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Res. 13772-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/06/2021
OutcomeResultado
The amparo is granted. The Mayor of Curridabat is ordered to take the necessary actions to comply with the remedial plan within one month. The Director of the Health Area is ordered to effectively follow up and notify the plaintiff of the final resolution. The Municipality and the State are ordered to pay costs and damages.Se declara con lugar el recurso de amparo. Se ordena al Alcalde de Curridabat ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el plan remedial en un mes. Se ordena a la Directora del Área de Salud dar seguimiento efectivo y comunicar la resolución definitiva al recurrente. Se condena a la Municipalidad y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a resident against the Ministry of Health and the Municipality of Curridabat. The plaintiff reported inadequate storage of solid waste at the municipal depot, causing pollution, foul odors, and vector proliferation, harming neighbors' health. The Health Area issued a sanitary order with a 20-business-day deadline to correct non-conformities and submit a remedial plan. However, the Municipality failed to fully comply or submit the plan, and health authorities did not follow up in a timely manner. The Chamber granted the amparo, ordering the Mayor to take necessary actions to comply with the remedial plan within one month, and the Health Director to effectively follow up and notify the plaintiff of the final resolution. The Municipality and the State were ordered to pay costs and damages. The ruling reinforces protection of the right to a healthy environment and health against administrative inaction.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Curridabat. El recurrente denunció que en el plantel municipal se almacenaban desechos sólidos de manera inadecuada, generando contaminación, malos olores y proliferación de vectores, lo que afectaba la salud de los vecinos. El Área Rectora de Salud emitió una orden sanitaria con plazo de 20 días hábiles para corregir las no conformidades y presentar un plan remedial. Sin embargo, la Municipalidad no cumplió íntegramente ni presentó el plan, y las autoridades de salud no realizaron seguimiento oportuno. La Sala declaró con lugar el recurso, ordenando al Alcalde ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el plan remedial en el plazo de un mes, y a la Directora del Área de Salud dar seguimiento efectivo y comunicar la resolución definitiva al recurrente. Se condenó a la Municipalidad y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. El fallo reafirma la protección del derecho a un ambiente sano y la salud frente a la inercia administrativa.
Key excerptExtracto clave
In this context, it is evident that the authorities of the Health Area, prior to the notification of the proceeding resolution in this case, had not carried out any process to verify compliance with the order, and it could not be proven that, after the inspection conducted on the occasion of this appeal, they had taken any effective measure to demand compliance with what was ordered for the Municipality of Curridabat as of October 30, 2020, which should have been complied with since November 2020, and by the date they submitted their report in this appeal, it remained definitively unfulfilled. Likewise, there is no evidence that the protected party was notified of the final resolution of his complaint, since the last communication made to him was to inform him about the inspections carried out and the sanitary order issued. Thus, an efficient conduct on the part of the respondent authorities in the follow-up to the sanitary order is not observed, and this translates into an infringement of the protected party's fundamental rights. Furthermore, it is not constitutionally acceptable that, due to a budget management problem and delays in contracting the Master Plan mentioned by the municipal authorities in their report, the citizens' rights to health and an environment free of contamination be impaired, since they should not have to bear the Administration's inertia or inefficiency.En ese contexto, consta que las autoridades del Área Rectora de Salud de previo a la notificación de la resolución de curso de este proceso no habían realizado proceso alguno para verificar el cumplimiento de lo ordenado, y no pudo comprobarse que, luego de la inspección realizada con ocasión de este recurso dispusieran alguna medida efectiva para exigir el cumplimiento a lo ordenado a la Municipalidad de Curridabat desde el 30 de octubre de 2020, y que debieron cumplir desde noviembre de 2020, y a la fecha en que rindieron informe en este recurso, se encontraba aún sin cumplir de manera definitiva. Asimismo, no consta que al tutelado se le haya comunicado la resolución final de su denuncia, por cuanto, la última comunicación que se le hizo fue para informarle sobre las inspecciones realizadas y la orden sanitaria dictada. De manera, que no se constata una conducta eficiente por parte de las autoridades recurridas en el seguimiento de la orden sanitaria y ello se traduce en una infracción a los derechos fundamentales del tutelado. Aunado a lo anterior, no es posible aceptar, desde el punto de vista constitucional, que debido a un problema de gestión de presupuesto y retrasos en contratación del Master Plan que mencionan las autoridades municipales en su informe, se vean lesionados los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación de los ciudadanos, pues ellos no tienen por qué soportar la inercia o ineficiencia de la Administración.
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"no es posible aceptar, desde el punto de vista constitucional, que debido a un problema de gestión de presupuesto y retrasos en contratación del Master Plan que mencionan las autoridades municipales en su informe, se vean lesionados los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación de los ciudadanos, pues ellos no tienen por qué soportar la inercia o ineficiencia de la Administración."
"it is not constitutionally acceptable that, due to a budget management problem and delays in contracting the Master Plan mentioned by the municipal authorities in their report, the citizens' rights to health and an environment free of contamination be impaired, since they should not have to bear the Administration's inertia or inefficiency."
Considerando V
"no es posible aceptar, desde el punto de vista constitucional, que debido a un problema de gestión de presupuesto y retrasos en contratación del Master Plan que mencionan las autoridades municipales en su informe, se vean lesionados los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación de los ciudadanos, pues ellos no tienen por qué soportar la inercia o ineficiencia de la Administración."
Considerando V
"no se constata una conducta eficiente por parte de las autoridades recurridas en el seguimiento de la orden sanitaria y ello se traduce en una infracción a los derechos fundamentales del tutelado."
"an efficient conduct on the part of the respondent authorities in the follow-up to the sanitary order is not observed, and this translates into an infringement of the protected party's fundamental rights."
Considerando IV
"no se constata una conducta eficiente por parte de las autoridades recurridas en el seguimiento de la orden sanitaria y ello se traduce en una infracción a los derechos fundamentales del tutelado."
Considerando IV
"Se ordena a Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute las acciones que sean necesarias para cumplir con el plan remedial requerido en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020."
"It is ordered that Jimmy Cruz Jiménez, in his capacity as Mayor of the Municipality of Curridabat, or whoever holds the position, within a period of ONE MONTH from the notification of this judgment, take the necessary actions to comply with the remedial plan required in sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020."
Por tanto
"Se ordena a Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute las acciones que sean necesarias para cumplir con el plan remedial requerido en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: June 18, 2021, at 09:15 Case File: 21-009810-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on June eighteenth, two thousand twenty-one.
Amparo action (recurso de amparo) filed by DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH, identity card No. 1-0910-0965, against the MINISTRY OF HEALTH (MINISTERIO DE SALUD) and the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT (MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT).
Findings of Fact (Resultando):
Drafted by Magistrate Araya García; and, Considering (Considerando):
I.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the action, it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is posed, since it involves a delay in resolving a situation related to a complaint about contamination from solid waste, among other things, filed before the Curridabat Health Governing Area.
II.Purpose of the action. The petitioner alleges that on August 23, 2020, he sent, via email, a complaint to the Curridabat Health Governing Area, due to a series of irregularities occurring at the depot of the Municipality of Curridabat that cause contamination from solid waste from garbage collection trucks, among other things. He indicates that by virtue of the complaint he filed, the challenged authority issued sanitary order MSDRRSCS-DARSCU-OS-8712-2020 of October 30, 2020, which, as of the date of filing this amparo action, has not been executed, and therefore, the reported problem continues, which he deems violative of his fundamental rights.
I emphasize that this place does not meet the minimum conditions to store, unload, and reload garbage in the way the Municipality is doing it. 5- Another health hazard is the potential presence of animals in said depot, which, given the accumulation of decomposing garbage, generation of vectors, and foul odors, is the ideal breeding ground for animals temporarily staying in said municipal depot to also become means of transmitting diseases that can be transmitted to other animals and even to human beings themselves. 6- The smell at this site has become unbearable, and very close by there are commercial establishments as well as the Barrio Nuevo sector, where a large number of low-income people, older adults, small children, and pregnant women live, who are threatened daily by the poor solid waste management practices carried out at the municipal depot…” (undisputed fact).
It must have a stop to prevent collection vehicles from falling into it when approaching for unloading… f) present the environmental viability (viabilidad ambiental) for the Solid Waste Transfer Station and the recycling material collection warehouse… The following non-conformities must be resolved within the indicated period and are not part of the Remedial Plan: 1. Eliminate the unloading of ordinary solid waste on the floor… 2. Install portable fire extinguishing equipment in the ordinary solid waste transfer area… 3. Provide disposable paper towels and alcohol-based hand sanitizer in the sinks of the men's sanitary facilities and alcohol-based hand sanitizer in the women's sinks… Recycling material collection warehouse. 1. Install portable fire extinguishing equipment, with its respective signage… 2. Install a first aid kit… 3. Install signage prohibiting smoking in a visible location, at the entrance of the warehouse, sanitary facilities, cafeteria…” (see report of the challenged authority and evidence provided to the case file).
IV.Regarding the Curridabat Health Governing Area. In the case at hand (sub examine), in accordance with the evidence provided to the record and the reports rendered by the challenged authorities—which are given under oath with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)—this Constitutional Court finds that the petitioner is correct in his allegation.
This Chamber finds it proven that, in response to the complaint filed by the petitioner on August 23, 2020, the authorities of the Curridabat Health Governing Area proceeded to carry out an inspection at the depot of the Municipality of Curridabat, which led to the issuance of sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020, and for which said authority was granted a period of 20 business days to comply with the non-conformities found and the submission of a remedial plan.
Now, although it is recorded that the challenged Municipality sent a response to the Health Area on November 25, 2020, regarding the sanitary order in question, detailing each of the actions implemented concerning the non-conformities that are not part of the remedial plan, the truth is that, with that communication, they did not fully comply with the issued sanitary order. Furthermore, the 20-business-day period granted in sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-OS-8712-2020 expired on November 27, 2020.
However, it is recorded that it was not until the service of the resolution ordering the processing of this amparo proceeding that the authorities of the challenged Health Area proceeded to carry out an inspection of the municipal depot to verify compliance with the sanitary order, and there they noticed that the remedial plan has still not been submitted, and they could not verify what was ordered regarding the unloading of solid waste on the floor, given that the solid waste collection process had already concluded at the time of the visit.
In this context, it is recorded that, prior to the service of the resolution ordering the processing of this proceeding, the authorities of the Health Governing Area had not carried out any process to verify compliance with what was ordered, and it could not be proven that, after the inspection carried out on the occasion of this action, they ordered any effective measure to demand compliance with what was ordered to the Municipality of Curridabat since October 30, 2020, and which they should have complied with since November 2020, and as of the date they rendered the report in this action, it remained definitively unfulfilled. Likewise, it is not recorded that the protected party was notified of the final resolution of his complaint, since the last communication made to him was to inform him about the inspections carried out and the issued sanitary order. Thus, no efficient conduct on the part of the challenged authorities in the follow-up of the sanitary order is verified, and this translates into an infringement of the fundamental rights of the protected party. Under this scenario, it is appropriate to grant the action, with the considerations that will be indicated in the operative part (parte dispositiva) of this ruling.
V.Regarding the Municipality of Curridabat. Finally, in the case at hand (sub lite), it is proven that, on August 23, 2020, the petitioner reported the poor management of solid waste at the depot of the Municipality of Curridabat. Thus, by sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020, it was ordered that within a period of 20 business days, starting from the service of this order, which occurred on the same October 30, 2020, the challenged Municipality had to comply with the establishment of a series of non-conformities found at the depot and, in addition, had to submit to the Health Governing Area for its approval a remedial plan whose implementation timeline must not exceed 6 months, which contemplates the actions, deadlines, and responsible party to definitively resolve other non-conformities found at the Solid Waste Transfer Station.
Now, despite the fact that the maximum period granted to conclude what was ordered ended on November 27, 2020, this Court proves that the challenged local government did not submit the requested remedial plan and only complied with the non-conformities of the other areas not covered by said remedial plan. Given this scenario, this Chamber considers that, despite its legal obligation, the respondent Municipality (Municipalidad accionada) has not complied with what was ordered by the Curridabat Health Governing Area in sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020.
In addition to the foregoing, it is not possible to accept, from a constitutional standpoint, that due to a budget management problem and delays in the contracting of the Master Plan mentioned by the municipal authorities in their report, the rights to health and an environment free from contamination of the citizens are violated, since they should not have to bear the inertia or inefficiency of the Administration. Furthermore, according to the statement of the Municipality itself, they are barely in the first stage of implementing the Master Plan, and therefore, there is not at this time even an approximate date for when they will comply with what was ordered. Consequently, the appropriate course is to grant the action, against the Municipality of Curridabat, with the considerations that will be stated in the operative part of this ruling.
VI.Conclusion. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the action, with the considerations that will be stated in the operative part of this ruling.
VII.Note from Magistrate Salazar Alvarado. I consider, as a matter of principle, that cases related to the inaction of the Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed because that omission constitutes a legality issue, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly.
However, when that omissive administrative conduct derives from a violation of other fundamental rights protected in this jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to examine the merits of the matter, as occurs in this amparo in which the life and integrity of the residents are at stake due to contamination from solid waste from the garbage collection trucks, and the lack of Constructive Improvements to the Curridabat Municipal Plant (Mejoras Constructivas Plantel Municipal de Curridabat), given that there are infrastructure problems at said location, which has been the subject of a sanitary order (orden sanitaria) by the authorities of the Ministry of Health, the non-compliance with which puts at risk not only the integrity of the residents of the Barrio San José de Curridabat, but also that of other persons, a situation that constitutes an exception to my general position on this matter.
VIII.Partially dissenting vote (Voto salvado parcial) regarding the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I partially dissent as to where the enforcement phase of the matter should be held, specifically regarding the order to comply with the remedial plan required in sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo) regarding enforcement (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area (Área de Ejecución) of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of said Code.
IX.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore (Por tanto):
The appeal is granted. It is ordered: 1) to Jimmy Cruz Jiménez, in his capacity as Mayor of the Municipality of Curridabat, or whomever holds the position in his stead, that within a period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, he execute the actions necessary to comply with the remedial plan required in sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 of October 30, 2020, which was notified to him by the authorities of the Health Area of Curridabat (Área de Salud de Curridabat); 2) to Melissa Arguedas Arce, in her capacity as Director of the Health Area of Curridabat, or whomever holds the position in her stead, that immediately: a) she issue the orders and instructions that are within the scope of her powers, so that effective follow-up is provided to the compliance with the cited sanitary order, as well as to the remedial plan presented by the authorities of the Municipality of Curridabat, in accordance with the ruling in this judgment; and, b) she notify the appellant of the definitive resolution of the environmental complaint he filed.
The respondents are warned that in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Curridabat and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado notes his position. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedural Code. Notify.- Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
*57EZGEG47ZVG61* FILE No. 21-009810-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:30:26.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo interpuesto por DAVID ALBERTO ZAMORA AYMERICH, cédula de identidad No. 1-0910-0965, contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del recurso, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante el retardo en resolver situación atinente a una denuncia por un problema de contaminación de desechos sólidos, entre otras cosas, presentada ante el Área Rectora de Salud de Curridabat.
II.Objeto del recurso. Alega el recurrente que el 23 de agosto de 2020, remitió vía correo electrónico, una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Curridabat, debido a una serie de irregularidades que se presentan en el plantel de la Municipalidad de Curridabat y que provocan contaminación por desechos sólidos de los camiones recolectores de basura, entre otras cosas. Señala que en virtud de la denuncia que interpuso, la autoridad recurrida giró la orden sanitaria MSDRRSCS-DARSCU-OS-8712-2020 de 30 de octubre de 2020, la cuales a la fecha de interposición de este recurso de amparo no se ha ejecutado y por ende, la problemática denunciada continúa, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Enfatizo que este lugar no reúne las condiciones mínimas para almacenar, descargar y recargar la basura de la forma como la Municipalidad lo está haciendo. 5- Otro peligro para la salud es la presencia potencial de animales en dicho plantel que, ante la acumulación de la basura en descomposición, generación de vectores y malos olores, son el caldo de cultivo ideal para que los animales que tengan una estancia temporal en dicho plantel municipal puedan convertirse también en medios de transmisión de enfermedades que pueden transmitirse a otros animales e incluso al mismo ser humano. 6- El olor en este sitio se ha vuelto insoportable y muy cerca se encuentran establecimientos comerciales así como el sector de Barrio Nuevo, en donde viven una gran cantidad de personas de escasos recursos, adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas que se ven amenazados diariamente por las malas prácticas en la gestión de desechos sólidos que se llevan a cabo en el plantel municipal…" (hecho incontrovertido).
Así como confeccionar reportes operacionales de aguas residuales … b) implementar un sistema de recolección y disposición de aguas residuales producto del lavado de vehículos recolectores de desechos sólidos…c) eliminar llantas y equipo en desuso que permanece en el sitio en el cual almacena agua, lo que constituye un foco de reproducción vector transmisor de la enfermedad de Dengue, Zika y Chicungunya…d) ampliar la cantidad de duchas de tal forma que se cumpla con la relación una por cada cinco trabajadores del área de gestión de los residuos sólidos… e) instalar tolva o ranura para la descarga de los desechos sólidos ordinarios al vehículo de mayor capacidad. Debe contar con un tope para impedir que los vehículos recolectores puedan caer en ella al aproximarse para la descarga… f) presentar viabilidad ambiental de la Estación de Transferencia de residuos sólidos y de la bodega de acopia de material de reciclaje…Las siguientes no conformidades deben ser resueltas en el plazo indicado y que no forman parte del Plan Remedial: 1.
Eliminar la descarga de residuos sólidos ordinarios en el piso… 2. Instalar equipo portátil contra incendio en el área de trasiego de desechos sólidos ordinarios…3. Dotar de toallas desechables y alcohol en gel en los lavamanos de los servicios sanitarios de hombres y alcohol en gel en los lavamanos de mujeres…Bodega de acopio de material reciclaje. 1. Instalar equipo portátil contra incendios, con su respectiva rotulación…2. Instalar un botiquín de primeros auxilios…3. Instalar rotulación sobre prohibido fumar en lugar visible, en la entrada de la bodega, servicios sanitarios, comedor…” (ver informe de la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
IV.En cuanto al Área Rectora de Salud de Curridabat. En el sub examine, de conformidad con la prueba allegada a los autos y de los informes rendidos por las autoridades recurridas -los cuales son dados bajo juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, este Tribunal Constitucional estima, que lleva razón el recurrente en su alegato.
Esta Sala tiene por demostrado que, en atención a la denuncia planteada por el recurrente el 23 de agosto de 2020, las autoridades del Área Rectora de Salud de Curridabat procedieron a realizar una inspección en el plantel de la Municipalidad de Curridabat, la cual, provocó que se dictara la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 del 30 de octubre de 2020, y para la cual se otorgó a dicha autoridad un plazo de 20 días hábiles para cumplir con las no conformidades encontradas y con la presentación de un plan remedial.
Ahora, si bien consta que la Municipalidad recurrida remitió al Área de Salud el 25 de noviembre de 2020, respuesta a la orden sanitaria en cuestión y detallando cada una de las acciones implementadas en torno a las no conformidades que no forman parten del plan remedial, lo cierto es que, con dicha comunicación no dieron cumplimiento completo a la orden sanitaria emitida. Además, el plazo de 20 días hábiles concedido en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-OS-8712-2020, venció el 27 de noviembre de 2020.
Sin embargo, consta que, no fue sino hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo las autoridades del Área de Salud recurrida procedieron a realizar una inspección el plantel municipal para verificar el cumplimiento de la orden sanitaria, y ahí se percataron que aún no ha sido presentado el plan remedial y tampoco pudieron verificar lo ordenado con respecto a la descarga de residuos sólidos en el piso, dado que el proceso de recolección de desechos sólidos ya había concluido al momento de la visita.
En ese contexto, consta que las autoridades del Área Rectora de Salud de previo a la notificación de la resolución de curso de este proceso no habían realizado proceso alguno para verificar el cumplimiento de lo ordenado, y no pudo comprobarse que, luego de la inspección realizada con ocasión de este recurso dispusieran alguna medida efectiva para exigir el cumplimiento a lo ordenado a la Municipalidad de Curridabat desde el 30 de octubre de 2020, y que debieron cumplir desde noviembre de 2020, y a la fecha en que rindieron informe en este recurso, se encontraba aún sin cumplir de manera definitiva. Asimismo, no consta que al tutelado se le haya comunicado la resolución final de su denuncia, por cuanto, la última comunicación que se le hizo fue para informarle sobre las inspecciones realizadas y la orden sanitaria dictada. De manera, que no se constata una conducta eficiente por parte de las autoridades recurridas en el seguimiento de la orden sanitaria y ello se traduce en una infracción a los derechos fundamentales del tutelado. Bajo este panorama, procede declarar con lugar el recurso, con las consideraciones que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.Sobre la Municipalidad de Curridabat. Finalmente, en el sub lite, se tiene por acreditado que, el 23 de agosto de 2020, el recurrente denunció el mal manejo de desechos sólidos en el plantel de la Municipalidad de Curridabat. De modo que por orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020, se ordenó que en el plazo de 20 días hábiles, a partir de la notificación de esta, que se dio el mismo 30 de octubre de 2020, la Municipalidad recurrida debía cumplir con la instauración de una serie de no conformidades encontradas en el plantel y además, debía presentar ante el Área Rectora de Salud para su aprobación, un plan remedial cuyo cronograma de implementación que no deberá exceder a los 6 meses, donde se contemplen las acciones, plazos y responsable para dar solución definitiva a otras no conformidades encontradas en la Estación de transferencia de residuos sólidos.
Ahora bien, pese a que el plazo máximo otorgado para concluir con lo ordenado culminó el 27 de noviembre de 2020, este Tribunal acredita que el gobierno local recurrido no presentó el plan remedial solicitado y únicamente cumplió con las no conformidades de las otras áreas ajenas a dicho plan remedial. Ante este panorama, considera esta Sala que, a pesar de su obligación legal, la Municipalidad accionada no ha cumplido con lo ordenado por el Área Rectora de Salud de Curridabat en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020.
Aunado a lo anterior, no es posible aceptar, desde el punto de vista constitucional, que debido a un problema de gestión de presupuesto y retrasos en contratación del Master Plan que mencionan las autoridades municipales en su informe, se vean lesionados los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación de los ciudadanos, pues ellos no tienen por qué soportar la inercia o ineficiencia de la Administración. Además, según el dicho de la misma Municipalidad apenas se encuentran en la primera etapa de implementación del Master Plan, por lo que, no existe en este momento, ni siquiera una fecha aproximada de cuándo cumplirán con lo ordenado. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en contra de la Municipalidad de Curridabat, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.Conclusión. En mérito de lo impuesto, procede declarar con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. Considero, en tesis de principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados por constituir esa omisión un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo en que está de por medio la vida e integridad de los vecinos por la contaminación por desechos sólidos de los cambios recolectores de basura, y la falta de Mejoras Constructivas Plantel Municipal de Curridabat, pues existen problemas infraestructura en dicho lugar, que ha sido objeto de una orden sanitaria por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, sin cuyo cumplimiento pone en riesgo no solo la integridad de los vecinos del Barrio San José de Curridabat, sino el otras personas, situación que constituye una excepción mi posición general en esta materia.
VIII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a que se ordena cumplir con el plan remedial requerido en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena: 1) a Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute las acciones que sean necesarias para cumplir con el plan remedial requerido en la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSCU-8712-2020 de 30 de octubre de 2020 que le fue notificada por parte de las autoridades del Área de Salud de Curridabat; 2) a Melissa Arguedas Arce, en su condición de Directora del Área de Salud de Curridabat, quien en su lugar ejerza el cargo, que de inmediato: a) gire las órdenes e instrucciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde el efectivo seguimiento al cumplimiento de la orden sanitaria citada, así como al plan remedial presentado por las autoridades de la Municipalidad de Curridabat, de conformidad con lo resuelto en esta sentencia; y, b) le comunique al recurrente la resolución definitiva de la denuncia ambiental que interpuso.
Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Curridabat y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
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