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Res. 17827-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/08/2021

Failure to respond to environmental complaint about segregation in Gandoca-Manzanillo National RefugeOmisión de respuesta a denuncia ambiental sobre segregación en Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber grants the amparo due to the more than three-month delay in addressing the complainant’s environmental complaint, without awarding costs, damages, or prejudice, per the majority vote.La Sala declara con lugar el recurso de amparo por la demora de más de tres meses en atender la denuncia ambiental del recurrente, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el voto de mayoría.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a private individual against the Minister of Environment and Energy for failure to respond to an environmental complaint submitted on April 8, 2021. The complaint alleged illegal segregation and subdivision of forested land within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge in Manzanillo, Limón, by a private owner. After being notified of the amparo, SINAC responded to the complainant on July 16, 2021 — more than three months later — stating that the requests for cadastral plan certification had been denied and that no segregation permit had been issued. The Chamber upholds the amparo due to the delay in deciding the administrative petition, without awarding costs, damages, or prejudice, per the majority vote. Justice Hernández López adds a note on the Chamber's competence in environmental matters, and several justices partially dissent on the economic consequences of the ruling.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un particular contra la Ministra de Ambiente y Energía por la falta de respuesta a una denuncia ambiental presentada el 8 de abril de 2021. La denuncia señalaba una presunta segregación y lotificación de terrenos boscosos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Manzanillo de Limón, por parte de una propietaria privada. Tras la notificación del recurso, el SINAC respondió al recurrente el 16 de julio de 2021, más de tres meses después, indicando que las solicitudes de certificación de planos catastrados fueron denegadas y que no se había emitido ningún visado de segregación. La Sala declara con lugar el recurso por la demora en resolver, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el voto de mayoría. La magistrada Hernández López emite nota sobre la competencia de la Sala en materia ambiental, y varios magistrados salvan parcialmente el voto en cuanto a las consecuencias económicas de la estimación.

Key excerptExtracto clave

In this matter, the omission of the authorities to address the petition filed on April 8, 2021, is claimed. From the evidence submitted and the sworn report of the respondent authorities, it was demonstrated that a response was only provided to the complainant on July 16, 2021. While the status of the lands subject to the complaint was verified and the requests for cadastral plan certification were forwarded to the State Natural Heritage Program for analysis, and in neither case did ACLAC grant approval for the certification of the plans; that is, even though the respondent authority carried out a series of actions related to the facts of the complaint, more than three months passed from when the complaint was filed until a response was issued. Consequently, it is appropriate to grant this amparo without special condemnation in damages and prejudice, as set forth in the operative part of this judgment. Regarding the complainant’s argument about the possibility that segregations were carried out, and the respondents’ assertion that any such partitions would have been done without SINAC’s approval — since the requests filed were denied — the respondents are reminded of their oversight duty and are warned that, if it is ultimately proven that the alleged segregations took place without the corresponding approval, they must exercise their functions and act accordingly within the scope of their powers.En el presente asunto, se acusa la omisión de las autoridades en atender la gestión planteada el 08 de abril de 2021. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se tuvo por demostrado que fue hasta el 16 de julio de 2021 que se brindó una respuesta al recurrente. Si bien se verificó la situación de los terrenos objeto de la denuncia, las solicitudes de certificación de planos catastrados fueron trasladadas al Programa de Patrimonio Natural del Estado para su análisis, y en ninguno de los dos casos el ACLAC otorgó el visto bueno para la certificación de los planos; es decir, aún cuando la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones relacionadas con los hechos objeto de la denuncia, lo cierto es que transcurrieron más de tres meses desde que se interpuso la denuncia y hasta que se emitió la respuesta. En consecuencia, lo corresponde es declarar con lugar este recurso sin especial condenatoria en daños y perjuicios, conforme se establece en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto al alegato del recurrente respecto a la posibilidad de que se hayan realizado segregaciones y a la afirmación de los recurridos en el sentido que, de haberse realizado dichas particiones, sería sin el visado del SINAC -pues las solicitudes que se plantearon fueron denegadas-, se recuerda a los recurridos su deber de fiscalización y se les advierte que, si se llega a demostrar que las supuestas segregaciones que se acusan se dieron sin el visado correspondiente, deberán desplegar sus funciones y actuar en consecuencia dentro del ámbito de sus competencias.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Si bien se verificó la situación de los terrenos objeto de la denuncia, las solicitudes de certificación de planos catastrados fueron trasladadas al Programa de Patrimonio Natural del Estado para su análisis, y en ninguno de los dos casos el ACLAC otorgó el visto bueno para la certificación de los planos; es decir, aún cuando la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones relacionadas con los hechos objeto de la denuncia, lo cierto es que transcurrieron más de tres meses desde que se interpuso la denuncia y hasta que se emitió la respuesta."

    "While the status of the lands subject to the complaint was verified and the requests for cadastral plan certification were forwarded to the State Natural Heritage Program for analysis, and in neither case did ACLAC grant approval for the certification of the plans; that is, even though the respondent authority carried out a series of actions related to the facts of the complaint, more than three months passed from when the complaint was filed until a response was issued."

    Considerando IV

  • "Si bien se verificó la situación de los terrenos objeto de la denuncia, las solicitudes de certificación de planos catastrados fueron trasladadas al Programa de Patrimonio Natural del Estado para su análisis, y en ninguno de los dos casos el ACLAC otorgó el visto bueno para la certificación de los planos; es decir, aún cuando la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones relacionadas con los hechos objeto de la denuncia, lo cierto es que transcurrieron más de tres meses desde que se interpuso la denuncia y hasta que se emitió la respuesta."

    Considerando IV

  • "se recuerda a los recurridos su deber de fiscalización y se les advierte que, si se llega a demostrar que las supuestas segregaciones que se acusan se dieron sin el visado correspondiente, deberán desplegar sus funciones y actuar en consecuencia dentro del ámbito de sus competencias."

    "the respondents are reminded of their oversight duty and are warned that, if it is ultimately proven that the alleged segregations took place without the corresponding approval, they must exercise their functions and act accordingly within the scope of their powers."

    Considerando IV

  • "se recuerda a los recurridos su deber de fiscalización y se les advierte que, si se llega a demostrar que las supuestas segregaciones que se acusan se dieron sin el visado correspondiente, deberán desplegar sus funciones y actuar en consecuencia dentro del ámbito de sus competencias."

    Considerando IV

  • "La situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional."

    "The current situation — characterized by an extensive production of legal and regulatory norms that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies to comply with what is ordered in the Fundamental Charter — is radically different from the previous one, in which the absence of norms and state entities with appropriate jurisdiction forced the Chamber into a leading, almost sole, role in the defense of the aforementioned constitutional right."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "La situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional."

    Nota de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Type of matter: Amparo recourse Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  Res. No. 2021017827 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirteenth of August, two thousand twenty-one.

Amparo recourse processed in expediente number 21-013061-0007-CO, filed by MARCO VINICIO LEVY VIRGO, identification number 0700690314, against the MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

Considering:

Through a brief received in the Secretariat of the Chamber at 13:45 hours on July 7, 2021, the petitioner files an amparo recourse against the Minister of Environment and Energy (MINAE), and states that by means of official letter MLV-0024-2021 dated April 7, 2021, and sent to the respondent, he filed an environmental complaint before the respondent against Mrs. Aurora Gámez for the alleged segregation and lotification of some forest lands located in zone 01 of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge. He points out that on that occasion he told the respondent the following: "formal complaint regarding the following ecocide that is occurring in the Manzanillo Zone of Limón, … This morning my wife found on the Internet some lot sales by Mrs. Aurora Gámez (owner of the Almendros y Corales hotel) segregated from a large farm on the road leading to her hotel in Manzanillo" … Therefore, I respectfully request you to deploy all the actions that our legal system allows in order to stop the environmental destruction described." He accuses that on the day he files this amparo, the respondent authority has ignored his complaint and has remained completely silent. He adds that the matter denounced is related to the provisions of judgment No. 2019-012746 at 12:11 hours on July 10, 2019, issued by the Constitutional Chamber. He insists that on the day he comes to the Constitutional Court, no follow-up actions, proactive or effective, are visible in defense of the ecological patrimony of the nation.

By resolution at 17:19 hours on July 12, 2021, this recourse was admitted, which was notified to the respondents on July 13, 2021.

Rolando Castro Córdoba reports under oath, in his capacity as Acting Minister of Environment and Energy (folio 25 of the electronic expediente). He explains that for the approval (visado) of a plan in cases of segregation or lotification on bordering lands or in Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), coordination with the National Property Registry is required, applying Article 80 of Executive Decree number 34331-J of the year 2008. He clarifies that neither SINAC nor MINAE have received a request from the National Cadastre or the National Registry, nor have they issued any plan approval (visado de plano) for segregation or lotification in the years 2020 or 2021. According to the location provided by the petitioner, said lands are currently de-affected by Law 9223 and the requested procedures may not be resolved until what was ordered by the Constitutional Chamber in the referenced judgment number 2019-012746 at 12:11 hours on July 10, 2019, is concluded. He notes that on June 29, 2021, two requests for certification of cadastral plans were received at the ACLAC Regional Directorate, which were forwarded to the State Natural Heritage Program (Programa de Patrimonio Natural del Estado) for analysis, and according to official letters of July 7 and 15, 2021, in neither of the two cases does the ACLAC grant approval for the certification of the plans, expressing in both official letters the reasons for such denial. He notes that what was done was notified to the petitioner by means of official letter SINACACLAC-DR-492-2021 to the email [email protected] on July 16 of the current year. In it, the following is indicated:

"In relation to the facts denounced in your official letter MLV-0024-2021, you are informed:

 On June 29, 2021, the requests for certification of cadastral plans L-129002-1993 (1 ha 5000.17 m²) and L-124962-1993 (1 ha 5000 m²) were received at the ACLAC Regional Directorate. They were assigned certification consecutive number N°148-2021 (cadastral plan L-124962-1993) and N°149-2021 (cadastral plan L-129002-1993). Said requests are forwarded to the State Natural Heritage Program (PNE) for analysis and response to the user. On July 7, 2021, certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNEC-149-2021 corresponding to cadastral plan L-129002-1993 was issued. In said certification, it is indicated that the property, because it is located in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre, ZMT), is located outside PNE areas as of the day the document was issued; however, being at this moment in a process of updating and delimitation of the PNE in the ZMT of the canton of Talamanca, the property under consultation, in accordance with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, may be incorporated into the State Natural Heritage (PNE) automatically, if during the process the presence of PNE ecosystems is determined, which will imply a modification of the limits currently defined by the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC). Therefore, before granting authorizations or permits on this property, a field study must be required to ascertain the characteristics of the site.

 On July 15, 2021, after reviewing the general information of the property under consultation, Official Letter SINAC-ACLAC-DRFVSPNE-121-2021 corresponding to certification request N°148-2021 for cadastral plan L-124962-1993 was notified via email. In said official letter, the request is rejected, since according to a query made to the National Property Registry on July 1, 2021, cadastral plan L-124962-1993 corresponds to a property registered under Folio Real 7060570-000 in the name of ODIO Y GÁMEZ S.A., Legal ID No. 3-101-204292. Therefore, and in accordance with the provisions of point 6.1.2 of Chapter VI: Procedure Manual for the resolution of plan approvals (visados) and certifications (Resolución R-SINAC-037-2009, La Gaceta 134, published on July 13, 2009), the requested certification is rejected, because the request indicates it is for the legal study of a registered property.

 In official letter MLV-0024-2021 dated April 7, 2021, sent to higher offices of the Conservation Area, it is indicated that there exists a presumed lotificación and/or segregation of a property of Mrs. Aurora Gámez located on the access road to Hotel Almendros y Corales, Manzanillo, District 03 Cahuita, Canton 04 Talamanca. In that same official letter, an electronic link (https://bit.ly/31SFDv9) is indicated where the following information is presented:

Given the foregoing and in accordance with what was indicated by the petitioner, it is important to point out that the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) has neither received nor issued any plan approval (visado de plano) for segregation or lotification in the years 2020 or 2021 in the indicated area.

It is worth mentioning that according to the location given in the amparo recourse filed and assigned Expediente No. 21-013061-007-CO, the indicated site (access road to Hotel Almendros y Corales, Manzanillo, District 03 Cahuita, Canton 04 Talamanca) is currently de-affected by Law 9223 (La Gaceta 69, published on April 8, 2014), corresponding to private properties. Therefore, and in accordance with what was expressed by the ACLAC Legal Advisory in Official Letter SINAC-ACLACAL-300-2020, as well as by Resolution No. 2019-012745 (Boletín Judicial No. 28 of February 12, 2020) of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at twelve hours and ten minutes on July 10, 2019, the procedures requested by users cannot be resolved by this office, until the process indicated in the "Por tanto" of said resolution is concluded.

Therefore, in the case both indicated in the amparo recourse and in other requests presented in the area de-affected by Law No. 9223, no final criterion is issued by ACLAC until there is formal notification of the continuation of the users' requests.

It is important to indicate that, in the particular case of segregation or lotification, a plan approval (visado de plano) for segregation is required, which must comply with the procedures of the institutions involved in this process. In the case of plan approval (visado de plano) for bordering lands or in a Protected Wilderness Area (ASP), it will only be received by the Conservation Area if requested by the National Registry to the user through the application of Article 80 of the Regulation to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley de Catastro Nacional) No. 6545, of March 13, 1981 (Executive Decree No. 34331-J, La Gaceta 41, published on February 27, 2008).

Therefore, a complementary analysis at the topography level is recommended, so that you can consult in the SIRI System whether said properties were segregated and already cadastrated, since ACLAC does not have access to this platform. It must be reiterated that said segregations have not been reviewed or authorized by this AC." He adds that SINAC has been carrying out all necessary steps for the proper delimitation of the 188 hectares that must return to the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA) in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution 2019-012746. He requests that the filed recourse be dismissed.

Through briefs of July 21 and 22, 2021, the petitioner replies to the report rendered by the respondent authority, reiterates his statements, and provides new documentation.

In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

Preliminary matter. Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration. In the present matter, a case of exception is raised, as we are faced with a complaint of damage to protected areas that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

Object of the recourse. The petitioner considers his fundamental rights violated, since his request of April 8, 2021, has not been addressed.

Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On April 8, 2021, the petitioner filed an environmental complaint against Mrs. Aurora Gámez, for the alleged segregation and lotification of some forest lands located in zone 01 of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (folio 09 of the electronic expediente).
  • b)The resolution that admitted this recourse was notified to the respondent authorities on July 13, 2021 (notification records).
  • c)By means of official letter SINACACLAC-DR-492-2021, dated July 16, 2021, the petitioner's request was answered, which was notified to him on the same day via email (folios 35 and 39 of the electronic expediente).

Regarding the specific case. In the present matter, the omission of the authorities to address the request filed on April 8, 2021, is alleged. From the evidence provided to the expediente and the report rendered under oath by the respondent authorities, it was proven that it was not until July 16, 2021, that a response was provided to the petitioner. Although the situation of the lands subject to the complaint was verified, the requests for certification of cadastral plans were forwarded to the State Natural Heritage Program for analysis, and in neither of the two cases did the ACLAC grant approval for the certification of the plans; that is, even though the respondent authority carried out a series of actions related to the facts subject to the complaint, the truth is that more than three months elapsed from when the complaint was filed until the response was issued. Consequently, it is appropriate to grant this recourse without special condemnation for damages, as set forth in the operative part of this judgment.

Regarding the petitioner's allegation concerning the possibility that segregations may have been carried out and the respondents' assertion that, if said partitions did occur, it would be without the approval (visado) of SINAC – since the requests that were filed were denied –, the respondents are reminded of their oversight duty and warned that, if it is proven that the alleged segregations occurred without the corresponding approval (visado), they must deploy their functions and act accordingly within the scope of their competencies.

Regarding the condemnation for costs and damages in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recourse shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the granting must be without special condemnation for costs and damages, based on the following considerations. While there is an express text in the law that mandates that the operative part of the judgment indicate that the recourse is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is dictated "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable". It is underlined that the Law states "if they are applicable", which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "every resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages caused and to the payment of the costs of the recourse, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if he deems appropriate, to a cognizance process in order to demonstrate that he has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this recourse without condemnation for costs or damages.

NOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone considerable variation, which requires this body to reconsider the conditions for its participation in securing the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter – is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a protagonistic, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was poorly or not at all ordered, thus the creation of state bodies with surveillance and control powers over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entrance onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction - primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or - worse yet - substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is improper legally because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that – they indeed – have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes does not accommodate well the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has produced a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have valued, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that allow adequate follow-up of them - generally complex -, which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring for months and even years.

5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters on the part of this Court should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of fixing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is then about achieving that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that – among all and each in their space – the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantially gains in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave its knowledge in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the knowledge of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put the health of individuals at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment and in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, as I also believe that the amparo should not be "ordinaria-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the petitioner's claim could affect the State Natural Heritage, given that what he raises is a complaint for the alleged segregation and lotification of some forest lands located in zone 01 of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate fundamental rights.

DISSENTING VOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM GRANTING THIS RECOURSE: I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate myself from its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.

The constitutional jurisdiction in charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus - the jurisdiction of liberty as it is called - is special because its purpose is not that of the traditional judge who settles a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of someone who, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority, capable of violating them.

This protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free of charge, where the respondent public authority is simply required to render "a report" on what was done in the denounced case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So it is not technically a litigation and accordingly, broad powers are given to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other so that what one wins the other loses, requires us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as civil, contentious, or labor.

For what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect pertains to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers that the Court enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, so that – upon the verification of an injury by the Chamber – there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, an effective indemnification of the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the offending authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection for the accionante party, but also for a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis to the granting of the recourse, a matter regulated in article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

In this last aspect, the Law in its article 51 orders the Chamber that "every resolution that upholds the recourse shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages caused and to the payment of the costs of the recourse…". This is the general system that regulates the issues of the indemnity sphere, for the cases that the majority identifies as the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…"; in such cases, among which the one now decided is counted, the Chamber has found the grievance proven and hence the need for a condemnation in costs and damages, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of individuals and the notion that the Administration must take responsibility for the damages and expenses caused by its unconstitutional acting. This conclusion is not changed at all by the fact that upon hearing and resolving the amparo, "the effects of the challenged act have ceased" (article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation in costs and damages, it being understood that the process has ended normally and the violation has been verified.

Within this simple and clear general framework - and devoid of deficiencies or gaps - the provision of article 52 of the Law fits perfectly as a case of exception, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it pronounced on, the merits of the claim, that is - as the majority states - in those situations of "abnormal termination of the process".

But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is underway; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action. These are extremely circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in light of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection (tutela judicial) against the damages received through the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation (condenatoria automática) in costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios), and to exercise—as judges—our legal discretion to decide whether payment of those items is ordered or not.

In this case, the foregoing analysis compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, since, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has acknowledged with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who the author was; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the process” (terminación anormal del proceso). On the other hand, the requirements of Article 52 just cited are also not met, since there is no formally issued “administrative or judicial resolution” in which the act giving rise to the violation of constitutional rights is expressly revoked, ceased, or suspended. For all of these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order—as a consequence of the violation having been proven—condemnation to pay the damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the proceeding.

But even if we were to set aside the automatic condemnation in damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the fact remains that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the protected party’s (amparado) fundamental rights, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses—whose specific determination is not for the Chamber to make—and no merit whatsoever is apparent in the case file that persuades one to exempt the respondent authority (autoridad recurrida) from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided for in the law.

PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION IN COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting (declarar con lugar) the appeal (recurso), I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from condemnation to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate (procedentes).” Moreover, Article 51 of the same law establishes that:

“...every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract (condenará en abstracto) to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.” This latter rule establishes the general system that regulates matters concerning indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights….” In the majority’s opinion, the cited Article 51 regulates the situations in which the Chamber has deemed the grievance (agravio) proven; and, as a consequence, the necessity of condemnation in costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned’s judgment, from a systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person (persona agraviada) to the enjoyment of their fundamental rights once it has become aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced Article 52—by virtue of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the infringing party to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperious necessity arises for condemnation of the infringing party to costs, damages, and losses, the foundation of which lies in the principles of protection (tutela) of the rights of persons and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of condemnation in costs, damages, and losses, for such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

Moreover, it is clear that the referenced Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process.” The legislator established and delimited, with precision, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed (dio curso) with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indubitably, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is to say, it only applies in the situations strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a diminution in the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it appears in an indubitable and clear manner that, in the specific case, no loss whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such situations could the respondent Administration be exempted from payment of said items. Since, in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose specific determination is not for this jurisdiction to make—the granting of this appeal must necessarily imply condemnation in costs, damages, and losses, and I so declare.

DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” My interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal (recurso de amparo) is not of an indemnificatory nature but a restitutive one; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, for it is for the judge alone to deem proven their real existence and magnitude.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part (parte dispositiva) and order condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs.

DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant party (parte recurrente) that if it has provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or means produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

In accordance with the provisions of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the appeal is granted (se declara con lugar el recurso), without special condemnation in costs, damages, and losses. Justice Hernández López makes a note. Justice Hernández López partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs. Let the respondent authorities take note of what is indicated in the last paragraph of Considerando IV of this judgment. Notify (Notifíquese).

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021017827 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-013061-0007-CO, interpuesto por MARCO VINICIO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, contra MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:45 horas del 07 de julio de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la ministra de Ambiente y Energía (MINAE), y manifiesta que mediante oficio MLV-0024-2021 fechado 07 de abril de 2021 y remitido a la recurrida, interpuso ante la recurrida denuncia ambiental, en contra de la señora Aurora Gámez por la presunta segregación y lotificación de unos terrenos de bosque ubicados en la zona 01 del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Señala que en esa oportunidad le manifestó a la recurrida, lo siguiente: “formal denuncia sobre el siguiente ecocidio que esta ocurriendo en la Zona de Manzanillo de Limón, … Esta mañana mi esposa encontró en Internet unas ventas de lotes de la Señora Aurora Gámez (propietaria del hotel Almendros y Corales) segregados de una gran finca en el camino que lleva a su hotel en Manzanillo” … Por lo expuesto les ruego muy respetuosamente desplegar todas las acciones que nuestro ordenamiento jurídico permite a fin de detener la destrucción ambiental descrita”. Acusa que al día en que acude en amparo, la autoridad recurrida ha hecho caso omiso de su denuncia y ha guardado total silencio. Añade que lo denunciado tiene relación con lo dispuesto en la sentencia Nº 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio de 2019, emitida por la Sala Constitucional. Insiste en que al día en que acude al Tribunal Constitucional no se vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación. Mediante resolución de las 17:19 horas del 12 de julio de 2021 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 13 de julio de 2021. Informa bajo juramento Rolando Castro Córdoba, en su condición de ministro a. i. de Ambiente y Energía (folio 25 del expediente electrónico). Explica que para el visado de un plano en los casos de segregación o lotificación en terrenos colindantes o en Áreas Silvestres Protegidas, se debe coordinar con el Registro Nacional de la Propiedad, aplicándose el artículo 80 del Decreto Ejecutivo número 34331-J del año 2008. Aclara que ni el SINAC ni el MINAE, han recibido solicitud del Catastro Nacional o del Registro Nacional, ni emitido ningún visado de plano para segregación o lotificación en los años 2020 ni 2021. De acuerdo a la ubicación dada por el recurrente, en la actualidad dichos terrenos se encuentran desafectados por la Ley 9223 y los trámites solicitados no podrán ser resueltos hasta tanto no se concluya con lo ordenado por la Sala Constitucional en la referida la sentencia número 2019-012746 de las 12:11 horas del 10 de julio del 2019. Acota que el 29 de junio de 2021 se recibieron -en la Dirección Regional ACLAC- dos solicitudes para certificación de planos catastrados, las cuales se trasladaron al Programa de Patrimonio Natural del Estado para su análisis, y según oficios de 07 y 15 de julio de 2021, en ninguno de los dos casos el ACLAC da el visto bueno para la certificación de los planos, expresando en ambos oficios las razones para tal denegatoria. Acota que lo actuado se le notificó al recurrente mediante oficio SINACACLAC-DR-492-2021 al correo [email protected] el 16 de julio del presente año. En el mismo, se indica lo siguiente:

“En relación con los hechos denunciados en su oficio MLV-0024-2021 se le informa:

 El día 29 de junio del 2021, se recibieron en la Dirección Regional ACLAC, las solicitudes para certificación de los planos catastrados L-129002-1993 (1 ha 5000,17 m²) y L-124962-1993 (1 ha 5000 m²). Se les asignó el consecutivo de certificación N°148-2021 (plano catastrado L-124962-1993) y N°149-2021 (plano catastrado L-129002-1993). Dichas solicitudes se trasladan al Programa de Patrimonio Natural del Estado (PNE) para su análisis y respuesta al usuario. ? El día 07 de julio del 2021, se emitió la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNEC- 149-2021 correspondiente al plano catastrado L-129002-1993. En dicha certificación se le indica que la propiedad por localizarse en Zona Marítima Terrestre (ZMT) se localiza fuera de áreas de PNE al día de la emisión del documento, sin embargo, al estar en este momento en un proceso de actualización y delimitación del PNE en la ZMT del cantón de Talamanca, la propiedad en consulta de conformidad con los Artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal Nº7575, podrá ser incorporada al Patrimonio Natural del Estado (PNE) de forma automática, si durante el proceso se determina la presencia de ecosistemas de PNE, lo que implicará una modificación de los limites definidos actualmente por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). Por lo anterior, antes de otorgar autorizaciones o permisos en este inmueble se debe requerir un estudio de campo para tener certeza de las características del sitio.

 El día 15 de julio del 202, previa revisión de la información general de la propiedad en consulta se notifica vía correo electrónico el Oficio SINAC-ACLAC-DRFVSPNE- 121-2021 correspondiente a la solicitud de certificación N°148-2021 del plano catastrado L-124962-1993. En dicho oficio se le rechaza la solicitud, ya que según consulta realizada al Registro Nacional de la Propiedad el día 01 de julio del 2021, el plano catastrado L-124962-1993 corresponde a una propiedad inscrita con el Folio Real 7060570-000 a nombre de ODIO Y GÁMEZ S.A., Cédula Jurídica N°3- 101-204292. Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido en el punto 6.1.2 del Capítulo VI: Manual de Procedimientos para la resolución de visados y certificaciones de planos (Resolución R-SINAC-037-2009, La Gaceta 134, publicada el 13 de julio de 2009), la certificación solicitada se le rechaza, debido a que la solicitud indica que es para estudio legal de una propiedad inscrita.

En el oficio MLV-0024-2021 de fecha del 07 de abril del 2021, remitido a dependencias superiores del Área de Conservación, se indica que existe una presunta lotificación y/o segregación de una propiedad de la Señora Aurora Gámez ubicada en la calle de acceso al Hotel Almendros y Corales, Manzanillo, Distrito 03 Cahuita, Cantón 04 Talamanca. En ese mismo oficio se indica un enlace electrónico (https://bit.ly/31SFDv9) donde se presenta la siguiente información:

Ante lo presentado anteriormente y de acuerdo con lo indicado por el recurrente, es importante señalar que el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) no ha recibido ni emitido ningún visado de plano para segregación o lotificación en los años 2020 ni 2021 en el área indicada.

Cabe mencionar que de acuerdo con la ubicación dada en el recurso de amparo presentado y asignado el Expediente N°21-013061-007-CO, el sitio indicado (calle de acceso al Hotel Almendros y Corales, Manzanillo, Distrito 03 Cahuita, Cantón 04 Talamanca) en la actualidad se encuentra desafectado por la Ley 9223 (La Gaceta 69, publicada el 08 de abril del 2014), correspondientes a propiedades privadas. Por lo tanto y de acuerdo con lo externado por la Asesoría Legal ACLAC en el Oficio SINAC-ACLACAL- 300-2020, así como por la Resolución N°2019-012745 (Boletín Judicial N°28 del 12 de febrero del 2020) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas y diez minutos del diez de julio del 2019, los trámites solicitados por usuarios no pueden resueltos por esta oficina, hasta tanto se concluya el proceso indicado en el por tanto de dicha resolución.

Por lo anterior, para el caso tanto indicado en el recurso de amparo como en otras solicitudes que se presenten en el área desafectada por la Ley N°9223, no se emiten criterio final por parte de ACLAC hasta tanto se tenga una notificación formal de la continuación de las solicitudes de los usuarios.

Es importante indicar que, en el caso particular de la segregación o lotificación, se requiere de un visado de plano para segregación que debe cumplir por los trámites de las instituciones involucradas para este proceso. Para el caso del visado de plano colindantes o en Área Silvestre Protegida (ASP), solamente será recibido por el Área de Conservación si lo solicita el Registro Nacional al usuario mediante la aplicación del Artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional N°6545, del 13 de marzo de 1981 (Decreto Ejecutivo N°34331-J, La Gaceta 41, publicada el 27 de febrero del 2008).

Por lo que se recomienda un análisis complementario a nivel de topografía, para que pueda consultar en el Sistema SIRI si dichas propiedades fueron segregadas y ya catastradas, ya que ACLAC no tiene acceso a esta plataforma. Hay que reiterar que dichas segregaciones no han sido revisadas ni autorizadas por ésta AC.” Añade que el SINAC ha estado llevando a cabo todas las gestiones necesarias para la debida delimitación de las 188 hectáreas que deben volver al Refugio Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) en cumplimiento con lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución 2019-012746. Solicita se desestime el recurso planteado.

Por escritos de 21 y 22 de julio de 2021, la parte recurrente replica el informe rendido por la autoridad recurrida, reitera sus manifestaciones y aporta nueva documentación. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia de afectación a zonas protegidas que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Objeto del recurso. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que no se ha atendido su gestión de 08 de abril de 2021. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 08 de abril de 2021, el recurrente interpuso una denuncia ambiental en contra de la señora Aurora Gámez, por la presunta segregación y lotificación de unos terrenos de bosque ubicados en la zona 01 del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (folio 09 del expediente electrónico).
  • b)La resolución que dio curso al presente recurso se notificó a las autoridades recurridas el 13 de julio de 2021 (actas de notificación).
  • c)Mediante oficio SINACACLAC-DR-492-2021, de 16 de julio de 2021, se respondió la gestión del recurrente, lo cual le fue notificado el mismo día vía correo electrónico (folios 35 y 39 del expediente electrónico).

Sobre el caso concreto. En el presente asunto, se acusa la omisión de las autoridades en atender la gestión planteada el 08 de abril de 2021. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se tuvo por demostrado que fue hasta el 16 de julio de 2021 que se brindó una respuesta al recurrente. Si bien se verificó la situación de los terrenos objeto de la denuncia, las solicitudes de certificación de planos catastrados fueron trasladadas al Programa de Patrimonio Natural del Estado para su análisis, y en ninguno de los dos casos el ACLAC otorgó el visto bueno para la certificación de los planos; es decir, aún cuando la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones relacionadas con los hechos objeto de la denuncia, lo cierto es que transcurrieron más de tres meses desde que se interpuso la denuncia y hasta que se emitió la respuesta. En consecuencia, lo corresponde es declarar con lugar este recurso sin especial condenatoria en daños y perjuicios, conforme se establece en la parte dispositiva de esta sentencia.

En cuanto al alegato del recurrente respecto a la posibilidad de que se hayan realizado segregaciones y a la afirmación de los recurridos en el sentido que, de haberse realizado dichas particiones, sería sin el visado del SINAC -pues las solicitudes que se plantearon fueron denegadas-, se recuerda a los recurridos su deber de fiscalización y se les advierte que, si se llega a demostrar que las supuestas segregaciones que se acusan se dieron sin el visado correspondiente, deberán desplegar sus funciones y actuar en consecuencia dentro del ámbito de sus competencias.

Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría incidir en el Patrimonio Natural del Estado, toda vez que lo que plantea es una denuncia por la presunta segregación y lotificación de unos terrenos de bosque ubicados en la zona 01 del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran derechos fundamentales.

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO: Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.

En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.

En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.

Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.

En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.

Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.

VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López pone nota. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el último párrafo del considerando IV de esta sentencia. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ileana Sánchez N.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 52
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 51
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 50
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