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Res. 19802-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/09/2021

Sala Constitucional partially grants amparo for ICE's failure to respond to complaint about telephone and internet outageSala Constitucional otorga amparo parcial por falta de respuesta del ICE a gestión sobre avería de telefonía e internet

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber granted the amparo only for ICE's failure to provide a timely and formal response to the complaint filed on July 16, 2021, ordering a response within ten days. It rejected the claims for reconnection of telephone and internet for lack of independent violation.La Sala declaró con lugar el amparo únicamente por la omisión del ICE de dar respuesta oportuna y formal a la gestión presentada el 16 de julio de 2021, ordenando responder en diez días. Rechazó los reclamos sobre reconexión de telefonía e internet por no acreditarse violación autónoma.

SummaryResumen

The petitioner, an elderly resident of Orotina, filed an amparo against ICE (Costa Rican Electricity Institute) for the suspension of her landline telephone and internet services since July 19, 2021, due to cable theft in the area. ICE failed to inform her of the repair timeline and did not respond to her written complaint dated July 16, 2021. The Constitutional Chamber partially granted the amparo, finding that the lack of a formal and timely response to her complaint violated her fundamental rights. It ordered ICE's Telecommunications Manager to respond within ten days. Regarding the landline reconnection, the Chamber held that the elapsed period (21 days) was not disproportionate and noted that an alternative wireless voice service had been installed on August 27, 2021. As for the internet, being a competitive service, the petitioner could have sought other providers or filed a complaint with SUTEL, which she did not, so this claim was rejected. Judge Esquivel Rodríguez partially dissented, granting the amparo regarding internet access, considering it an essential fundamental right, especially for vulnerable populations.La recurrente, vecina de Orotina y adulta mayor, presentó recurso de amparo contra el ICE por la suspensión de sus servicios de telefonía fija e internet desde el 19 de julio de 2021, debido al robo de cable en la zona. El ICE no le informó sobre el plazo de reparación ni respondió a su gestión escrita del 16 de julio de 2021. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso, estimando que la omisión de respuesta formal y oportuna a dicha gestión vulneró sus derechos fundamentales. Ordenó al gerente de Telecomunicaciones del ICE responder en diez días. En cuanto a la reconexión de la telefonía fija, la Sala consideró que el plazo transcurrido (21 días) no era desproporcionado y constató que el 27 de agosto de 2021 ya se había instalado un servicio de voz inalámbrico alternativo. Respecto al internet, al ser un servicio en competencia, la recurrente podía acudir a otros operadores o reclamar ante SUTEL, lo que no hizo, por lo que se rechazó este extremo. La magistrada Esquivel Rodríguez salvó parcialmente el voto, declarando con lugar el recurso en cuanto al internet por considerarlo un derecho fundamental esencial, especialmente para poblaciones vulnerables.

Key excerptExtracto clave

Considering: I.-Purpose of the appeal. The appellant claims that she is a neighbor of Orotina, an older adult, and that, despite having internet and telephone service with ICE, they have been affected by cable theft and the institution's failure to address this problem; and that, to date, she has none of these services. [...] IV.-On the case in question. From the sub examine, it appears that the appellant has a registered duo service of voice and internet with the Costa Rican Electricity Institute. However, due to the failure of these services, on July 11, 2021, the petitioner reported the breakdown to ICE, which she repeated on July 14 and 15, 2021. It is also on record that on July 16, 2021, the petitioner submitted a written note to the Integrated Agency of Orotina, requesting a date for the repair of her voice and internet service, for which Siebel case number 1-14037091323 was created. Under this order of considerations, it is first necessary to highlight that, to date, there is no evidence that the authorities appealed against have provided a formal response to the request submitted by the petitioner on July 16, 2021, before the Integrated Agency of Orotina. In view of this, this Court considers that the lack of response by ICE to the appellant's request constitutes a violation of her fundamental rights, since she was not attended to in a timely and proper manner. Consequently, the appeal is admissible as far as this extreme is concerned. VII.-Conclusion. In light of the foregoing, the appropriate course is to partially grant the appeal, only with regard to the lack of a timely and proper response from ICE to the request submitted by the petitioner on July 16, 2021. As for the rest, the appeal is inadmissible.Considerando: I.-Objeto del recurso. La recurrente alega que es vecina de Orotina, que es una persona adulta mayor, y que, a pesar de contar con el servicio de internet y telefonía con el ICE, éstos se han visto afectados por el robo de cable y la omisión de dicha institución en atender esa problemática; siendo que, a la fecha, no cuenta con ninguno de esos servicios. [...] IV.- Sobre el caso en concreto. Del sub examine, se desprende que la recurrente tiene registrado un servicio dúo de voz e internet con el Instituto Costarricense de Electricidad. No obstante, en virtud del fallo de esos servicios, el 11 de julio de 2021, la tutelada reportó la avería al ICE, lo cual reiteró en fechas 14 y 15 de julio de 2021. Asimismo, consta que el 16 de julio de 2021, la tutelada presentó una nota escrita ante la Agencia Integrada de Orotina, a fin de que se le indicara una fecha de la reparación de su servicio de voz e internet, por lo que se creó el caso Siebel número 1-14037091323. Bajo este orden de consideraciones, en primer lugar, es menester resaltar que, a la fecha, no consta que las autoridades recurridas hayan brindado una respuesta formal a la gestión presentada por la tutelada el 16 de julio de 2021, ante la Agencia Integrada de Orotina. Ante ello, este Tribunal estima que, respecto a la falta de respuesta por parte del ICE a la gestión de la amparada configura una violación a sus derechos fundamentales, toda vez que esta no fue atendida en tiempo y forma. En consecuencia, el recurso deviene procedente en cuanto a este extremo se refiere. VII.-Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo procedente es acoger parcialmente el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta, en tiempo y forma, por parte del ICE a la gestión presentada por la amparada el 16 de julio de 2021. En lo demás, el recurso deviene improcedente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la falta de respuesta por parte del ICE a la gestión de la amparada configura una violación a sus derechos fundamentales, toda vez que esta no fue atendida en tiempo y forma."

    "the lack of response by ICE to the appellant's request constitutes a violation of her fundamental rights, since she was not attended to in a timely and proper manner."

    Considerando IV

  • "la falta de respuesta por parte del ICE a la gestión de la amparada configura una violación a sus derechos fundamentales, toda vez que esta no fue atendida en tiempo y forma."

    Considerando IV

  • "en casos de interrupción del servicio por situaciones ajenas a la institución -como lo es el robo de cable de cobre-, el ICE está en la obligación de reestablecer prontamente el servicio"

    "in cases of service interruption due to situations beyond the institution's control—such as copper cable theft—ICE is obligated to promptly restore the service"

    Considerando V

  • "en casos de interrupción del servicio por situaciones ajenas a la institución -como lo es el robo de cable de cobre-, el ICE está en la obligación de reestablecer prontamente el servicio"

    Considerando V

  • "tratándose de este de un servicio abierto a la competencia, la parte amparada puede solicitarlo formalmente a otras empresas de telecomunicaciones, lo que no le consta a esta Sala que haya realizado."

    "as this is a service open to competition, the petitioner may formally request it from other telecommunications companies, which this Chamber has no record of her having done."

    Considerando VI

  • "tratándose de este de un servicio abierto a la competencia, la parte amparada puede solicitarlo formalmente a otras empresas de telecomunicaciones, lo que no le consta a esta Sala que haya realizado."

    Considerando VI

  • "El Estado tiene el deber asistencial y prestacional que lo obliga a cumplir efectivamente los compromisos que asumió en el Tratado Internacional y en las leyes nacionales que determinan el internet como un servicio universal donde se protegen los derechos de los usuarios finales"

    "The State has a welfare and service duty that obliges it to effectively fulfill the commitments assumed in the International Treaty and national laws that establish internet as a universal service where the rights of end users are protected"

    Voto salvado de la magistrada Esquivel Rodríguez

  • "El Estado tiene el deber asistencial y prestacional que lo obliga a cumplir efectivamente los compromisos que asumió en el Tratado Internacional y en las leyes nacionales que determinan el internet como un servicio universal donde se protegen los derechos de los usuarios finales"

    Voto salvado de la magistrada Esquivel Rodríguez

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: September 3, 2021 at 10:06 a.m.

Case File: 21-015395-0007-CO Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Res. No. 2021019802 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours six minutes on September third, two thousand twenty-one.

An amparo appeal processed in case file no. 21-015395-0007-CO, filed by MARÍA CRISTINA AMEN NG, identity card 0800420759, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE).

Whereas:

1.- By a document received on August 9, 2021, the appellant filed an amparo appeal against the Instituto Costarricense de Electricidad. She states that she is an older adult, and that, on July 11, 2021, the telephone service installed in her dwelling (No. 2427-8714) failed, as did the Internet service; services provided to her by ICE. In response, she alleges that the next day her husband, Walter Solís Barquero, identity card 0103920878, reported the fault, which was given the consecutive no. 1119. She specifies that, on July 14, 2021, her spouse called ICE to inquire about the restoration of those services, to which he was told that a possible repair date could not be provided. She adds that on July 15, 2021, the inquiry was reiterated, but the same response was obtained. Because of this, on July 16, 2021, her husband went to the ICE Orotina Agency, where he submitted a note requesting an approximate date for the repair and reconnection of the services in question. She complains that, at the time of filing the appeal, no response had been received from the respondent authority, nor has the reconnection of the services been made. She alleges that she and her husband have maintained the fixed telephone service (number 2427-8714) for 16 years and the Internet service for the past 2 years. She points out that, in the area where they reside, no force majeure event has occurred that could justify the suspension of the services and, in any case, ICE has ways to solve the problem and provide them with the services in various forms. She considers that the facts described violate her fundamental rights, and therefore requests that the appeal be granted and that the reconnection of the telephone and internet services be ordered.

2.- By resolution at 12:21 p.m. on August 11, 2021, the process was admitted and a report was requested from the general manager of Telecommunications and the coordinator of the Agencia Integrada in Orotina, both of the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By a document received at 10:27 a.m. on August 18, 2021, Mauricio Rojas Cartín reported under oath, in his capacity as manager of Telecommunications of the Instituto Costarricense de Electricidad. He states the following: "Pursuant to Transitory Provision II of the Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 (LGT), which establishes that upon the entry into force of this Law, operators and providers may compete effectively, among other things, to supply Internet service directly to the client, the provision of said service is not exclusive to ICE, but on the contrary, the client can select other operators, should they consider that this institute's offer does not satisfy their interests. However, ICE takes all necessary actions within its reach to satisfy the requirements of interested parties, but unfortunately, due to different circumstances, and even when the best effort is made, it is not possible to provide said service in some areas of the country or its provision is limited to certain speeds. (...) currently, ICE is not the only entity responsible for providing internet service, therefore, any other operator with a presence in the area could provide the required services. (...) The town of Lagunilla, Tárcoles – Jacó, Puntarenas, is registered in the Telecommunications Network of Telephone Exchange number 218, Telephone District 23, using copper technology; an area that registered an impact due to cable theft as of July 12, 2021, causing an impact on clients, damage to the institutional image, and millionaire losses, which for this specific case amounts to an approximate sum of ¢2,750,000.00. As a consequence of the foregoing, complaint No. 033-21-000469/21-000401-1093-PE was filed before the Organismo de Investigación Judicial. (...) According to information extracted from ICE's corporate systems and provided by the ICE Commercial Area, Mrs. María Cristina Amen NG, ID 800420759, holds the duo service (Voice + 6MB internet) with service number 2427-8714, which has been in temporary retirement due to cable theft (RETA) since July 19, 2021; however, she has a prepaid mobile service with number 8455-3515 and a mobile data service with number 8683-5065, which are active and functioning. (...) According to information extracted from ICE's corporate systems and provided by the Commercial Area, it was determined that on July 16, 2021, a note was received at the Agencia Integrada of Orotina from the appellant, requesting that a repair date for her Voice and internet service be indicated, for which Siebel case number 1-14037091323 was created. (...) In accordance with studies carried out in the area of residence of Mrs. María Cristina Amén NG, it was determined that it is feasible to provide her with a residential Voice service via wireless technology (fixed cellular), for which reason an attempt was made to contact the appellant, at the mobile service 8375-1338 provided for notifications; however, the appellant did not answer the calls made, so an email will be sent to her in order to proceed accordingly." Based on the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.

4.- By record of August 23, 2021, the judicial technician of this case file and the secretary of this Chamber verified that "reviewed, at thirteen hours two minutes on August twenty-third, two thousand twenty-one, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES, the REGISTER OF DOCUMENTS RECEIVED AND THIS CASE FILE, it did not appear that from the seventeenth to the twenty-second of August, two thousand twenty-one, the coordinator of the Agencia Integrada of Orotina, both of ICE, had filed any document or brief, in order to render the report requested in the resolution issued at twelve hours twenty-one minutes on August eleventh, two thousand twenty-one." 5.- By a document received on August 23, 2021, the appellant stated that "Given the impossibility of ICE responding with an approximate date for repairing the damage caused, on July 19 of the current year, my husband called 1193 to seek a temporary solution to the aforementioned problem. The operator who answered told him that ICE could provide him with a Chip so he could have internet on his phone. On Thursday the 22nd, via Correos de Costa Rica, we received the chip in question. Since my husband could not install it in his cell phone, we went to the ICE agency in Orotina. The young lady who attended us indicated that the Samsung brand cell phone that ICE had sold us a year ago for a price of c120,000, the mobile services contract number 11453057 that I signed, did not have the capability for telephone and internet at the same time. We chose to have internet via the number 86835065 that ICE assigned us since, living far from Orotina, it is not feasible to get newspapers daily. We had to dispense with the chip with the telephone number 8455-3515 because they indicated to us that we could make calls via WhatsApp. Due to our advanced age, our primary interest is to be able to communicate daily with our children. I consider it important to state that before signing the contract, the operator from 1193 did not tell my husband about the limitation of having both services. For this reason, we currently do not have telephone service, neither fixed nor cellular. (...) due to the place where we live, Orotina, Coyolar, entrance to Lagunillas, the only fixed telephone operator there is, is ICE. (...) In relation to the cable theft, ICE wants to skirt its responsibility by indicating that it filed a complaint with the corresponding authorities. That action is totally correct; however, what it should have done in parallel was to repair the damage caused, especially since the telephone cable that ICE uses is available in the local market. (...) ICE indicates that, 'on July 16, a note from the appellant was received and a case number was assigned.' This is not true; if they had paid attention to my letter, I would have received a response to my request by email within the period established by law. They responded only after the Constitutional Chamber summoned them. (...) The cell phone number 8275-1338 was discarded by my husband approximately 8 years ago. It is not true that we provided it for notifications. Nor is it possible that the respondent called that number several times, because on the first call they would have realized that an ICE recording plays saying: 'the called cell phone does not exist.' As a telephone contact reference, we provided our son Sergio Solís Amen's cell phone number. (...) On Monday the 16th, Sergio received a call from an ICE official indicating that he was in charge of responding to the amparo appeal filed and was interested in reaching an agreement, but, since no one answered number 8455-3515, he wanted to negotiate with him. Our son replied that we had not authorized him to conduct any negotiation, that we had no telephone, but that they could contact us via WhatsApp at number 36835065. That same day, in the afternoon, he received two more calls from ICE officials, raising the same issue. Sergio responded to them in the same manner as the first call. That same day, I received the attached letter by email, about which the respondent states that they raised the possibility of connecting a fixed telephone line. The letter says absolutely nothing that indicates a proposal from ICE in this regard. On Tuesday the 17th, I received a WhatsApp call from a woman who identified herself with the name Anny Hernández, who told me she had a proposal to solve my fixed telephone problem but that, regarding internet, she had not received instructions. My response was that I was willing to reach an agreement with ICE but, due to distrust, I would only negotiate in person and with someone who could make decisions. If they wished, at my house where I have facilities, or at the ICE Office, whichever they decided. Mrs. Hernández told me she would tell her boss about my request since she had only been given instructions to inform me of the possibility of offering fixed telephone service and that she had not been told about internet, a subject which, she told me, she was completely unaware of. After that call, I had no further contact with any ICE official. (...) ICE tried to contact us and sent us an unsigned letter by mail, without a name of a responsible person, only after Sala IV indicated to them that the amparo appeal filed had been admitted for study. Had there been no intervention by the Constitutional Chamber, ICE would not have deigned to respond, as it has demonstrated through its late response, a month after the fault and the silence after my husband told them that, due to distrust, we would only speak in person and with someone who had decision-making power." 6.- By resolution at 9:58 a.m. on August 25, 2021, the appeal was expanded and a report was requested from the president of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), so that he could address the facts alleged by the appellant, and indicate if: a) its records contain any complaint made by the petitioner regarding the alleged problem with the telephone and internet service; and b) if there are other companies that provide said services in the area.

7.- By a document received at 11:22 a.m. on August 30, 2021, Federico Chacón Loaiza reported under oath, in his capacity as president of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones. He states that "to date, there is no pending complaint filed by the appellant against the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). (...) Among the functions of SUTEL is managing the Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), created by the Ley General de Telecomunicaciones, Law No. 8642, whose resources are destined to finance compliance with the objectives of universal access, universal service, and solidarity, established in article 32 of the same Law. In this regard, it is SUTEL's responsibility to define the projects and programs to be developed with FONATEL funds, based on the information it receives on telecommunications service needs through initiatives presented for its consideration, within the framework established in the Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones and in pursuit of the fundamental objectives of the Régimen de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. SUTEL must, as part of its planning work and when considering the initiatives presented to FONATEL, carry out an assessment process that includes socioeconomic, technical, and market studies, for the definition and formulation of the projects to be developed with FONATEL funds. (...) FONATEL projects are executed through a trust, through which studies are carried out to determine the districts that will be the object of attention, and once those districts are selected, the process continues with the determination of the communities and Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) that will receive telecommunications services through the respective projects. (...) SUTEL carries out within its work plan the Programa de Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en comunidades no conectadas o subconectadas. This program integrates the objectives of the Ley General de Telecomunicaciones, by providing access to fixed telephone and internet services from a fixed location, to communities where the provision of these services is not profitable or where they are received residually. As part of the projects developed under this program, the provision of services to public service delivery centers such as educational centers, Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs), and health centers is included. As is also known to the Chamber, this program is executed in accordance with appropriate planning and its respective schedule. The activities that must be planned include field visits, zone definition, socioeconomic, technical, and market studies. In this context, it should be noted that the canton of Orotina is located in the Central Zone. Furthermore, the appellant herself acknowledges in her initial filing that before July 11, 2021, she had access to telephone and internet services, which implies that the community where she lives does not meet the premises to be a beneficiary of projects financed with FONATEL resources because it has access to telecommunications services; for which reason, it is not considered that the appellant's fundamental rights have been violated. Now, from the analysis of the appellant's allegations, it can be determined that the issue on appeal derives from the lack of response by ICE to her request for reinstatement of the respective services, an aspect that is unrelated to the use of FONATEL resources and which cannot mean that SUTEL is denying her right to have telecommunications services, therefore it is not possible for SUTEL to be causing any harm to her rights, for which reason it is requested that the appeal be dismissed with respect to my represented entity. It is appropriate to indicate that the Programa Comunidades Conectadas already has several awarded projects, among which are those of the Zona Norte (Región Huetar Norte), those of the Zona Sur (Región Brunca), those of the Zona Atlántica, those of the Región Chorotega and Pacífico Central, and those of the Indigenous Territories. (...) From the records held by SUTEL (...), the companies that offer telecommunications services in Orotina are detailed, and whom the appellants may contact to request the services they require. Retail fixed Internet services • BOOMERANG WIRELESS, S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. • SISTEMAS FRATEC S.A. • TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA • WORLDCOM DE C.R. S.A. NOTE: For the district of Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar and la Ceiba, no precise data are available. Fixed telephone services • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA NOTE: The following operators market fixed telephone service in the district of Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar and la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. EL MASTATE • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA. LA CEIBA • CALL MY WAY S.A. Subscription television services • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. NOTE: The following operators market subscription television service in the district of Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar and la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA EL MASTATE • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • HOLST VAN PATTEN, S.A. • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA; LA CEIBA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA". Based on the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.

8.- By a document received at 9:04 a.m. on August 31, 2021, Ana Beatriz Zúñiga Villegas reported under oath, in her capacity as coordinator of the Agencia Integrada of Orotina of the Instituto Costarricense de Electricidad, that "on August 25, 2021, Mrs. María Cristina Amén Ng, identity card 80042075, was contacted and offered a residential Voice service via wireless technology (fixed cellular), a telephone service that the client accepted, and the same was installed on August 27, 2021, with number 22005650 in the name of María Cristina Amén Ng, identity card 80042075, with the technician in charge of the area corroborating the correct functioning of the aforementioned voice service. As can be concluded, ICE fulfilled the responsibility imposed by law regarding the provision of fixed voice service." 9.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant alleges that she is a resident of Orotina, that she is an older adult, and that, despite having internet and telephone services with ICE, these have been affected by cable theft and the omission of said institution in addressing this problem; and that, to date, she does not have either of these services.

II.- Proven facts. Of relevance for settling this amparo appeal, the following facts are deemed accredited:

The appellant is a resident of Orotina, and she has a duo voice and internet service registered with the Instituto Costarricense de Electricidad, as well as a prepaid mobile service with number 8455-3515 and a mobile data service with number 8683-5065 (see report rendered under oath). On July 11, 2021, due to the failure of the petitioner's telephone and internet services, she reported the fault to ICE, which was assigned consecutive no. 1119, which she reiterated on July 14 and 15, 2021 (uncontested fact). On July 16, 2021, the Agencia Integrada of Orotina received a note from the appellant, requesting that a repair date for her voice and internet service be indicated, for which Siebel case no. 1-14037091323 was created (see report rendered under oath). On an unspecified date, ICE filed a complaint before the Organismo de Investigación Judicial, due to the theft of cable in the area where the petitioner lives, which occurred on July 12, 2021 (see report rendered under oath). Since July 19, 2021, the petitioner's duo voice and internet service has been in temporary retirement due to cable theft (see report rendered under oath). On an unspecified date, ICE determined that, in the petitioner's area of residence, it is feasible to provide her with a residential voice service via wireless technology, for which an attempt was made to contact her to communicate the pertinent information, but this was not possible (see report rendered under oath). There is no ongoing complaint filed by the appellant against the Instituto Costarricense de Electricidad before SUTEL (see report rendered under oath). The community where the petitioner lives does not meet the premises to be a beneficiary of projects financed with FONATEL resources because it has access to telecommunications services (see report rendered under oath). In Orotina, the following companies provide fixed internet service: BOOMERANG WIRELESS, S.A; INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD; MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.; RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.; SISTEMAS FRATEC S.A.; TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA; WORLDCOM DE C.R. S.A. (see report rendered under oath). In Orotina, the following companies provide fixed telephone service: El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar and la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. EL MASTATE • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA. LA CEIBA • CALL MY WAY S.A (see report rendered under oath). On August 25, 2021, the respondent authority contacted the petitioner and offered her a residential voice service via wireless technology (fixed cellular), which she accepted (see report rendered under oath). On August 27, 2021, ICE installed the petitioner's residential voice service, and its correct functioning was corroborated (see report rendered under oath).

III.- Unproven facts. Of relevance for settling this amparo appeal, the following facts are not deemed accredited:

That, to date, the appellant's fixed telephone service has been reestablished, or that the ICE authorities have a certain date for doing so. That the petitioner has requested internet service from other operators and that these indicated they did not provide it in the area. That the appellant has filed any request to report her problem with the internet and fixed telephone service before SUTEL.

IV.- Regarding the specific case. From the sub examine, it is clear that the appellant has a duo voice and internet service registered with the Instituto Costarricense de Electricidad.

However, due to the failure of those services, on July 11, 2021, the petitioner reported the fault to ICE, which she reiterated on July 14 and 15, 2021. Likewise, it is on record that on July 16, 2021, the petitioner submitted a written note before the Agencia Integrada of Orotina, so that a repair date for her voice and internet service would be indicated, for which Siebel case number 1-14037091323 was created. In addition to this, it was proven that, given the cable theft registered on July 12, 2021, ICE filed complaint no. 033-21-000469/21-000401-1093-PE before the Organismo de Investigación Judicial. Due to the aforementioned problem, the petitioner's voice and internet services have been in temporary retirement since July 19, 2021.

On the other hand, according to the reports rendered under oath, it is on record that ICE determined the feasibility of providing the petitioner with a residential voice service via wireless technology. Due to the foregoing, the respondent authority tried to contact her, but this was not possible. However, on the occasion of the appeal, it was indicated that an email would be sent to the appellant for this purpose, which was confirmed by her in a subsequent document filed before this Chamber.

Despite the above, it was not proven that, to date, the appellant's fixed telephone service has been reestablished, or that the ICE authorities have a certain date for this.

Under this order of considerations, firstly, it is necessary to highlight that, to date, it is not on record that the respondent authorities have provided a formal response to the request submitted by the petitioner on July 16, 2021, before the Agencia Integrada of Orotina. In view of this, this Court considers that the lack of response from ICE to the petitioner's request constitutes a violation of her fundamental rights, since it was not addressed in a timely manner. Consequently, the appeal is admissible with respect to this point.

V.- Now, regarding fixed telephone service, this Chamber has ruled on repeated occasions; for example, in judgment No. 2020-000330 at 9:20 a.m. on January 10, 2020, the following was resolved:

"IV.- On the merits. As observed in the initial filing, there are two telecommunications services complained of by the appellant: the fixed line service (provided by ICE as the sole provider), and the internet service, which was opened to competition. The distinction noted has relevant legal effects for the case at hand. Indeed, regarding fixed telephone service, the Chamber recognizes that it is a service provision and essential service provided by the State. On the other hand, although access to the Internet is a fundamental right, it is no less true that it has a contractual basis in a competitive market. Therefore, the service provided by a single provider and the one provided in competition will be examined separately. 1) Regarding the fixed line service (ICE sole provider): (...) This Tribunal has indicated that although since the entry into force of the Ley General de Telecomunicaciones it was established that the operation of networks and the provision of telecommunications services would be subject to a sectoral competition regime (article 52) and that, additionally, fixed telephone service could be offered to users through new technologies, the fact is that regarding the traditional basic service understood as that 'which has as its object the communication of users, through circuit switching exchanges for voice and data, in a predominantly wired network, with generalized access to the population,' it remains, to date, in the hands of ICE as the sole authorized provider, by virtue of a special legislative concession under the terms of article 121, subsection 14, of the Political Constitution, as well as articles 28 of the Ley General de Telecomunicaciones and 7 of the Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Consequently, given that the referred service is provided solely by ICE, it could not validly abstain from providing it. Hence the admissibility of the appeal, regarding this point. (...)" In this sense, in cases of service interruption due to situations beyond the institution's control - such as the theft of copper cable -, ICE is under the obligation to promptly reestablish the service, which, in this particular case, it is not on record to have happened. Despite the foregoing, it is necessary to point out that, on the date the appeal was filed, a disproportionate period for the reconnection of the service, or for attending to the submitted request, had not elapsed, and furthermore, the service interruption was due to cable theft in the area.

Note that, according to what was stated by the appellant, the suspension of service occurred on July 19, 2021, and the filing brief was submitted on August 9, 2021; that is, 21 days later.

It is worth noting that, according to the report issued by the Agencia Integrada de Orotina, on August 25, 2021, the appealed authority contacted the protected party and offered her a residential voice service, by means of wireless technology (fixed cellular), which she accepted. That service was installed on August 27, 2021, and its proper functioning was verified.

For the reasons set forth, since no disproportionate time period has been established in the stated terms, the appropriate course is to dismiss the appeal as it pertains to this point.

VI.- Now, regarding the internet service, the complaining party questions that the ICE has not reconnected the internet service she has under contract; however, there is no evidence that it is the sole provider with coverage in the area.

In this regard, according to information provided by SUTEL, the following companies have fixed internet service in the area: “BOOMERANG WIRELESS, S.A; INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD; MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.; RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.; SISTEMAS FRATEC S.A.; TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA; WORLDCOM DE C.R. S.A.”.

Precisely, since this is a service open to competition, the protected party may formally request it from other telecommunications companies, which this Chamber has no record that she has done. In fact, if she were dissatisfied with the provision of the internet service she is receiving from the ICE, she may, if she deems it appropriate, raise her disagreement before the Superintendencia de Telecomunicaciones, which there is also no evidence that she has done.

In this regard, in the judgment cited above, this Chamber stated that:

“(…) 2) Regarding the internet service (open to competition): As of the market opening, the discussion about the quality of this public service claimed from the ICE is a point that must be discussed through ordinary legal channels and not in this specialized jurisdiction. On this matter, it is important to cite what was decided by this Court: "(…) in this case, we are dealing with a public service open to competition, that is, as of the entry into force of the Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 of June 4, 2008, all telecommunications operators and providers have the possibility to compete to directly supply the customer with private network telecommunications services, Internet, and mobile wireless services, as well as all new services that arise by virtue of technological advances. Thus, the ICE is not the sole entity that provides it (…)" (judgment No. 2017-006675 of 9:15 hrs. of May 12, 2017). In sum, as the provision of the claimed service is not exclusive to the appealed entity, given that it is open to competition, the appellant may go to any other operator, should she consider that the offer provided by the ICE does not satisfy her interests. (…)”.

Finally, it is worth highlighting that in the community where the protected party is located, the premises for being a beneficiary of projects financed with FONATEL resources are not met, by virtue of the analysis of technical, legal, and financial feasibility. Furthermore, according to what was stated by the Superintendencia de Telecomunicaciones, to date, there is no pending claim filed by the appellant against the Instituto Costarricense de Electricidad.

Under this reasoning, no action or omission is established that entails a violation of the appellant's fundamental rights as it pertains to this point.

VII.-Conclusion. By virtue of the foregoing, the appropriate course is to partially grant the appeal, solely regarding the lack of a timely and proper response from the ICE to the filing presented by the protected party on July 16, 2021. In all other respects, the appeal is inadmissible.

VIII.-Partial Dissenting Vote of Judge Esquivel Rodríguez.

Although I have voted in line with the majority vote on several occasions, upon better analysis and under the weighing of the new circumstances affecting the world in general and our country in particular, I depart from the majority position and grant the appeal for the reasons I set forth below:

I.- Opening of Telecommunications Services. Through Ley No. 8622, Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, our country made the decision to assume commitments with the end users of telecommunications services, and for this, it was agreed, in turn, to strengthen the ICE so that it could compete in the telecommunications market. The internet service is among the services subjected to a competition regime. Therefore, through Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, the principles that must govern the telecommunications service, which includes internet, were established:

“ARTÍCULO 3.- Guiding principles This Law is based on the following guiding principles:

  • a)Universality: provision of a minimum of telecommunications services to the inhabitants of all zones and regions of the country, without any discrimination, under adequate conditions of quality and price.
  • b)Solidarity: establishment of mechanisms that allow real access for lower-income individuals and groups with special social needs to telecommunications services, under adequate conditions of quality and price, in order to contribute to the human development of these vulnerable populations.
  • c)User Benefit: establishment of guarantees and rights in favor of the end users of telecommunications services, so that they can access and enjoy, in a timely manner, quality services at an affordable price, receive detailed and accurate information, exercise their right to freedom of choice, and receive equitable and non-discriminatory treatment.
  • d)Transparency: establishment of adequate conditions so that operators, providers, and other interested parties can participate in the process of forming sectoral telecommunications policies and the adoption of the agreements and resolutions that develop and apply them. It also implies making available to the general public: i) information regarding the procedures for obtaining enabling licenses, ii) access and interconnection agreements, iii) the terms and conditions imposed in all enabling licenses that are granted, iv) the obligations and other procedures to which operators and providers are subject, v) general information on prices and rates, and vi) general information on the requirements and procedures for accessing telecommunications services.
  • e)Publicity: obligation to publish an extract of the general conditions and technical specifications necessary to identify the frequency bands that are subject to public tender in the official gazette La Gaceta and in at least one newspaper with national circulation. It also entails the obligation of operators and providers to make publications related to propaganda or advertising information in a truthful and transparent manner, in such a way that they are not ambiguous or misleading to the user.
  • f)Effective Competition: establishment of adequate mechanisms so that all market operators and providers compete under equal conditions, in order to seek the greatest benefit for the inhabitants and the free exercise of the Constitutional right and freedom of choice.
  • g)Non-discrimination: treatment no less favorable than that granted to any other operator, provider, or user, public or private, of a similar or equal telecommunications service.
  • h)Technological Neutrality: the possibility for network operators and telecommunications service providers to choose the technologies to be used, provided that they have common and guaranteed standards, meet the necessary requirements to satisfy the goals and objectives of sectoral policy, and the quality and price conditions referred to in this Law are adequately guaranteed.
  • i)Optimization of Scarce Resources: allocation and utilization of scarce resources and telecommunications infrastructures in an objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient manner, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services.” j) Information Privacy: obligation of operators and providers, in accordance with Article 24 of the Constitución Política, to guarantee the right to intimacy, freedom, and secrecy of communications, as well as to protect the confidentiality of the information they obtain from their clients, or from other operators, upon subscription to services, unless they expressly authorize the transfer of the information to other entities, public or private.
  • k)Environmental Sustainability: harmonization of the use and exploitation of networks and the provision of telecommunications services with the constitutional guarantee of having a healthy and ecologically balanced environment. Operators and providers must comply with all applicable environmental legislation.

Thus, the purpose from the beginning of the telecommunications opening was to generate a quality service for the user that, as provided in the Ley General de la Administración Pública, must be timely, continuous, efficient, adaptable to social need, and under equal conditions. Therefore, both the Instituto Costarricense de Electricidad and any operator of such services, when assuming a contract of adhesion with the final consumer, cannot cease providing the service and force the user to seek other alternatives or simply suspend the service. The foregoing implies terminating the internet service contract agreed with the final user, unilaterally and without fulfilling the public purpose for which the different operators have been granted the performance of that commercial activity within their structure, but vital for compliance with the provisions of Articles 46 and 50 of our Constitución Política.

II.- Access to the Internet as a fundamental right and accessibility in times of pandemic. The Sala Constitucional, since 2010 through judgment number 12790-2010, recognized the fundamental right nature of internet access, a criterion that has been reiterated. Nowadays, having internet access becomes practically an indispensable component for the exercise of a multiplicity of human rights such as the right to work and the right to education. Although the pandemic caused significant changes in our way of socially interacting, having internet access or not can be the difference between being able to exercise a job or having a quality education. Costa Rica is a social and democratic state under the rule of law that must play an active role aimed at promoting the effective exercise of fundamental rights (see judgment number 2004-11165). The State has the assistential and prestational duty that obliges it to effectively fulfill the commitments it assumed in the International Treaty and in the national laws that establish the internet as a universal service where the rights of end users are protected as provided in our Article 46 of the Constitution. That end-user protection scheme covers not only the effectiveness of the service but also the protection of privacy rights and safeguarding the secrecy of communications. The mere fact of declaring this internet access as a universal service creates an obligation for the State and the service operators to commit to complying with the laws and respecting the fundamental rights of citizens. The internet service, without a doubt, today is essential, so the provision of that service must be under conditions of continuity, adaptability, reasonableness, timeliness, and efficiency.

The Instituto Costarricense de Electricidad discharges its responsibility in the provision of the service for reasons that, in my opinion, cannot be a justification for ceasing to provide the service that was already agreed with the final user. By assuming that entity the parameters of a private company, risk assessment becomes one of the indispensable requirements for managing the business. A private company cannot, once it agrees to a contractual commitment, simply stop providing a service because the cable providing it is stolen. Furthermore, there are other alternatives for providing the service that could prevent cable theft. This is also provided for in Article 3, subsection c) of Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, which in that provision states:

“c) User Benefit: establishment of guarantees and rights in favor of the end users of telecommunications services, so that they can access and enjoy, in a timely manner, quality services, at an affordable price, receive detailed and accurate information, exercise their right to freedom of choice, and receive equitable and non-discriminatory treatment.” The rights of internet service users and the obligations of the operators of such services are clearly derived from that provision. If this were not the case, the areas with the highest rates of theft, the areas of greatest social complexity and poverty, would never be able to advance in their goals of overcoming their economic condition. Therefore, in application of Articles 33, 46, 50, and 78 of the Constitución Política, since the non-compliance with internet access under equal conditions has been established, and also since the service is not being provided in accordance with what a public service requires.

Internet access constitutes a means for the exercise of other human rights such as: freedom of communication, the right to information, the right to education, the right to health, the rights of assembly and association, among others. For example, according to the Encuesta Nacional de Hogares San José conducted by the INEC in 2019, 67% of students in the Central Region of the country had internet connection from home; 29% only had access via cell phone, and 3% had no connection (INEC. 2019. Encuesta Nacional de Hogares. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Of the 362,544 dwellings with internet service in the country, 858,670 correspond to the Central Region, 116,932 to the Huetar Caribe Region, 103,602 to the Brunca Region, 101,868 to the Huetar Norte Region, 84,860 to the Pacífico Central Region, and 97,022 to the Chorotega Region (INEC, 2019).

With the pandemic, that gap widened and laid bare a reality that was already palpable but which, responding to a new reality, requires a definitive solution that allows the enjoyment and exercise of a fundamental right called connectivity. The same happens in the case of older adults—a doubly vulnerable population—first because of their age and the high risk of contagion, and second because of the abrupt interruption of having access to health services via telephone call or video call system; as well as the right to communication. To cite another example, the potential use of teleworking as a measure to reduce the contagion rate—an activity that requires adequate connectivity as an indispensable requirement. Thus, the interruption of the internet service supported by cable theft places users in a disadvantageous situation.

IX.-Documentation Provided to the File. The parties are warned that, if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, solely regarding the lack of a timely and proper response from the Instituto Costarricense de Electricidad to the filing presented by the protected party on July 16, 2021. Mauricio Rojas Cartín, in his capacity as Telecommunications Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad, or whoever holds that position in his place, is ordered to issue the pertinent orders within the scope of his powers so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the protected party is given the corresponding response by virtue of the filing she presented on July 16, 2021. The foregoing under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo or habeas corpus appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay the damages caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Let the authorities of the Instituto Costarricense de Electricidad take note of what is indicated in the last paragraph of the fifth considering paragraph of this judgment. Judge Esquivel Rodríguez issues a partial dissenting vote and grants the appeal regarding the internet service. Notify. - Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Digitally Signed Document -- Verification Code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:51:23.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021019802 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas seis minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.°21-015395-0007-CO, interpuesto por MARÍA CRISTINA AMEN NG, cédula de identidad 0800420759, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE).

Resultando:

1.-Por escrito recibido el 9 de agosto de 2021, la recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad. Manifiesta que es una persona adulta mayor, y que, el 11 de julio de 2021, el servicio de telefonía instalado en su casa de habitación (No. 2427-8714) falló, así como el de Internet; servicios que le son brindados por el ICE. Ante ello, alega que al día siguiente su esposo, Walter Solís Barquero cédula de identidad 0103920878, reportó la avería, a la cual se le dio el consecutivo n.°1119. Precisa que, el 14 de julio de 2021, su cónyuge llamó al ICE a consultar por el restablecimiento de esos servicios, a lo que se le indicó que no se le podía brindar una fecha de posible reparación. Añade que el 15 de julio de 2021, se insistió en la consulta, pero se obtuvo la misma respuesta. Debido a ello, el 16 de julio de 2021, su esposo acudió a la Agencia ICE de Orotina, donde aportó una nota requiriendo una fecha aproximada de reparación y reconexión de los servicios de interés. Reclama que, al momento de la interposición del recurso, no se había recibido respuesta alguna por parte de la autoridad recurrida, ni se ha hecho la reconexión de los servicios. Alega que ella y su esposo han mantenido el servicio de telefonía fija (número 2427-8714) por 16 años y el servicio de Internet, desde hace 2 años. Apunta que, en la zona donde residen, no ha ocurrido un hecho de fuerza mayor que pueda justificar la suspensión de los servicios y, en todo caso, el ICE cuenta con formas de solucionar el problema y brindarles los servicios de varias formas. Estima que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales, por lo que solicita se declare con lugar el recurso y se ordene la reconexión de los servicios de telefonía e internet.

2.- Mediante resolución de 12:21 horas de 11 de agosto de 2021, se le dio curso al proceso y se solicitó informe al gerente general de Telecomunicaciones y al coordinador de la Agencia Integrada en Orotina, ambos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sobre los hechos alegados por la recurrente.

3.-Por escrito recibido a las 10:27 horas de 18 de agosto de 2021, informó bajo juramento Mauricio Rojas Cartín, en su condición de gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Manifiesta lo siguiente: “Conforme al Transitorio II de la Ley General de Telecomunicaciones N°8642 (LGT), mismo que establece que a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los operadores y proveedores podrán competir efectivamente, entre otros, para suministrar directamente al cliente el servicio de Internet, la prestación de dicho servicio no es exclusiva del ICE, sino que por el contrario, el cliente puede seleccionar a otros operadores, en caso que considere que la oferta de este instituto no satisface sus intereses. No obstante, el ICE realiza todas las acciones necesarias que están a su alcance para poder satisfacer los requerimientos de los interesados, pero lamentablemente, por diferentes circunstancias, y aun cuando se hace el mejor esfuerzo, no se logra prestar dicho servicio en algunas zonas del país o su prestación se limita a ciertas velocidades. (…) en la actualidad el ICE no es el único responsable de proveer el servicio de internet, por lo que, cualquier otro operador con presencia en la zona, podría prestar los servicios requeridos. (…) El poblado de Lagunilla, Tárcoles – Jacó, Puntarenas, se encuentra registrado en la Red de telecomunicaciones de la Central Telefónica número 218 Distrito Telefónico 23 mediante tecnología de cobre; zona que registró afectación por robo de cable desde el 12 de julio del 2021, generando afectación en los clientes, daño a la imagen institucional y pérdidas millonarias, que para este caso específico equivale a un monto aproximado de ¢2.750.000,00. Consecuencia de lo anterior, se procedió a interponer la denuncia N° 033-21-000469/21-000401-1093-PE ante el Organismo de Investigación Judicial. (…) Según información sustraída de los sistemas corporativos del ICE y aportada por el Área Comercial del ICE, la señora María Cristina Amen NG, cédula 800420759, posee el servicio dúo (Voz + internet 6MB) con el número de servicio 2427-8714, el cual se encuentra en retiro temporal por robo de cable (RETA) desde el 19 de julio 2021; sin embargo, posee un servicio móvil prepago con el número 8455-3515 y un servicio móvil de datos con el número 8683-5065 los cuales se encuentran activos y funcionado. (…) Según información sustraída de los sistemas corporativos del ICE y aportada por el Área Comercial, se determinó que el 16 de julio del 2021, se recibió en la Agencia Integrada de Orotina una nota de parte de la recurrente, en donde solicitaba que se le indicara una fecha de la reparación de su servicio de Voz e internet, por lo que se creó el caso Siebel número 1-14037091323. (…) De acuerdo con los estudios realizados en la zona de residencia de la señora María Cristina Amén NG, se determinó que es factible proporcionarle un servicio residencial de Voz por medio de tecnología inalámbrica (celular fijo), por lo que se procedió a contactar a la recurrente, al servicio móvil 8375-1338 aportado para notificaciones, no obstante, la recurrente no atendió las llamadas realizadas, por lo que, se procederá a enviarle un correo electrónico a efecto de proceder con lo correspondiente.”. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Por constancia de 23 de agosto de 2021, la técnica judicial de este expediente y el secretario de esta Sala constataron que “revisado, a las trece horas dos minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del diecisiete al veintidós de agosto del dos mil veintiuno, el coordinador de la Agencia Integrada de Orotina, ambos del ICE haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las doce horas veintiuno minutos del once de agosto de dos mil veintiuno”.

5.- Mediante escrito recibido el 23 de agosto de 2021, la recurrente manifestó que “Ante la imposibilidad de que el ICE respondiera con una fecha aproximada de reparación del daño ocasionado, el 19 de julio del año en curso, mi esposo llamó al 1193 en aras de buscar una solución temporal al problema mencionado. El operador que lo atendió le manifestó que, el ICE podía proveerle de un Chip para que tuviera internet en su teléfono. El jueves 22, por medio de Correos de Costa Rica, recibimos el chip en mención. Como mi esposo no pudo colocarlo en el teléfono celular, fuimos a la agencia del ICE en Orotina. La señorita que nos atendió, nos indicó que el celular marca Samsung que el ICE por un precio de c120.000, nos había vendido un año atrás, el contrato de servicios móviles número 11453057 que yo firmé, no tenía la facilidad para tener teléfono e internet al mismo tiempo. Escogimos tener internet por medio del número 86835065 que el ICE nos asignó ya que, por vivir lejos de Orotina, no es factible conseguir diariamente los periódicos. Tuvimos que prescindir del chip con el número de teléfono 8455-3515 porque nos indicaron que, podíamos (sic) realizar llamadas vía WhatsApp. Por nuestra avanzada edad, nuestro interés primordial es poder comunicarnos diariamente con nuestros hijos. Considero importante manifestar que antes de firmar el contrato, el operador del 1193 no le indicó a mi esposo sobre la limitación de tener ambos servicios. Por tal motivo, actualmente no contamos con servicio de telefonía, ni fija ni celular. (…) por el lugar donde vivimos, Orotina, Coyolar, entrada a Lagunillas, el único operador de telefonía fija que hay, es el ICE. (…) En relación con el robo de cable, el ICE quiere soslayar su responsabilidad indicando que presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Ese acto está totalmente correcto; sin embargo, lo que paralelamente le tocaba hacer era, reparar el daño ocasionado, máxime que el cable telefónico que usa el lCE, se Consigue en el mercado local. (…) Indica el ICE que, "el 16 de julio, se recibió nota de la recurrente y se le asignó un número de caso Eso no es cierto, si hubieran prestado atención a mi carta, yo hubiera recibido por correo electrónico, una respuesta a mi solicitud en el plazo que la ley establece. Respondieron hasta que la Sala Constitucional los interpeló. (…) El número de teléfono celular 8275-1338, fue desechado por mi esposo hace aproximadamente 8 años. No es verdad que lo hayamos puesto para notificaciones. Tampoco es posible que, el recurrido haya llamado a ese número varias veces, porque en la primera llamada que hubiere hecho, se hubiera dado cuenta que, aparece una grabación del mismo ICE que dice: "el celular llamado no existe". Como referencia telefónica de contacto, pusimos el número de teléfono celular de nuestro hijo Sergio Solís Amen. (…) El lunes 16, Sergio, recibió una llamada de un funcionario del ICE indicándole que estaba encargado de responder el recurso de amparo interpuesto y le interesaba llegar a un acuerdo, pero, como en el número 8455-3515 nadie respondía, quería negociar con él. Nuestro hijo le respondió que no lo habíamos autorizado para realizar ninguna negociación, que no teníamos teléfono pero que, se podía comunicar con nosotros por WhatsApp al número 36835065. Ese mismo día, por la tarde recibió dos llamadas más de funcionarias del lCE, planteándole el mismo tema. Sergio les respondió de la misma manera que había hecho con la primera llamada. Ese mismo día (sic), por correo electrónico recibí la carta que adjunto y que, el recurrido indica que me plantearon la posibilidad de conectarme un teléfono fijo. La carta no dice absolutamente nada que indique una propuesta del ICE al respecto. El martes 17, por WhatsApp, recibi (sic) una llamada de una señora que se identificó con el nombre de Anny Hernández, quien me indicó que tenía una propuesta para solucionarme mi problema de teléfono fijo pero que, en lo que se refiere a internet, no había recibido instrucciones. Mi respuesta fue que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el ICE pero que, por desconfianza solo negociarla de forma personal y con alguien que pudiera tomar decisiones. Si lo deseaban en mi casa donde cuento con facilidades O, en la Oficina del ICE que ellos decidieran. La señora Hernández me indicó que iba a decirle a su jefe mi petición ya que, a ella Solo le habían dado instrucciones de indicarme la Posibilidad de ofrecer un servicio de telefonía fija y que no le habian (sic) hablado de internet, tema que, según me dijo, ella desconocía totalmente. Después de esa llamada, no volvi (sic) a tener contacto con ningún funcionario del ICE. (…) el ICE trató de contactarnos y nos envió una carta por correo sin firma y sin nombre de responsable hasta el momento que la Sata IV les indicó que el recurso de amparo interpuesto había sido acogido para estudio. Si no hubiera existido la intervención de la Sala Constitucional, el ICE no se hubiera dignado responder, como lo ha demostrado a través de su respuesta tardía, un mes después de la avería y del silencio después que mi esposo les dijo que, por desconfianza, solo hablaríamos en forma personal y con alguien que tuviera poder de decisión.”.

6.- Por resolución de las 9:58 horas de 25 de agosto de 2021, se amplió el recurso y se solicitó informe al presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a fin de que se refiriera a los hechos alegados por la recurrente, e indicara si: a) en sus registros consta algún reclamo realizado por la tutelada respecto a la presunta problemática presentada en el servicio de telefonía e internet; y b) si existen otras empresas que brinden dichos servicios en la zona.

7.- Mediante escrito recibido a las 11:22 horas de 30 de agosto de 2021, informó bajo juramento Federico Chacón Loaiza, en su condición de presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Manifiesta que “a la fecha no existe ninguna reclamación en trámite presentada por la recurrente en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). (…) Dentro de las funciones de la SUTEL, se encuentra la de administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), creado por la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642, cuyos recursos están destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecidos en el artículo 32 de la misma Ley. En este sentido, le corresponde a la SUTEL, definir los proyectos y programas por desarrollar con cargo a FONATEL, con base en la información que reciba sobre necesidades de servicios de telecomunicaciones mediante las iniciativas presentadas a su consideración, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y en procura de los objetivos fundamentales del Régimen de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. La SUTEL debe, como parte de su trabajo de planificación y al considerar las iniciativas presentadas a FONATEL, realizar un proceso de valoración que incluye estudios socioeconómicos, técnicos y de mercado, para la definición y formulación de los proyectos que se desarrollen con cargo a FONATEL. (…) los proyectos de Fonatel se ejecutan por medio de un fideicomiso, a través del cual se realizan los estudios para la determinación de los distritos que serán objeto de atención y una vez seleccionados esos distritos, se procede con la determinación de las comunidades y Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP), que recibirán los servicios de telecomunicaciones por medio de los proyectos respectivos. (…) la SUTEL lleva a cabo dentro de su plan de trabajo el Programa de Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en comunidades no conectadas o subconectadas. Este programa integra los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones, al dotar de acceso a servicios de telefonía fija y de internet desde una ubicación fija, a las comunidades donde no es rentable la prestación de estos servicios o los reciben en forma residual. Como parte de los proyectos que se desarrollan bajo este programa, se incluye la dotación de los servicios a centros de prestación de servicios públicos como son los centros educativos, los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs) y centros de salud. Como también es de conocimiento de la Sala, este programa se ejecuta de conformidad con una adecuada planificación y su respectivo cronograma. Las actividades que deben planificarse incluyen visitas de campo, definición de zonas, estudios socioeconómicos, técnicos y de mercado. En este contexto cabe indicar, que el cantón de Orotina se encuentra ubicado en la Zona Central. Por su parte, la misma recurrente reconoce dentro de su escrito de interposición, que antes del 11 de julio del 2021 contaba con acceso a los servicios de telefonía e internet, lo cual implica que la comunidad donde vive no cumple con las premisas para ser beneficiaria de los proyectos financiados con recursos de Fonatel por contar con acceso a servicios de telecomunicaciones; razón por la cual, no se considera que se hayan violentado derechos fundamentales de la recurrente. Ahora bien, del análisis de los alegatos de la recurrente se puede determinar que el tema recurrido deviene de la falta de respuesta por parte del ICE ante su solicitud de reinstalación de los servicios respectivos, aspecto que es ajeno a la utilización de los recursos de Fonatel y lo cual no puede significar que la SUTEL le esté denegando su derecho a contar con servicios de telecomunicaciones, por lo que no es posible que la SUTEL le esté causando daño alguno a sus derechos, razón por la cual se solicita que se declare sin lugar el recurso en cuanto a mi representada. Es oportuno indicar, que el Programa Comunidades Conectadas ya cuenta con varios proyectos adjudicados, dentro de los cuales se encuentran los de la Zona Norte (Región Huetar Norte), los de la Zona Sur (Región Brunca), los de la Zona Atlántica, los de la Región Chorotega y Pacífico Central y los de los Territorios Indígenas. (…) De los registros que posee la SUTEL (…) se detallan las empresas que ofrecen el servicio de telecomunicaciones en Orotina y a quienes pueden contactar los recurrentes para solicitar los servicios que requieran. Servicios minoristas de Internet fija • BOOMERANG WIRELESS, S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. • SISTEMAS FRATEC S.A. • TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA • WORLDCOM DE C.R. S.A. NOTA: Para el distrito de Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar y la Ceiba no se tienen datos precisos. Servicios de telefonía fija • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA NOTA: Los siguientes operadores comercializan el servicio de telefonía fija en el distrito de Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar y la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. EL MASTATE • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA. LA CEIBA • CALL MY WAY S.A. Servicios de televisión por suscripción • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A. • INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. NOTA: Los siguientes operadores comercializan el servicio de televisión por suscripción en el distrito de Orotina, El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar y la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA EL MASTATE • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • HOLST VAN PATTEN, S.A. • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • SERVICIOS DIRECTOS DE SATELITE, SOCIEDAD ANONIMA • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA; LA CEIBA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • TELEFONICA DE COSTA RICA TC, S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA”. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- Por escrito recibido a las 9:04 horas de 31 de agosto de 2021, informó bajo juramento Ana Beatriz Zúñiga Villegas, en su condición de coordinadora de la Agencia Integrada de Orotina del Instituto Costarricense de Electricidad, que “el 25 de agosto del 2021, se contactó a la señora María Cristina Amén Ng, cédula de identidad 80042075 y se le ofreció un servicio de Voz residencial por medio de tecnología inalámbrica (celular fijo), servicio telefónico que aceptó la clienta, quedando instalado el mismo, el 27 de agosto del 2021 con el número 22005650 a nombre de María Cristina Amén Ng, cédula de identidad 80042075, corroborando el técnico encargado de la zona, el correcto funcionamiento del servicio de voz mencionado. Como se puede concluir, el ICE cumplió la responsabilidad que le impone la ley en cuanto a la prestación del servicio de voz fija.”.

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.-Objeto del recurso. La recurrente alega que es vecina de Orotina, que es una persona adulta mayor, y que, a pesar de contar con el servicio de internet y telefonía con el ICE, éstos se han visto afectados por el robo de cable y la omisión de dicha institución en atender esa problemática; siendo que, a la fecha, no cuenta con ninguno de esos servicios.

II.- Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

La recurrente es vecina de Orotina, y esta tiene registrado el servicio dúo de voz e internet con el Instituto Costarricense de Electricidad, así como un servicio móvil prepago con el número 8455-3515 y un servicio móvil de datos con el número 8683-5065 (véase informe rendido bajo juramento). El 11 de julio de 2021, en virtud del fallo de los servicios de telefonía e internet de la amparada, esta reportó la avería al ICE, a la que se le dio el consecutivo n.°1119, lo cual reiteró en fechas 14 y 15 de julio de 2021 (hecho incontrovertido). El 16 de julio de 2021, la Agencia Integrada de Orotina recibió una nota de parte de la recurrente, en la que solicitaba que se le indicara una fecha de la reparación de su servicio de voz e internet, por lo que se creó el caso Siebel n.°1-14037091323 (véase informe rendido bajo juramento). En fecha no señalada, el ICE interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, en virtud del robo de cable en la zona donde habita la amparada, que ocurrió el 12 de julio del 2021 (véase informe rendido bajo juramento). Desde el 19 de julio de 2021, el servicio dúo de voz e internet de la amparada se encuentra en retiro temporal por robo de cable (véase informe rendido bajo juramento). En fecha no indicada, el ICE determinó que, en la zona de residencia de la amparada, es factible proporcionarle un servicio residencial de voz por medio de tecnología inalámbrica, por lo que se intentó contactarla para comunicarle lo pertinente, pero ello no fue posible (véase informe rendido bajo juramento). No existe ninguna reclamación en trámite presentada por la recurrente en contra del Instituto Costarricense de Electricidad ante la SUTEL (véase informe rendido bajo juramento). La comunidad donde vive la amparada no cumple con las premisas para ser beneficiaria de los proyectos financiados con recursos de Fonatel por contar con acceso a servicios de telecomunicaciones (véase informe rendido bajo juramento). En Orotina, las siguientes empresas brindan el servicio de internet fijo: BOOMERANG WIRELESS, S.A; INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD; MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.; RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.; SISTEMAS FRATEC S.A.; TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA; WORLDCOM DE C.R. S.A. (véase informe rendido bajo juramento). En Orotina, las siguientes empresas brindan el servicio de telefonía fija: El Mataste, Hacienda Vieja, Coyolar y la Ceiba: OROTINA • MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA • CALL MY WAY S.A. • INTERPHONE S.A. EL MASTATE • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA HACIENDA VIEJA • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA COYOLAR • CABLETICA, SOCIEDAD ANONIMA. LA CEIBA • CALL MY WAY S.A (véase informe rendido bajo juramento). El 25 de agosto de 2021, la autoridad recurrida contactó a la amparada, y le ofreció un servicio de voz residencial, por medio de tecnología inalámbrica (celular fijo), el cual aceptó (véase informe rendido bajo juramento). El 27 de agosto de 2021, el ICE instaló el servicio de voz residencial de la amparada, y se corroboró su correcto funcionamiento (véase informe rendido bajo juramento).

III.-Hechos no probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, no se tienen por acreditados los siguientes hechos:

Que, a la fecha, el servicio de telefonía fija de la recurrente haya sido reestablecido, o que las autoridades del ICE cuenten con una fecha cierta para ello. Que la amparada haya solicitado el servicio de internet a otros operadores y estos le indicaran que no lo prestaban en la zona. Que el recurrente haya presentado gestión alguna para informar sobre su problema con el servicio de internet y telefonía fija ante la SUTEL.

IV.- Sobre el caso en concreto. Del sub examine, se desprende que la recurrente tiene registrado un servicio dúo de voz e internet con el Instituto Costarricense de Electricidad.

No obstante, en virtud del fallo de esos servicios, el 11 de julio de 2021, la tutelada reportó la avería al ICE, lo cual reiteró en fechas 14 y 15 de julio de 2021. Asimismo, consta que el 16 de julio de 2021, la tutelada presentó una nota escrita ante la Agencia Integrada de Orotina, a fin de que se le indicara una fecha de la reparación de su servicio de voz e internet, por lo que se creó el caso Siebel número 1-14037091323. Aunado a ello, se tuvo por demostrado que, ante el robo de cable registrado el 12 de julio de 2021, el ICE interpuso la denuncia n.°033-21-000469/21-000401-1093-PE ante el Organismo de Investigación Judicial. Debido a la problemática anterior, los servicios de voz e internet de la amparada se encuentran en retiro temporal, desde el 19 de julio 2021.

Por otro lado, según los informes rendidos bajo juramento, consta que el ICE determinó la factibilidad de proporcionarle a la tutelada un servicio residencial de voz, por medio de tecnología inalámbrica. Debido a lo anterior, la autoridad recurrida intentó contactarla, pero esto no fue posible. Sin embargo, con ocasión del recurso, se señaló que a la recurrente se le remitiría un correo electrónico al efecto, lo cual fue confirmado por esta en un escrito posterior presentado ante esta Sala.

A pesar de lo anterior, no se tuvo por demostrado que, a la fecha, el servicio de telefonía fija de la recurrente haya sido reestablecido, o que las autoridades del ICE cuenten con una fecha cierta para ello.

Bajo este orden de consideraciones, en primer lugar, es menester resaltar que, a la fecha, no consta que las autoridades recurridas hayan brindado una respuesta formal a la gestión presentada por la tutelada el 16 de julio de 2021, ante la Agencia Integrada de Orotina. Ante ello, este Tribunal estima que, respecto a la falta de respuesta por parte del ICE a la gestión de la amparada configura una violación a sus derechos fundamentales, toda vez que esta no fue atendida en tiempo y forma. En consecuencia, el recurso deviene procedente en cuanto a este extremo se refiere.

V.-Ahora bien, sobre el servicio de telefonía fija, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones; verbigracia, en la sentencia No. 2020-000330 de las 9:20 horas de 10 de enero de 2020, se resolvió lo siguiente:

“IV.- Sobre el fondo. Tal como se observa en el escrito de interposición, son dos los servicios de telecomunicaciones que acusa la recurrente: el servicio de línea fija (que brinda el ICE como único proveedor), y el servicio de internet, que fue abierto a la competencia. La distinción señalada tiene efectos jurídicos relevantes para el caso de marras. Efectivamente, tratándose de telefonía fija, la Sala reconoce que se trata de un servicio prestacional y esencial que provee el Estado. Por otro lado, si bien el acceso a Internet es un derecho fundamental, no menos cierto es que reviste una base contractual en un mercado en competencia. Por ello, se examinará por separado el que se brinda con un único proveedor y el que se presta en competencia. 1) En cuanto al servicio de línea fija (ICE único proveedor): (…) Este Tribunal ha señalado que si bien a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones se dispuso que la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones iba a estar sujeta a un régimen sectorial de competencia (artículo 52) y que, además, la telefonía fija podría ofrecerse a los usuarios mediante nuevas tecnologías, es lo cierto que tratándose del servicio básico tradicional entendido como aquel “que tiene como objeto la comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población” se mantiene, hasta el momento, en manos del ICE como único proveedor autorizado, en virtud de una concesión especial legislativa en los términos del artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, así como los artículos 28 de la Ley General de Telecomunicaciones y 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En consecuencia, dado que, el referido servicio es prestado de forma única por el ICE, no podría éste, de forma válida, abstenerse de prestarlo. De ahí la procedencia del recurso, en cuanto a este extremo. (…)” En ese sentido, en casos de interrupción del servicio por situaciones ajenas a la institución -como lo es el robo de cable de cobre-, el ICE está en la obligación de reestablecer prontamente el servicio, lo cual, en el caso en particular no consta que haya sucedido. A pesar de lo anterior, es menester señalar que, a la fecha de interposición del recurso, no había transcurrido un plazo desproporcionado para la reconexión del servicio, ni para la atención de la gestión presentada, siendo, además, que la interrupción del servicio obedeció al robo de cable en la zona. Nótese que, según lo manifestado por la recurrente, la suspensión del servicio se dio el 19 de julio de 2021, y el escrito de interposición fue presentado en fecha 9 de agosto de 2021; es decir, 21 días después.

Cabe señalar que, según el informe rendido por la Agencia Integrada de Orotina, el 25 de agosto de 2021, la autoridad recurrida contactó a la amparada, y le ofreció un servicio de voz residencial, por medio de tecnología inalámbrica (celular fijo), el cual aceptó. Ese servicio fue instalado el 27 de agosto de 2021, del cual se corroboró su correcto funcionamiento.

Por lo expuesto, al no acreditarse que exista un plazo desproporcionado en los términos dichos, lo procedente es desestimar el recurso, en cuanto a este extremo se refiere.

VI.- Ahora bien, en cuanto al servicio de internet, la parte accionante cuestiona que el ICE no le haya reconectado el servicio de internet que tiene contratado; sin embargo, no consta que sea el único prestador con cobertura en la zona.

Al respecto, según lo informado por la SUTEL, en la zona, las siguientes empresas cuentan con el servicio de internet fija: “BOOMERANG WIRELESS, S.A; INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD; MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.; RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.; SISTEMAS FRATEC S.A.; TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA; WORLDCOM DE C.R. S.A.”.

Precisamente, al tratarse de éste de un servicio abierto a la competencia, la parte amparada puede solicitarlo formalmente a otras empresas de telecomunicaciones, lo que no le consta a esta Sala que haya realizado. Incluso, si se encontrare disconforme con la prestación del servicio de internet que está recibiendo del ICE, si a bien lo tiene, puede plantear su inconformidad ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo cual tampoco se acredita que haya realizado.

Al respecto, en la sentencia supra citada, esta Sala manifestó que:

“(…) 2) Respecto al servicio de internet (abierto a la competencia): A partir de la apertura de mercado, la discusión sobre la calidad de este servicio público reclamado al ICE, es un extremo que debe discutirse en las vías de legalidad y no en esta jurisdicción especializada. Sobre el particular, resulta importante citar lo resuelto por este Tribunal: "(…) en este caso nos encontramos con un servicio público abierto a la competencia, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 del 4 de junio del 2008, todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones tienen la posibilidad de competir para suministrar directamente al cliente, los servicios de telecomunicaciones de redes privadas, Internet y servicios inalámbricos móviles, así como todos los nuevos servicios que surjan, en virtud de los adelantos tecnológicos. Así que el ICE no es el único ente que lo brinda (…)" (sentencia No. 2017-006675 de las 9:15 hrs. de 12 de mayo de 2017). En suma, como la prestación del servicio reclamado no es exclusiva del ente recurrido, habida cuenta que se encuentran abierto a la competencia, puede ocurrir la recurrente a cualquier otro operador, en caso que considere que la oferta que brinda el ICE no satisface sus intereses. (…)”.

Finalmente, cabe resaltar que en la comunidad en la que se encuentra la amparada, no se cumplen con las premisas para ser beneficiaria de los proyectos financiados con recursos de FONATEL, en virtud del análisis sobre la viabilidad técnica, legal y financiera. Además, según lo manifestado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la fecha, no existe ninguna reclamación en trámite presentada por la recurrente en contra del Instituto Costarricense de Electricidad.

Bajo este orden de ideas, no se acredita alguna actuación u omisión que conlleve la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, en cuanto a este extremo se refiere.

VII.-Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo procedente es acoger parcialmente el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta, en tiempo y forma, por parte del ICE a la gestión presentada por la amparada el 16 de julio de 2021. En lo demás, el recurso deviene improcedente.

VIII.-Voto salvado parcial de la magistrada Esquivel Rodríguez.

Si bien he votado en la línea del voto de mayoría en varias ocasiones, de un mejor análisis y bajo la ponderación de las nuevas circunstancias que afectan al mundo en general y a nuestro país en particular, me separo de la posición de la mayoría y declaro con lugar el recurso por la razones que de seguido expongo:

I.- Apertura de los servicios de telecomunicaciones. Mediante Ley No. 8622, Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos, nuestro país tomó la decisión de asumir compromisos con los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, y para ello, se acordó a su vez, fortalecer al ICE para que pudiera competir en el mercado de las telecomunicaciones. Como parte de los servicios que se sometieron a un régimen de competencia, se encuentra el servicio de internet. Por ello, mediante Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, se dispusieron los principios que deben privar en el servicio de telecomunicaciones, que incluye el internet:

“ARTÍCULO 3.-Principios rectores La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores:

  • a)Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio.
  • b)Solidaridad: establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables.
  • c)Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.
  • d)Transparencia: establecimiento de condiciones adecuadas para que los operadores, proveedores y demás interesados puedan participar en el proceso de formación de las políticas sectoriales de telecomunicaciones y la adopción de los acuerdos y las resoluciones que las desarrollen y apliquen. También, implica poner a disposición del público en general: i) información relativa a los procedimientos para obtener los títulos habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e interconexión, iii) los términos y las condiciones impuestas en todos los títulos habilitantes, que sean concedidos, iv) las obligaciones y demás procedimientos a los que se encuentran sometidos los operadores y proveedores, v) información general sobre precios y tarifas, y vi) información general sobre los requisitos y trámites para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
  • e)Publicidad: obligación de publicar un extracto de las condiciones generales y de las especificaciones técnicas necesarias para identificar las bandas de frecuencia que sean objeto de concurso público en el diario oficial La Gaceta y por lo menos en un periódico de circulación nacional. También, conlleva la obligación de los operadores y proveedores de realizar las publicaciones relacionadas con propaganda o información publicitaria de manera veraz y transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o engañosas para el usuario.
  • f)Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que todos los operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del Derecho constitucional y la libertad de elección.
  • g)No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual.
  • h)Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere esta Ley.
  • i)Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios.” j) Privacidad de la información: obligación de los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, así como proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores, con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o privados.
  • k)Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los operadores y proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.

De manera que la finalidad desde el inicio de la apertura de las telecomunicaciones era generar un servicio de calidad al usuario que, tal y como dispone la Ley General de la Administración Pública, debe ser oportuno, continuo, eficiente, adaptable a la necesidad social y en igualdad de condiciones. Por ello, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como cualquier operadora de esos servicios, al asumir un contrato de adhesión con el consumidor final, no puede dejar de prestar el servicio y obligar al usuario a buscar otras alternativas o simplemente suspender el servicio. Lo anterior implica dar por terminado el contrato de servicios de internet acordado con el usuario final, de forma unilateral y sin cumplir con el fin público para el cual se le ha otorgado a las diferentes operadoras el cumplimiento de esa actividad comercial en su estructura, pero vital para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 50 de nuestra Constitución Política.

II.- El acceso a Internet como derecho fundamental y la accesibilidad en tiempos de pandemia. La Sala Constitucional desde el año 2010 mediante la sentencia número 12790-2010, reconoció el carácter de derecho fundamental del acceso a internet, criterio que se ha reiterado. Hoy en día, el tener acceso a internet se torna prácticamente en un componente indispensable para el ejercicio de una multiplicidad de derechos humanos como el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Si bien la pandemia provocó cambios significativos en nuestra forma de interactuar socialmente, el tener acceso a internet o no puede ser la diferencia entre poder ejercer un trabajo o tener una educación de calidad. Costa Rica es un Estado social y democrático de derecho que debe cumplir un rol activo tendiente a propiciar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales (ver sentencia número 2004-11165). El Estado tiene el deber asistencial y prestacional que lo obliga a cumplir efectivamente los compromisos que asumió en el Tratado Internacional y en las leyes nacionales que determinan el internet como un servicio universal donde se protegen los derechos de los usuarios finales como dispone nuestro artículo 46 constitucional. Ese esquema de protección del usuario final abarca no solo la efectividad del servicio sino también la protección de los derechos de intimidad y salvaguardar el secreto de las comunicaciones. Solo el hecho de declarar este acceso a internet como un servicio universal, provoca una obligación del Estado y de las operadoras del servicio que se comprometen a cumplir con las leyes y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El servicio de internet, sin lugar a dudas, hoy se constituye en esencial, de manera que la prestación de ese servicio debe ser en condiciones de continuidad, adaptabilidad, razonabilidad, oportunidad y eficiencia.

El Instituto Costarricense de Electricidad descarga su responsabilidad en la prestación del servicio por razones que, según mi criterio, no pueden ser una justificación para dejar de prestar el servicio que ya estaba acordado con el usuario final. Al asumir esa entidad los parámetros de empresa privada, la valoración del riesgo se convierte en uno de los requerimientos indispensables para el manejo del negocio. No puede una empresa privada, una vez que concierta un compromiso contractual simplemente dejar de prestar un servicio porque se roban el cable que lo dispone. Además, existen otras alternativas para la prestación del servicio que podrían evitar el robo de cables. Esto lo dispone además, el artículo 3 inciso c) de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, que en esa norma dispone:

“c) Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.” De esa norma se desprenden claramente los derechos de los usuarios del servicio de internet y las obligaciones de las operadoras de dichos servicios. De no ser así, las zonas donde se dan los mayores índices de robo, las zonas de más complejidad social y pobreza, nunca lograran avanzar en sus metas de superar su condición económica. De modo que, en aplicación de los artículos 33, 46, 50 y 78 de la Constitución Política, al haberse acreditado el incumplimiento del acceso al internet en igualdad de condiciones y además al no prestarse el servicio conforme a lo que requiere un servicio público.

El acceso a internet constituye un medio para el ejercicio de otros derechos humanos tales como: la libertad de comunicación, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos de reunión y asociación, entre otros. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Hogares San José realizada por el INEC en el año 2019 un 67% de estudiantes de la Región Central del país tenía conexión a Internet desde el hogar; un 29% solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía ninguna conexión (INEC. 2019. Encuesta Nacional de Hogares. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De las 362 544 viviendas con servicio de internet en el país, 858 670 corresponden a la Región Central, 116 932 a la Región Huetar Caribe, 103 602 a la Región Brunca, 101 868 a la Región Huetar Norte, 84 860 a la Región Pacífico Central, y 97 022 a la Región Chorotega (INEC, 2019).

Con la pandemia esa brecha se agrandó y desnudó una realidad que ya se palpaba pero que, obedeciendo a una nueva realidad requiere una solución definitiva que permita el goce y disfrute de un derecho fundamental denominado conectividad. Lo mismo sucede en el caso de los adultos mayores -población doblemente vulnerable- primero por su condición etaria y el alto riesgo de contagio y segundo por la interrupción abrupta de tener acceso a los servicios de salud mediante la llamada telefónica o el sistema de video llamada; así como al derecho de comunicación. Por citar otro ejemplo el uso potencial del teletrabajo como medida para reducir la tasa de contagio -actividad que requiere como requisito indispensable una adecuada conectividad-. De manera que la interrupción del servicio de internet respaldado en el robo de cable coloca a los usuarios en una desventajosa situación.

IX.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta, en tiempo y forma, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, a la gestión presentada por la amparada el 16 de julio de 2021. Se ordena a Mauricio Rojas Cartín, en su condición de gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que las órdenes pertinentes dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, a la amparada se le responda lo correspondiente en virtud de la gestión que presentó el 16 de julio de 2021. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad de lo señalado en el último párrafo del quinto considerando de esta sentencia. La Magistrada Esquivel Rodríguez salva parcialmente el voto y declara con lugar el recurso en cuanto al servicio de internet se refiere. Notifíquese. - Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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