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Res. 17810-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/08/2021
OutcomeResultado
The amparo is partially granted: the Ministry of Health is ordered to formally notify the complainant of the decision on her noise complaint; the appeal is dismissed with respect to the Municipality of San José and the other respondent authorities.Se declara parcialmente con lugar el amparo: se ordena al Ministerio de Salud notificar formalmente a la denunciante la resolución de su denuncia por ruido, y se declara sin lugar respecto a la Municipalidad de San José y demás autoridades recurridas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by residents of Lomas del Río in Pavas, who claim that the Ministry of Health and the Municipality of San José failed to properly address their complaints about noise, parties, and threats from neighbors. The Pavas Health Area conducted an inspection but did not issue or notify a formal decision on the complaint, only an internal report recommending closure because the noise had stopped. The Municipality did carry out verification patrols and produced a report, but could not notify the complainant because no notification address was provided. The Chamber partially grants the amparo: it orders the Ministry of Health to formally notify the complainant of the decision on her complaint, as the omission violates the right to petition and access to administrative justice. With regard to the Municipality, the appeal is dismissed because the Municipality did respond to the complaint within its capacities without violating fundamental rights. The Chamber also rejects claims against the Contraventional Court of Pavas and the National Children's Trust due to lack of evidence, the jurisdictional nature of the acts, or absence of a filed complaint. Separate notes on the Chamber's jurisdiction in environmental matters and a dissenting vote on judicial delay are included.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Lomas del Río de Pavas, quienes denuncian que el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José no atendieron adecuadamente sus quejas por ruidos, fiestas y amenazas de unos vecinos. El Área Rectora de Salud de Pavas realizó una inspección pero no emitió ni notificó una resolución formal sobre la denuncia, limitándose a un informe interno que recomendaba archivar el caso por cese de los ruidos. La Municipalidad sí realizó recorridos de verificación y emitió un informe, pero no pudo notificarlo al denunciante porque no se señaló medio de notificación. La Sala declara parcialmente con lugar el amparo: ordena al Ministerio de Salud notificar formalmente a la denunciante la resolución de su denuncia, pues la omisión vulnera el derecho de petición y acceso a la justicia administrativa. En cuanto a la Municipalidad, declara sin lugar el recurso al constatar que sí atendió la denuncia dentro de sus posibilidades, sin afectar derechos fundamentales. También desestima los reproches contra el Juzgado Contravencional de Pavas y el Patronato Nacional de la Infancia por falta de prueba y por tratarse de materia jurisdiccional no revisable en esta vía o por inexistencia de denuncia. Se incluyen notas separadas sobre la competencia de la Sala en asuntos ambientales y un voto salvado respecto al retardo judicial.
Key excerptExtracto clave
From the study of the case file, it is established that, in response to the complaint filed on December 17, 2020 by Mrs. Yorleny Marín Mora, alleging noise problems, parties, and illegal sale of liquor and drugs caused by the inhabitants of Lomas del Río, Metrópoli 1, Avenida 55 B, House 192, the respondent authority carried out an on-site visit on January 7, 2021. According to the inspection record, the complainant stated that 'the situation has remained calm, without noise,' and expressed her agreement that the case be closed. Thus, through technical report CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC of January 13, 2021, the inspector recommended to the Pavas Health Area management to proceed with the closure and archiving of the case. Consequently, this Chamber finds that the respondent authority took steps to address the complaint; however, there is no evidence that a formal decision was subsequently issued — with the corresponding factual and legal reasoning — to resolve the matter, nor that the complainant was notified of the content of technical report CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC of January 13, 2021. Accordingly, the appeal must be partially granted in order to order the corresponding notification. Regarding the Municipality of San José, from the study of the file, no violation of the fundamental rights of the appellants by this authority is found, as it has been shown that the municipal police carried out a series of interventions and patrols in the reported area; however, the situation described by the neighbors in the complaint filed on December 2, 2020 could not be detected. Thus, through official communication DSCPM-098-2021 of January 25, 2021, the Head of Operations of the Security Directorate of the Municipality of San José reported on the actions taken by the municipality in response to the complaint; however, it could not be notified to the complainant because no means of notification was provided, despite the warning issued by the respondent authority.Del estudio de los autos, logra acreditarse que, ante la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2020 por la señora Yorleny Marín Mora, alegando problemas de ruido, fiestas y expendio ilegal de licores y drogas, generado por los habitantes de Lomas del Río, Metrópolis 1, Avenida 55 B, Casa 192, la autoridad recurrida realizó una visita in situ el día 7 de enero de 2021, en la que, según consta en el acta de inspección, la denunciante afirmó que “se ha mantenido calmado, sin ruidos”, y manifestó su anuencia a que el caso fuera archivado. Así las cosas, mediante informe técnico CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC de 13 de enero de 2021, la inspectora recomendó a la dirección del Área Rectora de Salud de Pavas proceder al cierre y archivo del caso. En consecuencia, esta Sala logra demostrar que la autoridad recurrida realizó las gestiones tendientes a atender la denuncia presentada; sin embargo, lo cierto es que no consta que, posteriormente, se haya emitido una resolución a través de la cual, formalmente -con la respectiva exposición de los argumentos de hecho y de derecho-, se haya atendido la gestión en cuestión, ni consta que a la denunciante se le haya notificado el contenido del informe técnico CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC de 13 de enero de 2021. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con la finalidad de ordenar la notificación correspondiente. En cuanto a la Municipalidad de San José, del estudio de los autos, se descarta la violación a los derechos fundamentales de los tutelados por parte de esta autoridad, al acreditarse que la policía municipal ha realizado una serie de intervenciones y recorridos en la localidad denunciada; sin embargo, no se ha logrado percibir la situación expuesta por los vecinos en la denuncia presentada el 2 de diciembre de 2020. Así las cosas, mediante oficio DSCPM-098-2021 del 25 de enero de 2021, el Jefe de Operaciones de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de San José, informó de las acciones realizadas por el municipio en atención a la queja presentada; no obstante, ésta no pudo ser notificada al denunciante, pues no se aportó un medio para recibir notificaciones, a pesar de la prevención realizada por la autoridad recurrida.
Pull quotesCitas destacadas
"No consta que, posteriormente, se haya emitido una resolución a través de la cual, formalmente -con la respectiva exposición de los argumentos de hecho y de derecho-, se haya atendido la gestión en cuestión, ni consta que a la denunciante se le haya notificado el contenido del informe técnico."
"There is no evidence that a formal decision was subsequently issued — with the corresponding factual and legal reasoning — to resolve the matter, nor that the complainant was notified of the content of the technical report."
Considerando V
"No consta que, posteriormente, se haya emitido una resolución a través de la cual, formalmente -con la respectiva exposición de los argumentos de hecho y de derecho-, se haya atendido la gestión en cuestión, ni consta que a la denunciante se le haya notificado el contenido del informe técnico."
Considerando V
"Se descarta la violación a los derechos fundamentales de los tutelados por parte de esta autoridad, al acreditarse que la policía municipal ha realizado una serie de intervenciones y recorridos en la localidad denunciada."
"No violation of the fundamental rights of the appellants by this authority is found, as it has been shown that the municipal police carried out a series of interventions and patrols in the reported area."
Considerando VI
"Se descarta la violación a los derechos fundamentales de los tutelados por parte de esta autoridad, al acreditarse que la policía municipal ha realizado una serie de intervenciones y recorridos en la localidad denunciada."
Considerando VI
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión de la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas de notificar a la denunciante las gestiones realizadas."
"The appeal is partially granted, solely due to the failure of the Pavas Health Area management to notify the complainant of the actions taken."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión de la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas de notificar a la denunciante las gestiones realizadas."
Por tanto
Full documentDocumento completo
**Sala Constitucional** **Resolution No. 17810 - 2021** **Resolution Date:** August 13, 2021 at 09:20 **Case File:** 21-012155-0007-CO **Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado **Type of Matter:** Amparo Action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Text of the Resolution** ********** Res. No. 2021017810 **SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty minutes on the thirteenth of August of two thousand twenty-one.
Amparo action processed in case file number 21-012155-0007-CO, filed by AARON ELÍAS GARCÍA MORALES, identity card 0115300065 and OTHERS, against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.
**Whereas:** **1.-** By brief filed before the Secretariat of this Chamber at 11:47 hours on June 24, 2021, the petitioners file an amparo action against the Ministry of Health and the Municipality of San José, and state in summary that they are residents of Lomas del Río in Pavas and have had problems with several neighbors in the area, named Maureen Mora Bonilla, Pablo Mendoza Cortés, and Allan Mendoza Bonilla. They indicate that the disagreements began with scandals, noises, parties, and fights occurring at the home of those persons, which happens most days of the week and begins at 21:00 hours, to end around 06:00 hours. In addition to this, they comment that these individuals have uttered offenses against them, and even threats, since, when they have had to call the Public Police Force to intervene, they become angry. They add that for this reason, complaints have been filed before the Contraventional Court, the Ministry of Health - see evidence provided to the case file -, the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), and the Municipality of San José - see complaint filed on December 2, 2020 -. Despite the foregoing, that family continues to act as if nothing happened, disturbing the elderly adults and children who live near their home. They consider that due to the foregoing, their fundamental rights are being harmed. They request that the action be granted.
**2.-** By resolution at 13:17 hours on June 25, 2021, this amparo action was processed and a report was requested from the Mayor of San José and the Minister of Health.
**3.-** Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, reports under oath, and states in summary that the legal report is submitted based on Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-280-2021 of June 29, 2021, signed by William Barrantes Barrantes, Director of the Governing Health Area of Pavas, and Jazmine López Cordero, in relevant functions of Health Regulation in the Governing Health Area of Pavas, wherein, in synthesis, the following is stated: "(…) On December 17, 2020, a complaint is received before the Governing Health Area of Pavas filed by Mrs. Yorleny Marín Mora, identity card 109930621 due to a noise problem generated by neighbors specifically by Mrs. Maureen Saray Mora Bonilla as per location Lomas del Río, Metrópolis 1, Avenida 55 B, House 192, adjacent to Municipality of San José warehouses, that same day an official letter addressed to the Municipality of San José is received where several neighbors file their annoyance due to parties late at night and drugs at this address. On January 7, 2021, I proceed to carry out an inspection according to the address provided, whereupon at 11:26 a.m. I am attended to by Yorleny Marín Mora, who explains according to inspection report No. CS-ARS-P-JLC-004-2021 that the noise problems caused by the complainant have remained calm and without noise. This same day she indicates that she is in agreement to proceed with the closure and archiving of case D-02-2021 since the situation has not occurred again. On January 13, 2021, the Technical Inspection Report No. CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC is drafted wherein the actions taken by the Governing Health Area of Pavas are indicated, and the closure and archiving of case D-02-2021 was proceeded with. In accordance with what is set forth herein, the Ministry of Health through the Governing Health Area of Pavas considers as a proven fact, under Health Inspection Report No. CS-ARS-PJLP-004-2021, that there is no factual or technical basis that obligates issuing a Health Order, specifically, since the veracity or accuracy of sonic measurements are not performed as there is no sound propagation, the existing evidentiary assessment by Jazmine López Cordero thus being conducive to the non-existence at the site of other types of scandals, noises, parties, and fights mentioned by the petitioners herein, her performance thus being adjusted within the framework of the principle of legality. Likewise, as can be seen in the report rendered here, it becomes evident that the described facts were not found at the site. Therefore, I consider that no right has been violated against those protected herein, quite the contrary, it is demonstrated that the Ministry of Health through the Governing Health Area of Pavas acted in protection of the persons who, in one way or another, resorted through the filed complaint to assert their right to Health as a consecrated Constitutional right." He indicates that, should these types of events occur late at night or early morning, the Executive Branch issued Executive Decrees 42221-S and 42227-S, which provide that the Ministry of Health may proceed in response to said emergency, and grants the police forces of the country the power to proceed at the instance of the Ministry of Health when the action is required at times or in areas where officials of that Ministry are not present. He points out that, as established by current regulations, the exercise of the pertinent functions of the Ministry of Health through its officials must be under observation of facts in their presence and not acts or circumstances lacking evidentiary currency. He requests that the action be declared without merit.
**4.-** Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, reports under oath, and states in summary that the responsible departments rendered a report and it is in this way that it is verified that the area of the Directorate of Citizen Security and Municipal Police of San José reported regarding the complaints filed and it was possible to verify what is detailed. Firstly, Hernán Rojas Esquivel, in his capacity as Municipal Police Supervisor, indicated what is detailed: "Regarding the query made by Lic. Mario Leitón Delgado, legal advisor, to the undersigned, about complaints attended to from December 2, 2020, to date, specifically in the Lomas sector in the district of Pavas. Once the Municipal Police logs were reviewed. In said electronic or digital access documents, no records are reflected regarding complaints related to 'scandals, noises, parties, and fights,' among others. Hoping to have informed you in the best way…" Through official letter OFI-992-2021, Vladimir Sancho Mora in his capacity as Supervisor of the Plans and Operations Office indicated: "that given the situations regarding the national emergency due to Covid 19 we have reinforced our patrols in the central core of San José, without failing to attend to the peripheral districts, thus jointly with the Ministry of Public Security we carry out attentions in a planned manner or when expedited collaboration is required, such is the case of the district of Pavas which is extremely extensive…" Through official letter DSCPM-993-2021, Isidro Calvo Rodríguez in his capacity as Acting Director of the Directorate of Citizen Security indicated: "FIRST: That, according to reviews carried out in our archives of the Institutional Monitoring Center, there is no record of telephone requests for any intervention in the sector. SECOND: That a document sent by the Services Platform was indeed received in the operations office. THIRD: That said document did not contain any means to receive notifications; however, despite this, in order to ensure the safety of our canton and the preservation of public order, due attention was provided and repeated visits were made to the place, in which the facts set forth could not be witnessed. It is important to note that the actions taken in response to the complaint filed were not notified to the complaining party, since no means of notification was indicated therein; and that in turn, at the time of receiving the complaint document, Mr. Guillermo Sánchez Barrantes was warned that if no means to receive notifications was indicated, as established by numeral 34 of the Notifications Law, future resolutions issued would be deemed notified 24 hours after being issued, as shown below, on the complaint receipt form. FOURTH: In the brief filing this amparo action, I inform you that our interventions due to the National Emergency and due to the lack of operational resources during nighttime hours, seeks to provide the maximum possible coverage to the entire canton, prioritizing those districts with the highest concentration of people and greatest presence of crime such as the districts: Merced, Catedral, El Carmen, and Hospital. This without neglecting the remaining districts, but rather their security is reinforced through operations, preventive programs, patrols, and video surveillance. SIXTH: That as for the district of Pavas, different patrols are carried out in coordination with the Public Police Force, since, although it is true, the Municipal Police does not have the possibility of providing a permanent police presence in each of the communities, it reinforces its activities with constant coordination with other police forces, as well as with preventive programs and community organization. SEVENTH: That this Directorate, from the moment of the complaint, has carried out multiple interventions in the Rincón Grande sector of Pavas (where Metrópolis 1 is located), which can be verified in the digital logs of our monitoring center, numbers: 57237, 58253, 59107, 59458, 52739, 53288, 53477, 53469, as well as having carried out different police operations that are recorded in the POE (Special Operational Plan) numbers: 325, 313, 304, 303, 299; as well as security collaborations in vaccination processes in the sector. EIGHTH: That, specifically in the locality of Metrópoli 1, it is recorded in our archives that the following interventions have recently been carried out":
A Complaint Follow-Up Description is attached, with patrols carried out by officers on several occasions. From the study of the process followed, in the case in question, the fact is clear that the actions of this Municipality of San José, in our opinion, have been adjusted to Law and in accordance with its conferred powers. For all the foregoing, he considers that in this complaint, the corresponding procedure was given, attending in the same manner to the constant complaints filed with this Municipality, and in summary: 1. That it was indeed received on the Services Platform through transaction receipt No. 532880 (attached), which was delivered on the Services Platform of this Municipality by Mr. Guillermo Sánchez Barrantes, that the gentleman also did not offer the platform staff any information about a means to receive notifications, nor a telephone number, nor an address to contact him. 2. The municipality received the note which was sent to the Directorate of Citizen Security, but the note is not signed by a specific person, the note of the complaint received does not show an identification of the complainant, although it is true that an identity card appears on the transfer form from the services platform, this belongs to the person presenting the document, the complaint itself does not bear a signature or identification of who or whom subscribes it. 3. Furthermore, the complaint was processed and several visits were coordinated, for which the corresponding report is left, in which intervention is made and the respective procedure is given, as in other cases. 4. According to what was indicated, when the complaint is anonymous and in turn, no reliable evidence of the facts is provided (as occurs in this case), there would be the possibility of being able to archive it, so in this case it would be an element to consider in order to justify both the archiving of the complaint. 5. On the other hand, by not indicating a means to designate notifications, automatic notification would operate according to numeral 11 of the Notifications Law. Therefore, it is not true that it was not processed or responded to, the process was carried out and the respective interventions were made, acting according to the competencies of this Municipality, and it is reiterated that no response was provided since no means for attending to notifications existed within the respective note. Indeed, public security is a general need, since all people feel 'their need' to protect physical integrity, their property, and their rights; in other words, public security can only be understood from the point of view of the protection of each and every member of the population, in our legal regime, it is conceived as a public service of the highest rank, since as has been seen in several rulings of this same Chamber, the Political Constitution itself is responsible for giving it special treatment and its immediate objective is to achieve the broadest possible development of the rights and freedoms of individuals, in a climate of harmonious coexistence and public peace, it is in this way that the municipality with the small police force it has, has always tried to safeguard and provide the best public security service to the entire canton and cannot differentiate between people, neither to favor only some, nor to place the burden on a few for the benefit of others. He points out that the crisis triggered by the COVID-19 pandemic has had a very particular impact on police forces, and in effect, the municipal police, along with firefighters and other rescue units, are on the front line of response, attending to emergencies and new functions derived from the health crisis while continuing with all the responsibilities of maintaining public security. Notwithstanding the above, it is evident that the Municipality, even with its limitations, has intensified and procured multiple actions for the benefit of public order within the framework of the COVID-19 emergency currently being experienced. These new functions on the front line of the COVID-19 response have turned the municipal police into a high-risk group, in fact, the municipal police have had to face a significant number of casualties due to illness or preventive quarantine measures. All of this has affected operational capacity but the Municipality has tried at all times to fully comply with its functions even though its operational capacity has been affected by the circumstances indicated above. Furthermore, the confinement measures and the general closure of non-essential activities have modified people's routines and behavior, and data indicate that these changes have also affected crime patterns, which is why the Municipality of San José through the Municipal Police has faced the COVID-19 crisis with a greater challenge than other Municipalities, because it is one of the cantons that has one of the highest crime rates and perception of insecurity, and in some cases, with significant institutional challenges, for this reason, and since the public health crisis is likely to continue, it is important to examine to what extent the municipal police can be responsible or guilty for not being able to correct the actions of a population that has not assumed the situation we currently face with social responsibility. It is for this reason that the Municipality has tried to attend, in the most efficient manner and trying to optimize resources, the constant complaints that arise in the different districts of the canton, however; it is almost impossible to cover every complaint and disorder that occurs and give it continuous follow-up, if the population itself does not do its part, and even more so in these times of national emergency where cases for disorders, parties, fights have increased nationwide, so it is almost impossible to provide immediate assistance every time collaboration is requested, since the Municipal Police must act jointly with other institutions to achieve its objectives. This is so because the Municipal Police of San José, as the Chamber in jurisprudence has indicated and understood that the function of the Municipal Police is that of \"…ensuring the safety of persons and public order, through coordinated action with national authorities and entities\"… this means, as the responsible Department well points out, to which a report was requested, that multiple interventions have been carried out in the Pavas sector, which are carried out jointly with the Public Police Force in duly coordinated operations, this due to the conflictive nature of the area and due to the limited personnel available at night since security has been reinforced during the rest of the day, always seeking to fully comply with the entrusted social function. In this context, it is necessary to analyze in detail how the COVID-19 crisis is generating changes in police work, and what its potential impact is on the effectiveness and legitimacy of the police forces to better understand how the arrival of the pandemic affected police forces in general, several studies carried out during the COVID-19 emergency stage reveal how the pandemic has forced police forces to define priorities and ration limited resources. It is for all of the aforementioned that for the Municipality, each police decision implies an opportunity cost and this is accentuated in crisis scenarios where there are greater demands and restrictions on capabilities. For example, the Municipality has had to increase police presence in areas that have been felt to be more dangerous, and this has necessarily implied reducing presence in others, including prioritizing response to incidents over proactive and community activities. If something has been demonstrated, it is that police operability is an interdependent variable, and he considers that the Municipality has tried to ensure the well-being of the largest population of the canton, firmly believing that if security forces function and citizens collaborate in respecting general norms, this would activate a virtuous circle of collaboration and community work. He requests that the action be declared without merit.
**5.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, **Considering:** **I.-** PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the reasonably scheduled timeframes to resolve the requests made by the administered parties in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the case at hand, a scenario of exception arises, as it concerns a petition filed in relation to a complaint for noise pollution and security. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this action.
**II.-** PURPOSE OF THE ACTION. The petitioners allege that they have had problems with some neighbors in the Lomas del Río area of Pavas, since on repeated occasions parties, scandals, noise, and fights occur at the home of those persons. In addition to this, they comment that these individuals have uttered offenses against them, and even threats. Due to the foregoing, a series of complaints have been filed before the Municipality of San José, the Ministry of Health, the Contraventional Court of Pavas, and the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia); however, they allege that the described problem has not been solved, a situation they consider violates their fundamental rights.
**III.-** PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the Governing Health Area of Pavas:
Regarding the Municipality of San José:
**IV.-** UNPROVEN FACTS. The following facts, of importance for the resolution of this matter, cannot be accredited.
**V.-** REGARDING THE DIRECTORATE OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF PAVAS. From the study of the case file, it can be accredited that, given the complaint filed on December 17, 2020, by Mrs. Yorleny Marín Mora, alleging problems of noise, parties, and illegal sale of liquors and drugs, generated by the inhabitants of Lomas del Río, Metrópolis 1, Avenida 55 B, House 192, the respondent authority conducted an on-site visit on January 7, 2021, in which, as recorded in the inspection report, the complainant stated that "it has remained calm, without noise," and expressed her consent for the case to be archived. Thus, through technical report CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC of January 13, 2021, the inspector recommended that the directorate of the Governing Health Area of Pavas proceed with the closure and archiving of the case. Consequently, this Chamber demonstrates that the respondent authority carried out the steps aimed at addressing the complaint filed; however, the fact is that there is no evidence that, subsequently, a resolution was issued through which, formally - with the respective exposition of the factual and legal arguments - the petition in question was addressed, nor is there evidence that the complainant was notified of the content of technical report CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC of January 13, 2021. Consequently, the appropriate course is to grant the action, with the purpose of ordering the corresponding notification.
**VI.** REGARDING THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. From the study of the case file, the violation of the fundamental rights of the protected parties by this authority is ruled out, as it is accredited that the municipal police have carried out a series of interventions and patrols in the reported locality; however, the situation described by the neighbors in the complaint filed on December 2, 2020, could not be perceived. Thus, through official letter DSCPM-098-2021 of January 25, 2021, the Chief of Operations of the Security Directorate of the Municipality of San José reported on the actions taken by the municipality in response to the complaint filed; however, this could not be notified to the complainant because a means to receive notifications was not provided, despite the warning issued by the respondent authority. In this way, contrary to what is alleged by the petitioners, it is verified that the complaint in question was duly attended to and a report was issued in that regard, which was not notified to the complainants for reasons beyond the respondent municipality's control. Consequently, the appropriate course is to declare the action without merit regarding this aspect.
**VII.-** REGARDING THE CONTRAVENTIONAL COURT OF PAVAS AND THE NATIONAL CHILDREN'S TRUST (PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA). Regarding these authorities, the Chamber rules out that there is a violation of the fundamental rights of the petitioners. First, the protected parties expressed their disagreement with the manner in which the Contraventional Court of Pavas has processed their complaints. In this regard, it must be noted that under the provisions of Article 30, subsection b), of the Constitutional Jurisdiction Law, the amparo action is not applicable against the jurisdictional resolutions and actions of the Judicial Branch. Now, if what is claimed is an undue delay during the substantiation of their lawsuits, the petitioners should not lose sight of the fact that based on Judgment No. 2011 – 12644 of 15:03 hours on September 21, 2011, this Constitutional Chamber, as a general rule, admits amparo actions alleging judicial delay, solely and exclusively, when the process has concluded with a final judgment with res judicata authority issued by the last competent instance, which was not alleged or demonstrated in the present matter. Finally, regarding the alleged omissions of the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), it cannot be accredited that the petitioners filed a complaint before said authority, therefore the violation of the fundamental rights of the protected parties regarding these aspects is ruled out, and it is appropriate to dismiss the action, as is hereby ordered.
**VIII.-** SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. In the case of actions for environmental matters, I maintain as a general line that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution in order to leave their hearing in the hands of the administrative justice and the administrative litigation jurisdiction.
But I have also pointed out that my position does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my view, would be even better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to the health of individuals, or to access to or the quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by State authorities is evident, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I believe that the amparo should also not be “routinized” to address, even in the cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately addressed within it.
In the specific case, it is observed that the situation presented falls within such exceptional cases, since reference is made to the existence of a threat to the integrity and health of a group of residents of the Lomas del Río area in Pavas, so in this situation I concur with the majority that this Court should hear and decide on the merits of this case, as has been done.
IX.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s view that if the Public Administration has already intervened, hearing and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do reach the merits of the matter when other rights of the individuals affected by noise and environmental pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the omission of the respondent authorities to take measures against the owner of a dwelling neighboring the petitioner that produces excessive noise, among other things, is alleged. In this regard, this omission affects the health of the residents, including individuals during nighttime rest hours, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
X.- DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOLELY WITH RESPECT TO THE ALLEGED JUDICIAL DELAY OF THE PAVAS MISDEMEANOR COURT. The majority of the members of this Court, based on judgment No. 2011–012644 of 3:03 p.m. on September 21, 2011, decided to change the position traditionally maintained regarding those matters in which the violation of the right to prompt and complete justice, recognized by Article 41 of the Political Constitution, as well as by paragraph 1 of the American Convention on Human Rights, is alleged. As a general rule—with some nuance in matters of child support, delineated in resolution No. 2013-002637 of 2:30 p.m. on February 26, 2013—this Court admits amparo proceedings filed on that ground, solely and exclusively, when the jurisdictional proceeding has concluded by virtue of a judgment with res judicata authority issued by the last competent instance. The undersigned Magistrates dissent from that position. The amparo remedy was designed and established by the legislature as a swift mechanism for the protection of the rights and freedoms enshrined in our Constitution and international human rights law instruments. In this regard, our Constitutional Jurisdiction Law, in its provision 31, established that—in the case of alleged threats or violations of fundamental rights in the exercise of administrative functions—to access the procedural remedy of amparo, it is not necessary to file a motion for reconsideration or any other challenge, that is, the prior exhaustion of administrative remedies was eliminated as a requirement for admissibility. Since this Chamber issued judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, when a person believes that any entity or body of the Public Administration has injured their right to a prompt and complete administrative procedure, they can find full protection before the contentious-administrative jurisdiction, through the so-called amparo de legalidad, in which, in accordance with the position of this Chamber, the principles that inspire the amparo remedy in the constitutional forum apply. Now, with the new criterion adopted by the majority of this Chamber, the situation of those who consider the right established by provision 41 of our Political Constitution injured, but this time with respect to an authority exercising jurisdictional functions, is diametrically opposed to the one described. Persons who believe there is an undue delay in the processing of a judicial proceeding, under this set of circumstances, find themselves in a clear situation of disadvantage and lack of protection, given that they are indeed obligated to exhaust all instances within the proceeding, before being able to bring action before this Constitutional Chamber. It should not be overlooked that Article 25 of the American Convention on Human Rights provides that: “(…) 1. Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the course of their official duties. 2. The States Parties undertake: a) to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state; b) to develop the possibilities of judicial remedy; and c) to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted (…)” (emphasis not in the original). We consider that with the new criterion of the majority of this Chamber, the amparo is distorted as a super-summary procedural remedy for the protection of fundamental freedoms, reducing its effectiveness in addressing a problem that, by its very nature, requires expeditious intervention with the clear purpose of avoiding greater consequences in the legal sphere of those protected; and likewise, the obligation that the Pact of San José imposes on the States Parties to offer a simple and swift judicial remedy for the safeguarding of the fundamental rights of the human person is breached.
XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, solely for the omission by the Pavas Rector Health Area Directorate to notify the complainant of the actions taken in relation to the complaint filed on December 17, 2020. Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, is ordered, within a period of THREE DAYS counted from the notification of this resolution, to take the pertinent measures so that Mrs. Yorleny Marín Mora, identity card 109930621, is notified of the resolution of the complaint filed since December 17, 2020, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Magistrate Hernández López places a note. Magistrate Salazar Alvarado places a note. Magistrate Hernández López dissents solely with respect to the alleged judicial delay and orders that the amparo proceed. Notify.- Fernando Castillo V.
President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021017810 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-012155-0007-CO, interpuesto por AARON ELÍAS GARCÍA MORALES, cédula de identidad 0115300065 y OTROS, contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Resultando:
1.- Por escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala a las 11:47 horas del 24 de junio de 2021, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José, y manifiestan en resumen que, son vecinos de Lomas del Río de Pavas y han tenido problemas con varios vecinos de la zona, de nombre Maureen Mora Bonilla, Pablo Mendoza Cortés y Allan Mendoza Bonilla. Indican que las desavenencias iniciaron con escándalos, ruidos, fiestas y, peleas acaecidas en la vivienda de esas personas, lo que ocurre la mayoría de los días de la semana e inician a las 21:00 horas, para finalizar a eso de las 06:00 horas. Aunado a ello, comentan que estos individuos han proferido ofensas en su contra, e incluso, amenazas, pues, cuando han tenido que llamar a la Fuerza Pública para que intervenga, se enojan. Adicionan que por ese motivo se han incoado denuncias ante el Juzgado Contravencional, el Ministerio de Salud -ver prueba aportada a los autos-, el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de San José -ver denunciada planteada el 2 de diciembre de 2020-. Pese a lo dicho, esa familia sigue actuando como si nada, perturbando a las personas adultas mayores y a los niños que habitan cerca de su casa. Estiman que por lo expuesto, se están lesionando sus derechos fundamentales. Solicitan se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 13:17 horas del 25 de junio 2021, se dio curso al presente recurso de amparo y se solicitó informe al Alcalde de San José y al Ministro de Salud.
3.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza en su condición de Ministro de Salud, y manifiesta en resumen que, se presenta el informe de ley con sustento en el Oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-280-2021 del 29 de junio del 2021, suscrito por William Barrantes Barrantes, Director del Área Rectora de Salud de Pavas y Jazmine López Cordero, en funciones pertinentes de Regulación de la Salud en el Área Rectora de Salud de Pavas, donde, en síntesis, se afirma lo siguiente: “(…) El día 17 de diciembre del 2020 se recibe denuncia ante el Área Rectora de Salud de Pavas interpuesta por la Sra. Yorleny Marín Mora, cedula de identidad 109930621 debido a problema de ruido generado por vecinos específicamente por la señora Maureen Saray Mora Bonilla según sita Lomas del Río, Metrópolis 1, Avenida 55 B, Casa 192, contiguo a bodegas de la Municipalidad de San José, ese mismo día se recibe un oficio dirigido a la Municipalidad de San José donde varios vecinos interponen su molestia por fiestas a altas horas de la noche y drogas en este domicilio. El día 07 de enero del 2021 procedo a efectuar inspección según la dirección facilitada, en donde al ser las 11:26 a.m. soy atendida por Yorleny Marín Mora, quien explica según el acta de inspección N°CS-ARS-P-JLC-004-2021 que los problemas de ruidos ocasionados por la denunciante se han mantenido calmados y sin ruidos. Este mismo día ella indica que se encuentra en acuerdo para proceder al cierre y archivo del caso D-02-2021 ya que no se ha presentado nuevamente la situación. El día 13 de enero del 2021 se procede a redactar el Informe Técnico de Inspección N°CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC en donde se indica el actuar por parte del Área Rectora de Salud de Pavas y se procedió al cierre y archive del caso D-02-2021. De conformidad con lo aquí expuesto, el Ministerio de Salud mediante el Área Rectora de Salud de Pavas tiene como hecho cierto, bajo Acta de Inspección Sanitaria N° CS-ARS-PJLP-004-2021, que no existe sustento fáctico o técnico que obligue a girar una Orden Sanitaria, en concreto, ya que la veracidad o acierto de las mediciones sónicas no se realizan al no existir propagación de sonido, siendo así la valoración probatoria existente por Jazmine López Cordero, conducentes en la no existencia en el sitio de otro tipo de escándalos, ruidos, fiestas y peleas mencionadas por los aquí recurrentes, estando así ajustada su actuación bajo el marco del principio de legalidad. Así mismo, tal y como se dejar ver en el informe aquí rendido, queda en evidencia que los hechos descritos no fueron encontrados en el sitio. Por lo anterior, considero no se ha violentado derecho alguno a los aquí amparados, todo lo contrario, se demuestra que el Ministerio de Salud mediante el Área Rectora de Salud de Pavas actuó en protección de las personas que de una u otra manera acudieron mediante denuncia impuesta, hacer valer su derecho a la Salud como derecho Constitucional consagrado”. Indica, que en caso de darse este tipo de hechos en altas horas de noche o madrugada el Poder Ejecutivo dictó los Decretos Ejecutivos 42221-S y 42227-S, que disponen que el Ministerio de Salud podrá proceder en atención a dicha emergencia, y otorga a los cuerpos policiales del país, la facultad de proceder a instancia del Ministerio de Salud cuando la acción se requiera en horarios o zonas donde no estén presentes funcionarios de ese Ministerio. Señala, que tal y como lo establece la normativa vigente, el ejercicio de las funciones pertinentes al Ministerio de Salud mediante sus funcionarios, debe ser bajo observancia de hechos en su presencia y no actos o circunstancias carentes de actualidad probatoria. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, y manifiesta en resumen que, las dependencias encargadas rindieron informe y es de esta forma que se comprueba el área de la Dirección Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José informó con respecto a las denuncias planteadas y se logró comprobar lo que se detalla. Primeramente, Hernán Rojas Esquivel, en su condición de Supervisor Policía Municipal, indicó lo que se detalla: “Con respecto a la consulta realizada, por parte del Lic. Mario Leitón Delgado asesor legal, al suscrito, sobre denuncias atendidas desde el 02 de diciembre de 2020 y hasta la fecha, específicamente en el sector de Lomas en el distrito de Pavas. Una vez revisados las bitácoras de la Policía Municipal. En dichos documentos de acceso electrónico o digital, no se reflejan registros sobre denuncias relacionadas con “escándalos, ruidos, fiestas, y peleas, entre otros. Esperando haberlo dejado de la mejor manera informado…” Mediante el oficio OFI-992-2021, Vladimir Sancho Mora en su condición de Supervisor Oficina de Planes y Operaciones indicó: “que dadas las situaciones en cuanto a la emergencia nacional por Covid 19 hemos reforzado nuestros patrullajes en el casco central de San José, sin dejar de atender los distritos periféricos, así de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad Publica realizamos las atenciones de forma planificada o cuando se requiera una colaboración de forma expedita, tal es el caso del distrito de Pavas el cual es sumamente extenso…” Mediante el oficio DSCPM-993-2021 Isidro Calvo Rodríguez en su condición de Director a.i. de la Dirección de Seguridad Ciudadana indicó: “ PRIMERO: Que, según revisiones realizadas en nuestros archivos del Centro de Monitoreo Institucional, no constan solicitudes telefónicas de intervención alguna en el sector. SEGUNDO: Que efectivamente se recibió en la oficina de operaciones documento enviado por la Plataforma de Servicios. TERCERO: Que dicho documento, no contaba con algún medio para recibir notificaciones; sin embargo, a pesar de ello, con el fin de velar por la seguridad de nuestro cantón y la conservación del orden público, se le brindó la debida atención y se realizaron reiteradas visitas al lugar, en las que no se lograron presenciar los hechos expuestos. Es importante señalar que las acciones de atención a la denuncia presentada no fueron notificadas a la parte denunciante, toda vez que, en la misma, no se señalaba medio de notificación alguno; y que a su vez, en el momento de la recepción del documento de denuncia, se apercibió al señor Guillermo Sánchez Barrantes, que de no señalar ningún medio para recibir notificaciones, tal y como lo establece el numeral 34 de la Ley de Notificaciones, las futuras resoluciones que se dicten, se tendrán por notificadas con el transcurso de 24 horas después de dictadas, tal y como se muestra a continuación, en la boleta de recepción de la denuncia. CUARTO: en el libelo de interposición del presente recurso de amparo, le informo que nuestras intervenciones por motivo de Emergencia Nacional y debido a la falta de recursos operativos en horario nocturno, procura brindar la máxima cobertura posible a todo el cantón, priorizando aquellos distritos con mayor concentración de personas y mayor presencia de delitos tal y como son los distritos: Merced, Catedral, El Carmen y Hospital. Esto sin desatender los restantes distritos, sino que se refuerza su seguridad mediante operativos, programas preventivos, patrullajes y video vigilancia. SEXTO: Que en cuanto al distrito de Pavas se realizan distintos patrullajes en coordinación con Fuerza Pública, ya que, si bien es cierto, la Policía Municipal, no cuenta con la posibilidad de brindar presencia policial de manera permanente, en cada una de las comunidades, esta refuerza sus actividades con la constante coordinación con otros cuerpos policiales, así como con programas preventivos y la organización comunitaria. SÉTIMO: Que esta Dirección, desde el momento de la denuncia, ha realizado múltiples intervenciones en el sector Rincón Grande de Pavas (dónde se encuentra Metrópolis 1), las cuales pueden ser constatadas en las bitácoras digitales de nuestro centro de monitoreo, números: 57237, 58253, 59107, 59458, 52739, 53288, 53477, 53469, así como también ha realizado distintos operativos policiales que constan en los POE (Plan Operativo Especial) números: 325, 313, 304,303,299; así como colaboraciones de seguridad en procesos de vacunaciones en el sector. OCTAVO: Que, específicamente en la localidad de Metrópoli 1, consta en nuestros archivos, que recientemente se han realizado las siguientes intervenciones”:
Se adjunta Descripción de Seguimiento de la denuncia, con recorridos realizados por oficiales en varias oportunidades. Del estudio del proceso seguido, en el caso en cuestión, es claro el hecho de que las actuaciones de esta Municipalidad de San José, a nuestro criterio han sido ajustadas a Derecho y de conformidad con sus potestades conferidas. Por todo lo expuesto, considera que en la presente denuncia se dio el trámite correspondiente, atendiendo de igual manera las constantes denuncias que se presentan en esta Municipalidad, y en resumen: 1. Que efectivamente se recibió en la Plataforma de Servicios mediante el comprobante de tramite N° 532880 (que se adjunta), el cual fue entregado en la Plataforma de Servicios de esta Municipalidad por el señor Guillermo Sánchez Barrantes, que el señor tampoco ofreció al plataformista información sobre algún medio para escuchar notificaciones ni número de teléfono, ni dirección para poder contactarlo. 2. La municipalidad recibió la nota la cual fue enviada a la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero la nota no viene firmada por una persona en específico, la nota de la denuncia recibida no se visualiza una identificación del denunciante, si bien es cierto consta en la boleta de traslado de la plataforma de servicios una cédula de identidad, esta es de la persona que presenta el documento, la denuncia en sí no trae firma ni identificación de quien o quienes la suscriben. 3. Además a la denuncia se le dio el trámite y se coordinaron varias visitas de las cuales se deja el reporte correspondiente, en la cual se interviene y se da el trámite respectivo, como en otros casos. 4. Según lo señalado, cuando la denuncia es anónima y a su vez, no se aporta prueba fehaciente de los hechos (tal y como ocurre en este caso) se tendría la posibilidad de poder archivarla, por lo que en este caso sería un elemento a considerar para motivar tanto el archivo de la denuncia. 5. Por otra parte, al no indicarse medio para señalar notificaciones, operaría la notificación automática según el numeral 11 de la Ley de Notificaciones. Por tanto, que no es cierto que no se le diera tramite ni respuesta, el trámite se dio y se realizaron las respectivas intervenciones actuando de acuerdo a las competencias de esta Municipalidad, y se reitera no se brindó respuesta ya que no existía dentro de la nota respectiva ningún medio para atender notificaciones. Efectivamente la seguridad pública es una necesidad general, puesto que todas las personas sienten "su necesidad" de proteger la integridad física, sus bienes y sus derechos; en otras palabras, la seguridad pública no se puede entender sino desde el punto de vista de la protección de todos y cada uno de los miembros de la población, en nuestro régimen jurídico, está concebida como un servicio público del más alto rango, puesto que como se ha visto en varias sentencias de esta misma Sala, la propia Constitución Política se encarga de darle especial tratamiento y su objetivo inmediato, es lograr el más amplio desarrollo posible de los derechos y libertades de las personas, en un clima de armónica convivencia y de paz pública, es de esta manera que la municipalidad con el pequeño cuerpo policial que tiene, ha tratado siempre de resguardar y brindar el mejor servicio de seguridad pública a todo el cantón y no puede diferenciar entre las personas, ni para favorecer solo a unos, ni para hacer recaer en unos pocos en beneficio de los demás. Señala, que la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy particular en los cuerpos policiales, y en efecto, la policía municipal, junto con los bomberos y otras unidades de rescate, están en la primera línea de respuesta, atendiendo las emergencias y nuevas funciones derivadas de la crisis sanitaria mientras continúan con todas las responsabilidades de mantenimiento de la seguridad pública. No obstante de lo anterior, es evidente que la Municipalidad aún con sus limitantes ha intensificado y procurado múltiples acciones en beneficio del orden público dentro del marco de la emergencia por COVID-19 que se vive en la actualidad. Estas nuevas funciones en la primera línea de respuesta del COVID-19 han convertido a la policía municipal en un colectivo de alto riesgo, de hecho, la policía municipal ha tenido que hacer frente a un número significativo de bajas por enfermedad o por medidas preventivas de cuarentena. Todo esto ha afectado la capacidad operativa pero la Municipalidad ha tratado en todo momento de cumplir a cabalidad con sus funciones aun y cuando su capacidad operativa se ha visto afectada por las circunstancias arriba indicadas. Además, las medidas de confinamiento y el cierre general de actividades no esenciales han modificado las rutinas y el comportamiento de las personas, y los datos indican que estos cambios también han afectado los patrones de delincuencia, es por ello que la Municipalidad de San José a través de la Policía municipal ha afrontado la crisis del COVID-19 con un desafío mayor que otras Municipalidades, porque es uno de los cantones que tiene uno de los mayores índices de criminalidad y percepción de inseguridad, y en algunos casos, con importantes desafíos institucionales, por ello, y ya que la crisis de salud pública es probable que continúe, es importante examinar hasta qué punto la policía municipal pueda ser responsables o culpables de no poder corregir las actuaciones de una población que no ha asumido con responsabilidad social la situación que hoy nos ocupa. Es por esta razón que la Municipalidad ha tratado de atender de la manera más eficiente y tratando de optimizar recursos, las constantes denuncias que se suscitan en los diferentes distritos del cantón, sin embargo; es casi imposible cubrir toda denuncia y desorden que se presente y darle un seguimiento continuo, si la población en sí, no pone de su parte, y más en estos momentos de emergencia nacional donde los casos por desórdenes, fiestas, peleas han incrementado a nivel nacional, por lo que resulta casi que imposible cubrir cada vez que se solicita colaboración la asistencia inmediata, ya que la Policía Municipal debe de actuar en forma conjunta con otras instituciones para lograr sus objetivos. Esto es así porque la Policía municipal de San José, como la Sala en jurisprudencia ha indicado y entendido que la función de la Policía Municipal, es la de "…velar por la seguridad de las personas y el orden público, mediante una acción coordinada con las autoridades y entidades nacionales"… esto significa como bien lo señala el Departamento encargado, al cual se le requirió informe que se han realizado múltiples intervenciones en el sector de Pavas, las cuales se realizan en conjunto con la Fuerza Pública en operativos debidamente coordinados, esto por lo conflictivo de la zona y por el poco personal que se tiene en las noches ya que se ha reforzado la seguridad durante el resto del día, buscando siempre cumplir a cabalidad con la función social encomendada. En este contexto, se requiere analizar en detalle como la crisis del COVID-19 está generando cambios en el trabajo policial, y cuál es su impacto potencial en la efectividad y legitimidad de las policías para entender mejor cómo la llegada de la pandemia afectó a los cuerpos policiales en general, varios estudios realizados durante la etapa de emergencia del COVID-19 revelan como la pandemia ha obligado a los cuerpos policiales a definir prioridades y racionar recursos limitados. Es por todo lo referido que para la Municipalidad cada decisión policial implica un costo de oportunidad y este se acentúa en escenarios de crisis en donde existen mayores demandas y restricciones en las capacidades. Por ejemplo, la Municipalidad ha tenido que aumentar la presencia policial en las zonas que se han sentido como más peligrosas, y esto ha implicado, necesariamente, reducir la presencia en otras, incluso priorizar la respuesta a incidentes a las actividades proactivas y comunitarias. Si algo se ha demostrado, es que la operatividad policial es una variable interdependiente, y considera, que la Municipalidad ha tratado de asegurar a la mayor población del cantón, creyendo firmemente que si las fuerzas de seguridad funcionan y los ciudadanos colaboran en respetar normas generales esto activaría un círculo virtuoso de colaboración y trabajo comunitario. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso-administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute, si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se trata de una gestión planteada en relación a una denuncia por contaminación sónica y seguridad. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso.
II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes alegan que han tenido problemas con unos vecinos de la zona de Lomas del Río de Pavas, pues en repetidas ocasiones se realizan fiestas, escándalos, ruido y peleas en la vivienda de esas personas. Aunado a ello, comentan que estos individuos han proferido ofensas en su contra, e incluso, amenazas. Por lo anterior, se han interpuesto una serie de denuncias ante la Municipalidad de San José, el Ministerio de Salud, el Juzgado Contravencional de Pavas, y el Patronato Nacional de la Infancia; sin embargo, alegan que la problemática descrita no ha sido solucionada, situación que consideran violatoria de sus derechos fundamentales.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto al Área Rectora de Salud de Pavas:
En cuanto a la Municipalidad de San José:
IV.- HECHOS NO PROBADOS. No logran acreditarse los siguientes hechos, de importancia para la resolución de este asunto.
V.- SOBRE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS. Del estudio de los autos, logra acreditarse que, ante la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2020 por la señora Yorleny Marín Mora, alegando problemas de ruido, fiestas y expendio ilegal de licores y drogas, generado por los habitantes de Lomas del Río, Metrópolis 1, Avenida 55 B, Casa 192, la autoridad recurrida realizó una visita in situ el día 7 de enero de 2021, en la que, según consta en el acta de inspección, la denunciante afirmó que “se ha mantenido calmado, sin ruidos”, y manifestó su anuencia a que el caso fuera archivado. Así las cosas, mediante informe técnico CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC de 13 de enero de 2021, la inspectora recomendó a la dirección del Área Rectora de Salud de Pavas proceder al cierre y archivo del caso. En consecuencia, esta Sala logra demostrar que la autoridad recurrida realizó las gestiones tendientes a atender la denuncia presentada; sin embargo, lo cierto es que no consta que, posteriormente, se haya emitido una resolución a través de la cual, formalmente -con la respectiva exposición de los argumentos de hecho y de derecho-, se haya atendido la gestión en cuestión, ni consta que a la denunciante se le haya notificado el contenido del informe técnico CS-ARS-P-IT-014-2021-JLC de 13 de enero de 2021. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con la finalidad de ordenar la notificación correspondiente.
VI.EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. Del estudio de los autos, se descarta la violación a los derechos fundamentales de los tutelados por parte de esta autoridad, al acreditarse que la policía municipal ha realizado una serie de intervenciones y recorridos en la localidad denunciada; sin embargo, no se ha logrado percibir la situación expuesta por los vecinos en la denuncia presentada el 2 de diciembre de 2020. Así las cosas, mediante oficio DSCPM-098-2021 del 25 de enero de 2021, el Jefe de Operaciones de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de San José, informó de las acciones realizadas por el municipio en atención a la queja presentada; no obstante, ésta no pudo ser notificada al denunciante, pues no se aportó un medio para recibir notificaciones, a pesar de la prevención realizada por la autoridad recurrida. De este modo, contrario a lo alegado por los recurrentes, se verifica que la denuncia de marras fue debidamente atendida y se emitió un informe al respecto, el cual no fue notificado al denunciantes por razones ajenas al municipio recurrido. Por consiguiente, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a tal extremo.
VII.- SOBRE EL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PAVAS Y EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. En cuanto a estas autoridades, la Sala descarta que exista una violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Primero, los tutelados manifestaron su desacuerdo con la forma en la cual el Juzgado Contravencional de Pavas ha tramitado sus denuncias. Al respecto, se debe señalar que a tenor de lo regulado por el artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no procede el recurso de amparo contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial. Ahora bien, si lo que reclama es una dilación indebida durante la sustanciación de sus demandas, los recurrentes no deben perder de vista que a partir de la Sentencia N° 2011 – 12644 de las 15:03 horas de 21 de setiembre de 2011, esta Sala Constitucional, como regla general, admite los recursos de amparo donde se alega mora judicial, única y exclusivamente, cuando el proceso haya concluido por sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente, lo que no se alegó o demostró en el presente asunto. Finalmente, en cuanto a las alegadas omisiones del Patronato Nacional de la Infancia, no logra acreditarse que los recurrentes hayan interpuesto una denuncia ante dicha autoridad, por lo que se descarta la violación a los derechos fundamentales de los amparados, en cuanto a estos extremos, y procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone.
VIII.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a la integridad y salud a un grupo de vecinos de la zona de Lomas del Río en Pavas, de modo que en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.
IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación sónica y ambiental, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan la omisión de las autoridades recurridas de tomar medidas en contra de la propietaria de una vivienda vecina a la recurrente que produce excesivo ruido, entre otros. En este sentido, esta omisión afecta la salud de los vecinos, entre ellos las personas en horas de descanso nocturno, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ÚNICAMENTE EN CUANTO AL ALEGADO RETARDO JUDICIAL DEL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PAVAS. La mayoría de los integrantes de este Tribunal, a partir de la sentencia No. 2011–012644 de las 15:03 hrs. de 21 de setiembre de 2011, decidió cambiar la posición que tradicionalmente se mantuvo respecto de aquellos asuntos en los cuales se acusa la vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Política, así como por el párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como regla general —con algún matiz en materia de pensiones alimentarias, delineado en la resolución No. 2013-002637 de las 14:30 hrs. de 26 de febrero de 2013— este Tribunal admite los procesos de amparo interpuestos por dicha causa, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente. Los suscritos Magistrados disentimos de dicha posición. El recurso de amparo fue diseñado y establecido por el legislador como mecanismo célere para la protección de los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su numeral 31 estableció que —en el caso de supuestas amenazas o violaciones a derechos fundamentales en ejercicio de la función administrativa— para acceder al remedio procesal del amparo, no es necesario formular el recurso de reposición ni ninguna otra impugnación, es decir, se eliminó el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de admisibilidad. Desde que esta Sala emitió la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, cuando una persona estime que algún ente u órgano de la Administración Pública lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puede encontrar plena tutela ante la jurisdicción contencioso–administrativa, a través del denominado amparo de legalidad, en el cual, de conformidad con la posición de esta Cámara, rigen los principios que inspiran al recurso de amparo en sede constitucional. Ahora bien, con el nuevo criterio adoptado por la mayoría de esta Sala, la situación de quienes consideren lesionado el derecho establecido por el ordinal 41 de nuestra Constitución Política, pero esta vez respecto de una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es diametralmente opuesta a la descrita. Las personas que estimen la existencia de una dilación indebida en la sustanciación de un proceso judicial, bajo este orden de circunstancias, se encuentran en una clara situación de desventaja y desprotección, dado que ellas sí están obligadas a agotar todas las instancias dentro del proceso, antes de poder accionar ante esta Sala Constitucional. No debe perderse de vista que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (…)” (el énfasis no pertenece al original). Consideramos que con el nuevo criterio de la mayoría de esta Sala, se desvirtúa al amparo como instituto procesal sumarísimo para la protección de las libertades fundamentales, restándole efectividad para la atención de una problemática, que, por su propia naturaleza, requiere una intervención expedita con el claro propósito de evitar mayores consecuencias en la esfera jurídica de los tutelados y tuteladas; e igualmente, se incumple la obligación que el Pacto de San José impone a los Estados partes de ofrecer un recurso judicial sencillo y célere para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión de la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas de notificar a la denunciante las gestiones realizadas en relación con la denuncia planteada el 17 de diciembre de 2020. Se ordena a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación de esta resolución, tome las medidas pertinentes a fin de que se le notifique a la señora Yorleny Marín Mora, cedula de identidad 109930621, la resolución de la denuncia presentada desde el 17 de diciembre de 2020, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López salva el voto únicamente con respecto al acusado retardo judicial y ordena dar curso al amparo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.
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