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Res. 17816-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/08/2021
OutcomeResultado
The amparo action is denied as it is found that the respondent authorities have not been inactive and are processing the relevant cases.Se declara sin lugar el recurso de amparo al verificarse que las autoridades accionadas no incurrieron en inacción y están tramitando los procesos correspondientes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a resident of Patarrá, Desamparados, against various municipal, health, environmental, and judicial authorities. The petitioner complains of pollution from clandestine charcoal kilns and a dump operating illegally on a property, involving land-use change, tree felling, and damage to water-source and stream buffer zones within the Cerros La Carpintera Protected Zone. He claims the authorities have failed to take concrete action to stop these activities, despite complaints filed since 2013. The Chamber finds that each institution has acted within its powers: the Municipality filed criminal complaints, the Health Area issued sanitary orders, the Prosecutor's Office is investigating, and the Environmental Administrative Tribunal opened an ordinary proceeding. Therefore, it dismisses the amparo, while reminding the authorities to resolve the matter diligently. Justice Hernández López adds a note advocating for limiting the Chamber's intervention in environmental matters, reserving it for exceptional cases of direct risk to health, water, or total absence of state protection, though she finds that hearing this amparo was appropriate.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino de Patarrá, Desamparados, contra varias autoridades municipales, sanitarias, ambientales y judiciales. El recurrente denuncia la contaminación generada por carboneras y un botadero clandestino que operan ilegalmente en una finca, incluyendo cambio de uso del suelo, corta de árboles y afectación de zonas de protección de nacientes y quebradas dentro de la Zona Protectora Cerros La Carpintera. Alega que las autoridades han omitido tomar acciones concretas para detener estas actividades, pese a haber presentado denuncias desde 2013. La Sala verifica que las instituciones sí han actuado según sus competencias: la Municipalidad presentó denuncias penales, el Área Rectora de Salud emitió órdenes sanitarias, la Fiscalía investiga los hechos y el Tribunal Ambiental Administrativo abrió un proceso ordinario. Por ello, descarta la inacción y declara sin lugar el recurso, recordando a las autoridades el deber de resolver con diligencia la problemática. La Magistrada Hernández López añade una nota en la que aboga por limitar la intervención de la Sala en materia ambiental, reservándola para casos excepcionales de riesgo directo a la salud, agua o ausencia total de protección estatal, aunque en el caso concreto considera que sí procedía conocer el amparo.
Key excerptExtracto clave
In this case, it is proven that the respondent authorities have verified the existence and operation of clandestine charcoal kilns and a dump, and have accordingly taken various measures within their powers. Likewise, it is proven that they have attended to the petitioner's requests and kept him informed of the case. Thus, it is verified that proceedings are underway for this cause both before the Prosecutor's Office and the Environmental Administrative Tribunal, which are in progress. Even though the processing times are lengthy, it is found that they have always remained active and the corresponding steps have been taken according to each one's procedural stage. [...] The alleged inaction on the part of the respondent authorities is therefore ruled out, and the amparo must be dismissed.En el presente asunto se comprueba que las autoridades accionadas han constatado la existencia y funcionamiento de unas carboneras y de un botadero clandestinos, y que ante ello han tomado distintas medidas según el ámbito de sus competencias. En igual sentido, se comprueba que han atendido las gestiones del recurrente y lo han mantenido informado del caso. Así, se verifica que tanto ante la Fiscalía como ante el TAA se siguen procesos por dicha causa, los cuales se encuentran en trámite. Aun cuando los tiempos de tramitación de los mismos son largos, se constata que siempre se han mantenido activos y se han realizado las diligencias correspondientes según la etapa procesal de cada uno. [...] Se descarta entonces la acusada inacción de parte de las autoridades recurridas, y se impone declarar sin lugar el proceso de amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala les recuerda a las autoridades recurridas su responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada es de larga data, amenaza el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y requiere ser atendida."
"This Chamber reminds the respondent authorities of their responsibility to diligently manage proceedings within their powers, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the matter at hand, as it is undeniable that the reported problem is longstanding, threatens the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and requires attention."
Considerando IX
"Esta Sala les recuerda a las autoridades recurridas su responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada es de larga data, amenaza el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y requiere ser atendida."
Considerando IX
"Aun cuando los tiempos de tramitación de los mismos son largos, se constata que siempre se han mantenido activos y se han realizado las diligencias correspondientes según la etapa procesal de cada uno."
"Even though the processing times are lengthy, it is found that they have always remained active and the corresponding steps have been taken according to each one’s procedural stage."
Considerando IX
"Aun cuando los tiempos de tramitación de los mismos son largos, se constata que siempre se han mantenido activos y se han realizado las diligencias correspondientes según la etapa procesal de cada uno."
Considerando IX
"La decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad."
"The decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, of its proper protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity."
Nota de la Magistrada Hernández López
"La decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad."
Nota de la Magistrada Hernández López
"Esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."
"This Chamber must refrain from hearing claims brought before it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving their knowledge in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction."
Nota de la Magistrada Hernández López
"Esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."
Nota de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL Date of Resolution: August 13, 2021 at 09:20 Case File: 21-012595-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Resolution Text Res. No. 2021017816 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on August thirteenth, two thousand twenty-one.
Amparo appeal processed in case file number 21-012595-0007-CO, filed by JULIO ROJAS VARGAS, identity card 0110460399, against the MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, the COORDINATOR OF THE SUB-PROCESS FOR ENVIRONMENTAL CONTROL AND SURVEILLANCE OF THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, the DIRECTOR OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF DESAMPARADOS, the DEPUTY PROSECUTOR OF THE DESAMPARADOS PROSECUTOR'S OFFICE, the HEAD OF THE SUB-REGIONAL OFFICE OF THE CENTRAL CONSERVATION AREA OF MINAE IN CARTAGO, the PRESIDENT OF THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL.
Whereas:
In a brief received at the Secretariat of the Chamber at 22:20 hours on June 29, 2021, the petitioner files an amparo appeal against the president of the Environmental Administrative Tribunal, the deputy prosecutor of Desamparados, as well as the mayor and the director of the Environmental Control and Surveillance Area, both of the Municipality of Desamparados, the director of the Governing Health Area of Desamparados, and the head of the Sub-Regional Office of the Central Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy in Cartago, and states that he is a resident of Patarra, Desamparados. He comments that on the property in the San José district, registered under real estate folio number 85507000, duplicate A, of a pastureland with scrubland (terreno de potrero con tacotales) nature, in Patarrá de Desamparados, a series of events have occurred related to contamination produced by the existence of charcoal kilns (carboneras) and a dump (basurero) operating clandestinely, events that have already been reported but continue to occur. He notes that by official communication No. SINAC-ACC-OSC-896-2020 of September 25, 2020, SINAC indicated that the illegal cutting and extraction of trees was indeed taking place within the protection area. He points out that by official communication No. DT-AP- 188-2021 of May 3, 2021, the director of the Environmental Control and Surveillance Area of the Municipality of Desamparados stated: "regarding the matter, the corresponding complaints have been filed before the Environmental Administrative Tribunal and the Deputy Prosecutor's Office of Desamparados: • Complaint 17813-01 TAA filed with the Environmental Administrative Tribunal for tree cutting. Through reports and responses to resolutions, information on the other impacts was expanded and reported. • Through official communication DT-AP-33719, the Municipality filed a complaint with the Deputy Prosecutor's Office of Desamparados for the environmental impacts to the Cerros La Carpintera Protective Zone (Zona Protectora Cerros La Carpintera), spring (naciente) protection area, and stream protection area. Furthermore, the matter has been handled inter-institutionally with the participation of the Municipality, MINAE Cartago, and the Governing Health Area of Desamparados. Facts that the Prosecutor's Office was asked to investigate. The reported impacts, being located within the Cerros la Carpintera Protective Zone (CPCC), within 100 meters of the protection area of a spring already formalized by the Water Directorate of MINAE, as well as the protection area of a stream, are: • Land-use change (cambio de uso del suelo) from forest to agriculture in several sectors. • Construction and operation of charcoal kilns as well as the gathering of firewood for charcoal production. • Clandestine Dump (Botadero Clandestino) of all types of material (Sic) this additionally affected the protection area of a stream. Regarding the actions concerning your complaint, it is indicated that it was incorporated into the case file since the matter was already being worked on previously, as shown by the dates the complaints were filed with the tribunal and the prosecutor's office. Currently, as appropriate, information is updated or expanded to the legal instances, as they are responsible for resolving the matter. Regarding the license, clearly said activity does not have nor has ever had one. This being one of the reasons it has been reported" (bold text from the original). He argues that the respondent municipality is aware of said commercial activity and has not taken concrete actions to stop the events, as it has not closed the place nor placed the respective seals to stop it, nor has it taken relevant actions regarding the land-use change. He explains that the illegal extraction is destroying part of the protected zone in the Cerros de la Carpintera, and the improper use of the land exposes the surrounding aquifers, where the community of Quebrada Honda draws its water resources. He states that the illegal activity causes environmental pollution, generating respiratory issues such as allergies, sinusitis, rhinitis, asthma, headaches, and eye irritation for the community's residents, in addition to the problem of foul odors. He maintains that the reported activity continues without any restriction, requiring inter-institutional coordination so that the respondents take the corresponding administrative actions to resolve the stated problem. Therefore, he considers his fundamental rights and those of his neighbors to be violated. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences that this implies.
By resolution at 10:36 hours on July 2, 2021, the present appeal was admitted, which was notified to the respondents on July 2, 5, and 6, 2021.
Adriana Bejarano Alfaro reports under oath, in her capacity as president of the Environmental Administrative Tribunal (folio 40 of the electronic file), that on July 7, 2013, an environmental complaint was received for the alleged impact on the protection area of an apparent spring, tree cutting, and charcoal manufacturing within the protection area of a spring (file No. 178-13-01-TAA). She refers to the complaints, reports, and inspections carried out, and notes that through resolution No. 2108-19-TAA, at 08:15 hours on November 15, 2019, the opening of an ordinary administrative proceeding was ordered and a hearing was scheduled for 08:30 hours on May 5, 2022. Said resolution is in the process of being notified. She requests that the filed appeal be dismissed.
Antonio Orozco Barrantes reports under oath, in his capacity as head of the Cartago Subregion Office of the Central Conservation Area (folio 46 of the electronic file), and submits the case file.
Josué Díaz Ramírez reports under oath, in his capacity as Deputy Prosecutor of Desamparados (folio 193 of the electronic file), that on October 10, 2019, official communication DT-AP-337-19 was received, in which officials of the Municipality of Desamparados reported the possible existence of a land-use change from forest, construction and operation of charcoal kilns, as well as the existence of a clandestine dump; which generated case No. 20-001724-0276-PE, for the alleged crime of invasion of a protection area. A complete investigation was requested from the Miscellaneous Crimes Section of the Judicial Investigation Organization, and a police report is not yet available. He explains that the clandestine dump, the construction of a hut initially indicated as uninhabitable, the construction of a latrine without adequate sanitary measures, a chicken coop, and the illegal construction and operation of charcoal kilns, are activities that fall within the competencies of administrative entities (Governing Health Area and Municipality) responsible for granting permits and competent to order closure. Specifically, upon verification of an illegal activity that does not meet the minimum administrative requirements and environmental viability, it is up to the Ministry of Health to determine the existence of a criminal offense and the full identification of its perpetrators. He reports that on June 8, 2021, official communication DT-AP-186-2021 was received (which generated file No. 21-000943-0276-PE), and upon determining that these are the same reported facts, the case was accumulated to the mentioned case. He adds that on July 6, 2021, the imposition of precautionary measures (medidas cautelares) was requested before the Criminal Judge of Desamparados. He clarifies that, to date, there is no record in the file of any action or inquiry by the interested parties, or complainants, that has required a timely response with the aim of clarifying any doubt, from the prosecutorial entity, in order to assert the right to a response for the procedural parties. He requests that the filed appeal be dismissed.
Gilberth Jiménez Siles and Gerardo Víquez Esquivel report under oath, in their capacity as mayor and coordinator of the Sub-process for Environmental Control and Surveillance, both of the Municipality of Desamparados (folio 303 of the electronic file), and after detailing a chronology of the events, they state that the municipal corporation has had an active participation in addressing the described events, as the facts have been reported to SINAC, the Governing Health Area, and the Prosecutor's Office, providing permanent collaboration when required (submitting reports, conducting inspections, etc.), the complainant has been kept informed of the actions taken, and the administrative avenue was exhausted (with the filing of the complaints). Specifically, they report that on December 9, 2013, resolution 1160-13-TA from the TAA was received, requesting the Municipality to indicate the property number and the owners; that in February 2019, a joint inspection was organized between the TAA, the MINAE authorities of Cartago and San José, and the municipality, in which the land-use change to "cornfield" (milpa), the operation of the charcoal kilns, and the dismantled hut were observed. This was documented in official communication DT-AP-051-19, submitted to the TAA. On the other hand, on September 8, 2016, a complaint was filed by several citizens regarding the impacts of the clandestine dump, which was forwarded to MINAE and the Governing Health Area (ARS). In October 2016, a joint inspection was carried out in which a hut, the dump with three deposits, and two charcoal kilns that are not in operation were observed. It was investigated that no construction permit exists, it was confirmed that the dump is within the spring protection area, and the actions taken were reported to the ASADA of Quebrada Honda and the Water Directorate of MINAE, to formalize the spring. The Water Directorate determined that it is a spring, which therefore has a protection radius of one hundred meters. They note that in May 2018, a new complaint was filed by the ASADA, and in June of that year, a new joint inspection was carried out with MINAE and the ARS, observing the charcoal kiln activity, the construction of an inhabited hut, a latrine, and a chicken coop, all within the protection area of the spring and stream. The relevant information was forwarded to the competent authorities, including the TAA. In October 2019, a new complaint was received and, after again verifying the charcoal kiln activity without a permit, a complaint was filed with the Deputy Prosecutor's Office of Desamparados. Subsequently, new complaints have been filed, to which a response has been provided informing that the fact has already been reported judicially. They also refer to the correspondence maintained with other entities and the submission of all reports to the other involved authorities. They request that the filed appeal be dismissed.
Carolina Umaña Cisneros reports under oath, in her capacity as acting director of the Governing Health Area of Desamparados (folio 340 of the electronic file), that on May 23, 2016, a complaint was received for the dumping of debris and garbage on a property and contamination on the riverbank caused at Finca Los Picado, to which complaint number CS-ARS-D-DE-0333-2016 was assigned. She details the actions taken up to the issuance of sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020, of November 19, 2020, which ordered the immediate suspension of the generation, accumulation, packaging, and distribution of charcoal in all the charcoal kilns, as well as to carry out within 30 business days the complete cleaning of the accumulated waste from the charcoal kiln activity, dismantle the pits and structures located on the site, and dispose of said waste adequately and sanitarily to an operator authorized by the Ministry of Health. On May 29, 2021, an inspection visit was conducted and non-compliance with the issued sanitary order was detected, so on June 8, 2021, the corresponding criminal complaint was filed. All of this was duly notified to the complainant. She considers that they have not been remiss in the fulfillment of their duties and requests that the filed appeal be dismissed.
The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
Considering:
Regarding the cognizance of this case due to violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545, of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear admissible administrative appeals. Precisely, in the present matter, an exception is raised, as it involves an environmental complaint that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, the specific situation raised in this amparo is addressed.
Object of the appeal. The petitioner considers his fundamental rights violated, as he alleges that the problem reported long ago regarding clandestine charcoal kilns and a dump in Patarrá de Desamparados has not been addressed.
Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
On December 9, 2013, resolution 1160-13-TA from the TAA was received, requesting the Municipality to indicate the property number and the owners. In February 2019, a joint inspection was organized between the TAA, the MINAE authorities of Cartago and San José, and the municipality, in which the land-use change to "cornfield", the operation of the charcoal kilns, and the dismantled hut were observed, which was documented in official communication DT-AP-051-19, submitted to the TAA. On September 8, 2016, a complaint was filed by several citizens regarding the impacts of the clandestine dump, which was forwarded to MINAE and the Governing Health Area (ARS). In October 2016, a joint inspection was carried out in which a hut, the dump with three deposits, and two charcoal kilns that are not in operation were observed; it was investigated that no construction permit exists, it was confirmed that the dump is within the spring protection area, and the actions taken were reported to the ASADA of Quebrada Honda and the Water Directorate of MINAE, to formalize the spring. The Water Directorate determined that it is a spring, which therefore has a protection radius of one hundred meters. In May 2018, a new complaint was filed by the ASADA, and in June of that year, a new joint inspection was carried out with MINAE and the ARS, observing the charcoal kiln activity, the construction of an inhabited hut, a latrine, and a chicken coop, all within the protection area of the spring and stream; and the relevant information was forwarded to the competent authorities, including the TAA. In October 2019, a new complaint was received and, after again verifying the charcoal kiln activity without a permit, a complaint was filed with the Deputy Prosecutor's Office of Desamparados. Subsequently, new complaints have been filed, to which a response has been provided informing that the fact has already been reported judicially (report from the municipal authorities). Regarding the alleged grievances. The petitioner appeals for amparo and reports the inaction of the municipal and health authorities to resolve a contamination problem caused by clandestine charcoal kilns and a dump in Patarrá de Desamparados. He requests that the respondents be ordered to solve the reported problem and, in a coordinated manner, adopt the concrete and definitive actions that resolve the referred contamination problem. Specifically, he seeks an order for the municipality to close the facilities for lack of permits, for the Ministry of Health to issue a sanitary order and a precautionary measure of establishment closure, and for the TAA to order the execution of the necessary precautionary measures to preserve the affected environmental elements, stop the damage immediately, and continue with the necessary processes and complaints to establish administrative, civil, and criminal responsibilities. Likewise, he requests that the owners be forced to respect and comply with the orders and measures to cease the contamination.
Regarding the actions of the municipal authorities. In the present matter, it is confirmed that the municipal authorities have filed the criminal complaints processed in file No. 20-001724-0276-PE (and the accumulated file No. 21-000943-0276-PE), before the Prosecutor's Office of Desamparados, in which a complete investigation was requested from the Miscellaneous Crimes Section of the Judicial Investigation Organization, and the imposition of precautionary measures was requested before the Criminal Judge of Desamparados. In addition, they have provided active collaboration to the other institutions, have kept the complainant informed of the actions taken, and have filed the corresponding complaints before SINAC, the Governing Health Area, and—as indicated—the Prosecutor's Office.
Regarding the actions of the health authorities. From the list of proven facts, it is clear that, after issuing a sanitary order in November 2020, ordering the suspension of the charcoal kiln activity and the cleaning of accumulated waste, non-compliance with it was verified in May 2021. In response, the health authorities proceeded to file the corresponding criminal complaint.
Regarding the actions of the Prosecutor's Office. It is verified that the respondents have processed the complaints filed and that a complete investigation was requested from the Miscellaneous Crimes Section of the Judicial Investigation Organization, and the imposition of precautionary measures was requested before the Criminal Judge of Desamparados.
Regarding the actions of the TAA authorities. It is confirmed that, after receiving a complaint in 2013 and 2016, in November 2019, the opening of an ordinary administrative proceeding was ordered and a hearing was scheduled for May 2022, a resolution that is still in the process of being notified.
Clarification. Before analyzing the merits, it should be clarified that this Chamber does not have the jurisdiction to rule on the legality or illegality of the reported activities nor on the suitability or appropriateness of the intended measures, as these are matters of mere legality that should be resolved either before the respondent authority or the corresponding jurisdictional avenue. Regarding the protection provided through the amparo appeal, this is limited to verifying whether the respondent authorities have fulfilled or have been remiss in their duties and functions.
Regarding the specific case. In the present matter, it is confirmed that the respondent authorities have verified the existence and operation of clandestine charcoal kilns and a dump, and that in response, they have taken different measures according to the scope of their competencies. In the same vein, it is confirmed that they have addressed the petitioner's requests and kept him informed of the case. Thus, it is verified that processes are underway for this cause both before the Prosecutor's Office and before the TAA, which are in progress. Although the processing times for these are long, it is confirmed that they have always remained active and the corresponding proceedings have been carried out according to the procedural stage of each one. In any case, and regarding the actions of the Prosecutor's Office, it is noted that if the petitioner considers that the Public Ministry has not complied with the established deadlines for conducting the investigation, he must urge prompt dispatch before the delinquent official, and if he receives no response, he may file a complaint for delay of justice before the Attorney General. The alleged inaction on the part of the respondent authorities is therefore dismissed, and it is necessary to declare the amparo proceeding without merit.
However, and despite the dismissal of the appeal, this Chamber reminds the respondent authorities of their responsibility to ensure, within the framework of their competencies, the diligent management of the processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation that is the object of the appeal, as it is undeniable that the reported problem is long-standing, threatens the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and requires attention.
NOTE FROM JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that once motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of people to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was poorly or not regulated at all, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that citizens can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they themselves—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes poorly fits the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has produced a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that allow for adequate follow-up of the sentences—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.
5. From this perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the decline of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one can fully deploy its work within the assigned scope, as well as an exercise of setting its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist along with others, so that—among all, and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered.
With this position I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must refrain from hearing claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution in order to leave their hearing in the hands of the administrative justice system and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being able to be considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment and in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I also believe that amparo should not be "ordinariazed" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately addressed therein.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant could affect the State's Heritage and the public health of the community of Patarrá de Desamparados, since what they raise is a complaint for the alleged cutting of trees and manufacture of charcoal within a protection area. Likewise, they report the dumping of debris and garbage on a property that causes contamination on the riverbank. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate fundamental rights.
DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is declared without merit. The respondent authorities take note of what is indicated at the end of Considerando IX of this judgment. Judge Hernández López files a note.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021017816 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-012595-0007-CO, interpuesto por JULIO ROJAS VARGAS, cédula de identidad 0110460399, contra ALCALDE MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, COORDINADOR DEL SUB-PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, DIRECTOR DEL AREA RECTORA SALUD DESAMPARADOS, FISCAL ADJUNTO DE LA FISCALÍA DE DESAMPARADOS, JEFE DE LA OFICINA SUB REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL DEL MINAE EN CARTAGO, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 22:20 horas del 29 de junio de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, el fiscal adjunto de Desamparados, así como, el alcalde y el director del Área de Control y Vigilancia Ambiental, ambos de la Municipalidad de Desamparados, el director del Área Rectora de Salud Desamparados y el jefe de la Oficina Sub Regional del Área de Conservación Central del Ministerio de Ambiente y Energía en Cartago, y manifiesta que es vecino de Patarra, Desamparados. Comenta que en la finca partido de San José, matrícula folio real N° 85507000, duplicado A, de naturaleza terreno de potrero con tacotales, en Patarrá de Desamparados, se han presentado una serie de hechos relacionados con la contaminación producida por la existencia de carboneras y un basurero que operan de forma clandestina, hechos que ya fueron denunciados, pero siguen ocurriendo. Acota que por oficio N° SINAC-ACC-OSC-896-2020 de 25 de setiembre de 2020, el SINAC señaló que efectivamente se estaba realizando la corta y extracción ilegal de árboles dentro del área de protección. Señala que por oficio N° DT-AP- 188-2021de 3 de mayo de 2021, el director del Área de Control y Vigilancia Ambiental de la Municipalidad de Desamparados indicó: “sobre el tema, se han presentado ante el Tribunal Ambiental Administrativo y la Fiscalía Adjunta de Desamparados las denuncias correspondientes: • Denuncia 17813-01 TAA presentada al Tribunal Ambiental Administrativo por corta de árboles. Mediante los informes y respuestas de las resoluciones se fue ampliando e informando de las otras afectaciones. • Mediante oficio DT-AP-33719 la Municipalidad presentó a la Fiscalía Adjunta de Desamparados la denuncia por las afectaciones ambientales a la Zona Protectora Cerros La Carpintera, área de protección de naciente y área de protección de quebrada. Además sobre el tema se ha manejado de manera interinstitucional donde ha participado la Municipalidad, el MINAE Cartago y al Área Rectora de Salud Desamparados. Hechos que se pidió investigar a la Fiscalía. Las afectaciones reportadas al ubicarse dentro de la Zona Protectora Cerros la Carpintera (CPCC), dentro de los 100 metros del área de protección de una naciente ya oficializada por la Dirección de Aguas del MINAE así como el área de protección de una quebrada son: • Cambio de uso del suelo de bosque a agricultura en varios sectores. • Construcción y operación de carboneras así como la compilación de leña para la producción de carbón. • Botadero Clandestino de todo tipo de material (Sic) este además afectó adicionalmente el área de protección de una quebrada. En cuanto a las acciones respecto a su denuncia se indica que la misma fue incorporada al expediente del caso ya que el mismo se venía trabajando anteriormente, tal como se muestra en las fechas que se presentaron las denuncias al tribunal y la fiscalía. Actualmente según corresponda se actualiza o se amplía la información a las instancias legales, ya que son las encargadas de resolver. Respecto a la patente claramente dicha actividad no cuenta o ha contado con una. Siendo una de las razones por la cual ha sido denunciada” (la negrita es del original). Arguye que la municipalidad recurrida tiene conocimiento de dicha actividad comercial y no ha realizado acciones concretas que detengan los hechos, pues no ha clausurado el lugar y ni colocado los sellos respectivos para detenerla, tampoco ha realizado acciones atinentes al cambio del uso de suelo. Expone que la extracción ilegal está destruyendo parte de la zona protegida en los Cerros de la Carpintera, y el mal uso del suelo expone los mantos acuíferos aledaños, donde la comunidad de Quebrada Honda toma el recurso hídrico. Refiere que la actividad ilegal provoca contaminación ambiental, lo que genera afectaciones respiratorias como alergias, sinusitis, rinitis, asma, dolores de cabeza e irritación de ojos a los vecinos de la comunidad, además del problema de los malos olores. Sostiene que la actividad denunciada continúa desarrollándose sin ninguna restricción, por lo que requiere una coordinación interinstitucional para que los recurridos realicen las acciones administrativas correspondientes para solucionar la problemática expuesta. Por lo anterior, considera lesionados sus derechos fundamentales y los de sus vecinos. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que eso implique. Mediante resolución de las 10:36 horas del 02 de julio de 2021 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fechas 02, 05 y 06 de julio de 2021. Informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo (folio 40 del expediente electrónico), que el 07 de julio de 2013 se recibió una denuncia ambiental por la supuesta afectación al área de protección de una aparente naciente, corta de árboles y fabricación de carbón dentro del área de protección de una naciente (expediente Nº 178-13-01-TAA). Refiere las denuncias, informes e inspecciones realizadas, y señala que mediante resolución Nº 2108-19-TAA, de las 08:15 horas del 15 de noviembre de 2019, se dispuso la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló audiencia para las 08:30 horas del 05 de mayo de 2022. Dicha resolución se encuentra en proceso de notificación. Solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Antonio Orozco Barrantes, en su condición de jefe de la Oficina Subregión Cartago del Área de Conservación Central (folio 46 del expediente electrónico), y remite el expediente del caso. Informa bajo juramento Josué Díaz Ramírez, en su condición de fiscal Auxiliar de Desamparados (folio 193 del expediente electrónico), que el 10 de octubre de 2019 se recibió el oficio DT-AP-337-19, en el cual funcionarios de la Municipalidad de Desamparados denunciaban la posible existencia de un cambio en el uso de suelos de bosque, construcción y operación de carboneras, así como la existencia de un botadero clandestino; lo que generó la causa Nº 20-001724-0276-PE, por el presunto delito de invasión a un área de protección. Se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, y aun no se cuenta con un informe policial. Explica que el botadero clandestino, la construcción de un rancho que inicialmente se indica inhabitable, la construcción de una letrina sin medidas sanitarias adecuadas, al gallinero y a la construcción y explotación ilícita de carboneras, son actividades que se encuadran dentro de las competencias de entidades administrativas (Área Rectora de Salud y Municipalidad) encargadas de otorgar permisos y competentes para ordenar la clausura. Concretamente, ante la constatación de una actividad ilegal que no cumple los requerimientos administrativos mínimos y de viabilidad ambiental, corresponde al Ministerio de Salud determinar la existencia de un delito penal y la identificación plena de sus autores. Refiere que el 08 de junio de 2021 se recibió el oficio DT-AP-186-2021 (que generó el expediente Nº 21-000943-0276-PE), y al determinarse que se trata de los mismos hechos denunciados, se acumuló el caso a la causa señalada. Añade que el 06 de julio de 2021, se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares. Aclara que, al día de hoy no consta en el expediente, gestión o consulta alguna por las partes interesadas, o bien denunciantes, que haya requerido una respuesta oportuna con el objetivo de aclarar alguna duda, por parte del ente ministerial, a fin de hacer valer el derecho a respuesta de las partes procesales. Solicita se desestime el recurso planteado. Informan bajo juramento Gilberth Jiménez Siles y Gerardo Víquez Esquivel, en su condición de alcalde y coordinador del Subproceso de Control y Vigilancia Ambiental, ambos de la Municipalidad de Desamparados (folio 303 del expediente electrónico), y tras referir una cronología detallada de los hechos, refieren que la corporación municipal ha tenido una participación activa en la atención de los hechos descritos, pues se han denunciado los hechos ante el SINAC, el Área Rectora de Salud y la Fiscalía, prestando una colaboración permanente cuando así se ha requerido (rindiendo informes, realizando inspecciones, etc.), se ha mantenido informado al denunciante de lo actuado y se agotó la vía administrativa (con la presentación de las denuncias). Concretamente refiere que, el 09 de diciembre de 2013 ingresó la resolución 1160-13-TA, del TAA, en que se solicitaba a la Municipalidad indicar el número de finca y los propietarios; que en febrero de 2019 se organizó una inspección conjunta entre el TAA, las autoridades del MINAE de Cartago y San José y la municipalidad, en la cual se apreció el cambio de uso de suelo a “milpa”, el funcionamiento de las carboneras y el rancho desmantelado. Ello fue documentado en el oficio DT-AP-051-19, presentado al TAA. Por otra parte, el 08 de setiembre de 2016 ingresó una denuncia de varios ciudadanos por las afectaciones del botadero clandestino, lo cual fue trasladado al MINAE y al Área Rectora de Salud (ARS). En octubre de 2016 se realizó una inspección conjunta en que se apreció un rancho, el botadero con tres depósitos, y dos carboneras que nos están en funcionamiento. Se investigó que no existe ningún permiso de construcción, se corroboró que el botadero está dentro del área de protección de la naciente y se informó lo actuado a la ASADA de Quebrada Honda y a la Dirección de Aguas del MINAE, para oficializar la naciente. La Dirección de Aguas determinó que se trata de un nacimiento, que por ende cuenta con un radio de protección de cien metros. Acotan que en mayo de 2018 ingresó una nueva denuncia por parte de la ASADA, y en junio de ese año se realizó nueva inspección conjunta con el MINAE y el ARS, apreciando la actividad de carbonera, la construcción de un rancho habitado, una letrina y un gallinero, todo dentro del área de protección de la naciente y quebrada. Se trasladó lo correspondiente a las autoridades competentes, incluido el TAA. En octubre de 2019 se recibió nueva denuncia y, tras constatar nuevamente la actividad carbonera sin permiso, se presentó denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Desamparados. Posterior a ello han ingresado nuevas denuncias, ante lo cual se ha respondido informando que el hecho ya está denunciado en vía judicial. Además hacen referencia a la correspondencia mantenida con otras entidades y del traslado de todos los informes a las demás autoridades involucradas. Solicitan se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Carolina Umaña Cisneros, en su condición de directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados (folio 340 del expediente electrónico), que el 23 de mayo de 2016 se recibió en una denuncia por ingreso de escombro y basura en una propiedad y contaminación en el margen del río causado en la Finca Los Picado, a la cual se asignó el consecutivo de denuncia CS-ARS-D-DE-0333-2016. Refiere las actuaciones realizadas hasta la emisión de la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0274-2020, de 19 de noviembre del 2020, en que se ordenó suspender de forma inmediata la generación, acumulación, empaque y distribución de carbón en la totalidad de las carboneras, así como realizar en un plazo de 30 días hábiles la limpieza total de los residuos acumulados producto de la actividad de carbonera, desmantelar las fosas y estructuras que se encuentran en el sitio y disponer dichos residuos de forma adecuada y sanitaria a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. El 29 de mayo de 2021 se realizó visita de inspección y se detectó incumplimiento a la orden sanitaria emitida, por lo que el 08 de junio de 2021 se presentó la correspondiente denuncia penal. Todo ello fue debidamente notificado al denunciante. Considera que no han sido omisos en el cumplimiento de sus funciones y solicita se desestime el recurso planteado. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia ambiental que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, pues acusa que no se ha atendido la problemática denunciada desde hace tiempo de unas carboneras y un botadero clandestinos en Patarrá de Desamparados. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
El 09 de diciembre de 2013 ingresó la resolución 1160-13-TA, del TAA, en que se solicitaba a la Municipalidad indicar el número de finca y los propietarios. En febrero de 2019 se organizó una inspección conjunta entre el TAA, las autoridades del MINAE de Cartago y San José y la municipalidad, en la cual se apreció el cambio de uso de suelo a “milpa”, el funcionamiento de las carboneras y el rancho desmantelado, lo que fue documentado en el oficio DT-AP-051-19, presentado al TAA. El 08 de setiembre de 2016 ingresó una denuncia de varios ciudadanos por las afectaciones del botadero clandestino, lo cual fue trasladado al MINAE y al Área Rectora de Salud (ARS). En octubre de 2016 se realizó una inspección conjunta en que se apreció un rancho, el botadero con tres depósitos, y dos carboneras que nos están en funcionamiento; se investigó que no existe ningún permiso de construcción, se corroboró que el botadero está dentro del área de protección de la naciente y se informó lo actuado a la ASADA de Quebrada Honda y a la Dirección de Aguas del MINAE, para oficializar la naciente. La Dirección de Aguas determinó que se trata de un nacimiento, que por ende cuenta con un radio de protección de cien metros. En mayo de 2018 ingresó una nueva denuncia por parte de la ASADA, y en junio de ese año se realizó nueva inspección conjunta con el MINAE y el ARS, apreciando la actividad de carbonera, la construcción de un rancho habitado, una letrina y un gallinero, todo dentro del área de protección de la naciente y quebrada; y se trasladó lo correspondiente a las autoridades competentes, incluido el TAA. En octubre de 2019 se recibió nueva denuncia y, tras constatar nuevamente la actividad carbonera sin permiso, se presentó denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Desamparados. Posterior a ello han ingresado nuevas denuncias, ante lo cual se ha respondido informando que el hecho ya está denunciado en vía judicial (informe de las autoridades municipales). Sobre los agravios acusados. El recurrente acude en amparo y denuncia la inacción de las autoridades municipales y sanitarias para resolver un problema de contaminación ocasionado por unas carboneras y un botadero clandestinos en Patarrá de Desamparados. Solicita que se ordene a los recurridos solucionar la problemática denunciada y, de forma coordinada, adoptar las acciones concretas y definitivas que resuelvan el problema de contaminación referido. Concretamente, pretende que se ordene a la municipalidad que clausure las instalaciones por falta de permisos, al Ministerio de Salud que gire una orden sanitaria y medida cautelar de cierre de establecimiento, y al TAA que ordene ejecutar las medidas cautelares necesarias para preservar los elementos ambientales afectado, detener el daño de inmediato y continuar con los procesos y denuncias necesarias para establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Asimismo, solicita que los propietarios sean obligados a respetar y cumplir las órdenes y medidas para hacer cesar la contaminación. Sobre las actuaciones de las autoridades municipales. En el presente asunto se corrobora que las autoridades municipales han interpuesto las denuncias penales que se tramitan en el expediente Nº 20-001724-0276-PE (y el acumulado expediente Nº 21-000943-0276-PE), ante la Fiscalía de Desamparados, en el cual se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares. Aunado a ello, han prestado una colaboración activa a las demás instituciones, ha mantenido informado al denunciante de lo actuado y ha interpuesto las denuncias correspondientes ante el SINAC, el Área Rectora de Salud y -como se indicó- la Fiscalía. Sobre las actuaciones de las autoridades sanitarias. Del elenco de hechos probados se desprende que, tras emitir una orden sanitaria en noviembre de 2020, ordenando suspender la actividad carbonera y limpiar los residuos acumulados, se verificó en mayo de 2021 el incumplimiento de la misma. Ante ello, las autoridades sanitarias procedieron a presentar la correspondiente denuncia penal. Sobre las actuaciones de la Fiscalía. Se verifica que los recurridos han tramitado las denuncias interpuestas y que se solicitó una investigación completa a la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y se gestionó ante el Juez Penal de Desamparados la imposición de medidas cautelares. Sobre las actuaciones de las autoridades del TAA. Se comprueba que, tras recibir una denuncia en 2013 y 2016, en noviembre de 2019 se dictó la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló audiencia para mayo de 2022, resolución que aún se encuentra en proceso de notificación. Aclaración. Previo a analizar el fondo, conviene aclarar que esta Sala no tiene la competencia para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de las actividades denunciadas ni sobre la idoneidad o procedencia de las medidas pretendidas, por tratarse de aspectos de mera legalidad, que corresponden ventilarse ya sea ante la autoridad recurrida o la vía jurisdiccional correspondiente. En lo que respecta a la tutela que se brinda en la vía del recurso de amparo, esta se limita a verificar si las autoridades accionadas han cumplido o han sido omisas con sus deberes y funciones. Sobre el caso concreto. En el presente asunto se comprueba que las autoridades accionadas han constatado la existencia y funcionamiento de unas carboneras y de un botadero clandestinos, y que ante ello han tomado distintas medidas según el ámbito de sus competencias. En igual sentido, se comprueba que han atendido las gestiones del recurrente y lo han mantenido informado del caso. Así, se verifica que tanto ante la Fiscalía como ante el TAA se siguen procesos por dicha causa, los cuales se encuentran en trámite. Aun cuando los tiempos de tramitación de los mismos son largos, se constata que siempre se han mantenido activos y se han realizado las diligencias correspondientes según la etapa procesal de cada uno. En todo caso y en cuanto a las actuaciones de la Fiscalía, se advierte que, si el recurrente considera que el Ministerio Público no ha cumplido con los plazos establecidos para realizar la investigación, debe urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no obtiene respuesta puede interponer queja por retardo de justicia ante el Fiscal General. Se descarta entonces la acusada inacción de parte de las autoridades recurridas, y se impone declarar sin lugar el proceso de amparo.
Sin embargo, y a pesar de la desestimatoria del recurso, esta Sala les recuerda a las autoridades recurridas su responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada es de larga data, amenaza el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y requiere ser atendida.
NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría incidir en el Patrimonio del Estado y la salud pública de la comunidad de Patarrá de Desamparados, toda vez que lo que plantea es una denuncia por la presunta corta de árboles y fabricación de carbón dentro de un área de protección. Asimismo, denuncia el ingreso de escombro y basura en una propiedad que provoca contaminación en el margen del río. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran derechos fundamentales.
DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado al final del considerando IX de esta sentencia. La Magistrada Hernández López pone nota.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
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