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Res. 08605-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2021
OutcomeResultado
The amparo is partially granted due to the delay in responding to the certification request, without awarding costs, damages, or harm; the substantive challenge to the regulatory plan is denied as premature.Se declara parcialmente con lugar el amparo por el atraso en la respuesta a la solicitud de certificaciones, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios; el reclamo de fondo sobre el plan regulador se declara sin lugar por prematuro.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a citizen against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for failing to respond to a request for information regarding the regulatory plan of the Municipality of Barva. The petitioner sought certifications of official letters and dates related to objections communicated to the municipality, and questioned why the plan had not been rejected. After the amparo was filed, SETENA issued a partial response, requesting legal stamps and clarification for the certifications. The Chamber partially grants the amparo: granted for the delay in responding to the first request (certifications), applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, but without awarding costs, damages, or harm according to the majority vote. Regarding the second point (substantive challenge to the plan), it is denied as premature. Dissenting votes are issued concerning the economic consequences of the ruling.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un ciudadano contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre el plan regulador de la Municipalidad de Barva. El recurrente pidió certificaciones de oficios y fechas relacionados con inconformidades comunicadas al municipio, y cuestionó por qué no se había rechazado el plan. Tras la interposición del amparo, SETENA emitió una respuesta parcial, solicitando timbres y precisión para las certificaciones. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: con lugar por el atraso en la respuesta a la primera solicitud (certificaciones), aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el voto de mayoría. Respecto al segundo punto (reclamo de fondo sobre el plan), lo declara sin lugar por prematuro. Se generan votos salvados sobre las consecuencias económicas de la estimatoria.
Key excerptExtracto clave
Thus, it is verified that said request deals with two aspects: regarding point 1, it is indeed a request for certification; second, regarding point 2, it is a kind of complaint or grievance for not having rejected the regulatory plan. Now, it is proven that, regarding the first point, the Authority, on the occasion of the filing of this amparo, replied that he should indicate which pages and provide the legal stamps with the response given on April 9, 2021. That is, it appears that it was after the initial order of this proceeding was notified, after approximately 2 months had elapsed since the request was made, that the official response to his information request was notified to the petitioner. Thus, since it was on the occasion of this proceeding that the respondent authority carried out the necessary actions in order to safeguard the fundamental rights of the petitioner, the amparo must be declared with merit, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences specified below. On the other hand, regarding the second point of his information request, as stated, it is a kind of grievance or complaint for not having rejected the regulatory plan, so it is not a simple request for information or certification of something, but a disagreement with what SETENA has been doing, deciding, and processing. However, it is verified that the petitioner filed this amparo on March 18, 2021, and the information request on February 11, 2021; therefore, it is proven that a disproportionate period had not elapsed, so the respondent authority was still within the time frame to rule on the matter. Thus, on this point, the matter is premature, and therefore must be denied.De esta forma, se constata que dicha solicita versa sobre 2 sentidos: en cuanto al punto 1, se verifica que sí es una solicitud de certificación; segundo, en cuanto al punto 2 se trata de una especie de reclamo o denuncia por no haber rechazado el plan regulador. Ahora bien, se comprueba que, respecto al primer punto, la Municipalidad, con ocasión de la interposición del presente amparo, le contestó que indique cuáles son los folios y que aporte los timbres con la respuesta otorgada el 09 de abril de 2021. Es decir, se desprende que fue luego de notificado el auto inicial de este proceso, después de transcurridos aproximadamente 2 meses desde que se planteó la solicitud, que se notificó al recurrente el oficio de respuesta a su solicitud de información. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante. Por otra parte, respecto al segundo punto de su solicitud de información, como se indicó, se trata de una especie de reclamo o denuncia por no haber rechazado el plan regulador, por lo que no es una simple solicitud de información o certificación de algo, sino una inconformidad con lo que ha venido actuando, resolviendo y tramitando SETENA. No obstante, se constata que el recurrente presentó el presente recurso de amparo el 18 de marzo de 2021 y la solicitud de información el 11 de febrero de 2021, por ende, se comprueba que no ha trascurrido un plazo desproporcionado, por lo que la autoridad recurrida aún estaba en plazo para pronunciarse al respecto. Así, en cuanto a este punto, el asunto es prematuro, por lo que debe declararse sin lugar.
Pull quotesCitas destacadas
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable."
Considerando IV — Artículo 52 LJC citado por la mayoría
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Considerando IV — Artículo 52 LJC citado por la mayoría
"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia."
"Every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract the compensation for damages and losses caused and the payment of costs of the appeal, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment."
Considerando VI — Voto salvado Hernández López citando Art. 51 LJC
"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia."
Considerando VI — Voto salvado Hernández López citando Art. 51 LJC
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes... Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
"The constitutional jurisdiction of this Court in amparo and habeas corpus matters - the jurisdiction of liberty as it is called - is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a dispute between two parties... Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights."
Considerando VI — Voto salvado Hernández López
"La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes... Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales."
Considerando VI — Voto salvado Hernández López
"En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas."
"For the foregoing reasons, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs."
Considerando VIII — Voto salvado Garro Vargas
"En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas."
Considerando VIII — Voto salvado Garro Vargas
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: April 30, 2021 at 09:15 Case File: 21-005466-0007-CO Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER [*2010054660007CO*] Res. No. 2021008605 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the thirtieth of April, two thousand twenty-one.
Amparo action filed by OLMAN DIEGO ROJAS SÁNCHEZ, identity card 0402080094, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Whereas:
1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on March 18, 2021, the petitioner files an amparo action against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and states that, via official letter No. ORS-1102-2021 addressed to the Technical Directorate of the Secretaría Nacional Ambiental and with a receipt date of February 11, 2021, he requested public information of his interest, regarding the Plan Regulador submitted by the Municipality of Barva, expressly requesting the following: "(…) 1- Certify for me the official letters and the respective dates on which SETENA has made the non-conformities known to the Municipality, as well as the respective responses from the municipality to SETENA for said non-conformities. (...) inform me of the results regarding the actions taken in this matter, (...) we request the certifications (...) from SETENA (sic) where they rule on this complaint (…)". He claims that, to the date he files this amparo, said information has not been provided. Therefore, he comes before the Chamber.
2.- By means of a resolution at 15:49 hours on March 22, 2021, this Tribunal issued the resolution for the course of this matter.
3.- Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional, reports under oath (report issued on April 9, 2021), in the following terms: “Regarding what is alleged by the petitioner, it is reported that on April 9, 2021, the Strategic Environmental Assessment Department, via official letter No. SETENA-DT-EAE-0052-2021, notified the response to Mr. Olman Rojas Sánchez at the following address: [email protected], indicated by the petitioner (…) Now, in relation to what is requested by the claimant, it must be taken into consideration that the petitioner may appear to review the case file at any time he deems necessary, since all information is contained therein and is of public access. Additionally, he is informed that if he requires certifications thereof, it is necessary that he provide the photocopies of the documents he wishes to have certified, as well as the legal stamps to be attached to said photocopies. It must be taken into consideration that in the case at hand, the process of Evaluation of the Environmental Variable of a Plan Regulador requires a longer period for resolution, as substantive technical analyses are involved, such that with the issuance of the response, this Administration has complied with what was requested by the claimant. The final result of the Evaluation and of the oppositions or proceedings will be made known in due course with the issuance of the final substantive resolution. Currently, we are waiting for the interested Municipality to submit information for a better resolution, requested in due course, making it premature to issue the final resolution.” She requests that the action filed be declared without merit.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Justice Salazar Murillo; and,
Considering:
I.- Object of the action. The petitioner claims a violation of his fundamental rights, as he accuses that he requested public information from the respondent authority. However, to date, that request has not been answered.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them in accordance with what is provided in the initial order:
III.- On the specific case. Regarding the petitioner's request for information, it is verified that, through official letter No. ORS-1102-2021 of February 11, 2021, the petitioner submitted a request before the Secretaría Técnica Nacional, in which he requested the following information: "(…) 1- Certify for me the official letters and the respective dates on which SETENA has made the non-conformities known to the Municipality, as well as the respective responses from the municipality to SETENA for said non-conformities. (...) inform me of the results regarding the actions taken in this matter, (...) we request the certifications (...) from SETENA (sic) where they rule on this complaint (…)".
In this regard, it is proven that, on the occasion of the filing of this action, on April 9, 2021, the Secretaría Técnica Nacional notified the petitioner at the email address [email protected] of official letter SETENA-DT-EAE-0052-2021, which states the following: “Dear Sir: With respect to your request, based on your questions we are pleased to inform you of the following: 1. Certify for me the official letters and the respective dates on which SETENA has made the non-conformities known to the municipality, as well as the respective responses from the municipality to SETENA for said non-conformities. A/ With respect to your request, you must submit a formal request to this Secretaría Técnica accompanied by the legal stamps. 2. Certify the reason why you have not rejected the plan regulador if decree N°32967 is clear in what it says… A/ With respect to your request, you must submit a formal request to this Secretaría Técnica accompanied by the legal stamps.”.
Thus, it is verified that said request concerns 2 aspects: regarding point 1, it is verified that it is indeed a request for certification; second, regarding point 2, it concerns a type of claim or complaint for not having rejected the plan regulador.
Now, it is proven that, regarding the first point, the Municipality, on the occasion of the filing of this amparo, replied that he should indicate which are the pages and provide the stamps, with the response granted on April 9, 2021. That is, it is evident that it was after the notification of the initial order in this process, after approximately 2 months had passed since the request was made, that the official letter responding to his information request was notified to the petitioner. Therefore, given that it was on the occasion of this process that the respondent authority carried out the necessary actions, in order to safeguard the fundamental rights of the petitioner, the amparo action must be declared with merit, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences that are detailed further below.
On the other hand, regarding the second point of his information request, as indicated, it concerns a type of claim or complaint for not having rejected the plan regulador, meaning it is not a simple request for information or certification of something, but a non-conformity with what SETENA has been doing, resolving, and processing. However, it is verified that the petitioner filed this amparo action on March 18, 2021, and the information request on February 11, 2021; therefore, it is proven that a disproportionate period has not elapsed, such that the respondent authority was still within the timeframe to rule on the matter. Thus, regarding this point, the matter is premature, and must therefore be declared without merit.
IV.- Conclusion. By virtue of the foregoing, it is appropriate to declare the action with merit solely for the delay in the response regarding the first point of the petitioner's request; thus, the amparo action must be declared with merit, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences that are detailed further below. As for the rest, the action is declared without merit.
IV.- On the order for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting of the action must be without a special order for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the action is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the action shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without an order for costs, damages, and losses.
VI.- Dissenting Vote of Justice Hernández López, on the economic consequences derived from declaring this action with merit. I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I depart from their decision regarding the issue of the economic consequences of such declaration.
The constitutional jurisdiction under this Tribunal's charge in matters of amparo and habeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of a traditional judge who resolves a conflict between two parties, faced in a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, exercise concrete acts of authority capable of violating them.
This protective vocation of the constitutional jurisdiction is concretized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, wherein the respondent public authority is required to simply render “a report” on what was done in the denounced case (Articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, it is not technically a litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other such that what one gains the other loses, requires us to move away from the solutions that have been foreseen for these latter issues in procedural systems such as civil, contentious, or labor.
For what is relevant now, the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates in its Articles 46 et seq., three specific aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights under the Chamber's charge: a) the first aspect is that pertaining to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers that the Tribunal possesses to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (Article 51 LJC) establishes rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, in such a way that –upon the Chamber's finding of an injury– there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, an effective compensation for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities. These consequences are not only for the purposes of effective judicial protection for the claimant party, but also have a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
In this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that “any resolution that upholds the action shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action…”. This is the general system that regulates the matters of the compensatory scope, for cases that the majority identifies as the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now decided is counted, the Chamber has found the grievance proven, and hence the need for an order for costs, damages, and losses, which rests on the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and on the notion that the Administration must take responsibility for the damages and expenses it causes with its unconstitutional conduct. This conclusion is not changed in any way by the fact that upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the claimed act may have ceased” (Article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic order for costs, damages, and losses, as it is understood that the process has ended normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework -devoid of deficiencies or gaps- the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as an exception, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor has it ruled on the merits of the claim, i.e. -as the majority states- in those situations of “abnormal termination of the process”. But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with sum precision by the legislator; in the first place, the factual assumptions for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is underway; 2) that there exists an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such resolution, the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action is unquestionably ordered. These are highly circumscribed concepts, the scope of application of which must furthermore be interpreted restrictively, not only in attention to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Tribunal has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic order for costs, damages, and losses, and to exercise -as judges- our legal discretion to decide whether payment of such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise compels the conclusion that Article 52 of the LJC is inapplicable, as, on the one hand, the Tribunal has ruled on the merits of the matter, has acknowledged with its declaration an injury to fundamental rights, and determined who was its author; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the process”. On the other hand, neither are the requirements of Article 52 just cited verified, since no formally issued “administrative or judicial resolution” exists in which the act originating the violation of constitutional rights is expressly revoked, stopped, or suspended; For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and to order -as a consequence of having verified the violation- the order for damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic order for damages, losses, and costs, disregarding the foregoing reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impairment in the exercise of the protected person's fundamental rights, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses -whose concrete determination is not for the Chamber-, and no merit whatsoever is seen in the case file that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided in the law.
VII.- Partial dissenting vote of Justice Salazar Alvarado, solely regarding the non-imposition of an order for costs, damages, and losses against the respondent party.
Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the action with merit, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”.
On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...any resolution that upholds the action shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.
This last rule establishes the general system that regulates what relates to the matter of compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the assumptions in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an order for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right and, therefore, declares the action with merit, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it learns of the amparo -an assumption contemplated in Article 52, referenced-, by imperative of Articles 50 and 51, of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the order to the infringer for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the action, a matter regulated in Article 50, of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has heard the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of those assumptions, the imperative need for an order for costs, damages, and losses against the infringer arises, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must take responsibility for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that at the time of hearing and resolving with merit the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not undermine the applicability of the order for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary order for these items, contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor has it ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process”.
The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an indubitable manner, the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of order for costs, damages, and losses, despite the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be declared with merit “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the assumptions strictly contemplated in the rule, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.
In my criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic order for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that order is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is evident in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable injury was caused. Only and exclusively in such assumptions could the respondent Administration be exempted from payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -whose concrete determination is not for this jurisdiction-, the granting of this action must necessarily imply the order for costs, damages, and losses, and I so declare.
VIII.- Dissenting vote of Justice Garro Vargas. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”.
My interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs.
Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.
Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of an indemnifying nature but rather restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any ruling that grants the remedy shall order in the abstract the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, reserving their liquidation for the execution of sentence.” If the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if the abstract condemnation has been ordered, if no damages and losses were caused, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he corresponds to deem proven the actual existence and magnitude thereof.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may order costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation of damages and losses, but not the condemnation of costs.
IX.- Documentation provided to the file. The parties are cautioned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The remedy is partially granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Hernández López partially dissents and orders the condemnation for damages, losses, and costs, in accordance with Articles 50, 51, and 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs. As for the rest, the remedy is denied. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021008605 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo interpuesto por OLMAN DIEGO ROJAS SÁNCHEZ, cédula de identidad 0402080094, contra LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de marzo de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que, por oficio No. ORS-1102-2021 dirigido a la Dirección Técnica de la Secretaria Nacional Ambiental y con fecha de recibido 11 de febrero de 2021, solicitó información pública de su interés, sobre el Plan Regulador presentado por la Municipalidad de Barva, requiriendo expresamente lo siguiente: "(…) 1- Certifíqueme los oficios y las respectivas fechas en las que SETENA le a (sic) dado a conocer las inconformidades a la Municipalidad, así como las respectivas respuestas por parte la municipalidad a Setena por dichas inconformidades. (...) se me comunique de los resultados con respecto a las acciones tomadas en esta gestión, (...) solicitamos las certificaciones (...) de parte de setena (sic) donde se pronuncien respecto a esta denuncia (…)". Reclama que a la fecha en que acude en amparo dicha información no ha sido suministrada. Por lo anterior, acude a la Sala.
2.- Mediante resolución de las 15:49 horas del 22 de marzo de 2021, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
3.- Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional (informe rendido el 09 de abril de 2021), en los siguientes términos: “En cuanto a lo alegado por la recurrente, se informa que en fecha 09 de abril del 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, por medio del oficio No. SETENA-DT-EAE-0052-2021 notificó la respuesta al señor Olman Rojas Sánchez a la siguiente dirección: [email protected], indicada por el recurrente (…) Ahora bien, en relación a lo requerido por el accionante, debe tomarse en consideración que el recurrente puede apersonarse a revisar el expediente en el momento que lo estime necesario, ya que toda información consta en el mismo y es de acceso público. Adicionalmente, se le indica que si necesita certificaciones del mismo, es necesario que aporte las fotocopias de los documentos que desea que le sean certificados, así como los timbres de ley para ser adjuntados a dichas fotocopias. Debe tomarse en consideración que en el caso que nos ocupa, el proceso de Evaluación de la Variable Ambiental de un Plan Regulador, requiere de un plazo más amplio de resolución, en el tanto están inmersos análisis técnicos de fondo, de manera que con la emisión de la respuesta, esta Administración ha cumplido con lo requerido por la accionante. El resultado final de la Evaluación y de las oposiciones o gestiones serán dadas a conocer en su oportunidad con la emisión de la resolución final de fondo. En la actualidad se está a la espera que la Municipalidad interesada presente información para mejor resolver, requerida en su oportunidad, por lo que resulta prematuro emitir la resolución final”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que solicitó información pública a la autoridad recurrida. No obstante, a la fecha, esa gestión no le ha sido respondida.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Sobre el caso concreto. Respecto a la solicitud de información del recurrente, se constata que, mediante oficio No. ORS-1102-2021 del 11 de febrero de 2021, el recurrente presentó una gestión ante la Secretaría Técnica Nacional, en donde solicitó la siguiente información: "(…) 1- Certifíqueme los oficios y las respectivas fechas en las que SETENA le a (sic) dado a conocer las inconformidades a la Municipalidad, así como las respectivas respuestas por parte la municipalidad a Setena por dichas inconformidades. (...) se me comunique de los resultados con respecto a las acciones tomadas en esta gestión, (...) solicitamos las certificaciones (...) de parte de setena (sic) donde se pronuncien respecto a esta denuncia (…)".
Al respecto, se tiene por demostrado que, con ocasión de la interposición del presente recurso, el 09 de abril de 2021, la Secretaría Técnica Nacional le notificó al recurrente al correo electrónico [email protected] el oficio SETENA-DT-EAE-0052-2021, que indica lo siguiente: “Estimado señor: Con respecto su solicitud, fundamentada en sus preguntas nos permitimos informarle lo siguiente: 1. Certifíqueme los oficios y las respectivas fechas en las que la SETENA le a dado a conocer las inconformidades a la municipalidad, así como las respectivas respuestas por parte de la municipalidad a SETENA por dichas inconformidades. R/ Con respecto a su solicitud deben presentar ante esta Secretaria Técnica solicitud formal acompañada de los timbres de ley. 2. Certifique porque motivo no han rechazado el plan regulador si el decreto N°32967 es que claro en lo que dice… R/ Con respecto a su solicitud deben presentar ante esta Secretaria Técnica solicitud formal acompañada de los timbres de ley”.
De esta forma, se constata que dicha solicita versa sobre 2 sentidos: en cuanto al punto 1, se verifica que sí es una solicitud de certificación; segundo, en cuanto al punto 2 se trata de una especie de reclamo o denuncia por no haber rechazado el plan regulador.
Ahora bien, se comprueba que, respecto al primer punto, la Municipalidad, con ocasión de la interposición del presente amparo, le contestó que indique cuáles son los folios y que aporte los timbres con la respuesta otorgada el 09 de abril de 2021. Es decir, se desprende que fue luego de notificado el auto inicial de este proceso, después de transcurridos aproximadamente 2 meses desde que se planteó la solicitud, que se notificó al recurrente el oficio de respuesta a su solicitud de información. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.
Por otra parte, respecto al segundo punto de su solicitud de información, como se indicó, se trata de una especie de reclamo o denuncia por no haber rechazado el plan regulador, por lo que no es una simple solicitud de información o certificación de algo, sino una inconformidad con lo que ha venido actuando, resolviendo y tramitando SETENA. No obstante, se constata que el recurrente presentó el presente recurso de amparo el 18 de marzo de 2021 y la solicitud de información el 11 de febrero de 2021, por ende, se comprueba que no ha trascurrido un plazo desproporcionado, por lo que la autoridad recurrida aún estaba en plazo para pronunciarse al respecto. Así, en cuanto a este punto, el asunto es prematuro, por lo que debe declararse sin lugar.
IV.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso únicamente por el atraso en la respuesta en cuanto al primer punto de la solicitud del recurrente, así, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- Voto Salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso” . Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
VII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VIII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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