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Res. 13724-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/06/2021

Dismissal of Amparo Against Private Parties Due to Availability of Ordinary Judicial RemediesImprocedencia de amparo contra particulares por existencia de remedios judiciales ordinarios

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber dismissed the amparo action, holding that ordinary judicial remedies exist to challenge the alleged dismissal of the plaintiff, which are neither tardy nor insufficient, and because amparo against private persons is subsidiary and exceptional.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que existen remedios jurisdiccionales comunes, no tardíos ni insuficientes, para impugnar la supuesta destitución de la recurrente, y porque el amparo contra sujetos de derecho privado es de naturaleza subsidiaria y excepcional.

SummaryResumen

This ruling by the Constitutional Chamber addresses an amparo action filed by the vice-president of the Administrative Board of the Fundación Promotora de Vivienda against a group of assembly members of the same foundation, who, during an extraordinary assembly held on October 10, 2020, agreed to remove her from office along with other board members. The plaintiff alleged violations of due process, right to defense, and presumption of innocence, arguing that the removal was a de facto act without prior procedure. The Chamber, however, dismisses the action, holding that an ordinary civil remedy exists to challenge the assembly's decisions, specifically the homologation proceeding regulated by Article 16 of the Law on Foundations. The Chamber reiterates that amparo against private persons is exceptional and subsidiary, and in this case the ordinary judicial remedies are neither tardy nor insufficient, and the plaintiff has not been formally removed from her position.Esta resolución de la Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por la vicepresidenta de la Junta Administrativa de la Fundación Promotora de Vivienda contra un grupo de asambleístas de la misma fundación, quienes, en una asamblea extraordinaria realizada el 10 de octubre de 2020, acordaron destituirla de su cargo junto con otros miembros de la junta. La recurrente alega violación del debido proceso, derecho de defensa y principio de inocencia, argumentando que la destitución fue un acto de facto sin procedimiento previo. La Sala, sin embargo, declara sin lugar el recurso por considerar que existe una vía ordinaria civil para impugnar los acuerdos de dicha asamblea, en particular el proceso de homologación regulado en el artículo 16 de la Ley de Fundaciones. La Sala recuerda que el amparo contra sujetos de derecho privado es excepcional y subsidiario, y en este caso los remedios jurisdiccionales comunes no son tardíos ni insuficientes, además de que la recurrente no ha sido formalmente removida del cargo.

Key excerptExtracto clave

In the present case, the plaintiff has held the position of Vice President of the Administrative Board of the Fundación Promotora de Vivienda since June 27, 2017. It is not shown that she has been removed from the position. Certainly a group of individuals, the defendants herein, considered that a general assembly convened for October 10, 2021, should continue, despite the de-convocation ordered by the Board. It is also true that, in the meeting (which this Chamber does not assess), the resignation of some members of the Board was requested, including the plaintiff here. Ultimately, they decided to dismiss them from their posts. However, it was also demonstrated and is very clear that such decisions are being heard in judicial proceedings in accordance with Article 16 of the Law on Foundations. A new extraordinary assembly was convened, which took place (and on whose legitimacy this Chamber likewise makes no ruling) on October 23, 2020. Against this latter assembly, three of the respondents filed an ordinary lawsuit currently in progress. In light of this, the Chamber considers that the petition should not be granted at this time. First, it cannot be overlooked that the amparo action has been brought against private persons, specifically against natural persons who are alleged to have held a supposed assembly of the foundation. Under Article 57 of the Law on Constitutional Jurisdiction, amparo against private persons is available only exceptionally. Indeed, that provision states: "[...] The amparo action shall also lie against the actions or omissions of private persons, when they act or should act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights and freedoms referred to in Article 2, subsection a) of this Law..." (Highlighting and underlining not in the original). From the foregoing, it follows that the passive subject of an amparo, in the case of a private person, must meet any of the following conditions: (a) The passive subject of the amparo acts—or should act—in the exercise of public functions or powers; (b) the passive subject is, by express legal mandate, in a position of power over the plaintiff; and (c) the passive subject is, for factual reasons, in a position of power over the plaintiff. In addition to the above requirements, the law provides that it must also be verified that it is impossible for the plaintiff to obtain a sufficiently prompt solution to their problem through ordinary judicial channels, or that such remedies are clearly insufficient.En el sub lite se tiene que la recurrente ocupa el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Promotora de Vivienda desde el 27 de junio del 2017. No consta que a la fecha hubiera sido removida del cargo. Ciertamente un grupo de personas, los aquí recurridos consideraron que se debía continuar con una asamblea general convocada para el 10 de octubre del 2021, pese a la desconvocatoria que resolvió la Junta Directiva. Es cierto también que, en la reunión (que esta Sala no entra a calificar) se solicitó pedirles la renuncia a algunos miembros de la Junta Directiva, entre ellos la aquí recurrente. Finalmente, decidieron destituirlos de sus cargos. Sin embargo, también se demostró y es muy claro que tales decisiones se están conociendo en estrados judiciales de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Fundaciones. Se convocó a una nueva asamblea extraordinaria, la que se realizó (y sobre cuya legitimidad tampoco se pronuncia esta Sala) el 23 de octubre del 2020. Contra esta última, tres de los aquí recurridos interpusieron una demanda ordinaria actualmente en curso. Del panorama expuesto, esta Sala considera que no procede en este momento estimar el recurso planteado. En primer término, no se puede perder de vista que el recurso de amparo ha sido presentado contra sujetos de derecho privado, específicamente, contra personas físicas a quienes se atribuye haber realizado una supuesta asamblea de la fundación. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional procede el amparo contra sujetos de derecho privado de manera excepcional. En efecto, indica tal norma lo siguiente: "[...] El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley..." (El resaltado y subrayado no es del original). De lo anterior se colige que el sujeto pasivo del amparo, en el caso de tratarse de un sujeto de derecho privado, debe encontrarse en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) El sujeto pasivo del amparo actúa -o debe actuar- en el ejercicio de funciones o potestades públicas; b) el sujeto pasivo del amparo se encuentra, por mandato jurídico expreso, en una situación de poder sobre el recurrente; y c) el sujeto pasivo del amparo se encuentra, por razones de hecho, en una situación de poder sobre el recurrente. Además de los requisitos expuestos, la ley establece que debe verificarse además una imposibilidad del amparado de obtener una solución lo suficientemente rápida para su problema en la vía jurisdiccional; o bien que tales remedios resulten claramente insuficientes.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional procede el amparo contra sujetos de derecho privado de manera excepcional. [...] El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales..."

    "Under Article 57 of the Law on Constitutional Jurisdiction, amparo against private persons is available only exceptionally. [...] The amparo action shall also lie against the actions or omissions of private persons, when they act or should act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee fundamental rights or freedoms..."

    Considerando III

  • "De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional procede el amparo contra sujetos de derecho privado de manera excepcional. [...] El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales..."

    Considerando III

  • "No es sino hasta que la Sala haya descontado esas posibilidades de defensa del interesado en las vías procesales comunes, que surge su competencia para analizar el caso en esta vía. De allí que el amparo contra sujetos privados sea de naturaleza subsidiario y excepcional, llenando los vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico."

    "Only once the Chamber has ruled out those possibilities of defense in ordinary procedural channels does its jurisdiction to analyze the case in this forum arise. Hence, amparo against private subjects is subsidiary and exceptional in nature, filling gaps or omissions in the legal system."

    Considerando III

  • "No es sino hasta que la Sala haya descontado esas posibilidades de defensa del interesado en las vías procesales comunes, que surge su competencia para analizar el caso en esta vía. De allí que el amparo contra sujetos privados sea de naturaleza subsidiario y excepcional, llenando los vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico."

    Considerando III

  • "La vía común permite, además, con gran amplitud probatoria (de la que carece el amparo) pronunciarse sobre sus pretensiones. En realidad, la recurrente pretende que se conozca en esta sede un conflicto de orden legal."

    "Furthermore, the ordinary route allows, with broad evidentiary opportunities (which amparo lacks), a ruling on her claims. In reality, the plaintiff seeks to have a legal-order dispute heard in this forum."

    Considerando III

  • "La vía común permite, además, con gran amplitud probatoria (de la que carece el amparo) pronunciarse sobre sus pretensiones. En realidad, la recurrente pretende que se conozca en esta sede un conflicto de orden legal."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 13724 - 2021** **Date of Resolution:** June 18, 2021, at 09:15 **Case File:** 21-007162-0007-CO **Drafted by:** Ana María Picado Brenes **Type of Matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the resolution** *210071620007CO* Res. No. 2021013724 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on June eighteenth, two thousand twenty-one.

An amparo appeal filed by [Name 001], identification card number 0104000280, against [Name 002], [Name 003], [Name 004], [Name 005], [Name 006], [Name 007], [Name 008], [Name 009], [Name 010], [Name 011], [Name 012], [Name 013], [Name 014], [Name 015] AND FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA WHEREAS: 1.- By means of a brief filed at 1:59 p.m. on April 13, 2021, the appellant filed an amparo appeal against [Name 002], [Name 003], [Name 004], [Name 005], [Name 006], [Name 007], [Name 008], [Name 009], [Name 010], [Name 011], [Name 012], [Name 013], [Name 014], and [Name 015] and the Fundación Promotora de Vivienda, since, she claims, she was appointed as a member of the Administrative Board (Junta Administrativa) of the Fundación Promotora de la Vivienda for a period of five years, expiring on June 15, 2022. She states that a group of assembly members requested that an extraordinary assembly be convened to address several matters of interest to them, a procedure carried out on May 27, 2020; however, due to the health restrictions imposed by the Ministry of Health in response to the COVID-19 pandemic, it was not possible to convene it as quickly as the applicants wanted. She recounts that after multiple procedures and consultations with health and administrative authorities, they requested the corresponding permits and an ordinary and extraordinary assembly was convened for October 10, 2020, at the Radisson hotel. On that date, faced with questions from the assembly applicants regarding an issue of powers and the convening notice, the board, at that same event, met and decided to de-convene said assembly and to convene again for October 23, 2020, for both the ordinary and extraordinary assembly, in order to avoid nullities. Once the foregoing occurred, the members of the Board of Directors, the administrative staff, and a group of assembly members withdrew from the place. As she later found out, a group of members of the foundation's assembly proceeded to meet irregularly in the same hall of the Raddison Hotel, because the assembly had been suspended due to the de-convening and scheduling of a new date for October 23, 2020, for both the ordinary and extraordinary assembly. In that meeting, those assembly members proposed motions and made the decisions she now challenges. She describes that [Name 015], in what they have called an assembly, proposed the following motion: "The resignation en banc of the Administrative Board (Junta Administrativa) is requested, except for the position held by the Municipal Representative who has just been appointed and has had no influence whatsoever in this management by the Administrative Board. In the event that none of the members of the Administrative Board present their resignation at this event, the appointment of the three members appointed by this Assembly of Members shall be revoked in accordance with numeral eighteen, subsection f of the foundation's bylaws and the Articles of Incorporation (Acta Constitutiva)." She recounts that those gathered at that alleged assembly approved the following motion: "By virtue of the motion presented, it is put to a vote to revoke the appointments of Mr. [Name 016] and Mr. [Name 017], and IT IS APPROVED." She adds that they also irregularly decided to appoint a new board, by means of the following decision: "vote in favor of the appointment of Mr. [Name 018] and Mr. [Name 019] as new members of the Administrative Board (Junta Administrativa) of FUPROVI" and "the President or the Provisional Board is authorized to seek the registration of the new Administrative Board." The appellant states that the foregoing occurred without her being present and without having been informed of a procedure to defend herself in accordance with the law. She alleges that despite the presence of three lawyers for the assembly members, one of whom is a notary, they proceeded irregularly to dismiss her from her valid and still current appointment in an act that violated due process (debido proceso), because she was never charged, nor was a statement of facts made indicating the violated norms so that she could previously refer to them and defend herself; the right to a hearing and defense, because she was never allowed to present evidence and debate the alleged facts to exercise a technical, procedural, and substantive defense; the principle of innocence, since every person is innocent until proven otherwise, she was sanctioned without being given the possibility of defense, and an appointment of a new board was made without any convening notice; she asserts that her right to elect and be elected was also limited; she also considers her freedom of expression violated, because she was denied the possibility of expressing herself and presenting her ideas. She argues that those who have violated her rights seek to prevent the board members from continuing their work of transparency and reporting irregular actions by the previous administration, and they seek to paralyze the corporate governance standards they have implemented. She bases this appeal on resolution 5593-2001 of June 26, 2001, case file number 01-0365 -0007-CO of this Chamber. Specifically, she files an amparo appeal in view of the fact that the respondents have carried out a de facto dismissal of the members of the Administrative Board (Junta Administrativa) without following the procedures established by due process and in the Law of Foundations (Ley de Fundaciones). She states that through ordinary mechanisms, it is not possible for her to demonstrate that her rights have been violated, since Article 16 of the Law of Foundations (Ley de Fundaciones) establishes that if the administrative board considers that the foundation cannot be administered in accordance with its constitutive or regulatory precepts, it will request the civil judge of its jurisdiction to order the manner in which it should be administered or to order the rectification of any deficiencies that occur therein, always with the purpose of maintaining the purposes for which it was created. These proceedings will be carried out through the voluntary jurisdiction (jurisdicción voluntaria) procedure, with the intervention of the Procuraduría General de la República; the same procedure will be followed to remove administrators when they do not properly fulfill their obligations. Once the removal is agreed upon, the judge will communicate what is necessary so that the position is filled in accordance with Article 11. She concludes from the foregoing that the dismissal and the new appointments are illegal, that the appropriate route was voluntary jurisdiction (jurisdicción voluntaria), now called non-contentious proceedings (proceso no contencioso). She explains that she cannot defend herself properly in a contentious proceeding, because there is no lawsuit, she cannot respond, she cannot offer evidence, there is no contention or adversarial process, and faced with a situation that violates her rights, she can only resort to this route to find redress for the alleged violations. She requests that the respondents be ordered to refrain from carrying out acts against her person that violate her constitutional rights, and that the respondents be ordered to pay costs, damages, and losses caused.

2.- By resolution at 2:55 p.m. on April 16, 2021, the appeal was admitted and a report was requested from [Name 002], [Name 003], [Name 004], [Name 005], [Name 006], [Name 007], [Name 008], [Name 009], [Name 010], [Name 011], [Name 012], [Name 013], [Name 014], [Name 015] and [Name 020], in their capacity as president of the Fundación Promotora de Vivienda, regarding these facts.

3.- [Name 004], [Name 011], [Name 009], [Name 006], and [Name 012] respond, stating that it is true that the assembly members requested the Administrative Board (Junta Administrativa) to convene an Extraordinary Assembly, with the aim that the members appointed by the Assembly render accounts of their actions as members of the Administrative Board, due to a series of decisions they were making, the scope of which they wanted to know. It is true that due to health restrictions, said assembly could not be held within the deadline requested by the assembly members. It is not true that on October 7, 2020, the Board intended to legally convene an Ordinary and Extraordinary Assembly for October 10, 2020; rather, what it did was make a spurious convening notice, as it was not signed by the president of the Administrative Board, nor by any member of the Board. Furthermore, the convening notice did not state the day on which said assemblies were to be held. Therefore, as assembly members, they were not convened. The only convening notice that was made was the one communicated by official letter from the president of the Board of Directors, No. JD-019-2020 of September 1, 2020, which states that the extraordinary general assembly would be held on October 10 of that same year at the Hotel Radisson, Barrio Tournon, at 8:00 a.m. for the first notice of the meeting (primera convocatoria) and at 10:00 a.m. for the second notice of the meeting (segunda convocatoria). The foregoing, as agreed in the Administrative Board (Junta Administrativa) session of August 28, 2020. On October 10, the assembly members who appeared at the Hotel Radisson at the designated time told the president that the only Assembly that could be held would be the extraordinary one scheduled for September 1, 2020. For these purposes, some assembly members presented the powers of attorney that other assembly members had granted them to represent them at said assembly. It is true that on October 10, some assembly members questioned the president of the Board of Directors, as they had never been informed that the decision of the Administrative Board of August 28, 2020, had been revoked. They also questioned the position of the Board's legal advisors, who disregarded the value of the powers of attorney presented, arguing that the powers of attorney had to be very special (especialísimos), despite the fact that they used the format sent by the president himself. It is not true that they held an assembly de-convened by the Administrative Board; on the contrary, they acted in accordance with the legal system. The Assembly, as the supreme body of the Foundation, met as convened by the Administrative Board. Only the three members of the Administrative Board who were present, in a personal capacity and unilaterally, de-convened the Assembly, without all the members of the administrative board being present as legally required. It is they who disregarded the decision of the Administrative Board of August 28, 2020. Therefore, it is not true that they met as an ordinary-extraordinary assembly. The only one that was held was the extraordinary general assembly convened on September 1, 2020, with the agenda proposed to the Administrative Board on May 26 of that same year by a group of assembly members, which was known to both parties. It is true that they did not agree with the proposal presented by the president, who verbally informed them that the three members of the Administrative Board present, namely: [Name 023], [Name 024], and [Name 025], were agreeing to de-convene the assembly and proposing that a new ordinary-extraordinary assembly be held on October 23, 2020; however, they immediately demanded that the legitimately convened session begin. Therefore, it is not true that the appellant later found out that the assembly members present held a meeting as an extraordinary assembly. At that moment, those three assembly members decided to withdraw from the session and ordered the foundation's administrative staff who were present to withdraw. Faced with this action, the assembly members, as established in the agenda, and because none of the members of the Administrative Board were present, appointed a president and secretary ad hoc to begin the session as legally required. It is not true that the extraordinary assembly session of October 10, 2020, met irregularly. It is true that motions were presented and decisions were made, so it is inappropriate for the appellant to seek to challenge them through an amparo appeal. The correct procedure is to do so in the civil courts. Additionally, the appellant continues in her position as a member of the Administrative Board (Junta Administrativa) of the Fundación Promotora de Vivienda. In addition to the above, a homologation process has been initiated before the civil court in accordance with numeral 16 of the Law of Foundations (Ley de Fundaciones). It is in that venue where the three members of the Administrative Board of FUPROVI will be able to exercise their effective defense. What was approved at the extraordinary assembly of October 10, 2020, was to process that homologation, as that process is designed, if applicable, to become an adversarial proceeding (proceso contradictorio). Hence, it is inappropriate for said discussion to be brought before this Chamber. They request that the appeal be dismissed.

4.- [Name 019] responds, reiterating the claims made.

5.- [Name 015], [Name 005], and [Name 002] respond, stating that the assembly members requested the Administrative Board (Junta Administrativa) to convene an extraordinary assembly. The General Assembly of FUPROVI is constituted of twenty-five founding assembly members, and the assembly members who have been incorporated over the years by invitation of another assembly member or whose incorporation was approved by decision of the Administrative Board before October 10, 2020, when the extraordinary General Assembly was held, for a total of 35 assembly members. They state that a group of assembly members appeared at said assembly and others granted a special power of attorney to be represented. After a series of discussions between the lawyers of the Administrative Board and the lawyers of the assembly members, we were at the Assembly of October 10, 2020, totaling 15 people, since the appellant and the president of the Administrative Board decided to withdraw from the assembly.

The Foundation, as a legal entity, possesses a power of control, which it exercises through its Administrative Board (Junta Administrativa), which administers the organization. We, the assembly members, are mere natural persons, each of whom individually holds the right to vote in the assemblies convened for that purpose by the Administrative Board. Under this context, it is evident that there is no parity between the actions the Administrative Board can undertake and the right to vote that we, as natural persons, exercise in a general assembly of the Foundation. If these distinctions are not clear to the Chamber, it would cause a state of defenselessness and violation of each natural person respondent, so we invoke these conditions to receive a correct weighing of our human rights, insofar as each natural person is different in relation to the Foundation.

They add that the "appeal is not against the ADMINISTRATIVE BOARD (JUNTA ADMINISTRATIVA)" because the appellant knows that she has not been dismissed from her position, since she continues to serve as a Board member, and this reflects a conflict of interest. Precisely for this reason, the amparo appeal should have been filed against the FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA represented by [Name 026], who has a conflict of interest, because the results of this proceeding benefit him personally, as he is one of the persons whose appointment the extraordinary general assembly of October 10, 2020, agreed to revoke. The homologation procedure was initiated so that the competent judge may proceed, as legally required, to approve or disapprove that procedure, and it is before the competent judge that both the appellant and others will be able to exercise their effective defense through procedural means.

The president, together with the appellant, opposed rendering accounts at the Assembly of October 10, 2020, the date on which the Extraordinary General Assembly convened by the Administrative Board (Junta Administrativa) on September 1, 2020, took place. Finding themselves in a minority at that Assembly and that they could not control the decisions to be made by the assembly members, they chose to withdraw from the session along with [Name 027], the other director of the Administrative Board who was present and who is the representative of the Executive Branch before the Administrative Board of the Foundation, making a series of allegations that were not accepted by the Assembly Members.

It was the president who attempted, on October 14, 2020, to convene a new ordinary assembly for October 23, 2020, a spurious convening notice, since it contains no signature from any director of the Administrative Board (Junta Administrativa). They learned on October 22, 2020, that the president had convened an extraordinary session of the Administrative Board on October 21, 2021, in which the appellant also participated, and they approved the incorporation of new assembly members who supposedly were going to attend the assembly of October 23, 2020. That is, 7 calendar days after the legitimate assembly members had been convened to the Assembly of October 23, 2020, the board intends to incorporate 20 new people as assembly members with the sole objective of securing a majority of votes.

At the assembly of October 23, 2020, a group of assembly members appeared and realized that the assembly member attendance list had 20 more people; that is, there were no longer the 35 assembly members who had been convened for the session of October 10, 2020, but rather 55 assembly members, which confirmed that indeed, one working day before the assembly was held, the Administrative Board had incorporated new people as Assembly Members. The foregoing demonstrates and confirms that the actions of the members of the Administrative Board, among them, the appellant and the president himself, are not transparent, as they act behind the backs of the Assembly Members; they seek to gain control of the assembly by appointing new members who have been members for only one day and who are unaware of what has happened with the procedures undertaken by the Administrative Board.

On October 23, 2020, those who had been at the extraordinary assembly session of October 10, requested that the points discussed at the Assembly of the 10th of that same month and year be incorporated into the agenda, by means of motions that were presented in a timely manner, and again the president of the Administrative Board denied them. Faced with these arbitrary actions, they withdrew because they were denied the right to be heard as legally required. They add that it is true that the assembly members requested the Administrative Board to convene an Extraordinary Assembly.

Alternatively, [Name 005] and [Name 015] emphasize that they hold positions on the Board of Notables (Junta de Notables), which was a body appointed by the Assembly, whose primary function was to ensure that the financial resources of what is known as the Fondo Rotativo were used by the Administrative Board (Junta Administrativa) in accordance with the purpose for which it was created. It is the Board of Notables that, in early January 2020, expressed its concern to that body about the decisions being made, since the organizational structure was being modified—the management model that the Foundation had developed over 33 years—to impose a commercial-corporate focus on the organization, leaving aside such important aspects as habitat, community strengthening, social participation of families, applied research on topics such as the urban and environmental surroundings, the country's housing and socio-spatial problems, among many others, thus moving away from the objectives established in the Articles of Incorporation (Acta Constitutiva) of the Foundation and modifying the spirit of the institution. This commercial vision incorporated by the Administrative Board was very clearly reflected in a very costly consulting contract for a "new management model." These concerns were expressed through meetings held with the Administrative Board, in which we indicated that this change of model had to be known by the Assembly, because they were outlining the implementation of a management model contrary to the aims and objectives for which the foundation was created. We also made these concerns known to the assembly members through personal meetings and a letter we sent to each of the 35 assembly members, explaining the concerns held by all members of the Board of Notables (Junta de Notables). The Administrative Board never agreed with the observations made by that Board of Notables, and the Administrative Board was emphatic in stating that this new management model did not need to be agreed upon with the Assembly Members, and for that reason, it did not convene an assembly to discuss the matter. Faced with the concerns of us as the Board of Notables, which we expressed to the rest of the Assembly Members, a group of Assembly Members requested the Administrative Board to immediately hold an Extraordinary General Assembly to discuss the new management model that the Administrative Board was about to implement, and the administrative, financial, and legal actions being implemented in the organization.

Therefore, as assembly members, they were requesting accountability for the management from the Administrative Board (Junta Administrativa), and specifically from [Name 026] (president), [Name 017], and the appellant, who had been appointed by the assembly as directors on the Administrative Board in 2017 for a term of 5 years.

By June 2020, the Administrative Board modified the structure of the Fondo Rotativo, and transformed the Board of Notables (Junta de Notables) into a Committee; this transformation means that the Board of Notables, which was previously an auxiliary body of the Assembly, was modified by the Administrative Board and placed as a support structure for it, a vision we do not share as the Board of Notables, and we made this clear to the Administrative Board.

It is true that due to health restrictions, the Administrative Board could not hold the assembly within the deadline requested by the assembly members. It is not true that on October 7, 2020, the Board intended to legally convene an Ordinary and Extraordinary Assembly for October 10, 2020; what it did was make a spurious convening notice that was attached to the email sent that day, which reads:

"Place of the Assemblies: HOTEL RADISSON, SAN JOSE, BARRIO Turnon, north side of Banco Improsa, next to the La República newspaper. The Hotel will provide recording service for the entire activity. Time of the Assemblies: Ordinary assembly: First notice of the meeting (Primera convocatoria) at 8 a.m. and the second notice of the meeting (segunda convocatoria) at 10 a.m." We call it spurious because it was not signed by the president of the Administrative Board (Junta Administrativa) nor by any Board member, and furthermore, that convening notice does not state the day on which those two Assemblies are to be held. Therefore, as assembly members, we were not convened. The only convening notice to which we, the Assembly Members, were summoned is the one communicated to us by official letter JD-019-2020 of September 1, 2020, signed by the president of the Administrative Board, [Name 026], which states that the extraordinary general assembly will be held on October 10, 2020, at the HOTEL RADISSON, Barrio Trnón, at 8 a.m. for the first notice of the meeting and 9 a.m. for the second notice of the meeting. This convening notice was agreed upon in the Administrative Board session of August 28, 2020, by decision 93V-20. They note that on October 10, the assembly members who appeared at the Hotel Radisson at the designated time, told the president [Name 026] that the only assembly to be held was the extraordinary one convened on September 1, 2020, and some assembly members presented special powers of attorney granted by others to represent them at that 2020 Assembly. It is true that on that day, some of us questioned the president, in the sense that only the extraordinary assembly convened on September 1, 2020, could be held, not the supposed ordinary-extraordinary assembly that they tried to convene without the legal notice period and illegally on October 7, 2020, since we had never been informed that the decision of the Administrative Board of August 28, 2020, had been revoked. They also question the position of the Board's legal advisors, who disregarded the legal value of the special powers of attorney presented, arguing that they needed to be very special powers, even though they were using the format sent to the Assembly Members by the president of the Administrative Board himself, [Name 023]. It is not true that we, the assembly members, irregularly held an Assembly de-convened by the Administrative Board; on the contrary, we acted in accordance with the legal system. The Assembly, as the supreme body of the Foundation, met because we were convened by a decision of the Administrative Board, duly notified on September 1, 2020. In that communication, it was stated that in ordinary session 08V-20, held on August 28, 2020, decision 93V-20 was made, in which it was agreed to hold the extraordinary general assembly scheduled for October 10. It was the three members of the Administrative Board present at the Extraordinary Assembly of October 10, 2020, namely [Name 025], [Name 024], and [Name 023], who made the decision, in a personal capacity and unilaterally, to de-convene the Assembly, without all the members of the Administrative Board being present as legally required to make that type of decision, and it is they who disregarded the decision of the Administrative Board of August 28, 2020. It is not true that the assembly members met as an ordinary-extraordinary assembly. The only assembly that met was the extraordinary general assembly convened on September 1, 2020, with the agenda proposed to the Administrative Board on May 26, 2020, by a group of assembly members, an agenda that was known to the Assembly Members and members of the Administrative Board. It is true that we did not agree with the proposal presented by the president, who verbally informed us that the three members of the Administrative Board present ([Name 023], [Name 024], and [Name 025]) were agreeing to de-convene the assembly and were proposing to make a new convening notice for an ordinary-extraordinary assembly to be held on October 23, and we immediately demanded that the legitimately convened session begin, since, among other things, their intention in delaying the legally convened Assembly was to incorporate more assembly members and secure a majority of votes that would respond to their interests, as ultimately happened. It is not true that the appellant later found out that the assembly members present had met as an Extraordinary assembly. We, the Assembly Members present, decided to begin the session according to the agreed-upon agenda, and at that moment, the appellant, together with [Name 023] and [Name 025], voluntarily decided to withdraw from the session and ordered the foundation's administrative staff present to withdraw. Faced with this action, the assembly members, as established in the agenda, and because none of the members of the Administrative Board were present, appointed a President and Secretary Ad Hoc to begin the session as legally required. It is not true that the Extraordinary Assembly session of October 10, 2020, is irregular, an aspect that is expanded upon with the foregoing statements. It is true that motions were presented and decisions were made at the Assembly session of October 10, 2020, so it is inappropriate for the appellant to seek to challenge them through an amparo appeal; the correct procedure is the civil procedural route to challenge the decision through the procedural mechanisms provided for in the Código Procesal Civil. The reality is that the appellant, of her own free will, withdrew from the Assembly. It is not true that, as of today, the appellant has been dismissed. Furthermore, it is not true that the appellant did not know the topics to be discussed at the Extraordinary General Assembly of October 10, 2020, regarding a possible revocation of her appointment. Note that the appellant in her brief states that the Assembly Members had requested that an Extraordinary General Assembly be convened to "address several matters of interest" by means of the official letter of May 26, 2020. What the appellant does not tell the court is that the possibility of supporting or not the management being undertaken by the Administrative Board (Junta Administrativa) was stated in that letter, and in the event of not supporting it, it indicated that the dismissal of the three Board members appointed by the Assembly could be considered, and this was stated in the letter of that day. The foregoing is recorded in point 8 of the agenda, which states: 8. Assessment by the assembly members of the management of the Administrative Board, approving or rejecting it.

Should the management be approved, a vote of support shall be given to it, along with the permanence of the three members of the Administrative Board. In the event of disapproval, the dismissal of the three members of the Administrative Board appointed by the Assembly Members shall be evaluated. The appellant knows that she must give explanations to the Assembly regarding the new management model being implemented by the Administrative Board, and she is aware of the legitimate concerns expressed by some assembly members, who, we believe, that the turn taken by the Board is contrary to the objectives and purposes for which the Foundation was established; therefore, finding herself in a clear minority, she, together with [Name 026] and [Name 027], who are the members of the Administrative Board present at the Assembly, decides to withdraw, which they do of their own free will and therefore do not render the accounts that were being requested.

It is not true that the appellant's due process was violated, nor any of the other acts that due process entails, nor has the principle of innocence or any other type of right been violated. As indicated in the previous fact, it is the appellant herself who withdraws from the Assembly and does not render the accounts requested by the Assembly Members six months prior.

As they have indicated, the appellant, finding herself in the minority at the Assembly of October 10, 2020, jointly with the other two Administrative Board members present, namely: [Name 025] and [Name 023], of their own free will decide to withdraw from the extraordinary Assembly legitimately convened by themselves in their capacity as Administrative Board on September 1, 2020. At that assembly, it was the obligation of the Administrative Board members to render accounts. The appellant knew the agenda that was to be addressed beforehand, and this is full proof, as the brief filed with the office indicates as background that the assembly members' request was made known to her in the official letter of May 26, 2020. Said official letter contains in detail the matters to be addressed. Furthermore, the appellant was accompanied by three legal advisors: Luis Moya Salgado (in-house advisor) and by two external legal advisors, namely: [Name 029] and [Name 030].

This fact is expanded upon by what is indicated in the preceding section.

They, as founding Assembly Members, judicially processed before the corresponding civil authority the approval (homologación) process in accordance with section 16 of the Ley de Fundaciones, where the appellant's appointment is revoked for failure to render accounts. In that sense, they know that as long as the approval (homologación) of the approved agreement where the decision to revoke the appointment of the appellant and members [Name 026] and [Name 031] was made is not approved, they remain in their positions, since the revocation, to be effective, must necessarily acquire efficacy, which is achieved with the approval (homologación) by the judge of the revocation agreement adopted by the Assembly.

There is no violation of due process against the appellant herein, as she continues in her position; the procedure to make the revocation of her appointment effective is under discussion before the competent Court, and it will be before the Civil Judge where the three members of Fuprovi's Administrative Board may exercise their effective defense, as provided by the Ley de Fundaciones and the current Código Procesal Civil.

It is not true that a new Administrative Board has replaced the appellant, nor [Name 031] and [Name 026]. The respondents, knowledgeable and respectful of legality, know that the agreed revocation must first be approved (homologada) by a competent judge before subsequently being able to ratify the provisional Board that was appointed. What was approved at the extraordinary Assembly of October 10, 2020, was to process the aforementioned approval (homologación) before the competent judicial authority (see documentary deed provided by the appellant and documentary 1), as regulated by Article 16 of the ley de Fundaciones, in accordance with the approval (homologación) process regulated in the current Código Procesal Civil, which is in process.

It is not true that the appellant cannot defend herself through the processing of the approval (homologación) of the substitution of her position, as the voluntary jurisdiction process is designed, if applicable, to become an adversarial process (proceso contradictorio). The foregoing, in accordance with the provisions of the Código Procesal Civil, which the appellant seeks to disregard. It is improper to attempt to use the constitutional venue to obstruct the civil process, given that the jurisdictional authority becomes a guarantor judge for the members of the Administrative Board, as it is a matter of mere legality.

The appellant cannot base her case on resolution 5593-2001 of this Chamber dated June 6, 2001, since said resolution is an amparo against the Board of Directors of Pensions and Retirements of the Magisterio Nacional, which by its legal nature is a non-state public entity, and is therefore regulated by Public Law provisions not applicable to this case.

6.- [Name 020], in his capacity as president of the Administrative Board of the Fundación Promotora de la Vivienda, responds, indicating that it is true that the appellant was appointed a member of said Administrative Board for 5 years expiring in June 2022. It is true that a group of assembly members requested the convening of an extraordinary assembly; however, due to the sanitary restrictions imposed on the occasion of the pandemic, it could not be convened earlier. It was not until October and an appropriate venue that an opportunity arose when the health authorities permitted it. For those purposes, it was determined to hold it on October 10. By virtue of a series of questions related to powers, objections to the convening notice, and some insolence and shouting from a group, the Administrative Board decided to de-convene both assemblies and call a new date in order to eliminate the questions and objections with greater certainty. Due to the foregoing, new assemblies were convened for October 23, 2020. Upon de-convening the assemblies, the Administrative Board withdrew from the venue where it was to be held along with the administrative and support personnel. Subsequently, they learned that a group that stayed behind held a meeting that they irregularly called an Assembly, since it had been de-convened. He notes that what the appellant affirms regarding supposed agreements and motions that ended up charging the Administrative Board with supposed charges – without the proper transfers – and concluding with the dismissal of the three privately appointed members and the representative of the Executive Branch is true. It is also true that at that irregular assembly they approved the appointment of an irregular Administrative Board. As can be seen, there was no transfer of charges or due process, nor was the right to defense guaranteed. He adds that the group claiming to be an assembly has attempted all manner of subterfuges to impede the work of the Administrative Board because they are upset with the complaints and the administrative purge being carried out, in pursuit of a management model called "corporate governance." In sum, the irregular assembly group carried out a de facto dismissal. With this, they attempted to take advantage of the situation.

7.- By brief filed on May 10, 2021, [Name 020], in his capacity as president of the Administrative Board of the Fundación Promotora de la Vivienda, expands his report, and indicates that on May 7 of this same year, the Second Collegiate Court of First Civil Instance of the First Judicial Circuit of San José, Section One, notified them of the transfer of process No. [Value 001].

8.- By brief filed on June 1, 2021, the appellant requested that a ruling be issued in this process.

9.- By writing added to this case file on June 18, 2021, [Name 002], [Name 015] and [Name 032], indicated that they place on record that they did respond to the hearing granted.

10.- By writing added to this case file on June 18, 2021, [Name 010], [Name 034], [Name 035] and [Name 003] appeared and acknowledged notification of this amparo. They respond opposing the appellant's claims, reiterating what has already been stated in this case file.

11.- By writing added to this case file on June 18, 2021, [Name 013], respondent herein, appeared, acknowledged notification, and stated, in summary, the following: he explained that the only assembly to which he was truly convened was that of October 10, 2021. In his judgment, the subsequent assembly, October 23, 2021, was not duly convened. On the other hand, he explained in detail the reasons why the decisions of the October 10, 2021 assembly were made. On another note, he also explained that the agreements taken are in judicial proceedings in an approval (homologación) process of which, he alleges, the appellant is aware. In any case, she continues to hold her position on the Administrative Board. Likewise, he alleges that [Name 023] answers this appeal as a respondent, when, in reality, he has a conflict of interest. [Name 037] also questions the appropriateness of this amparo against natural persons, who, in his judgment, are left defenseless. Furthermore, he also questions that there are no ordinary procedural remedies. He also considers that the appellant has used personal data, whose safeguarding he requests. In summary, he requests that the appeal be declared without merit.

12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Picado Brenes; and,

Considering:

I.- OBJECT. The appellant alleges that, on October 10, 2020, the respondents convened as a supposed assembly of the Fundación Promotora de Vivienda, and de facto dismissed several of the members of the Administrative Board, among whom she is included.

II.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed demonstrated as relevant for the decision of this amparo: 1) The appellant has held the position of Vice President of the Board of Directors of the Fundación Promotora de Vivienda since June 27, 2017, without having been removed from the position as of the filing date of this amparo (certification provided by the appellant herself). 2) On May 28, 2020, a group of assembly members of the foundation requested that an extraordinary assembly be convened to hear various matters of their interest (copy attached to the responses). 3) In the ordinary session of that Foundation's Administrative Board, No. O8V-20 held on August 28, 2020, it was agreed to hold an extraordinary assembly on October 10, 2020, at the Radisson hotel, at 8:00 a.m. in first call (copy attached to the responses). 4) By official letter from the president of the Fundación Promotora de Vivienda, No. JA-019-2020 dated September 1, 2020, an extraordinary assembly was convened to be held on October 10 of that same year, at the Radisson hotel (copy attached to the responses). 5) On that date, facing questions from the assembly requesters regarding an issue of powers and the convening notice, the board met at that same act and decided to de-convene said assembly and reconvene for October 23, 2020, for both the ordinary and extraordinary assemblies (response from the Foundation's President). 6) Despite the Board's decision to de-convene the assembly, a group of assembly members, the respondents herein, considered it appropriate to continue with the convening, so they remained gathered and proposed the following: "The resignation of the entire Administrative Board is requested, except for the position held by the Municipal Representative who has just been appointed and has had no incidence whatsoever in this management of the Administrative Board. In the event that none of the members of the Administrative Board present at this act submit their resignation, the appointment of the three members appointed by this Assembly of Associates shall be revoked in accordance with subsection eighteen, paragraph f of the Foundation's bylaws and the Constitutive Act." Finally, they decided on the revocation (filing brief, responses, and omission to respond). 7) The actions taken are being heard in judicial proceedings, in accordance with Article 16 of the Ley de Fundaciones (response from [Name 004] and others). 8) On October 23, 2021, the ordinary and extraordinary general assembly of the foundation's assembly was held (documentation provided). 9) The respondents [Name 015], [Name 005] and [Name 002] filed an ordinary lawsuit against the foundation to challenge the agreements made at the October 23, 2020 assembly, which is being processed in the Second Collegiate Court of First Civil Instance of the First Judicial Circuit of San José, ordinary process No. [Value 002] (expansion of the response by the board president and documentation he provides). 10) By resolution of that Court at 13:32 hours on March 8, 2021, a transfer was granted in that process (expansion of the response by the board president and documentation he provides).

III.- SPECIFIC CASE. In the sub lite, it is noted that the appellant has held the position of Vice President of the Board of Directors of the Fundación Promotora de Vivienda since June 27, 2017. There is no record that she has been removed from the position to date. Certainly, a group of people, the respondents herein, considered that a general assembly convened for October 10, 2021, should continue, despite the de-convening resolved by the Board of Directors. It is also true that, at the meeting (which this Chamber does not qualify), the resignation of some members of the Board of Directors, including the appellant herein, was requested. Finally, they decided to dismiss them from their positions. However, it was also demonstrated and is very clear that such decisions are being heard in judicial proceedings in accordance with Article 16 of the Ley de Fundaciones. A new extraordinary assembly was convened, which was held (and on whose legitimacy this Chamber also does not rule) on October 23, 2020. Against this latter assembly, three of the respondents herein filed an ordinary lawsuit currently in progress. From the panorama presented, this Chamber considers that the appeal filed cannot be granted at this time. In the first place, it cannot be overlooked that the amparo appeal has been filed against subjects of private law, specifically, against natural persons who are attributed with having held a supposed assembly of the foundation. In accordance with Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, amparo against subjects of private law is admissible exceptionally. Indeed, said norm indicates the following:

"[…] The amparo appeal shall also be granted against actions or omissions of Private Law subjects, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of this Law…" (The highlighting and underlining are not from the original).

From the foregoing, it follows that the passive subject of the amparo, in the case of a private law subject, must be in any of the following hypotheses: a) The passive subject of the amparo acts – or must act – in the exercise of public functions or powers; b) the passive subject of the amparo is, by express legal mandate, in a position of power over the appellant; and c) the passive subject of the amparo is, for factual reasons, in a position of power over the appellant. In addition to the stated requirements, the law establishes that an impossibility for the protected party to obtain a sufficiently rapid solution to their problem through the jurisdictional channel must also be verified; or that such remedies are clearly insufficient. For this reason, in Judgment No. 2018-09205 at 9:20 a.m. on June 12, 2018, the Chamber declared the following:

"…As the Chamber stated in that case, Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, upon creating the figure of amparo against private law subjects, established several admissibility requirements. First, that the entity or private person 'when they act or must act in the exercise of public functions or powers,' in which case the amparo does not differ completely from the amparo against public bodies or servants insofar as the private law subject acts as if they were one of them. If it does not involve this hypothesis, and the private law subject de facto or de jure is in a position of power, the amparo will be admissible only as a subsidiary remedy to common legislation if two other conditions are met: a) that the common jurisdictional remedies are not sufficient. This hypothesis assumes that, although common procedural remedies exist through which the parties could argue their claims, the result of the trial is clearly insufficient. That is, the party would not manage to satisfy their claim even if obtaining a favorable ruling; b) that the common jurisdictional remedies are tardy. That is, even when adequate common judicial procedures exist to satisfy their claim, the result thereof would be tardy, producing injuries that are difficult or impossible to repair. In this case, it must also be considered that there are no norms in the common legislation applicable to the case that empower the judge to order precautionary measures (medidas cautelares) that protect the interested party while the litigation is resolved in a judgment. III.- It is only after the Chamber has discounted those possibilities of defense for the interested party in the common procedural channels that its competence to analyze the case in this channel arises. Hence, amparo against private subjects is of a subsidiary and exceptional nature, filling the gaps or omissions of the legal system. The Chamber's competence in this matter is residual…" (The highlighting with underlining is not from the original).

In this case, it is very clear that it cannot be argued that the procedural remedies are tardy, because, on the contrary, the possible dismissal and, in general, the actions taken on October 10 are being heard in judicial proceedings. It is very clear that the events against which this amparo is filed occurred more than half a year ago. Nothing prevented nor prevents, if she deems it pertinent and appropriate (which this Chamber also cannot predetermine), the appellant from suing in the ordinary channel and requesting the necessary precautionary measures (medidas cautelares) to prevent the effects undesirable to her from taking full effect. Through the common remedies, the appellant can well satisfy her claim, to annul what was acted, and she can also prevent, thanks to the precautionary measures (medidas cautelares), that the effects take full effect. As demonstrated by the Board President, some of the respondents (contrary to the appellant's interests) have already resorted to the ordinary channel and requested precautionary measures (medidas cautelares) (in relation to the other assembly that they, in turn, consider illegitimate), which have not been granted precisely to hear the counterparty. In sum, the appellant files this appeal against acts of private law subjects. There are specific procedural mechanisms, the precautionary measures (medidas cautelares) in the ordinary channel, that allow not only to remedy the exposed situation but even to prevent the effects that the appellant attributes to them from taking full effect, so that they can in no way be considered tardy or insufficient. The common channel also permits, with great evidentiary breadth (which amparo lacks), a ruling on her claims. In reality, the appellant intends for a conflict of a legal nature to be heard in this venue. In this regard, it must also be added that the amparo process is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine —with a declarative nature— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual array of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, actually exist. In another vein, later writings allude to an imprecision in the issued certificate; however, this is not relevant to what is resolved. Likewise, the other claims of both parties, regarding improper conduct that they mutually attribute to each other, are not the object of this amparo appeal. The appeal, consequently, must be dismissed.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *GQA47FYA43VSK61* CASE FILE N° 21-007162-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:29:04.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210071620007CO* Res. Nº 2021013724 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001] , cédula de identidad 0104000280, contra [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], [Nombre 015] Y FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA RESULTANDO: 1.- Mediante memorial presentado a las 13:59 horas de 13 de abril de 2021, la recurrente promovió recurso de amparo, contra [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], y [Nombre 015] y la Fundación Promotora de Vivienda, pues, según afirma, fue nombrada como miembro de la Junta Administrativa de la Fundación Promotora de la Vivienda por un período de cinco años, con vencimiento al 15 de junio de 2022. Expresa que un grupo de asambleístas solicitó se convocara a una asamblea extraordinaria para conocer varios asuntos de su interés, gestión realizada el 27 mayo de 2020; no obstante, debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud ante la pandemia por el COVID-19, no fue posible convocar tan rápido como lo querían los solicitantes. Relata que luego de múltiples gestiones y consultas ante las autoridades sanitarias y administrativas, solicitaron los permisos correspondientes y se convocó a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 10 de octubre de 2020, en el hotel Radisson. En esa fecha, ante cuestionamientos de los solicitantes de la asamblea, relativos a un tema de poderes y de convocatoria, la junta en ese mismo acto sesionó y decidió desconvocar dicha asamblea y volver a convocar para el 23 de octubre de 2020 tanto para la asamblea ordinaria como la extraordinaria, a efecto de evitar nulidades. Ocurrido lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva, el personal administrativo y un grupo de asambleístas, se retiraron del lugar. Según se enteró después, un grupo de miembros de la asamblea de la fundación procedieron a reunirse de manera irregular en el mismo salón del Hotel Raddison, porque se había suspendido la asamblea por desconvocatoria y señalamiento de nuevo para el 23 de octubre de 2020 tanto para la asamblea ordinaria, como la extraordinaria. En esa reunión, dichos asambleístas propusieron mociones y tomaron los acuerdos que ahora impugna. Describe que [Nombre 015], en lo que ellos han llamado asamblea, propuso la siguiente moción: "Se solicita la renuncia en pleno de la Junta Administrativa, excepto el puesto ocupado por el Representante Municipal quien acaba de ser nombrado y no ha tenido incidencia alguna en esta gestión de la Junta Administrativa. En caso de que ninguno de los miembros de la Junta Administrativa presente en este acto su renuncia, se procederá a revocar el nombramiento de los tres miembros nombrados por esa Asamblea de Socios de conformidad con el numeral dieciocho inciso f de los estatutos de la Fundación y el Acta Constitutiva" . Relata que los reunidos en esa supuesta asamblea aprobaron la siguiente moción: "En virtud de la moción presentada la misma se somete votación para revocar los nombramientos de los señores [Nombre 016] y [Nombre 017], y ES APROBADA". Agrega que también en forma irregular decidieron nombrar nueva junta, por medio del siguiente acuerdo: "votan a favor del nombramiento de los señores [Nombre 018] , y [Nombre 019] como nuevos miembros de la Junta Administrativa de FUPROVI" y se "autoriza al Presidente o a la Junta Provisional el procurar la inscripción de la nueva Junta Administrativa". La recurrente manifiesta que lo anterior ocurrió sin que ella estuviera presente y sin que se le hubiera comunicado un procedimiento para defenderse conforme a derecho. Alega que pese a que estaban presentes tres abogados de los asambleístas, uno de los cuales es notario, se procedió en forma irregular a destituirla de su nombramiento válido y todavía y vigente en un acto violatorio del debido proceso, porque nunca se le imputaron cargos, ni se hizo una relación de los hechos con indicación de las normas violadas para que previamente se pudiese referir a ellos y defenderse; el derecho de audiencia y defensa, porque nunca se le permitió aportar pruebas y debatir hechos imputados para ejercer una defensa técnica, procesal y sustantiva; el principio de inocencia, puesto que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario se le sancionó sin darle posibilidad de defensa y el realizar un nombramiento de una nueva junta sin existir convocatoria alguna; acusa que se limitó además su derecho de elegir y ser electa; también considera violentada su libertad de expresión, porque se le vedó la posibilidad de expresarse y exponer sus ideas. Argumenta que quienes han violentado sus derechos pretenden que los miembros de la junta no continúen con su labor de transparencia y denuncia de actuaciones irregulares de la anterior administración y pretenden paralizar las normas de gobierno corporativo que han implementado. Fundamenta este recurso en la resolución 5593-2001 de 26 de junio de 2001, expediente número 01-0365 -0007-CO de esta Sala. Concretamente acude en amparo, en vista de que las personas recurridas han llevado a cabo una destitución de facto de los miembros de la Junta Administrativa sin seguir los procedimientos establecidos por el debido proceso y en la Ley de Fundaciones. Expresa que por medio de los mecanismos ordinarios no le es posible demostrar que se han violentado sus derechos, toda vez que el artículo 16 de la Ley de Fundaciones establece que si la junta administrativa considera que la fundación no puede ser administrada de acuerdo con sus preceptos constitutivos o reglamentarios, solicitará al juez civil de su jurisdicción que disponga la forma en que deberá ser administrada o, que ordene subsanar las deficiencias que en ella ocurran, siempre con el propósito de que se mantengan los fines para los que fue creada. Esas diligencias se seguirán por medio del trámite de jurisdicción voluntaria, con intervención de la Procuraduría General de la República; igual procedimiento se seguirá para remover los administradores cuando no cumplan debidamente sus obligaciones. Por acordada la remoción, el juez comunicará lo conducente a fin de que se reponga el cargo de acuerdo con el artículo 11. Concluye de lo expuesto que la destitución y los nuevos nombramientos resultan ilegales, que la vía procedente era la jurisdicción voluntaria, ahora denominado proceso no contencioso. Expone que no puede defenderse correctamente en una vía contenciosa, porque no hay una demanda, no puede contestar, no puede ofrecer pruebas, no hay contención ni contradictorio, ante una situación que violenta sus derechos, solo puede recurrir a esta vía para encontrar reparo a las violaciones alegadas. Solicita se prevenga a los recurridos abstenerse de realizar actos en contra de su persona, violatorios de sus derechos constitucionales y condenar a los recurridos al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados. 2.- Por resolución de las 14:55 horas de 16 de abril de 2021 se dio curso al recurso y requirió un informe a [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], [Nombre 015] y [Nombre 020], en su condición de presidente de la fundación promotora de vivienda, sobre esos hechos. 3.- Contestan [Nombre 004], [Nombre 011], [Nombre 009] , [Nombre 006] y [Nombre 012], e indican que es cierto que los asambleístas requirieron a la Junta Administrativa que convocara a una Asamblea Extraordinaria, con la finalidad de que los miembros nombrados por la Asamblea rindieran cuenta de su actuar como miembros de la Junta Administrativa, por una serie de decisiones que estaban tomando, respecto de las cuales quisieron conocer los alcances. Es cierto que por las restricciones sanitarias no se pudo realizar dicha asamblea en el plazo solicitado por los asambleístas. No es cierto que el 7 de octubre de 2020, la Junta pretendiera convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de octubre de 2020 de manera legal, sino lo que hizo fue una espuria convocatoria, pues no estaba firmada por el presidente de la Junta Administrativa, ni por ningún miembro de la Junta. Además, no se consignó en la convocatoria el día que se iban a llevar a cabo dichas asambleas. Por lo anterior, como asambleístas no fueron convocados. La única convocatoria que se realizó fue la que se comunicó por oficio del presidente de la Junta Directiva, No. JD-019-2020 de 1 de septiembre de 2020, que consigna que la asamblea general extraordinaria se celebraría el 10 de octubre de ese mismo año en el Hotel Radisson, Barrio Tournon a las 8:00 horas la primera convocatoria y a las 10:00 horas la segunda convocatoria. Lo anterior, conforme se acordó en sesión de Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020. El 10 de octubre anterior, los asambleístas que se apersonaron al Hotel Radisson a la hora señalada, le indicaron al presidente, que la única Asamblea que podría realizarse sería la extraordinaria que estaba programada para el 1 de septiembre de 2020. A esos efectos, algunos asambleístas presentaron los poderes que habían otorgado otros asambleístas para que los presentaran en dicha asamblea. Es cierto que el 10 de octubre, algunos asambleístas cuestionaron al presidente de la Junta Directiva, pues nunca se le había comunicado que se había revocado el acuerdo de la Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020. Además, cuestionaron la posición de los asesores legales de la Junta, quienes desconocieron el valor de los poderes que presentado, puesto sostenían que los poderes debían ser especialísimos, pese a que usaron el formato remitido por el mismo presidente. No es cierto que realizaron una asamblea desconvocada por la Junta Administrativa, por el contrario, actuaron con apego al ordenamiento jurídicos. La Asamblea como órgano supremo de la Fundación sesionó conforme fue convocada por la Junta Administrativa. Solo los tres miembros de Junta Administrativa que estaban presentes, a título personal y en forma unilateral desconvocaron la Asamblea, no estando presentes todos los miembros de la junta administrativa como en derecho corresponde. Son ellos los que desconocen el acuerdo de la Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020. Por ende, no es cierto que sesionaron como asamblea ordinaria- extraordinaria. La única que se realizó fue la asamblea general extraordinaria convocada el 1 de septiembre de 2020 con la agenda propuesta a la Junta Administrativa el 26 de mayo de ese mismo año, por un grupo de asambleístas, la cual era conocida por ambas partes. Es cierto que no estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada por el presidente, quien de forma verbal les informó que los tres miembros de la Junta Administrativa presentes, a saber: [Nombre 023], [Nombre 024] y [Nombre 025], estaban acordando desconvocar a la asamblea y proponiendo que se realizara una nueva asamblea ordinaria – extraordinaria el 23 de octubre de 2020; no obstante, exigieron de forma inmediata se iniciara la sesión legítimamente convocada. Por lo anterior, no es cierto que la recurrente se enteró después de que los asambleístas presentes sesionaron en asamblea extraordinaria. En ese momento, esos tres asambleístas decidieron retirarse de la sesión y ordenan al personal administrativa de la Fundación que se encontraba presente que se retiraran. Frente a ese actuar los asambleístas tal como lo establecía la agenda, por no estar presente ninguno de los miembros de la Junta Administrativa, se nombra un presidente y secretario ad hoc para que inicie como en derecho corresponde la sesión. No es cierto que la sesión de la asamblea extraordinaria de 10 de octubre de 2020 sesionó irregularmente. Es verdad que se presentaron mociones y se tomaron acuerdos, por lo que es improcedente que la recurrente por vía de amparo pretenda impugnarlos. Lo correcto, es que se haga en la vía civil. Adicionalmente, la recurrente continúa en su puesto como miembro de la Junta Administrativa de la Fundación Promotora de Vivienda. Aunado a lo anterior, se ha gestionado ante la sede civil el proceso de homologación de conformidad con el numeral 16 de la Ley de Fundaciones. Es en esa vía donde los tres miembros de la Junta Administrativa de FUPROVI, podrán ejercer su defensa efectiva. Lo que se aprobó en la asamblea extraordinaria de 10 de octubre de 2020 fue gestionar esa homologación, pues en ese proceso está diseñado si fuera el caso, para convertirse en un proceso contradictorio. De ahí que es improcedente que se residencia dicha discusión en esta Sala. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. 4.- Contesta [Nombre 019], y reitera lo alegado. 5.- Contestan [Nombre 015], [Nombre 005] y [Nombre 002] , e indican que los asambleístas le requirieron a la Junta Administrativa que convocara a una asamblea extraordinaria La Asamblea General de FUPROVI está constituida por veinticinco asambleístas fundadores, y los asambleístas que se han incorporado en años por invitación de algún otro asambleísta o haber sido aprobada su incorporación por acuerdo de la Junta Administrativa antes de 10 de octubre de 2020 que se llevó a cabo la Asamblea General extraordinaria, para un total de 35 asambleístas. Afirma que a dicha asamblea se apersonó un grupo de asambleístas y otros otorgaron poder especial para ser representados. Luego de una serie de discusiones entre los abogados de la Junta Administrativa y de los abogados de los asambleístas, la estuvimos en la Asamblea del 10 de octubre de 2020, para un total de 15 personas, ya que la recurrente y el presidente de la Junta Administrativa, tomaron la decisión de retirarse de la asamblea. La Fundación como persona jurídica, posee un poder de control, que lo ejerce a través de su Junta Administrativa quien administra la organización. Los asambleístas somos simple personas físicas, que cada una en forma individual ostentamos el derecho al voto en las asambleas que al efecto convoque la Junta Administrativa. Bajo esa tesitura es evidente que no existe paridad entre las acciones que puede emprender la Junta Administrativa, con el derecho al voto que como personas físicas ejercemos en una asamblea general de la Fundación. De no tenerse claro estas distinciones por parte de la Sala se estaría provocando un estado de indefensión y vulneración a cada persona física recurrida, por lo que invocamos dichas condiciones para recibir una correcta ponderación de sus derechos humanos, en el tanto cada persona física es diferente en relación con la Fundación. Agregan que el “recurso no es contra la JUNTA ADMINISTRATIVA” porque la recurrente conoce, que no ha sido destituida del cargo, puesto que continúa fungiendo como miembro de Junta y ello refleja el conflicto de interés. Precisamente, por lo anterior, el amparo debió plantearse contra la FUNDACION PROMOTORA DE VIVIENDA representada por [Nombre 026], quien tiene un conflicto de interés, por cuanto, los resultados del presente proceso le benefician en su condición personal, por ser una de las personas que la asamblea general extraordinaria del 10 de octubre del 2020, acordó revocar su nombramiento. La gestión de homologación se formuló para que el juez competente proceda, como en derecho corresponde, a aprobar o improbar esa gestión, y es ante el juez competente que tanto la recurrente y otros podrán ejercer por los medios procesales, su efectiva defensa. El presidente conjuntamente con la recurrente se opuso a rendir cuentas en la Asamblea de 10 de octubre de 2020, fecha en la que se lleva a cabo la Asamblea General Extraordinaria convocada por la Junta Administrativa desde el 1 de setiembre de 2020. Al verse en minoría en esa Asamblea y que no podían tener el control sobre los acuerdos a tomar por los asambleístas, optaron por retirarse de la sesión junto con [Nombre 027], el otro directivo de la Junta Administrativa que estaba presente y quien es el representante del Poder Ejecutivo ante la Junta Administrativa de la Fundación, haciendo una serie de alegaciones que no fueron aceptadas por los Asambleístas. Fue el presidente quien pretendió convocar el 14 de octubre de 2020 a una nueva asamblea ordinaria para el 23 de octubre de 2020 convocatoria espuria, puesto que no se encuentra firma por ningún directivo de la Junta Administrativa. Tuvieron noticia el 22 de octubre del 2020, que presidente convocó a una sesión extraordinaria de Junta Administrativa el 21 de octubre del 2021, en la cual también participaron la recurrente y aprobaron la incorporación de nuevos asambleístas que, supuestamente iban a acudir a la asamblea de 23 de octubre de 2020. Es decir, 7 días naturales después de haber sido convocados los legítimos asambleístas a la Asamblea de 23 de octubre de 2020, la junta pretende incorporar 20 nuevas personas como asambleístas con el único objetivo de procurarse una mayoría de votos. En la asamblea de 23 de octubre de 2020, se apersonó un grupo de asambleístas y se percataron que en la lista de asistencia de asambleístas había 20 personas más, es decir, ya no eran 35 asambleístas que habían sido convocados para la sesión de 10 de octubre de 2020, sino 55 asambleístas, con lo cual confirmamos que efectivamente un día hábil antes de celebrarse la asamblea la Junta Administrativa había incorporado nuevas personas como Asambleístas. Lo anterior demuestra y confirma que el actuar de los miembros de Junta Administrativa, entre ellos, la recurrente y el mismo presidente no es transparente, pues actúan a espaldas de los Asambleístas; que pretenden obtener el control de la asamblea con el nombramiento de nuevas personas que solo tienen un día de ser miembros, quienes desconocen lo que ha sucedido con las gestiones que ha emprendido la Junta Administrativa. El 23 de octubre de 2020, quienes habían estado en la sesión de asamblea extraordinaria de 10 de octubre, solicitaron que se incorporaran en la agenda los puntos discutidos en la Asamblea de 10 ese mismo mes y año, por medio de mociones que se presentaron en forma oportuna, y nuevamente el presidente de la Junta Administrativa las deniega. Frente a las arbitrariedades se retiraron por negárseles el derecho a ser escuchados como en buen derecho corresponde. Añaden que es cierto que los asambleístas requirieron a la Junta Administrativa que convocara a una Asamblea Extraordinaria. De otra parte, [Nombre 005] y [Nombre 015], recalcan que ocupan cargos ante la Junta de Notables, que era un órgano nombrado por la Asamblea, que tenía como función primordial velar porque los recursos financieros de lo que se conoce como Fondo Rotativo fueran utilizados por la Junta Administrativa de acuerdo al destino para el cual fue creado. Es la Junta de Notables la que a principios de enero de 2020, muestra su preocupación a ese órgano por las decisiones que se estaban tomando, ya que se estaba modificando la estructura organizacional, el modelo de gestión que había desarrollado la Fundación en 33 años, para imprimirle un enfoque mercantil - corporativo a la organización, dejando de lado aspectos tan importantes como el habitat, el fortalecimiento comunal, la participaci6n social de las familias, la investigación aplicada en temas como el entorno urbano y ambiental, la problemática habitacional y socioespacial del país, entre muchos otros, alejándose de esta manera de los objetivos establecidos en el Acta Constitutiva de la Fundación y modificando el espíritu de la institución. Esa visión mercantilista incorporada por la Junta Administrativa estaba muy claramente reflejada con una muy costosa contratación de consultoría para un “nuevo modelo de gestión”. Esas preocupaciones fueron manifestadas en sendas reuniones que mantuvieron con la Junta Administrativa, a la cual, le indicamos que ese cambio de modelo debía ser conocido por la Asamblea, porque se estaba perfilando implementar un modelo de gestión contrario a los fines y objetivos para lo cual fue creada la fundación. Estas preocupaciones se las hicimos ver también a los asambleístas por medio de reuniones personales y un oficio que remitimos a cada uno de los 35 asambleístas, en donde se explicaba la preocupación que tenían todos los miembros de la Junta de Notables. La Junta Administrativa nunca estuvo de acuerdo con las observaciones que le hizo esa Junta de Notables, y la Junta Administrativa fue contundente al señalar que ese nuevo modelo de gestión no era necesario consensuarlo con los Asambleístas, y por ello no convocaba a asamblea para analizar el tema. Frente a las preocupaciones como Junta de Notables, que fueron expresadas por parte nuestra al resto de los Asambleístas, es que un grupo de Asambleístas, entre ellos, requirieron a la Junta Administrativa que se llevara a cabo en forma inmediata una Asamblea General extraordinaria, para conocer el nuevo modelo de gestión que estaba por implementar la Junta Administrativa, y las acciones que se estaban implementando administrativa, financiera y legal en la organización. Por lo anterior, como asambleístas estaban solicitando rendición de cuentas de la gestión a la Junta Administrativa, y específicamente a [Nombre 026] (presidente) a [Nombre 017] y a la recurrente quienes habían sido nombrados por la asamblea como directos en la Junta Administrativa en el 2017 por un plazo de 5 años. Para junio de 2020, la Junta Administrativa modificó la estructura del Fondo Rotativo, y transforma la Junta de Notables en un Comité, esa transformación significa que la Junta de Notables que antes era un órgano auxiliar de la Asamblea, fue modificado por Junta Administrativa y la ubica como una estructura de apoyo a ella, visión que no compartimos como Junta de Notables y así se lo hicieron ver a la Junta Administrativa. Es cierto que por las restricciones sanitarias la Junta Administrativa no pudo realizar la asamblea en el plazo solicitado por los asambleístas. No es cierto que el 7 de octubre del 2020 la Junta pretendió convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de octubre de 2020 de manera legal, lo que hizo fue una espuria convocatoria que se adjuntó al correo remitido de ese día y reza: “Lugar de las Asambleas HOTEL RADISSON, SAN JOSE, BARRIO Turnon, costado norte del Banco Improsa, contiguo al periódico La República. El Hotel brindará el servicio de grabación de toda la actividad. Hora de las Asambleas: Asamblea ordinaria Primera convocatoria a las 8.am y la segunda convocatoria a las 10.am.” La calificamos espuria porque no estaba firmada por el presidente de la Junta Administrativa ni por ningún miembro de Junta, pero, además, no se consigna en esa convocatoria el día que se va a llevar a cabo esas dos Asambleas. Por lo tanto, como asambleístas no fuimos convocados. La única convocatoria a la que fuimos citados los Asambleístas es la que se les comunica por oficio JD-019-2020 de 1 de setiembre de 2020, suscrita por el presidente de la Junta Administrativa [Nombre 026], en la cual se consigna que se llevará a cabo la asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 10 de octubre de 2020, el 10 de octubre en el HOTEL RADISSON , Barrio Trnón, a las 8 am en primera convocatoria y a las 9 am en segunda convocatoria. Esta convocatoria fue acordada en sesión de Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020, por acuerdo 93V-20. Apunta que el 10 de octubre los asambleístas que nos presentamos al Hotel Radisson a la hora señalada y le indicamos al presidente [Nombre 026] , que la única asamblea a realizarse era la extraordinaria convocada el 1 de setiembre de 2020, y algunos asambleístas presentaron poderes especiales otorgados por otros para que los representaran en esa Asamblea de 2020. Es cierto que ese día, algunos cuestionamos al presidente, en el sentido que solo se podía realizar la asamblea extraordinaria convocada el 1 de setiembre del 2020, no la supuesta asamblea ordinaria- extraordinaria que trató de convocar sin la antelación legal y de forma ilegal el 7 de octubre de 2020, pues nunca se les había comunicado que se había revocado el acuerdo de la Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020. Asimismo, cuestionan la posición de los asesores legales de la Junta quienes desconocieron el valor legal de los poderes especiales que se presentaron, alegando que lo correcto eran poderes especialísimos, aun cuando se estaba usando el formato remitido a los Asambleístas por el mismo presidente de la Junta Administrativa, [Nombre 023] . No es cierto que en forma irregular los asambleístas realizamos una Asamblea desconvocada por la Junta Administrativa, al contrario, actuamos con apego al ordenamiento jurídico. La Asamblea como órgano supremo de la Fundación sesionó porque fueron convocados por un acuerdo de Junta Administrativa, debidamente notificado el 1 de setiembre de 2020. En ese comunicado se les indica que en la sesión ordinaria 08V-20 llevada a cabo el 28 de agosto de 2020 acuerdo 93V-20, en el cual se acordó llevar a cabo la asamblea general extraordinaria que se celebraría el 10 de octubre. Son los tres miembros de Junta Administrativa que están presentes en la Asamblea extraordinaria de 10 de octubre del 2020 a saber [Nombre 025], [Nombre 024] y [Nombre 023], los que toman la decisión, a título personal y en forma unilateral de desconvocar la Asamblea, no estando presentes todos los miembros de la Junta Administrativa como en derecho corresponde para tomar ese tipo de acuerdo y son ellos los que desconocen el acuerdo de la Junta Administrativa de 28 de agosto de 2020. No es cierto que los asambleístas sesionaran como asamblea ordinaria - extraordinaria. La única asamblea que sesionó fue la asamblea general extraordinaria convocada el 1 de setiembre del 2020 con la agenda propuesta a la Junta Administrativa el 26 de mayo de 2020 por un grupo de asambleístas, agenda que era conocida por los Asambleístas y miembros de Junta Administrativa. Es cierto que no estuvimos de acuerdo con la propuesta presentada por el presidente, quien les comunicó verbalmente que los tres miembros de Junta Administrativa presentes ([Nombre 023], [Nombre 024] y [Nombre 025]), estaban acordando desconvocar a la asamblea y que estaban proponiendo realizar una nueva convocatoria para que se realizará una asamblea ordinaria extraordinaria el 23 de octubre y exigieron que de forma inmediata se iniciara la sesión legítimamente convocada, pues entre otras, su intención de retrasar la Asamblea legalmente convocada era incorporar más asambleístas y procurarse una mayoría de votos que respondieran a sus intereses, como finalmente sucedió. No es cierto que la recurrente se enteró después de que los asambleístas presentes sesionaran en Asamblea extraordinaria. Los Asambleístas presentes tomamos la decisión de iniciar la sesión conforme la agenda pactada, y en ese momento deciden en forma voluntaria la recurrente conjuntamente con [Nombre 023] y [Nombre 025] se retiraron de la sesión, y ordenan al personal administrativa de la Fundación que estaba presente que se retire. Frente a este actuar los asambleístas tal como lo establecía la agenda, por no estar presente ninguno de los miembros de la Junta Administrativa, nombran un presidente y secretario Ad Hoc para que inicie como en derecho corresponde la sesión. No es cierto que la sesión de la Asamblea extraordinaria de 10 de octubre de 2020 sea irregular, para lo cual queda ampliada este aspecto con lo manifestado previamente. Es cierto que se presentan mociones y se tomaron acuerdos en la sesión de la Asamblea de 10 de octubre de 2020, por lo que es improcedente que la recurrente por vía de amparo pretenda impugnarlos, siendo lo correcto, la vía procesal civil para impugnar el acuerdo por medio de los mecanismos procesales que contempla el Código Procesal Civil. La realidad es que la recurrente por su propia voluntad se retira de la Asamblea. No es cierto que al día de hoy la recurrente se encuentre destituida. Además, no es cierto que la recurrente no conocía los temas a tratar en la Asamblea General Extraordinaria de 10 de octubre de 2020 referente a una posible revocatoria de su nombramiento. Nótese que la recurrente en su escrito indica que los Asambleísta habían solicitado que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria, para “conocer varios asuntos de su interés” por medio del oficio de 26 de mayo de 2020. Lo que no dice fa recurrente al despacho es que en dicho oficio se consigna la posibilidad apoyar o no la gestión que estaba emprendiendo la Junta Administrativa, en el caso de no apoyarla se indicaba que se podría valorar la destitución del cargo a los tres miembros de Junta nombrados por la Asamblea y así se consignó en el oficio de ese día. Lo anterior consta en el punto 8 de la agenda en la cual se consigna: 8. Valoración por parte de los asambleístas de la gestión de la Junta Administrativa aprobando o rechazándola. En caso que la gestión sea aprobada se le dará un votó de apoyo a la misma y permanencia de los tres integrantes de la Junta Administrativa. En caso de desaprobación, se valorará la destitución de los tres miembros de la Junta Administrativa nombrados por los Asambleístas. La recurrente conoce que debe dar explicaciones a la Asamblea del nuevo modelo de gestión que está implementando la Junta Administrativa, y conoce de las preocupaciones legítimas externadas por algunos asambleístas, los cuales, pensamos que ese giro dado por la Junta es contrario a los objetivos y fines por el cual fue constituida la Fundación, por ello viéndose en franca minoría decide ella conjuntamente con [Nombre 026] y [Nombre 027], que son los miembros de Junta Administrativa que se encontraban presentes en la Asamblea retirarse, lo cual lo hacen por su propia voluntad y por lo que no dan la rendición de cuentas que estaba solicitándose. No es cierto que a la recurrente se vulneró el debido proceso, ni ninguno de los otros actos que conlleva el debido proceso ni se le ha violentado el principio de inocencia, ni ningún otro tipo de derecho. Tal como se indicó en el hecho anterior es la misma recurrente que se retira de la Asamblea y no da la rendición de cuentas que le ha requerido los Asambleístas seis meses atrás. Tal como lo han indicado, la recurrente al verse en minoría en la Asamblea de 10 de octubre del 2020, conjuntamente con los otros dos miembros de Junta Administrativa presentes, a saber: [Nombre 025] y [Nombre 023] por su propia voluntad deciden retirarse de la Asamblea extraordinaria legítimamente convocada por ellos mismos en su condición de Junta Administrativa el 1 de Setiembre del 2020. En esa asamblea era obligación de los miembros de la Junta Administrativa dar rendición de cuentas. La recurrente de antemano conocía la agenda que iba a ser tratada, y esto es plena prueba, pues el escrito presentado ante el despacho señala como antecedente que la petición de los asambleístas le consta en el oficio de 26 mayo de 2020. Dicho oficio contiene en forma detallada los asuntos a tratar. Además, la recurrente se hizo acompañar por tres asesores legales Luis Moya Salgado (asesor de planta) y por dos asesores legales externos, a saber: [Nombre 029] y [Nombre 030]. Queda ampliado este hecho con lo indicado en el numeral anterior. Ellos, como Asambleístas fundadores gestionaron judicialmente ante la autoridad civil correspondiente, el proceso de homologación de conformidad al numeral 16 de la Ley de Fundaciones, en donde a la recurrente se le revoca el nombramiento por no rendición de cuentas. En ese sentido, conocen que mientras no se apruebe la homologación del acuerdo aprobado donde se tomó la decisión de revocar el nombramiento de la recurrente y de los miembros [Nombre 026] y [Nombre 031], ellos continúan en su cargos, ya que la revocatoria para que sea efectiva debe necesariamente adquirir eficacia, lo cual, se logra con la homologación por parte del juez del acuerdo de revocatoria que tomó, la Asamblea. No hay violaci6n del debido proceso contra la aquí recurrente, por cuando ella continua en su cargo, el trámite de para que se haga efectiva la revocatoria de su nombramiento se encuentra en discusión ante el Juzgado competente y será ante la Juzgadora de la Materia Civil, donde los tres miembros de la Junta Administrativa de Fuprovi, podrán ejercer su defensa efectiva, según lo dispone la Ley de Fundaciones y C6digo Procesal Civil vigente. No es cierto que existe una nueva Junta Administrativa que haya sustituido a la recurrente, ni a [Nombre 031] y [Nombre 026]. Los recurridos conocedores y respetuosos de la legalidad, sabemos que previamente debe ser homologada la revocatoria acordada por un juez competente, para posteriormente poder ratificar a la Junta provisional que se nombró. Lo que se aprobó en la Asamblea extraordinaria de 10 de octubre de 2020 fue gestionar la homologación antes referida ante autoridad judicial competente (ver documental escritura aportada por la recurrente y documental 1), tal y como lo regula el artículo 16 de la ley de Fundaciones, en concordancia con el proceso de homologación regulado en el Código Procesal Civil vigente, lo cual está en trámite. No es cierto que por la gestión de proceso de homologación de sustitución de su cargo no pueda defenderse la recurrente, pues el proceso de jurisdicción voluntaria está diseñado si fuera el caso, para convertirse en un proceso contradictorio. Lo anterior conforme lo dispone el Código Procesal Civil, que pretende desconocer la recurrente. Es improcedente pretender utilizar la sede constitucional para obstruir el proceso civil, dado que la autoridad jurisdiccional se convierte en un juez de garantías para los miembros de la Junta Administrativa, por ser un asunto de mera legalidad. No puede la recurrente pretender fundamentar su causa en la resolución de esta Sala 5593-2001 de 6 de junio de 2001, puesto que dicha resolución es un amparo contra la Junta Directiva de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que por su naturaleza jurídica es la de un ente público no estatal, y, por ende, está regulada por disposiciones de Derecho Público no aplicables a la presente causa. 6.- Contesta [Nombre 020], en condición de presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Promotora de la Vivienda, e indica que es cierto que la recurrente fue nombrada integrante de la esa Junta Administrativa por 5 años que vencen el junio de 2022. Es cierto que un grupo de asambleístas solicitó la convocatoria de una asamblea extraordinaria; sin embargo, por las restricciones sanitarias impuestas con ocasión de la pandemia no se pudo convocar antes. No fue sino hasta octubre y una sede apropiada que se abrió una oportunidad al permitirlo las autoridades de salud. A esos efectos se determinó realizarla el 10 de octubre. En virtud de una serie de cuestionamientos relacionados con los poderes, objeciones a la convocatoria y algunas insolencia y gritería de un grupo, la Junta Administrativa dispuso desconvocar ambas asambleas y citar en nueva fecha a fin de eliminar los cuestionamientos y objeciones con mayor certeza. Por lo anterior, se convocó a nuevas asambleas el 23 de octubre de 2020. Al desconvocar las asambleas, la Junta Administrativa se retiró del recinto se iba a realizar junto con el personal administrativo y de apoyo. Posteriormente, se enteraron que un grupo que se quedó hizo una reunión que irregularmente denominó Asamblea, puesto que la misma se había desconvocado. Apunta que es cierto lo que afirma la recurrente en relación a supuestos acuerdos y mociones que terminaron de llenar a la Junta Administrativa de supuestos cargos -sin los traslados adecuados- y concluyen con la destitución de los tres integrantes de designación privada y del representante del Poder Ejecutivo. También, es cierto que en esa asamblea irregular aprueban nombrar una Junta Administrativa irregular. Como se puede advertir, no hubo un traslado de cargos ni debido proceso, ni se garantizó el derecho de defensa. Agrega que el grupo que pretende ser asamblea ha intentado toda clase de subterfugios para impedir la labor de la Junta Administrativa porque están molestos con las denuncias y la depuración administrativa que se realiza, en procura de un modelo de gestión que se denomina “gobierno corporativo”. En suma, el grupo de la asamblea irregular realizó una destitución de facto. Con ello intentaron tomar ventaja de la situación. 7.- Por memorial presentado el 10 de mayo de 2021, [Nombre 020], en condición de presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Promotora de la Vivienda, amplía su informe, e indica que el 7 de mayo de este mismo año, el Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de San José, Sección Primera, les notificó del traslado del proceso No. [Valor 001]. 8.- Mediante memorial presentado el 1° de junio de 2021, la recurrente solicitó que se dictara sentencia en este proceso. 9.- Por escrito agregado a este expediente el 18 de junio del 2021, [Nombre 002], [Nombre 015] y [Nombre 032], indicaron que dejan constancia de que sí contestaron la audiencia conferida. 10.- Por escrito agregado a este expediente el 18 de junio del 2021, [Nombre 010], [Nombre 034], [Nombre 035] y [Nombre 003] se apersonaron y se dieron por notificados de este amparo. Contestan oponiéndose a las pretensiones de la recurrente, reiterando lo ya expuesto en este expediente. 11.- Por escrito agregado a este expediente el 18 de junio del 2021, [Nombre 013], aquí recurrido, se apersonó, se dio por notificado y manifestó, en resumen, lo siguiente: explicó que la única asamblea a la que fue realmente convocado fue la del 10 de octubre del 2021. A su juicio, la asamblea posterior, 23 de octubre del 2021, no fue debidamente convocada. Por otra parte, expuso con detalle las razones por la que se tomaron las decisiones de la asamblea del 10 de octubre del 2021. De otra parte, explicó también que los acuerdos tomados se encuentran en estrados judiciales en proceso de homologación de lo que, alega, la recurrente tiene conocimiento. En todo caso, ella sigue ocupando su cargo de la Junta Administrativa. De igual forma, alega que [Nombre 023] contesta este recurso como recurrido, cuando, en realidad, él tiene un conflicto de intereses. [Nombre 037] cuestiona además la procedencia de este amparo contra personas físicas, a quiene, a su juicio, se deja en estado de indefensión. Por otra parte, también cuestiona que no existan remedios procesales ordinarios. Considera además, que la recurrente ha utilizado datos personales, que solicita resguardar. En suma, solicita que se declare sin lugar el recurso. 12.- En los procedimientos seguidos se han observa do las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- OBJETO. La recurrente alega que, el 10 de octubre del 2020, las personas recurridas, se constituyeron en una supuesta asamblea de la Fundación Promotora de Vivienda, y destituyeron de facto a varios de los miembros de la Junta Administrativa, entre los cuales se encuentra ella. II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) La recurrente ocupa el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Promotora de Vivienda desde el 27 de junio del 2017, sin que a la fecha de presentación de este amparo hubiera sido removida del puesto (certificación aportada por la misma recurrente). 2) El 28 de mayo de 2020, un grupo de asambleístas de la fundación solicitó que se convocara a una asamblea extraordinaria para conocer varios asuntos de su interés (copia adjunta a las contestaciones). 3) En la sesión ordinaria de la Junta Administrativa de esa Fundación, No. O8V-20 celebrada el 28 de agosto de 2020 se acordó celebrar una asamblea extraordinaria que se celebraría el 10 de octubre de 2020, en el hotel Radisson, a las 8:00 horas en primera convocatoria (copia adjunta a las contestaciones). 4) Mediante el oficio del presidente de la Fundación Promotora de Vivienda, No. JA-019-2020 de 1° de septiembre de 2020 se convocó a una asamblea extraordinaria que se celebraría el 10 de octubre de ese mismo año, en el hotel Radisson (copia adjunta a las contestaciones). 5) En esa fecha, ante cuestionamientos de los solicitantes de la asamblea, relativos a un tema de poderes y de convocatoria, la junta en ese mismo acto sesionó y decidió desconvocar dicha asamblea y volver a convocar para el 23 de octubre de 2020, tanto para la asamblea ordinaria como la extraordinaria (contestación del Presidente de la Fundación). 6) Pese a la decisión de la Junta, de desconvocar la asamblea, un grupo de asambleístas, los aquí recurridos, consideraron que procedía continuar con la convocatoria, de manera que se mantuvieron reunidos y propusieron lo siguiente: "Se solicita la renuncia en pleno de la Junta Administrativa, excepto el puesto ocupado por el Representante Municipal quien acaba de ser nombrado y no ha tenido incidencia alguna en esta gestión de la Junta Administrativa. En caso de que ninguno de los miembros de la Junta Administrativa presente en este acto su renuncia, se procederá a revocar el nombramiento de los tres miembros nombrados por esa Asamblea de Socios de conformidad con el numeral dieciocho inciso f de los estatutos de la Fundación y el Acta Constitutiva". Finalmente, decidieron la revocatoria (escrito de interposición, contestaciones y omisión de contestar). 7) Las actuaciones realizadas se están conociendo en estrados judicial, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Fundaciones (contestación de [Nombre 004] y otros). 8) El 23 de octubre del 2021, se realizó asamblea general ordinaria y extraordinaria de la asamblea de la fundación (documentación aportada). 9) Los aquí recurridos [Nombre 015], [Nombre 005] y [Nombre 002] interpusieron demanda ordinaria contra la fundación para cuestionar los acuerdos tomados en la asamblea del 23 de octubre del 2020, la cual se tramita en el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de San José, proceso ordinario No. [Valor 002] (ampliación de la contestación por parte del presidente de la Junta y documentación que aporta). 10) Por resolución de ese Tribunal de las 13:32 horas de 8 de marzo de 2021 se dio traslado a ese proceso (ampliación de la contestación por parte del presidente de la Junta y documentación que aporta).

III.- CASO CONCRETO. En el sub lite se tiene que la recurrente ocupa el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Promotora de Vivienda desde el 27 de junio del 2017. No consta que a la fecha hubiera sido removida del cargo. Ciertamente un grupo de personas, los aquí recurridos consideraron que se debía continuar con una asamblea general convocada para el 10 de octubre del 2021, pese a la desconvocatoria que resolvió la Junta Directiva. Es cierto también que, en la reunión (que esta Sala no entra a calificar) se solicitó pedirles la renuncia a algunos miembros de la Junta Directiva, entre ellos la aquí recurrente. Finalmente, decidieron destituirlos de sus cargos. Sin embargo, también se demostró y es muy claro que tales decisiones se están conociendo en estrados judiciales de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Fundaciones. Se convocó a una nueva asamblea extraordinaria, la que se realizó (y sobre cuya legitimidad tampoco se pronuncia esta Sala) el 23 de octubre del 2020. Contra esta última, tres de los aquí recurridos interpusieron una demanda ordinaria actualmente en curso. Del panorama expuesto, esta Sala considera que no procede en este momento estimar el recurso planteado. En primer término, no se puede perder de vista que el recurso de amparo ha sido presentado contra sujetos de derecho privado, específicamente, contra personas físicas a quienes se atribuye haber realizado una supuesta asamblea de la fundación. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional procede el amparo contra sujetos de derecho privado de manera excepcional. En efecto, indica tal norma lo siguiente:

"[...] El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley..." (El resaltado y subrayado no es del original).

De lo anterior se colige que el sujeto pasivo del amparo, en el caso de tratarse de un sujeto de derecho privado, debe encontrarse en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) El sujeto pasivo del amparo actúa -o debe actuar- en el ejercicio de funciones o potestades públicas; b) el sujeto pasivo del amparo se encuentra, por mandato jurídico expreso, en una situación de poder sobre el recurrente; y c) el sujeto pasivo del amparo se encuentra, por razones de hecho, en una situación de poder sobre el recurrente. Además de los requisitos expuestos, la ley establece que debe verificarse además una imposibilidad del amparado de obtener una solución lo suficientemente rápida para su problema en la vía jurisdiccional; o bien que tales remedios resulten claramente insuficientes. Por este motivo, en la Sentencia Nº 2018-09205 de las 9:20 horas del 12 de junio de 2018, la Sala declaró lo siguiente:

“…Como lo dijo la Sala en ese caso, el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional al crear la figura del amparo contra sujetos de derecho privado, estableció varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar que la entidad o persona privada 'cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas ' caso en el cual el amparo no se diferencia del todo que el amparo contra órganos o servidores públicos en tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese uno de ellos. Si no se trata de esta hipótesis, y el sujeto de derecho privado de hecho o de derecho está en una posición de poder, el amparo será procedente únicamente como remedio subsidiario de la legislación común si se cumplen otras dos condiciones: a) que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes. Esta hipótesis supone que, existiendo remedios procesales comunes por los que las partes podrían discutir sus pretensiones, el resultado del juicio resulte claramente insuficiente. Esto es la parte no lograría satisfacer su pretensión ni aun obteniendo un fallo favorable; b) que los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos . Esto es que aun cuando existen procedimientos judiciales comunes adecuados para satisfacer su pretensión, el resultado de los mismos sería tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación. En esta (sic) caso debe considerarse también que no existan en la legislación común aplicable al caso, normas que faculten al juez a dictar medidas cautelares que amparen al interesado en tanto el litigio se resuelve en sentencia. III.- No es sino hasta que la Sala haya descontado esas posibilidades de defensa del interesado en las vías procesales comunes, que surge su competencia para analizar el caso en esta vía. De allí que el amparo contra sujetos privados sea de naturaleza subsidiario (sic)y excepcional, llenando los vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico. La competencia de la Sala en la materia es residual…” . (El resaltado con subrayado no es del original). En este caso, es muy claro que no se puede argumentar que los remedios procesales resultan tardíos, porque, al contrario, la posible destitución y, en general, lo actuado el 10 de octubre se está conociendo en estrados judiciales. Es muy claro que los hechos contra los que se presenta este amparo sucedieron hace más de medio año. Nada impedía ni impide, si lo considera pertinente y procedente (lo cual tampoco pude predeterminar esta Sala) que la recurrente demande en la vía ordinaria y solicite las medidas cautelares necesarias para evitar que surtan plenamente los efectos para ella indeseados. Por los remedios comunes bien puede la recurrente lograr satisfacer su pretensión, de anular lo actuado, y también puede evitar, gracias a las medidas cautelares que surtan plenamente los efectos. Como lo demuestra el Presidente de la Junta, algunos de los recurridos (contrarios a los intereses de la recurrente) ya acudieron a la vía ordinaria y solicitaron medidas cautelares (en relación con la otra asamblea que ellos, a su vez, consideran ilegítima), que no han sido concedidas precisamente para escuchar a la contraparte. En suma, la recurrente plantea este recurso contra actos de sujetos de derecho privado. Existen mecanismos procesales específicos, las medidas cautelares en la vía ordinaria, que permiten no solo remediar la situación expuesta sino incluso evitar que surta plenamente los efectos que la recurrente les atribuye, de manera que, de ninguna manera pueden considerarse tardíos o insuficientes. La vía común permite, además, con gran amplitud probatoria (de la que carece el amparo) pronunciarse sobre sus pretensiones. En realidad, la recurrente pretende que se conozca en esta sede un conflicto de orden legal. Al respecto, se debe agregar también el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. En otro orden de ideas, en escritos posteriores se alude a una imprecisión en la constancia emitida; sin embargo, no resulta de relevancia para lo resuelto. De igual forma, las demás pretensiones de ambas partes, sobre conductas indebidas que mutuamente se atribuyen, no son objeto de este recurso de amparo. El recurso, en consecuencia, debe desestimarse. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *GQA47FYA43VSK61*

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