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Res. 15487-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/07/2021

Municipal delay in lot cleaning violates fundamental rightsOmisión municipal en limpieza de lote vulnera derechos fundamentales

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo petition is granted due to municipal delay in cleaning a lot that threatened the petitioner's health, without award of costs or damages.Se declara con lugar el recurso de amparo por omisión municipal en la limpieza de un lote que afectaba la salud del recurrente, sin condenatoria en costas ni daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo petition against the Municipality of Flores for failing to timely address a complaint about an overgrown lot. The petitioner, a resident of Villa Flores, reported since February 2021 that lot 8H was overgrown with weeds and debris, attracting snakes and endangering his family’s health. Although the municipality responded to his inquiries, over four months passed without any effective cleanup, which was only carried out on June 22, 2021, after the amparo had been filed. The Court held that the delay violated fundamental rights, particularly the right to health, and declared the amparo with merit but without awarding costs or damages under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. In dissenting opinions, several justices argued for automatic abstract condemnation for damages. The ruling reflects a broader tension over whether to award damages when the Administration cures the omission during the amparo proceedings.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Flores por no atender oportunamente una denuncia por falta de limpieza de un lote colindante. El recurrente, vecino del residencial Villa Flores, denunció desde febrero de 2021 que el lote 8H se encontraba enmontado y con escombros, propiciando la presencia de serpientes y afectando su salud y la de su familia. Aunque la municipalidad respondió a sus gestiones, transcurrieron más de cuatro meses sin una solución efectiva, y la limpieza se realizó hasta el 22 de junio de 2021, después de notificada la interposición del amparo. La Sala consideró que la demora constituyó una lesión a los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la salud, y ordenó la estimatoria sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En votos salvados, las magistradas Hernández López y Garro Vargas y el magistrado Salazar Alvarado abogaron por la condenatoria en abstracto de daños y perjuicios. La decisión refleja un debate sobre la procedencia de indemnización cuando la Administración corrige la omisión durante el proceso de amparo.

Key excerptExtracto clave

In this case, the omission of the authorities of the Municipality of Flores to address a complaint about lack of cleaning of a lot is alleged. From the evidence provided to the file and the report given under oath by the respondent authorities, it was proven that in February 2021 the complaint was filed to the email of the environmental manager of the municipality. Even though such recourse is not the established means for handling this type of procedure (proven fact k), it is clear from the record that the official responded to the email on the same day and that, likewise, all the steps taken by the petitioner have been answered. The only step for which there is no answer is that of June 9, 2021, which is the same day that this petition was filed and in respect of which the amparo would be premature. Thus, although it is verified that the respondent authority carried out a series of actions before the notification of this petition, the truth is that three and a half months passed from the filing of the complaint until the publication of the edict of notification, and four and a half months until the clearing and cleaning of the lot was carried out. It is thus confirmed that, despite the time elapsed since the presentation of the complaint, the sued authority had not given a real and effective solution to the problem raised; and it was not until June 22, 2021 that the cleaning of the lot was scheduled and carried out (proven fact l) and the petitioner's claim was satisfied. Consequently, it is appropriate to grant this petition without special award of costs and damages, as established in the operative part of this judgment.En el presente asunto, se acusa la omisión de las autoridades de la Municipalidad de Flores en atender una denuncia por falta de limpieza en un lote. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se tuvo por demostrado que en febrero de 2021 se interpuso la denuncia de marras, al correo electrónico del gestor ambiental de la municipalidad. Aun cuando dicho recurso no es el medio establecido para la atención de este tipo de trámites (hecho probado k), consta en autos que el funcionario respondió el mismo día el correo electrónico y que, igualmente, se han respondido todas las gestiones planteadas por el recurrente. La única gestión de la cual no figura respuesta es la de 09 de junio de 2021, que es el mismo día que se interpuso el presente recurso y respecto de la cual el amparo resultaría prematuro. Así las cosas, si bien se comprueba que la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones antes de la notificación del presente recurso, lo cierto es que transcurrieron tres meses y medio desde que se interpuso la denuncia y hasta que se publicó el edicto de notificación, y cuatro meses y medio hasta que se realizó la chapea y limpieza del lote. Se constata así que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, la autoridad accionada no había dado una solución real y efectiva a la problemática planteada; y fue hasta el 22 de junio de 2021 que se agendó y realizó la limpia del lote (hecho probado l) y se satisfizo la pretensión del recurrente. En consecuencia, lo corresponde es declarar con lugar este recurso sin especial condenatoria en daños y perjuicios, conforme se establece en la parte dispositiva de esta sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se constata así que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, la autoridad accionada no había dado una solución real y efectiva a la problemática planteada; y fue hasta el 22 de junio de 2021 que se agendó y realizó la limpia del lote (hecho probado l) y se satisfizo la pretensión del recurrente."

    "It is thus confirmed that, despite the time elapsed since the filing of the complaint, the sued authority had not given a real and effective solution to the problem raised; and it was not until June 22, 2021 that the cleaning of the lot was scheduled and carried out (proven fact l) and the petitioner's claim was satisfied."

    Considerando: Sobre el caso concreto

  • "Se constata así que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, la autoridad accionada no había dado una solución real y efectiva a la problemática planteada; y fue hasta el 22 de junio de 2021 que se agendó y realizó la limpia del lote (hecho probado l) y se satisfizo la pretensión del recurrente."

    Considerando: Sobre el caso concreto

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    "Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (...), the granting must be without special award of costs and damages."

    Considerando: Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    Considerando: Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios

  • "El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que desde el 03 de febrero de 2021 interpuso una denuncia por un lote que no recibe mantenimiento, y aunque se han respondido sus gestiones, no se ha realizado ninguna acción tendente a resolver la problemática denunciada."

    "The petitioner considers his fundamental rights violated, since as of February 3, 2021 he filed a complaint about a lot that is not maintained, and although his inquiries have been answered, no action has been taken to resolve the reported problem."

    Considerando: Objeto del recurso

  • "El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que desde el 03 de febrero de 2021 interpuso una denuncia por un lote que no recibe mantenimiento, y aunque se han respondido sus gestiones, no se ha realizado ninguna acción tendente a resolver la problemática denunciada."

    Considerando: Objeto del recurso

  • "En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    "In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims brought for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving them to the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    Nota de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 15487 - 2021** **Date of Resolution:** 09:15 a.m., July 9, 2021 **Case File:** 21-011059-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of Matter:** Amparo remedy **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Text of the resolution** Res. No. 2021015487 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen a.m. on July ninth, two thousand twenty-one.

Amparo remedy processed in case file number 21-011059-0007-CO, filed by SERGIO GERARDO VARGAS ABARCA, identification card number 0204810951, against THE MUNICIPALITY OF FLORES.

**Whereas:** By a brief received at the Chamber's Secretariat at 1:17 p.m. on June 9, 2021, the petitioner files an amparo remedy against THE MAYOR AND THE ENVIRONMENTAL MANAGER, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF FLORES, and states that lot (8H) borders his property (9H), located in the Villa Flores residential area, Barrantes district in Flores, Heredia, which has never had responsible maintenance by its owner. He indicates that, in recent years, he has had to pay to have a one-meter strip cleaned to prevent impacts on his land and thus protect his family's health. He states that he has seen the presence of snakes, even venomous ones, due to the unsanitary condition of the adjacent lot. In view of this, on February 3, 2021, he requested via email: [email protected], sent to the Environmental Manager, Luis Carlos Sánchez, the cleaning of lot 8H of Villa Flores. However, in that same email, the manager informed him: "we have no funds at this time to publish in the Official Gazette La Gaceta the notification to the owner of the overgrown green lot." Subsequently, by email sent by the respondent Municipality on April 23, 2021, he was informed that: "today the publication in the Official Gazette La Gaceta of a notification addressed to the owner of lot 8H will be requested for the cutting of its tall grass (zacate); at this time we have the budget for it, so the process for cleaning that property will begin." He adds that, in that same email, he informed the Environmental Manager that it was not a normal cleaning, as the land was full of rubble (escombros) that neighbors had deposited on the site, due to its state of abandonment. He details that, in an email dated May 17, 2021, the Environmental Manager told him: "I visited the green lot a few days ago and was able to verify its condition; within a few days, the intervention of the lot will be carried out by municipal officials since the deadline provided in the notification has not yet expired; however, this property is considered a priority by municipal officials for its cutting and cleaning." However, as the intervention of lot 8H was not carried out, on May 28 of this year, he asked the Environmental Management Unit of that municipal corporation—via email—to tell him the date the cleaning of said land was scheduled. He notes that on that day, the Environmental Manager informed him that, starting Wednesday, June 2, the request for the intervention of lot 8H would be made. He notes that, when the cleaning of the lot in question did not occur, he asked for an explanation from the Environmental Manager, who informed him by email on June 9 of this year: "You must understand that we do not have a large number of field staff and they are not only dedicated to cutting tall grass (zacate) on green lots." He asserts that he wrote an email to the mayor of Flores: [email protected] on June 9, 2021, where he stated the following: "I understand issues of red tape and budget, but I consider with all respect that more than 4 months is a long period and calls into question the responsibilities legally assigned to the Muni (sic) in the canton's beautification regulations (sic). You yourself are aware of the follow-up I have given to the matter. I received information from Mr. (sic) Sanchez (sic) that said intervention would occur last week, but now new excuses appear regarding staff availability." He alleges that, until the moment of filing this remedy, he has still not received a response to his request, and the problem remains unresolved. Consequently, he considers his fundamental rights violated.

By a resolution issued at 2:30 p.m. on June 14, 2021, this remedy was admitted for processing, which was notified to the respondents on June 18, 2021.

Eder Ramírez Segura and Luis Carlos Sánchez Delgado report under oath, in their capacity as mayor and head of the Technical Environmental Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Ambiental, UTAM), both of the Municipality of Flores (folio 48 of the electronic case file), that all procedures, consultations, and requests contained in the petitioner's complaint have been duly addressed in a timely manner. In response to the petitioner's report of a lot full of weeds and creating a habitat for venomous snakes, they proceeded to initiate the customary procedure for notifying the lot owner. However, it was determined that no means of notifying the owner exist; therefore, to safeguard due process, they proceeded to publish the corresponding edict. This was materialized in La Gaceta No. 97 of May 21, 2021, and after that, the legal deadline was granted, which expired on June 7, 2021. Having corroborated the owner's inaction, the order for weed cutting (corta de maleza) or lot cleaning was drawn up. Said procedure was transferred to the mayor's office, which in turn directed it to the Public Infrastructure Directorate (Dirección de Infraestructura Pública), the process in charge of brush clearing (chapea) work. They indicate that on June 22, 2021, the brush clearing (chapea) of lot 8H was carried out. They clarify that, at the time of the notification of the remedy (June 18, 2021), only nine business days had elapsed since the order requesting the weed cutting (corta de la maleza) was issued. They add that the petitioner did not prove that, in fact, the venomous species of snakes he indicates in his brief exist, or that there is any natural factor that compromises, in any way, his life and health or that of his family members. They clarify that the official means for handling these types of procedures is through the form called "service order" (orden de servicio), which can be obtained at the municipality, by calling the central telephone line, or via the email address [email protected]. They explain that the institutional emails of officials have been made available to citizens, which does not imply that they are always received. They consider that the case was handled under the principles of legality, reasonableness, proportionality, efficiency, and effectiveness, respecting due process, and therefore consider that no fundamental right was ever violated, and request that the remedy filed be dismissed.

The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, **Considering:** **Object of the remedy.** The petitioner considers his fundamental rights violated, given that since February 3, 2021, he filed a report regarding a lot that is not receiving maintenance, and although his requests have been answered, no action has been taken to resolve the reported problem.

**Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as ordered in the initial order:

  • a)By email dated February 3, 2021, the petitioner requested the cleaning of lot 8H of Villa Flores, and through a response the same day, the environmental manager of the Municipality of Flores stated: "we have no funds at this time to publish in the Official Gazette La Gaceta the notification to the owner of the overgrown green lot you indicate, due to the impossibility of locating him/her; it seems to me that we have published through this means regarding this lot previously, which allows the municipality to act if the owner does not. I will consult internally within the institution to determine the procedure and achieve the cutting of the tall grass (zacate) as soon as possible." (folio 18 of the electronic case file).
  • b)By email dated March 1, 2021, the petitioner inquired about his request, and the environmental manager of the Municipality of Flores responded the same day that "funds have already been requested for the publication in the Official Gazette La Gaceta for these green lots whose owners cannot be located. The funds will be allocated, and we will proceed with the notification as soon as they are available" (folio 22 of the electronic case file).
  • c)By email dated March 24, 2021, the petitioner asked if actions had been defined for cleaning the lot, and on March 25, 2021, the environmental manager of the Municipality of Flores responded as follows: "as I indicated, there is no budget allocation available at this time to publish the corresponding notification to the owner of lot 8H in the Official Gazette La Gaceta, so I am looking for other means to locate the person who owns that lot and carry out the notification stipulated in the Municipality's Sanitation and Beautification Regulations (Reglamento de Aseo y Ornato)" (folios 28 and 29 of the electronic case file).
  • d)By email dated March 25, 2021, also sent to the mayor of Flores, the petitioner replied to the response received and forwarded a new complaint from another neighbor; that same day, the mayor responded, explaining the usual procedure and the lack of budget allocation, and the petitioner replied reiterating his request (folios 30, 31, and 34 of the electronic case file).
  • e)By email dated April 23, 2021, the environmental manager of the Municipality of Flores responded to the petitioner that: "today the publication in the Official Gazette La Gaceta of a notification addressed to the owner of lot 8H will be requested for the cutting of its tall grass (zacate); at this time we have the budget for it, so the process for cleaning that property will begin" (folio 10 of the electronic case file).
  • f)By email dated May 17, 2021, the petitioner followed up on his request, and through a response the same day, the environmental manager of the Municipality of Flores responded that: "I visited the green lot a few days ago and was able to verify its condition; within a few days, the intervention of the lot will be carried out by municipal officials since the deadline provided in the no" (folio 11 of the electronic case file).
  • g)The owner of the lot was notified by edict, materialized in La Gaceta No. 97 of May 21, 2021, and after that, the legal deadline was granted, which expired on June 7, 2021 (report of the respondent authorities).
  • h)By email dated May 28, 2021, the petitioner asked when the intervention of the lot was scheduled (folio 12 of the electronic case file).
  • i)On June 7, 2021, a land-cleaning or weed-cutting request order (boleta de solicitud de limpieza de terreno o corta de maleza) was drawn up (folio 63 of the electronic case file).
  • j)By email dated June 9, 2021, the petitioner sent an email to Mr. Eder Ramírez, requesting intervention on the matter (folio 17 of the electronic case file).
  • k)The resolution admitting this remedy was notified to the respondent authorities on June 18, 2021 (notification records).
  • l)On June 22, 2021, the cleaning of lot 8H was carried out (report of the respondent authorities).
  • m)The official means for handling these types of procedures is through the form called "service order" (orden de servicio), which can be obtained at the municipality, by calling the central telephone line, or via the email address [email protected] (report of the respondent authorities).

**Regarding the official nature of email.** In the resolution admitting this remedy, the respondent authority was asked to indicate whether the email addresses to which the protected party sent the requests are provided for as an official communication mechanism. For its part, the respondent authority reported under oath that those means are not provided for as an official communication mechanism, since although institutional officials' emails have been made available to citizens, they are not always received, and that the official means for handling these types of procedures is through the form called "service order" (orden de servicio), which can be obtained at the municipality, by calling the central telephone line, or via the email address [email protected]. However, it is on record that responses were provided to the petitioner's requests and his request was processed. Regarding requests sent to unofficial emails, but whose receipt is acknowledged or whose response processing is initiated, this Court has considered that, by proceeding to process the requests made by the administered individuals, the respondent party obligates itself to respond just as if the request had been sent to the appropriate means (see ruling 2019-002204, among others).

**Regarding the specific case.** In the present matter, the omission of the authorities of the Municipality of Flores in addressing a report of lack of cleaning on a lot is alleged. From the evidence provided in the case file and the report rendered under oath by the respondent authorities, it was proven that in February 2021, the aforementioned report was filed to the email address of the municipality's environmental manager. Even though said remedy is not the established means for handling these types of procedures (proven fact k), it is on record that the official responded to the email the same day and that, likewise, all requests made by the petitioner have been answered. The only request for which there is no response is the one dated June 9, 2021, which is the same day this remedy was filed, and regarding which the amparo would be premature. Thus, while it is verified that the respondent authority carried out a series of actions before the notification of this remedy, the fact is that three and a half months elapsed from when the report was filed until the notification edict was published, and four and a half months until the brush clearing (chapea) and cleaning of the lot were carried out. It is thus verified that, despite the time elapsed since the filing of the report, the respondent authority had not provided a real and effective solution to the problem raised; and it was not until June 22, 2021, that the cleaning of the lot was scheduled and carried out (proven fact l) and the petitioner's claim satisfied. Consequently, the appropriate action is to grant this remedy without special award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), as established in the operative part of this judgment.

**Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional).** Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the *sub examine*, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate"), the grant must be without a special award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling state that the remedy is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph *in fine* states that the grant is issued "solely for purposes of compensation and costs, *if they are appropriate*". It is emphasized that the Law states "if they are appropriate", which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident proprietary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, which provides that: "every resolution granting the remedy shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment," where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, additionally, in order, the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to this case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the *sub lite* retains the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios).

**NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ.** Although I dissent in these types of matters, considering that any request must be sent to the official email address, the fact is that in the present case, I waive said dissenting vote, so that a majority may exist for the resolution of the case file.

**NOTE FROM MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.** 1. The historical context that, at the time, motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone considerable variation, which requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad production of legislation and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordained in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state agencies with appropriate competence imposed upon the Chamber a role as protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was previously little or not regulated, including the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily contentious-administrative, but also criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural channels and inclusive standing mechanisms have been widely regulated, so that administered individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary judicial bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking an overlap of its competences with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes fits poorly with the complexity present in numerous environmental conflicts composed of technically and legally complex series of facts and acts. On both questions, there are known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judges for the execution of judgments that would allow adequate follow-up on them—generally complex—, which sometimes involve monitoring remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental field, but rather, on the contrary, of its proper protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed on it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise in rearranging the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise in determining its own competence, as established by Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that, while every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim is, therefore, to ensure that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—among all, and each in its own space—the full variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen loses not one iota of protection, but significant gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, the latter principle being of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing the claims brought before it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, leaving their knowledge in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated with general application, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve knowledge of situations such as claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I also believe that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately addressed within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the petitioner's claim could eventually affect his physical integrity and that of his family. Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected individuals.

**NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.** In environmental matters, it is also the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, I consider that knowledge and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of individuals affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner alleges that since February 3, 2021, he filed a report regarding a lot not receiving maintenance, and although his requests have been answered, no action has been taken to resolve the reported problem, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.

**DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ ON THE FINANCIAL CONSEQUENCES DERIVING FROM GRANTING THIS REMEDY:** I concur with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I depart from its decision regarding the issue of the financial consequences of said declaration.

The constitutional jurisdiction in charge of this Court in amparo and habeas corpus matters—the jurisdiction of freedom, as it is called—is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted in a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority capable of violating them.

This protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, expeditious, and free, where the respondent public authority is required to simply render "a report" on the actions taken in the reported case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, technically, it is not a lawsuit, and accordingly, broad powers are granted to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus proceeding, both regarding the possibility of requesting information from other authorities on what happened, and regarding the broad management of evidence that may help clarify the events.

That procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing off such that what one gains the other loses, requires us to depart from the solutions that have been provided for these latter matters in procedural systems such as the civil, contentious-administrative, or labor systems.

In what is now relevant, the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) regulates, in its articles 46 and following, three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the responsibility of the Chamber: a) the first aspect pertains to the declaration that must be made regarding the existence or nonexistence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Court enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and to restore, in the most effective manner, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) sets forth rules regarding the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that – upon the finding of an injury by the Chamber – there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, an effective indemnification for the damages (daños) and expenses (gastos) caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the authorities that are found to be infringing, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the petitioner, but also as a deterrent so that the State does not engage in the future in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in article 50 of the Constitutional Jurisdiction Law.

In this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that “any decision (resolución) granting the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification for the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the proceeding…”. This is the general system that regulates matters of the indemnity sphere, for those cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…”; in such cases, among which is the one now being decided, the Chamber has found the grievance proven and hence the need for a condemnation of costs, damages, and losses, supported by the aforementioned concept of effective protection of individual rights and by the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional conduct. This conclusion is in no way altered by the fact that, upon hearing and deciding the amparo, “the effects of the challenged act may have ceased” (article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation of costs, damages, and losses, it being understood that the proceeding has ended normally and the violation has been verified.

Within this simple and clear general framework – devoid of shortcomings or gaps – the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exceptional case, applicable only in cases where the Chamber has neither heard nor ruled on the merits of the claim, that is – as the majority states – in those situations of “abnormal termination of the proceeding.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with utmost precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is pending (en curso); 2) that there exists an administrative or judicial decision (resolución) (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such decision unquestionably orders the revocation, cessation (detención), or suspension of the challenged action. These are highly circumscribed concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception unquestionably generate a diminution in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages sustained through the injury to their constitutional rights. In conclusion, solely in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation of costs, damages, and losses, and exercise – as judges – our judicial discretion to decide whether to order the payment of such items or not.

In this case, the foregoing exercise compels us to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, because, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has acknowledged through its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who was its author; the foregoing bears no resemblance to an “abnormal termination of the proceeding.” On the other hand, the requirements of article 52 just cited are also not met, since there is no “administrative or judicial decision” formally issued, in which the act originating the violation of constitutional rights is expressly revoked, ceased, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and order – as a consequence of having verified the violation – the condemnation for damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the proceeding.

But even if we were to disregard the automatic condemnation for damages, losses, and costs, disdaining the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the fundamental rights of the petitioner (amparado), which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses – the concrete determination of which is not for the Chamber to make – and no merit whatsoever is evident in the file (expediente) that would convince us to exonerate the respondent authority (autoridad recurrida) from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly set forth in the law.

PARTIAL DISSENTING VOTE (VOTO SALVADO PARCIAL) BY JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the remedy, I separate myself from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Constitutional Jurisdiction Law, in article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision (resolución) is issued that revokes, ceases (detenga), or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they were appropriate (procedentes).” On the other hand, article 51 ibidem establishes that:

“… any decision granting the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the proceeding, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter rule establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights….” In the majority’s opinion, article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for a condemnation of costs, damages, and losses. However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the remedy, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo – a scenario contemplated in article 52, mentioned – by command of articles 50 and 51, of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the proceeding. This rule is nothing more than the recognition to the party that has suffered a violation of their fundamental rights of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again engage in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in article 50, of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for a condemnation of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of individual rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the moment of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms set forth in articles 50 and 52, of the cited law, does not vitiate the appropriateness of the condemnation of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation for these items contained in the Constitutional Jurisdiction Law.

On the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has neither heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights which the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the decision initiating the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial decision that unquestionably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they were appropriate.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a diminution in the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the injury to their constitutional rights.

In my view, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that in the specific case no compensable loss whatsoever was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the challenged actions – the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction – the granting of this remedy must necessarily entail the condemnation of costs, damages, and losses, and I so declare.

DISSENTING VOTE (VOTO SALVADO) BY JUDGE GARRO VARGAS. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they were appropriate.” My interpretation of this rule is as follows: This “decision (resolución)” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they were appropriate” refers to the costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: the costs.

Admittedly, according to article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of an indemnifying nature but restitutive; however, article 51 of the LJC states: “Any decision granting the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the proceeding, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies it, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract having been issued, no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only that judge is responsible for finding the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo proceeding. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs, even when the right has been restored.

On the basis of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part (parte dispositiva) and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.

DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE (EXPEDIENTE). This Chamber must warn the petitioner (parte recurrente) that if any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies were provided, these must be withdrawn from the office within 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

In accordance with the provisions of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the remedy is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Castillo Víquez notes for the record. Judge Hernández López notes for the record. Judge Salazar Alvarado notes for the record. Judge Hernández López partially dissents from the vote (salva parcialmente el voto) and orders the condemnation for damages, losses, and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Constitutional Jurisdiction Law. Judge Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders the condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs. Notify.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2021015487 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-011059-0007-CO, interpuesto por SERGIO GERARDO VARGAS ABARCA, cédula de identidad 0204810951, contra LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.

Resultando:

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:17 horas del 09 de junio de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra EL ALCALDE Y EL GESTOR AMBIENTAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, y manifiesta que el lote (8H) colinda con su propiedad (9H), ubicado en el residencial Villa Flores, distrito de Barrantes de Flores, en Heredia, el cual nunca ha tenido mantenimiento responsable por parte de su propietario. Indica que, en los últimos años, ha tenido que pagar para que limpien una franja de un metro para evitar afectaciones a su terreno y proteger así la salud de su familia. Manifiesta que ha visto la presencia de serpientes, incluso venenosas, por la situación insalubre del lote colindante. En vista de esto, el 03 de febrero de 2021, solicitó por correo electrónico: [email protected], enviado al gestor Ambiental, Luis Carlos Sánchez, la limpieza del lote 8H de Villa Flores. Sin embargo, en ese mismo correo, el gestor le informó: "no tenemos fondos en este momento para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la notificación al propietario del lote en verde enmontado". Posteriormente, por correo electrónico, enviado por la Municipalidad recurrida, el 23 de abril de 2021, se le informó que: "el día de hoy se solicitará la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de notificación dirigida al propietario del lote 8H para la corta del zacate de este, ya en este momento se cuenta con el presupuesto para ello por lo que se iniciará el trámite para la limpieza de esa propiedad". Añade que, en ese mismo correo, le informó al gestor Ambiental, que no era una limpieza normal, pues el terreno estaba lleno de escombros que los vecinos habían depositado en el sitio, debido a su estado de abandono. Detalla que, en correo electrónico de 17 de mayo de 2021, el gestor Ambiental le comunicó: " yo visité el lote en verde hace pocos días y pude constatar el estado, dentro de pocos días se realizará la intervención del lote por parte de funcionarios municipales al no haberse cumplido aún el plazo brindado en la notificación, sin embargo esta propiedad está considerada como prioritaria por los funcionarios del municipio para su corta y limpieza". Sin embargo, al no realizarse la intervención del lote 8H, el 28 de mayo del año en curso, solicitó a la Unidad de Gestión Ambiental de esa corporación municipal -vía correo electrónico- le indicara la fecha que estaba programada la limpieza del terreno señalado. Acota que ese día, el gestor Ambiental le informó que, a partir del miércoles 2 de junio, se haría la solicitud de intervención del lote 8 H. Acota que, al no darse la limpieza del lote en cuestión, solicitó una explicación al gestor Ambiental, quien le informó por correo electrónico de 09 de junio del año en curso: " Hay que comprender que no se cuenta con gran cantidad de funcionarios de campo y no solo se dedican a la corta del zacate de lotes en verde". Aduce que escribió un correo electrónico al alcalde de Flores: [email protected] el 9 de junio de 2021, donde le indicó lo siguiente: " Comprendo temas de tramitología y de presupuesto, pero considero con todo respeto, que más de 4 meses es un periodo extenso y que pone en cuestionamiento las responsabilidades asignadas legalmente a la Muni (sic) en los reglamentos de ornato del cantón (sic). A usted mismo le consta el seguimiento que le he dado al tema. Recibí información del senor (sic) Sanchez (sic), de que dicha intervención se daría en la semana pasada, pero ahora aparecen nuevas excusas respecto a disponibilidad de personal". Alega que, hasta el momento de la interposición de este recurso, aún no ha obtenido respuesta a su gestión, y el problema continúa sin resolver. En consecuencia, estima lesionados sus derechos fundamentales. Mediante resolución de las 14:30 horas del 14 de junio de 2021 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 18 de junio de 2021. Informan bajo juramento Eder Ramírez Segura y Luis Carlos Sánchez Delgado, en su condición de alcalde y encargado de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental (UTAM), ambos de la Municipalidad de Flores (folio 48 del expediente electrónico), que todas las gestiones, consultas y solicitudes constantes del recurrente han sido debidamente atendidas en tiempo y forma. Ante la denuncia del recurrente de un lote lleno de maleza y que propicia un hábitat de serpientes venenosas, se procedió a dar inicio al trámite acostumbrado para notificar al propietario del lote. Sin embargo, se determinó que no existen medios de notificación del propietario, por lo que, en resguardo al debido proceso, se procedió a realizar la publicación del edicto correspondiente. Ello se materializó en La Gaceta Nº 97 de 21 de mayo de 2021, y tras de eso se otorgó el plazo de ley, que venció el 07 de junio de 2021. Corroborada la inacción del propietario, se confeccionó la orden de corta de maleza o limpieza de lote. Dicho trámite fue trasladado a la alcaldía, que a su vez lo direccionó a la Dirección de Infraestructura Pública, proceso encargado de las labores de chapea. Indican que el 22 de junio de 2021 se realizó la chapea del lote 8H. Aclaran que, al momento de la notificación del recurso (el 18 de junio de 2021), habían transcurrido solo nueve días hábiles desde que se efectuó la boleta solicitando la corta de la maleza. Añaden que el recurrente no comprobó que, en efecto, existan las especies venenosas de serpientes que indica en su escrito o bien, algún factor de la naturaleza que comprometa, en algún sentido, la vida y la salud suya o de sus familiares. Aclaran que el medio oficial para atender este tipo de trámites es a través del formulario denominado “orden de servicio”, el cual puede ser conseguido en la municipalidad, llamando a la central telefónica, o por medio del correo electrónico [email protected]. Explica que los correos institucionales de los funcionarios se han puesto a disposición de la ciudadanía, lo cual no implica que sean recibidos siempre. Consideran que el caso fue atendido bajo los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y eficacia, atendiendo el debido proceso, por lo cual estiman que nunca se lesionó ningún derecho fundamental, y solicitan se desestime el recurso planteado. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

Objeto del recurso. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que desde el 03 de febrero de 2021 interpuso una denuncia por un lote que no recibe mantenimiento, y aunque se han respondido sus gestiones, no se ha realizado ninguna acción tendente a resolver la problemática denunciada. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Mediante correo electrónico de 03 de febrero de 2021, el recurrente solicitó la limpieza del lote 8H de Villa Flores, y mediante respuesta del mismo día, el gestor ambiental de la Municipalidad de Flores le manifestó que: “no tenemos fondos en este momento para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la notificación al propietario del lote en verde enmontado que indica de no poder ser localizado, me parece que es por este medio que hemos realizado la publicación con respecto a este lote, lo que permite al municipio actuar de no hacerlo el propietario. Consultaré a lo interno de la institución para determinar el proceder y lograr la corta del zacate en cuanto sea posible.” (folio 18 del expediente electrónico).
  • b)Mediante correo electrónico de 01 de marzo de 2021, el recurrente preguntó por su gestión, y el gestor ambiental de la Municipalidad de Flores le respondió el mismo día que “ya se solicitó fondos para la publicación de estos lotes en verde cuyos propietarios no pueden localizarse, en el Diario Oficial La Gaceta. Los fondos serán adjudicados y se procederá con la notificación en cuanto se tengan disponibles” (folio 22 del expediente electrónico).
  • c)Mediante correo electrónico de 24 de marzo de 2021, el recurrente consultó si se habían definido acciones para la limpieza del lote, y el 25 de marzo de 2021, el gestor ambiental de la Municipalidad de Flores le respondió lo siguiente: “como le indiqué no existe en este momento contenido presupuestario para publicar la notificación correspondiente al propietario del lote 8 H en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que estoy buscando otros medios para localizar a la persona dueña de ese lote y realizar la notificación estipulada en el Reglamento de Aseo y Ornato del municipio” (folios 28 y 29 del expediente electrónico).
  • d)Mediante correo electrónico de 25 de marzo de 2021, enviado también al alcalde de Flores, el recurrente replicó la respuesta recibida y remitió una nueva queja de otro vecino, el mismo día el alcalde le respondió explicándole el procedimiento habitual y la falta de contenido presupuestario, y el recurrente replicó reiterando su solicitud (folios 30, 31 y 34 del expediente electrónico).
  • e)Mediante correo electrónico de 23 de abril de 2021, el gestor ambiental de la Municipalidad de Flores le respondió al recurrente que: “el día de hoy se solicitará la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de notificación dirigida al propietario del lote 8H para la corta del zacate de este, ya en este momento se cuenta con el presupuesto para ello por lo que se iniciará el trámite para la limpieza de esa propiedad” (folio 10 del expediente electrónico).
  • f)Mediante correo electrónico de 17 de mayo de 2021, el recurrente dio seguimiento a su gestión, y mediante respuesta del mismo día, el gestor ambiental de la Municipalidad de Flores le respondió que: “visité el lote en verde hace pocos días y pude constatar el estado, dentro de pocos días se realizará la intervención del lote por parte de funcionarios municipales al no haberse cumplido aún el plazo brindado en la no” (folio 11 del expediente electrónico).
  • g)Se notificó al propietario del lote mediante edicto, materializó en La Gaceta Nº 97 de 21 de mayo de 2021, y tras de eso se otorgó el plazo de ley, que venció el 07 de junio de 2021 (informe de las autoridades recurridas).
  • h)Mediante correo electrónico de 28 de mayo de 2021, el recurrente preguntó para cuándo está programada la intervención del lote (folio 12 del expediente electrónico).
  • i)El 07 de junio de 2021 se realizó boleta de solicitud de limpieza de terreno o corta de maleza (folio 63 del expediente electrónico).
  • j)Mediante correo electrónico de 09 de junio de 2021, el recurrente dirigió un correo electrónico al señor Eder Ramírez, solicitando la intervención en el tema (folio 17 del expediente electrónico).
  • k)La resolución que dio curso al presente recurso se notificó a las autoridades recurridas el 18 de junio de 2021 (actas de notificación).
  • l)El 22 de junio de 2021 se realizó la limpieza del lote 8H (informe de las autoridades recurridas).
  • m)El medio oficial para atender este tipo de trámites es a través del formulario denominado “orden de servicio”, el cual puede ser conseguido en la municipalidad, llamando a la central telefónica, o por medio del correo electrónico [email protected] (informe de las autoridades recurridas).

Sobre la oficialidad del correo electrónico. En la resolución que dio curso a este recurso, se le solicitó a la autoridad recurrida que indicara si las direcciones de correo electrónico al cual la parte amparada remitió las gestiones están previstas como mecanismo oficial de comunicación. Por su parte, la autoridad recurrida informó bajo juramento que esos medios no están previstos como mecanismo oficial de comunicación, pues aunque los correos institucionales de los funcionarios se han puesto a disposición de la ciudadanía, no siempre son recibidos, y que el medio oficial para atender este tipo de trámites es a través del formulario denominado “orden de servicio”, el cual puede ser conseguido en la municipalidad, llamando a la central telefónica, o por medio del correo electrónico [email protected]. Sin embargo, consta que se brindó respuesta a las gestiones del recurrente y se procedió a tramitar su solicitud. En lo que respecta a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal ha considerado que, al proceder la parte recurrida a tramitar las solicitudes planteadas por los administrados, se obliga a responder igual que si la gestión hubiera sido remitida al medio adecuado (véase la sentencia 2019-002204, entre otras). Sobre el caso concreto. En el presente asunto, se acusa la omisión de las autoridades de la Municipalidad de Flores en atender una denuncia por falta de limpieza en un lote. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se tuvo por demostrado que en febrero de 2021 se interpuso la denuncia de marras, al correo electrónico del gestor ambiental de la municipalidad. Aun cuando dicho recurso no es el medio establecido para la atención de este tipo de trámites (hecho probado k), consta en autos que el funcionario respondió el mismo día el correo electrónico y que, igualmente, se han respondido todas las gestiones planteadas por el recurrente. La única gestión de la cual no figura respuesta es la de 09 de junio de 2021, que es el mismo día que se interpuso el presente recurso y respecto de la cual el amparo resultaría prematuro. Así las cosas, si bien se comprueba que la autoridad recurrida realizó una serie de actuaciones antes de la notificación del presente recurso, lo cierto es que transcurrieron tres meses y medio desde que se interpuso la denuncia y hasta que se publicó el edicto de notificación, y cuatro meses y medio hasta que se realizó la chapea y limpieza del lote. Se constata así que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, la autoridad accionada no había dado una solución real y efectiva a la problemática planteada; y fue hasta el 22 de junio de 2021 que se agendó y realizó la limpia del lote (hecho probado l) y se satisfizo la pretensión del recurrente. En consecuencia, lo corresponde es declarar con lugar este recurso sin especial condenatoria en daños y perjuicios, conforme se establece en la parte dispositiva de esta sentencia. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Si bien salvo el voto en este tipo de asuntos, por considerar que toda gestión debe ser remitida al correo electrónico oficial, lo cierto es que en el presente caso renuncio a dicho voto salvado, con el fin de que pueda existir mayoría para la resolución del expediente. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su integridad física y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que desde el 03 de febrero de 2021 interpuso una denuncia por un lote que no recibe mantenimiento, y aunque se han respondido sus gestiones, no se ha realizado ninguna acción tendente a resolver la problemática denunciada, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO: Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.

En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.

En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.

Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.

En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.

Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.

VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

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    • Constitución Política Art. 50
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