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Res. 20726-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/09/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of San Rafael de Heredia to make the necessary storm drainage improvements, and the Ministry of Health to coordinate compliance with another health order and verify proper wastewater disposal in the denounced area.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial, y al Ministerio de Salud coordinar el cumplimiento de otra orden sanitaria y verificar la correcta disposición de aguas residuales en la zona denunciada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident of San Rafael de Heredia against the Municipality of San Rafael de Heredia and the San Rafael-Barva Health Area of the Ministry of Health. The claimant denounced the lack of an adequate stormwater drainage system on Calle El Común, which caused ponding, foul odors, and potential vector breeding sites—a situation dating back at least to 2013 that had not been resolved despite health orders and agreements reached in meetings with the mayor's office. The Chamber found a violation of the fundamental rights to a healthy environment and health, protected under Article 50 of the Political Constitution, and reiterated that municipalities, under Article 169, have a duty to provide effective public services, including maintenance of storm drainage infrastructure. It also established the Health Area's responsibility for issuing and monitoring health orders to prevent public health risks. The amparo was granted, ordering the Municipality to make the necessary improvements to the storm drainage system in accordance with an outstanding health order, and the Ministry of Health to ensure compliance with another health order and verify the proper discharge of wastewater. Judge Garro Vargas partially dissented regarding the execution phase, proposing that it be carried out before the Administrative Court.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino del cantón de San Rafael de Heredia contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva del Ministerio de Salud. El recurrente denunció la falta de infraestructura adecuada para la canalización de aguas pluviales en la Calle El Común, lo que provocaba estancamientos, malos olores y posibles criaderos de vectores, situación que databa al menos desde 2013 y que no había sido resuelta pese a órdenes sanitarias y acuerdos en reuniones con la alcaldía. La Sala acreditó la lesión a los derechos fundamentales a un ambiente sano y a la salud, tutelados en el artículo 50 de la Constitución Política, y recordó que las municipalidades, conforme al artículo 169 constitucional, tienen la obligación de prestar servicios públicos eficientes, lo que incluye el mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial. Asimismo, señaló la responsabilidad del Área de Salud en la emisión y seguimiento de órdenes sanitarias para prevenir riesgos a la salud pública. Se declaró con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad realizar las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial según la orden sanitaria emitida y al Ministerio de Salud coordinar el cumplimiento de otra orden sanitaria y verificar la inexistencia de vertidos inadecuados. La Magistrada Garro Vargas emitió un voto salvado parcial sobre la fase de ejecución, proponiendo que se realizara ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by this Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely define their content for application to specific cases, thus requiring the use of evaluative and experiential criteria by those charged with applying it to determine its content. The creation of adequate drainage infrastructure within a community so as not to cause property damage, health issues, or environmental problems for its residents falls, within the terms of the Political Constitution, within the canton's interests and is part of the services the Municipality is obligated to provide. Therefore, Municipalities are obligated to adopt certain conduct in order to fulfill their purposes, taking the necessary measures to provide the residents of the community they represent with an efficient stormwater drainage system. This Chamber considers that although the San Rafael-Barva Health Area, through official note CN-ARS-SRB-1743-2016 of July 19, 2016, decided to archive the complaint filed by the claimant due to a lack of accumulated water in the initially assessed area and given that the wastewater problem had been resolved, the truth is that it also noted that "... the absence of gutters for stormwater channeling is evident." (...) As a corollary to the foregoing, the granting of this amparo proceeding is warranted due to the actions of the Health Area, as indicated in the operative part of this ruling. The amparo is GRANTED. It is ordered that MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, in her capacity as President of the Municipal Council, and VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, in his capacity as Mayor, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whoever holds those positions, take the corresponding measures and coordinate whatever is necessary so that, within the deadline and terms indicated in Health Order MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, the necessary improvements to the storm drainage system are carried out.El artículo 169, de la Constitución Política, establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. Por tal motivo, las Municipalidades, están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Considera esta Sala que si bien el Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva, mediante oficio CN-ARS-SRB-1743-2016 del 19 de julio de 2016 optó por archivar la denuncia interpuesta por el recurrente ante la inexistencia de acumulación de aguas en la zona inicialmente valorada y dado que el problema de aguas residuales fue resuelto, lo cierto es que también indicó que “…se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales”. (...) Corolario de lo expuesto, se impone la estimatoria del presente proceso de amparo, por las actuaciones del Área de Salud accionada, tal como se indica en la parte dispositiva de este pronunciamiento. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, en condición de Presidenta del Concejo Municipal y a VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, en condición de Alcalde, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ejerzan tales cargos, que tomen las medidas correspondientes y coordinen lo necesario para que, en el plazo y los términos indicados en la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, realicen las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial.
Pull quotesCitas destacadas
"La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar."
"The creation of adequate drainage infrastructure within a community so as not to cause property damage, health issues, or environmental problems for its residents falls, within the terms of the Political Constitution, within the canton's interests and is part of the services the Municipality is obligated to provide."
Considerando IV
"La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar."
Considerando IV
"Considera esta Sala que si bien el Área Rectora de Salud (...) optó por archivar la denuncia (...) lo cierto es que también indicó que '…se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales'. (...) Corolario de lo expuesto, se impone la estimatoria del presente proceso de amparo."
"This Chamber considers that although the Health Area (...) decided to archive the complaint (...) the truth is that it also noted that '... the absence of gutters for stormwater channeling is evident.' (...) As a corollary to the foregoing, the granting of this amparo proceeding is warranted."
Considerando V
"Considera esta Sala que si bien el Área Rectora de Salud (...) optó por archivar la denuncia (...) lo cierto es que también indicó que '…se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales'. (...) Corolario de lo expuesto, se impone la estimatoria del presente proceso de amparo."
Considerando V
"De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir."
"In accordance with Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it."
Por tanto
"De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: 09:15 on September 17, 2021 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Content of Interest:
Type of content: Majority vote 20726-21. RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. THE MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA IS ORDERED TO CARRY OUT IMPROVEMENTS TO THE STORM DRAINAGE SYSTEM, IN ACCORDANCE WITH AN ISSUED SANITARY ORDER. AND, THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO COORDINATE COMPLIANCE WITH ANOTHER SANITARY ORDER REGARDING RESIDUAL OR BLACK WATERS IN AN AREA OF THE CANTON.
LBH03/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote 20726-21. RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. THE MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA IS ORDERED TO CARRY OUT IMPROVEMENTS TO THE STORM DRAINAGE SYSTEM, IN ACCORDANCE WITH AN ISSUED SANITARY ORDER. AND, THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO COORDINATE COMPLIANCE WITH ANOTHER SANITARY ORDER REGARDING RESIDUAL OR BLACK WATERS IN AN AREA OF THE CANTON.
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Type of content: Majority vote 20726-21. RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. THE MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA IS ORDERED TO CARRY OUT IMPROVEMENTS TO THE STORM DRAINAGE SYSTEM, IN ACCORDANCE WITH AN ISSUED SANITARY ORDER. AND, THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO COORDINATE COMPLIANCE WITH ANOTHER SANITARY ORDER REGARDING RESIDUAL OR BLACK WATERS IN AN AREA OF THE CANTON.
LBH03/22 ... See more Res. No. 2021020726 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on September seventeenth, two thousand twenty-one.
Amparo appeal processed in expediente number 21-015098-0007-CO filed by RODOLFO DANIEL VINDAS CANTILLANO, identity card 0106540584, against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA AND THE HEALTH GOVERNING AREA SAN RAFAEL-BARVA OF THE MINISTRY OF HEALTH.
WHEREAS:
1.- By document received in this Chamber at 11:13 hrs. on August 5, 2021, the petitioner files an amparo appeal and states that, through official communication No. CN-ARS-SRB-1259-13 of May 20, 2013, issued by the Health Governing Area San Rafael-Barva, it was determined that: "(...) Address: 600 m east of Residencial Cozumel, in front of a mechanical workshop. Background: Visits were conducted on February 21, February 27, and March 11, 2013. Situation found: Conversation with Eng. Rodolfo Vindas, who lives at the address indicated above, belonging to the district of Concepción of San Rafael de Heredia; he comments on the countless requirements he had to fulfill to carry out the construction of his home and how the municipality thoroughly supervised compliance with legislation at the time he carried out his construction. Eng. Rodolfo Vindas stated that his neighbors discharge waters into the cordón de caño, in quotation marks, because at the time of the visit there isn't even one; in sectors it is completely broken by vehicle traffic and in others there is no cordón de caño to channel the waters, so they stagnate in a vacant lot further ahead. Given that the denouncer's neighbors discharge waters into the caño, these stagnate and produce foul odors, a dye test was conducted in the sinks of Lorena Leiva Leiva, tenant of Martin Castillo Girón, and it tested positive, therefore the waters must be disposed of within their own property, as established by the Ley (...)". Furthermore, he highlights that said official communication recommended: "(...) The Municipality must clean the cordón de caño and finish its construction works in the sectors where it does not exist, to avoid water stagnation (estancamiento de aguas), foul odors, and vector proliferation." He states that on October 4, 2018, a meeting was held with the presence of Mayor Verny Valerio Hernández, Vice-Mayor Francinie Morera Brenes, and other residents of the canton, including the undersigned, where it was agreed - according to minutes (minuta) No. 030-2018 - that: his person would send the complaint by email to the mayor's office for follow-up; and that the mayor's office would inspect the cuartería - within 8 days -, would carry out the study of encroachment, water channeling, and cordón de caño with the municipal engineer - within 3 months -, and would coordinate the cleaning of the landslide from Sigifredo's coffee plantation, the caños, and the brush at the bridge - within 15 days -. He emphasizes that, according to what was agreed, on October 10, 2018, he sent the corresponding complaint to the vice-mayor's office by mail. He accuses that currently the mayor has not solved the described problem nor complied with the commitments made in the meeting of October 4, 2018, a situation that affects local residents. For the reasons stated, he comes to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted.
2.- By order at 10:33 hrs. on August 10, 2021, this appeal was processed and notified to the authorities of the Municipality of San Rafael de Heredia on August 13, 2021, and to the authorities of the Health Governing Area San Rafael-Barva of the Ministry of Health on September 1, 2021.
3.- By documents filed on August 18, 2021, MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, in her capacity as President of the Municipal Council, and VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, in his capacity as Mayor, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, report under oath that: "(...) The Municipality of San Rafael de Heredia has always been characterized by carrying out large and impactful road improvement works, considering both drainage systems and road surfaces, and infrastructure for the Canton. Investments have been made totaling approximately 350 million colones annually for drainage systems alone. (...) The projects carried out by the Municipality are arranged by sectors and according to the economic and human resources available for that purpose. (...) The DPUT report, issued by Eng. Erick Camacho Sánchez, Director of Municipal Urban and Territorial Development, is attached, detailing the case at hand." 4.- By document filed on September 6, 2021, MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ, in her capacity as Director of the Health Governing Area of San Rafael-Barva, reports under oath that: "(...) It is recorded in the file of the Health Governing Area of San Rafael Barva that, on January 10, 2013, Mr. Rodolfo Vindas Cantillano filed a complaint against neighbors and the municipality of San Rafael for the discharge of residual waters and black waters (aguas residuales y negras) onto the public roadway by his neighbors; he claims that he was forced to comply with everything required and his neighbors were not, which causes a waste stabilization pond on the road, producing dengue and foul odors.
Inspections were carried out on February 21, February 27, and March 11, 2013, according to technical report CN-ARS-SRB-1259-13, and the neighbors immediately adjacent to Mr. Vindas Cantillano are identified, resulting in one neighbor (Martín Castillo Girón) having a positive fluorescein test result for residual waters draining onto the public roadway, thus, their disposal within his property is ordered; the other neighbor Olga Monge has a negative test for residual waters; it is recorded that there is no disposal of black waters onto the public roadway.
Said report indicates that the Municipality must carry out the necessary works for the adequate management of stormwater (aguas pluviales) at the level of the cordón de caño, and a 15-day deadline is granted for this.
On July 19, 2016, a follow-up inspection of the case was conducted; according to official communication CN-ARS-SRB-1743-2016, it is noted that there is no evidence of water accumulation in the area initially assessed, therefore the residual water problem was resolved; but the absence of ditches (cunetas) for stormwater channeling is noted; it is recorded that there is no presence of vectors in the area denounced. Thus, official communication CN-ARS-SRB-1744-2016 is issued, addressed to the mayor of the Municipality of San Rafael, so that he proceeds to do what is pertinent in attention to the case at hand, since by competencies, the attention of the case corresponds to said institution.
It is recorded in official communication 1152-2016-AMSRH of July 29, 2016, that the mayor requested Mr. Luis Campos Sánchez, head of Works and Services of the Municipality of San Rafael, to clean the caño in the area denounced.
After this date, there is no record of entry of a complaint regarding the case or its opening, therefore it is transferred to passive files.
B. Inspection findings:
• Upon the filing of Amparo Appeal No. 21-015098-0007-CO on September 1, 2021, filed by Mr. Vindas Cantillano against the Municipality of San Rafael de Heredia, an inspection of the denounced site is conducted and Technical Report MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021 is issued, in which it is possible to demonstrate that the public roadway lacks adequate infrastructure for the proper channeling of stormwater on Calle El Común.
• It is indicated that there is currently no presence of vectors, but the situation contributes to such a situation.
• Therefore, a sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 is issued to Mr. Verny Valerio Hernández, Municipal Mayor of San Rafael de Heredia, and Mrs. Melissa Villalobos Lobo, President of the Municipal Council (SIC) of San Rafael de Heredia, to condition an adequate infrastructure system for the proper evacuation of stormwater at the site in question.
• The case is considered open and under follow-up. (...)
In the present case, the required steps were taken, a sanitary order was notified to the Mayor and the President of the Municipal Council (SIC) of Heredia with a period of ten months, to proceed to condition an adequate infrastructure system for the proper evacuation of stormwater from Calle El Común, so that they discharge sanitarily into the nearest stormwater collector (colector pluvial), without causing water stagnation along their path and preventing them from directly impacting and causing damage to other properties. As has been demonstrated, the allegations of the petitioner here carry weight from a sanitary point of view, therefore, it is mandatory for the Municipality of San Rafael as well as the Municipal Council (SIC) of San Rafael to issue the actions within their competence for the proper attention of the constitutional claim of the petitioner here, who comes to the Constitutional Chamber in protection of his right to health and a healthy environment, contemplated in Article 50 of the Constitución Política. This Health Governing Area instance concludes that, although there is certainly no situation that puts the population's health in imminent or direct danger, there is a situation previously detected and recurring that must be rectified by the entity responsible for the case." It requests that the appeal be dismissed.
5.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,
Considering:
I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner files an amparo appeal and states that through official communication No. CN-ARS-SRB-1259-13 of May 20, 2013, issued by the Health Governing Area San Rafael-Barva, it was determined that: "(...) Address: 600 m east of Residencial Cozumel, in front of a mechanical workshop. Background: Visits were conducted on February 21, February 27, and March 11, 2013. Situation found: Conversation with Eng. Rodolfo Vindas, who lives at the address indicated above, belonging to the district of Concepción of San Rafael de Heredia; he comments on the countless requirements he had to fulfill to carry out the construction of his home and how the municipality thoroughly supervised compliance with legislation at the time he carried out his construction. Eng. Rodolfo Vindas stated that his neighbors discharge waters into the cordón de caño, in quotation marks, because at the time of the visit there isn't even one; in sectors it is completely broken by vehicle traffic and in others there is no cordón de caño to channel the waters, so they stagnate in a vacant lot further ahead. Given that the denouncer's neighbors discharge waters into the caño, these stagnate and produce foul odors, a dye test was conducted in the sinks of Lorena Leiva Leiva, tenant of Martin Castillo Girón, and it tested positive, therefore the waters must be disposed of within their own property, as established by the Ley (...)". Furthermore, he highlights that said official communication recommended: "(...) The Municipality must clean the cordón de caño and finish its construction works in the sectors where it does not exist, to avoid water stagnation, foul odors, and vector proliferation." He states that on October 4, 2018, a meeting was held with the presence of Mayor Verny Valerio Hernández, Vice-Mayor Francinie Morera Brenes, and other residents of the canton, including the undersigned, where it was agreed - according to minutes (minuta) No. 030-2018 - that: his person would send the complaint by email to the mayor's office for follow-up; and that the mayor's office would inspect the cuartería - within 8 days -, would carry out the study of encroachment, water channeling, and cordón de caño with the municipal engineer - within 3 months -, and would coordinate the cleaning of the landslide from Sigifredo's coffee plantation, the caños, and the brush at the bridge - within 15 days -. He emphasizes that, according to what was agreed, on October 10, 2018, he sent the corresponding complaint to the vice-mayor's office by mail. He accuses that currently the mayor has not solved the described problem nor complied with the commitments made in the meeting of October 4, 2018, a situation that affects local residents.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, whether because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
Regarding the facts related to the municipality of San Rafael de Heredia:
The sector located 600 meters east of the entrance to Residencial Cozumel, the infrastructure is in poor condition and in other sites is non-existent. Said sector will be intervened in the last quarter of 2021 (see evidence attached to the record).
Regarding the facts related to the Health Governing Area of San Rafael-Barva:
On January 10, 2013, the petitioner filed a complaint against neighbors and the municipality of San Rafael for the discharge of residual waters and black waters (aguas residuales y negras) onto the public roadway, by his neighbors (see evidence and report submitted by the respondent authorities). On February 21, February 27, and March 11, 2013, the respective inspections were carried out, and in technical report CN-ARS-SRB-1259-13 it was indicated that neighbor Martín Castillo Girón has a positive result in the fluorescein test for residual waters draining onto the public roadway; therefore, their disposal within his property was ordered; neighbor Olga Monge, with a negative test for residual waters, so there is no disposal of black waters (aguas negras) onto the public roadway. Said report indicates that the Municipality must carry out the necessary works for the adequate management of stormwater at the level of the cordón de caño, and a 15-day deadline is granted for this (see evidence and report submitted by the respondent authorities). On July 19, 2016, a follow-up inspection of the case was conducted; in official communication CN-ARS-SRB-1743-2016, it was noted that there is no evidence of water accumulation in the area initially assessed, therefore the residual water problem was resolved; but the absence of ditches for stormwater channeling is noted, with no vectors in the area denounced. Likewise, it was noted that the mayor requested Mr. Luis Campos Sánchez, head of Works and Services of the Municipality of San Rafael, to clean the caño in the area denounced (see evidence and report submitted by the respondent authorities). On the occasion of the amparo appeal, Sanitary Order (Orden Sanitaria) MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021 was issued, upon evidencing that the public roadway lacks adequate infrastructure for the proper channeling of stormwater on Calle El Común, and Mr. Verny Valerio Hernández, Municipal Mayor, and Mrs. Melissa Villalobos Lobo, President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, were ordered to condition an adequate infrastructure system for the proper evacuation of stormwater at the site in question within a period of ten months (see evidence and report submitted by the respondent authorities).
III. - IN REFERENCE TO THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo process, it is pertinent to indicate that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, Economic, Social, and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing economic well-being and the development of human beings and peoples. Based on this, a subjective and an objective content of such rights can be identified. Thus, regarding the subjective sense, entitlement rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as minimum vital standards that the State must safeguard for people. The satisfaction of these needs supposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of Article 50 of the Constitución Política and Article 26 of the American Convention on Human Rights. In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies - including the district municipal councils - is relevant; they, based on Article 169 of the Constitution, are obligated to effectively provide the public services entrusted to them. Thus, in application to the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roadways -roads, sidewalks, and storm drainage (alcantarillado pluvial)-, through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what this Tribunal has indicated in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment No. 2007-017552 of 12:22 hours on November 30, 2007, it stated:
"(...) Article 50 cited also outlines the Social Rule of Law, so we can conclude that the Constitución Política emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Powers over factors that can alter its balance and hinder a person from developing and unfolding in a healthy environment. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its primary rationale, first, because, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of them, and, second, because the State's activity is directed towards satisfying the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, namely soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands - such as food, energy, housing, health, and recreation - would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more comprehensive manner, establishing a 'macro-environmental' concept, by also including aspects referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: 'Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, since the latter is only part of the environment. Nature protection policy also encompasses other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus unify the legal set we call Environmental Law (...)'"
Having said the above, it is established that this Chamber, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitución Política, which compel the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to use the material and legally legitimate means to guarantee them.
IV.- ON THE FACTS ATTRIBUTED TO THE MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA IN THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities - which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that, in the sector located 600 meters east of the entrance to Residencial Cozumel, the infrastructure is in poor condition and in other sites is non-existent. Said sector will be intervened in the last quarter of 2021. As indicated by the respondent local government through the report of the Director of Municipal Urban and Territorial Development, the facts denounced by the petitioner were accepted, and it was indicated that the intervention at the site would be carried out in the last quarter of the year 2021. From the proven factual basis, it is possible for this Constitutional Tribunal to deduce that, indeed, in the denounced location, there is no adequate management of stormwater (aguas pluviales), a situation that affects the residents (munícipes) of the locality and particularly the protected party. This is inferred from the fact acknowledged by the respondent local government, as well as from the inspection carried out in situ by the Health Governing Area of San Rafael-Barva. It is appropriate to consider that Article 169 of the Constitución Política establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be entrusted to the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, making it necessary to resort to value and experience criteria by whoever corresponds to apply it, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Constitución Política, of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obligated to provide. For this reason, Municipalities are obligated to assume a specific behavior for the satisfaction of their purposes, taking the required measures to provide the inhabitants of the community they represent with an efficient drainage system for stormwater. This implies, in many cases, issuing the corresponding administrative orders so that the residents of the area comply with the regulations established for such purposes. It is clear that, adjusted to reasonableness criteria, the Municipality must build the necessary infrastructure to properly channel these waters, or else issue the corresponding orders to the involved persons, in order to guarantee the right to health and to an environment free from contamination and without harming third parties. Consequently, the present process must be upheld in relation to the respondent local government in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment.
V.- ON THE FACTS ATTRIBUTED TO THE HEALTH GOVERNING AREA OF SAN RAFAEL-BARVA IN THE SPECIFIC CASE. In relation to those proven by the respondent Health Area, it is recorded that on January 10, 2013, the petitioner filed a complaint against neighbors and the municipality of San Rafael for the discharge of residual waters and black waters onto the public roadway by his neighbors. Due to the above, on February 21, February 27, and March 11, 2013, the respective inspections were carried out, and in technical report CN-ARS-SRB-1259-13, it was indicated that neighbor Martín Castillo Girón has a positive result in the fluorescein test for residual waters draining onto the public roadway; therefore, their disposal within his property was ordered; neighbor Olga Monge, with a negative test for residual waters, so there is no disposal of black waters onto the public roadway. Said report indicates that the Municipality must carry out the necessary works for the adequate management of stormwater at the level of the cordón de caño, and a 15-day deadline is granted for this. Similarly, on July 19, 2016, a follow-up inspection of the case was conducted; in official communication CN-ARS-SRB-1743-2016, it was noted that there is no evidence of water accumulation in the area initially assessed, therefore the residual water problem was resolved; but the absence of ditches for stormwater channeling is noted, with no vectors in the area denounced. Likewise, it was noted that the mayor requested Mr. Luis Campos Sánchez, head of Works and Services of the Municipality of San Rafael, to clean the caño in the area denounced. However, on the occasion of the amparo appeal, Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021 was issued, upon evidencing that the public roadway lacks adequate infrastructure for the proper channeling of stormwater on Calle El Común, and Mr. Verny Valerio Hernández, Municipal Mayor, and Mrs. Melissa Villalobos Lobo, President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, were ordered to condition an adequate infrastructure system for the proper evacuation of stormwater at the site in question within a period of ten months. This Chamber considers that although the Health Governing Area of San Rafael-Barva, through official communication CN-ARS-SRB-1743-2016 of July 19, 2016, opted to archive the complaint filed by the petitioner given the lack of water accumulation in the area initially assessed and since the residual water problem was resolved, the fact is that it also indicated that "... the absence of ditches for stormwater channeling is noted." Likewise, on the occasion of the amparo appeal, Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021 was issued, upon evidencing that the public roadway lacks adequate infrastructure for the proper channeling of stormwater on Calle El Común, and Mr. Verny Valerio Hernández, Municipal Mayor, and Mrs. Melissa Villalobos Lobo, President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, were ordered to condition an adequate infrastructure system for the proper evacuation of stormwater at the site in question within a period of ten months. In this sense, it is clear that the problem detected since 2013 still remains because there is no cordón de caño at the site that allows for the adequate management of stormwater, and this led to a new Sanitary Order being issued now, on the occasion of this process, for the proper channeling of stormwater on Calle El Común. Such a situation proves the responsibility of the respondent Health Area regarding the duties legally incumbent upon it.
In that regard, it must be recalled that the General Health Law, in section 285, establishes that stormwater must be adequately and sanitarily eliminated in order to avoid the contamination of soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and the contamination of air through conditions that threaten its purity and quality. As a corollary of the foregoing, the granting of this amparo proceeding is required, due to the actions of the respondent Health Area, as indicated in the operative part of this ruling.
VI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. Although I concur with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ as to where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, in order for the necessary improvements to be made to the storm sewer on Calle El Común in Residencial Cozumel, for the proper channeling of stormwater, as well as to ensure compliance with sanitary order MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 and verify that there are no vectors nor inadequate disposal of wastewater or blackwater in the denounced area. By contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment enforcement rules of said Code.
VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days starting from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is GRANTED. MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, in her capacity as President of the Municipal Council, and VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, in his capacity as Mayor, both of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, or whomever holds such positions, are ordered to take the corresponding measures and coordinate what is necessary so that, within the period and under the terms indicated in Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, they carry out the necessary improvements to the storm sewer. Likewise, MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva of the Ministerio de Salud, or whomever holds such position, is ordered to take the corresponding measures and coordinate what is necessary to ensure compliance with Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 and verify that there are no vectors nor inadequate disposal of wastewater or blackwater in the denounced area. Both authorities must take the necessary provisional measures they deem appropriate in order to ensure the integrity of the residents of the area. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de San Rafael de Heredia are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the contentious-administrative judgment. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the enforcement rules established in articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement proceedings of this ruling may be initiated. Notify.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría 20726-21. DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE, REALICEN LAS MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEGÚN ORDEN SANITARIA EMITIDA. Y, AL MINISTERIO DE SALUD, SE LE ORDENA COORDINAR PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A OTRA ORDEN SANITARIA SOBRE AGUAS RESIDUALES O NEGRAS EN UNA ZONA DEL CANTÓN.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría 20726-21. DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE, REALICEN LAS MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEGÚN ORDEN SANITARIA EMITIDA. Y, AL MINISTERIO DE SALUD, SE LE ORDENA COORDINAR PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A OTRA ORDEN SANITARIA SOBRE AGUAS RESIDUALES O NEGRAS EN UNA ZONA DEL CANTÓN.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría 20726-21. DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE, REALICEN LAS MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEGÚN ORDEN SANITARIA EMITIDA. Y, AL MINISTERIO DE SALUD, SE LE ORDENA COORDINAR PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A OTRA ORDEN SANITARIA SOBRE AGUAS RESIDUALES O NEGRAS EN UNA ZONA DEL CANTÓN.
LBH03/22 ... Ver más Res. Nº 2021020726 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-015098-0007-CO interpuesto por RODOLFO DANIEL VINDAS CANTILLANO, cédula de identidad 0106540584, contra la MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA Y EL ÁREA RECTORA DE SALUD SAN RAFAEL-BARVA DEL MINISTERIO DE SALUD.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 11:13 hrs. del 05 de agosto de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, mediante el oficio No. CN-ARS-SRB-1259-13 del 20 de mayo de 2013, emitido por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva, se determinó que: “(...) Dirección: Del Residencial Cozumel 600 m al este, frente a taller mecánico. Antecedentes: Se realizaron las visitas los días 21 de febrero, 27 de febrero y 11 de marzo del 2013. Situación encontrada: Se conversa con el Ing. Rodolfo Vindas el cual vive en la dirección arriba indicada, perteneciente al distrito de Concepción de San Rafael de Heredia, el mismo comenta de la mil y un requisitos que tuvo que cumplir para realizar la construcción de su vivienda y de cómo la municipalidad fiscalizó a cabalidad el cumplimiento de la legislación a la hora de que él realizó su construcción. El Ing. Rodolfo Vindas manifestó que sus vecinos tiran las aguas d cordón de caño entre comillas debido a que al momento de la visita ni siquiera se cuenta con el mismo, en sectores está completamente despedazado por el paso de vehículos y en otros no existe un cordón de caño que conduzca las aguas, si no que estas se estancan en un lote baldío más adelante. Dado a que los vecinos del denunciante tiran las aguas al caño estas se estancan y producen malos olores se realizó prueba de coloración en las pilas de Lorena Leiva Leiva inquilina de Martin Castillo Girón y la misma dio positivo, por lo cual se deberán disponer las aguas dentro de su misma propiedad, con forme lo establece la Ley (...)”. Además, destaca que en dicho oficio se le recomendó: “(...) La Municipalidad deberá limpiar el cordón de caño y terminar las obras de construcción del mismo en los sectores en donde no existe, para evitar estancamiento de aguas, malos olores y proliferación de vectores”. Refiere que el 04 de octubre de 2018, se llevó a cabo reunión, estando presentes el alcalde Verny Valerio Hernández, la vicealcaldesa Francinie Morera Brenes, y otros vecinos del cantón, incluyendo al suscrito, se acordó -según minuta No. 030-2018- que: su persona remitiría la denuncia por correo electrónico a la alcaldía para darle seguimiento; y, que la alcaldía realizaría la inspección de la cuartería - en el plazo de 8 días-, haría el estudio de invasión, canalización de aguas y cordón de caño con el ingeniero de la municipalidad -en el plazo de 3 meses-, y coordinaría la limpieza del deslizamiento del cafetal de Sigifredo, de los caños y del charral del puente -en el plazo de 15 días-. Destaca que según lo acordado, el 10 de octubre de 2018 le remitió a la vicealcaldía la denuncia correspondiente mediante correo. Acusa que actualmente el alcalde no ha solucionado la problemática descrita ni cumplió con los compromisos adquiridos en la reunión del 04 de octubre de 2018, situación que afecta a los vecinos del lugar. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante auto de las 10:33 hrs. del 10 de agosto de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades de la Municipalidad de San Rafael de Heredia el 13 de agosto de 2021 y a las autoridades del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva del Ministerio de Salud el 01 de septiembre de 2021.
3.- Por escritos presentados el 18 de agosto de 2021, informan bajo juramento MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, en condición de Presidenta del Concejo Municipal y VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, en condición de Alcalde, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia que: “(…) La Municipalidad de San Rafael de Heredia, siempre se ha caracterizado por realizar grandes e impactantes obras de mejoramiento vial, considerando tanto los sistemas de drenaje como las superficies de rodamiento, e infraestructura para el Cantón. Se han realizado inversiones que solo en sistemas de drenajes oscilan aproximadamente 350 millones de colones anuales. (…) Los proyectos que realiza el Municipio son dispuestos por sectores y de acuerdos a los recursos económicos y humanos disponibles, para tal efecto. (…) Se remite informe DPUT, emitido por la Ing. Erick Camacho Sánchez, Director de Desarrollo Urbano y Territorial Municipal, donde se detalla sobre el caso en marras.” 4.- Por escrito presentado el 06 de septiembre de 2021, informa bajo juramento MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ, en condición de Directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva que: “(…) Consta en expediente del Área Rectora de Salud de San Rafael Barva, que el día 10 de enero de 2013, el señor Rodolfo Vindas Cantillano interpone denuncia contra vecinos y la municipalidad de San Rafael por el vertido de aguas residuales y negras a la vía pública, por parte de sus vecinos; alega que a él sí se le obligó a cumplir con todo lo que corresponde y que a los vecinos no; lo que provoca una laguna de oxidación en la calle, produciendo dengue y malos olores.
Se realizaron inspecciones los días 21 de febrero, 27 de febrero y 11 de marzo del 2013, según informe técnico CN-ARS-SRB-1259-13 y se señala a los vecinos inmediatos al señor Vindas Cantillano, teniendo como resultado que un vecino (Martín Castillo Girón) tiene un resultado de prueba de fluoresceína positiva por prueba de aguas residuales que discurren a vía pública, por lo que, se ordena la disposición de las mismas dentro de su propiedad; la otra vecina Olga Monge, cuenta con prueba negativa por aguas residuales; consta que no existe disposición a vía pública de aguas negras.
Se señala en dicho informe que el Municipio debe realizar las obras necesarias para el adecuado manejo de las aguas pluviales a nivel de cordón de caño, y se le otorga 15 días de plazo para ello.
El 19 de julio de 2016, se realiza inspección de seguimiento al caso, según oficio CN-ARS-SRB-1743-2016 se anota que no existe evidencia de acumulación de aguas en la zona inicialmente valorada, por lo que el problema de aguas residuales fue resuelto; pero si se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales; se anota que no existe presencia de vectores en la zona denunciada. Por lo que se emite oficio CN-ARS-SRB-1744-2016 dirigido al señor alcalde de la Municipalidad de San Rafael, para que proceda a realizar lo pertinente en atención al caso de marras, ya que por competencias corresponde a dicha institución la atención del caso.
Consta oficio 1152-2016-AMSRH del 29 de julio del 2016 que el señor alcalde le solicita al señor Luis Campos Sánchez, encargado de Obras y Servicios de la Municipalidad de San Rafael, que se realice la limpieza del caño en la zona denunciada.
Posterior a esta fecha no existe registro de ingreso de denuncia del caso o apertura de este, por lo que el mismo se traslada a pasivos.
B. Hallazgos de la inspección:
• Ante el ingreso del Recurso de Amparo N° 21-015098-0007-CO el día 1°de setiembre del 2021 interpuesto por el señor Vindas Cantillano contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, se realiza inspección al sitio denunciado y se emite el Informe Técnico MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021 en donde se logra evidenciar que la vía pública, carece de infraestructura adecuada para la canalización adecuada de las aguas pluviales en la Calle El Común.
• Se señala que actualmente no existe presencia de vectores, pero la situación contribuye a dicha situación.
• Por lo que se procede a emitir una orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 al señor Verny Valerio Hernández, Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia y la Sra. Melissa Villalobos Lobo. Presidenta del Consejo (SIC) Municipal de San Rafael de Heredia, para que se acondicione un sistema de infraestructura adecuado para la debida evacuación de aguas pluviales en el sitio de marras.
• El caso se considera en apertura y seguimiento. (…)
En el presente caso se realizaron las gestiones requeridas, se notificó orden sanitaria al Alcalde y a la Presidenta del Consejo (SIC) Municipal de Heredia con un plazo de diez meses, para que proceda a acondicionar un sistema de infraestructura adecuada para la debida evacuación de las aguas pluviales de Calle El Común, para que las mismas, descarguen de manera sanitaria al colector pluvial más próximo, sin causar estancamientos de aguas en su trayecto y evitar que las mismas impacten directamente y causen daños sobre propiedades ajenas. Como ha quedado demostrado, las alegaciones del aquí recurrente llevan peso desde el punto de vista sanitario , por lo que resulta de obligado acatamiento que la Municipalidad de San Rafael así como el Consejo (SIC) Municipal de San Rafael, giren la acciones de su competencia para la debida atención de la recurrencia constitucional del señor aquí recurrente, quien acude a Sala Constitucional en vías de protección de su derecho a la salud y ambiente saludable contemplados en el artículo 50 de la Constitución Política. Concluye esta instancia de Área Rectora de Salud que, si ciertamente no existe una situación que ponga en peligro inminente o de manera directa la salud de la población, si existe una situación previamente detectada y recurrente que debe ser subsanada por el ente responsable del caso.” Solicita se desestime el recurso.
5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que mediante el oficio No. CN-ARS-SRB-1259-13 del 20 de mayo de 2013, emitido por el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva, se determinó que: “(...) Dirección: Del Residencial Cozumel 600 m al este, frente a taller mecánico. Antecedentes: Se realizaron las visitas los días 21 de febrero, 27 de febrero y 11 de marzo del 2013. Situación encontrada: Se conversa con el Ing. Rodolfo Vindas el cual vive en la dirección arriba indicada, perteneciente al distrito de Concepción de San Rafael de Heredia, el mismo comenta de la mil y un requisitos que tuvo que cumplir para realizar la construcción de su vivienda y de cómo la municipalidad fiscalizó a cabalidad el cumplimiento de la legislación a la hora de que él realizó su construcción. El Ing. Rodolfo Vindas manifestó que sus vecinos tiran las aguas d cordón de caño entre comillas debido a que al momento de la visita ni siquiera se cuenta con el mismo, en sectores está completamente despedazado por el paso de vehículos y en otros no existe un cordón de caño que conduzca las aguas, si no que estas se estancan en un lote baldío más adelante. Dado a que los vecinos del denunciante tiran las aguas al caño estas se estancan y producen malos olores se realizó prueba de coloración en las pilas de Lorena Leiva Leiva inquilina de Martin Castillo Girón y la misma dio positivo, por lo cual se deberán disponer las aguas dentro de su misma propiedad, con forme lo establece la Ley (...)”. Además, destaca que en dicho oficio se le recomendó: “(...) La Municipalidad deberá limpiar el cordón de caño y terminar las obras de construcción del mismo en los sectores en donde no existe, para evitar estancamiento de aguas, malos olores y proliferación de vectores”. Refiere que el 04 de octubre de 2018, se llevó a cabo reunión, estando presentes el alcalde Verny Valerio Hernández, la vicealcaldesa Francinie Morera Brenes, y otros vecinos del cantón, incluyendo al suscrito, se acordó -según minuta No. 030-2018- que: su persona remitiría la denuncia por correo electrónico a la alcaldía para darle seguimiento; y, que la alcaldía realizaría la inspección de la cuartería - en el plazo de 8 días-, haría el estudio de invasión, canalización de aguas y cordón de caño con el ingeniero de la municipalidad -en el plazo de 3 meses-, y coordinaría la limpieza del deslizamiento del cafetal de Sigifredo, de los caños y del charral del puente -en el plazo de 15 días-. Destaca que según lo acordado, el 10 de octubre de 2018 le remitió a la vicealcaldía la denuncia correspondiente mediante correo. Acusa que actualmente el alcalde no ha solucionado la problemática descrita ni cumplió con los compromisos adquiridos en la reunión del 04 de octubre de 2018, situación que afecta a los vecinos del lugar.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Sobre los hechos relativos a la municipalidad de San Rafael de Heredia:
El sector ubicado en 600 metros al Este de la entrada del Residencial Cozumel la infraestructura se encuentra en mal estado y en otros sitios es inexistente. Se estará interviniendo dicho sector en el último trimestre de año 2021 (ver prueba agregada a los autos).
Sobre los hechos relativos al Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva:
El 10 de enero de 2013, el recurrente interpuso una denuncia contra vecinos y la municipalidad de San Rafael por el vertido de aguas residuales y negras a la vía pública, por parte de sus vecinos (ver prueba e informe rendido por parte de las autoridades accionadas). El 21 de febrero, 27 de febrero y 11 de marzo del 2013, se realizaron las respectivas inspecciones y en el informe técnico CN-ARS-SRB-1259-13 se indicó que el vecino Martín Castillo Girón tiene un resultado positivo en la prueba de fluoresceína por aguas residuales que discurren a vía pública, por lo que, se ordenó la disposición de las mismas dentro de su propiedad; la vecina Olga Monge, con prueba negativa por aguas residuales por lo que no existe disposición a vía pública de aguas negras. Se señala en dicho informe que el Municipio debe realizar las obras necesarias para el adecuado manejo de las aguas pluviales a nivel de cordón de caño, y se le otorga 15 días de plazo para ello (ver prueba e informe rendido por parte de las autoridades accionadas). El 19 de julio de 2016, se realizó inspección de seguimiento al caso, en oficio CN-ARS-SRB-1743-2016 se anotó que no existe evidencia de acumulación de aguas en la zona inicialmente valorada, por lo que el problema de aguas residuales fue resuelto; pero se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales, sin existencia de vectores en la zona denunciada. Asimismo, se anotó que el señor alcalde le solicitó al señor Luis Campos Sánchez, encargado de Obras y Servicios de la Municipalidad de San Rafael, que se realice la limpieza del caño en la zona denunciada (ver prueba e informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Con ocasión del recurso de amparo, se emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, al evidenciar que la vía pública, carece de infraestructura adecuada para la canalización adecuada de las aguas pluviales en la Calle El Común y se le ordenó al señor Verny Valerio Hernández, Alcalde Municipal y a la Sra. Melissa Villalobos Lobo, Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que se acondicione un sistema de infraestructura adecuado para la debida evacuación de aguas pluviales en el sitio de marras en un plazo de diez meses (ver prueba e informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
III. - EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestaciones demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos -incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, aceras y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó:
“(...) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (...)”
Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.
IV.- SOBRE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA EN EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita una lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, en el sector ubicado en 600 metros al Este de la entrada del Residencial Cozumel la infraestructura se encuentra en mal estado y en otros sitios es inexistente. Se estará interviniendo dicho sector en el último trimestre de año 2021. Tal como lo indicó el gobierno local accionado a través del informe del Director de Desarrollo Urbano y Territorial Municipal, se aceptaron los hechos denunciados por el recurrente y se indicó que se estaría realizando la intervención en el sitio en el último trimestre del año 2021. De la base fáctica acreditada es posible deducir por parte de este Tribunal Constitucional que efectivamente, en el lugar denunciado no existe un adecuado manejo de las aguas pluviales, situación que afecta a los munícipes de la localidad y en particular al tutelado. Esto se infiere del hecho reconocido por parte del gobierno local accionado, así como, de la inspección realizada in situ por parte del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva. Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169, de la Constitución Política, establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar. Por tal motivo, las Municipalidades, están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a los habitantes de la comunidad que representan de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Lo que implica, en muchos casos, girar las órdenes administrativas correspondientes para que los vecinos de la zona cumplan la normativa dispuesta para tales efectos. Resulta claro que, ajustado a criterios de razonabilidad, debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, o bien dictar las órdenes correspondientes a las personas involucradas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros. Consecuentemente, el presente proceso debe ser estimado en relación con el gobierno local accionado de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- SOBRE LOS HECHOS ATRIBUIDOS ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAFAEL-BARVA EN EL CASO CONCRETO. En relación con los acreditados por parte del Área de Salud accionado, consta que el 10 de enero de 2013, el recurrente interpuso una denuncia contra vecinos y la municipalidad de San Rafael por el vertido de aguas residuales y negras a la vía pública, por parte de sus vecinos. Por lo anterior, el 21 de febrero, 27 de febrero y 11 de marzo del 2013, se realizaron las respectivas inspecciones y en el informe técnico CN-ARS-SRB-1259-13 se indicó que el vecino Martín Castillo Girón tiene un resultado positivo en la prueba de fluoresceína por aguas residuales que discurren a vía pública, por lo que, se ordenó la disposición de las mismas dentro de su propiedad; la vecina Olga Monge, con prueba negativa por aguas residuales por lo que no existe disposición a vía pública de aguas negras. Se señala en dicho informe que el Municipio debe realizar las obras necesarias para el adecuado manejo de las aguas pluviales a nivel de cordón de caño, y se le otorga 15 días de plazo para ello. De igual manera, el 19 de julio de 2016, se realizó inspección de seguimiento al caso, en oficio CN-ARS-SRB-1743-2016 se anotó que no existe evidencia de acumulación de aguas en la zona inicialmente valorada, por lo que el problema de aguas residuales fue resuelto; pero se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales, sin existencia de vectores en la zona denunciada. Asimismo, se anotó que el señor alcalde le solicitó al señor Luis Campos Sánchez, encargado de Obras y Servicios de la Municipalidad de San Rafael, que se realice la limpieza del caño en la zona denunciada. Ahora bien, con ocasión del recurso de amparo, se emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, al evidenciar que la vía pública, carece de infraestructura adecuada para la canalización adecuada de las aguas pluviales en la Calle El Común y se le ordenó al señor Verny Valerio Hernández, Alcalde Municipal y a la Sra. Melissa Villalobos Lobo, Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que se acondicione un sistema de infraestructura adecuado para la debida evacuación de aguas pluviales en el sitio de marras en un plazo de diez meses. Considera esta Sala que si bien el Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva, mediante oficio CN-ARS-SRB-1743-2016 del 19 de julio de 2016 optó por archivar la denuncia interpuesta por el recurrente ante la inexistencia de acumulación de aguas en la zona inicialmente valorada y dado que el problema de aguas residuales fue resuelto, lo cierto es que también indicó que “…se denota la ausencia de cunetas para la canalización de aguas pluviales”. Asimismo, con ocasión del recurso de amparo, se emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, al evidenciar que la vía pública, carece de infraestructura adecuada para la canalización adecuada de las aguas pluviales en la Calle El Común y se le ordenó al señor Verny Valerio Hernández, Alcalde Municipal y a la Sra. Melissa Villalobos Lobo, Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que se acondicione un sistema de infraestructura adecuado para la debida evacuación de aguas pluviales en el sitio de marras en un plazo de diez meses. En ese sentido es claro que el problema detectado desde el año 2013 aún se mantiene, pues en el sitio no existe un cordón de caño que permita el adecuado manejo de aguas pluviales y esto motivó a que ahora, con ocasión de este proceso, se emita una nueva Orden Sanitaria para la canalización adecuada de las aguas pluviales en la Calle El Común. Tal situación acredita la responsabilidad del Área de Salud accionada en relación los deberes que por ley le asisten. En ese sentido, debe recordarse que la Ley General de Salud, en el numeral 285, establece que las aguas pluviales deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad. Corolario de lo expuesto, se impone la estimatoria del presente proceso de amparo, por las actuaciones del Área de Salud accionada, tal como se indica en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso, para que se realicen las mejorar necesarias en el alcantarillado pluvial en la Calle El Común del Residencial Cozumel, para la adecuada canalización de aguas pluviales, así como que se dé el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 y verifique que no existan vectores ni la disposición de aguas residuales o negras de forma inadecuada en la zona denunciada. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a MELISSA MARÍA VILLALOBOS LOBO, en condición de Presidenta del Concejo Municipal y a VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, en condición de Alcalde, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ejerzan tales cargos, que tomen las medidas correspondientes y coordinen lo necesario para que, en el plazo y los términos indicados en la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18661-2021, realicen las mejoras necesarias en el alcantarillado pluvial. Asimismo, se ordena a MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ, en condición de Directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva del Ministerio de Salud, o quien ejerza tal cargo, que tome las medidas correspondientes y coordine lo necesario para que se de cumplimiento de la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-18663-2021 y verifique que no existan vectores ni la disposición de aguas residuales o negras de forma inadecuada en la zona denunciada. Deberán ambas autoridades tomar las medidas provisionales necesarias que estimen adecuadas a fin de asegurar la integridad de los vecinos de la zona. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
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