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Res. 16584-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/07/2021
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo: it ordered MINAE to respond to the petition within ten days, found a violation of the right of petition by the Municipality of Garabito (without award of costs due to remedying the omission), and dismissed the claim against the Ministry of Health. The State was ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso: ordenó al MINAE responder la petición en diez días, declaró la lesión del derecho de petición por la Municipalidad de Garabito (sin condena en costas por haber subsanado la omisión), y declaró sin lugar respecto al Ministerio de Salud. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by a citizen against MINAE, the Ministry of Health, and the Municipality of Garabito. The petitioner requested information about the permits of a restaurant and cabins called "Donde Vin", sending his request to email addresses that were not the official communication channels. MINAE, despite receiving the request at an unofficial address, processed it and assigned a tracking number, but did not issue a timely response. The Municipality of Garabito also failed to respond until notified of the amparo's expansion. The Ministry of Health, although it also received the request through unofficial channels, kept the petitioner informed about actions taken, including inspections and health orders, and was thus deemed to have fulfilled its duty. The Chamber partially grants the appeal, ordering MINAE to respond within ten days and finding a violation of the right of petition by the Municipality, without awarding costs, damages, or losses because it remedied the omission during the proceedings. The appeal is dismissed with respect to the Ministry of Health. Dissenting votes on the award of costs and interpretation of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law are included.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra el MINAE, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Garabito. El recurrente solicitó información sobre los permisos de un restaurante y cabinas llamado "Donde Vin", enviando su petición a direcciones de correo electrónico que no eran los canales oficiales de comunicación. El MINAE, pese a recibir la gestión en una dirección no oficial, le dio trámite y le asignó un número de seguimiento, pero no emitió respuesta oportuna. La Municipalidad de Garabito tampoco respondió hasta que fue notificada de la ampliación del amparo. El Ministerio de Salud, aunque también recibió la petición en canales no oficiales, mantuvo informado al recurrente sobre las acciones tomadas, incluyendo inspecciones y órdenes sanitarias, por lo que se consideró que cumplió con su deber. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando al MINAE responder en diez días y declarando la lesión del derecho de petición por parte de la Municipalidad, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por haber subsanado la omisión durante el proceso. Se declara sin lugar respecto al Ministerio de Salud. Se incluyen votos salvados sobre la condenatoria en costas y la interpretación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE MERITS. Regarding the complaint raised in this amparo proceeding, it is necessary to refer to the following: a.- Regarding the Ministry of Environment and Energy -MINAE-. From the proven facts, it is established that by email sent to the addresses [...] on April 30, 2021, the petitioner filed a request with MINAE [...]. However, the respondent authorities themselves stated that the official to whom the cited email address belongs forwarded the request, through SITADA (Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints) to the Orotina Office of SINAC MINAE, on May 11, 2021. Based on the foregoing, it is clear that even though the petitioner sent his request to invalid means, the institution decided to process it, assigning tracking number 26870-2021, and therefore, it was concomitantly obliged to provide a prompt response to the petitioner. However, as of the dates on which the respondent authorities submitted their reports, namely July 2 and 5, 2021, they had not provided a response. Although a series of actions were taken in response to the petitioner's request, and the respondents even characterize it as a complaint, and on May 11, 2021, an automatic acknowledgment of receipt was given, this Court considers, based on the literal wording of the request, that what the petitioner requested is a matter of petition, asking to be informed about the status and conditions under which the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates. However, the corresponding response has not been given in the terms requested, violating his right of petition. Consequently, this proceeding must be granted in the terms set forth in the operative part of this judgment.III.- SOBRE EL FONDO. Respecto al reproche incoado en este proceso de amparo, corresponde referirse en los siguientes términos: a.- En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. A partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado que mediante correo electrónico remitido a las direcciones [...] en fecha 30 de abril de 2021 el recurrente interpuso gestión ante el MINAE [...]. No obstante, las mismas autoridades recurridas indicaron que la funcionaria a quien pertenece la dirección de correo electrónico de cita, remitió la gestión, por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE, en fecha 11 de mayo de 2021. A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado. No obstante, a las fechas en que las autoridades recurridas rindieron informes, sea, 2 y 5 de julio de 2021, estas no le han dado respuesta. Si bien se realizaron una serie de actos en atención de lo planteado por el recurrente, siendo que incluso los accionados le dan connotación de denuncia, y que el 11 de mayo de 2021 se le dio respuesta automática de la recepción de la gestión, lo cierto es que a criterio de este Tribunal, a partir de la literalidad de la gestión, lo solicitado por el recurrente corresponde a un asunto de petición, solicitando que se le indique el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos. Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición. En consecuencia, corresponde estimar este proceso en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado."
"Based on the foregoing, it is clear that even though the petitioner sent his request to invalid means, the institution decided to process it, assigning tracking number 26870-2021, and therefore, it was concomitantly obliged to provide a prompt response to the petitioner."
Considerando III.a
"A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado."
Considerando III.a
"Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición."
"However, the corresponding response has not been given in the terms requested, violating his right of petition."
Considerando III.a
"Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición."
Considerando III.a
"Fue por intervención de este Tribunal Constitucional, mediante la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, acto procesal efectuada el 16 de julio de 2021, que por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente."
"It was only through the intervention of this Constitutional Court, by notifying the resolution expanding the proceedings issued in this case, a procedural act carried out on July 16, 2021, that by official letter OSC-109-2021 of July 19, 2021, notified on the same day, the Coordinator of the Financial Services Process of the Municipality of Garabito responded to the petitioner."
Considerando III.c
"Fue por intervención de este Tribunal Constitucional, mediante la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, acto procesal efectuada el 16 de julio de 2021, que por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente."
Considerando III.c
"Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas."
"My interpretation of that rule is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase 'if they are applicable' refers to costs."
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas
"Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas."
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas
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Case File: 21-012364-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal *210123640007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on July thirtieth, two thousand twenty-one.
An amparo appeal processed in case file number 21-012364-0007-CO, filed by EDWIN MORA MONTERO, identity card number 0106200558, against the MUNICIPALITY OF GARABITO, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE).
Whereas:
Drafted by Magistrate Chacón Jiménez; and,
Considering:
The appellant claims that on April 30, 2021, he filed a petition before SINAC, the Ministry of Health, and the Municipality of Garabito requesting information of his interest; however, as of the date of filing this amparo appeal, he has not been given a response, nor has he received the requested information.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted referring to them, pursuant to what was stated in the initial order:
Regarding MINAE 1) By email dated April 30, 2021, sent to the email addresses [email protected], [email protected], and [email protected], the appellant filed a petition before MINAE, in the following terms: "(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)". (evidence provided).
Regarding the Ministry of Health 7) By email dated April 30, 2021, sent to the email addresses [email protected] and [email protected], the appellant filed a petition before the Ministry of Health, in the following terms: "(...) I request information regarding whether the place called 'Donde Vin' located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas, Costa Rica, Tárcoles district (sic), Garabito Canton, being a Restaurant with liquor sales and Rental (cabins), has the necessary permits for said activity in the area where it is located (sic). I request coordination and that MINAE officials be sent - MINAE Permits. Given that it has obtained all permits, I request (sic) a copy of each one of them according to the institution; otherwise, I immediately request the closure of this establishment, as well as the respective complaints, whether administrative or criminal, the foregoing based on articles 27 and 33 of our political constitution. Without further ado, I await (sic) a response within the legal term (sic); otherwise, the respective criminal complaint for dereliction of duty will be filed. Thank you for your attention to this matter (…)". (evidence provided).
Regarding the Municipality of Garabito.
Regarding the grievance raised in this amparo proceeding, it is appropriate to address it in the following terms:
a.- Regarding the Ministry of Environment and Energy (MINAE).
From the relation of proven facts, it is established that through an email sent to the addresses [email protected], [email protected], and [email protected], on April 30, 2021, the petitioner filed a petition before MINAE in the following terms: "(...) I request information as to whether the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)".
In this regard, the respondent authorities reported that the addresses [email protected] and [email protected] do not exist within MINAE, and for its part, the address [email protected] is not a valid means of communication with the institution. Nevertheless, the same respondent authorities indicated that the official to whom the cited email address belongs forwarded the petition, through SITADA (Integrated System for Procedures and Attention of Environmental Complaints) to the Orotina Office of SINAC MINAE, on May 11, 2021. From the foregoing, it is established that despite the petitioner having sent his petition to means not valid for that purpose, the truth is that the institution decided to process it, given that it was assigned tracking number No. 26870-2021, and therefore, concomitantly, a prompt response should have been given to the petitioner. However, as of the dates on which the respondent authorities rendered their reports, that is, July 2 and 5, 2021, they have not provided a response.
Although a series of acts were carried out in response to what was raised by the petitioner, with the respondents even giving it the nature of a complaint, and that on May 11, 2021, an automatic response acknowledging receipt of the petition was given, the truth is that in the opinion of this Tribunal, based on the literal wording of the petition, what was requested by the petitioner corresponds to a matter of petition, requesting to be informed of the status and the conditions under which the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates. However, the corresponding response has not been given, and in the terms of what was raised, violating his right of petition. Consequently, it is appropriate to grant this process in the terms set forth in the operative part of this judgment.
b.- Regarding the Ministry of Health. It is established that the petitioner, through an email sent to the addresses [email protected] and [email protected], on April 30, 2021, filed a petition before the Ministry of Health in the same terms as he did before MINAE, that is, requesting the following "(...) I request information as to whether the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)".
In this regard, the authorities of that ministry, in the reports rendered in this process, indicated that the addresses to which the request was sent are not valid means for receiving petitions, as the first does not correspond to an institutional email address and the second was assigned to an official who retired on December 16, 2020; however, for the purposes of this amparo remedy, the petition is deemed duly filed, since the ministerial authorities themselves indicated that on May 12, 2021, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, the petitioner was informed that his petition would be attended to and that he would be notified of the corresponding matter. From that point, the obligation arose for the institution to provide a timely response to the petitioner, as well as to send him the requested information. Now then, it is established that the Ministry of Health processed the petition of the amparo petitioner, treating it as a complaint, when in reality it corresponded to a matter of petition, requesting to be informed of the status and the conditions under which the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach operates, as can be inferred from the literal wording of the petition itself.
However, it is established that prior to and during the processing of this amparo remedy, the cited ministry has kept the petitioner informed about what has occurred in the attention of his petition. As indicated, the ministry processed it as a complaint, under number D-622, and on June 1, 2021, it notified the petitioner, via email, of a second response, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informing him about the attention of the “complaint,” in the sense that the petition had been attended to on May 20, 2021, through an inspection of the establishment and that as a result thereof, the corresponding administrative acts were issued (sanitary orders ARS-G-OS-096-2021 and ARS-G-OS-097-2021), which had received the respective follow-up. Furthermore, through the same document, he was informed that the complaint remained open and that he would be notified when a final resolution of the case was issued.
Subsequently, once the processing of this amparo process had already commenced, specifically on July 16, 2021, through official letter MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, sent to the email address indicated by the petitioner for that purpose, the Ministry of Health informed him that follow-up had been given to the case, with new inspections being carried out in which compliance with the sanitary orders was verified, and that the respective follow-up would continue, and therefore, he would be notified of the final resolution of the case. From the foregoing, even though the acts issued by the respondent authority are characteristic of the processing of a complaint, the truth is that from the content of the notifications sent to the petitioner, it is established that indirectly the Ministry of Health provided the respective and timely response to the petitioner's petition, and therefore, regarding this institution, it is not possible to prove an omission or act that is contrary to the regime of fundamental rights of the amparo petitioner. Consequently, as regards the Ministry of Health, the remedy is declared without merit.
c.- Regarding the Municipality of Garabito. It is established that the petitioner, through an email of May 8, 2021, sent to the email addresses [email protected] and [email protected], raised before the cited municipal corporation the same petition he filed before MINAE and the Ministry of Health, that is: "(...) I request information as to whether the place called "Donde Vin" located between Tivives beach and Guacalillos beach in Puntarenas Costa Rica, Tarcoles district (sic) Garabito Canton, is a Restaurant with liquor sales and Lodging (cabinas) has for said activity in the area where it (sic) is located I request that you coordinate and send offic (sic) - Permits from Minae. Given that it has obtained all permits, I requet (sic) a copy of each of them according to the institution, otherwise I immediately request the closure of the same also the respective complaints, whether administrative or criminal, the above supported by articles 27 and 33 of our political constitution, without further to the r (sic) of what is requested within the term (sic) of law, otherwise the respective criminal complaint will be filed for breach of duties, thank you for your attention to this (…)".
However, the authorities of the municipal corporation failed to provide a prompt response to the amparo petitioner. It is only observed that through official letter AMI.11124-TM of July 5, 2021, that is, almost a month after it was filed, the Mayor's Office forwarded the petitioner's petition to the Coordinator of the Citizen Services Process of the same municipality. However, after that, the competent instances of the municipality did not take any action aimed at issuing and notifying the amparo petitioner of the corresponding response, violating his right of petition. It was through the intervention of this Constitutional Tribunal, by means of the notification of the resolution expanding the course of proceedings issued in this process, a procedural act carried out on July 16, 2021, that through official letter OSC-109-2021 of July 19, 2021, and which was notified to him the same day, the Coordinator of the Financial Services Process of the Municipality of Garabito provided a response to the petitioner, in the following terms: “(…) In relation to the same, a review of the commercial license for a restaurant and the sale of alcoholic beverages was carried out, which are current.
These were authorized since the requirements requested at the time were met. In relation to your complaint, it indicates the exercise of commercial activity of cabinas, for which no commercial license has been granted, which is why an inspection was requested and today the result thereof is received through official letter SCCS-I-111-2021-VCB of July 19, 2021, according to which the restaurant activity is closed for not being up to date in the payment of its taxes, and in turn, the closure of 4 containers adapted for the rental of cabinas is carried out for not having a commercial license (…)”. Thus, it is established that the Municipality of Garabito violated the right of petition of the petitioner, and it was on the occasion of this amparo process that it proceeded to provide the corresponding response to the petition filed on May 8, 2021.
By virtue of the foregoing, it is appropriate to partially grant this amparo remedy, due to the omission of MINAE and the Municipality of Garabito to provide a timely response to the petitions filed by the amparo petitioner on April 30 and May 8, 2021, respectively.
In the case of MINAE, its authorities are ordered to take the corresponding measures so that, within a period not exceeding ten days after this judgment, the petitioner is provided the corresponding response in relation to the petition filed on April 30, 2021.
For its part, regarding the Municipality of Garabito, this declaration is issued without a special award of costs, damages, and losses, since, on the occasion of the notification of the resolution expanding the course of proceedings issued in this process, they attempted to remedy the aforementioned violation by notifying the petitioner of the corresponding response to his petition of May 8, 2021.
Regarding the Ministry of Health, the remedy is declared without merit.
Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted only for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the remedy is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the granting being decreed “only for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law indicates “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal.
In cases like this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in that order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, and losses.
The undersigned Magistrate dissents based on the following reasons: I consider that the rights of the petitioner were not violated, inasmuch as, as established in the sub judice, the amparo petitioner sent his petitions to email addresses that are not provided as official communication mechanisms. It has been my criterion that when it is proven that the petition, whose lack of resolution is alleged, was sent to an email that is not provided as an official communication mechanism, there is no violation of the fundamental rights of the amparo petitioner, even if the respondent authority issued an acknowledgment of receipt or processed the petition. Hence, for these reasons, I dissent and declare the remedy without merit, as is hereby done.
I concur with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the intervention of the Chamber; however, I differ from its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction under the charge of this Tribunal in matters of amparo and habeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, faced with a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority, capable of violating them.
That protective vocation of the constitutional jurisdiction is embodied in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is simply required to render “a report” on what has been done in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, technically it is not a litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad management of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one wins the other loses, requires moving away from the solutions that have been foreseen for such matters in procedural systems such as civil, contentious, or labor law.
In what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its Articles 46 and following, three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect concerns the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Tribunal enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and to restore, in the most effective manner, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, in such a way that –upon verification of a violation by the Chamber– there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities that prove to be offenders, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the claimant party, but also have a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
In this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that “any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy…”. This is the general system that regulates the matters of compensation, for cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…”; in such cases, among which the one now decided is counted, the Chamber has found the grievance proven, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of individuals and the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed at all by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the claimed act have ceased” (Article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, as it is understood that the process has ended normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework -and devoid of deficiencies or gaps as the majority affirms- the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it pronounced on the merits of the claim, that is -as the majority states- in those situations of “abnormal termination of the process.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, so that the Chamber must verify:
In this case, the foregoing exercise compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, since, on the one hand, the Tribunal has pronounced on the merits of the matter, has recognized with its declaration a violation of fundamental rights, and determined who its author was; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the process.” On the other hand, the requirements of Article 52 just cited are also not met, since there is no “administrative or judicial resolution” formally issued and in which, in an express manner, the act that originates the violation of constitutional rights is revoked, halted, or suspended. For all of the above, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order -as a consequence of having verified the violation- the award of damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the above reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an effect on the exercise of the fundamental rights of the amparo petitioner, which, as a harmful action that it is, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses -whose concrete determination is not for the Chamber to decide-, and no merit whatsoever is appreciated in the case file that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.
Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted only for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” My interpretation of this norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to the costs.
Certainly, in accordance with Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract award being made, damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge is responsible for considering the actual existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when facing an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
For the foregoing reason, I partially dissent with respect to the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.
The parties are warned that if they have provided any physical document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The remedy is partially granted, due to the omission of MINAE and the Municipality of Garabito to provide a timely response to the petitions filed by the amparo petitioner on April 30 and May 8, 2021, respectively. Carlos Vinicio Cordero Valverde, in his capacity as Head of the Office in Orotina of the Central Pacific Conservation Area of MINAE, as well as Andrea Meza Murillo and Franklin Paniagua Alfaro, in that order, Minister and Vice Minister of Environment, both of the Ministry of Environment and Energy -MINAE-, or whoever holds such positions, are ordered to take the corresponding measures so that, within a period not exceeding ten days after this judgment, the petitioner is provided the corresponding response in relation to the petition filed on April 30, 2021. The foregoing, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo remedy, and does not fulfill it or does not cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely punished.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the Municipality of Garabito, this amparo remedy is granted in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Castillo Víquez dissents and declares the remedy without merit. Magistrate Hernández López partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. In all other respects, the remedy is declared without merit.
Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
*MXAQDGKPH8U61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:40:30.
*210123640007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-012364-0007-CO, interpuesto por EDWIN MORA MONTERO, cédula de identidad 0106200558, contra MUNICIPALIDAD DE GARABITO, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DL AMBIENTE Y ENERGÍA -MINAE-.
Resultando:
Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,
Considerando:
El recurrente alega que el 30 de abril de 2021 interpuso una gestión ante el SINAC, ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Garabito solicitando información de su interés; empero, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no se le ha dado respuesta y tampoco ha recibido la información solicitada.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto al MINAE 1) Mediante correo de 30 de abril de 2021, remitido a las direcciones de correo [email protected], [email protected] y [email protected], el recurrente, interpuso gestión ante el MINAE, en los siguientes términos: : "(...) Solicito información si el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)". (prueba aportada).
En referencia al Ministerio de Salud 7) Mediante correo de 30 de abril de 2021, remitido a las direcciones de correo [email protected] y [email protected], el recurrente interpuso gestión ante el Ministerio de Salud, en los siguientes términos: : "(...) Solicito información si el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)". (prueba aportada).
En referencia a la Municipalidad de Garabito.
Respecto al reproche incoado en este proceso de amparo, corresponde referirse en los siguientes términos:
a.- En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-. A partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado que mediante correo electrónico remitido a las direcciones [email protected], [email protected] y [email protected], en fecha 30 de abril de 2021 el recurrente interpuso gestión ante el MINAE en los siguientes términos: "(...) Solicito información si el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)".
Al respecto, las autoridades recurridas informaron que las direcciones [email protected] y [email protected], no existen dentro del MINAE, y por su parte, la dirección [email protected] no es un medio válido de comunicación con la institución. No obstante, las mismas autoridades recurridas indicaron que la funcionaria a quien pertenece la dirección de correo electrónico de cita, remitió la gestión, por medio del SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales) a la Oficina de Orotina SINAC MINAE, en fecha 11 de mayo de 2021. A partir de lo anterior, se tiene que a pesar que el tutelado remitió su gestión a medios no válidos al efecto, lo cierto es que la institución decidió darle trámite, siendo que se le asignó el número de seguimiento No. 26870-2021, por lo que, concomitantemente se le debía dar una respuesta pronta al tutelado. No obstante, a las fechas en que las autoridades recurridas rindieron informes, sea, 2 y 5 de julio de 2021, estas no le han dado respuesta.
Si bien se realizaron una serie de actos en atención de lo planteado por el recurrente, siendo que incluso los accionados le dan connotación de denuncia, y que el 11 de mayo de 2021 se le dio respuesta automática de la recepción de la gestión, lo cierto es que a criterio de este Tribunal, a partir de la literalidad de la gestión, lo solicitado por el recurrente corresponde a un asunto de petición, solicitando que se le indique el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos. Sin embargo, no se le ha dado la respuesta correspondiente y en los términos de lo planteado, lesionando su derecho de petición. En consecuencia, corresponde estimar este proceso en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
b.- Tocante al Ministerio de Salud. Se tiene por acreditado que el recurrente, mediante correo electrónico remitido a las direcciones [email protected] y [email protected], en fecha 30 de abril de 2021, interpuso gestión ante el Ministerio de Salud en los mismos términos que lo hizo ante el MINAE, es decir, requiriendo lo siguiente "(...) Solicito información si el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)".
Al respecto, las autoridades de ese ministerio, en los informes rendidos en este proceso, indicaron las direcciones a las cuales se remitió la petición no son medios válidos para la recepción de gestiones, pues la primera no corresponde a una dirección de correo electrónico institucional y la segunda estaba asignada a una funcionaria que se jubiló el 16 de diciembre de 2020; empero, a efectos de reste recurso de amparo, se tiene como debidamente presentada la gestión, pues las propias autoridades ministeriales indicaron que el 12 de mayo de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-600-2021, se le informó al recurrente que su gestión sería atendida y que se le estaría comunicando lo correspondiente. A partir de ello, surgió la obligación para la institución de dar respuesta oportuna al tutelado, así como de remitirle la información solicitada. Ahora bien, se tiene que el Ministerio de Salud dio trámite a la gestión del amparado, teniéndola como una denuncia, cuando en realidad correspondía a un asunto de petición, solicitando que se le indicara el estatus y las condiciones en las que funciona el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos, según se colige de la literalidad de la propia gestión.
Sin embargo, se tiene que de previo y durante la tramitación de este recurso de amparo, el ministerio de cita ha mantenido informado al recurrente sobre lo acecido en la atención de su gestión. Tal como se indicó, el ministerio la tramitó como una denuncia, bajo número D-622, siendo que el 1 de junio de 2021, le notificó, vía correo electrónico, una segunda respuesta al recurrente, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0674-2021, informándole sobre la atención de la “denuncia”, en el sentido que la gestión había sido atendida el 20 de mayo de 2021 mediante una inspección al establecimiento y que como resultado de ello, se procedió a girar los actos administrativos correspondientes (órdenes sanitarias ARS-G-OS-096- 2021 y ARS-G-OS-097-2021), los cuales habían recibido el respectivo seguimiento. Además, mediante el mismo documento se le informó que la denuncia seguía abierta y que se le notificaría cuando se diera resolución final al caso.
Posteriormente, ya una vez iniciada la tramitación de este proceso de amparo, propiamente el 16 de julio de 2021, mediante oficio MS-DRRSPC-DARSG-0822-2021, remitido a la dirección de correo electrónico señalado por el petente al efecto, el Ministerio de Salud le informó que se había dado seguimiento al caso, siendo que se efectuaron nuevas inspecciones en las que se verificó que el cumplimiento de las órdenes sanitarias, y que se continuaría con el respectivo seguimiento, por lo que se le estaría comunicando la resolución final del caso. A partir de lo anterior, si bien se tiene que los actos emitidos por la autoridad recurrida son propios del trámite de una denuncia, lo cierto es que por el contenido de las notificaciones enviadas al recurrente se tiene que de forma indirecta el Ministerio de Salud dio la respectiva y oportuna respuesta a la gestión del tutelado, por lo que sobre esta institución no es posible acreditar omisión u acto que resulte contrario al régimen de derechos fundamentales del amparado. De tal forma, en lo que concierne al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso.
c.- Sobre la Municipalidad de Garabito. Se tiene por acreditado que el recurrente, mediante correo de 8 de mayo de 2021, remitido a las direcciones de correo [email protected] y [email protected], plateó ante la corporación municipal citada la misma gestión que interpuso ante el MINAE y el Ministerio de Salud, sea: "(...) Solicito información si el lugar denominado "Donde Vin" ubicado entre playa Tivives y playa Guacalillos en Puntarenas Costa Rica, distrito Tarcoles (sic) Cantón Garabito, es un Restaurante con venta de licores y Arrendamiento (cabinas) posee para dicha actividad en la zona donde esta (sic) ubicada solicito de coordine y se envíen funcio (sic) - Permisos del Minae. Siendo que tiene obtenidos todos los permisos, solcito (sic) copia de cada uno de ellos según la institución, caso contrario solicito de forma inmediata la clausura del esta también las respectivas denuncias, ya sean administrativas como penales, lo anterior sustentado en los artículos 27 y 33 de nuestra constitución política, sin mas a la e (sic) de lo solicitado en el termino (sic) de ley, contrariamente se realiza a la denuncia penal respectiva por incumplimiento de deberes, gracias por la atención a la presente (…)".
No obstante, las autoridades de la corporación municipal fueron omisas en dar pronta respuesta al amparado. Solamente se constata que el por oficio AMI.11124-TM de 5 de julio de 2021, es decir, casi un mes después de presentada, el Despacho de Alcaldía trasladó la gestión del recurrente al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos de la misma municipalidad. Sin embargo, posterior a ello las instancias competentes de la municipalidad no efectuaron acto alguno con el fin de emitir y notificarle al amparado la respuesta correspondiente, lesionan su derecho de petición. Fue por intervención de este Tribunal Constitucional, mediante la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, acto procesal efectuada el 16 de julio de 2021, que por oficio OSC-109-2021 de 19 de julio de 2021 y que le fue notificado el mismo día, el Coordinador del Proceso de Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito dio respuesta al recurrente, en los siguientes términos: “(…) En relación a la misma se procede a realizar revisión de la licencia comercial de restaurante y expendio de bebidas con contenido alcohólico las cuales se encuentran vigentes.
Mismas fueron autorizadas ya que se cumplía en su momento con los requisitos solicitados. En relación a su denuncia, indica el ejercicio de actividad comercial de cabinas, para dicha actividad no se ha otorgado licencia comercial alguna, motivo por el cual se solicitó inspección y el día de hoy se recibe el resultado de la misma mediante oficio SCCS-I-111-2021-VCB de 19 de julio de 2021, según la cual se clausura la actividad de restaurante por no estar al día en el pago de sus impuestos y a su vez se realiza clausura de 4 conteiner acondicionados para el alquiler de cabinas por no contar con licencia comercial (…)”. Así las cosas, se tiene que la Municipalidad de Garabito lesionó el derecho de petición del tutelado y fue con ocasión de este proceso de amparo que procedió a darle la respuesta correspondiente a la gestión presentada el 8 de mayo de 2021.
En virtud de lo expuesto anteriormente, corresponde declarar parcialmente con lugar este recurso de amparo, por la omisión del MINAE y de la Municipalidad de Garabito de dar respuesta de forma oportuna a las gestiones interpuestas por el amparado en fechas 30 de abril y 8 de mayo de 2021, respectivamente.
En el caso del MINAE, se ordena a sus autoridades tomar las medidas correspondientes para que, en un plazo no mayor a diez días posteriores a esta sentencia, al tutelado se le brinde la respuesta correspondiente en relación con la gestión interpuesta el 30 de abril de 2021.
Por su parte, en cuanto a la Municipalidad de Garabito, esta declaratoria se dicta sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues, con ocasión de la notificación de la resolución de ampliación de curso dictada en este proceso, intentaron remediar la vulneración supra citada mediante la notificación al recurrente de la respuesta correspondiente a su gestión de 8 de mayo de 2021.
En cuanto al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso.
V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
El suscrito Magistrado salva el voto con fundamento en las siguientes razones: Considero que los derechos de la parte tutelada no fueron lesionados, por cuanto, según se tiene por acreditado en el sub judice, el amparado remitió sus gestiones a correos electrónicos que no están previstos como mecanismos oficiales de comunicación. Ha sido mi criterio que cuando se acredita que la gestión, cuya falta de resolución se acusa, se remitió a un correo electrónico que no está previsto como mecanismo oficial de comunicación, no hay lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, aun cuando la autoridad recurrida haya girado acuse de recibido o dado trámite a la gestión. De ahí que, por estas razones, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso, como en efecto se hace.
VII.VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar:
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la omisión del MINAE y de la Municipalidad de Garabito de dar respuesta de forma oportuna a las gestiones interpuestas por el amparado en fechas 30 de abril y 8 de mayo de 2021, respectivamente. Se ordena a Carlos Vinicio Cordero Valverde, en condición de Jefe de la Oficina en Orotina del Área de Conservación Pacífico Central del MINAE, así como a Andrea Meza Murillo y Franklin Paniagua Alfaro, por su orden, Ministra y Viceministro de Ambiente, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE-, o a quienes ejerzan tales cargos, tomar las medidas correspondientes para que, en un plazo no mayor a diez días posteriores a esta sentencia, al tutelado se le brinde la respuesta correspondiente en relación con la gestión interpuesta el 30 de abril de 2021. Lo anterior, bajo la advertencia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Garabito, este recurso de amparo se declara con lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
*MXAQDGKPH8U61*
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