legitimación, el accionante manifiesta lo siguiente: “[e]l tercer criterio de legitimación es la defensa de intereses difusos, porque el número de personas afectadas por las normas de la ley 9859 -las empresas y los clientes-, es indeterminado en este momento, pero es determinable. Es decir, no se trata del universo de las personas que habitan este país, sino de un grupo identificado como las personas y empresas que se dedican a la actividad de créditos, sus miles de clientes y sus empleados. Es un número finito de personas físicas y jurídicas no organizadas jurídicamente. / Además, se defienden intereses difusos que atañen a la colectividad de las finanzas, como lo es la defensa de la libertad de contratación, el derecho al comercio y a la industria, el derecho de acceso al crédito, el derecho de los consumidores al crédito y al trato igualitario y el derecho al trabajo de las decenas de empleados que quedarían desempleados; derechos todos protegidos por nuestra Constitución Política, artículos 1, 28 prf. segundo, 45 y 46. / La Ley que se impugna afecta de manera directa los derechos de las empresas y de sus clientes.
Es una norma auto-ejecutiva, auto-aplicativa, (self executing), que no necesita ninguna otra para ser eficaz. Ya se está aplicando y está causando daño directamente. Por ese motivo, las empresas tienen legitimación procesal activa para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Directa”.
Ante tal alegato, debe indicarse que esta Sala ha venido precisando en su jurisprudencia el alcance y contenido de los intereses difusos y ha señalado, al efecto, en la sentencia n° 2019-018932 de las 12:50 horas del 2 de octubre de 2019, lo siguiente:
“I.- Sobre la admisibilidad de la acción. El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los parámetros de legitimación para los sujetos que acudan en acción de inconstitucionalidad ante esta Sala. En el sub iudice, la legitimación es planteada a partir de la existencia de intereses difusos. Al respecto, en la sentencia n.° 2017-002375 de las 10:40 horas del 15 de febrero de 2017, este Tribunal explicó:
“El contenido de este concepto ha sido delineado paulatinamente por parte de la Sala y podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia de este Tribunal, N° 03750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 en la que se dijo:
"...Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales. pero a la vez. diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez. de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter'.
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.
Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de esta; así, un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e, incluso, de la humanidad. De igual forma, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados intereses difusos los que la Sala expresamente haya reconocido como tales.
Si así fuera, ello implicará dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que estas subyacen a la misma condición humana y no requieren, por ende, de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2o, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, habla de intereses" que atañen a la colectividad en su conjunto se refiere a los bienes jurídicos cuya titularidad reposa en los mismos detentares de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata, por ende, de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses, pues ello implicaría la aceptación de la acción popular, no posible en esta vía, sino que todo individuo puede actuar en defensa de los bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa (ver en este mismo sentido la Sentencia de esta Sala N° 2001-07391, de las 16:07 horas del 14 de agosto de 2001).” En el sub iudice, la Sala considera que el accionante interpone este proceso de constitucionalidad en protección de intereses difusos, en la medida que la transparencia y publicidad del procedimiento legislativo constituye un interés legítimo, que, allende de alguna consideración individual, forma parte de la defensa de la ciudadanía, con una finalidad que satisface una necesidad de la sociedad como tal, trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado.
En este sentido, una cualidad del interés difuso consiste en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto”.
Con base en las consideraciones anteriores, en criterio de este Tribunal Constitucional, dicho interés no se verifica en este caso. El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos.
En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
Con base en lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone. La Magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza de plano la acción. La magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Voto salvado de la Magistrada Hernández López Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa. En ese sentido estimo que lleva razón el accionante al indicar que la Ley n° 9859 afecta a un grupo de empresas y los clientes, del sector financiero, afectando entre otros, el derecho de acceso al crédito. En ese sentido no necesita de un juicio base para formular la acción de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que cualquier persona, afectada o no, puede accionar directamente en defensa de un interés difuso y la Sala Constitucional ha reconocido que la defensa de los derechos de los consumidores, califica como tal, razón por la cual estimo que esta acción debe ser cursada y analizada por el fondo.
Nancy Hernández L.
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