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Res. 08664-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2021
OutcomeResultado
The amparo is granted due to the Ministry of Health's failure to address a sewage discharge complaint; the Ministry is ordered to resolve it within ten days, and the State is liable for costs and damages.Se declara con lugar el recurso de amparo por omisión del Ministerio de Salud en atender una denuncia por vertido de aguas negras, ordenando resolverla en diez días y condenando al Estado al pago de costas.
SummaryResumen
The Constitutional Court reviewed an amparo action filed by a resident of La Leila neighborhood, Ciudad Quesada, against the Ministry of Health. The petitioner alleged that since September 2019 he had filed a complaint about neighbors discharging raw sewage into the storm drain, causing pollution, foul odors, and health risks. Despite acknowledgment and a case number, the authority failed to inspect or resolve the matter for over a year. Due to the Ministry's failure to submit the requested report, the Court accepted the petitioner's allegations as true. It held that the inaction violated the rights to health and a healthy environment (Articles 21 and 50 of the Constitution), and breached the Ministry's duty under Article 355 of the General Health Law to take measures against health risks. The amparo was granted; the Court ordered the Health Area Director to definitively resolve the complaint within ten days, and imposed costs and damages against the State. Separate opinions discuss the scope of the Court’s jurisdiction in environmental matters.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino del barrio La Leila, Ciudad Quesada, contra el Ministerio de Salud. El recurrente denunció que desde septiembre de 2019 presentó una queja por el vertido de aguas negras al alcantarillado pluvial por parte de vecinos, lo que provocaba contaminación, malos olores y afectación a la salud. A pesar del acuse de recibo y la asignación de un número de denuncia, la autoridad recurrida no había resuelto ni inspeccionado el sitio después de más de un año. La Sala tuvo por ciertos los hechos ante la omisión del informe solicitado al Ministerio. Consideró que la inacción vulneró el derecho a la salud y a un ambiente sano (artículos 21 y 50 de la Constitución), así como el deber del Ministerio de Salud de ordenar medidas para evitar riesgos sanitarios según el artículo 355 de la Ley General de Salud. Se declaró con lugar el recurso, ordenando a la Dirección del Área Rectora de Salud de Ciudad Quesada resolver definitivamente la denuncia en diez días, con condenatoria en costas, daños y perjuicios al Estado. Se incluyen votos concurrentes que discuten la competencia de la Sala en materia ambiental.
Key excerptExtracto clave
VI.— On the merits. In the case under study, the Court deems it proven that in September 2019, the petitioner filed a complaint before the respondent Health Area because some neighbors of the residential area where he lives dump raw sewage into the drain, causing mosquitoes, pollution and foul odors. In this regard, there is no evidence that to date the respondent authority has addressed the problem raised or verified the truthfulness or otherwise of the facts reported by the citizen. In this regard, the General Health Law provides in Article 355 that it is up to the Ministry of Health to order and take the special measures authorized by law to prevent risk or damage to people's health or their spread or aggravation, and to inhibit the continuation or recurrence of legal or regulatory infractions against health. Accordingly, a violation of the petitioner's right to health is verified, since more than a year ago he filed a complaint about this problem, and according to the protected party, the situation complained of still persists. Thus, given that the respondent authority omitted to submit the requested report, the petitioner's account is taken as true and therefore the Court acknowledges that the respondent Health Area has not yet processed the complaint filed by the petitioner, and therefore has not addressed the problem described above. This is unacceptable from the standpoint of Constitutional Law, and thus the alleged violation of the protected party's fundamental rights is established. Especially since the Ministry of Health's governing role does not end with receiving a complaint, but rather with an on-site inspection, and if appropriate, issuing sanitary orders, notifying the offender(s), and the obligation to verify that the ordered measures are fully complied with, using the mechanisms granted by the legal system. Hence the claim is upheld.VI.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que en el mes de setiembre de 2019, el recurrente interpuso una denuncia ante el Área Rectora de Salud recurrida debido a que algunos vecinos del residencial donde reside, arrojan las aguas negras al caño, lo que provocaba mosquitos, contaminación y malos olores. Al respecto, no consta que a la fecha la autoridad recurrida haya atendido el problema expuesto y verificado la veracidad o no de los hechos denunciados por el administrado. Al respecto, la Ley General de Salud, dispone en el artículo 355, que le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas. En virtud de ello, se constata una lesión al derecho a la salud del amparado, ya que desde hace más de un año, presentó una denuncia por dicho problema, siendo que, según el dicho del tutelado, la situación aquejada todavía persiste. De manera, que dado que la autoridad recurrida omitió rendir el informe que se le solicitó, se tiene por cierto el dicho del recurrente y por ello, la Sala reconoce que el Área Rectora de Salud recurrida, a la fecha, no ha tramitado la denuncia planteada por la recurrente, y por ende, no ha atendido la problemática descrita anteriormente. Lo anterior, resulta inaceptable desde la óptica del Derecho Constitucional, por lo cual se acredita la alegada lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Máxime que la labor rectora del Ministerio de Salud no termina con la recepción de una queja, sino con la inspección en el sitio, y si es el caso, el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona o personas infractoras y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento jurídico le confiere. De ahí la procedencia del reclamo presentado.
Pull quotesCitas destacadas
"la labor rectora del Ministerio de Salud no termina con la recepción de una queja, sino con la inspección en el sitio, y si es el caso, el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona o personas infractoras y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad"
"the Ministry of Health's governing role does not end with receiving a complaint, but rather with an on-site inspection, and if appropriate, issuing sanitary orders, notifying the offender(s), and the obligation to verify that the ordered measures are fully complied with"
Considerando VI
"la labor rectora del Ministerio de Salud no termina con la recepción de una queja, sino con la inspección en el sitio, y si es el caso, el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona o personas infractoras y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad"
Considerando VI
"en aquellos casos en los que la autoridad recurrida no rindiera su informe dentro de un recurso de amparo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente"
"in those cases where the respondent authority does not submit its report in an amparo proceeding, the facts alleged by the petitioner shall be taken as true"
Considerando II
"en aquellos casos en los que la autoridad recurrida no rindiera su informe dentro de un recurso de amparo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente"
Considerando II
"se constata una lesión al derecho a la salud del amparado, ya que desde hace más de un año, presentó una denuncia por dicho problema, siendo que, según el dicho del tutelado, la situación aquejada todavía persiste"
"a violation of the petitioner's right to health is verified, since more than a year ago he filed a complaint about this problem, and according to the protected party, the situation complained of still persists"
Considerando VI
"se constata una lesión al derecho a la salud del amparado, ya que desde hace más de un año, presentó una denuncia por dicho problema, siendo que, según el dicho del tutelado, la situación aquejada todavía persiste"
Considerando VI
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: April 30, 2021, at 09:15 Case File: 21-006063-0007-CO Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Res. No. 2021008664 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the thirtieth of April, two thousand twenty-one.
An amparo action processed under case file number 21-006063-007-CO, filed by JORDDY FABIÁN CASTRO ARAYA, identity card number 0114980956, against the MINISTRY OF HEALTH.
Whereas:
1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 19:27 hours on March 26, 2021, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Health. He states, in summary, that he is a resident of the La Leila neighborhood, in Ciudad Quesada, where neighbors living near the Ministry of Health offices discharge their untreated wastewater (aguas negras) into the pipe (caño), thereby contaminating the environment and generating foul odors. He explains that the pipe has green, wooly-textured residues adhering to it, and the contaminated waters fall into the sewer system that carries them to the rivers. He describes that this sewer system is designed solely for rainwater, not for untreated wastewater or soapy water, and those who live there must endure the foul odors that emanate. He adds that, for this reason, on September 16, 2019, his complaint was acknowledged as received; it was assigned the number D-168-2019, and he was informed that his complaint would be scheduled in a monthly programming of the Health Regulation team, and after that, he has not been notified of anything further. He requests that the Ministry of Health be ordered to send its inspectors to that site to apply existing protocols and determine which resident of the La Leila urbanization is diverting untreated wastewater and soapy water from their septic tank into the community's storm sewer system (alcantarillado pluvial). He also requests that costs, damages, and losses be awarded.
2.- By resolution at 11:59 hours on March 29, 2021, this action was admitted and the director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Ciudad Quesada was granted a hearing regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- The Acting Judicial Technician 3 and the Acting Secretary, both of the Constitutional Chamber, certify that, upon review at 18:30 hours on April 14, 2021, in the Costa Rican System of Judicial Desk Management (Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales) of the document receipt control and this case file, it did not appear that from April 7 to 13, 2021, the Director of the Health Governing Area of Ciudad Quesada had submitted any written submission or document for the purpose of rendering the report that was requested.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.- Purpose of the action. The petitioner states that he is a resident of the La Leila neighborhood, in Ciudad Quesada, where residents discharge their untreated wastewater (aguas negras) into the pipe (caño), thereby contaminating the environment and generating foul odors. And for this reason, on September 16, 2019, he filed a complaint before the respondent authority, receipt was acknowledged, and it was assigned number D-168-2019; however, to date, it has not been resolved, nor has the problem afflicting him been solved. He requests that the Ministry of Health be ordered to send its inspectors to that site to apply existing protocols and determine which resident of the La Leila urbanization is diverting untreated wastewater and soapy water from their septic tank into the community's storm sewer system (alcantarillado pluvial).
II.- Preliminary question. Prior to analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545, at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has deemed that those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals, must be referred to the administrative litigation jurisdiction—with some exceptions. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises because it involves a possible matter of untreated wastewater contamination affecting the health of the petitioner and his family. Furthermore, in accordance with the provisions of article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, in those cases where the respondent authority fails to render its report within an amparo action, the facts alleged by the petitioner regarding said authority shall be taken as true, and the action shall be resolved without further proceedings, with the evidence contained therein, unless the Tribunal deems some prior investigation necessary, all without prejudice to the liabilities incurred by the official who omitted the report. Having clarified these points, we proceed to resolve the specific situation raised in this proceeding.
III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:
V.- On the right to health in relation to the right to a healthy environment. Before addressing the merits of this amparo proceeding, it is appropriate to briefly indicate some considerations regarding the right to health and the right to a healthy environment. In this regard, it is understood that both are constitutionally recognized, the first arising from the content of article 21, and the second in numeral 50. The right to health includes the obligation to protect the right of individuals to have physical and mental health, which is achieved by obtaining conditions that allow for a quality of life, such that environmental quality becomes a parameter thereof. Thus, from the content of the cited article 50 of the Political Constitution, the State is obliged to protect the environment, and must have available, through the institutions designated for that purpose, everything necessary, within the sphere of legality, to prevent irreversible damage to the environment and, furthermore, to promote the necessary measures so that every person enjoys their right to health in all its aspects. Thus, and pursuant to the General Health Law, the Ministry of Health has the authority to adopt the measures and provisions that ensure the application and compliance with standards issued in health matters, as well as the protection of the environment, for which, if necessary, it must coordinate the corresponding measures with other institutions—see in this regard, among others, judgment No. 2012-013372, at 14:30 hrs. on September 25, 2012, judgment No. 2013-012201, at 9:05 hrs. on September 13, 2013, and judgment No. 2017-020838, at 9:15 hrs. on December 22, 2017.
VI.- On the merits. In the case under study, the Chamber finds it proven that in the month of September 2019, the petitioner filed a complaint before the respondent Health Governing Area (Área Rectora de Salud) because some residents of the residential area where he lives throw untreated wastewater (aguas negras) into the pipe (caño), which caused mosquitoes, contamination, and foul odors. In this regard, it is not shown that to date the respondent authority has addressed the reported problem and verified the veracity or not of the facts reported by the petitioner. In this regard, the General Health Law, in article 355, provides that the Ministry of Health is responsible for ordering and taking the special measures enabled by law to avoid risk or harm to the health of persons or for such to spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence in the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons. By virtue of this, a violation of the right to health of the amparo petitioner is verified, since more than a year ago, he filed a complaint regarding said problem, and according to the petitioner's statement, the situation complained of still persists. Therefore, given that the respondent authority omitted to render the report that was requested, the petitioner's statement is taken as true, and for this reason, the Chamber recognizes that the respondent Health Governing Area, to date, has not processed the complaint filed by the petitioner, and therefore, has not addressed the problem described above. The foregoing is unacceptable from the perspective of Constitutional Law, whereby the alleged violation of the fundamental rights of the petitioner is accredited. Especially since the governing role of the Ministry of Health does not end with the receipt of a complaint, but rather with the on-site inspection, and if applicable, the issuance of sanitary orders, notification to the person or persons in violation, and the obligation to verify that the ordered provisions are fully complied with, using for that purpose the mechanisms conferred upon it by the legal system. Hence, the admissibility of the claim presented.
VII.- NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRACTION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that at the time prompted the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad body of legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state bodies with appropriate competence imposed on the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with surveillance and control powers over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists of the fact that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the stage of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the administrative litigation jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural routes and inclusive means of standing have been provided, so that individuals may enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor, from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary judicial bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, with the risk of overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its procedures does not suit the complexity present in numerous environmental conflicts made up of technically and legally complex series of facts and acts. Regarding both issues, there are known examples in which the Chamber has delivered an incomplete or technically partial resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judges executing the judgment that would allow for adequate follow-up on the same—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is more a matter of an exercise of readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established by article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber is not proposing to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist together with others, so that—among all and each in their own space—the full variety of situations presented by protecting the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an ounce of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must abstain from hearing the claims submitted to it for alleged violation of article 50 of the Political Constitution, leaving their hearing in the hands of administrative justice and the administrative litigation jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of specific cases or groups of cases that, in my judgment, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also place people's health at direct risk, or affect access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment where a blatant absence of protection by state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, given that I also believe that the amparo should not be "ordinary-ized" (ordinariar) to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the petitioner's claim could eventually affect physical integrity and health and infraction of article 50 of the Political Constitution. Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the amparo petitioner._ VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its hearing and resolution corresponds to the administrative litigation jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which it is alleged that a year and a half ago he reported to the Ministry of Health that some of his neighbors throw untreated wastewater (aguas negras) into the pipe (caño) of the residential area where he lives, which constitutes a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and of a decent level of quality of life.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The action is declared with merit. María del Milagro Picado Cartín, in her capacity as Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Ciudad Quesada, or whoever occupies said position, is ordered to, within a period of TEN DAYS from the notification of this judgment, take the necessary measures and issue the precise instructions so that the complaint filed by the petitioner is resolved definitively and to communicate the decision to him. The respondent party is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo action, and does not fulfill it, or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the administrative litigation jurisdiction. Magistrate Hernández López and Magistrate Salazar Alvarado issue notes. Notify.- Fernando Castillo V.
President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- CASE FILE No. 21-006063-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Building of the Supreme Court of Justice, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 09:27:28.
SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021008664 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-006063- 007-CO, interpuesto por JORDDY FABIÁN CASTRO ARAYA, cédula de identidad 0114980956, contra el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:27 horas del 26 de marzo de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Manifiesta, en resumen, que es vecino del barrio La Leila, en Ciudad Quesada, donde los vecinos que viven cerca de las oficinas del Ministerio de Salud vierten sus aguas negras al caño, con lo cual, se contamina el ambiente y generan malos olores. Explica que el caño tiene adheridos residuos de color verde, de textura lanosa y las aguas contaminadas caen en el alcantarillado que las lleva a los ríos. Describe que ese alcantarillado está diseñado únicamente para las aguas llovidas, no para las aguas negras, ni jabonosas y los que viven ahí tienen que soportar los malos olores que emanan. Añade, que en razón de ello, el 16 de septiembre de 2019, se le dio acuse de recibo su denuncia; a la cual se le asignó el número D-168-2019, y se le informó que se agendará su denuncia en una programación mensual del equipo de Regulación de la Salud, y después de eso, no se le ha notificado nada más. Solicita se ordene al Ministerio de Salud enviar sus inspectores a ese sitio para aplicar los protocolos existentes y determinar cuál es el vecino de la urbanización la Leila que desvía de su tanque séptico las aguas negras y jabonosas hacia el alcantarillado pluvial de la comunidad. Pide además se condene al pago de costas, daños y perjuicios.
2.- Mediante resolución de las 11:59 horas del 29 de marzo de 2021, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al director del Área Rectora de Salud de Ciudad Quesada sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- La Técnica Judicial 3 a.i. y el Secretario a.i., ambos de la Sala Constitucional, hacen constar, que revisado a las 18:30 horas del 14 de abril de 2021, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 07 al 13 de abril de 2021, el Director del Área del Rectora de salud de Ciudad Quesada haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que es vecino del barrio La Leila, en Ciudad Quesada, donde los vecinos vierten sus aguas negras al caño, con lo cual, se contamina el ambiente y generan malos olores. y en razón de ello, el 16 de septiembre de 2019, presentó una denuncia ante la autoridad recurrida, se le dio acuse de recibo y se le asignó el número D-168-2019; sin embargo, a la fecha, no se ha resuelta la misma, ni solucionado el problema que le aqueja. Solicita se ordene al Ministerio de Salud enviar sus inspectores a ese sitio para aplicar los protocolos existentes y determinar cuál es el vecino de la urbanización la Leila que desvía de su tanque séptico las aguas negras y jabonosas hacia el alcantarillado pluvial de la comunidad.
II.- Cuestión previa. Previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante un posible asunto de contaminación por aguas negras que afecta la salud de la recurrente y su familia. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en aquellos casos en los que la autoridad recurrida no rindiera su informe dentro de un recurso de amparo, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente en cuanto a dicha autoridad y se entrará a resolver el recurso sin más trámite, con la prueba que consta en el mismo, salvo que el Tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe. Aclarado estos puntos, se entra a resolver la situación concreta planteada en este proceso.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
V.- Sobre el derecho a la salud en relación con el derecho a un ambiente sano. De previo a conocer el fondo de este proceso de amparo, resulta conveniente indicar, brevemente, algunas consideraciones sobre el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano. Al respecto, se tiene que ambos se encuentran reconocidos constitucionalmente, el primero a partir del contenido del artículo 21, y el segundo en el numeral 50. El derecho a la salud contempla la obligación de tutelar el derecho a las personas de tener salud física y mental, lo que se logra mediante la obtención de condiciones que permitan tener calidad de vida, siendo que la calidad ambiental se convierte en un parámetro de esta. De tal forma, a partir del contenido del citado artículo 50, de la Constitución Política, se impone al Estado la obligación de proteger el ambiente, siendo que debe disponer, a través de las instituciones designadas al efecto, de todo lo necesario, dentro del ámbito de legalidad, para impedir que daños irreversibles al medio ambiente y, además, promover las medidas necesarias para que cada persona disfrute de su derecho a la salud en todas sus vertientes. Así y a partir de la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud tiene la facultad de adoptar las medidas y disposiciones que aseguren la aplicación y cumplimiento de normas dictadas en materia de salud, así como la protección del medio ambiente, para lo cual, en caso de ser necesario, deberá coordinar con otras instituciones las medidas correspondientes –véanse en ese sentido, entre otras, la sentencia N° 2012-013372, de las 14:30 hrs. de 25 de setiembre de 2012, la sentencia N° 2013-012201, de las 9:05 hrs. de 13 de setiembre de 2013 y la sentencia N° 2017-020838, de las 9:15 hrs. del 22 de diciembre de 2017.
VI.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que en el mes de setiembre de 2019, el recurrente interpuso una denuncia ante el Área Rectora de Salud recurrida debido a que algunos vecinos del residencial donde reside, arrojan las aguas negras al caño, lo que provocaba mosquitos, contaminación y malos olores. Al respecto, no consta que a la fecha la autoridad recurrida haya atendido el problema expuesto y verificado la veracidad o no de los hechos denunciados por el administrado. Al respecto, la Ley General de Salud, dispone en el artículo 355, que le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas. En virtud de ello, se constata una lesión al derecho a la salud del amparado, ya que desde hace más de un año, presentó una denuncia por dicho problema, siendo que, según el dicho del tutelado, la situación aquejada todavía persiste. De manera, que dado que la autoridad recurrida omitió rendir el informe que se le solicitó, se tiene por cierto el dicho del recurrente y por ello, la Sala reconoce que el Área Rectora de Salud recurrida, a la fecha, no ha tramitado la denuncia planteada por la recurrente, y por ende, no ha atendido la problemática descrita anteriormente. Lo anterior, resulta inaceptable desde la óptica del Derecho Constitucional, por lo cual se acredita la alegada lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Máxime que la labor rectora del Ministerio de Salud no termina con la recepción de una queja, sino con la inspección en el sitio, y si es el caso, el dictado de órdenes sanitarias, la notificación a la persona o personas infractoras y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento jurídico le confiere. De ahí la procedencia del reclamo presentado.
VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual – caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “ denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación – predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente el contencioso administrativo, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que – ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que – entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la integridad física y en la salud de e infracción al artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales del amparado._ VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que hace año y medio denunció ante el Ministerio de Salud que algunos de sus vecinos arrojan aguas negras al caño del residencial donde habita, lo cual constituye una violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María del Milagro Picado Cartín, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Ciudad Quesada, o a quien ocupe dicho puesto, que en el plazo de DIEZ DÍAS, a partir de la notificación de la presente sentencia, debe tomar las medidas y girar las instrucciones que sean precisas, para que se resuelva en forma definitiva la denuncia efectuada por la recurrente y le comunique lo resuelto. Se advierte a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere, o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado ponen notas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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