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Res. 16086-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/08/2020
OutcomeResultado
The constitutional challenge is flatly rejected due to the plaintiff's lack of active standing, as no suitable base case was proven and diffuse interests were not established. Judge Hernández López dissents.Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación activa del accionante, al no acreditarse un asunto base idóneo ni configurar intereses difusos. La magistrada Hernández López salva el voto.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly rejected a constitutional challenge filed by the representative of Banco Promerica against several articles of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense (Law 7472), as amended by Law 9859, which establish interest rate caps. The plaintiff argued that the law is arbitrary, lacks technical basis, causes financial exclusion, is discriminatory, and has retroactive effect on existing contracts, violating freedom of contract and enterprise. The Chamber found that the plaintiff lacked standing for three reasons: (1) the amparo appeal serving as the base case had been flatly rejected, so there was no pending case; (2) by claiming individual and direct harm, a prior case was required, and the one provided was unsuitable; and (3) the plaintiff could not act in defense of diffuse interests of clients, since the impact on financial companies is a corporate interest, not a diffuse one, and the plaintiff did not hold the diffuse interest of consumers. Judge Hernández López dissented, considering that consumer rights defense is a diffuse interest and the action should have been admitted.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el representante del Banco Promerica contra varios artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), reformados por la Ley 9859, que establecen topes a las tasas de interés. El accionante argumentó que la ley es arbitraria, carece de sustento técnico, produce exclusión financiera, es discriminatoria y tiene efecto retroactivo sobre contratos vigentes, vulnerando la libertad de contratación y empresa. La Sala determinó que el accionante carece de legitimación por tres razones: (1) el recurso de amparo que servía como asunto base fue rechazado de plano, por lo que no hay juicio pendiente; (2) al alegar lesión individual y directa, debía existir un caso previo, el cual no es idóneo; y (3) no puede actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues la afectación a empresas financieras es un interés corporativo, no difuso, y el actor no ostenta el interés difuso de los consumidores. La magistrada Hernández López salvó el voto, considerando que la defensa de los derechos de los consumidores sí es un interés difuso y la acción debió ser admitida.
Key excerptExtracto clave
The plaintiff seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if its intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, so that in reality we would be in the presence of a possible corporate interest, which in this case the plaintiff neither alleges nor substantiates as grounds for its standing. Second, it cannot claim to act in defense of diffuse interests of clients, because according to the aforementioned judgment "(...) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such (...)" (underlining not in original). Consequently, in this case the plaintiff would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that it does not hold such interest, given that it acts in its capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon finding that the plaintiff lacks active standing, this constitutional challenge is inadmissible.El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
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"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
"The plaintiff seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if its intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, so that in reality we would be in the presence of a possible corporate interest, which in this case the plaintiff neither alleges nor substantiates as grounds for its standing."
Considerando V
"El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación."
Considerando V
"los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos."
"diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects."
Considerando V (citando sentencia 2019-018932)
"los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos."
Considerando V (citando sentencia 2019-018932)
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
"I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and as such, can be directly brought by companies or clients affected by a given regulation."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
"Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 16086 - 2020** **Date of Resolution:** August 26, 2020 at 11:21 a.m.
**Case File:** 20-013231-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of Matter:** Action of unconstitutionality **Constitutional Control:** Rejection on procedural grounds **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Dissenting Vote** **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Political Constitution **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** COMMERCE **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**016086-20. COMMERCE. USURY LAW.** Action of unconstitutionality against articles 36 BIS, 36 TER, paragraphs 2), 3), 5), 7), 8), and 9); 53, paragraphs 5) and 6) of the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in Gazette No. 147 of June 20, 2020. **Dispositive part:** The action is rejected on procedural grounds. Judge Hernández López dissents and orders that the action be given course.
CO05/22 ... See more **Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 075- Prior matter pending resolution in judicial or administrative venue **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**ARTICLE 75 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. DIFFUSE INTERESTS.** "...The petitioner intends to defend a supposed diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if his intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, such that we would actually be in the presence of a potential corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as a basis for his standing. Second, he cannot pretend to act in defense of the diffuse interests of the clients, since according to the aforementioned judgment "(...) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union occurs based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diluted, diffused among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2 of article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such (...)" (the underline does not correspond to the original). Consequently, in this case, the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of the clients or consumers, since it is clear that he does not hold said interest, given that he acts in his capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima..." CO05/22 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** CONSTITUTIONAL JURISDICTION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**Dissenting vote of Judge Hernández López** I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and, as such, can be directly brought by the companies or clients who are affected by a specific regulation. In this sense, I believe the petitioner is correct in stating that Law No. 9859 affects a group of companies and clients in the financial sector, affecting, among others, the right of access to credit. In this sense, a base trial is not needed to file the action in accordance with article 75, second paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, since any person, affected or not, can act directly in defense of a diffuse interest, and the Constitutional Chamber has recognized that the defense of consumer rights qualifies as such, for which reason I believe this action must be given course and analyzed on its merits.
CO05/22 ... See more **Text of the resolution** 1 Res. No. 2020-016086 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and twenty-one minutes of August twenty-six, two thousand twenty.
Action of unconstitutionality brought by LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, identity card no. 1-0780-0448, representative of BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-127487, against articles 36 bis, second, third, fifth, seventh, eighth, and ninth paragraphs; article 36 ter, fifth and sixth paragraphs; and article 53, subsection g); all of Law No. 7472, denominated Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in supplement no. 150 of Gazette No. 147 of June 20, 2020.
**WHEREAS:** 1.- By writing received via Online Management at 09:57 hours on July 24, 2020, the petitioner requests that the unconstitutionality of articles 36 bis, second, third, fifth, seventh, eighth, and ninth paragraphs; article 36 ter, fifth and sixth paragraphs; and article 53, subsection g) be declared; all of Law No. 7472, denominated Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in supplement no. 150 of Gazette No. 147 of June 20, 2020. He states in summary the following: he challenges article 36 bis, second and third paragraphs, since they provide the following: “The maximum annual interest rate for all types of credit, except for microcredits, shall be calculated by adding the simple average of the weighted average of the last twelve months of the active interest rate, plus twelve point eight (12.8) percentage points. Said result shall be multiplied by one point five (1.5). / The maximum annual interest rate for microcredit shall be calculated by adding the simple average of the weighted average of the last twelve months of the active interest rate, plus thirteen point eighteen (13.18) percentage points. Said result shall be multiplied by two point zero eight five (2.085).” He states that the aforementioned norm contains three criteria to define the maximum annual interest rate. He alleges that there is no explanation in the minutes or anywhere in the legislative file about the reason why the deputies selected those three criteria. As there is no proof of the technical criterion used to define these three elements of the approved formula and they are completely arbitrary, they do not fulfill the purpose of being the suitable means to define an interest rate that causes the least possible effect on the rights of Costa Ricans, that is the best alternative among other possible ones, that is suitable, necessary, and proportional to the intended purpose. Nor was it stated whether this was the least burdensome solution for the financial market, both for all types of entrepreneurs and for consumers. The only technical criteria were presented to the Hacendarios Affairs Committee in sessions 68 and 69 by the representatives of the Central Bank of Costa Rica, the Superintendency of Financial Entities (SUGEF), the national banking association (ABC), and the National Council for the Supervision of the Financial System (CONASSIF). These studies take into account the costs of money, the operational costs of a bank or financial entity, delinquency rates, the percentage of late payment, the percentage of fraud, expected loss of the credit portfolio, liquidity cost, administrative costs to reduce late payment in credit servicing, and finally a reasonable expected market utility, etc.; in an environment of normal economic activity. All these calculations are based on objective information subjected to conventional and verifiable financial techniques. However, he claims that the deputies decided to set aside those technical criteria and establish criteria without basis. He affirms that the challenged law is contrary to the principles of financial technique and contrary to the interest and rights of consumers with the lowest economic resources, who have already been excluded from the formal financial system. He alleges that using data from the Central Bank in the formula does not fulfill a technical criterion. On the contrary, they completely ignored the Central Bank's criterion. He then points out that when they defined the limits of the challenged article 36 bis, the intention was to regulate the maximum rate in order to apply the crime of usury provided for in article 243 of the Penal Code. But the effect was the expulsion of thousands of people from the financial system. Different credit sources that were until now an accessible option for a significant part of the population ceased to exist, thanks to which they could obtain credit for their daily lives. But not anymore, because, due to the amount, credit is not available in the National Banking System. People who carry out activities under commercial credit and microcredit are already being excluded; these are indispensable for the acquisition of goods for the home and family, such as buying a stove, a washing machine, beds, or covering unforeseen expenses such as health. All of them left the market because this activity could not cover its high operational costs and could not subsist with the interest rate caps capriciously imposed by the approved article 36 bis. The value chain is also damaged. People use credit cards in businesses as a method of cash or installment payment. Commerce in general is damaged, as they will stop selling billions of colones. He argues that the Social State of Law model of our country requires promotion and social compensation, given the disadvantaged position of some sectors of the population. Therefore, the phenomenon of expulsion of disadvantaged sectors from credit and the interruption of bankarization as an effect of this law is unacceptable. There was no study that justifies that Costa Rica would be exempt from financial exclusion, much less that if this were to occur, the State would solve the lack of credit for the affected population and the needs they met when they had credit. That is why, in his opinion, the questioned norms are unconstitutional. Within this line of reasoning, he points out that the number of clients and cardholders has already begun to decrease considerably, and every day access to this type of credit for people with lower incomes will become impossible; harming the process of bankarization and accessibility of financial services for the entire population of the country, without considering the serious damage to companies in the financial sector. This would lead to a significant de-bankarization of the economy, with the consequent problems that entails, such as informality, loss of tax traceability, lack of security, the unnecessary increase in the circulation of cash, which ultimately would affect the efficiency of the economic system. He argues that the Central Bank warned that the cap would not prevent people's indebtedness; it could rather have the opposite effect, by stimulating credit due to the low rate. In order to show the immediate effects caused by the financial exclusion of thousands of people, which occurs as a result of the measures adopted due to the entry into force of the law, he indicates the following data: “BAC San José 79,789 clients excluded Banco Promerica 30,000 clients excluded Scotiabank 20,000 clients excluded Partial total: 129,789 people excluded. Caja de Ande Will not grant credit if net salary is less than ¢200,000 colones”. He argues that the financial exclusion produced by the law is clearly the opposite effect to what motivated the legislator to enact the norm. The consequences demonstrate that an absence of technical criteria altered the expected result. There is no concordance between the means and the ends of the law. He states that commercial credit and microcredit used for the acquisition of goods for the home and family is now leaving the market because this activity, as it has been regulated with the new interest limit, is not profitable beyond a certain threshold. He argues that the consequence is not only financial exclusion. A business, a lawful, regulated activity is damaged, and the service ceases to be provided to thousands of Costa Ricans. Companies are forced to lay off employees, close branches, vacate premises, and stop paying rents. With the fatal consequences this has for all Costa Rican families, not only those who will no longer have the option or access to credit, but those who lost their jobs and their income. He points out that when the Constitutional Chamber analyzed the Legislative Consultation, it considered that the possible harms were hypothetical and therefore it was not possible to limit the powers of the legislator. However, he affirms that the effects are no longer a hypothesis for the companies that subscribe to this action. He argues that more branch closures, agency closures, employee layoffs, and more financial exclusion can be anticipated, as the latest MEIC study on credit cards details the number of cards that are above the new maximum rate, which likely means an equivalent number of people will be left without credit: “Usury Rate • 80.66% of the individual plastics in colones (73.03% of the balances) and 44.75% in dollars (45.34% of the balances), have interest rates higher than those that would potentially be usurious. • 74.78% of the individual plastics in colones (70.7% of the balances) and 10.98% in dollars (18.66% of the balances), would be above the potential maximum default interest rate provided for by the usury bill”. Likewise, he alleges a violation of the principle of equality before the law, since unequals are treated as equals. It is necessary that, if the activity is different, handles a different risk, the interest provided for the activity must also be different. The law should have distinguished between the different commercial operations: housing loans, consumer loans such as for automobiles, for industries, for commerce for small and medium-sized enterprises, mortgage operations, pledge operations, etc. Because the price variable (rate) is highly sensitive to both risk and cost; especially due to the unit expense it entails. Article 36 bis establishes the interest rate cap taking into account market averages of the “Other Depository Institutions” group defined by the Central Bank, without considering the particularities and characteristics of each of the actors that are affected by that rate; a fact that causes a discriminatory effect by deviating from the fundamental technical principles in the matter of financing and credit. He indicates that the next rule he attacks is the fifth paragraph of article 36 bis of Law No. 7472, amended, because it arbitrarily and negatively discriminated against credits that use a means to manage them; not by the amount, as was done for all other credits. Even though they have the same amount as microcredits, credits that use credit cards were arbitrarily excluded from the rate applicable to microcredits. The text of the norm reads as follows: “For the purposes of this law, microcredit is understood as any credit that does not exceed a maximum amount of one point five (1.5) times the base salary of office assistant 1 of the Judicial Branch, according to Law 7337, of May 5, 1993. Credit cards are excluded from microcredits.” He states that this is a clear case of negative discrimination without an objective basis to support it. Because the card (the plastic as it is called) is only the means of using the credit. It can be: A) a means of payment for goods and services or B) a credit. In the first case, the person does not pay interest to the credit card issuer if they pay all debts before the due date. In the second case, the person does use the credit granted to them and pays interest. So, it is a credit like any other. For this reason, there is no objective justification for treating a credit completely differently when it has the same sum as a microcredit according to the law. On the other hand, he claims the negative retroactive effect of Law No. 9859. He alleges that article 36 bis of the amended Law No. 7472, provides in its first paragraph the following: “The maximum annual interest rate that natural or legal persons who grant financing to a third party for financial, commercial, and microcredit transactions may charge must adjust to the limits established in this article…”. This means that, as of Saturday, June 20, 2020, all contracts in force and under full execution had to be adjusted immediately in their interest rate defined therein. The provision does not contain an exception for contracts perfected under the previous legislation, because every contract: “must adjust to the limits established in this article”. It also provides that the new maximum interest rate applies to every “contract, business, or transaction”. The terms business or transaction allowed MEIC to interpret that a future installment of a contract or transaction in force is affected by the new law and the interest rate must be modified immediately for the future installments of the same contract in force. He points out that in the ninth paragraph, the norm imposed another limit on contracts in force. That rule says: “Any natural or legal person who grants financing to third parties is prohibited from incorporating into the interest rate costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law. The following shall not be considered part of the interest rate: i) charges for the demonstrable carrying out of an administrative collection action, which shall not, in any case, exceed the amount equivalent to five percent (5%) of the part of the principal payment that is in arrears, and may never exceed the amount of twelve dollars of the United States of America ($12), considering that this penalty shall apply from the fifth day of delay and may not be applied more than once a month. Any other charge, financial cost, or commission, whether denominated in the contracts as an interest rate or not, shall be considered part of the interest rate of the transaction”. He alleges that, in this case, the norm does not distinguish between contracts in force and future contracts, so the Costa Rican authorities interpreted that it is a retroactive norm. In addition to the above, the Transitional Provision of the Law says: “TRANSITIONAL PROVISION. The Central Bank of Costa Rica (BCCR) must make the first setting, for the maximum annual rate for all types of credit and for microcredit, in the first week of the month of January or July following the entry into force of this law. To calculate the simple average of the weighted average of the last twelve months of the active interest rate negotiated for the group Other Depository Institutions, for the purpose of making the first setting of both rates, the BCCR will use the average rates of the twelve months prior to the first week of the month of January or July, as applicable.” But this transitional article does not provide that the new interest rate will be prospective. If the Central Bank published the new interest rates on July 3, 2020, it must be understood that the following semester will begin on January 1, 2021, which is the subsequent semester. The doubt created by this law is not clarified by the fact of saying at the end that it “governs as of its publication”, because it can be understood that its retroactive effect occurs once published. Because the law did not define whether from its effectiveness it will cause a retroactive effect against consolidated legal situations. He argues that the proof of the retroactive effect of this law against contracts in force is the response given by the Ministry of Economy to the Asociación Bancaria Costarricense, of which Banco Promerica is a part. He states that the Ministry clearly said that all financial system operators must immediately adjust their interest rates to the new law; a criterion with which it granted a total negative retroactive effect against contracts in force. He alleges that it is unquestionable that for the Ministry of Economy, the law is retroactive against contracts in force. And since the law assigns special powers to MEIC and SUGEF to denounce practices contrary to this law and the function of accusing violations of the law before the Public Ministry, he believes that the nullity due to unconstitutionality of these paragraphs of the law is evident. He argues that the managers and representatives of the company are already in danger of being criminally reported and of suffering a prison sentence because of the retroactive application of the law. But the Political Constitution does not permit that negative retroactive effect in its article 34, because it protects acquired rights and consolidated legal situations. Based on the above, he requests that the first and ninth paragraphs of article 36 bis of Law No. 7472 be declared unconstitutional, insofar as they grant retroactive effect to the entire Law No. 9859, against credit contracts in force. As a subsidiary petition, he requests that an interpretive judgment be issued declaring in an unquestionable manner that none of the rules of Law No. 9859 may be applied retroactively against contracts in force and until their extinction, according to the conditions agreed upon between the parties. On the other hand, he points out that he attacks the eighth paragraph of article 36 bis of Law No. 7472, as amended by Law No. 9859, the text of which is the following: “Any natural or legal person who grants financing to third parties is prohibited from incorporating into the interest rate costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law. The following shall not be considered part of the interest rate: i) charges for the demonstrable carrying out of an administrative collection action, which shall not, in any case, exceed the amount equivalent to five percent (5%) of the part of the principal payment that is in arrears, and may never exceed the amount of twelve dollars of the United States of America ($12), considering that this penalty shall apply from the fifth day of delay and may not be applied more than once a month. Any other charge, financial cost, or commission, whether denominated in the contracts as an interest rate or not, shall be considered part of the interest rate of the transaction.” He explains that four are the challenged topics: A) it prohibits incorporating into the interest rate costs, expenses, penalties, or commissions that exceed the limits established in this law. B) It imposes an arbitrary grace period of five days for all debtors for the effectiveness of the late payment penalty. C) Any other charge, financial cost, or commission, whether denominated in the contracts as an “interest rate” or not, is forcibly considered part of the interest rate. D) It imposes an arbitrary amount of 5% and no more than $12 for the late payment charge. He explains that in a previous version, the bill excluded insurance from the elements that make up the interest rate, but in the final version it was eliminated. For this reason, insurance must now be included as part of the interest rate. This created a very serious legal problem, because the Superintendency of Financial Entities obliges banks to require their clients to obtain insurance for the credit. He states that, in effect, SUGEF requires banks to insure each of their credits. These are not voluntary insurances, so that, apart from the legal conflict that arose, it forces the inclusion of the mandatory credit insurance in the interest rate. Voluntary insurances were also included in the interest rate, so that banks and other financial sector companies will not be able to offer their clients additional voluntary insurance for their credit. But SUGEF requires mandatory insurance for all credit, so the effect is even more serious, because they are not voluntary insurances. Consequently, in his opinion, that norm is contrary to the freedom of contract protected by articles 28, second paragraph, 45, and 46 of the Political Constitution, by limiting and preventing a natural person and a legal person from freely contracting these other additional services, different from the interest rate of a credit. Furthermore, he alleges that the challenged norm imposes on all Costa Ricans a grace period for paying, in addition to the 30-day period agreed upon between the parties. Even when a bank or a financial company, an appliance store, a pawnshop, a cooperative, a solidarist association, or a savings and credit fund establishes mandatory payment periods with the client, the law imposed an additional grace period of 5 days to the contract that prevents the creditor from charging default interest or collection expenses. He considers this a patently unconstitutional imposition because it has no reason to exist. The origin of this rule was not explained in the bill, nor what compelling reason, based on the need to protect consumer interests, underpins it. If default interest, which is a financial charge, is prohibited and charging a collection expense in the first five days is prohibited, a loss has been imposed on creditors in a patently arbitrary manner, invasive of freedom of contract. Commissions for overdrafts, cash withdrawals, disbursements, extra financings, and account administration have no relation to the interest rate. They are charges for other services that the law today does not permit to be charged. However, he points out that this prohibition is nonsensical because the credit issuer offers the client these other complementary services, such as the possibility of overdrawing, the possibility of withdrawing cash, the possibility of charging the payment of public services and insurance to their account. None of those complementary services exists in a normal credit, because the person receives the money via a check, or via deposit into their checking account, or via direct payment to a creditor. There is no possibility of withdrawing cash, making payments from the account of that credit, and public services or insurance cannot be charged to that credit. The norm limited the charges for administrative collection to the amount equivalent “to five percent (5%) of the part of the principal payment that is in arrears” and that it cannot be more than twelve dollars of the United States of America ($12). For the same reasons stated, he considers this imposition arbitrary for lack of explanation and technical basis. He considers it an abusive criterion that interferes with freedom of commerce and freedom of contract. The next norm he attacks is subsection g) of article 53 of Law No. 7472, recently amended by Law No. 9859. That norm says the following: “Article 53- Powers of the National Consumer Commission. The National Consumer Commission has the following powers: (...) g) To homologate the standard form contract proposals that financial service providers transfer to the credit applicant, in order to eliminate unfair terms, understanding these as those that exceed the limits established in article 36 bis of this law. (…)”. He states that the Political Constitution protects the right to commerce, agriculture, and industry, for which it protects the right to contract; articles 28, second paragraph, 45, and 46. Likewise, the consecration of an effective legal system for consumer protection (article 46), which expressly recognizes their fundamental rights, protects the concrete mechanisms that allow those rights to be effectively enforced, such as the contract. He claims that contrary to these rights, article 53, subsection g) of Law No. 7472 allows State intervention in a private area, such as the content of commercial contracts. In this sense, the norm constitutes a clear intervention by the State in the internal private management of a company, because it forces companies to submit all their stipulations of a commercial contract to prior authorization, so that it can be freely modified by a public entity. It substitutes the Judicial Branch in that function of reviewing private contract law. The norm did not provide any objective criterion for qualifying “unfair terms”, but leaves the National Consumer Commission free to arbitrarily qualify all clauses it considers pertinent as unfair.
These may be rules related to the loan term, default interest, means of payment, criteria for qualifying contractual breach, means of resolving disputes, litigation costs, etc. There is no adequate proportionality between the ends pursued by the regulation and the degree of limitation that the businessperson must bear. Because, instead of the regulation being limited to allowing the National Consumer Commission to verify the interest rate that will govern each semester, it will intervene in the entire contract. This is not a limitation linked to the maximum interest rate, but rather an abuse of power permitted by the regulation, against the parties’ freedom of contract. On the other hand, the freedom to design each type of contract is not permitted, according to each company’s capacity and its own effort to design contracts according to the best market practices. The regulation instead limits the right to difference, to competition through the diversity and quality of contracts. Consequently, it is contrary to the Political Constitution to oblige all banks, finance companies, cooperatives, solidarity associations, mutual associations, and savings and credit funds to submit all of their contracts to the prior approval (homologación) of a state entity, without objective rules and without limits of any kind. It is for this reason that he requests that this subsection be declared null for being unconstitutional. Based on the legal considerations set forth, he requests that the judgment declare the nullity for unconstitutionality of the articles challenged here. If the Constitutional Chamber deems them valid, he requests that a conforming interpretation be issued that eliminates the unconstitutional effect of the regulation; as has been requested. He requests as a subsidiary petition that an interpretive judgment be issued declaring in an unquestionable manner that none of the rules of Law No. 9859 may be applied retroactively against existing contracts and until their termination, under the conditions agreed upon by the parties.
2.- For the purpose of substantiating his standing (legitimación), the plaintiff alleges three criteria, namely: 1) indirect or incidental standing, regulated in the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. He indicates that “[t]he principal judicial matter is an amparo appeal filed today, June 24, 2020, before this Constitutional Chamber.” 2) He indicates that this action is admissible, furthermore, because it defends direct interests of the plaintiff companies and natural persons, which are manifested in the unconstitutional effect that these articles of Law No. 7403 will cause against their constitutional rights. He affirms that the requirement of demonstrating that there is an individual and direct injury caused by these rules is met, which materializes as harm or a direct interest that the plaintiff companies and natural persons would suffer from the application of these new articles. He points out that in this case, the application of the challenged rules does cause an individual and direct injury to the right to freedom of contract, enterprise, commerce, and privacy. 3) He indicates that the third criterion of standing is the defense of diffuse interests (intereses difusos), because the number of people affected by the rules of Law No. 9859—companies and clients—is undetermined at this moment, but is determinable. Furthermore, he affirms that diffuse interests concerning the financial community are defended, such as the defense of freedom of contract, the right to commerce and industry, the right of access to credit, the right of consumers to credit and equal treatment, and the right to work of the dozens of employees who would become unemployed.
3.- By resolution at 7:56 p.m. on August 4, 2020, the plaintiff was warned of the following: “(...) that within the THIRD DAY, counted from the day following notification of this resolution and under warning of denying the processing of the action in case of non-compliance, you must: 1) clarify whether you intend to challenge the unconstitutionality of all of Article 36 bis of Law No. 7472 or only the paragraphs mentioned in the claim of the filing brief for this action. 2) Clarify whether your intention is to challenge Article 36 ter of Law No. 7472 (as you mentioned in your claim); if so, you must substantiate what the reasons are why you consider that this latter rule is contrary to Constitutional Law, having omitted it in the filing brief. 3) Likewise and without prejudice to the foregoing, in accordance with Article 4 of Law No. 3245 of December 3, 1963, you are additionally warned that within the same period, you add and pay the Bar Association stamp in the amount of two hundred seventy-five colones, corresponding to the authentication of the initial brief, under warning—in this case—of not hearing the omitting party as long as the order is not complied with, without retroaction of terms. The foregoing, in accordance with Articles 78 and 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Let it be notified.” 4.- According to the notification record added to the digital case file, the aforementioned resolution was notified to the plaintiff at 8:48 a.m. on August 5, 2020, at the means indicated by the plaintiff in the filing brief for receiving notifications.
5.- By brief received via Online Management at 5:38 p.m. on August 6, 2020, the plaintiff complied with what was warned in the resolution at 7:56 p.m. on August 4, 2020. He clarified that he does not intend to challenge the entirety of Article 36 bis of Law No. 7472, as amended by Law No. 9859. He challenges the second, third, fifth, seventh, and ninth paragraphs. He indicates that when the eighth paragraph of Article 36 bis of Law No. 7472 is mentioned in the unconstitutionality action, it refers to the ninth paragraph. Likewise, he clarifies that he intends to challenge the fifth and sixth paragraphs of Article 36 ter of Law No. 7472, as amended by Law No. 9859. He points out that the fifth paragraph of Article 36 ter states the following: “All natural and legal persons that grant financing to third parties must have a link or redirection on the internet to said information for their clients and make said information tool known to them.” He complains that an arbitrary rule unrelated to the interest rate was imposed, which is the obligation for all private companies in the financial sector to have “a link or redirection” to the MEIC’s website containing the “comparability index of offers” (índice de comparabilidad de las ofertas); an index created by Article 36 ter of Law No. 7472. This is an arbitrary, unreasonable, and disproportionate provision in relation to the purpose of the law, which is to define a maximum interest rate to make Article 243 of the Penal Code applicable. He adds that it is a burden imposed on companies for a typically state function. For this reason, he alleges that according to the second paragraph of Article 28 of the Political Constitution, private companies cannot be turned into public officials, serving a state purpose with private funds and means. He affirms that this rule directly violates the freedom of enterprise, industry, and commerce and the contract protected by Articles 1, 28 second paragraph, 45, and 46 of the Political Constitution, because they impose a typically state burden on any private company wishing to participate in the financial market. He points out that furthermore, companies must finance the computer systems that would fulfill this public function, without any state compensation. This is an indirect expropriation of the companies’ private funds because it obliges them to place their equipment, their computer systems, their electricity, personnel costs, and company administration at the service of the State. The second rule he attacks in Article 36 ter of Law No. 7472 is the sixth paragraph, because it imposes on companies in the financial sector the obligation to provide the MEIC and the BCCR with “all information” they request to prepare the “comparability index of offers.” It states the following: “All natural or legal persons, national or international, that provide financing services to third parties in Costa Rica shall be obliged to deliver, through electronic means, all the information that the BCCR or the MEIC shall require to develop this index, either of these institutions being able to order that this information be certified by an independent auditor when they deem it necessary.” He complains that the rule has no limits set by the law, so that it was left to the full and free discretion of these two public bodies and entities to request all private information from the companies. He considers that a power has been unconstitutionally delegated to the Executive Branch and the Central Bank that can only be regulated by Law of the Republic, as it involves the limitation of a constitutional right. Indeed, if the first paragraph of Article 36 ter created the “comparability index,” the information that these public entities can request is only that provided for by a Law. The delegation to an administrative regulation of the regulation of constitutional rights is not admissible. As a second argument, he indicates that all private company information cannot be requested, because that information is protected by the right to privacy declared by the second paragraph of Article 28 and Article 24 of the Constitution. On the other hand, the private, confidential, protected information of all clients is left unprotected. The State could request sensitive data unrelated to the maximum interest rate (Personal Data Protection Law No. 8968 and Article 24 of the Political Constitution). He explains that the last rule of this provision is the obligation to pay a third party, an independent auditor, to certify the information that the MEIC and the Central Bank will arbitrarily request. He complains that this is another economic burden that, without any justification, is imposed on private companies to fulfill a public purpose. Finally, he indicates that he provides proof of having paid the amount warned for the Bar Association stamp.
6.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition presented to its cognizance that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.
Drafted by Judge Castillo Víquez; and,
CONSIDERING:
I.- ON THE REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION. This Chamber has repeatedly stated that the unconstitutionality action is a process with certain formalities, which, if not met, make it impossible to rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements for unconstitutionality actions and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue—including hábeas corpus or amparo appeals—or in an administrative one—in the procedure for exhausting this avenue, that is, in the administrative challenge procedure against the final act—in which the unconstitutionality of the challenged rule is invoked as a reasonable means to protect the right or interest deemed injured in the principal matter. The second and third paragraphs regulate the direct action—no base matter is required—in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) it involves the defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman. Regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber, through Judgment No. 04190-95 at 11:33 a.m. on July 28, 1995, stated the following:
“(…) In the first place, it is a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution is required—whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative avenue—in order to access the constitutional avenue, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right deemed injured in the principal matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said process pending resolution, because it rules on the constitutionality of the rules that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation allows direct access to this avenue—requirements of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)”.
Likewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the filing brief must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the components of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) deemed infringed (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It must also accredit the conditions of standing (powers of attorney and certifications), pay the Bar Association stamp, and provide a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged rules was invoked in the base matter (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).
II.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION DUE TO LACK OF STANDING OF THE PLAINTIFF. In the case under study, the plaintiff alleges three criteria to substantiate his standing: first, he claims to have indirect or incidental standing, since he indicates that “[t]he principal judicial matter is an amparo appeal filed today, June 24, 2020, before this Constitutional Chamber.” After consulting the Management System of this Court, it is verified that the amparo appeal was filed on July 24, 2020, and is processed under judicial case file No. 20-013230-0007-CO. Second, he indicates that this action is admissible because it defends direct interests of the companies and natural persons, as he affirms that the requirement of demonstrating that there is an individual and direct injury caused by these rules is met. Third, he points out that he comes in defense of the diffuse interests of the companies and clients affected by the challenged regulations. However, in the opinion of this Constitutional Court, this action is inadmissible, since the plaintiff lacks standing, both incidentally and directly, to file this proceeding, for the reasons set forth below.
III.- Regarding the first criterion of standing alleged by the petitioner, that is, the incidental or indirect action, he mentions as a base matter an amparo appeal filed before this Chamber. It must be reiterated, therefore, that Article 75, first paragraph, in fine, of the Law of Constitutional Jurisdiction presupposes, for purposes of the admissibility of an unconstitutionality action via the incidental route—like the present one—the existence of a principal matter pending resolution, which may well be an amparo appeal, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest deemed injured; however, this Chamber has repeatedly stated that when the base matter on which the filing of an unconstitutionality action rests is an amparo appeal, this must, in turn, be admissible. Regarding this point, in judgment No. 2004-94 at 3:15 p.m. on April 27, 1994, this Court stated the following:
“(...) On the other hand, the Chamber cannot fail to note the specific situation raised in the appeal, specifically regarding the possibility granted by Article 75, first paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction, of filing an unconstitutionality action based on an amparo or hábeas corpus appeal pending before it, it being necessary to indicate that for these cases it is absolutely necessary that these be admissible; that is, that it is effectively a matter in which not only fundamental rights of persons are at stake, but also that for its resolution the rules whose unconstitutionality is claimed must be applied; a manifestly improper amparo or hábeas corpus does not constitute a reasonable means of protecting any right or interest, and therefore a declaration of unconstitutionality cannot be sought within that appeal, because that would imply recognizing, through that avenue, the existence in our legal system of a popular action as a requirement of standing for access to judicial review of the constitutionality of norms, a situation that has been repeatedly rejected both in specialized doctrine and in the Jurisprudence of this Chamber itself.” (Criterion reaffirmed—among others—in judgments No. 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96, and 5268-96).
In this specific case, the amparo referred to by the plaintiff is case file No. 20-013230-0007-CO, which was rejected outright by judgment No. 2020-014853 at 9:15 a.m. on August 7, 2020, based on the following order of considerations:
“I.- PURPOSE OF THE AMPARO. The petitioner requests this Court to declare the nullity of the minutes of Session No. 5943-2020 of June 24, 2020, issued by the Board of Directors of the Central Bank of Costa Rica and of official letter DMOF-447-20, issued by the Ministry of Economy, Industry, and Commerce, as well as the unconstitutionality of the first and ninth paragraphs of Article 36 bis, Law No. 7472 insofar as they grant retroactive effect to all of Law No. 9859 against existing credit contracts.
II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, what is stated by the plaintiff is not related to a direct violation of any fundamental right, and therefore it exceeds the scope of competence of this Chamber. Indeed, the plaintiff merely mentions, in a generic manner, the reasons why he considers that Law No. 9859, entitled “Amendment to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense,” is contrary to constitutional law. In this regard, the plaintiff is advised that it is not for this Court to determine the correct interpretation of the cited Law, nor to review the manner in which the interest calculation period should be applied. It is appropriate to indicate that the case falls within the provisions of Article 30, subsection a), of the Law of Constitutional Jurisdiction, the text of which prevents the Chamber from hearing amparo appeals against laws and other provisions of a general nature, except when the issue is raised together with claims of individual application acts and that only for the purpose of granting a period for the filing of the respective unconstitutionality action. In this case, however, it should be noted that the matter also does not fall within the exception cases, since the existence of any specific harm to the interested party due to the alleged unconstitutionality is not proven. Consequently, the appeal is rejected outright.
III.- SPECIFIC REASONS OF JUDGE RUEDA LEAL. I concur with the majority vote in that the appeal must be rejected outright. However, I believe it is necessary to emphasize that in the sub lite case, the plaintiff brings the amparo appeal on behalf of the company Banca Promérica S.A. Of importance for the specific case, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 at 9:30 on February 12, 2019, I held:
“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons can exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the Granier et al. v. Venezuela case); however, for this to be protectable before the inter-american system, ‘the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-american system and the legal person through whom the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal persons. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal person, so that such participation is substantially related to the rights alleged as violated.’” (emphasis added) (OC. 22/16). In this regard, based on what was expressed in the previous paragraph, I deem it improper that the mentioned company be protected, since the essential relationship between the natural person and the legal person, regarding the allegedly aggrieved right, was not established.
(…)
THEREFORE:
The appeal is rejected outright. Judge Rueda Leal records specific reasons.” Likewise, this Chamber notes that within the amparo appeal No. 20-13230-0007-CO, on August 12, 2020, a motion for clarification and supplementation was filed; however, this motion does not modify the outright rejection status of the case file. Therefore, since the cited amparo appeal has been declared inadmissible, it cannot be considered a suitable means to serve as a basis for this unconstitutionality action, under the terms of the cited Article 75 of the Law governing this jurisdiction.
IV.- Now then, regarding the alleged second and third standing criteria, through which the plaintiff seeks to substantiate the possibility of bringing a direct action, this Constitutional Court considers that they are equally improper. Thus, in the filing brief, as a second criterion, the plaintiff alleges that “[t]his unconstitutionality action is admissible, furthermore, because it defends direct interests of the plaintiff companies and natural persons, which are manifested in the unconstitutional effect that these articles of Law 7472 will cause against their constitutional rights. / For this reason, the requirement that the unconstitutionality action be duly substantiated and reasoned is met. / But, in addition, the requirement of demonstrating that there is an individual and direct injury caused by these rules is met, which materializes as harm or a direct interest that the plaintiff companies and natural persons would suffer from the application of these challenged new articles of Law 7472. / In this case, the application of the challenged rules does cause an individual and direct injury to the right to freedom of contract, enterprise, commerce, and privacy. Therefore, there is a causal relationship between the base judicial process and the outcome of this unconstitutionality action.” In this regard, it should be noted that Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, second paragraph, provides that “[t]he prior case pending resolution shall not be necessary when by the nature of the matter there is no individual and direct injury,” a contrario sensu, given that in this specific case, as the plaintiff himself affirms, the challenged rules could affect persons individually and directly, it is necessary, as a requirement for filing this action, that there exist a prior matter, whether in a judicial or administrative avenue, where the interested party has invoked the unconstitutionality alleged here, as a reasonable means of protecting the right or interest he deems violated in the base proceeding. Despite the foregoing, in this case, the plaintiff only mentions as a base matter the amparo appeal No. 20-013230-0007-CO, which, as explained in the previous considering clause, was declared inadmissible by this Chamber and consequently is not a suitable proceeding to support this action. Therefore, equally, the criterion of standing alleged here by the actor is improper.
V.- Finally, regarding the third standing criterion, the plaintiff states the following: “[t]he third criterion of standing is the defense of diffuse interests, because the number of people affected by the rules of Law 9859—companies and clients—is undetermined at this moment, but is determinable. That is, it does not involve the universe of people inhabiting this country, but rather a group identified as the persons and companies engaged in credit activity, their thousands of clients, and their employees. It is a finite number of natural and legal persons not legally organized. / Furthermore, diffuse interests concerning the financial community are defended, such as the defense of freedom of contract, the right to commerce and industry, the right of access to credit, the right of consumers to credit and equal treatment, and the right to work of the dozens of employees who would become unemployed; all rights protected by our Political Constitution, Articles 1, 28 second paragraph, 45, and 46. / The Law being challenged directly affects the rights of companies and their clients. It is a self-executing, self-applicable norm that needs no other to be effective. It is already being applied and is causing direct harm. For that reason, companies have active procedural standing to bring the Direct Unconstitutionality Action.” In the face of such an allegation, it must be indicated that this Chamber has been clarifying in its jurisprudence the scope and content of diffuse interests and has stated, to that effect, in judgment No. 2019-018932 at 12:50 p.m. on October 2, 2019, the following:
“I.- On the admissibility of the action. Numeral 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the standing parameters for subjects coming in an unconstitutionality action before this Chamber. In the sub iudice case, standing is raised based on the existence of diffuse interests. In this regard, in judgment No. 2017-002375 at 10:40 a.m. on February 15, 2017, this Court explained:
“The content of this concept has been gradually shaped by the Chamber and could be summarized in the terms used in Judgment of this Court, No. 03750-93, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, in which it was said:
‘...Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests: neither so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It therefore involves individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer actual or potential harm, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—being common to a generality—and individual, so they can be claimed in that capacity.’ In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union arises from a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is spread out, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under paragraph 2, of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect him as such. This Chamber has enumerated various rights that it has given the qualifier of ‘diffuse,’ such as the environment, cultural heritage, the defense of the territorial integrity of the country, and the proper management of public spending, among others.
In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests (intereses difusos), since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; thus, an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or places at grave risk the natural heritage of the entire country and even of humanity. Likewise, the defense of the proper management of public funds authorized in the National Budget (Presupuesto de la República) is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is no more than a simple description inherent in its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible to understand in any way that only those interests that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse interests. If that were the case, it would imply an undesirable turn in the scope of the Rule of Law (Estado de Derecho) and its correlative "State of Rights" (Estado de derechos), which—as in the Costa Rican model—is based on the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to legal goods (bienes jurídicos) whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a matter of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests, as this would imply the acceptance of the popular action (acción popular), not possible in this avenue, but rather that every individual may act in defense of goods that affect the entire national community, without it being valid in this field to attempt any effort at an exhaustive enumeration (see in this same sense Judgment of this Chamber No. 2001-07391, of 4:07 p.m. on August 14, 2001).” In the sub iudice, the Chamber considers that the petitioner files this constitutional process in protection of diffuse interests, to the extent that the transparency and publicity of the legislative procedure constitutes a legitimate interest which, beyond any individual consideration, forms part of the defense of the citizenry, with a purpose that satisfies a need of society as such, transcendent to that of a human being individually or collectively considered. In this sense, a quality of the diffuse interest is that its affectation is general—that is, it impacts an entire population or broad sectors thereof—within a context in which it is not required that the harmed subjects know each other (they may even lack any nexus or legal relationships among themselves), but the presence of the same situation of damage or danger to a constitutional good that, equally and without any need for individualization, encompasses and agglomerates an entire society in the abstract is required.” Based on the foregoing considerations, in the judgment of this Constitutional Court, such interest is not verified in this case. The petitioner seeks to defend an alleged diffuse interest of the companies and clients affected by the challenged regulations, which is improper, first, because if his intention is to defend the interests of banking or financial companies, these entities constitute an organized, easily identifiable collective, such that one would actually be in the presence of a potential corporate interest, which in this case the petitioner neither alleges nor substantiates as grounds for his standing (legitimación). Second, he cannot seek to act in defense of the diffuse interests of clients, because according to the aforementioned judgment “(…) diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons who are not formally organized, but whose union is produced on the basis of a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes under the protection of paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect him as such (…)” (the underlining does not correspond to the original). Consequently, in this case the petitioner would not have standing to act in defense of the diffuse interests of clients or consumers, since it is clear that he does not hold said interest, given that he acts in his capacity as representative of Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, upon confirming that the petitioner lacks active standing (legitimación activa), this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) is inadmissible.
VI.- CONCLUSION. Based on the foregoing, the action is rejected outright (rechazo de plano), as is hereby ordered. Judge Hernández López dissents and orders the action to proceed.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Electronic Case File Regulation for the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The action is rejected outright. Judge Hernández López dissents and orders the action to proceed.
Fernando Castillo V.
Acting Presiding Judge (Presidente a.i.)
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Dissenting Vote of Judge Hernández López I respectfully dissent from the majority vote, considering that the action is admissible, because according to reiterated constitutional jurisprudence, the defense of consumer rights constitutes a diffuse interest and, as such, can be directly brought by the companies or clients who are affected by a given regulation. In this sense, I believe the petitioner is correct in indicating that Law No. 9859 affects a group of companies and clients in the financial sector, affecting, among others, the right of access to credit. In this sense, no underlying case (juicio base) is needed to file the action in accordance with Article 75, second paragraph of the Constitutional Jurisdiction Law, since any person, whether affected or not, can directly bring an action in defense of a diffuse interest, and the Constitutional Chamber has recognized that the defense of consumer rights qualifies as such, reason for which I believe this action must proceed and be examined on its merits.
Nancy Hernández L. Judge Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 2026-05-09 09:56:19.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Rechazo de plano Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:
NO APLICA.
016086-20. COMERCIO. LEY DE USURA. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 36 BIS, 36 TER, párrafos 2), 3), 5), 7) 8) y 9), 53 párrafos 5) y 6) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley No. 9859, publicada en la Gaceta No. 147 de 20 de junio de 2020. Parte dispositiva: Se rechaza de plano la acción. La magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
CO05/22 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES DIFUSOS. “…El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima…” CO05/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:
NO APLICA.
Voto salvado de la Magistrada Hernández López Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa. En ese sentido estimo que lleva razón el accionante al indicar que la Ley n° 9859 afecta a un grupo de empresas y los clientes, del sector financiero, afectando entre otros, el derecho de acceso al crédito. En ese sentido no necesita de un juicio base para formular la acción de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que cualquier persona, afectada o no, puede accionar directamente en defensa de un interés difuso y la Sala Constitucional ha reconocido que la defensa de los derechos de los consumidores, califica como tal, razón por la cual estimo que esta acción debe ser cursada y analizada por el fondo.
CO05/22 ... Ver más 1 Res. Nº 2020-016086 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y veintiún minutos del veintiséis de agosto de dos mil vente.
Acción de inconstitucionalidad promovida por LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ACUÑA, cédula de identidad n° 1-0780-0448, representante del BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica n° 3-101-127487, contra los artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; artículo 36 ter, párrafos quinto y sexto; y el artículo 53, inciso g); todos de la Ley n° 7472, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley n° 9859, publicada en el alcance n° 150 de La Gaceta n° 147 del 20 de junio de 2020.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea a las 09:57 horas del 24 de julio de 2020, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; artículo 36 ter, párrafos quinto y sexto; y el artículo 53, inciso g); todos de la Ley n° 7472, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de diciembre de 1994, reformados por Ley n° 9859, publicada en el alcance n° 150 de La Gaceta n° 147 del 20 de junio de 2020. Manifiesta en síntesis lo siguiente: impugna el artículo 36 bis, párrafos segundo y tercero, toda vez que disponen lo siguiente: “La tasa anual máxima de interés para todo tipo de crédito, salvo para los microcréditos, se calculará sumando el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa, más doce coma ocho (12,8) puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por uno coma cinco (1,5). / La tasa anual máxima de interés para microcrédito se calculará sumando el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de interés activa, más trece coma dieciocho (13,18) puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por dos coma cero ocho cinco (2,085)”. Indica que la norma precitada contiene tres criterios para definir la tasa anual máxima de interés. Alega que no existe en las actas ni en ninguna parte del expediente legislativo, una explicación acerca de la razón por la cual los diputados seleccionaron esos tres criterios. Como no existe ninguna prueba del criterio técnico utilizado para definir estos tres elementos de la fórmula aprobada y ser completamente arbitrarios, no cumplen el propósito de ser el medio idóneo para definir una tasa de interés que cause el menor efecto posible sobre los derechos de los costarricenses, que sea la mejor alternativa de entre otras posibles, que sea idónea, necesaria y proporcional al fin pretendido. Tampoco se expuso si esta era la solución menos gravosa para el mercado financiero, tanto para los empresarios de todo tipo, como para los consumidores. Los únicos criterios técnicos fueron presentados a la Comisión de Asuntos Hacendarios en las sesiones 68 y 69 por los representantes del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), la asociación bancaria nacional (ABC) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esos estudios toman en cuenta los costos del dinero, los costos de operación de un banco o una entidad financiera, índices de morosidad, el porcentaje de mora, el porcentaje de defraudación, pérdida esperada de la cartera de crédito, costo de liquidez, costos administrativos para reducir la mora en servicio de los créditos y finalmente una utilidad esperada razonable de mercado, etcétera; en un entorno de normalidad de la actividad económica. Todos estos cálculos basados en información objetiva sometida a técnicas financieras convencionales y verificables. No obstante, reclama que los diputados decidieron hacer a un lado esos criterios técnicos y establecer unos criterios sin fundamento. Afirma que la ley impugnada es contraria a los principios de la técnica financiera y contraria al interés y a los derechos de los consumidores de más bajos recursos económicos, que ya han sido excluidos del sistema financiero formal. Alega que no por emplear datos del Banco Central en la fórmula, se cumplió un criterio técnico. Al contrario, ignoraron absolutamente el criterio del Banco Central. Seguidamente, señala que cuando definieron los límites del artículo 36 bis impugnado, la intención fue regular la tasa máxima para poder aplicar el delito de usura previsto en el artículo 243 del Código Penal. Pero el efecto fue la expulsión de miles de personas del sistema financiero. Dejaron de existir diferentes fuentes de crédito que eran hasta ahora una opción accesible para una parte importante de la población, gracias a las cuales podían obtener un crédito para su vida cotidiana. Pero ya no, porque, por el monto, no está disponible el crédito en el Sistema Bancario Nacional. Se están excluyendo ya a las personas que efectúan actividades al amparo del crédito y microcrédito comercial; indispensables para la adquisición de bienes para el hogar y la familia, tales como comprar una cocina, una lavadora, unas camas o sufragar gastos imprevistos como la salud. Todos ellos salieron del mercado por cuanto esta actividad no podrá cubrir sus altos costos operativos y no podrían subsistir con los topes de tasa de interés que impuso caprichosamente el artículo 36 bis aprobado. También, se daña la cadena de valor. Las personas usan las tarjetas de crédito en los comercios como método de pago al contado o a plazos. Se daña al comercio en general que dejarán de vender miles de millones de colones. Aduce que el modelo de Estado Social de Derecho de nuestro país obliga al fomento y a la compensación social, ante la posición de desventaja de algunos sectores de la población. Por lo que es inaceptable el fenómeno de expulsión de sectores desfavorecidos del crédito y la interrupción de la bancarización por efecto de esta ley. No existió ningún estudio que justifique que Costa Rica quedaría exento de la exclusión financiera, mucho menos que de producirse ésta, el Estado solventaría la carencia de crédito a la población afectada y las necesidades que solventaron cuando tenían crédito. Por eso en su criterio son inconstitucionales las normas cuestionadas. Dentro de este orden de ideas, señala que el número de clientes y de tarjeta habientes ya se empezó a reducir considerablemente y cada día se hará imposible el acceso a este tipo de crédito para las personas de menores ingresos; perjudicando el proceso de bancarización y accesibilidad de servicios financieros para toda la población del país, esto sin considerar el grave daño a las empresas del sector financiero. Esto conduciría a una des-bancarización importante de la economía, con los consecuentes problemas que significa, como la informalidad, la pérdida de trazabilidad fiscal, la falta de seguridad, el aumento innecesario en el tráfico de circulante, lo cual, en última instancia, repercutiría sobre la eficiencia del sistema económico. Aduce que el Banco Central advirtió que el tope no iba a evitar el endeudamiento de las personas, más bien podría tener el efecto contrario, al estimular el crédito por lo bajo de la tasa. A fin de mostrar los efectos inmediatos que ocasiona la exclusión financiera de miles de personas, que se da como resultado de las medidas adoptadas debido a la entrada en vigor de la ley, indica los siguientes datos: “BAC San José 79.789 clientes excluidos Banco Promerica 30.000 clientes excluidos Scotiabank 20.000 clientes excluidos Total parcial: 129.789 personas excluidas. Caja de Ande No dará crédito si salario líquido sea inferior a ¢200.000 colones”. Aduce que la exclusión financiera que produce la ley, es claramente, el efecto contrario al que motivó al legislador a dictar la norma. Las consecuencias demuestran que una ausencia de criterios técnicos alteró el resultado previsto. No existe una concordancia entre el los medios y los fines de la ley. Indica que el crédito y el microcrédito comercial utilizado para la adquisición de bienes para el hogar y la familia, está saliendo hoy del mercado por cuanto esta actividad, tal y como ha sido regulada con el nuevo límite del interés, no es rentable luego de cierto umbral. Aduce que la consecuencia no es sólo la exclusión financiera. Se daña un negocio, una actividad lícita, regulada y se deja de prestar el servicio a miles de costarricenses. Se obliga a las empresas a despedir empleados, cerrar sucursales, desocupar locales y dejar de pagar alquileres. Con las consecuencias fatales que tiene para todas las familias costarricenses, no sólo las que ya no tendrán opción ni acceso al crédito, sino las que perdieron sus empleos y sus ingresos. Señala que cuando la Sala Constitucional analizó la Consulta Legislativa, consideró que las posibles lesiones eran hipotéticas y por eso no era posible limitar las potestades del legislador. Sin embargo, afirma que los efectos dejaron de ser una hipótesis para las empresas que suscriben esta acción. Aduce que se pueden anticipar más cierres de sucursales, agencias, despido de empleados y más exclusión financiera, pues el último estudio del MEIC sobre tarjetas de crédito detalla el número de tarjetas que están por encima de la nueva tasa máxima, lo que significa probablemente un número equivalente de personas se quedarán sin crédito: “Tasa de Usura • El 80,66% de los plásticos titulares en colones (73,03% de los saldos) y el 44,75% en dólares (45,34% de los saldos), tienen tasas de interés superiores a las que serían potencialmente de usura. • El 74,78% de los plásticos titulares en colones (70,7% de los saldos) y el 10,98% en dólares (18,66% de los saldos), quedarían por encima de la tasa potencial de interés máxima moratoria prevista por el proyecto de usura”. Asimismo, alega la violación al principio de igualdad ante la ley, pues se trata como iguales a los desiguales. Es necesario que, si la actividad es diferente, maneje un riesgo diferente, debe también ser diferente el interés previsto para la actividad. La ley debió distinguir entre las diferentes operaciones comerciales: créditos para vivienda, para consumo como para automóviles, para industrias, para comercio para las pequeñas y medianas empresas, operaciones hipotecarias, prendarias, etcétera. Pues la variable precio (tasa) es altamente sensible tanto al riesgo como al costo; sobre todo por el gasto unitario que implica. El artículo 36 bis, establece el tope de la tasa de interés tomando en cuenta promedios del mercado del grupo “Otras Sociedades de Depósito” definido por el Banco Central, sin considerar las particularidades y características de cada uno de los actores que son afectados por esa tasa; hecho que causa un efecto discriminatorio por apartarse de los principios técnicos fundamentales en materia de financiación y crédito. Indica que la siguiente norma que ataca es el párrafo quinto del artículo 36 bis de la Ley n° 7472, reformado, porque discriminó arbitrariamente de manera negativa los créditos que utilicen un medio para gestionarlo; no por el monto como se hizo para todos los demás créditos. A pesar de que tienen el mismo monto que los microcréditos, quedaron excluidos, arbitrariamente de la tasa aplicable a los microcréditos, los créditos que utilizan las tarjetas de crédito. El texto de la norma dice lo siguiente: “Para efectos de esta ley, se entiende por microcrédito todo crédito que no supere un monto máximo de uno coma cinco (1,5) veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. Se excluyen de los microcréditos las tarjetas de crédito.” Manifiesta que este es un claro caso de discriminación negativa sin un fundamento objetivo que la sustente. Porque la tarjeta (el plástico cómo se le dice) es sólo el medio de utilización del crédito. Puede ser: A) un medio de pago de bienes y servicios o B) un crédito. En el primer caso la persona no paga intereses al emisor de la tarjeta de crédito si paga todas las deudas antes de la fecha límite. En el segundo caso la persona sí hace uso del crédito que le fue otorgado y paga intereses. Entonces, se trata de un crédito como cualquier otro. Por esto no existe ninguna justificación objetiva para tratar de una manera totalmente diferente a un crédito que tenga la misma suma que un microcrédito según la ley. De otra parte, reclama el efecto retroactivo negativo de la Ley n° 9859. Alega que el artículo 36 bis, de la Ley n° 7472 reformada, dispone en su párrafo primero lo siguiente: “La tasa anual máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero para operaciones financieras, comerciales y microcréditos, deberá ajustarse a los límites establecidos en este artículo…”. Esto significa que, a partir del sábado 20 de junio de 2020, todos los contratos vigentes y en plena ejecución, debían ajustarse de inmediato en su tasa de interés allí definida. No contiene la norma una excepción a los contratos perfeccionados bajo la legislación anterior, porque todo contrato: “deberá ajustarse a los límites establecidos en este artículo”. También dispone que la nueva tasa de interés máxima se aplica a todo “contrato, negocio o transacción”. Los términos negocio o transacción permitieron al MEIC interpretar que una cuota futura de un contrato o transacción vigente, esté afectada por la nueva ley y deberá modificarse de inmediato la tasa de interés para las cuotas futuras del mismo contrato vigente. Señala que en el párrafo noveno, la norma impuso otro límite a los contratos vigentes. Dice esa regla: “Se prohíbe a toda persona física o jurídica, que otorgue financiamiento a terceros, incorporar a la tasa de interés costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos en la presente ley. No se considerarán parte de la tasa de interés: i) los cargos por la realización evidenciable de una gestión de cobranza administrativa que no podrá ser superior, en ningún caso, al monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, no pudiendo superar nunca el monto de doce dólares de los Estados Unidos de América ($12), considerando que esta multa aplicará a partir del quinto día de atraso y no podrá́ aplicarse más de una vez al mes. Cualquier otro cargo, costo financiero o comisión, se denomine en los contratos tasa de interés o no, se considerarán parte de la tasa de interés de la operación”. Alega que, en este caso, la norma no distingue entre los contratos vigentes y los futuros, de manera que las autoridades costarricenses, interpretaron que se trata de una norma retroactiva. Aunado a lo anterior, el Transitorio de la Ley dice: “TRANSITORIO. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá realizar la primera fijación, para la tasa anual máxima de todo tipo de crédito y para microcrédito, en la primera semana del mes de enero o julio posterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Para calcular el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses, de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito, a efectos de realizar la primera fijación de ambas tasas, el BCCR utilizará las tasas promedio de los doce meses anteriores a la primera semana del mes de enero o julio, según corresponda” . Pero no dispone este artículo transitorio que la nueva tasa de interés será prospectiva. Si el Banco Central publicó las nuevas tasas de interés el día 3 de julio de 2020, debe entenderse que el siguiente semestre iniciará el 1 de enero de 2021, que es el semestre posterior. No se aclara la duda creada por esta ley, por el hecho decir al final que “rige a partir de su publicación”, porque puede entenderse que su efecto retroactivo se produce una vez publicada. Porque la ley no definió si a partir de su vigencia causará un efecto retroactivo contra las situaciones jurídicas consolidadas. Aduce que la prueba del efecto retroactivo de esta ley contra los contratos vigentes, es la respuesta que le otorgó el Ministerio de Economía a la Asociación Bancaria Costarricense de la que es parte el Banco Promerica. Expone que el Ministerio claramente dijo que todos los operadores del sistema financiero deben ajustar de inmediato sus tasas de interés a la nueva ley; criterio con el cual le otorgó un total efecto retroactivo negativo en contra de los contratos vigentes. Alega que es incuestionable que para el Ministerio de Economía la ley es retroactiva en contra de los contratos vigentes. Y como la ley le asigna potestades especiales al MEIC y a la SUGEF para denunciar prácticas contrarias a esta ley y la función de acusar las violaciones a la ley ante el Ministerio Público, estima que es evidente la nulidad por inconstitucionalidad de estos párrafos de la ley. Aduce que los gerentes y representantes de la empresa ya están en peligro de ser denunciados en la vía penal y de sufrir una pena de prisión por causa de la aplicación retroactiva de la ley. Pero la Constitución Política no permite ese efecto retroactivo negativo en su artículo 34, porque protege los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Con base en lo anterior, solicita que se declaren inconstitucionales los párrafos primero y noveno del artículo 36 bis la Ley n° 7472, en cuanto otorgan efecto retroactivo a toda la Ley n° 9859, en contra de los contratos de crédito vigentes. Como petición subsidiaria, solicita que se dicte una sentencia interpretativa en el sentido de declarar de una manera incuestionable que ninguna de las reglas de la Ley n° 9859, podrá ser aplicada de manera retroactiva contra los contratos vigentes y hasta su extinción, por las condiciones pactadas entre las partes. De otra parte, señala que ataca el párrafo octavo del artículo 36 bis de la Ley n° 7472, tal y como fue reformado por la Ley n° 9859, cuyo texto es el siguiente: “Se prohíbe a toda persona física o jurídica, que otorgue financiamiento a terceros, incorporar a la tasa de interés costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos en la presente ley. No se considerarán parte de la tasa de interés: i) los cargos por la realización evidenciable de una gestión de cobranza administrativa que no podrá ser superior, en ningún caso, al monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, no pudiendo superar nunca el monto de doce dólares de los Estados Unidos de América ($12), considerando que esta multa aplicará a partir del quinto día de atraso y no podrá́ aplicarse más de una vez al mes. Cualquier otro cargo, costo financiero o comisión, se denomine en los contratos tasa de interés o no, se considerarán parte de la tasa de interés de la operación.” Explica que cuatro son los temas impugnados: A) prohíbe incorporar a la tasa de interés costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos en la presente ley. B) Impone un plazo arbitrario de cinco días de gracia, a todos los deudores para la eficacia de la multa por mora. C) Se considera forzosamente parte de la tasa de interés cualquier otro cargo, costo financiero o comisión, se denomine en los contratos “tasa de interés” o no. D) Impone un monto arbitrario del 5% y no más de $12 el cobro por mora. Explica que en una versión anterior, el proyecto de ley excluía los seguros de los elementos que componen la tasa de interés, pero en la versión final fue eliminada. Por esa razón hoy los seguros tienen que incluirse que componen la tasa de interés. Esto creó un problema legal muy grave, porque la Superintendencia de Entidades Financieras, obliga a los bancos a exigirle a sus clientes un seguro para el crédito. Indica que en efecto, la SUGEF exige a los bancos asegurar cada uno de sus créditos. Estos no son seguros voluntarios de manera que aparte del conflicto de legal que se produjo, obliga incorporar a la tasa de interés el seguro obligatorio del crédito. También fueron incluidos en la tasa de interés los seguros voluntarios, de manera que los bancos y demás empresas del sector financiero no podrán ofrecerles a sus clientes un seguro voluntario adicional de su crédito. Pero, la SUGEF exige un seguro obligatorio para todo crédito, de manera que el efecto es todavía más grave, porque no son seguros voluntarios. En consecuencia, en su criterio, esa norma es contraria a la libertad de contratación protegida por los artículos 28 párrafo segundo, 45 y 46 de la Constitución Política, por limitar e impedir a una persona física y una persona jurídica contratar libremente estos otros servicios adicionales; diferentes de la tasa de interés de un crédito. Además, alega que la norma impugnada impone a todos los costarricenses un periodo de gracia para pagar, además del periodo de 30 días pactado entre las partes. Aun cuando un banco o una empresa financiera, un almacén de electrodomésticos, una casa de empeño, una cooperativa, una asociación solidarista o un fondo de ahorro y crédito, establezcan con el cliente periodos de pago obligatorios, la ley impuso un periodo de gracia adicional de 5 días al contrato que le impide al acreedor cobrar intereses moratorios ni gastos por cobranza. Considera que esta es una imposición abiertamente inconstitucional porque no tiene ninguna razón de existir. No se explicó en el proyecto de ley cuál es el origen de esta regla, ni cuál es la razón imperiosa fundada en la necesidad de proteger el interés de los consumidores. Si se prohíbe el interés moratorio, que es un cargo financiero y se prohíbe cobrar un gasto de cobranza en los primeros cinco días, se ha impuesto una pérdida a los acreedores de una manera abiertamente arbitraria, invasora de la libertad de contratación. No tienen relación con la tasa de interés las comisiones por sobregiros, por retiros de efectivo, por desembolso, por extra financiamientos y por administración de la cuenta. Son cargos por otros servicios que la ley hoy no permite cobrar. Sin embargo, señala que esta prohibición no tiene sentido porque el emisor del crédito le ofrece al cliente estos otros servicios complementarios como la posibilidad de sobregirarse, la posibilidad de retirar efectivo, la posibilidad de cargar a su cuenta el pago de servicios públicos y de los seguros. Ninguno de esos servicios complementarios existe en un crédito normal, porque la persona recibe el dinero mediante un cheque o mediante el depósito en su cuenta corriente o mediante el pago directo a un acreedor. No existe ninguna posibilidad de retirar dinero en efectivo, de hacer pagos desde la cuenta de ese crédito y no puede cargar a ese crédito los servicios públicos ni los seguros. La norma limitó los cargos por cobro administrativo al monto equivalente “al cinco por ciento (5%) de la parte del abono al principal que se encuentra en mora” y que no puede ser más de doce dólares de los Estados Unidos de América ($12). Por las mismas razones expuestas, considera arbitrario por falto de explicaciones y de fundamentación técnica esta imposición. Estima que es un criterio abusivo que interviene en la libertad de comercio y en la libertad de contratación. La siguiente norma que ataca es el inciso g) del artículo 53 de la Ley n° 7472, recién reformado por la Ley n° 9859. Esa norma dice lo siguiente: “Artículo 53- Potestades de la Comisión Nacional del Consumidor. La Comisión Nacional del Consumidor tiene las siguientes potestades: (...) g) Homologar las propuestas de contrato tipo que los proveedores de servicios financieros trasladan al solicitante de un crédito, para eliminar cláusulas abusivas, entendiendo estas como las que superen los límites establecidos en el artículo 36 bis de esta ley. (…)”. Manifiesta que la Constitución Política protege el derecho al comercio, la agricultura y la industria, para lo que protege el derecho al contrato; artículos 28 párrafo segundo, 45 y 46. Asimismo, la consagración de un sistema legal efectivo de protección del consumidor (artículo 46), que reconoce expresamente sus derechos fundamentales, protege los mecanismos concretos que permitan hacer valer efectivamente esos derechos, como lo es el contrato. Reclama que en contra de estos derechos, el artículo 53 inciso g) de la Ley n° 7472, permite la intervención del Estado en un área privada, como es el contenido de los contratos mercantiles. En este sentido, la norma constituye una clara intervención del Estado en la gestión privada interna de una empresa, porque obliga a las empresas a someter a autorización previa todas sus estipulaciones de un contrato mercantil, para que sea modificado libremente por un ente público. Se sustituye al Poder Judicial en esa función de revisar el derecho contractual privado. No dispuso la norma ningún criterio objetivo para calificar las “cláusulas abusivas”, sino que deja libre a la Comisión Nacional del Consumidor, para que, de manera arbitraria, califique como abusivas, todas las cláusulas que considere pertinente. Puede tratarse de reglas relacionadas con el plazo del crédito, intereses moratorios, medios de pago, criterios para calificar el incumplimiento contractual, medios para solucionar controversias, gastos de litigios, etcétera. No existe una adecuada proporción entre los fines que persigue la norma, y el grado la limitación que debe soportar el empresario. Porque, en lugar de limitarse la norma a permitir que la Comisión Nacional del Consumidor verifique la tasa de interés que regirá cada semestre, intervendrá en todo el contrato. Esta no es una limitación vinculada a la tasa de interés máxima, sino un abuso de poder permitido por la norma, en contra de la libertad de contratación de las partes. Por otra parte, no se permite la libertad de diseño de cada tipo de contrato, según la capacidad de cada empresa y el esfuerzo propio para diseñar los contratos según las mejores prácticas del mercado. La norma en su lugar, limita el derecho a la diferencia, a la competencia por la diversidad y calidad de los contratos. Consecuentemente, es contrario a la Constitución Política el hecho de obligar a todos los bancos, financieras, cooperativas, asociaciones solidaristas, mutuales y fondos de ahorro y crédito, a someter la totalidad de sus contratos a la homologación previa de un ente estatal, sin reglas objetivas y sin límites de ninguna especie. Es por esto que solicita que se declare ese inciso nulo por inconstitucional. Con fundamento en las consideraciones jurídicas señaladas, solicita que en sentencia se declare la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos aquí impugnados. Si la Sala Constitucional los estima válidos, solicita que se dicte una interpretación conforme que suprima el efecto inconstitucional de la norma; tal y como ha sido solicitado. Solicita como petición subsidiaria, que se dicte una sentencia interpretativa en el sentido de declarar de una manera incuestionable que ninguna de las reglas de la Ley n° 9859, podrá ser aplicada de manera retroactiva contra los contratos vigentes y hasta su extinción, por las condiciones pactadas entre las partes.
2.- A efectos de fundamentar su legitimación, el accionante alega tres criterios, a saber: 1) legitimación indirecta o incidental, regulada en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Señala que “[e]l asunto judicial principal que es un recurso de amparo presentado hoy día 24 de junio de 2020 ante esta Sala Constitucional”. 2) Indica que esta acción es admisible, además, por cuando defiende intereses directos de las empresas y personas físicas actores, que se manifiestan en el efecto inconstitucional que causarán esos artículos de la Ley n° 7403 en contra de sus derechos constitucionales. Afirma que se cumple con el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas, que se concreta como un daño o interés directo que sufrirían las empresas y personas físicas actores por la aplicación de esos nuevos artículos. Señala que en este caso, la aplicación de las normas atacadas sí causa una lesión individual y directa al derecho a la libertad de contratación, de empresa, de comercio y a la privacidad. 3) Indica que el tercer criterio de legitimación es la defensa de intereses difusos, porque el número de personas afectadas por las normas de la Ley n° 9859 -las empresas y los clientes-, es indeterminado en este momento, pero es determinable. Además, afirma que se defienden intereses difusos que atañen a la colectividad de las finanzas, como lo es la defensa de la libertad de contratación, el derecho al comercio y a la industria, el derecho de acceso al crédito, el derecho de los consumidores al crédito y al trato igualitario y el derecho al trabajo de las decenas de empleados que quedarían desempleados.
3.- Por resolución de las 19:56 horas del 4 de agosto de 2020, se previno a la parte accionante lo siguiente: “ (…) que dentro del TERCER DÍA, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, deberá: 1) aclarar si pretende impugnar la inconstitucionalidad de todo el artículo 36 bis de la Ley n° 7472 o solamente los párrafos mencionados en la pretensión del escrito de interposición de esta acción. 2) Aclarar si su intención es impugnar el artículo 36 ter de la Ley n° 7472 (como lo mencionó en su pretensión), de ser así, deberá fundamentar cuáles son los motivos por los que estima que esta última norma es contraria al Derecho de la Constitución, por haberlo omitido en el escrito de interposición. 3) Del mismo modo y sin perjuicio de lo anterior, conforme al artículo 4 de la Ley n° 3245 del 3 de diciembre de 1963, se le previene adicionalmente que dentro del mismo plazo, agregue y cancele el timbre del Colegio de Abogados por la suma de doscientos setenta y cinco colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial, bajo el apercibimiento –en este caso- de no oír al omiso mientras no cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos. Lo anterior, conforme a los artículos 78 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese”.
4.- Según acta de notificación agregada al expediente digital, la resolución precitada fue notificada a la parte accionante a las 08:48 horas del 5 de agosto de 2020, al medio señalado por esta en el escrito de interposición para recibir notificaciones.
5.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea a las 17:38 horas del 6 de agosto de 2020, la parte accionante cumplió con lo prevenido en la resolución de las 19:56 horas del 4 de agosto de 2020. Aclaró que no pretende impugnar la totalidad del artículo 36 bis de la Ley n° 7472, reformada por la Ley n° 9859. Impugna los párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo y noveno. Indica que cuando en la acción de inconstitucionalidad se menciona el párrafo octavo del artículo 36 bis de la Ley n°7472, se refiere al párrafo noveno. Asimismo, aclara que pretende impugnar los párrafos quinto y sexto del artículo 36 ter de la Ley n° 7472, reformada por la Ley n° 9859. Señala que el párrafo quinto del artículo 36 ter, dice lo siguiente: “Todas las personas físicas y jurídicas, que otorguen financiamiento a terceros, deberán disponer en internet de un vínculo o redireccionamiento a dicha información para sus clientes y hacer de conocimiento de estos dicha herramienta de información”. Reclama que se impuso una regla arbitraria no relacionada con la tasa de interés, que es la obligación de tener todas las empresas privadas del sector financiero “un vínculo o redireccionamiento” hacia la página electrónica del MEIC que contenga el “índice de comparabilidad de las ofertas”; índice creado por el artículo 36 ter de la Ley n° 7472. Esta es una disposición arbitraria, irrazonable y desproporcionada en relación con el fin de la ley, que es definir una tasa máxima de interés para hacer aplicable el artículo 243 del Código Penal. Agrega que es una carga impuesta a las empresas de una función típicamente estatal. Por esto, alega que conforme al artículo 28 párrafo segundo de la Constitución Política, no puede convertirse a las empresas privadas en funcionarias públicas, sirviendo un propósito estatal con fondos y medios privados. Afirma que esta norma viola directamente la libertad de empresa de industria y comercio y al contrato protegidos por los artículos 1, 28 párrafo segundo, 45 y 46 de la Constitución Política, porque le imponen una carga típicamente estatal a toda empresa privada que desee participar del mercado financiero. Señala que además las empresas deberán financiar los sistemas informáticos que cumplirían esta función pública, sin que exista una retribución estatal. Se trata de una expropiación indirecta de los fondos privados de las empresas porque los obliga a poner a disposición sus equipos, sus sistemas informáticos, su electricidad, costo de personal y de administración de su empresa, al servicio del Estado. La segunda regla que ataca del artículo 36 ter de la Ley n° 7472, es el párrafo sexto, porque impone a las empresas del sector financiero la obligación de entregar al MEIC y al BCCR “toda la información” que pidan para elaborar el “índice de comparabilidad de las ofertas”. Dice lo siguiente: “Todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales, que brinden servicios de financiamiento a terceros, en Costa Rica, estarán obligadas a entregar, mediante medios electrónicos, toda la información que el BCCR o el MEIC requerirán para desarrollar este índice, pudiendo ordenar, cualquiera de estas instituciones, que esta información esté certificada por un auditor independiente cuando así lo estimen necesario”. Reclama que la norma no tiene límites dispuestos por la ley, de manera que se dejó librado a la plena y libre discrecionalidad de esos dos órganos y entes públicos, pedir toda la información privada de las empresas. Considera que se ha delegado de manera inconstitucional en el Poder Ejecutivo y en el Banco Central, una potestad que sólo puede ser reglada por Ley de la República, por tratarse de la limitación de un derecho constitucional. En efecto, si el artículo 36 ter párrafo primero, creó el “índice de comparabilidad”, la información que pueden pedir esos entes públicos es únicamente la dispuesta por una Ley. No es admisible la delegación en un reglamento administrativo la regulación de los derechos constitucionales. Como segundo alegato, indica que no puede ser solicitada toda la información privada de las empresas, porque esa información está protegida por el derecho a la privacidad declarado por los artículos 28, párrafo segundo, y 24 constitucionales. Por otra parte, se desprotege la información privada, confidencial, protegida de todos los clientes. El Estado podría pedir datos sensibles no relacionados con la tasa de interés máxima (Ley de protección de datos personales n° 8968 y el artículo 24 de la Constitución Política). Expone que la última regla de esta norma es la obligación de pagar a un tercero, un auditor independiente para que certifique la información que arbitrariamente solicitarán el MEIC y el Banco Central. Reclama que esta es otra carga económica que, sin ninguna justificación, se les impone a las empresas privadas para cumplir un fin público. Finalmente, señala que aporta el comprobante de haber pagado la suma prevenida por concepto del timbre del Colegio de Abogados.
6.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
I.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante Sentencia n° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:
“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
II.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE. En el caso en estudio, el accionante alega tres criterios para fundamentar su legitimación: primero, dice ostentar legitimación indirecta o incidental, pues señala que “[e]l asunto judicial principal que es un recurso de amparo presentado hoy día 24 de junio de 2020 ante esta Sala Constitucional”. Luego de consultar el Sistema de Gestión de este Tribunal, se constata que el recurso de amparo fue interpuesto el 24 de julio de 2020 y se tramita bajo el expediente judicial n° 20-013230-0007-CO. Segundo, indica que esta acción es admisible, por cuando defiende intereses directos de las empresas y personas físicas, pues afirma que se cumple con el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas. Tercero, señala que acude en defensa de los intereses difusos de las empresas y clientes afectados con la normativa impugnada. No obstante, en criterio de este Tribunal Constitucional, esta acción resulta inadmisible, toda vez que la parte accionante carece de legitimación, tanto en forma incidental como directa, para interponer este proceso, por las razones que a continuación se exponen.
III.- Respecto al primer criterio de legitimación alegado por el gestionante, sea la acción incidental o indirecta, este menciona como asunto base un recurso de amparo interpuesto ante esta Sala. Debe reiterarse, por tanto, que el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional presupone, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, que bien puede ser un recurso de amparo, en el que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado; sin embargo, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que cuando el asunto base en que se apoya la presentación de una acción de inconstitucionalidad es un recurso de amparo, este debe ser, a su vez, admisible. Respecto a este punto, en sentencia n° 2004-94 de las 15:15 horas del 27 de abril de 1994, este Tribunal indicó lo siguiente:
“(...) Por otra parte, la Sala no puede dejar de advertir la situación concreta planteada en el recurso, específicamente en lo que se refiere a la posibilidad que otorga el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, debiendo indicarse que para estos casos es absolutamente necesario que éstos sean admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el que estén de por medio no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución hayan de aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ello no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de inconstitucionalidad, pues ello implicaría reconocer, por esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades se ha sido rechazado, tanto en la doctrina especializada, como la propia Jurisprudencia de esta Sala.” (Criterio reafirmado -entre otras- en sentencias números 2005-94, 416-96, 749-96, 857-96, 2511-96 y 5268-96).
En este caso concreto, el amparo a que hace referencia el accionante es el expediente n° 20-013230-0007-CO, el cual fue rechazado de plano mediante sentencia n° 2020-014853 de las 09:15 horas del 7 de agosto de 2020, con sustento en el siguiente orden de consideraciones:
“I.- OBJETO DEL AMPARO. La parte recurrente solicita a este Tribunal, se declare la nulidad del acta de Sesión Nº 5943-2020 del 24 de junio de 2020, dictado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y del oficio DMOF-447-20, dictado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como la inconstitucionalidad de los párrafos primero y noveno del artículo 36 bis, la Ley N° 7472 en cuanto otorgan efecto retroactivo a toda la Ley N° 9859 en contra de los contratos de crédito vigentes.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, lo expuesto por la parte accionante no se relaciona con una vulneración directa a derecho fundamental alguno, por lo que excede el ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, el accionante se limita a mencionar, en forma genérica, las razones por las cuales considera que la Ley N° 9859, denominada “Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, resulta contraria al derecho de la Constitución. Al respecto, se aclara al recurrente que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la correcta interpretación de la Ley de cita, ni revisar la forma en que debe aplicarse el período de computación de intereses. Resulta oportuno indicar que el caso se circunscribe dentro de las previsiones del artículo 30, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuyo texto impide a la Sala conocer recursos de amparo en contra de leyes y de otras disposiciones de carácter general, a excepción de que el tema se plantee junto con el reclamo de actos de aplicación individual y ello solo con el fin de que se otorgue plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad respectiva. En este caso, en cambio, cabe señalar que el asunto tampoco se enmarca en los casos de excepción, pues no se comprueba la existencia de alguna afectación concreta al interesado por la supuesta inconstitucionalidad. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso.
III.- RAZONES PARTICULARES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Coincido con el voto de mayoría en cuanto a que se debe rechazar de plano el recurso. Sin embargo, estimo oportuno enfatizar en que en el sub lite, el accionante plantea el recurso de amparo a favor de la sociedad Banca Promérica S.A.. De importancia para el caso concreto, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”. Al respecto, partiendo de lo externado en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la sociedad mencionada, pues no se estableció la relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, en cuanto al derecho presuntamente agraviado.
(…)
POR TANTO:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones particulares”.
Asimismo, advierte esta Sala que dentro del recurso de amparo n° 20-13230-0007-CO, el 12 de agosto de 2020 se interpuso una gestión de aclaración y adición; no obstante, esta gestión no modifica el estado de rechazo de plano del expediente. Por ende, al haberse declarado inadmisible el citado recurso de amparo, este no puede estimarse como medio idóneo para servir de base en esta acción de inconstitucionalidad, en los términos del citado artículo 75 de la Ley que rige esta jurisdicción.
IV.- Ahora bien, respecto a los alegados criterios de legitimación segundo y tercero, mediante los cuales el accionante pretende fundamentar la posibilidad de accionar en forma directa, considera este Tribunal Constitucional que resultan igualmente improcedentes. Así, en el escrito de interposición, como segundo criterio, el accionante alega que “[e]sta acción de inconstitucionalidad es admisible, además, por cuanto defiende intereses directos de las empresas y personas físicas actores, que se manifiestan en el efecto inconstitucional que causarán esos artículos de la ley 7472 en contra de sus derechos constitucionales. / Por esto, se cumple el requisito de estar debidamente fundamentada y motivada la acción de inconstitucionalidad. / Pero, además, se cumple el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa causada por esas normas, que se concreta como un daño o interés directo que sufrirían las empresas y personas físicas actores por la aplicación de esos nuevos artículos de la ley 7472 impugnados. / En este caso, la aplicación de las normas atacadas sí causa una lesión individual y directa al derecho a la libertad de contratación, de empresa, de comercio, a la privacidad. Por ello existe una relación causal entre el proceso judicial base y el resultado de esta acción de inconstitucionalidad”.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, dispone que “[n]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa”, a contrario sensu, dado que en este caso concreto, como el mismo accionante afirma, las normas impugnadas podrían afectar de manera individual y directa a las personas, es necesario, como requisito para interponer esta acción, que exista un asunto previo, sea en vía judicial o administrativa, donde el interesado haya invocado la inconstitucionalidad aquí alegada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que estima vulnerado en el proceso base. Pese a lo anterior, en este caso, el accionante únicamente menciona como asunto base el recurso de amparo n° 20-013230-0007-CO, el cual, como se explicó en el considerando anterior, fue declarado inadmisible por esta Sala y en consecuencia no es un proceso idóneo para sostener esta acción. Por ende, igualmente, resulta improcedente el criterio de legitimación aquí alegado por el actor.
V.- Finalmente, en cuanto al tercer criterio de legitimación, el accionante manifiesta lo siguiente: “[e]l tercer criterio de legitimación es la defensa de intereses difusos, porque el número de personas afectadas por las normas de la ley 9859 -las empresas y los clientes-, es indeterminado en este momento, pero es determinable. Es decir, no se trata del universo de las personas que habitan este país, sino de un grupo identificado como las personas y empresas que se dedican a la actividad de créditos, sus miles de clientes y sus empleados. Es un número finito de personas físicas y jurídicas no organizadas jurídicamente. / Además, se defienden intereses difusos que atañen a la colectividad de las finanzas, como lo es la defensa de la libertad de contratación, el derecho al comercio y a la industria, el derecho de acceso al crédito, el derecho de los consumidores al crédito y al trato igualitario y el derecho al trabajo de las decenas de empleados que quedarían desempleados; derechos todos protegidos por nuestra Constitución Política, artículos 1, 28 prf. segundo, 45 y 46. / La Ley que se impugna afecta de manera directa los derechos de las empresas y de sus clientes. Es una norma auto-ejecutiva, auto-aplicativa, (self executing), que no necesita ninguna otra para ser eficaz. Ya se está aplicando y está causando daño directamente. Por ese motivo, las empresas tienen legitimación procesal activa para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Directa”.
Ante tal alegato, debe indicarse que esta Sala ha venido precisando en su jurisprudencia el alcance y contenido de los intereses difusos y ha señalado, al efecto, en la sentencia n° 2019-018932 de las 12:50 horas del 2 de octubre de 2019, lo siguiente:
“I.- Sobre la admisibilidad de la acción. El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los parámetros de legitimación para los sujetos que acudan en acción de inconstitucionalidad ante esta Sala. En el sub iudice, la legitimación es planteada a partir de la existencia de intereses difusos. Al respecto, en la sentencia n.° 2017-002375 de las 10:40 horas del 15 de febrero de 2017, este Tribunal explicó:
“El contenido de este concepto ha sido delineado paulatinamente por parte de la Sala y podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia de este Tribunal, N° 03750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 en la que se dijo:
"...Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales. pero a la vez. diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez. de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter'.
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de esta; así, un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e, incluso, de la humanidad. De igual forma, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados intereses difusos los que la Sala expresamente haya reconocido como tales. Si así fuera, ello implicará dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que estas subyacen a la misma condición humana y no requieren, por ende, de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2o, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, habla de intereses" que atañen a la colectividad en su conjunto se refiere a los bienes jurídicos cuya titularidad reposa en los mismos detentares de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata, por ende, de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses, pues ello implicaría la aceptación de la acción popular, no posible en esta vía, sino que todo individuo puede actuar en defensa de los bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa (ver en este mismo sentido la Sentencia de esta Sala N° 2001-07391, de las 16:07 horas del 14 de agosto de 2001).” En el sub iudice, la Sala considera que el accionante interpone este proceso de constitucionalidad en protección de intereses difusos, en la medida que la transparencia y publicidad del procedimiento legislativo constituye un interés legítimo, que, allende de alguna consideración individual, forma parte de la defensa de la ciudadanía, con una finalidad que satisface una necesidad de la sociedad como tal, trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En este sentido, una cualidad del interés difuso consiste en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto”.
Con base en las consideraciones anteriores, en criterio de este Tribunal Constitucional, dicho interés no se verifica en este caso. El accionante pretende defender un supuesto interés difuso de las empresas y clientes afectados por la normativa impugnada, lo cual es improcedente, primero, porque si su intención es defender los intereses de las empresas bancarias o financieras, estas entidades constituyen un colectivo organizado, fácilmente identificable, de modo que en realidad se estaría en presencia de un eventual interés corporativo, el cual en este caso el actor no alega ni fundamenta como motivo de su legitimación. Segundo, tampoco puede pretender actuar en defensa de intereses difusos de los clientes, pues conforme a la sentencia precitada “(…) los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal (…)” (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, en este caso el actor no estaría legitimado para actuar en defensa de los intereses difusos de los clientes o consumidores, pues es claro que no ostenta dicho interés, dado que acciona en su condición de representante de Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Por ende, al constatarse que la parte accionante carece de legitimación activa, esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible.
VI.- CONCLUSIÓN. Con base en lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone. La Magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza de plano la acción. La magistrada Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la acción.
Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Voto salvado de la Magistrada Hernández López Respetuosamente disiento del voto de mayoría, al considerar que la acción es admisible, porque según la reiterada jurisprudencia constitucional, la defensa de los derechos de los consumidores constituye un interés difuso y como tal, puede ser accionado en forma directa por las empresas o clientes que se ven afectados por una determinada normativa. En ese sentido estimo que lleva razón el accionante al indicar que la Ley n° 9859 afecta a un grupo de empresas y los clientes, del sector financiero, afectando entre otros, el derecho de acceso al crédito. En ese sentido no necesita de un juicio base para formular la acción de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que cualquier persona, afectada o no, puede accionar directamente en defensa de un interés difuso y la Sala Constitucional ha reconocido que la defensa de los derechos de los consumidores, califica como tal, razón por la cual estimo que esta acción debe ser cursada y analizada por el fondo.
Nancy Hernández L.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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