← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 19253-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/08/2021
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo for violation of the right of access to information, but the majority did not award costs and damages, finding the claim satisfied. Three justices dissented, ordering payment of damages.La Sala declaró con lugar el recurso por vulneración del derecho de acceso a la información, pero la mayoría no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar satisfecha la pretensión. Tres magistrados salvaron el voto, ordenando el pago de daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo appeal against the Municipality of San Rafael de Heredia for failing to respond to an information request about herbicides applied in public spaces. On July 20, 2021, the petitioner asked for the names of products used for weed control on streets, sidewalks, and gutters, but received no reply. The Chamber granted the appeal, holding that the omission violated the right of access to information. During the proceedings, the municipality provided the answer, stating that it uses Bastar 14SL, a yellow-label herbicide, and emphasizing its commitment to the Ecological Blue Flag program to minimize environmental impact. The majority of the Chamber upheld the appeal but declined to award costs and damages, finding that the claim had been satisfied and the injury carried no direct financial harm. Three justices dissented, arguing that costs and damages should have been imposed under Articles 50 and 51 of the Constitutional Jurisdiction Law since a rights violation had been proven.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre los herbicidas aplicados en espacios públicos. La recurrente había solicitado, el 20 de julio de 2021, el nombre de los productos utilizados para el control de malezas en calles, aceras y caños, sin recibir contestación. La Sala declaró con lugar el recurso, acreditando que la omisión vulneró el derecho de acceso a la información. Durante el trámite, la municipalidad entregó la respuesta, indicando el uso de Bastar 14SL, un herbicida de etiqueta amarilla, y destacando su compromiso con el programa Bandera Azul Ecológica para minimizar el impacto ambiental. La mayoría de la Sala condenó en abstracto sin imponer costas, daños y perjuicios, al considerar que la pretensión fue satisfecha y que la afectación no tuvo contenido patrimonial directo. Tres magistrados salvaron el voto, argumentando que debía condenarse al pago de daños, perjuicios y costas, conforme a los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al haberse constatado la lesión de derechos fundamentales.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the specific case. In the case at hand, the petitioner claims that, since July 20 of this year, she sent an email to the Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia requesting information of interest. However, she complains that as of the date she filed this amparo, she had not received any response. Having analyzed the evidence provided and the sworn report from the respondent authorities of the Municipality of San Rafael de Heredia, with due warning of the consequences under Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, this Chamber finds a violation of the petitioner's fundamental rights to be proven. In this regard, this Constitutional Tribunal verifies that, indeed, on the stated date, the petitioner sent an information request to an email address considered an official means for receiving communications by the respondent authority, since said authority did not deny it, despite having been warned in the order admitting this amparo proceeding, and because it was proven that the request was duly attended to by the respondent authority. Furthermore, it was proven that it was not until the notification of the order admitting this amparo—on August 16, 2021—that on August 20, 2021, the respondent authorities proceeded to answer the petitioner's request, through a letter dated August 17, 2021, detailing the information in question, as indicated in the proven facts of this judgment. Consequently, this Tribunal finds a violation of the petitioner's fundamental rights to be established, and therefore the amparo must be granted, without special award of costs and damages, since the petitioner's claim has already been duly satisfied.IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente reclama que, desde el 20 de julio del año en curso, le remitió al Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia un correo electrónico mediante el cual, solicitó una información de su interés. No obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo, no ha recibido respuesta de su gestión. Ahora bien, después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala tuvo por acreditada una vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Al respecto, este Tribunal Constitucional constata que, efectivamente, en la fecha señalada, la recurrente envió una solicitud de información a un correo electrónico que se considera como un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida, lo anterior, dado que dicha autoridad no lo desmintió, a pesar de habérsele hecho la prevención en la resolución de curso de este proceso de amparo y además, porque se acreditó que dicha gestión fue debidamente atendida por la autoridad recurrida. Aunado a lo anterior, se tuvo por acreditado que no fue sino hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, sea el- 16 de agosto de 2021- que el 20 de agosto de 2021, las autoridades recurridas procedieron a dar respuesta a lo solicitado por la amparada, mediante oficio de 17 de agosto de 2021, en el cual se detalló la información en cuestión, de conformidad con lo indicado en los hechos probados de esta sentencia. En consecuencia, este Tribunal tuvo por acreditada una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente, razón por la cual, el recurso debe ser declarado con lugar, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, en cuanto a este extremo, pues la pretensión de la amparada ya fue debidamente atendida.
Pull quotesCitas destacadas
"El herbicida que se ha venido utilizando tiene el nombre de Bastar 14SL etiqueta amarilla y es el que nos ha dado un resultado favorable dado que es uno de los mejores para evitar cualquier tipo de problema ambiental, ya que hay mucho herbicida que se mantiene en el campo terrestre por meses y quizás años que hacen un desgaste en todo sentido para la flora y fauna."
"The herbicide that has been used is called Bastar 14SL, yellow label, and it has given us favorable results because it is one of the best for avoiding any type of environmental problem, since many herbicides remain on the ground for months, perhaps years, causing all-round wear to flora and fauna."
Oficio municipal de respuesta
"El herbicida que se ha venido utilizando tiene el nombre de Bastar 14SL etiqueta amarilla y es el que nos ha dado un resultado favorable dado que es uno de los mejores para evitar cualquier tipo de problema ambiental, ya que hay mucho herbicida que se mantiene en el campo terrestre por meses y quizás años que hacen un desgaste en todo sentido para la flora y fauna."
Oficio municipal de respuesta
"Esta Sala tuvo por acreditada una vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
"This Chamber finds a violation of the petitioner's fundamental rights to be proven."
Considerando IV
"Esta Sala tuvo por acreditada una vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
Considerando IV
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
"The majority of the Chamber considers that, in the case at hand, pursuant to Article 52, paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, the grant should be without special award of costs and damages."
Considerando V
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
Considerando V
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, sino brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
"The constitutional jurisdiction of this Tribunal in amparo and habeas corpus matters—the jurisdiction of freedom, as it is called—is special because its purpose is not that of a traditional judge resolving a dispute between two parties, but rather to provide judicial protection to people in the exercise of their fundamental rights."
Considerando VI, voto salvado Hernández López
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, sino brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
Considerando VI, voto salvado Hernández López
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-seventh of August of two thousand twenty-one.
Amparo remedy (Recurso de amparo) processed in case file No. 21-015544-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA.
Whereas:
1.- By a writing received in the Chamber's Secretariat at 19:55 hours on August 10, 2021, the petitioner files an amparo remedy (Recurso de amparo) against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA, and states the following: that on July 20, 2021, they sent to the email address [email protected] corresponding to the Mayor of San Rafael de Heredia the following request for information: "... indicate to us the name of the herbicide product/s that the Municipality has been applying lately on the edges of roads, sidewalks (aceras), and gutters (caños) of San Rafael for weed control." However, they claim that as of the date they seek amparo, they have not received any response. They consider that the foregoing harms their fundamental rights, and by virtue thereof, they request that this remedy be granted (declare with place), with the legal consequences that it implies.
2.- By resolution at 15:05 hours on August 11, 2021, this amparo remedy is admitted, and a report is requested from the Mayor of San Rafael de Heredia on the facts alleged in the remedy.
3.- By writing added to the digital case file at 11:51 hours on August 18, 2021, Verny Valerio Hernández, in his capacity as Mayor of San Rafael de Heredia, reports under oath that, in response to the petitioner's approach and request, the official communication (oficio) issued by the officials in charge of the Warehouse and the Public Works and Services departments was attached, indicating the names of the herbicide products that the Municipality of San Rafael de Heredia has used.
4.- By evidence provided by the Municipality of San Rafael de Heredia, to the digital case file at 12:16 hours on August 20, 2021, it is clear that, on that same August 20, 2021, an official communication dated August 17 preceding was sent to the protected party's email address: [email protected], stating the following: "... This is to greet you in the first instance and indicate to you that, in accordance with your request about the name of the Herbicide applied by our personnel, I detail the following: Having a blue flag (bandera azul) in our municipality, we must comply with all the strict protocols and guidelines requested by other health entities, in order that the environmental impact, both on the aquifer and terrestrial mantle, taking people into account, is as minimally contaminating as possible for our ecosystem and thus not cause any problem when applied. The herbicide that has been used is named Bastar 14SL yellow label, and it is the one that has given us a favorable result, given that it is one of the best to avoid any type of environmental problem, since there are many herbicides that remain in the terrestrial field for months and perhaps years, causing wear and tear in every sense for flora and fauna..." 5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.- Purpose of the petition. The protected party considers their fundamental rights harmed, since they state that on July 20, 2021, they sent a request for information of their interest to the email address [email protected], corresponding to the Mayor of San Rafael de Heredia. However, they allege that as of the date they seek amparo, they have not received any response. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted to refer to them, according to what is provided in the initial order: On July 20, 2021, the protected party sent the following request for information to the email address [email protected], corresponding to the Mayor of San Rafael de Heredia: "... Dear Mr. Mayor: We would appreciate you indicating to us the name of the herbicide product/s that the Municipality has been applying lately on the edges of roads, sidewalks (aceras), and gutters (caños) of San Rafael for weed control. Sincerely, [Name 001]" (see evidence provided by the petitioner). The email [email protected] is considered an official means for receiving communications by the respondent authority (uncontroverted fact). On August 13, 2021, the Mayor of San Rafael de Heredia was notified of the resolution that gives course to this amparo (see notification records). On August 20, 2021, the respondent authority proceeded to send the protected party the requested information by means of an official communication dated August 17, 2021, the response of which was notified to the email address: [email protected], stating: "... Having a blue flag (bandera azul) in our municipality, we must comply with all the strict protocols and guidelines requested by other health entities, in order that the environmental impact, both on the aquifer and terrestrial mantle, taking people into account, is as minimally contaminating as possible for our ecosystem and thus not cause any problem to it when applied. The herbicide that has been used is named Bastar 14SL yellow label, and it is the one that has given us a favorable result, given that it is one of the best to avoid any type of environmental problem, since there are many herbicides that remain in the terrestrial field for months and perhaps years, causing wear and tear in every sense for flora and fauna" (see report and evidence provided by the respondent). IV.- Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner claims that, since July 20 of the current year, they sent an email to the Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia through which they requested information of their interest. However, they claim that as of the date they seek amparo, they have received no response to their management. Now, after analyzing the evidence provided and the report rendered under oath by the respondent authorities of the Municipality of San Rafael de Heredia, with timely warning of the consequences foreseen in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this Chamber has found a violation of the fundamental rights of the petitioner to be proven. In this regard, this Constitutional Court verifies that, indeed, on the indicated date, the petitioner sent a request for information to an email that is considered an official means for receiving communications by the respondent authority, the foregoing, since said authority did not deny it, despite having been warned in the resolution granting course to this amparo proceeding, and furthermore, because it was proven that said management was duly addressed by the respondent authority. Coupled with the foregoing, it was found to be proven that it was not until the notification of the resolution granting course to this amparo proceeding, that is, on August 16, 2021—that on August 20, 2021, the respondent authorities proceeded to respond to what was requested by the protected party, by means of an official communication dated August 17, 2021, in which the information in question was detailed, in accordance with what is indicated in the proven facts of this judgment. Consequently, this Court has found a violation of the fundamental rights of the petitioner to be proven, reason for which the remedy must be granted (declared with place), without special condemnation for costs, damages, and losses (sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios), as to this point, since the petition of the protected party has already been duly addressed. V.- Regarding condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Under a better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an explicit text in the law that obliges that the operative part of the ruling indicates that the remedy is granted, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph at the end refers that the granting is dictated "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depends on a valuation, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petition of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, harms, or alterations are not referred directly to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: "every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not what is concerning compensation and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law - cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this remedy without condemnation for costs, damages, and losses. VI.- Dissenting vote of Judge Hernández López, on the economic consequences derived from granting this remedy. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration. The constitutional jurisdiction in charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus—the jurisdiction of liberty as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of whoever, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority, capable of violating them. This protective vocation of the constitutional jurisdiction is embodied in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free where the respondent public authority is imposed the simple rendering of "a report" on what was done in the reported case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So it is not technically a litigation, and accordingly, broad powers are given to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such a procedural framework for the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties confronted in such a way that what one gains the other loses, requires us to distance ourselves from the solutions that for these latter issues have been foreseen in procedural systems such as the civil, contentious, or labor ones. In what is of interest now, the Constitutional Jurisdiction Law regulates in its Articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, in charge of the Chamber: a) the first aspect is that pertaining to the declaration that must be made of the existence or nonexistence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers that the Court has to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, such that—upon the Chamber's verification of a violation—there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities that are found to be violators, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the petitioner, but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis for the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the Constitutional Jurisdiction Law. In this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that "every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy...". This is the general system that regulates the topics of the compensatory sphere, for the cases that the majority identifies as the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights..."; in such cases, including the one now being decided, the Chamber has found the grievance to be proven and hence the need for a condemnation for costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and by the notion that the Administration must be held responsible for the damages and costs caused by its unconstitutional conduct. This conclusion is not changed in any way by the fact that upon knowing and resolving the amparo, "the effects of the claimed act had ceased" (Article 50) since such a case is an integral part of the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, it being understood that the proceeding has ended in a normal way and the violation has been verified. Within this simple and clear general framework—and lacking deficiencies or gaps—the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as a case of exception, applicable only in cases where the Chamber has not examined, nor has it ruled on, the merits of the claim, that is—as the majority says—in those situations of "abnormal termination of the proceeding." But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with great precision by the legislator; in the first place, the factual preconditions for the application of this norm are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is underway; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such resolution, the revocation, stopping, or suspension of the challenged action is unquestionably ordered. These are highly delimited concepts, whose scope of application must also be interpreted narrowly, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in persons' fundamental right to achieve effective judicial protection against the damages received with the violation of their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, and to exercise—as judges—our legal discretion to decide whether payment of such items is ordered or not. In this case, the foregoing exercise requires concluding the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration a violation of fundamental rights, and determined who their author was; nothing resembles an "abnormal termination of the proceeding." Moreover, the requirements of Article 52 just cited are not verified either, since there is no formally issued "administrative or judicial resolution" in which, expressly, the act that originates the violation of constitutional rights is revoked, stopped, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order—as a consequence of having verified the violation—the condemnation for damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the proceeding. But even if we were to set aside the automatic condemnation for damages, losses, and costs, disregarding the previous reasonings, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an affectation in the exercise of the protected party's fundamental rights, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses—whose concrete determination is not for the Chamber—and no merit whatsoever is appreciated in the case file that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective repair of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law. VII.- Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-condemnation for costs, damages, and losses against the respondent party. Although I agree with the rest of the Chamber in granting the remedy, I separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the violation caused to the fundamental rights of the protected party. The Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." On the other hand, Article 51 of the same law establishes that: "... every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system that regulates the topic of compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…." In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies a violation of some fundamental right and, therefore, grants the remedy, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referred to—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the violator to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance to be proven and has entered to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need for a condemnation for costs, damages, and losses against the violator arises, the foundation of which lies in the principles of protection of persons' rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct. Thus, the fact that at the time of examining and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of condemnation for costs, damages, and losses, since such a case is an integral part of the general system of necessary condemnation for these items contained in the Constitutional Jurisdiction Law. On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has not examined, nor has it ruled on, the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an indubitable manner, the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of persons' fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the violation of their constitutional rights. In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, this condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is clearly and indubitably evident that in the specific case no damage whatsoever capable of being compensated was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this remedy must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and I so declare. VIII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." My interpretation of this norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to the costs. Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: the costs. Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite the fact that abstract condemnation has been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only they have the authority to find the real existence and magnitude of the same to be proven. With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is intended, the Administration would be encouraged to respect rights only in the face of the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber condemns for costs, even when the right has been restored. For the foregoing reason, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order condemnation for damages and losses, but not condemnation for costs. IX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted, with no special award of costs, damages, and losses caused. Magistrate Hernández López partially dissents from the vote and imposes an award of damages, losses, and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and imposes an award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas dissents from the vote.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Marta Eugenia Esquivel R.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *43S87MRUWDWI61*
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210155440007CO* Res. Nº 2021019253 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 21-015544-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA . Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:55 horas del 10 de agosto de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, y manifiesta lo siguiente: que el 20 de julio de 2021 remitió al correo electrónico [email protected] correspondiente al Alcalde de San Rafael de Heredia la siguiente solicitud de información: “… indicarnos el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles, aceras y caños de San Rafael para el control de las malezas ”. No obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo, no ha recibido respuesta alguna. Considera que lo expuesto, lesiona sus derechos fundamentales, y en virtud de ello, solicita se declare con lugar el presente recurso, con las consecuencias legales que implique. 2.- Mediante resolución de las 15:05 horas del 11 de agosto de 2021, se admite el presente recurso de amparo y se le solicita informe al Alcalde de San Rafael de Heredia, sobre los hechos alegados en el recurso. 3.- Por escrito agregado al expediente digital a las 11:51 horas del 18 de agosto de 2021, informa bajo juramento Verny Valerio Hernández, en su condición de Alcalde de San Rafael de Heredia, que ante el planteamiento y la solicitud de la recurrente, se adjuntó el oficio emitido por los funcionarios encargados del departamento de Bodega y de Obras y Servicios, en el cual se indican los nombres de los productos herbicidas que ha utilizado la Municipalidad de San Rafael de Heredia. 4.- Mediante prueba aportada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al expediente digital a las 12:16 horas del 20 de agosto de 2021, se desprende que, el mismo 20 de agosto de 2021, se le remitió a la tutelada a la dirección electrónica: [email protected] , un oficio con fecha del 17 de agosto anterior, en el cual se señala lo siguiente: “… Sirva la presente para saludarle en primera instancia e indicarle que, de conformidad a su solicitud del nombre del Herbicida aplicado por nuestro personal, le detallo lo siguiente: Al contar con bandera azul en nuestro municipio, nos vemos obligados a cumplir con todos los estrictos protocolos y lineamientos que solicitan las demás entidades de salud, esto con el fin de que el impacto ambiental tanto en el manto acuífero como terrestre, tomando en cuenta las personas, sea lo menor contaminante posible para nuestro ecosistema y así no provocar ningún problema al mismo a la hora de su aplicación. El herbicida que se ha venido utilizando tiene el nombre de Bastar 14SL etiqueta amarilla y es el que nos ha dado un resultado favorable dado de que es uno de los mejores para evitar cualquier tipo de problema ambiental, ya que hay mucho herbicida que se mantiene en el campo terrestre por meses y quizás años que hacen un desgaste en todo sentido para la flora y fauna …” 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. La tutelada considera lesionados sus derechos fundamentales, ya que, manifiesta que el 20 de julio de 2021, remitió a la dirección electrónica [email protected] , correspondiente al Alcalde de San Rafael de Heredia, una solicitud de información de su interés. Sin embargo, alega que a la fecha en la que acude en amparo, no ha recibido respuesta alguna. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: El 20 de julio del 2021, la amparada remitió a la dirección electrónica [email protected], correspondiente al Alcalde de San Rafael de Heredia, la siguiente solicitud de información: “… Estimado señor alcalde: Le agradeceríamos indicarnos el nombre del/os producto/s herbicida/s que la Municipalidad ha venido aplicando últimamente en las orillas de las calles, aceras y caños de San Rafael para el control de las malezas. Atentamente, [Nombre 001]” (ver prueba aportada por la parte recurrente). El correo electrónico [email protected] se considera como un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida (hecho incontrovertido). El 13 de agosto de 2021, el Alcalde de San Rafael de Heredia, fue notificado de la resolución que da curso al presente amparo (ver actas de notificación). El 20 de agosto de 2021, la autoridad recurrida procedió a remitirle a la amparada la información solicitada por medio de oficio de 17 de agosto de 2021, cuya respuesta le fue notificada a la dirección de correo electrónico: [email protected] , en el cual se indicó: “… Al contar con bandera azul en nuestro municipio, nos vemos obligados a cumplir con todos los estrictos protocolos y lineamientos que solicitan las demás entidades de salud esto con el fin de que el impacto ambiental tanto en el manto acuífero como terrestre, tomando en cuenta las personas, sea lo menor contaminante posible para nuestro ecosistema y así no provocar ningún problema al mismo a la hora de su aplicación. El herbicida que se ha venido utilizando tiene el nombre de Bastar 14SL etiqueta amarilla y es el que nos ha dado un resultado favorable dado que es uno de los mejores para evitar cualquier tipo de problema ambiental, ya que hay mucho herbicida que se mantiene en el campo terrestre por meses y quizás años que hacen un desgaste en todo sentido para la flora y fauna” (ver informe y prueba aportada por la parte recurrida). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente reclama que, desde el 20 de julio del año en curso, le remitió al Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia un correo electrónico mediante el cual, solicitó una información de su interés. No obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo, no ha recibido respuesta de su gestión. Ahora bien, después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala tuvo por acreditada una vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Al respecto, este Tribunal Constitucional constata que, efectivamente, en la fecha señalada, la recurrente envió una solicitud de información a un correo electrónico que se considera como un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida, lo anterior, dado que dicha autoridad no lo desmintió, a pesar de habérsele hecho la prevención en la resolución de curso de este proceso de amparo y además, porque se acreditó que dicha gestión fue debidamente atendida por la autoridad recurrida. Aunado a lo anterior, se tuvo por acreditado que no fue sino hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, sea el- 16 de agosto de 2021- que el 20 de agosto de 2021, las autoridades recurridas procedieron a dar respuesta a lo solicitado por la amparada, mediante oficio de 17 de agosto de 2021, en el cual se detalló la información en cuestión, de conformidad con lo indicado en los hechos probados de esta sentencia. En consecuencia, este Tribunal tuvo por acreditada una lesión a los derechos fundamentales de la recurrente, razón por la cual, el recurso debe ser declarado con lugar, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, en cuanto a este extremo, pues la pretensión de la amparada ya fue debidamente atendida. V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VI.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria. La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral. En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación. Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no. En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso” . Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso. Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley. VII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. VIII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios causados. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas, salva el voto.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *43S87MRUWDWI61*
Document not found. Documento no encontrado.