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Res. 20303-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/09/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismissed the amparo, finding no proven causal link between the CNE works or mining concession and the property damages, and holding that liability determinations belong to ordinary courts.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo al no acreditarse un nexo causal entre las obras de la CNE o la concesión minera y los daños a las propiedades, y por considerar que la determinación de responsabilidades corresponde a la vía de legalidad ordinaria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by Joaquín Segura Bolaños against the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) and the Municipality of Guácimo. The claimant argued that in June 2021, the CNE built a dike on the right bank of the Guácimo River, which narrowed the channel and caused damage to his properties and other farms on the left bank, such as erosion, flooding, and agricultural and ecotourism losses. He also alleged negligence by the supervisor of municipal mining concession 8-2004 and criticized the Municipality for acquiring land on the right bank without protecting the left. After reviewing the reports, the Chamber found no proven causal link between the CNE works or the mining concession and the claimed damages, which could have resulted from extraordinary natural phenomena (storms in April and July 2021). It reiterated that its jurisdiction in environmental matters is limited to verifying compliance with state protection duties, without assessing technical criteria. Therefore, it dismissed the amparo, directing the claimant to pursue administrative or ordinary court remedies.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por Joaquín Segura Bolaños contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y la Municipalidad de Guácimo. El recurrente alegó que, en junio de 2021, la CNE construyó un dique en la margen derecha del río Guácimo, lo que provocó un estrangulamiento del cauce y causó daños a sus propiedades y otras fincas en la margen izquierda, como erosión, inundaciones y pérdidas agropecuarias y ecoturísticas. También señaló negligencia del regente de la concesión minera municipal 8-2004 y criticó a la Municipalidad por adquirir un terreno en la margen derecha sin proteger la izquierda. La Sala, tras analizar los informes, consideró que no se logró acreditar un nexo causal entre las obras de la CNE o la concesión minera y los daños reclamados, los cuales pudieron deberse a fenómenos naturales extraordinarios (temporales de abril y julio de 2021). Además, reiteró que su competencia en materia ambiental se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones estatales de protección, sin entrar a evaluar criterios técnicos. Por ello, declaró sin lugar el recurso, remitiendo al recurrente a la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria para dirimir el conflicto.
Key excerptExtracto clave
From the established factual basis, it is not possible to establish a causal link between the works carried out by the National Emergency Commission or Mining Concession No. 8-2004 and the damage to the claimant's property. (...) It must be recalled that the jurisprudence of this Chamber has repeatedly indicated that constitutional jurisdiction in environmental matters cannot be extended to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in regulations or by administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution, to assume responsible and timely action regarding environmental protection; and in this particular case, it has not been reliably proven that there is a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees set forth in the Political Charter or in the international human rights instruments signed by the country.De la base fáctica acreditada, no es posible establecer un nexo causal entre las obras realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias o por la Concesión Minera No. 8-2004 y los daños de la propiedad del recurrente. (...) Debe recordarse que, en la jurisprudencia de esta Sala de forma reiterada se ha indicado que la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente; y en el caso particular, no se ha logrado acreditar, fehacientemente, la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
Pull quotesCitas destacadas
"Debe recordarse que, en la jurisprudencia de esta Sala de forma reiterada se ha indicado que la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente."
"It must be recalled that the jurisprudence of this Chamber has repeatedly indicated that constitutional jurisdiction in environmental matters cannot be extended to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in regulations or by administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution, to assume responsible and timely action regarding environmental protection."
Considerando VI
"Debe recordarse que, en la jurisprudencia de esta Sala de forma reiterada se ha indicado que la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente."
Considerando VI
"Así las cosas, le corresponderá a la recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos y la determinación clara, veraz y concluyente."
"Thus, the claimant, if dissatisfied with the ruling, must prove the alleged damage in administrative or ordinary courts, as this involves verification of technical parameters and a clear, truthful, and conclusive determination."
Considerando VI
"Así las cosas, le corresponderá a la recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos y la determinación clara, veraz y concluyente."
Considerando VI
"La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales."
"Environmental protection is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of public authorities over factors that may alter its balance and hinder a person's development in a healthy environment. The State is the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources."
Considerando IV
"La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: September 10, 2021 at 09:15 Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2021020303 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on September tenth, two thousand twenty-one.
An amparo action processed under expediente number 21-015877-0007-CO, filed by JOAQUÍN SEGURA BOLAÑOS, identity card number 0202810758, against the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS and the MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO.
WHEREAS:
1.- In a brief received by this Chamber at 20:00 hrs. on August 14, 2021, the petitioner files an amparo action and states that, approximately at the beginning of June 2021 and for a period of two weeks, the Comisión Nacional de Emergencias contracted an excavator owned by the construction company MECO to build a levee on the right bank of the Guácimo river channel, behind the Colegio Académico de Guácimo. He narrates that the aforementioned works affected the hydrodynamic area of the channel, such that the extracted material was accumulated within the tributary on the right bank. He explains that the foregoing gave rise to a strangling of the channel that affected the left bank of the river, where the aforementioned school is located, as well as several properties belonging to Ecoproyectos de Centroamérica S.A. and other farms of the Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA) and the Colegio Técnico Profesional de Guácimo. He details that the execution of the works on the Guácimo river caused various damages to the properties located on the left bank of the torrent, namely: open exposure for the entry of water from the river channel into each of the properties, erosion and washout in the properties surrounding the channel due to the invasion of the waters, agricultural and ecotourism losses, rendering the land unusable due to the ponding of waters that entered the properties, accumulation of sediment and non-biodegradable garbage to the detriment of its use and the commercial value of the property, deterioration of the scenic beauty of the properties, and limitation of residential use. He points out that the affected properties are located parallel to the concession in a public-domain watercourse in favor of the Municipalidad de Guácimo (CDP): 8-2004. He maintains that there has been negligence on the part of the mining manager of that municipal concession, Fernando Montalto García, who did not foresee the immediate impact on the left bank of the Guácimo river upon its being left unprotected on the occasion of the aforementioned works. He accuses that the aforementioned local government recently acquired, on the right bank of the tributary, the farm registered under folio number 13994-000, cadastral map L- 2102017-2019, which denotes the intention to safeguard the integrity of the municipal property without carrying out reciprocal works on the left bank. He considers that what is described implies a violation of the provisions of articles 45 and 50 of the Political Constitution. He requests that the action be granted.
2.- By order issued at 16:26 hrs. on August 16, 2021, this action was processed and notified to the authorities of the Comisión Nacional de Emergencias on August 19, 2021, and to the authorities of the Municipalidad de Guácimo on August 24, 2021.
3.- In a brief filed on August 23, 2021, EDUARDO ENRIQUE MORA CASTRO, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports that: "II. BACKGROUND:
Regarding the petitioner's case, on April 15, 2021, a Storm developed over the country due to active intertropical convergence zones, for which the Instituto Metrológico Nacional issued Alert No. 18-21, due to the high moisture content in the atmosphere over our country, coupled with the atmospheric instability caused by the proximity of the Intertropical Convergence Zone to the south of Central America, which generated precipitation of varying intensity over the national territory. According to said Institute, the most affected regions were the Caribbean and the Northern Zone.
The aforementioned situation caused heavy rains, provoking flooding in the upper and lower areas of the canton of Guácimo; the impacts occurred in the 5 districts of the Canton: Rio Jiménez, Pocora, Guácimo, Mercedes, and Duacari, in the communities located on the banks of the rivers: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo, and Jiménez. One of the affected zones, according to Situation Report No. 04, from the Comité Municipal de Emergencia of: Guácimo, dated April 21, 2021, signed by Mr. Gerardo Fuentes González, Coordinator of the Comité Municipal de Emergencias of the Zone, was the town of Calle La Lila located in the District of Guácimo, Canton of Guácimo, reporting river overflow and undermining of surrounding properties and flooding of homes.
Due to the foregoing, on April 23, 2021, the Municipalidad de Guácimo requested the Comisión Nacional de Emergencias to intervene for a non-declared emergency, alleging that "April 15, 2021 at 7:25 am. Strong winds and rains from the mountainous sector, increasing the flow of the rivers and affecting the five districts of the canton of Guácimo due to overflow, erosion, and landslides over the communities located on the banks of the rivers: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo, and Jiménez. On the day of the event, the Guácimo river overflowed and caused flooding in the community of calle lila, which are located on the river bank, affecting human lives, homes, and agricultural activities." Said request was made for the Guácimo area, 485 meters north of the railway bridge over the Guácimo river, Calle Lila settlement (C7-06-232), with the estimated protection zone being 245 meters long, 10 meters wide, and 1.5 m high using river material, for the reshaping of the channel over these 245 meters in length with material extracted from the river channel itself, due to the damage caused by undermining and erosion resulting from the increased flow of the Guácimo river due to the rainfall, thereby safeguarding human life, agricultural activities, and protection of the properties near the river bank. All the foregoing in accordance with the surveys conducted after the event by the Infrastructure and Public Works Service of the Municipalidad de Guácimo.
It must be mentioned that the interventions carried out by the CNE, via "First Impact", whether for declared or non-declared emergencies, obey the need on-site to protect the population, infrastructure, and vital lines in the first instance, the purpose of these being to safeguard human life, agricultural activities, and protection of the properties near the river bank.
The intervention carried out by the CNE, to address what was requested by the Municipalidad de Guácimo, complies with the provisions of numeral 30 of Law No. 8488, "Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", the foregoing because there is a causal link between the event that generated the emergency and the works, goods, and services that were contracted, which are based on Situation Report No. 04 of April 21, 2021, in which the impact in Calle Lila is reported, with the situation described as "River overflow and Undermining of surrounding properties, flooding of homes." For the aforementioned reasons, the intervention carried out by the CNE complies with the prioritization of damages from hydrometeorological events, causal link, and the need for extraordinary attention that frames the actions of the CNE. Additionally, it is important to mention that through letters, the residents of Calle Lila, days before the emergency, had requested intervention in the sector for fear that the swelling of the Guácimo river, due to the rains, would affect the entire hamlet. Given that, on the date of the emergency, the energy of the flow, due to sedimentation conditions and accumulation of material, caused the current to deviate towards the right bank, causing the opening of a "river arm" and accelerated erosion of the right bank, and leaving trees within the channel, which is why there was a considerable decrease in the distance between the river bank and the homes of the La Lila community, which would correspond to the protection zone.
The works carried out on the date of the intervention for the non-declared emergency are considered palliative works in that no variations were made to the width of the channel, change in geometry, slope, or any other factor that would affect the geomorphological stability of the channel, nor alter static or dynamic stability; rather, said works were directed toward the cleaning and priority attention of roads and the river channel.
Additionally, in response to the emergencies caused by the rains at the end of last July that prompted Red Alerts No. 39 and No. 40-2021 and subsequently Emergency Decree No. 43131MP; the Municipalidad de Guácimo requested a new First Impact contract for that site, in which the necessary precautions must be taken to prevent the effects that the intervention in the Guácimo river may cause on both the right and left banks.
In accordance with the foregoing, it is found that: the flow of the river in question was subject to intervention in April and July 2021, due to specific atmospheric events. However, for the facts related by the petitioner, there is no intervention by the CNE. It must be mentioned that the petitioner's request is oriented more towards satisfying a private interest regarding his property, regardless of the dates on which the channel of the Guácimo river was intervened.
On the other hand, it must be clarified that according to the data recorded in the Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, in the months of April and July, for the interventions in the channel of the Guácimo river, the company MECO did not carry out work in the Zone. These works were carried out by other companies. Therefore, the petitioner is not correct in his narration of the facts.
Furthermore, it is important to reiterate that the actions of the CNE are oriented toward the satisfaction of the collective public interest, and the petitioner requests that the material extracted from the river be destined for certain farms that are private property; which conflicts with the activities of this Commission. On this matter, see claim III of the petitioner.
In conclusion, based on the foregoing, the petitioner is not correct in his allegations, and therefore it is requested that this amparo action be dismissed." 4.- In a brief filed on August 24, 2021, FERNANDO MONTALTO GARCÍA, in his capacity as environmental consultant contracted by the Municipalidad de Guácimo as geological and environmental manager of the exploitation concession in a public-domain watercourse held by the Municipalidad de Guácimo over the channel of the Río Guácimo, under mining file No. 8-2004 processed before the Dirección de geología y Minas (DGM), reports under oath that: "FIRST: IT DOES NOT CONST ME, and I therefore reject this fact, as it refers to actions of third persons.
SECOND: IT DOES NOT CONST ME, and I therefore reject this fact, as it refers to situations unrelated to the undersigned. Nevertheless, in this regard, I state:
a. I am not aware of the actions taken by the CNE in the channel, in the area upstream and outside the Municipal Concession Exp No 8-2004. I do not know the exact location of the levee, since I never went to establish its location using a GPS; furthermore, I do not know the exact distance of the site where that levee was with respect to the start of the concession, as it was a work built by the CNE in which the Municipalidad de Guácimo had no type of intervention.
b. The impacts generated by the extraordinary floods are abnormal and recurrent, and their effects deteriorate all properties bordering the Río Guácimo since many of them are flood zones of the river when those abnormal floods occur.
c. The effects caused by the floods are occurring and will continue to occur as the properties are of high natural risk in the case of extraordinary and abnormal floods resulting from the recurrent and cyclical periods of the Río Guácimo, where the abnormal floods of the river will cause greater damage and destruction in a more periodic manner.
d. The siltation and transport of sediment are a natural product of the hydraulic geodynamics of rivers. Given that the Municipalidad de Guácimo holds a mining concession granted by the Executive Branch, an extraction of at least between 700 to 1000 m3 per day should be authorized, this seeking and trying to achieve a balance between the transport of materials and minimizing current and future siltation in the Guácimo river.
It is worth mentioning that the material stockpile yard No. 1 on the right bank, property of the Municipalidad de Guácimo, was also affected by the abnormal floods that the Río Guácimo has experienced, and there are no resources to carry out preventive measures on the affected bank. It is not true, as the petitioner indicates, that the works the CNE performed on the left bank of the river were to protect the Municipality's property; all of this is falsehood, since, as indicated, this property was also heavily affected by the floods.
THIRD: IT DOES NOT CONST ME, and I therefore reject this fact, as it refers to situations unrelated to the undersigned.
FOURTH: IT IS NOT TRUE. I reject this fact in its entirety since all the contained statements are unfounded assessments by the petitioner. The undersigned was contracted by the Municipalidad de Guácimo through the public procurement system SICOP to provide my professional services as geological and environmental manager of the exploitation concession in a public-domain watercourse held by the Municipalidad de Guácimo over the channel of the Río Guácimo, under mining file No. 8-2004 processed before the Dirección de geología y Minas (DGM). This concession has remained suspended since 2014, when the original term of the concession ended, and it was not until August 2021 that extraction work began again.
From no logical, geological, or environmental point of view could the undersigned have foreseen that the works the petitioner claims the CNE carried out in June 2021 would affect the hydrodynamic dynamics of the channel, first because the undersigned does not work for the CNE, second because I am unaware of the works the petitioner refers to, and third, because they are works that are estimated to be distant from the start of the concession by more than 300 meters upstream.
Mr. Segura Bolaños found it very easy to label the undersigned professional as "negligent" for works in which I did not participate and of which I was completely unaware, since the CNE, at the time of carrying out its risk prevention tasks, does not ask permission from the Municipality, nor from the undersigned, as the Law empowers the CNE to enter rivers and areas where work must be carried out and works must be built in order to safeguard the safety of persons who could be affected by a natural event.
It must be very clear that the levee referred to in the amparo action is not located anywhere near the area of mining concession 8-2004.
As the petitioner himself points out, the levee construction work was carried out by the CNE, with the conditions and other characteristics of the indicated levee being unknown, since said work is not located within the area of the concession, nor does it form part of my duties as geological manager to review, much less supervise, works that are not ordered by the Municipalidad de Guácimo and, as I already pointed out, even less so if they are not located within the concession, since my duties as geological and environmental manager are limited to the supervision and proper functioning, at the mining, geological, and environmental level, of concession 8-2004, and ensuring the Municipality as concessionaire carries out the extraction work as approved in the exploitation program submitted for review by the DGM.
FIFTH: IT DOES NOT CONST ME. While it is true that in July 2021 there was an abnormal climatological phenomenon that caused a lot of rain and the abnormal and extraordinary swelling of all the rivers of the Atlantic slope, it is equally true that it was an entirely natural phenomenon. The flooding of properties occurred as a result of the siltation of the channel of the Río Guácimo in general, which caused the riverbed to rise and the water to overflow, and not only because there is a mining concession (which has not been exploited since 2014). Mining concession 8-2004 has nothing to do with the river overflowing, since, as I already indicated, it was due to entirely natural phenomena, impossible for humans to control, since the extraordinary increase in precipitation, associated with the passage of tropical waves, the Intertropical Convergence Zone, and the moisture carried by the trade winds to the Caribbean coast during days 2, 23, and 24 of July 2021, caused enormous damage in the cantons of Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres, and Talamanca. It is not possible to control the force of water when these types of climatic phenomena occur.
SIXTH. IT IS NOT TRUE. The petitioner brazenly lies in pointing out that the intention of the levee built by the CNE was to protect the property acquired by the Municipalidad de Guácimo on the right bank of the river. In this case, the saying "paper holds whatever you put on it" applies! It is not possible that to achieve his objective, the petitioner resorts to unfounded and false statements. So false are these statements that, with the floods of July, the river caused very serious damage to the Municipality's property located on the right bank; this situation alone is more than enough to disprove this statement by the petitioner.
In my capacity as a professional in geology, with more than 35 years of experience as a mining and environmental geological manager, I must point out that when abnormal and extraordinary flooding conditions occur due to increased precipitation, there is no technique that minimizes the damage to the farms bordering the Río Guácimo; the risks pre-exist in the alluvial plain lands.
It is not possible to assign responsibility to any entity or person derived from the facts alleged in the amparo action, since they are fortuitous natural phenomena beyond any degree of responsibility and control, especially because the mining concession of the Municipalidad de Guácimo, File 8-2004, has been paralyzed from all extraction activity since 2014, resuming its work in August of this year.
No type of work has been carried out within the channel of the Río Guácimo, nor within the area of concession 8-2004, that could have caused any impact to the bordering properties, on either the right bank or the left bank. Rather, when extraction work in the channel begins, the river will be channeled and the abnormal and extraordinary floods of the river will be prevented from causing greater damage in the concession area.
It is not possible to try to hold an institution or a person responsible for all the damages caused by the Río Guácimo, since they are the product of the siltation of the river and the extraordinary and abnormal natural climatic phenomena, typical of the rainy season that occurred in July, which are impossible to foresee and are unavoidable.
REGARDING THE BACKGROUND OF THIS MATTER:
a. The matter in question refers to the abnormal natural dynamics of the hydraulics of the rivers on the Atlantic slope of Costa Rica, which derives from geological evolutionary actions giving rise to geomorphological topographies, such as the plains that constitute the Huetar atlantic slope, especially in the zone of the Guácimo river.
b. The stretch of the Guácimo river where concession 8-2004 is located has a length of one linear kilometer and was granted in concession in favor of the Municipalidad de Guácimo, according to file 8-2004, in accordance with RESOLUCIÓN R-427-2006 and published in the Gaceta, c. The concession was exploited during the legal term, from 2006 until the month of May 2014, when it was suspended due to the expiry of the granted term.
d. Mining concession 8-2004 has been kept suspended due to expiry of the term since May 2014, and no extraction or exploitation work was carried out in the channel during that period.
e. When the concession was obtained in 2006, the petitioner rented to the Municipality a stockpile yard (identified as yard No. 2), located on the left bank of the concession, which also provided access to the concession from a public road on that same bank. When the term of the concession expired in 2014, the petitioner no longer wished to rent that property (yard No. 2), so the Municipality had the need to seek and acquire another yard, which it acquired on the right bank of the concession (identified as yard No. 1). In order to use said yard No. 1, an environmental viability permit for it had to be obtained, which was granted in 2018.
f. Given that the environmental viability permit for yard No. 1 was not sufficient to install machinery or a crusher, Mr. José Joaquín Segura negotiated again with the Municipality for the loan of yard No. 2, through the signing of a property loan contract, which was presented to the DGM for its knowledge, because that yard No. 2 had indeed been contemplated within the original viability permit for concession 8-2004 and permitted the installation of machinery and a crusher.
By resolution No. 0304-2021 of 7:55 hours on May 18, 2021, the Dirección de Geología y Minas (DGM), in application of directives No. 113- MP-MEIC and DGM-OD-141-2021, authorized the Municipalidad de Guácimo a temporary exploitation of materials from its concession until January 17, 2022.
On June 11, the start of work within the concession area was communicated to the DGM, which consisted of arranging the yard and roads; however, material was not extracted from the concession until August 5, 2021.
Extraction began on August 5, 2021, and material is being piled in yard No. 2, which is the property of the petitioner José Joaquín Segura under a temporary loan contract; said contract was communicated to the file. During the mining geological inspection carried out by the undersigned, the extraction front was visited on August 5, 2021, from point P-68 by means of authorized extraction equipment.
EMERGENCY DECREE D.E. No. 43131-MP Due to the abnormal atmospheric phenomenon Storm No. 6, a national emergency due to extreme rains was declared on July 22, 2021. The Instituto Meteorológico Nacional (IMN), through a Meteorological Advisory, reported that due to the intensity of the trade winds in the Caribbean Sea, an increase in precipitation had been generated in the Northern Zone and the Caribbean of the National territory. That same day, by means of a Meteorological Advisory at 09:25 hours, it was reported that the intensity of atmospheric pressure in the Caribbean Sea had increased, generating windier conditions for the national territory, causing an increase in precipitation mainly in the regions of the Northern Zone and the Caribbean.
a. On July 22, 2021, at 12:00 hours, the CNE issued Alert No. 37-21, establishing a Yellow Alert in the Caribbean and Northern Zone. The same day, at 17:00 hours, by means of Alert No. 38-21, the Caribbean zone, Northern Zone, and the Canton of Turrialba were raised to Orange Alert; the foregoing derived from the increase in precipitation in various points of the country and the projections indicated in the meteorological reports.
b. On July 23, 2021, at 12:00 hours, the CNE issued Alert No. 39-21, establishing a Red Alert for the cantons of Turrialba, Matina, Limón, Talamanca, and Sarapiquí; Orange Alert: for the rest of the Caribbean zones and the Northern Zone; the foregoing based on reports from the CNE Monitoring Room, with widespread damage to homes and national and cantonal routes.
c. On July 23, 2021, at 19:00 hours, the IMN, through Meteorological Report No. 6, communicated that the Caribbean mountains had recorded the highest rainfall amounts, with accumulated totals between 100 mm and 150 mm, the highest amounts being concentrated in the canton of Turrialba. This hydrometeorological phenomenon generated strong rains and winds, which in turn caused floods and landslides, with impacts on the national and cantonal road network, health centers, educational centers, potable water supply systems, public sewer systems; with the consequent displacement of people to temporary shelters, cut-off communities, interrupted public services, losses in livelihoods and agricultural production, generating significant damages and losses to private and public assets, which implied a broad response from the Institutions of the Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Due to the great impact suffered throughout the region, DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 43131-MP was issued, declaring a state of national emergency for the situation caused by the storm on the Caribbean slope, associated with the passage of tropical waves, the Intertropical Convergence Zone, and the moisture carried by the trade winds to the Caribbean coast during days 2, 23, and 24 of July 2021, in the cantons of Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres, and Talamanca.
REGARDING CONCESSION 8-2004 The concession for the exploitation of materials in a public-domain watercourse (file 8-2004) has been suspended since May 2014 until June 2021; during that period, the Municipalidad de Guácimo, as concessionaire, has not extracted materials from the channel.
The start of work was requested under the protection of resolution No. 0304-2021 issued by the DGM, which, in application of directives No. 113-MP-MEIC and DGM-OD-141-2021, authorized the Municipalidad de Guácimo to temporarily begin extraction work. This is why the Municipality, based on said resolution, requested the restart of work in June 2021 for the preparation of the stockpile yard, and it was not until August 5, 2021, that extraction work from the channel began.
It must be very clear that the area referred to within the amparo action where the levee is located corresponds in no way to the area of mining concession 8-2004.
The levee construction work was carried out by the CNE, with the conditions and other characteristics of the indicated levee being unknown, since said work is not located within the area of the concession, nor does it form part of my duties as geological manager to review, much less supervise, works that are not ordered by the Municipality and, as I already pointed out, even less so if they are not located within the concession, since my duties as geological and environmental manager are limited to the supervision and application of proper functioning, at the mining, geological, and environmental level, of concession 8-2004, and ensuring the Municipality as concessionaire carries out the extraction work as approved in the exploitation program submitted to the DGM.
It is of vital importance to locate oneself in the geographical space where the indicated events are actually occurring, since within the amparo action, the petitioner attempts to confuse by indicating that the levee is within concession 8-2004, giving locations and reference points out of context and whose temporality is much longer than what is intended to be made believed in the filed amparo.
a. The total suspension of extraction and all mining activity began in 2014.
b. Along the entire channel of the Río Guácimo, and due to the absence of exploitation of the concession, siltation (excess alluvial material: definition: filling of a sedimentary basin with detrital materials transported and deposited by water) of the entire channel of the Río Guácimo has occurred, including the area of concession 8-2004.
c. Without being able to determine the exact length, it is estimated that the levee built by the CNE could be located approximately 300 meters upstream of the concession." He requests that the action be dismissed.
5.- In a brief filed on August 26, 2021, GERARDO FUENTES GONZÁLEZ, in his capacity as Municipal Mayor of Guácimo, reports under oath that: "First.
Regarding this fact, the petitioner refers to the works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias, through administrative procurement processed under procedure No. 2021Pl-000076-0006500001, visible on the SICOP platform. In this regard, said works were carried out under the powers that the legal system attributes to the Comisión Nacional de Emergencias, since according to situation report No. 03, the Instituto Meteorológico Nacional No. 18-21 reported in the country on April 15, 2021, at 7:25 am, strong winds and rains from the mountainous sector, increasing river flows and affecting the five districts of the canton of Guácimo due to flooding, erosion, and landslides upon the communities located on the banks of the rivers: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo, and Jiménez. On the day of the event, the Guácimo River overflowed and caused flooding in the community of Calle Lila, located on the riverbank, affecting human lives, homes, and agricultural activities. Therefore, acting on the report made by the Comisión Local de Emergencias, the Comisión Nacional de Emergencias contracted machinery to carry out the reconfiguration (reconformación) of a 245-meter-long section of the streambed using material extracted from the river's own bed, since damage had been caused by undermining (socavación) and erosion due to the increased flow of the Guácimo River from the rainfall in April, which put the physical integrity of the inhabitants at risk. In any case, it is important to consider the report that the Comisión Nacional de Emergencias provides on this matter, given that the works carried out are not directly or indirectly the causes of the damages alleged by the petitioner, since it is public knowledge that in July and August there were extraordinary rainfall events that caused damage and effects indiscriminately, such that through Decreto 43131-MP, a state of emergency was declared for the rainfall and flooding that occurred on July 22, 23, and 24, 2021, in various cantons, including the Canton of Guácimo.
Along the same lines, it is important to clarify that the works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias were to repair the damage caused to a pre-existing structure—see report SIOP-708-2021, from the Infrastructure and Public Works Services Area of the Municipalidad de Guácimo—which was damaged by the extraordinary rainfall of April of this year and that, for this reason, it was not the construction of a new structure. Furthermore, these works are outside the area encompassed by concession 8-2004, according to the coordinates referenced in the report presented by geologist Fernando Montalto García, digitally signed on August 23, 2021—which is provided as evidence. Furthermore, the petitioner fails to provide evidence suggesting a relationship between the damages suffered on his property due to the extraordinary rainfall and the works carried out at the time by the Comisión Nacional de Emergencias.
Second. The fact presented by the petitioner is not supported by evidence and therefore must not be taken as true.
Third. The third fact presented by the petitioner must not be taken as true. All those damages occurred not because of the works contracted by the Comisión Nacional de Emergencias, but because of the damages caused by the extraordinary rainfall that occurred on July 22, 23, and 24, 2021.
Regarding the Fourth, Fifth, and Sixth Facts. On these points, it is important to clarify that the location of concession 8-2004 of the Municipalidad de Guácimo has no relationship whatsoever to the damages caused by the extraordinary rainfall that occurred in July 2021, and even less so to suppose that the mining manager (regente) of said concession could have foreseen the behavior of natural phenomena such as those that recently affected the Canton. In this regard, attached to the response to this recurso de amparo (amparo appeal) is the logbook entry number 168684, made by geologist Tatiana Carmena Madrigal of the Dirección de Geologías y Minas, during an inspection carried out on August 17, 2021. Said public official indicates the following in the logbook: "A coordination visit was made to the area of concession 8-2004; the purpose was to verify the commencement of operations and some modifications to the streambed caused by an extraordinary flood at the end of July and beginning of August... A survey was conducted from the lower section upstream, verifying modification of the streambed morphology due to the extraordinary floods...". In this regard, said inspection was carried out in response to a complaint filed by the petitioner herein, Mr. José Joaquín Segura Bolaños, which accredits that the interested party has already filed administrative proceedings through the appropriate channel and that, therefore, the Dirección de Geologías y Minas of MINAET, in exercising its legal powers, will be responsible for resolving the matter. In any case, as can be seen, during the field inspection carried out by the official of the Dirección de Geologías y Minas, changes in the streambed were verified due to the extraordinary rainfall, which even prompted the Emergency Declaration in the affected Cantons, among which is the Canton of Guácimo.
Furthermore, through a technical report provided by geologist Fernando Montalto García, in his capacity as mining manager (regente) of concession 8-2004, digitally signed on August 23, 2021, a series of data of utmost importance for resolving this appeal is provided. Firstly, it is reported that extraction activity in concession 8-2004 was suspended from 2014 until August 5, 2021, the date on which, having completed the respective permit procedures, work in that concession recommenced. Likewise, due to the recent extraordinary rainfall, the Municipalidad de Guácimo also suffered damages on land it owns with real folio number 7-013994-000, cadastral map L-2102017-2019, since according to report 004-2021, prepared by Surveying Engineer Yoicer Kenneth Pérez González, the area according to the registry was 56714m², while the verifiable area in the field survey is only 23096.86 m², resulting in a reduction or difference of 33620.14m², an area that would have been lost due to river erosion (arrastre del río) caused by the extraordinary rainfall at the end of July. This extraordinary phenomenon caused effects and damages to everyone, including the Municipality, and not only to the petitioner.
Similarly, according to the technical report prepared by the mining manager (regente) of concession 8-2004—which is attached—it is concluded that activities in said concession were suspended from 2014 until August 5, 2021, and that no type of work has been carried out within the streambed or within the area of concession 8-2004 that could have caused any type of damage to neighboring properties, either on the right bank or the left bank of the river. In this sense, activities recommenced on August 5 of this year and are carried out with the corresponding permits and under correct technical practices. It is for this reason that the Municipality bears no responsibility for the events alleged by the petitioner in this appeal, since the effects caused are due to an unforeseen (fortuito), uncontrollable, and impossible-to-predict phenomenon. Finally, it is also not true that the works carried out at the time by the Comisión Nacional de Emergencias were done with the intention of protecting the concession area or the land acquired by the Municipality, since those works were carried out outside the area of concession 8-2004 and, above all and most importantly, it must be mentioned that due to the extraordinary phenomenon at the end of July of this year, the Municipality, like the petitioner, suffered damages and losses on the property with real folio number 7-013994-000.
Petition. In accordance with what is stated in this brief and the evidence provided, I request that the recurso de amparo (amparo appeal) filed be dismissed, given that the damages suffered on the petitioner's property are due to the extraordinary rainfall and flooding that affected various cantons of the country on July 22, 23, and 24, 2021, including the Canton of Guácimo, and that because of this natural phenomenon, Decreto 43131 MP was issued, by which a state of emergency was declared in different cantons, including that of Guácimo. In relation to the above, not only Mr. Segura Bolaños suffered effects, but also many other residents of the Canton, primarily those with land adjacent to the Guácimo River, and even the Municipalidad de Guácimo itself, which, as a result of the extraordinary floods in question, lost 33620.14m² of the area of the estate with registration of real folio number 7-013994-000. As has been well explained in this brief, the works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias through administrative procurement under expediente 2021 Pl-000076-0006500001 were not within the area of Concession 8-2004, nor did they correspond to protective works for that concession or municipal property, as the petitioner seems to suggest without providing any evidence. On the other hand, Mr. José Joaquín Segura Bolaños himself filed the complaint before the Dirección de Geologías y Minas, and it was for this reason that the visit and inspection by Geologist Tatiana Carmona Madrigal to municipal concession 8-2004 took place on August 17, 2021. Therefore, in our opinion, this element is sufficient reason for the recurso de amparo (amparo appeal) to be dismissed, as there is already an administrative proceeding established before the competent Department of MINAET. However, should this amparo continue to be heard, we request that the Sala Constitucional request the respective report from the Dirección de Geología y Minas of MINAET, in order to verify that the activities currently being conducted in concession 8-2004 are not irregular and adhere to correct procedures.
Similarly, with respect to the work contracted by the Comisión Nacional de Emergencias through administrative procurement with expediente number 2021 Pl-000076-0006500001 in SICOP, it corresponds to carrying out the works necessary to repair the damage caused by the extraordinary phenomenon that occurred in April 2021, and these works were also not the cause of the damage to the petitioner's properties, since those damages are products of the extraordinary rainfall of July 2021, which even prompted and justified the declaration of a state of emergency, in which Guácimo was included as an affected canton." They request that the appeal be dismissed.
6.- Through a brief filed on September 2, 2021, the petitioner provides additional evidence and arguments so that the filed appeal is granted.
7.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,
Considering:
I.- SCOPE OF THE APPEAL. The petitioner files a recurso de amparo (amparo appeal) and states that, approximately at the beginning of June 2021 and for a period of two weeks, the Comisión Nacional de Emergencias contracted an excavator owned by the construction company MECO to build a dike on the right bank of the Guácimo River channel, behind the Colegio Académico de Guácimo. They recount that the aforementioned works affected the hydrodynamic area of the channel, such that the extracted material was accumulated within the tributary on the right bank. They explain that the foregoing resulted in a strangulation of the channel that affected the left bank of the river, where the aforementioned school is located, as well as several properties of Ecoproyectos de Centroamérica S.A. and other farms belonging to the Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA) and the Colegio Técnico Profesional de Guácimo. They detail that the execution of the works on the Guácimo River implied various damages to the properties located on the left bank of the torrent, namely: open exposure for water entry from the river channel into each of the properties, erosion and washout (deslave) on the properties surrounding the channel due to the invasion of water, agricultural and ecotourism losses, unusability of the land due to water ponding that entered the properties, accumulation of sediments and non-biodegradable waste to the detriment of its use and the commercial value of the property, deterioration of the scenic beauty of the properties, and limitation of residential use. They indicate that the affected properties are located parallel to the concession on a public-domain streambed in favor of the Municipalidad de Guácimo (CDP): 8-2004. They maintain that there has been negligence on the part of the mining manager (regente minero) of that municipal concession, Fernando Montalto García, who did not foresee the immediate effect on the left bank of the Guácimo River as it was left unprotected due to the aforementioned works. They accuse that the mentioned local government recently acquired, on the right bank of the tributary, the estate with registration number 13994-000, cadastral map L-2102017-2019, which denotes the intention to safeguard the integrity of the municipal property without carrying out reciprocal works on the left bank. They estimate that what is described implies an injury to the provisions of Articles 45 and 50 of the Constitución Política. They request that the appeal be granted.
II.- CONSEQUENCE OF NOT SUBMITTING THE REPORT REQUESTED BY THE SALA. In accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, if the respondent authority does not submit its report, the facts alleged by the petitioner are taken as true. The Sala proceeds to study the admissibility of the amparo, based on the factual basis presented, which does not imply that the appeal is automatically granted. In the specific case, although EDUARDO ENRIQUE MORA CASTRO, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, submitted a report, it must be noted that in the order directing the course of this proceeding, the report was requested from the President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. For the foregoing reason, the report is considered not submitted, and this Sala resolves the case by evaluating the other reports provided, the denounced facts, the evidence attached to the petition initiating the amparo, and the jurisprudence of this Tribunal applicable to the specific case.
III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited in that way or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
On April 15, 2021, a Storm (Temporal) was generated over the country by active intertropical convergence zones, and the Instituto Meteorológico Nacional issued Alert No. 18-21, due to the high moisture content in the atmosphere over our country coupled with the atmospheric instability caused by the proximity of the Intertropical Convergence Zone to the south of Central America, which generated rainfall of varying intensity over the national territory (uncontested fact).
On April 23, 2021, the Municipalidad de Guácimo requested the Comisión Nacional de Emergencias intervention for an Undeclared Emergency, alleging that “April 15, 2021, at 7:25 am. Strong winds and rains from the mountainous sector, increasing river flows and affecting the five districts of the canton of Guácimo due to flooding, erosion, and landslides upon the communities located on the banks of the rivers: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo, and Jiménez. On the day of the event, the Guácimo River overflowed and caused flooding in the community of Calle Lila, located on the riverbank, affecting human lives, homes, and agricultural activities” (see report submitted by the respondent authorities).
Through Decreto 43131-MP, a state of emergency was declared for the rainfall and flooding that occurred on July 22, 23, and 24, 2021, in various cantons, including the Canton of Guácimo (uncontested fact).
The Comisión Nacional de Emergencias, through administrative procurement with expediente number 2021 Pl-000076-0006500001 in SICOP, contracted works necessary to repair the damages caused by the extraordinary phenomenon that occurred in April 2021 (see report submitted by the respondent authorities).
The works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias through administrative procurement under expediente 2021 Pl-000076-0006500001 were not within the area of Concession 8-2004, nor did they correspond to protective works for that concession or municipal property (see report submitted by the respondent authorities).
In the Guácimo River, there exists the concession for the extraction of materials No. 8-2004, which was suspended from 2014 until August 5, 2021 (see report submitted by the respondent authorities).
IV.- REGARDING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Tribunal has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Constitución Política. Environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of Public Authorities regarding factors that can alter its balance and hinder the person's development and unfolding in a healthy environment. The State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State. Therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship (rectoría), control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative bodies.
V.- REGARDING CONSTITUTIONAL COMPETENCE IN ENVIRONMENTAL MATTERS. As has been reiterated in the jurisprudence of this Sala, constitutional competence in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in the regulations or by the administrative authorities in environmental matters. Rather, it is limited to verifying whether the competent state bodies have fulfilled the obligation imposed on them by Article 50 of the Constitución Política to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the recurso de amparo (amparo appeal) is conditioned on proving the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Carta Política or in the international human rights instruments signed by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to previously examine—with a declaratory nature—whether or not there exist in reality infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual basis of the recurso de amparo (amparo appeal) or the legal report, as the case may be, given that it is evident that this is a competence that this Sala lacks. Faced with this situation, it is not appropriate for the Sala to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to elucidate whether there has been an infringement of fundamental rights or not, said conflict must first be resolved on the plane of legality.
VI.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports submitted by the representatives of the respondent authorities—which are considered given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on April 15, 2021, a Storm (Temporal) was generated over the country by active intertropical convergence zones, and the Instituto Meteorológico Nacional issued Alert No. 18-21, due to the high moisture content in the atmosphere over our country coupled with the atmospheric instability caused by the proximity of the Intertropical Convergence Zone to the south of Central America, which generated rainfall of varying intensity over the national territory. It is on record that on April 23, 2021, the Municipalidad de Guácimo requested the Comisión Nacional de Emergencias intervention for an Undeclared Emergency, alleging that "April 15, 2021, at 7:25 am. Strong winds and rains from the mountainous sector, increasing river flows and affecting the five districts of the canton of Guácimo due to flooding, erosion, and landslides upon the communities located on the banks of the rivers: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo, and Jiménez. On the day of the event, the Guácimo River overflowed and caused flooding in the community of Calle Lila, located on the riverbank, affecting human lives, homes, and agricultural activities." Likewise, through Decreto 43131-MP, a state of emergency was declared for the rainfall and flooding that occurred on July 22, 23, and 24, 2021, in various cantons, including the Canton of Guácimo. The Comisión Nacional de Emergencias, through administrative procurement with expediente number 2021 Pl-000076-0006500001 in SICOP, contracted works necessary to repair the damages caused by the extraordinary phenomenon that occurred in April 2021. The works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias through administrative procurement under expediente 2021 Pl-000076-0006500001 were not within the area of Concession 8-2004, nor did they correspond to protective works for that concession or municipal property. Likewise, it was verified that in the Guácimo River, there exists the concession for the extraction of materials No. 8-2004, which was suspended from 2014 until August 5, 2021. From the accredited factual basis, it is not possible to establish a causal link between the works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias or by Mining Concession No. 8-2004 and the damages to the petitioner's property. In this sense, the respondent authorities indicated that the contracting of the works was necessary to repair the damages caused by the extraordinary phenomenon that occurred in April 2021 and that these works were also not the cause of the damages to the petitioner's properties, since those damages are products of the extraordinary rainfall of July 2021, which even prompted and justified the declaration of a state of emergency, in which Guácimo was included as an affected canton. Hence, in this proceeding, it is not possible to establish technically whether the works indicated by the petitioner caused the deviation of the river channel and thereby the damages, or if these were the product of natural events, as stated by the respondents. It must be remembered that, in the jurisprudence of this Sala, it has been repeatedly indicated that constitutional competence in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in the regulations or by the administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state bodies have fulfilled the obligation imposed on them by Article 50 of the Constitución Política to assume responsible and timely action regarding environmental protection. In this particular case, the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Carta Política or in the international human rights instruments signed by the country has not been convincingly proven. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not lend itself to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to previously examine—with a declaratory nature—whether or not there exist in reality infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual basis of the recurso de amparo (amparo appeal) or the legal report, as the case may be, given that it is evident that this is a competence that this Sala lacks. In the present matter, from the reports submitted by the respondent officials and from the analysis of the evidence in the case file, this Sala does not find it proven that the damages claimed by the petitioner were caused by the works carried out by the Comisión Nacional de Emergencias at the request of the Municipalidad de Guácimo, or by mining exploitation No. 8-2004, which is not located at the point where the dike was reinforced. Thus, if the petitioner maintains any disagreement with what has been decided, it will be their responsibility to prove the alleged damage through the administrative channel or in the ordinary jurisdiction, as the verification of compliance with technical parameters and the clear, truthful, and conclusive determination of such are matters for those forums. Under these circumstances, no action or omission is verified that threatens or violates the fundamental rights of the protected party, and therefore this proceeding must be dismissed.
VII.- DISSENTING REASONS OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Constitución Política, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this sense, it is the opinion of the undersigned that this Sala, through the amparo process, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easy to verify, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality channel. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriately heard in the legality channel—administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the recurso de amparo (amparo appeal) is a summary, informal, simple, and fast process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a proceeding with the issuance of administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental topic that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the purview of current legal or regulatory norms, or with the introduction of new and greater elements of proof necessary for the contrasting or reviewing of criteria already present in the administrative case file. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, which would denature it and render the purposes for which it was designed nugatory, thereby causing it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I believe that when a public entity or body has intervened in various ways or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the jurisdiction of the Contencioso-Administrativo. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality channel. Consequently, this appeal should have been dismissed outright regarding this aspect, since its object is a question properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel.
However, since this was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to property.
VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared WITHOUT MERIT. Judge Salazar Alvarado provides different reasons.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021020303 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-015877-0007-CO interpuesto por JOAQUÍN SEGURA BOLAÑOS, cédula de identidad 0202810758, contra la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS y la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 20:00 hrs. del 14 de agosto de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, aproximadamente a inicios de junio de 2021 y por un plazo de dos semanas, la Comisión Nacional de Emergencias contrató una excavadora propiedad de la empresa constructora MECO, para construir un dique en la margen derecha del cauce del río Guácimo, detrás del Colegio Académico de Guácimo. Narra que las obras aludidas afectaron el área hidrodinámica del cauce, de manera que el material extraído fue acumulado dentro del afluente en la margen derecha. Explica que lo anterior dio lugar a un estrangulamiento del cauce que afectó la margen izquierda del río, donde está ubicado el citado colegio, así como varias propiedades de Ecoproyectos de Centroamérica S.A. y otras fincas de la Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA) y del Colegio Técnico Profesional de Guácimo. Detalla que la ejecución de los trabajos en el río Guácimo implicó diversos daños en las propiedades situadas en el margen izquierdo del torrente, a saber: exposición abierta para el ingreso de agua del cauce del río a cada una de las propiedades, erosión y deslave en las propiedades circundantes al cauce por la invasión de las aguas, pérdidas de carácter agropecuario y ecoturístico, inutilización de los terrenos por embalse de aguas que ingresaron a las propiedades, acumulación de sedimentos y basura no biodegradable en detrimento del aprovechamiento de la misma y del valor comercial del inmueble, deterioro de la belleza escénica de las propiedades y limitación de aprovechamiento residencial. Señala que los inmuebles afectados se localizan paralelos a la concesión en cauce de domino público a favor de la Municipalidad de Guácimo (CDP): 8-2004. Sostiene que ha existido una negligencia del regente minero de esa concesión municipal, Fernando Montalto García, quien no previó la afectación inmediata de la margen izquierda del río Guácimo al quedar desprotegida con ocasión de las obras aludidas. Acusa que el gobierno local mencionado recién adquirió en la margen derecha del afluente, la finca matrícula 13994-000, plano catastrado L- 2102017-2019, lo que denota la intención de salvaguardar la integridad de la propiedad municipal sin llevar a cabo trabajos recíprocos en la margen izquierda. Estima que lo descrito implica una lesión a lo dispuesto en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante auto de las 16:26 hrs. del 16 de agosto de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias el 19 de agosto de 2021 y a las autoridades de la Municipalidad de Guácimo el 24 de agosto de 2021.
3.- Por escrito presentado el 23 de agosto de 2021, informa EDUARDO ENRIQUE MORA CASTRO, en condición Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que: “II. ANTECEDENTES:
En cuanto al caso del recurrente para la fecha de 15 de abril de 2021, se generó un Temporal sobre el país por zonas de convergencia intertropical activa, en donde el Instituto Metrológico Nacional emitió la Alerta N° 18-21, debido al alto contenido de humedad en la atmósfera sobre nuestro país aunado a la inestabilidad atmosférica causada por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical al sur de Centroamérica el cual generó precipitaciones de variada intensidad sobre el territorio nacional. Según dicho Instituto las regiones más afectadas fueron el Caribe y la Zona Norte.
La situación antes mencionada provocó fuertes lluvias provocando inundaciones en las zonas altas y bajas del cantón de Guácimo, las afectaciones se generaron en los 5 distritos del Cantón: Rio Jiménez, Pocora, Guácimo, Mercedes y Duacari, en las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo y Jiménez. Siendo una de las zonas afectadas según el Informe de Situación N°04, del Comité Municipal de Emergencia de: Guácimo, de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por el señor Gerardo Fuentes González, Coordinador del Comité Municipal de Emergencias de la Zona, el poblado de Calle La Lila ubicado en el Distrito de Guácimo, Cantón Guácimo, reportándose desbordamiento de río y socavamiento de las propiedades aledañas y anegación de viviendas.
Por lo anterior en fecha 23 de abril de 2021, la Municipalidad de Guácimo, solicita a la Comisión Nacional de Emergencias la intervención por Emergencia no declarada, alegando que “15 de abril de 2021 a las 7:25 am. Fuertes vientos y lluvias desde el sector montañoso, aumentando el caudal de los ríos y afectando los cinco distritos del cantón de Guácimo por el desbordamiento, erosión y deslizamiento sobre las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo y Jiménez. El día del evento el río Guácimo se desbordo y provoco inundaciones en la comunidad de calle lila que se ubican en el margen del río afectando vidas humanas, viviendas y actividades agrícolas”.
Dicha solicitud fue requerida para la zona de Guácimo 485 metros norte del puente del ferrocarril sobre el río Guácimo, poblado calle Lila (C7-06-232), siendo la zona estimada de protección 245 metros de largo, 10 metros de ancho y 1.5 m de altura con material del rio, para la reconformación del cauce de estos 245 metros de longitud con material extraído del propio cauce del río, debido a los daños ocasionados por la socavación y erosión debido al aumento del caudal del río Guácimo por las precipitaciones, logrando con esto salvaguardar la vida humana, actividades agrícolas y la protección a las propiedades cercanas a la margen del río. Todo lo anterior de acuerdo con los levantamientos realizados después del evento por parte del Servicio de Infraestructura y Obras Públicas de la Municipalidad de Guácimo.
Se debe de mencionar que las intervenciones que realiza la CNE, por la vía de “Primer Impacto”, ya sean emergencias declaradas o no, obedecen a la necesidad en sitio de proteger a la población, la infraestructura y líneas vitales en primera instancia, siendo el fin de estas salvaguardar la vida humana, actividades agrícolas y protección a las propiedades cercanas a la margen del río.
La intervención realizada por la CNE, para la atención de lo requerido por la Municipalidad de Guácimo, se apega a los establecido en el numeral 30 de la Ley N° 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, lo anterior por cuanto existe un nexo de casualidad entre el hecho generador de la emergencia y las obras, los bienes y servicios que se contrataron las cuales se encuentran fundamentadas en el Informe de Situación N° 04 del 21 de abril de 2021, en el cual se encuentra reportada la afectación en Calle Lila siendo la situación descrita “Desbordamiento de río y Socavamiento de las propiedades aledañas, anegación de viviendas”.
Por lo antes mencionado, se tiene que la intervención realizada por la CNE cumple con la priorización de daños por eventos hidrometeorológicos, nexo causal y la necesidad de atención extraordinaria que enmarca el accionar de la CNE. Adicionalmente, es importante mencionar que mediante cartas los vecinos de Calle Lila, días previos a la emergencia, habrían solicitado la intervención en el sector por temor a que la crecida del río Guácimo, por las lluvias, afectará todo el caserío. Siendo que para la fecha de la emergencia, la energía del caudal, por las condiciones de sedimentación y acumulación de material, provoco que el flujo se desviara hacia la margen derecha provocando la apertura de un “brazo del río” y erosión acelerada de la orilla, en la ribera derecha, y dejando árboles dentro del cauce, motivo por el cual hubo una disminución considerable de la distancia entre la margen del río y las viviendas de comunidad La Lila, lo cual correspondería a la zona de protección.
Los trabajos realizados para la fecha de la intervención por la emergencia no declarada son considerados como trabajos paliativos por cuanto no se realizaron variaciones en el ancho del cauce, cambio de geometría, pendiente o algún otro factor que repercuta en la estabilidad geomorfológica del cauce, ni alteran la estabilidad estática o dinámica; sino que dichos trabajos se direccionaron a la limpieza y atención prioritaria de vías y cauce del río.
Adicionalmente, como atención a las emergencias ocasionadas por las lluvias a finales del mes de julio pasado que propiciaron Alertas Roja N°39 y N°40-2021 y posteriormente el Decreto de Emergencia N° 43131MP; la Municipalidad de Guácimo solicitó una nueva contratación de Primer Impacto para ese sitio, en la cual se deberán tomar las previsiones del caso para prevenir los efectos que la intervención en el río Guácimo pueda ocasionar tanto en la margen derecha como izquierda.
De conformidad con lo anterior, se tiene que: el caudal del rio en mención fue intervenido en el mes de abril y julio del 2021, por eventos atmosféricos específicos. Sin embargo, para los hechos que relata el recurrente, no hay intervención de la CNE. Se debe mencionar que la petitoria del recurrente va orientada más bien a satisfacer un interés particular sobre su propiedad, independientemente de las fechas en que se haya intervenido el cauce del rio Guácimo.
Por otra parte, se debe aclarar que según los datos que constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en los meses de abril y julio para las intervenciones al cauce del río Guácimo, la empresa MECO no ha realizado trabajos en la Zona. Estos trabajaos los han realizado otras empresas. Por lo que no lleva razón el recurrente en la narración de los hechos.
Además, es importante retomar, que las acciones de la CNE van orientadas a la satisfacción del interés publico colectivo, y el recurrente solicita que el material extraído del rio sea destinado a ciertas fincas que son propiedad privada; lo cual riñe con las actividades de esta Comisión. Sobre el particular ver pretensión III del recurrente.
En conclusión, según lo expuesto, no lleva razón el recurrente en sus alegatos, por lo que se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo.” 4.- Por escrito presentado el 24 de agosto de 2021, informa bajo juramento FERNANDO MONTALTO GARCÍA, en condición de Consultor ambiental contratado por la Municipalidad de Guácimo como regente geológico y ambiental de la concesión de explotación en cauce de dominio público que posee la Municipalidad de Guácimo sobre el cauce del Río Guácimo, bajo el expediente minero No. 8-2004 que se tramitó ante la Dirección de geología y Minas (DGM) que: “PRIMERO: NO ME CONSTA por lo que rechazo este hecho, ya que se refiere a actuaciones de terceras personas.
SEGUNDO: NO ME CONSTA por lo que rechazo este hecho, ya que se refiere a situaciones ajenas al suscrito. No obstante, al respecto manifiesto:
a. No tengo conocimiento de lo actuado por la CNE en el cauce, en la zona de aguas arriba y fuera de la concesión Municipal Exp No 8-2004. Desconozco la ubicación exacta del dique, ya que nunca fui a fijar su ubicación con la utilización de un GPS, además desconozco la distancia exacta del sitio donde estaba ese dique con respecto al inicio de la concesión, pues fue una obra construida por la CNE en la cual la Municipalidad de Guácimo no tuvo ningún tipo de intervención.
b. Las afectaciones que se generaron por las crecidas extraordinarios son anormales y recurrentes, cuyas afectaciones deterioran todas las propiedades colindantes al Río Guácimo pues muchas de ellas son zona de rebalse del río cuando se presentan esas crecidas anormales.
c. Los efectos causados por las inundaciones se están y se continuarán presentando al ser propiedades de alto riesgo naturales, en caso de crecidas extraordinarias y anormales productos de los periodos recurrentes y cíclicos del Río Guácimo, donde las avenidas anormales del río irán provocando mayores daños y destrucciones de forma más periódica.
d. La colmatación y arrastre de sedimentos son producto natural de la geodinámica hidráulica de los ríos. Siendo que la Municipalidad de Guácimo posee una concesión minera otorgada por el Poder Ejecutivo, bien se debería autorizar una extracción de por lo menos entre 700 a 1000 m3 al día, esto buscando y tratando de lograr el equilibrio entre el arrastre de materiales y minimizar la colmatación actual y futura en el rio Guácimo.
Cabe mencionar que el patio de acopio No 1 en la margen derecha, propiedad de la Municipalidad de Guácimo también fue afectado por las crecidas anormales que ha presentado el Rio Guácimo y no se cuenta con los recursos para realizar medidas preventivas en la margen afectada. No es cierto como lo señala el recurrente, que las obras que hizo la CNE en la margen izquierda del rio era para proteger la propiedad de la Municipalidad, todo ello es una falsedad, pues como se indicó, esta propiedad también se vio fuertemente afectada por las inundaciones TERCERO: NO ME CONSTA por lo que rechazo este hecho, ya que se refiere a situaciones ajenas al suscrito.
CUARTO: NO ES CIERTO. Rechazo este hecho en su totalidad ya que todas las manifestaciones contenidas son apreciaciones infundadas del recurrente. El suscrito fui contratado por la Municipalidad de Guácimo a través del sistema de contrataciones públicas SICOP para prestar mis servicios profesionales como regente geológico y ambiental de la concesión de explotación en cauce de dominio público que posee la Municipalidad de Guácimo sobre el cauce del Río Guácimo, bajo el expediente minero No. 8-2004 que se tramitó ante la Dirección de geología y Minas (DGM). Esta concesión ha permanecido suspendida desde el año 2014 cuando finalizó el plazo original de la concesión y no fue sino, hasta agosto de 2021 que se ha dado inicio a las labores de extracción nuevamente.
Desde ningún punto de vista lógico, geológico, ni ambiental, el suscrito pudo haber previsto que con los trabajos que dice el recurrente que llevó a cabo la CNE en junio de 2021 se afectó la dinámica hidrodinámica del cauce, primero porque el suscrito no trabaja para la CNE, segundo porque desconozco las obras a las que hace referencia el recurrente y tercero, porque son obras que se calcula están distantes del inicio de la concesión a más de 300 metros de distancia aguas arriba.
El señor Segura Bolaños encontró muy fácil señalar al suscrito profesional como “negligente” de obras en las que no participé y de las que tenía total desconocimiento, pues las CNE al momento de realizar sus labores de prevención de los riesgos, no le pide permiso ni a la Municipalidad y menos al suscrito, pues la Ley faculta a la CNE para ingresar a los ríos y a las zonas en donde se deben llevar a cabo labores y construir obras en procura de resguardar la seguridad de las personas que pudieran verse afectadas por algún evento natural.
Se debe tener muy claro que el dique al que se hace referencia dentro de recurso de amparo, no se ubica ni cerca del área de la concesión minera 8-2004.
Como lo señala el mismo recurrente, las labores de construcción del dique fueron realizadas por parte de la CNE, desconociéndose las condiciones y demás características del dique indicado, pues dicha obra no está ubicada dentro del área de la concesión y tampoco forma parte de mis funciones como regente geológico revisar y mucho menos supervisar obras que no son ordenadas por la Municipalidad de Guácimo y, como ya señalé, menos si no están ubicadas dentro de la concesión, ya que mis funciones como regente geológico y ambiental se limitan a la supervisión y buen funcionamiento, a nivel minero, geológico y ambiental de la concesión 8- 2004 y que la Municipalidad como concesionaria lleve a cabo las labores de extracción conforme fue aprobado en el programa de explotación sometido a revisión de la DGM.
QUINTO: NO ME CONSTA. Si bien es cierto para el mes de julio de 2021 se presentó un fenómeno climatológico anormal que provocó mucha lluvia y el crecimiento anormal y extraordinario de todos los ríos de la vertiente atlántica, lo es también que se trató de un fenómeno totalmente natural. La inundación de propiedades, se presentó como consecuencia de la colmatación del cauce del Río Guácimo en general, que provocó que el fondo del río subiera y que el agua se desbordara y no solo porque existe una concesión minera (que no se ha explotado desde el 2014). La concesión minera 8-2004 nada tiene que ver en el rebalse del río, pues como ya indiqué, se debió a fenómenos totalmente naturales, imposible de controlar por el ser humano, pues el incremento extraordinario de precipitaciones, asociadas al paso de las ondas tropicales, la Zona de Convergencia Intertropical y la humedad llevada por los vientos alisios a la costa del Caribe durante los días 2, 23 y 24 de julio del 2021, provocó muchísimos daños en los cantones de Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Talamanca. No es posible controlar la fuerza del agua cuando se presentan este tipo de fenómenos climáticos.
SEXTO. NO ES CIERTO. Miente descaradamente el recurrente al señalar que la intención del dique construido por la CNE era resguardar la propiedad adquirida por la Municipalidad de Guácimo en la margen derecha del río. En este hecho aplica el refrán de que “el papel aguanta lo que le pongan!” No es posible que para lograr su objetivo, el recurrente eche mano a manifestaciones infundadas y falsas. Tan falsas son esas manifestaciones, que, con las crecidas del mes de julio, el río provocó daños gravísimos en la propiedad de la Municipalidad ubicada al margen derecho, solo esta situación es más que suficiente para desmentir esta afirmación del recurrente.
En mi condición de profesional en geología, con más de 35 años de experiencia como regente geológico minero y ambiental, debo señalar que cuando se presentan condiciones anormales y extraordinarias de crecidas por aumento de la precipitación, no hay técnica que minimice los daños en las fincas colindantes con el Rio Guácimo, los riesgos preexisten en los terrenos de llanuras aluviales.
No es posible endilgar responsabilidad a ninguna entidad o persona derivada de los hechos que se alegan dentro del recurso de amparo, por cuanto son fenómenos naturales fortuitos y fuera del cualquier grado de responsabilidad y control, sobre todo porque la concesión minera de la Municipalidad de Guácimo, Expediente 8-2004, ha estado paralizada de toda actividad de extracción desde el año 2014, reiniciando sus labores en agosto de este año.
No se ha llevado a cabo ningún tipo de labor dentro del cauce del Río Guácimo, ni dentro del área de la concesión 8-2004 que pudiera haber provocado alguna afectación a las propiedades colindantes, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. Más bien, cuando se inicien las labores de extracción del cauce, se canalizará el río y se evitará que las avenidas anormales y extraordinarias del rio provoquen mayores daños en la zona de la concesión.
No es posible tratar de responsabilizar a una institución o a una persona por todos los daños causados por el Río Guácimo, ya que son producto de la colmatación del rio y de los fenómenos climáticos naturales extraordinarios y anormales, propios de la época lluviosa que se presentaron en el mes de julio, los cuales son de imposible previsión y son inevitables.
SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTE ASUNTO:
a. El tema en cuestión es referente a la dinámica natural anormal de la hidráulica de los ríos en la vertiente Atlántica de Costa Rica, la cual deriva de las acciones evolutivas geológicas dando origen a topografías geomorfías, tales como, las llanuras que constituyen de la vertiente Huetar atlántica en especial en la zona del río Guácimo.
b. El tramo del río Guácimo donde se ubica la concesión 8-2004 posee una longitud de un kilómetro lineal y fue concesionada a favor del Municipalidad de Guácimo, según expediente 8-2004, conforme con la RESOLUCIÓN R-427-2006 y publicada en la Gaceta, c. La concesión fue explotada durante el plazo de ley, desde el 2006 y hasta el mes de mayo de 2014, cuando fue suspendida por finalización del plazo otorgado.
d. La concesión minera 8-2004, se ha mantenido suspendida por vencimiento del plazo desde mayo de 2014 y no se realizó ninguna labor de extracción o explotación del cauce durante ese período.
e. Cuando se obtuvo la concesión en el año 2006, el recurrente alquiló a la Municipalidad un patio de acopio (identificado como patio No. 2), ubicado en la margen izquierda de la concesión, que además daba acceso a la concesión a calle pública por esa misma margen. Cuando venció el plazo de la concesión en el año 2014, el recurrente ya no quiso alquilar más esa propiedad (patio No. 2) por lo que la Municipalidad tuvo la necesidad de buscar y adquirir otro patio, que adquirió en la margen derecha de la concesión (identificado como patio No. 1). Para utilizar dicho patio No. 1 se debió obtener la viabilidad ambiental del mismo, que sucedió en el año 2018.
f. En virtud de que la viabilidad ambiental del patio No. 1 no era suficiente para instalar maquinaria, ni quebrador, el señor José Joaquín Segura, negoció nuevamente con la Municipalidad el préstamo del patio No. 2, mediante la suscripción de un contrato de préstamo de propiedad, que fue presentado en la DGM para su conocimiento, debido a que ese patio No.2 sí había sido contemplado dentro de la viabilidad original de la concesión 8-2004 y permitía la instalación de maquinaria y quebrador.
Por resolución No. 0304-2021 de las 7:55 horas del 18 de mayo de 2021, la Dirección de Geología y Minas (DGM) en aplicación de las directrices No. 113- MP-MEIC y DGM-OD-141-2021, autorizó a la Municipalidad de Guácimo una explotación temporal de materiales de su concesión hasta el 17 de enero de 2022.
El 11 de junio, se comunicó a la DGM el inicio de las labores dentro del área de la concesión, que consistieron en arreglo del patio y caminos, sin embargo, se ingresó a extraer material de la concesión hasta el 5 de agosto de 2021.
Se inició la extracción el día 5 de agosto 2021, y se está apilando material en el patio No 2, que es propiedad del recurrente José Joaquín Segura bajo un contrato de préstamo de forma temporal, dicho contrato fue comunicado al expediente, durante la inspección geológico minera que llevó a cabo el suscrito, se visitó el día 5 agosto 2021, el frente de extracción un desde punto P-68 por medio de equipo del extracción autorizado.
DECRETO DE EMERGENCIA D.E. No. 43131-MP Debido a fenómeno atmosférico anormal tormenta No 6, se decretó emergencia nacional por lluvia extremas, el día 22 de julio de 2021, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mediante Aviso Meteorológico informó que debido a la intensidad de los vientos alisios en el Mar Caribe, se había generado un incremento de las precipitaciones en la Zona Norte y el Caribe del territorio Nacional. Ese mismo día mediante Aviso Meteorológico de las 09:25 horas se informó que la intensidad de la presión atmosférica en el Mar Caribe había aumentado, generando condiciones más ventosas para el territorio nacional, ocasionando un incremento de las precipitaciones principalmente en las regiones de la Zona Norte y el Caribe.
a. El día 22 de julio del 2021 a las 12:00 horas la CNE emitió la Alerta No 37-21, estableciendo Alerta Amarilla en el Caribe y Zona Norte. El mismo día, al ser las 17:00 horas, mediante Alerta No 38-21, se elevó a Alerta Naranja la zona del Caribe, Zona Norte y el Cantón de Turrialba; lo anterior derivado del aumento de las precipitaciones en diversos puntos del país y las proyecciones señaladas en los informes meteorológicos.
b. El día 23 de julio de 2021, a las 12:00 horas la CNE, emitió la Alerta N° 39-21, estableciendo Alerta Roja para los cantones de Turrialba, Matina, Limón, Talamanca y Sarapiquí; Alerta Naranja: el resto de las zonas del Caribe y la Zona Norte; lo anterior con base en los reportes de la Sala de Monitoreo de la CNE, con daños generalizados en viviendas y rutas nacionales y cantonales.
c. El 23 de julio de 2021, a las 19:00 horas el IMN mediante Informe Meteorológico No 6 comunicó que las montañas del Caribe habían registrado los mayores montos de lluvia, con acumulados entre 100 mm y 150 mm, concentrándose los montos más altos en el cantón de Turrialba. Este fenómeno hidrometeorológico generó fuertes lluvias y vientos, lo cual a su vez provocó inundaciones y deslizamientos, con afectaciones sobre la red vial nacional y cantonal, centros de salud, centros educativos, sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de alcantarillado público; con el consecuente desplazamiento de personas a albergues temporales, comunidades incomunicadas, servicios públicos interrumpidos, pérdidas en medios de vida y producción agropecuaria, generando importantes daños y pérdidas en bienes privados y públicos, lo que implicó una amplia respuesta por parte de la Instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Debido a la gran afectación sufrida en toda la región, se emitió el DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 43131-MP, que declaró estado de emergencia nacional la situación provocada por el temporal en la vertiente del Caribe, asociada al paso de las ondas tropicales, la Zona de Convergencia Intertropical y la humedad llevada por los vientos alisios a la costa del Caribe durante los días 2, 23 y 24 de julio del 2021, en los cantones de Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Talamanca.
SOBRE LA CONCESIÓN 8-2004 La concesión de explotación de materiales en cauce de dominio público (expediente 8-2004) ha estado suspendida desde mayo de 2014 y hasta junio de 2021, durante dicho período, la Municipalidad de Guácimo, como concesionaria, no ha extraído materiales del cauce.
Se solicitó el inicio de labores amparados en la resolución No. 0304-2021 dictada por la DGM, que en aplicación de las directrices No. 113-MP-MEIC y DGM-OD-141-2021, autorizó a la Municipalidad de Guácimo a iniciar las labores de extracción de forma temporal, por ello es que la Municipalidad, con base en dicha resolución, solicitó el reinicio de labores en junio de 2021 para la preparación del patio de acopio y no fue sino hasta el 5 de agosto de 2021, que empezó con las labores de extracción del cauce.
Se debe tener muy claro que el área a la que se hace referencia dentro de recurso de amparo donde se ubica el dique, no corresponde en nada al área de la concesión minera 8-2004.
Las labores de construcción del dique fueron realizadas por parte de la CNE, desconociéndose las condiciones y demás características del dique indicado, pues dicha obra no está ubicada dentro del área de la concesión y tampoco forma parte de mis funciones como regente geológico revisar y mucho menos supervisar obras que no son ordenadas por la Municipalidad y, como ya señalé, menos si no están ubicadas dentro de la concesión, ya que mis funciones como regente geológico y ambiental se limitan a la supervisión y aplicación del buen funcionamiento, a nivel minero, geológico y ambiental de la concesión 8-2004 y que la Municipalidad como concesionaria lleve a cabo las labores de extracción conforme fue aprobado en el programa de explotación sometido a la DGM.
Es de vital importancia ubicarse en el espacio geográfico de donde se están dando realmente los eventos indicados, ya que dentro del recurso de amparo, el recurrente pretenden confundir indicando que el dique está dentro de la concesión 8-2004, dando localidades y puntos de referencia fuera de contexto y cuya temporalidad es mucho más larga de la que se quiere hacer creer en el amparo presentado.
a. La suspensión total de extracción y toda actividad minera se dio desde el 2014.
b. A lo largo de todo el cauce del Río Guácimo y por ausencia de explotación de la concesión, se ha presentado la colmatación (exceso de material aluvional: definición: relleno de una cuenca sedimentaria con materiales detríticos arrastrados y depositados por el agua) de todo el cauce del Rio Guácimo, incluyendo el área de la concesión 8-2004.
c. Sin poder determinar longitud exacta, se estima que el dique construido por la CNE podría estar ubicado a aproximadamente 300 metros aguas arriba de la concesión.” Solicita se desestime el recurso.
5.- Por escrito presentado el 26 de agosto de 2021, informa bajo juramento GERARDO FUENTES GONZÁLEZ, en condición de Alcalde Municipal de Guácimo que: “Primero. Sobre este hecho, el recurrente se refiere a los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Emergencias, a través de la contratación administrativa, tramitada mediante procedimiento nº 2021Pl-000076-0006500001, visible en la plataforma SICOP. En relación, dichos trabajos fueron realizados bajo las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a la Comisión Nacional de Emergencias, esto por cuanto según el informe de situación No.03, el Instituto Meteorológico Nacional No 18-21, reportó en el país del día 15 de abril de 2021 a las 7:25 am. fuertes vientos y lluvias desde el sector montañoso, aumentando el caudal de los ríos y afectando los cinco distritos del cantón de Guácimo por el desbordamiento, erosión y deslizamiento sobre las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, lroquois, Platanar, Guácimo y Jiménez, el día del evento el río Guácimo se desbordo y provoco inundaciones en la comunidad de calle Lila que se ubican en el margen del río afectando vidas humanas, viviendas y actividades agrícolas; por ello, atendiendo el reporte hecho por la Comisión Local de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencias, contrato maquinaria para realizar la reconformación del cauce de 245 metros de longitud con material extraído del propio cauce del río, ya que se habían ocasionado daños por la socavación y erosión, debido al aumento del caudal del río Guácimo por las precipitaciones en el mes de abril, lo cual puso en riesgo la integridad física de los habitantes. En todo caso, es importante se atienda el informe que sobre dicho particular rinda la Comisión Nacional de Emergencias, siendo que los trabajos realizados no son directa o indirectamente las causas de los daños que alega el recurrente, por cuanto de conocimiento público lo es que en el mes de julio y agosto se han dado precipitaciones de carácter extraordinario que han causado daños y afectaciones indiscriminadamente, siendo que mediante Decreto 43131-MP, se declaró el estado de emergencia por las precipitaciones e inundaciones suscitadas los días 22, 23 y 24 de julio de 2021, en diferentes cantones, incluyendo el Cantón de Guácimo.
En el mismo orden de ideas, es importante aclarar que los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Emergencia, lo fue para reparar los daños causados a una obra preexistente- ver informe SIOP- 708-2021, del Área de Servicios de Infraestructura y Obra Pública de la Municipalidad de Guácimo- la cual fue dañada por las precipitaciones extraordinarias del mes de abril del año en curso y que por tal motivo no era la construcción de una obra nueva; siendo que dichos trabajos están fuera del área que abarca la concesión 8-2004, según las coordenadas referidas en el informe presentado por el geólogo Fernando Montalto García, firmado digitalmente el día 23 de agosto de 2021- el cual se aporta como prueba-. Asimismo, el recurrente es omiso en aportar prueba que sugiera la relación entre los daños sufridos en su propiedad con motivo de las precipitaciones extraordinarias, y las obras realizadas en su momento por la Comisión Nacional de Emergencias.
Segundo. El hecho presentado por el recurrente no esta sustentado en prueba y por ende no debe tenerse como cierto.
Tercero. El hecho tercero presentado por la parte recurrente, no se debe tener como cierto, todos esos daños se dieron no por los trabajos contratados por la Comisión Nacional de Emergencias, sino por los daños causados por las precipitaciones de carácter extraordinario que se dieron el 22, 23 y 24 de julio del año 2021.
Sobre los hechos Cuarto, Quinto y Sexto. En estos puntos, es importante aclarar que en nada guarda relación la ubicación de la concesión 8-2004 de la Municipalidad de Guácimo, con respecto a los daños causados por las precipitaciones extraordinarias que se dieron en el mes de julio del año 2021 y menos aún suponer que el regente de dicha concesión podía prever el comportamiento de fenómenos naturales como los que afectaron al Cantón recientemente. En relación, se adjunta a la contestación del presente recurso de amparo, el registro de bitácora con número 168684, realizado por la geóloga Tatiana Carmena Madrigal, de la Dirección de Geologías y Minas, en inspección realizada el día 17 de agosto de 2021, siendo que dicha funcionaria pública indica lo siguiente en bitácora: " Se realiza visita de coordinación al área de concesión 8-2004, el objeto fue verificar el inicio de operación y algunas modificaciones en el cauce a causa de crecida extraordinaria a finales del mes de julio y principios de agosto… Se realiza recorrido desde sección inferior hacia aguas arriba, se verifica modificación de la morfología del cauce a causa de la crecidas extraordinarias…". En relación, dicha inspección se realizó en atención de una denuncia presentada por el acá recurrente, el señor José Joaquín Segura Bolaños, con lo cual se acredita que el interesado ya presentó los procesos administrativos en la vía correspondiente y que por ende la Dirección de Geologías y Minas del MINAET, en ejercicio de sus competencias legales, será la encargada de resolver. En todo caso, como puede apreciarse, en la inspección de campo realizada por la funcionaria de la Dirección de Geologías y Minas, se verificó cambios en el cauce con motivo de las precipitaciones extraordinarias, las cuales incluso motivaron la Declaratoria de Emergencia en los Cantones afectados, dentro de los cuales esta el Cantón de Guácimo.
Por otra parte, mediante informe técnico rendido por el geólogo Fernando Montalto García, en su condición de regente de la concesión 8-2004, firmado digitalmente el día 23 de agosto de 2021, se suministran una serie de datos de suma importancia para la resolución del presente recurso, en primer término se informa que la actividad de extracción estuvo suspendida en la concesión 8-2004, del año 2014 hasta el 5 de agosto de 2021, fecha en la cual cumpliendo con el trámite de los permisos respectivos se reinició labores en dicha concesión. Asimismo, con motivo de las precipitaciones extraordinarias recientes, la Municipalidad de Guácimo también sufrió daños en terreno de su propiedad con folio real 7-013994-000, plano catastrado L-2102017-2019, ya que según informe 004-2021, elaborado por el Ingeniero Topógrafo Yoicer Kenneth Pérez González, el área según registro lo era 56714m2, siendo que el área verificable en el levantamiento de campo lo es de apenas 23096.86 2, lo que trae una reducción o diferencia de 33620.14m2, cabida que se habría perdido por arrastre del río con motivo de las precipitaciones extraordinarias de finales del mes de julio, ya que ese fenómeno extraordinario causo afectaciones y daños a todos, incluyendo a la Municipalidad y no solo al recurrente.
De igual forma, de acuerdo al informe técnico elaborado por el regente de la concesión 8- 2004, -el cual se adjunta- se concluye que las actividades en dicha concesión estuvieron suspendidas desde el 2014, hasta el 5 de agosto del 2021, siendo que no se ha llevado a cabo ningún tipo de tabor dentro del cauce, ni dentro del área de la concesión 8-2004, que pudiera haber provocado algún tipo de daño a las propiedades colindantes, tanto en la margen derecha, como en la margen izquierda del río; en dicho sentido, las actividades reiniciaron el 5 de agosto de este año y se ejecutan con los permisos correspondientes y bajo tas técnicas correctas. Es por ello, que la Municipalidad no tiene responsabilidad por los hechos que alega et recurrente en este recurso, ya que las afectaciones causadas obedecen a un fenómeno fortuito, fuera de control y de imposible previsión. Finalmente, tampoco es cierto que los trabajos que en su momento realizo la Comisión Nacional de Emergencia lo fue con la intención de proteger el área de concesión o el terreno adquirido por la Municipalidad, ya que esas obrar se realizaron fuera del área de la concesión 8- 2004 y sobre todo y más importante, es mencionar que el fenómeno extraordinario de finales de julio de este año, la Municipalidad al igual que el recurrente sufrió daños y perdidas en la propiedad con folio real 7-013994-000.
Petitoria. Conforme a lo indicado en este escrito y prueba que se aporta, solicito que se declare sin lugar el recurso de amparo presentado, esto por cuanto los daños sufridos en la propiedad del recurrente, obedecen a las precipitaciones y crecidas de carácter extraordinario que afectaron los días 22, 23 y 24 de julio de 2021 varios cantones del país, incluyendo al Cantón de Guácimo y que con motivo de ese fenómeno natural se emitió el Decreto 43131 MP, por medio del cual se declaró el estado de emergencia en distintos cantones, incluyendo el de Guácimo; en relación con lo indicado, no solo el señor Segura Bolaños sufrió afectaciones, sino que también muchos otros vecinos del Cantón, principalmente con terreno colindantes al río Guácimo, e incluso la propia Municipalidad de Guácimo, quienes producto de las crecidas extraordinarias en cuestión perdimos 33620.14m2 del área de finca con matricula de folio real 7-013994-000; siendo que como bien se ha explicado en este escrito, los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Emergencias mediante contratación administrativa con expediente 2021 Pl-000076- 0006500001, no fueron dentro del área de la Concesión 8-2004, ni correspondía a obras de protección para dicha concesión o propiedad municipal, como lo parece sugerir el recurrente, sin aportar prueba alguna. Por otra parte, el propio señor José Joaquín Segura Bolaños, presentó la denuncia ante la Dirección de Geologías y Minas y por dicho motivo fue que se dio la visita e inspección de la Geóloga Tatiana Carmona Madrigal a la concesión municipal 8-2004, en fecha 17 de agosto de 2021; por lo que, a nuestro criterio ese elemento es motivo suficiente para que se desestime el recurso de amparo, por cuanto ya hay un proceso administrativo instaurado ante la Dependencia del MINAET competente; sin embargo, en caso de continuarse con el conocimiento de este amparo, solicitamos que la Sala Constitucional requiera el informe respectivo a la Dirección de Geología y Minas del MIANET, con el fin de verificar que las actividades que se desarrollan actualmente en la concesión 8-2004, no son irregulares y están apegadas a los procedimientos correctos.
De igual forma, con respecto a la obra contratada por la Comisión Nacional de Emergencias, mediante contratación administrativa con número de expediente 2021 Pl- 000076-0006500001 en SICOP, corresponde a la realización de las obras necesarias para reparar los daños causados por el fenómeno extraordinario dado en el mes de abril del año 2021 y que dichos trabajos tampoco fueron los causantes de los daños a las propiedades del recurrente, ya que esos daños son productos de las precipitaciones extraordinarias del mes de julio de 2021, las cuales incluso motivaron y justificaron la declaratoria de estado de emergencia, en donde se incluyo a Guácimo, como cantón afectado.” Solicita se desestime el recurso.
6.- Por escrito presentado el 02 de septiembre de 2021, el recurrente aporta pruebas y argumentos adicionales a efectos de que se estime el recurso planteado.
7.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, aproximadamente a inicios de junio de 2021 y por un plazo de dos semanas, la Comisión Nacional de Emergencias contrató una excavadora propiedad de la empresa constructora MECO, para construir un dique en la margen derecha del cauce del río Guácimo, detrás del Colegio Académico de Guácimo. Narra que las obras aludidas afectaron el área hidrodinámica del cauce, de manera que el material extraído fue acumulado dentro del afluente en la margen derecha. Explica que lo anterior dio lugar a un estrangulamiento del cauce que afectó la margen izquierda del río, donde está ubicado el citado colegio, así como varias propiedades de Ecoproyectos de Centroamérica S.A. y otras fincas de la Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA) y del Colegio Técnico Profesional de Guácimo. Detalla que la ejecución de los trabajos en el río Guácimo implicó diversos daños en las propiedades situadas en el margen izquierdo del torrente, a saber: exposición abierta para el ingreso de agua del cauce del río a cada una de las propiedades, erosión y deslave en las propiedades circundantes al cauce por la invasión de las aguas, pérdidas de carácter agropecuario y ecoturístico, inutilización de los terrenos por embalse de aguas que ingresaron a las propiedades, acumulación de sedimentos y basura no biodegradable en detrimento del aprovechamiento de la misma y del valor comercial del inmueble, deterioro de la belleza escénica de las propiedades y limitación de aprovechamiento residencial. Señala que los inmuebles afectados se localizan paralelos a la concesión en cauce de domino público a favor de la Municipalidad de Guácimo (CDP): 8-2004. Sostiene que ha existido una negligencia del regente minero de esa concesión municipal, Fernando Montalto García, quien no previó la afectación inmediata de la margen izquierda del río Guácimo al quedar desprotegida con ocasión de las obras aludidas. Acusa que el gobierno local mencionado recién adquirió en la margen derecha del afluente, la finca matrícula 13994-000, plano catastrado L- 2102017-2019, lo que denota la intención de salvaguardar la integridad de la propiedad municipal sin llevar a cabo trabajos recíprocos en la margen izquierda. Estima que lo descrito implica una lesión a lo dispuesto en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso.
II.- CONSECUENCIA DE NO RENDIR EL INFORME SOLICITADO POR LA SALA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe, se tienen por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente. La Sala entra a estudiar la procedencia del amparo, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso. En el caso concreto, a pesar de que EDUARDO ENRIQUE MORA CASTRO, en condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias rindió un informe, debe advertirse que en el auto de curso del presente proceso el informe le fue solicitado al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Por lo anterior, se tiene por no rendido el informe y esta Sala resuelve el caso valorando los otros informes aportados los hechos denunciados, la prueba que se adjunta al escrito de interposición del amparo y la jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso concreto.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
El 15 de abril de 2021, se generó un Temporal sobre el país por zonas de convergencia intertropical activa, y el Instituto Metrológico Nacional emitió la Alerta N° 18-21, debido al alto contenido de humedad en la atmósfera sobre nuestro país aunado a la inestabilidad atmosférica causada por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical al sur de Centroamérica el cual generó precipitaciones de variada intensidad sobre el territorio nacional (hecho no controvertido). El 23 de abril de 2021, la Municipalidad de Guácimo, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias la intervención por Emergencia no declarada, alegando que “15 de abril de 2021 a las 7:25 am. Fuertes vientos y lluvias desde el sector montañoso, aumentando el caudal de los ríos y afectando los cinco distritos del cantón de Guácimo por el desbordamiento, erosión y deslizamiento sobre las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo y Jiménez. El día del evento el río Guácimo se desbordo y provoco inundaciones en la comunidad de calle lila que se ubican en el margen del río afectando vidas humanas, viviendas y actividades agrícolas” (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Mediante Decreto 43131-MP, se declaró el estado de emergencia por las precipitaciones e inundaciones suscitadas los días 22, 23 y 24 de julio de 2021, en diferentes cantones, incluyendo el Cantón de Guácimo (hecho no controvertido). La Comisión Nacional de Emergencias, mediante contratación administrativa con número de expediente 2021 Pl- 000076-0006500001 en SICOP, contrató obras necesarias para reparar los daños causados por el fenómeno extraordinario dado en el mes de abril del año 2021 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). Los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Emergencias mediante contratación administrativa con expediente 2021 Pl-000076- 0006500001, no fueron dentro del área de la Concesión 8-2004, ni correspondía a obras de protección para dicha concesión o propiedad municipal (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas). En el río Guácimo existe la concesión para la extracción de materiales No. 8-2004 que estuvo suspendida del año 2014 hasta el 5 de agosto de 2021 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.
V.- EN CUANTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.
VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión de los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 15 de abril de 2021, se generó un Temporal sobre el país por zonas de convergencia intertropical activa, y el Instituto Metrológico Nacional emitió la Alerta N° 18-21, debido al alto contenido de humedad en la atmósfera sobre nuestro país aunado a la inestabilidad atmosférica causada por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical al sur de Centroamérica el cual generó precipitaciones de variada intensidad sobre el territorio nacional. Consta que, el 23 de abril de 2021, la Municipalidad de Guácimo, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias la intervención por Emergencia no declarada, alegando que “15 de abril de 2021 a las 7:25 am. Fuertes vientos y lluvias desde el sector montañoso, aumentando el caudal de los ríos y afectando los cinco distritos del cantón de Guácimo por el desbordamiento, erosión y deslizamiento sobre las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos: Dos Novillos, Santa Emilia, Parismina, Iroquois, Platanar, Guácimo y Jiménez. El día del evento el río Guácimo se desbordo y provoco inundaciones en la comunidad de calle lila que se ubican en el margen del río afectando vidas humanas, viviendas y actividades agrícolas”. Asimismo, mediante Decreto 43131-MP, se declaró el estado de emergencia por las precipitaciones e inundaciones suscitadas los días 22, 23 y 24 de julio de 2021, en diferentes cantones, incluyendo el Cantón de Guácimo. La Comisión Nacional de Emergencias, mediante contratación administrativa con número de expediente 2021 Pl- 000076-0006500001 en SICOP, contrató obras necesarias para reparar los daños causados por el fenómeno extraordinario dado en el mes de abril del año 2021. Los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Emergencias mediante contratación administrativa con expediente 2021 Pl-000076- 0006500001, no fueron dentro del área de la Concesión 8-2004, ni correspondía a obras de protección para dicha concesión o propiedad municipal. De igual manera, se constató que en el río Guácimo existe la concesión para la extracción de materiales No. 8-2004 que estuvo suspendida del año 2014 hasta el 5 de agosto de 2021. De la base fáctica acreditada, no es posible establecer un nexo causal entre las obras realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias o por la Concesión Minera No. 8-2004 y los daños de la propiedad del recurrente. En ese sentido, las autoridades accionadas señalaron que las contratación de las obras fue necesaria para reparar los daños causados por el fenómeno extraordinario dado en el mes de abril del año 2021 y que dichos trabajos tampoco fueron los causantes de los daños a las propiedades del recurrente, ya que esos daños son productos de las precipitaciones extraordinarias del mes de julio de 2021, las cuales incluso motivaron y justificaron la declaratoria de estado de emergencia, en donde se incluyo a Guácimo, como cantón afectado. De ahí que en este proceso no es posible establecer técnicamente, si las obras que señala el recurrente han ocasionado la desviación del cause de río y con ello los daños o si estos fueron producto de hechos de la naturaleza, tal y como lo refieren los accionados. Debe recordarse que, en la jurisprudencia de esta Sala de forma reiterada se ha indicado que la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente; y en el caso particular, no se ha logrado acreditar, fehacientemente, la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter, eminentemente, sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. En el presente asunto, de los informes rendidos por los funcionarios recurridos, y del análisis de la prueba que obra en autos, esta Sala no tiene por demostrado que los daños acusados por el accionante hayan sido ocasionados por las obras realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias a petición de la Municipalidad de Guácimo, así como, de la explotación minera No. 8-2004 que no se encuentra localizada en el punto en el cual se reforzó el dique. Así las cosas, le corresponderá a la recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos y la determinación clara, veraz y concluyente. Así las cosas, no se constata actuación u omisión alguna que amenace o violente los derechos fundamentales de la parte tutelada, por lo que se debe desestimar el presente proceso.
VII.- RAZONES DISTINTAS DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la propiedad.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara SIN LUGAR el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado da razones distintas.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
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