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Res. 18440-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/08/2021
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered the MEP to complete construction of Escuela La Flor de Bahía within 18 months, finding proven violations of the rights to education, health, and a healthy environment caused by administrative inaction.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al MEP ejecutar la construcción de la Escuela La Flor de Bahía en un plazo máximo de 18 meses, al acreditarse violaciones al derecho a la educación, la salud y un ambiente sano provocadas por la inercia administrativa.
SummaryResumen
The Costa Rican Constitutional Chamber (Sala IV) granted an amparo filed on behalf of students at Escuela Líder La Flor de Bahía Ballena, Pérez Zeledón, against the Ministry of Public Education (MEP). The school had operated since 2016 under successive health authority orders declaring it dangerous due to structural decay, overcrowding, exposed electrical wiring, termite infestation, failing roofs, and flooding. Despite years of paperwork and complaints to the Ombudsman, the MEP's Directorate of Educational Infrastructure failed to execute the required works. The Chamber found this administrative inaction openly violated students' and staff's fundamental rights to education, health, and a healthy environment under Article 50 of the Constitution, with particular weight given to the children's status as a vulnerable group. It ordered the MEP to complete construction of the new school within 18 months of notification, subject to criminal sanctions for non-compliance.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de los estudiantes de la Escuela Líder La Flor de Bahía Ballena, en Pérez Zeledón, contra el Ministerio de Educación Pública. La escuela operaba desde 2016 bajo órdenes sanitarias que declararon el inmueble peligroso por deterioro estructural grave, hacinamiento, cableado eléctrico sin entubar, infestación de comején, techos deteriorados e inundaciones. Pese a años de gestiones y denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo no ejecutó las obras requeridas. La Sala constató que esta inercia viola los derechos fundamentales de estudiantes y personal a la educación, la salud y un ambiente sano conforme al artículo 50 constitucional, con énfasis en la condición de los menores como grupo vulnerable. Ordenó al MEP construir la nueva escuela en un plazo máximo de 18 meses bajo apercibimiento penal por incumplimiento.
Key excerptExtracto clave
Consequently, the State has the obligation to provide adequate environmental protection, taking the measures necessary to ensure that the environment is free from contamination and that alterations produced by humans or nature, whether near or far, do not constitute harm to the environment or to the health of those who inhabit it. This right is especially recognized when associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter constitutes a fundamental right expressed through the public service the State provides in educational centres throughout the country. Therefore, the very least the State can do when providing this public service is not to violate other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution. From the facts set out, the Chamber concludes that the authorities of the Ministry of Public Education have openly violated the fundamental rights of the students and staff of Escuela Líder La Flor de Bahía. [...] These conditions constitute an evident violation of the right to education, health, and a healthy environment — a situation this Chamber cannot endorse.En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa. De los hechos expuestos, la Sala logra concluir que las autoridades del Ministerio de Educación Pública han lesionado abiertamente los derechos fundamentales de los estudiantes y del personal de la Escuela Líder Flor de Bahía. [...] Tales condiciones constituyen una violación evidente del derecho a la educación, a la salud y a un ambiente sano, situación que no puede ser avalada por esta Sala.
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"El Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan."
"The State has the obligation to provide adequate environmental protection, taking the measures necessary to ensure that the environment is free from contamination and that alterations produced by humans or nature, whether near or far, do not constitute harm to the environment or to the health of those who inhabit it."
Considerando III
"El Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan."
Considerando III
"Lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa."
"The very least the State can do when providing this public service is not to violate other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution."
Considerando III
"Lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa."
Considerando III
"Tales condiciones constituyen una violación evidente del derecho a la educación, a la salud y a un ambiente sano, situación que no puede ser avalada por esta Sala."
"These conditions constitute an evident violation of the right to education, health, and a healthy environment — a situation this Chamber cannot endorse."
Considerando IV
"Tales condiciones constituyen una violación evidente del derecho a la educación, a la salud y a un ambiente sano, situación que no puede ser avalada por esta Sala."
Considerando IV
"cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia."
"When that administrative conduct — whether active or omissive — gives rise to a violation of other fundamental rights protected under this constitutional jurisdiction, or when vulnerable groups are affected, I do admit the case on the merits, as this situation constitutes an exception to my general position on such matters."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
*210099210007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen in the morning on August 20, 2021.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed under case file number 21-008991-0007-CO, brought by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED01, on behalf of the students of the ESCUELA LÍDER LA FLOR DE BAHÍA BALLENA, against the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
RECITALS:
Drafted by Justice Salazar Alvarado; and,
CONSIDERING:
The petitioner alleges that since 2016, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) of the respondent Ministry has been processing an assessment for the construction of a building for the Escuela Flor de Bahía, due to the deplorable conditions in which it is found, a situation for which the Área de Salud issued health orders (órdenes sanitarias) BRU-ARS-O-ERS-1071-2016 and BRU-ARS-O-ERS-294-2019. He indicates that to date the poor infrastructure conditions at the school continue, which he considers to be a violation of the fundamental rights of the students and administrative staff of the educational center.
The following facts are considered proven as relevant to the resolution of this matter:
On February 6, 2017, by means of Official Communication N° EFB-002-2017, the Junta de Educación of the Escuela Flor de Bahía forwarded to the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment health order n°BRU-ARS-O-ERS-1071-2016, in which a three-month period was granted to carry out improvements to the educational center's building (see report and evidence submitted).
By means of Official Communication N° DIEE-3059-2017 of November 30, 2017, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment informed the Junta de Educación of the educational center in question: "In accordance with the schedule for the execution of projects of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, I am pleased to inform you that in the upcoming payrolls of the current year, the sum of ¢12,023,554 will be deposited, subject to the budgetary allocation (contenido presupuestario) of the Ministerio de Hacienda and the allocation of resources to meet Infrastructure and Land Purchase needs. The resources are earmarked for: PAYMENT OF PROFESSIONAL SERVICES (TRACTO A) AND PRELIMINARY STUDIES, and it is therefore essential that you proceed to budget said resources as follows: The Junta de Educación or Administrative Board must meet to prepare the supplementary budget (presupuesto extraordinario) (Accounting), reflecting said amount in the corresponding line items; it must then adopt the relevant resolution in the minutes and proceed to sign and stamp said budget.
The Junta de Educación or Administrative Board shall bring the said supplementary budget to the respective Regional Directorate so that the Board Liaison Officer (Encargado de Juntas) may review the budget in accordance with the 'Guide for the Verification of Internal Approval of the Budget Plan,' after which review, he will proceed to sign and stamp the budget. The Junta de Educación or Administrative Board shall send the supplementary budget with the respective signatures and stamps to the DIEE by means of the following email address, Víctor Hernández Román ...01 or by fax: Telf01, within a period of no more than 10 business days following receipt of this document. Notes:
On December 11, 2017, in Minutes 323, the Junta approved the budget in the amount described in the preceding point and forwarded the documentation to the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, with a copy to the engineer in charge, Rigoberto González Espinoza; a commencement resolution and the justification for the procurement of professional services were attached (see report).
On September 5, 2018, Mr. Milton Arcadio Lobo Cortés, of the Junta de Educación of the educational center, filed a complaint with the Defensoría de los Habitantes de la República on account of the non-compliance and inaction of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (see reports and evidence submitted).
By means of Official Communication N° 02065-2019-DHR, contained in case file (expediente) N° 272669-2018-SI, the Director of the Child and Adolescent Affairs Area of the Defensoría de los Habitantes requested from Andrea Obando Torres, Director of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, a report regarding the structural situation of the Escuela Flor de Bahía (see reports and evidence submitted).
On March 13, 2019, the Brunca Regional Health Governing Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca) conducted a follow-up inspection at the institution and concluded that: "In view of the current conditions of the school, the information provided by the Junta de Educación, and the fact that it presents greater deterioration compared to the previous visit — and that as a result of this new visit additional risk conditions were identified that cannot be remedied through surface-level or cosmetic repairs — measures must be taken to eliminate the risks arising from structural, aesthetic, wastewater treatment, overcrowding, universal accessibility, and thermal comfort issues currently affecting the institution. Accordingly, in order to safeguard public health and the environment and to protect the student body, administrative staff, and persons attending the educational institution, the institution is declared dangerous, and therefore a new health order shall be issued incorporating the new improvements and revoking health order BRU-ARS-O-ERS-1071-2016, which was moreover not complied with" (...) And it set out nine improvements to be carried out at the institution (see reports and evidence submitted).
On June 24, 2019, the Directorate of the Governing Health Area of Osa (Dirección del Área Rectora de Salud de Osa) sent official communication MS-DRRSBRU-ARSO-ERS-793-2019 requesting from the institution a "remedial plan (plan remedial) necessary to address the non-conformities corresponding to health order BRU-ARS-O-ERS-295-2019 within a maximum period of ten business days" (see reports and evidence submitted).
On June 27, 2019, the Director of the Escuela La Flor de Bahía sent official communication N° JE-ELFB-048-06-2019 to the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, requesting an execution plan for the works in order to comply with health order BRU-ARS-O-ERS-295-2019 and official communication MS-DRRSBRU-ARSO-ERS-793-2019 from the Ministerio de Salud of Palmar Norte, which granted a period of ten business days in which to submit it (see reports and evidence submitted).
On June 28, 2019, the Director of the educational center and the President of the Junta de Educación submitted official communication JE-ELFB-049-06-2019 to the Ministerio de Salud, Palmar Norte office, regarding the actions taken by the Junta de Educación in response to health order BRU-ARS-O-ERS-294-2019 (see reports and evidence submitted).
On July 2, 2019, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment transmitted official communication DVM-A-DIEE-DGPE-2025-2019 to the Ministerio de Salud, indicating the works to be carried out at the Escuela Flor de Bahía: "Construction of 6 DIEE-2016 classrooms of 72m², 2 preschool classrooms of 84 m², 1 language classroom of 72 m², 1 dining hall of 144 m², 4 restroom blocks (baterías de servicios sanitarios) of 30 m², 1 administrative building of 84 m², 1 library of 72 m², 1 computer classroom of 72 m², 1 support module of 144 m², 1 parent waiting area, 1 security guardhouse of 31 m², covered walkways, 1 covered sports court of 900 m², and complementary works." In addition, the activity schedule was indicated, with a projected start date for the works of October 2020 (see reports and evidence submitted).
On October 7, 2020, the Defensoría de los Habitantes, under case N° 272669-2020, issued a series of recommendations to the Director of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment, the Deputy Minister of Education for Administrative Affairs (Vice ministro Administrativo de Educación), and the Director of the Área de Salud of Osa, in connection with the situation at the Escuela Flor de Bahía (see reports and evidence submitted).
On October 18, 2019, by means of Official Communication DIEE-DC-OF-397-2019, the Contracting Department (Departamento de Contrataciones) of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment authorized the opening of bids for the direct contracting (contratación directa) procedure, which remained open until 10:00 hours on October 29, 2019 (see reports and evidence submitted).
On June 26, 2020, through official communication DIEE-DC-0077-2020, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) notified that changes had been made as a result of the DIEE reorganization, under which the drafting departments were required to assume the functions of technical analysis of bids within professional design-services procurement processes. Also included was a list of educational centers for which bid analysis remained pending; Escuela La Flor de Bahía was among those pending, and its current status was noted as being in the bid-analysis stage (see reports and supporting evidence).
On September 11, 2020, the bid analysis was assigned to architect Alexander Aguilar Sobalbarro (see reports and supporting evidence).
On October 23, 2020, the respondent submitted document DVM-A-DIE-DDO-0110-2020 as a response document for the Defensoría de los Habitantes, which states: "that in attending to the priority cases carried over from the now-defunct Contracting Department of the DIEE, pursuant to DVM_A_DIEE_0233_2020 and under the orders of the assigned General Coordinator of the Contracting Department, Engineer Pablo Zúñiga, appointed by you and who continues in the department under my supervision performing this function, the architect attended to the case once space was found within the first two priority points indicated in document DVM-A-DIE-DDO-0030-2020; and that on October 12, 2020, he submitted to you document DVM-A-DIE-DDO-0080-2020, General Cure Request" (see reports and supporting evidence).
On January 13, 2021, document DVM-A-DIE-DDO-0035-2021 was submitted as a response document for the Territorial Liaison of the Casa Presidencial, which states: "There is no notification that the general cures (subsanes generales) requested have been submitted by the bidders, and upon reviewing the digitized case file (expediente digitalizado), these have not yet been included therein, nor have the aforementioned documents" (see reports and supporting evidence).
On April 8, 2021, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment began reviewing the general cures that had been submitted (see reports and supporting evidence).
On April 22, 2021, document DVM-A-DIE-DDO-0330-2021 was submitted, containing the bid analysis and general cure, in which only one of the bidders was required to submit a cure on the technical portion (see reports and supporting evidence).
On June 2, 2021, individual cures (subsanes individuales) were notified (see reports and supporting evidence).
On June 9, 2021, the individual cures were received and are pending review in order to generate the final report (see reports and supporting evidence).
This Court, in Judgment N° 2019-3032 of 9:45 a.m. on February 22, 2019, stated the following:
"III.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in Educational Centers — The right to health recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in constitutional Article 50. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, alongside health, food, work, housing, and education, among others. Accordingly, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures to ensure that the environment is free of contamination and that alterations produced both by human activity and by nature, whether in the immediate or distant surroundings, do not constitute harm to the environment or to the health of persons living therein.
This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which is expressed in the public service provided by the State through the various educational centers throughout the country. Therefore, the least the State can do is ensure that, in providing this public service, it does not infringe upon other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution."
In the case under study, the petitioner alleges that since 2016, the construction of a new school has been under consideration due to the deplorable conditions at educational center Escuela La Flor de Bahía, but that no progress has been made. The petitioner further alleges that, although the Ministry of Health has conducted follow-up visits to monitor compliance with the sanitary orders (órdenes sanitarias) issued, neither the plan of necessary actions to complete the required infrastructure for the educational center has been carried out, nor has any meaningful progress been achieved with the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment of the Ministry of Public Education, despite the fact that the school's current conditions place minors at risk, as well as their rights to a healthy and balanced environment and to education. After reviewing the court record (autos), the Court found it established that since 2016, the Regional Directorate of Health Governance of the Brunca region of the Ministry of Health issued sanitary order BRU-ARS-O-ERS-1071-2016 due to the severe deterioration suffered by the Escuela Líder Flor de Bahía.
Although the Board of Education (Junta de Educación) and the director of the educational center sought improvements from the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment of the Ministry of Education, these improvements were never carried out. Subsequently, a complaint was filed with the Defensoría de los Habitantes due to the inaction of the authorities with respect to the situation of the educational center; and during a follow-up visit conducted by the Ministry of Health on March 7, 2019, it was determined that the school had deteriorated even further compared to the first inspection conducted in 2016. Under these circumstances, through new sanitary order BRU-ARS-O-ERS-295-2019 of March 13, 2019, three months were granted to present an improvement plan to resolve the nine deficiencies found, together with a schedule for the completion or conclusion of each activity. In this regard, on July 2, 2019, the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment sent official communication DVM-A-DIEE-DGPE-2025-2019 to the Ministry of Health, indicating its willingness to comply with what was requested in the sanitary order and attaching an activity schedule projecting the start of works for October 2020; however, in October 2019, the administrative procurement process began, which, at the time the writ of amparo (recurso de amparo) was filed, had not progressed beyond the bid-analysis stage, with the delay attributed to the restructuring of the Directorate of Educational Infrastructure and Equipment.
Based on the foregoing facts, the Court concludes that the authorities of the Ministry of Public Education have openly violated the fundamental rights of the students and staff of the Escuela Líder Flor de Bahía. On one hand, it is determined that despite the fact that the building is in worse condition than at the time of the first inspection, efforts to construct a new educational center or at least to repair it have borne no fruit. It was thus established that students are currently in conditions of overcrowding (hacinamiento) and danger, as "the existing gutters and roof of the facilities have deteriorated further; the metal components such as structural supports show their bases completely deteriorated by rust, with a large number of holes caused by wear; classrooms continue to lack dropped ceilings (cielorraso), and some pieces in areas that did have them have fallen away; the roof structure and supports are built entirely of wood, which is infested with termites (comején), leaving some areas in an advanced state of decay; some metal roofing sheets (láminas) are hanging dangerously while others show bulging caused by moisture and poor fastening.
As for the internal electrical system, the electrical wiring is observed to be without conduit, unsecured, and hanging in various sections; the circuit breaker panels (cajas de breaker) have no covers; and deteriorated junction boxes and electrical outlets (toma corrientes) are observed (…)," among other deficiencies. Such conditions constitute a clear violation of the right to education, the right to health, and the right to a healthy environment — a situation that this Court cannot condone. Although the Directorate of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education underwent a restructuring, the administrative authorities of the Ministry of Public Education should have, in the meantime, taken the necessary steps to ensure that infrastructure projects such as the one at issue in this amparo were not halted. Under these circumstances, the appropriate course of action is to grant the appeal, with the consequences set forth in the operative part (parte dispositiva) of this judgment.
As a matter of principle, I hold that cases related to the action or inaction of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality whose resolution belongs to the ordinary courts, before which the interested party may argue their disagreements more fully. However, when such administrative conduct — whether an omission or otherwise — gives rise to a violation of other fundamental rights protected under this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to examine the merits of the matter, as this constitutes an exception to my general position on these matters, as is the case here, where the petitioner indicates that the Escuela Líder Flor de Bahía is in deplorable physical and sanitary conditions and has been awaiting the construction of a new educational center since 2016 without obtaining positive results, attributable to a lack of inter-institutional coordination, all of which places the life and health of the minors attending that center at risk.
The parties are hereby notified that, if any paper documents, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena at Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The writ of amparo (recurso de amparo) is granted. Catalina Salas Hernández, in her capacity as Director of the Directorate of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública), or whoever holds that position in her stead, is ordered to issue the necessary directives within the scope of her respective competencies and to take the corresponding steps so that, within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS counted from the notification of this Judgment, the construction of the Escuela Flor de Bahía is carried out with the structural improvements specified by the Ministry of Health. Said facility must guarantee the right to health and a healthy and adequate environment for the education of the students of that educational center. The foregoing is subject to the warning that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or cause to be complied with, issued in an amparo writ, and fails to comply with it or fails to cause it to be complied with, provided the offense is not more severely penalized under another provision.
The State is condemned to pay costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in the execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction (lo contencioso administrativo). Justice Salazar Alvarado appends a note. Notify.— Paul Rueda L.
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
— Verification Code — *KI6XFLE7G5O61* Telephones: Telf02/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, calles 19 y 21, Dirección05
*210099210007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 21-008991-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de los estudiantes de la ESCUELA LÍDER LA FLOR DE BAHÍA BALLENA, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente alega que desde el año 2016, se tramitó ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio recurrido, la valoración para la construcción de una edificación para la escuela Flor de Bahía, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentro, situación por la cual el Área de Salud emitió las órdenes sanitarias BRU-ARS-O-ERS-1071-2016 y BRU-ARS-O-ERS-294-2019. Señala, que a la fecha las malas condiciones en la infraestructura de la escuela continúan, lo cual estima violatorio de los derechos fundamentales de los estudiantes y personal administrativo del centro educativo.
De importancia para la resolución de este asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos:
El 06 de febrero de 2017, mediante Oficio N° EFB-002-2017, la Junta de Educación de la Escuela Flor de Bahía trasladó a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, la Orden Sanitaria n°BRU-ARS-O-ERS-1071-2016, en la cual se dio un plazo de tres meses para realizar las mejoras al edificio del centro educativo (véase informe y pruebas aportadas).
Mediante Oficio N° DIEE-3059-2017 de 30 de noviembre de 2017, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, indicó a la Junta de Educación del centro educativo en cuestión: “De acuerdo con la programación, para la ejecución de proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo; tengo el agrado de informarles que en las siguientes planillas del año en curso, se les depositará la suma de ¢12.023.554 sujeto al contenido presupuestario del Ministerio de Hacienda, y la destinación de recursos para suplir las necesidades de Infraestructura y Compra de Terreno. Los recursos están destinados para: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (TRACTO A) Y ESTUDIOS PRELIMINARES por lo que es imprescindible que procedan a presupuestar dichos recursos, de la siguiente manera: La Junta de Educación o Administrativa deberá reunirse para confeccionar el presupuesto extraordinario (Contable), donde se refleje dicho monto y en las partidas correspondientes; para luego tomar el acuerdo en actas y proceder a firmar y sellar dicho presupuesto.
La Junta de Educación o Administrativa llevará a la Dirección Regional respectiva dicho presupuesto extraordinario, para que el Encargado de Juntas proceda a revisar el presupuesto según la “Guía para la verificación de Aprobación Interna del Plan de Presupuesto”, luego de dicha revisión, procederá a firmar y sellar el presupuesto. La Junta de Educación o Administrativa enviará a la DIEE el presupuesto extraordinario con las respectivas firmas y sellos, por medio del siguiente correo electrónico, Víctor Hernández Román ...01 o bien al fax: Telf01, en un periodo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la recepción de este documento. Notas:
El 11 de diciembre 2017, en el Acta 323, la Junta aprobó el presupuesto por el monto descrito en el punto anterior y remitió la documentación a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, con copia al Ingeniero a cargo, Rigoberto González Espinoza; se adjuntó acuerdo de inicio y la justificación para la contratación de servicios profesionales (véase informe).
El 05 de septiembre del 2018, el señor Milton Arcadio Lobo Cortés, de la Junta de Educación del centro educativo interpuso denuncia ante la Defensoría de los Habitantes de la República debido al incumplimiento e inercia de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (véase informes y pruebas aportadas).
Mediante Oficio N° 02065-2019-DHR, que consta en el expediente N° 272669-2018-SI, la Directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes le solicitó a la Andrea Obando Torres, Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo, un informe con respecto a la situación estructural de la Escuela Flor de Bahía (véase informes y pruebas aportadas).
El 13 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca realizó informe de visita de seguimiento en la institución, y concluyó que: “Vistas las condiciones actuales de la Escuela, lo indicado por la Junta de Educación y a que presenta mayor deterioro en comparación con la visita anterior y que producto de esta nueva visita se encontraron otras condiciones de riesgo, que no pueden ser subsanadas con reparaciones superficiales o estéticas, se deberán tomar medidas que involucren la eliminación de los riesgos por problemas estructurales, estéticos, de tratamiento de aguas residuales, hacinamiento, accesibilidad universal y de confort térmico que presenta actualmente la institución. Ante ello, con el fin de garantizar la salud pública y del ambiente y velar por la población estudiantil, administrativo y personas que asisten a la institución educativa, se declara la institución peligrosa por lo que se deberá girar nueva orden sanitaria que incorpore las nuevas mejoras y dejar sin efecto la Orden Sanitaria BRU-ARS-O-ERS-1071-2016, la cual además no fue cumplida”(… ) Y estableció nueve mejoras a realizar en la institución (véase informes y pruebas aportadas).
El 24 de junio de 2019, la Dirección del Área Rectora de Salud de Osa, envía oficio MS-DRRSBRU-ARSO-ERS-793-2019 solicitando a la institución un “plan remedial necesario para atender las no conformidades correspondientes a la Orden Sanitaria BRU-ARS-O-ERS-295-2019 en un plazo máximo de diez días hábiles” (véase informes y pruebas aportadas).
El 27 de junio de 2019, el Director de la Escuela La Flor de Bahía remitió el oficio N°JE- ELFB-048-06-2019 a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, solicitando un plan de ejecución de la obra, para el cumplimiento de la orden sanitaria BRU-ARS-O-ERS-295-2019, y el oficio MS-DRRSBRU-ARSO-ERS-793-2019, del Ministerio de Salud de Palmar Norte, donde se otorgaba un plazo de diez días hábiles para presentarlo (véase informes y pruebas aportadas).
El 28 de junio de 2019, el Director del centro educativo y el Presidente de la Junta de Educación, entregó el Oficio JE- ELFB-049-06-2019, al Ministerio de Salud sede Palmar Norte, sobre las acciones realizadas por la Junta Educación ante la orden sanitaria BRU-ARS-O-ERS-294-2019 (véase informes y pruebas aportadas).
El 02 julio del 2019, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo remitió el oficio DVM-A-DIEE-DGPE-2025-2019, al Ministerio de Salud, indicando las obras a realizar en la Escuela Flor de Bahía: “Construcción de 6 aulas diee-2016 de 72m², 2 aulas preescolar de 84 m², 1 aula de idiomas de 72 m², 1 comedor 144 m², 4 baterías de servicios sanitarios 30 m², 1 administración de 84 m², 1 biblioteca de 72 m², 1 aula de cómputo de 72 m2, 1 módulo de apoyo de 144 m2, 1 área de espera para padres, 1 caseta de guarda de 31 m², pasos cubiertos, 1 cancha techada de 900 m² y obras complementarias”. Además, se indicó el cronograma de actividades, con proyección de inicio de las obras para octubre del año 2020 (véase informes y pruebas aportadas).
El 07 de octubre de 2020, la Defensoría de los Habitantes, bajo el caso N° 272669-2020, elaboró una serie de recomendaciones la Directora de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, al Vice ministro Administrativo de Educación y al Director del Área de Salud de Osa, con relación a la situación de la Escuela Flor de Bahía (véase informes y pruebas aportadas).
El 18 de octubre del 2019, mediante Oficio DIEE-DC-OF-397-2019, el Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo autorizó la apertura de las ofertas para el procedimiento de contratación directa, el cual se mantuvo hasta las 10:00 horas del 29 de octubre de 2019 (véase informes y pruebas aportadas).
El 26 de junio de 2020, mediante oficio DIEE-DC-0077-2020, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo comunicó que se realizaron cambios a causa de la reorganización de la DIEE, en la cual se estableció que los departamentos formuladores debían asumir las funciones de análisis técnico de las ofertas dentro de los procesos de contratación de servicios profesionales de diseño, asimismo se remitió el listado de los centros educativos que se encontraban pendientes de realizar el análisis de ofertas, donde la Escuela La Flor de Bahía era uno de los pendientes y en su estado actual se indicaba que se encontraba en análisis de ofertas (véase informes y pruebas aportadas).
El 11 de setiembre de 2020, se asignó el análisis de ofertas al arquitecto Alexander Aguilar Sobalbarro (véase informes y pruebas aportadas).
El día 23 de octubre de 2020, la parte recurrida remitió el documento DVM-A-DIE-DDO-0110-2020, como insumo de respuesta para la Defensoría de los Habitantes, en el cual se le indica: “que por atención de prioridades de los casos que arrastra del desaparecido Departamento de Contrataciones DIEE, según DVM_A_DIEE_0233_2020 y bajo las órdenes del asignado Coordinador general del Departamento de Contrataciones, el Ing. Pablo Zúñiga, nombrado por usted y que sigue en el departamento a mi cargo realizando esta función, es que el arquitecto le brindo atención al caso, una vez encontrado un espacio dentro de los dos primeros puntos de prioridad indicados en el documento DVM-A-DIE-DDO-0030-2020, siendo que para el día 12 de octubre del 2020 remite a su persona el documento DVM-A-DIE-DDO-0080-2020, Solicitud de Subsane General” (véase informes y pruebas aportadas) .
El día 13 de enero de 2021, se remitió el documento DVM-A-DIE-DDO-0035-2021, como insumo de respuesta para Enlace Territorial de la Casa Presidencial, en el cual se indica: “No se tiene comunicado de que los subsanes generales solicitados ya fueron entregados por los oferentes, y revisando el expediente digitalizado aún no se muestran incluidos estos, ni los documentos antes mencionados” (véase informes y pruebas aportadas).
El día 08 de abril de 2021, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo inició con la revisión de subsanes generales presentados (véase informes y pruebas aportadas).
El 22 de abril de 2021 se remitió el documento DVM-A-DIE-DDO-0330-2021, análisis de ofertas y subsane general, en el cual solo uno de los oferentes debería de subsanar en la parte técnica (véase informes y pruebas aportadas).
El 02 de junio de 2021, se notificaron los subsanes individuales (véase informes y pruebas aportadas).
El 09 de junio de 2021, los subsanes individuales fueron recibidos y están pendientes de revisión para generar el informe final (véase informes y pruebas aportadas).
Esta Sala, en Sentencia N° 2019-3032 de las 9:45 horas de 22 de febrero de 2019, indicó lo siguiente:
“ III.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los Centros de Educación- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan.
Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa”.
En el caso bajo estudio, el recurrente acusa que desde 2016, se está valorando la construcción de una nueva escuela, debido a las pésimas condiciones que presenta el centro educativo La Flor de Bahía, pero no se ha concretado. Alega que, si bien el Ministerio de Salud ha realizado visitas de seguimiento para el cumplimiento de las órdenes sanitarias emitidas, no se ha cumplido con el plan de acciones necesario para concretar la infraestructura requerida para el centro educativo, ni se ha logrado mayor avance con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, pese a que las condiciones actuales de la escuela ponen en riesgo a los menores de edad, así como sus derechos a un ambiente sano y equilibrado y a la educación. Tras analizar los autos, la Sala tuvo por probado que desde el año 2016, la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud, giró la orden sanitaria BRU-ARS-O-ERS-1071-2016, por el gran deterioro que sufre la Escuela Líder Flor de Bahía.
Si bien es cierto, la Junta de Educación y la Dirección del centro educativo gestionó la realización de mejoras ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación, éstas nunca se realizaron. Posteriormente, se interpuso una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes por la inercia de las autoridades ante la situación del centro educativo, y mediante visita de seguimiento realizada por el Ministerio de Salud el 7 de marzo de 2019, se determinó que existe un mayor deterioro de la escuela, que en la primera inspección realizada en el 2016. Así las cosas, mediante nueva orden sanitaria BRU-ARS-O-ERS-295-2019 de 13 de marzo de 2019, se otorgaron tres meses para presentar un plan de mejoras para resolver las nueve deficiencias encontradas, junto con un cronograma de realización o finalización de cada actividad. Al respecto, el 02 julio del 2019, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo envió oficio DVM-A-DIEE-DGPE-2025-2019, al Ministerio de Salud, indicando su disposición a cumplir con lo solicitado en la orden sanitaria, adjuntando un cronograma de actividades, con proyección de inicio de las obras para octubre del año 2020; sin embargo, en octubre de 2019 inició el proceso de contratación administrativa, el cual, al momento de la interposición del recurso de amparo, no había pasado de la etapa de análisis de ofertas, justificando el atraso por la reestructuración de la Dirección de Infraestructura de Equipamiento Educativo.
De los hechos expuestos, la Sala logra concluir que las autoridades del Ministerio de Educación Pública han lesionado abiertamente los derechos fundamentales de los estudiantes y del personal de la Escuela Líder Flor de Bahía. Por un lado, se determina que a pesar de que el inmueble se encuentra en peores condiciones que aquellas encontradas en la primera inspección, los esfuerzos por construir un nuevo centro educativo o al menos repararlo, no han dado fruto. Así las cosas, se constató que los estudiantes se encuentran actualmente en condiciones de hacinamiento y peligro, pues “las canoas existentes y techo de las instalaciones se han deteriorado más, las piezas metálicas como soportes de la estructura presentan sus bases completamente deterioradas por el óxido, observándose gran cantidad de huecos por desgaste, las aulas continúan sin cielorraso, algunas piezas de las áreas que sí poseían se han desprendido, la estructura y soporte de techo están construidas completamente con madera, misma que se encuentra infestada con comején por lo que hay zonas con avanzado estado de pudrición, algunas láminas están colgando peligrosamente y otras se observan con abultamiento producto de la humedad y mala fijación.
El sistema eléctrico interno se observa que el cableado eléctrico se encuentra sin entubar, no se encuentra fijado y cuelga en varios sectores, las cajas de breaker no poseen tapa y se observan cajas de conexión o toma corrientes deteriorados, (…)”, entre otras falencias. Tales condiciones constituyen una violación evidente del derecho a la educación, a la salud y a un ambiente sano, situación que no puede ser avalada por esta Sala. Si bien la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública sufrió una restructuración, las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública debieron, mientras tanto, disponer lo necesario para que los proyectos de infraestructura como el que es objeto de este amparo no se paralizaran. Así las cosas lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente indica que la Escuela Líder Flor de Bahía se encuentra en deplorables condiciones físico-sanitarias, esperando la construcción de un nuevo centro educativo desde el año 2016, sin obtener resultados positivos, atribuible a la falta de coordinación interinstitucional, todo lo cual pone en riesgo la vida y salud de los menores de edad que estudian en dicho centro.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Catalina Salas Hernández en su condición de Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las directrices necesarias, en el respectivo ámbito de sus competencias, y gestione lo correspondiente para que, en el plazo máximo de DIECIOCHO MESES contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se realice la construcción de la Escuela Flor de Bahía con las mejoras estructurales señaladas por el Ministerio de Salud. Dicho inmueble deberá garantizar el derecho a salud, y un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educativo. Lo anterior bajo apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Paul Rueda L.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
*KI6XFLE7G5O61*
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