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Res. 13176-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/06/2021

Garbage collection in Isla Venado and integrated waste managementRecolección de basura en Isla Venado y gestión integral de residuos

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber grants the amparo and orders the Lepanto District Municipal Council to adopt immediate mitigation measures, educational actions within three months, guarantee periodic and continuous garbage collection in Isla Venado within six months, and provide a definitive solution to the socio-environmental problem within twelve months.La Sala declara con lugar el recurso de amparo y ordena al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto adoptar medidas inmediatas de mitigación, acciones educativas en tres meses, garantizar la recolección periódica y continua de basura en Isla Venado en seis meses, y brindar una solución definitiva al problema socioambiental en doce meses.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by the Isla Venado Integral Development Association against the Lepanto District Municipal Council. The petitioner claims the municipality has never provided periodic, continuous, selective, accessible, and efficient solid waste collection in Isla Venado, nor promoted integrated waste management. The Chamber finds, after a Ministry of Health inspection, that garbage collection in Isla Venado is neither regular nor efficient; the two collection campaigns that year were financed by the community; and municipal waste management duties have not been fulfilled. It finds a serious threat to the right to health and the intergenerational right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore grants the amparo. It orders immediate mitigation measures, educational actions within three months, a guarantee of periodic and continuous collection within six months, and a definitive solution within twelve months. It reaffirms the duty of inter-institutional coordination in environmental matters. Separate opinions discuss whether the amparo is the appropriate remedy vis-à-vis the contentious-administrative jurisdiction, and a partial dissent proposes that enforcement of the ruling be handled by the Contentious-Administrative Court.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado contra el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. La parte recurrente alega que el municipio nunca ha prestado el servicio de recolección de desechos sólidos de manera periódica, continua, selectiva, accesible y eficiente en la comunidad de Isla Venado, ni ha promovido la gestión integral de residuos. La Sala constata, tras la inspección del Ministerio de Salud, que en Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente, que las dos campañas de recolección del año fueron sufragadas por la comunidad y que no se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos. Acredita una grave amenaza al derecho a la salud y al derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que declara con lugar el recurso. Ordena medidas inmediatas de mitigación, acciones de educación en tres meses, garantizar la prestación periódica y continua del servicio en seis meses, y una solución definitiva en doce meses. Reitera el deber de coordinación interinstitucional en materia ambiental. Las notas separadas discuten la pertinencia de la vía de amparo frente a la jurisdicción contencioso-administrativa, y un voto salvado parcial propone residenciar la ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Key excerptExtracto clave

In conclusion, currently in the locality of Isla Venado garbage collection is not carried out regularly or efficiently – and this year the two collection campaigns carried out were partially funded by the community itself – nor have the municipal assignments for integrated waste management in the community been fulfilled, which proves a serious threat that endangers the right to health and the intergenerational right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, it is appropriate to grant the appeal with the consequences indicated in the operative part of this judgment. The appeal is granted. José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as mayor, and Luz Elena Chavarría Salazar, in her capacity as chair, both of the Lepanto District Municipal Council, or whoever holds those positions, are ordered, jointly and in coordination with other competent institutions as well: 1) to IMMEDIATELY adopt the necessary provisional measures to mitigate the contamination in Isla Venado; 2) within THREE MONTHS from the notification of this judgment, to issue the pertinent provisions and take the necessary actions within the scope of their powers to inform, promote, and educate the Isla Venado community on proper integrated waste management; 3) within SIX MONTHS from the notification of this judgment, to issue the pertinent provisions within the scope of their powers to guarantee the periodic and continuous provision of waste collection services in Isla Venado, specifying the definitive measures regarding schedules and regularity of service provision, as well as the necessary tools or departments for their observance and effectiveness; and 4) within TWELVE MONTHS from the provisions of vote No. 2021-9638 of 09:15 on May 14, 2021, the respondent authorities, according to their respective powers, must provide a definitive solution to the socio-environmental problem in Isla Venado by applying integrated waste management.En conclusión, actualmente en la localidad de Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente -y este año las dos campañas de recolección realizadas fueron sufragadas parcialmente por la misma comunidad-, ni se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos en la comunidad, con lo cual se acredita una grave amenaza que pone en riesgo el derecho a la salud y el derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de intendente, y Luz Elena Chavarría Salazar, en su condición de presidenta, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, o a quienes ocupen dichos cargos, que de manera conjunta y coordinada incluso con otras instituciones competentes: 1) adopten de forma INMEDIATA las medidas provisionales necesarias para mitigar la contaminación en Isla Venado; 2) que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes y tomen las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para informar, fomentar y educar a la comunidad de Isla Venado sobre la correcta gestión integral de residuos; 3) que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias para que se garantice la prestación periódica y continua del servicio de recolección de residuos en Isla Venado, concretando las medidas definitivas en cuanto a plazos y regularidad de la prestación del servicio, así como las herramientas o departamentos necesarios para su observancia y efectividad; y 4) que en el plazo de DOCE MESES, contado a partir de lo dispuesto en el voto n.° 2021-9638 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema socioambiental en Isla Venado aplicando una gestión integral de residuos.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En conclusión, actualmente en la localidad de Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente -y este año las dos campañas de recolección realizadas fueron sufragadas parcialmente por la misma comunidad-, ni se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos en la comunidad, con lo cual se acredita una grave amenaza que pone en riesgo el derecho a la salud y el derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "In conclusion, currently in the locality of Isla Venado garbage collection is not carried out regularly or efficiently – and this year the two collection campaigns carried out were partially funded by the community itself – nor have the municipal assignments for integrated waste management in the community been fulfilled, which proves a serious threat that endangers the right to health and the intergenerational right to a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando IV

  • "En conclusión, actualmente en la localidad de Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente -y este año las dos campañas de recolección realizadas fueron sufragadas parcialmente por la misma comunidad-, ni se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos en la comunidad, con lo cual se acredita una grave amenaza que pone en riesgo el derecho a la salud y el derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando IV

  • "Interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "Of interest are the technical cooperation that the different entities can provide, the technical elements they can contribute, and respect for each one's competencies; in order to guarantee without a doubt that the impact of the projects evaluated is not negative, and thus ensure the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando V

  • "Interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando V

  • "El principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico."

    "The precautionary principle – which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management – obliges the Administration, first, to summon those affected and interested, and the institutions that may be involved. This is so that they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources."

    Considerando V

  • "El principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 13176 - 2021** **Resolution Date:** June 11, 2021 at 09:30 **Case File:** 21-007194-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Reviewed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Separate Opinion** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

013176-21. MUNICIPALITY. THE MUNICIPAL DISTRICT COUNCIL OF LEPANTO IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, TO INFORM, PROMOTE, AND EDUCATE THE COMMUNITY OF ISLA VENADO ON THE PROPER INTEGRATED WASTE MANAGEMENT AND, WITHIN SIX MONTHS, TO GUARANTEE THE PERIODIC AND CONTINUOUS PROVISION OF THE GARBAGE COLLECTION SERVICE.

"(...) In conclusion, garbage collection is not currently carried out regularly or efficiently in the locality of Isla Venado—and this year the two collection campaigns carried out were partially funded by the community itself—nor have the municipal allocations for integrated waste management in the community been fulfilled, thereby accrediting a serious threat that jeopardizes the right to health and the intergenerational right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, it is appropriate to declare the appeal granted, with the consequences indicated in the operative part of this judgment. (...)" VCG07/2021

... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** GARBAGE.

013176-21. ENVIRONMENT. ON ISLA VENADO, GARBAGE COLLECTION AND WASTE MANAGEMENT ARE NOT PERFORMED, WHICH JEOPARDIZES HEALTH AND A HEALTHY ENVIRONMENT. GRANTED. 1. IMMEDIATELY MITIGATE POLLUTION. 2. IN THREE MONTHS, ACTIONS TO INFORM, PROMOTE, AND EDUCATE ABOUT INTEGRATED WASTE MANAGEMENT. 3. IN SIX MONTHS, GUARANTEE THE PERIODIC AND CONTINUOUS PROVISION OF THE WASTE COLLECTION SERVICE. 4. IN 12 MONTHS, HAVE A SOLUTION TO THE SOCIO-ENVIRONMENTAL PROBLEM ON ISLA VENADO. VCG07/2021 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH CASE LAW **Topic:** Coordination **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF COORDINATION.

"(...) V. Take Note. Following what has been set forth in the sub examine—and to resolve the environmental threat on Isla Venado—take note, authorities of the Municipal District Council of Lepanto and the Ministry of Health, of the principle of inter-administrative coordination, which acquires a distinctive nuance in environmental matters. Thus, what this Tribunal has repeatedly stated in its case law is of relevance (Vote no. 2021-2741 of 09:15 hours on February 12, 2021):

"VII.- On inter-institutional coordination in environmental matters. Specifically regarding environmental protection, Judgment number 2008-004790 underscored the duty of coordination among institutions related to the issue and the impossibility of ignoring warnings about the danger of pollution issued by an institution legally empowered to protect water resources:

III.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional case law has indicated that environmental protection is a task incumbent upon everyone equally, that is, there is an obligation on the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the governed. In this task, "public institution" must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; these act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, but this is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origins and essences, the duplication of national and local efforts, and the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination between public agencies and municipalities in achieving common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that Central Administration and decentralized institutions carry out in this important function—, for which it refers to what was indicated on that occasion (Judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

"So coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which handles that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship over decentralized institutions, nor from the State itself over municipalities, the imposition of specific conduct upon them is not possible, thus giving rise to the indispensable inter-institutional 'harmony', in a strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form detrimental to their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in its interest (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, in the function of legality control incumbent upon it, with powers of general oversight over the entire sector)." On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of blackwater or wastewater (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard Judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six)." In other words, what matters are the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements they can contribute, and the respect for each one's competencies; in order to guarantee without any doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle—which seeks to prevent or suspend any activity that could negatively affect said management—obliges the Administration, firstly, to summon those affected and interested, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the relevant technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings issued by an institution legally empowered to protect water resources regarding the danger of contamination" (the highlighting is not from the original). (...)" VCG07/2021 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate Opinion **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** POLLUTION.

VI. Note by Magistrate Hernández López regarding the claim for infringement of Article 50 of the Political Constitution

1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone considerable change, which imposes on this body the need to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves before a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation of activities whose impact on the environment was previously little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been regulated, so that the governed can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary judicial bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its procedures does not fit well with the complexity present in numerous environmental conflicts, which consist of series of facts and acts that are technically and legally complex. Regarding both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and affectations of legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges to allow for the adequate follow-up of judgments—which are generally complex—, sometimes involving the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and months, even years, of follow-up.

5. From that perspective, the decision by this Tribunal to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather the opposite, its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the decline of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is rather an exercise of rearranging the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the assigned scope, as well as an exercise in establishing its own competence, as provided by Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon the work of protecting people's environmental rights to other jurisdictions. It is known that, although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional realm, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—among all and each within its space—the full variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being one of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented for the alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, leaving it in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction to hear them. The foregoing is affirmed generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or to the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment where a clear absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that the amparo should also not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect their health and physical integrity, as well as that of the people living on Isla Venado, due to the absence of solid waste collection and solid waste management plans in that locality, a problem that is widely known by the Municipal Council of Lepanto and which was corroborated by the Ministry of Health in the month of April 2021. Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the signaled omissions violate the fundamental rights of the protected persons.

VCG07/2021 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate Opinion **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** POLLUTION.

VII.Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the case when other rights are at stake for the people affected by the source of pollution, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50 of the Political Constitution). On the other hand, when an omission in administrative conduct leads to a violation of other fundamental rights protected in this Constitutional Jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the case, just as happens in this amparo, where the protection of people's health is at stake because, as denounced by the appellant, the Municipal District Council of Lepanto does not carry out garbage collection in the communities, which constitutes an exceptional situation to my position on this matter.

VCG07/2021 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting Vote **Branch of Law:** 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH CASE LAW **Topic:** 056- Execution of Judgments **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

VIII.Partial dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be declared granted, I partially differ on where to place the enforcement phase of the matter, specifically regarding the solution to the waste management problems occurring on Isla Venado, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that presents highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo on enforcement (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing liabilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe the enforcement phase should take place before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules of said Code.

VCG07/2021 ... See more **Other References:** Judgment: 5623-19, 9638-21 **Text of the resolution**  Res. No. 2021013176 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on June eleventh, two thousand twenty-one.

Amparo appeal processed in case file number 21-7194-0007-CO, filed by RONALD BOLÍVAR BARAHONA, holder of identity card number 0602540305, on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ISLA VENADO, against the CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO.

**Whereas** 1. By brief received in the Secretariat of the Chamber on April 13, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Municipal District Council of Lepanto, stating that they are a resident and elector of the district of Lepanto, and president of the Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado. They indicate that the municipality of Lepanto has never provided the solid waste collection service in a periodic, continuous, selective, accessible, and efficient manner for all inhabitants of the town of Isla Venado. Nor has it promoted material recovery centers, with special emphasis on small and medium-scale ones for subsequent valorization. They affirm that it has neither promoted the creation and installation of an environmental management unit within the municipality with the optimal human resources, equipment, and materials for fulfilling the purposes established in the legal system. They add that there is no promotion of training and educational awareness campaigns for the inhabitants of the district of Lepanto, aimed at fostering a culture of separated collection, cleaning of public spaces, and integrated waste management. They add that this conduct occurs despite the Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado having made itself fully available to the territorial entity to formalize an agreement and unite permanent efforts to improve and resolve this problem of the island community. They allege that the inaction, apathy, negligence, and inoperativeness in solving the environmental management problems of the community of Isla Venado have violated numerals 21, 46, 50, paragraph 140 inciso 8, 139 inciso 4, and 191 of our Political Constitution, as well as the fundamental principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and promptness in public service. For the reasons stated, they request that the appeal be declared granted, with the legal consequences.

2. Under oath, José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as mayor (intendente), and Luz Elena Chavarría Salazar, in her capacity as president, both of the Municipal District Council of Lepanto, report that, in the first instance, they reject the assertion that attention has never been given to the neighboring communities of Isla Venado, regarding the disposal, collection, valorization, and treatment of solid waste, since efforts have been managed and coordinated to address that need, providing solutions for all inhabitants of the area. Furthermore, regarding the legal obligations arising from Law No. 8839, they note that the institution is in constant work, so much so that they have already had, since 2018, a municipal plan for integrated solid waste management approved and published on the official website, which can be verified at the electronic address: https://www.concejolepanto.go.cr/images/enlacesdeinteres/PGIRDistritodLepanto.pdf. They indicate that the municipal corporation has, among its main projects, attention to solid waste in the district. They add that, in 2019, efforts were launched for the implementation of solutions to the solid waste issues and, because the district does not have the equipment or machinery to address these needs, they have managed to do so through the sectorized administrative contracting of companies for the rental of a collection vehicle, on a demand-based model. They add that this has been implemented for the most easily accessible and most populated sectors of the district, such as the urban center of Jicaral and Lepanto, as well as Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas, and San Pedro. They comment that the provision of this service aims to achieve coverage for 53% of the total population of the district, which they consider a good start to address a task of primary necessity in the pursuit of achieving total coverage of the service for the district. However, they clarify that these population centers must pay a fee for the service provided, so that it is sustainable for the institution, since it is a matter of community public health, related to fundamental rights, and despite this, it generates a high cost that must be provided with the contributions of the residents of the favored communities and, ultimately, subsidized by the institution itself. They allege that in the case of more remote and less populated communities, these are part of the solid waste collection service project; however, they have not been able to be part of the first phase of attention, and despite the above, solutions to the solid waste problem on Isla Venado have not ceased to be provided. Based on the above, they explain that Isla Venado is one of the communities that is part of the upcoming sectorization to be attended to, but for the current year it is no longer possible, due to budget growth issues because the pandemic and its impact on fee collection and the stagnation of public finance growth prevented this goal from being met for 2020. They indicate that this was also the reason why recycling campaigns could not be carried out. Notwithstanding the foregoing, they argue that the institution projects an expansion of the ordinary budget for 2022 to provide greater coverage to new population centers. For all the above cited, they deny that the Municipal Administration of the District of Lepanto has neglected to include Isla Venado in the Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management, since since 2019 recycling campaigns have been carried out in other communities far from the main population center of the district, which is the starting point for waste collection. Similarly, they state that this is proven by the planning and logistics carried out for these activities in the second semester of 2019, which stems from official notes No. OF-SFA-72-2019 and No. OF-SFA-101-2019, as well as the petty cash receipts and advances of the municipal corporation. They specify that, in the particular case of Isla Venado, coordination has been made directly with the appellant so that at least every 3 months the inhabitants of the island transport all valorizable and non-valorizable solid waste to the sector of La Penca, the place where vessels traveling from Isla Venado destined for Jicaral or Lepanto traditionally arrive, so that they can then transfer the residual materials. Additionally, they inform that the institution's latest effort in the face of the need to address the solid waste issue is aimed at creating a cooperation link between the Municipal Council and the Asociación Ecológica de Paquera, Lepanto y Cóbano (ASAPALECO) so that efforts can actively be made to integrate the largest number of entities interested in solid waste management into the responsible commission and thus resume the referred recycling campaigns, based on the schedule proposed in official note No. OF-SFA-044-2021. They request that the filed appeal be dismissed.

3. By resolution of 15:05 hours on April 26, 2021, this Chamber requested the director of the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministry of Health to conduct an inspection in the town of Isla Venado in the District of Lepanto, for the purpose of determining if the solid waste collection service is being provided periodically and continuously.

4. Under oath, Juan Gabriel Ledezma Acevedo, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministry of Health, reports that on April 13, an establishment control inspection was conducted on Isla Venado in which the lack of solid waste collection was detected. Likewise, he indicates that on May 11, the lack of waste collection on Isla Venado in the district of Lepanto continues to be verified. He states that there is evidence of the extraction of non-valorizable waste jointly between the municipality and the Asociación de Desarrollo de Isla Venado. He details that the two waste collection campaigns in this 2021 were on February 19 and May 7. He expresses that the lack of conditions for waste transfer is a serious problem due to the geographical situation of the island, since an internal route cannot be established, as trucks cannot be taken to Isla Venado.

It adds that, for the regular transfer of waste, the lack of docks on both coasts—both on Isla Venado and in Jicaral de Lepanto—prevents a connection between the island and the municipality. It states that there is no exclusive vessel for transferring waste from the island to the mainland in Lepanto, raising the problem that waste transport must be carried out in authorized and exclusive vehicles. It reports that the cost of collection and internal transport from the island to the dock in Lepanto this year has been assumed by the island's residents, and the effort is insufficient because they estimate that not even 20% of what is generated in the homes was collected. It indicates that, due to the situation encountered, it made a formal request to the Asociación Ecológica Paquera Lepanto Cóbano (ASEPALECO), so that they might analyze the possibility of reactivating a sanitary landfill (relleno sanitario) for the district in co-administration with the Municipal Intendancy (Intendencia Municipal) of the district of Lepanto. It concludes by indicating that, having analyzed the information obtained from the April and May visits to Isla Venado, the waste collection service is not provided periodically or continuously, and that only collection campaigns have occurred on two dates in 2021.

5. The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering

I.Purpose of the appeal. The appellant, who is the president of the Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado, files an amparo appeal and states that the Municipality of Lepanto has never provided the solid waste collection service in a periodic, continuous, selective, accessible, and efficient manner for the entire area. In addition to the above, he alleges that facilities for an environmental management unit with optimal and trained human and material resources to achieve that purpose have also not been promoted, all of which he deems a violation of the fundamental rights of the area's inhabitants.

II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)The lack of integrated waste management (gestión integral de residuos) on Isla Venado is known and has been discussed by the Concejo Municipal de Lepanto, such that the correct disposal of waste has been coordinated with the appellant and other organizations (see report of the respondent municipal authority).
  • b)In 2018, the Concejo Municipal de Lepanto approved and published on its official website the “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto” (see report of the respondent municipal authority).
  • c)In 2019, the Concejo Municipal de Lepanto implemented a series of solutions related to solid waste management, among them, the rental of collection machinery for the most easily accessible sectors, such as the Urban Center of Jicaral and Lepanto, Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas, and San Pedro (see report of the respondent municipal authority).
  • d)On February 19, 2021, and May 7, 2021, the Municipality of Lepanto, together with the Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado, carried out two campaigns for the extraction of non-valuable waste—solid waste. The cost of the collection campaigns and internal transport of waste from the island to the dock in Lepanto was assumed by the community (see report of the Área Rectora de Salud Peninsular and attached evidence).
  • e)On March 26, 2021, the Concejo Municipal de Lepanto met with representatives of ASEPALECO in order to establish the necessary actions to allow the execution of the “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto” (see attached evidence).
  • f)On April 13, 2021, the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministry of Health conducted a first establishment control inspection on Isla Venado, in which a “lack of solid waste collection” was detected (see report of the Área Rectora de Salud Peninsular).
  • g)On May 11, 2021, the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministry of Health conducted a second control inspection in which the nonexistence of waste collection on Isla Venado continued to be detected (see report of the Área Rectora de Salud Peninsular).
  • h)The director of the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministry of Health made a formal request to ASEPALECO to analyze the possibility of reactivating a sanitary landfill for the district in co-administration with the Intendencia Municipal del Distrito de Lepanto (see report of the Área Rectora de Salud Peninsular).

III. Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed demonstrated

  • a)That the respondent authorities have, to date, provided integrated waste management on Isla Venado in a periodic and continuous manner.
  • b)That the respondent authorities have an exclusive vessel for transferring waste from the island to the mainland in Lepanto.
  • c)That the respondent authorities have carried out effective actions to promote the correct management of valuable waste on Isla Venado.

IV.Regarding the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, this Court has reached the conclusion that, in the sub judice case, a violation of environmental rights is accredited for the reasons set forth below.

First, it is evident from the case that the lack of integrated waste management on Isla Venado is a public and notorious fact that has been discussed by the Concejo Municipal de Lepanto on several occasions, such that in the past, possible solutions to the socio-environmental problem have been coordinated with the appellant and other organizations. In this same vein, in 2018, the Concejo Municipal de Lepanto approved and published on its official website the “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto.” Likewise, in 2019, the Concejo Municipal de Lepanto implemented a series of solutions related to solid waste management in the district, among them, the rental of collection machinery for the most easily accessible sectors, such as the Urban Center of Jicaral and Lepanto, Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas, and San Pedro (this Court noting that Isla Venado is not among these communities).

In the same line of thought, and of importance for the sub examine case, this Court deems it proved that on February 19, 2021, and May 7, 2021, the Municipality of Lepanto, together with the Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado, carried out two campaigns for the extraction of non-valuable waste; however, the cost of the collection campaigns and internal transport of waste from the island to the dock in Lepanto was assumed by the community itself. Now, on the occasion of the amparo appeal, this Chamber ordered the Ministry of Health to conduct an inspection in the village of Isla Venado in the District of Lepanto, in order to determine whether the solid waste collection service was being provided in a periodic and continuous manner, to which the director of the Área Rectora de Salud Peninsular reported—after the visits of April 13 and May 11, both in 2021—that Isla Venado lacks solid waste collection.

Although the respondent authority attempts to justify the lack of garbage collection due to the remoteness of the area and lack of resources—for which it reports having taken various budgetary and coordination measures for 2022—the fact is that such a situation does not exempt them from their obligation to provide the garbage collection service to the users of their communities. This Chamber has repeatedly indicated that service users do not have to bear the deficiencies of the Administration. For the reasons stated, through judgment No. 2019-5623 of 09:45 hours on March 29, 2019, in a similar matter related to the lack of provision of the garbage collection service by a district municipal council, this jurisdiction resolved:

“V.- Regarding the garbage collection service. On repeated occasions, this Constitutional Court has referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to the efficient provision thereof, which implies that, regardless of the type of service, they must be provided with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently (see in that regard judgments numbers 2003-11382 of 15:11 hours on October 7, 2003, and 2011-003043 of 16:03 hours on March 8, 2011). Likewise, Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's Municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Court has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in that regard judgments 2008-11739 of 12:12 hours on July 25, 2008, and 2011-003043 of 16:03 hours on March 8, 2011).

In the sub lite case, from the report rendered under oath and the evidence provided to the file, this Chamber verified that garbage collection is not currently carried out in the locality of Santa Fe de Cóbano, thereby accrediting an impact on the fundamental rights of the appellant. The foregoing, because it could be verified that the appellant must travel up to 4 kilometers to find a point where garbage is collected, in order to leave his waste. On the other hand, as reported by the respondent authority, the necessary information is being gathered to determine the most appropriate way to provide the service in that community starting in the last quarter. Although the respondent authority attempts to justify the lack of garbage collection in that locality, due to the fact that since June the Ministry of Health ordered the closure of the Municipal Dump, requiring solid waste to be transported to the community of Montes de Oro in Miramar de Puntarenas, the fact is that such a situation does not exempt them from their obligation to provide the garbage collection service to the users of their communities; on the contrary, they should take measures to resolve that situation, especially since they have been aware of it since June 2017. This Chamber has repeatedly indicated that service users do not have to bear the deficiencies of the Administration. Thus, the Chamber was able to verify that the garbage collection service in the locality of Santa Fe de Cóbano is not stable; consequently, it is appropriate to grant the appeal with respect to this point, as will be stated in the operative part of this judgment” (the highlighting is not from the original).

Following the above, in the sub examine case it is deemed that the respondent authority has not provided the waste collection service on Isla Venado in an effective, periodic, and continuous manner, since it is not even on record that it has an exclusive vessel for transferring waste from said island to the mainland in Lepanto. In addition to the above, despite the seriousness of this omission, it is also not evident from the case that the respondent authority has carried out effective actions to educate, promote, inform, and carry out correct management of valuable waste on Isla Venado. Thus, despite having reported that the corporation has the “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto,” and various efforts being made in coordination with the appellant and other organizations, the fact of the case is that integrated waste management is not being fully provided on Isla Venado. The foregoing is more evident when it is noted that, recently, through vote No. 2021-9638 of 09:15 hours on May 14, 2021, this Chamber condemned the present respondent authorities for the same problem in waste management—but in other communities under their charge. Thus, in said judgment it was ordered:

“The appeal is granted. It is ordered that José Francisco Rodríguez Johnson, Municipal Intendant (Intendente Municipal), and Luz Elena Chavarría Salazar, President of the Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, or whoever occupies their positions, carry out the actions within the scope of their powers so that, within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, a comprehensive, real, effective, and prompt solution is provided for the management of solid waste in the district of Lepanto. During that period, they must adopt the necessary measures to guarantee the periodic and continuous provision of the garbage collection service in that district. Furthermore, they must report quarterly to this Chamber on the progress of the project and the measures adopted.” In conclusion, currently in the locality of Isla Venado, garbage collection is not carried out regularly or efficiently—and this year the two collection campaigns carried out were partially funded by the community itself—nor have the municipal assignments for integrated waste management in the community been fulfilled, thereby accrediting a serious threat that endangers the right to health and the intergenerational right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, it is appropriate to grant the appeal with the consequences indicated in the operative part of this judgment.

V.Take note. Following what has been stated in the sub examine case—and to resolve the environmental threat on Isla Venado—the authorities of the Concejo Municipal del Distrito de Lepanto and the Ministry of Health take note of the principle of inter-administrative coordination, which takes on a differentiated nuance in environmental matters. Thus, what this Court has repeatedly stated in its jurisprudence is of relevance (vote No. 2021-2741 of 09:15 hours on February 12, 2021):

“VII.- Regarding inter-institutional coordination in environmental matters. Specifically in the matter of environmental protection, judgment number 2008-004790 underscored the duty of coordination among institutions related to the issue and the impossibility of ignoring warnings about the danger of contamination issued by an institution empowered by law to protect water resources:

III.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally; that is, there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, in the case of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in achieving common goals—which, obviously, must be made extensive to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

"So that coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself regarding municipalities, it is not possible to impose certain conducts on them, with which the essential inter-institutional 'concert,' in the strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, that allows subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but that does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector)." On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage can be caused to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and supervision in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of companies without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sonic controls in bars, karaoke bars, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes on April seven, two thousand six).” In other words, what matters are the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements they can contribute, and respect for each one's competencies; in order to guarantee without a doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle—which seeks to prevent or suspend any activity that could negatively affect such management—obliges the Administration, first, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution empowered by law to protect water resources regarding the danger of contamination” (the highlighting is not from the original).

VI. Note by Magistrate Hernández López regarding the claim for violation of Article 50 of the Political Constitution

1. The historical context that originally motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state agencies with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a “dense fabric” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within them, in accordance with the importance of environmental law, procedural pathways and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thus risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of events and acts that are technically and legally complex. There are known examples on both issues in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges to allow adequate follow-up of judgments—generally complex—which sometimes involve monitoring remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months or even years.

5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of environmental issues, but rather, to the contrary, as their adequate protection in the instance that best suits the nature of their complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance declining its task of protecting constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of rearranging the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of defining its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is well known that while any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is, therefore, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each in their space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system such as ours.

7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, to leave their cognizance in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve cognizance of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment where a blatant absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case, according to the proven facts, the appellant's claim could eventually affect his health and physical integrity, as well as that of the people living on Isla Venado, given the absence of solid waste collection and solid waste management plans in that locality, a problem that is widely known by the Concejo Municipal de Lepanto and which was corroborated by the Ministry of Health in April 2021. Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.

VII.Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its cognizance and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the case when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution).

On the other hand, when an administrative omission results in a violation of other fundamental rights protected in this Constitutional Jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to examine the merits of the matter, as is the case in this amparo, in which the protection of people's health is at stake because, according to the petitioner's complaint, the Concejo Municipal del Distrito de Lepanto is not carrying out trash collection in the communities, which constitutes an exceptional situation to my position on this matter.

VIII.Partial dissenting vote with respect to the operative part of this judgment by Magistrate Garro Vargas. Although I concur with the majority of the Chamber that the amparo should be granted, I partially dissent regarding where to place the execution phase of the matter, specifically with regard to the solution of the waste management problems occurring on Isla Venado, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the execution phase must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the sentence execution rules of said Code.

IX.Documentation provided to the file. This Chamber must warn the parties that, if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by means of any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 03, 2012, article LXXXI.

Por tanto

The amparo is granted. It is ordered that José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as district mayor, and Luz Elena Chavarría Salazar, in her capacity as president, both of the Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, or whoever occupies those positions, jointly and in coordination with other competent institutions: 1) IMMEDIATELY adopt the necessary provisional measures to mitigate the contamination on Isla Venado; 2) within THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, issue the pertinent provisions and take the necessary actions within the scope of their competencies to inform, promote, and educate the community of Isla Venado on proper integrated waste management (gestión integral de residuos); 3) within SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, issue the pertinent provisions within the scope of their competencies so that the periodic and continuous provision of the waste collection service on Isla Venado is guaranteed, specifying the definitive measures regarding timelines and regularity of the service provision, as well as the tools or departments necessary for its observance and effectiveness; and 4) within TWELVE MONTHS, counted from the provisions of vote no. 2021-9638 of 09:15 hours on May 14, 2021, the respondent authorities must, according to their respective competencies, provide a definitive solution to the socio-environmental problem on Isla Venado by applying integrated waste management. The respondent authorities are warned that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Concejo Municipal del Distrito de Lepanto is ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction. The reporting authorities shall take note of considerando V. Magistrate Hernández López notes. Magistrate Salazar Alvarado notes. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This judgment shall be communicated to the director of the Área Rectora de Salud Peninsular of the Ministerio de Salud. Notify.

\t Fernando Castillo V.

\t Paul Rueda L.

\t \t Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

\t \t Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

\t \t Ana María Picado B.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

013176-21. MUNICIPALIDAD. SE ORDENE AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO, QUE, EN UN PLAZO DE TRES MESES, DEBE INFORMAR, FOMENTAR Y EDUCAR A LA COMUNIDAD DE ISLA VENADO, LA CORRECTA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y EN SEIS MESES, DEBE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.

“(…) En conclusión, actualmente en la localidad de Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente -y este año las dos campañas de recolección realizadas fueron sufragadas parcialmente por la misma comunidad-, ni se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos en la comunidad, con lo cual se acredita una grave amenaza que pone en riesgo el derecho a la salud y el derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” VCG07/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

BASURA.

013176-21. AMBIENTE. EN LA ISLA VENADO NO SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE BASURA NI GESTIÓN DE RESIDUOS LO QUE PONE EN RIESTO LA SALUD Y UN MEDIO AMBIENTE SANO. CON LUGAR. 1. MITIGAR DE INMEDIATO LA CONTAMINACIÓN. 2. EN TRES MESES ACCIONES PARA INFORMAR, FOMENTAR Y EDUCAR SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 3. EN SEIS MESES GARANTIZAR LA PRESTACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. 4. EN 12 MESES TENER UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL EN ISLA VENADO. VCG07/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Coordinación Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN.

“(…) V. Tomen nota. Tras lo expuesto en el sub examine -y para resolver la amenaza medioambiental en Isla Venado- tomen nota las autoridades del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto y del Ministerio de Salud sobre el principio de coordinación interadministrativa, mismo que en materia ambiental toma un matiz diferenciado. Así, resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal reiteradamente en su jurisprudencia (voto n.º 2021-2741 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2021):

“VII.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la sentencia número 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:

III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).” En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación” (el resaltado no es del original). (…)” VCG07/2021 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

CONTAMINACION.

VI. Nota de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo, tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud e integridad física, así como de las personas que habitan en Isla Venado, lo anterior, ante la ausencia de la recolección de desechos sólidos y planes de manejo de desechos sólidos en esa localidad, problemática que es ampliamente conocida por el Concejo Municipal de Lepanto y la cual fue corroborada por el Ministerio de Salud en el mes de abril de 2021. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

CONTAMINACION.

VII.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política). Por otro lado, cuando de una conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta Jurisdicción Constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo, en que está de por medio la tutela de la salud de las personas debido a que, según lo denunciado por el recurrente, el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto no realiza la recolección de basura en las comunidades, lo que constituye una situación de excepción a mi posición en esta materia.

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Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas:

NO APLICA.

VIII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a la solución de los problemas en la gestión de residuos que se presentan en Isla Venado, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG07/2021 ... Ver más Otras Referencias: Sentencia: 5623-19, 9638-21  Res. Nº 2021013176 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-7194-0007-CO, interpuesto por RONALD BOLÍVAR BARAHONA, portador de la cédula de identidad número 0602540305, a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ISLA VENADO, contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO.

Resultando

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de abril de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, y manifiesta que es munícipe y elector del distrito de Lepanto, y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado. Indica que el municipio de Lepanto nunca ha prestado el servicio de recolección de desechos sólidos de manera periódica, continua, selectiva, accesible y eficiente para todos los habitantes del poblado de Isla Venado. Tampoco ha promovido los centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización. Afirma que tampoco ha promovido la creación e instalación de una unidad de gestión ambiental dentro del municipio con el recurso humano, equipo y material óptimo para el cumplimiento de los fines sentados en el ordenamiento jurídico. Añade que no existe la promoción de capacitación y realización de campañas educativas de sensibilización a los habitantes del distrito de Lepanto, esto para fomentar la cultura de recolección separada, limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos. Agrega que dicho actuar se da pese a que la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado se ha puesto a entera disposición del ente territorial para formalizar un convenio y unir esfuerzos permanentes en pro de mejorar y subsanar esta problemática de la colectividad isleña. Alega que la inacción, apatía, desidia, negligencia e inoperancia para solucionar los problemas de gestión ambiental de la comunidad de Isla Venado ha infringido los numerales 21, 46, 50, 140 inciso 8, el 139 inciso 4 y el 191 de nuestra Constitución Política, así como los principios fundamentales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad en la función pública. Por las razones expuestas, solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2. Informan bajo juramento José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de intendente, y Luz Elena Chavarría Salazar, en su condición de presidenta, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto que, en primera instancia, rechazan la afirmación de que nunca se haya dado atención a las comunidades vecinas de Isla Venado, esto en cuanto a la disposición, recolección, valorización y tratamiento de los residuos sólidos, toda vez que se han gestionado y coordinado los esfuerzos para atender esa necesidad, brindando soluciones para todos los habitantes de la zona. Por otra parte, en cuanto a las obligaciones legales originadas por Ley n.º 8839, señalan que la institución se encuentra en constante trabajo, de forma que ya cuentan, desde 2018, con un plan municipal de gestión integral de residuos sólidos aprobado y publicado en el sitio oficial en Internet, el cual puede verificarse en la dirección electrónica: https://www.concejolepanto.go.cr/images/enlacesdeinteres/PGIRDistritodLepanto.pdf. Señalan que la corporación municipal tiene, dentro de sus proyectos principales, la atención a los residuos sólidos en el distrito. Añaden que, para el 2019, se pusieron en marcha gestiones para la implementación de soluciones a los temas de residuos sólidos y, debido a que el distrito no cuenta con equipo ni maquinaria para la atención de esas necesidades, han conseguido realizarlo a través de la contratación administrativa sectorizada de empresas para el alquiler de un vehículo recolector, en modalidad según demanda. Agregan que lo anterior se ha puesto en marcha para los sectores de más fácil acceso y de mayor población del distrito, como lo son el casco urbano de Jicaral y Lepanto, así como Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas y San Pedro. Comentan que con la prestación de este servicio se pretende lograr dar cobertura al 53% de la población total del distrito, lo que estiman es un buen principio para atender una tarea de primera necesidad en la búsqueda de lograr una cobertura total del servicio para el distrito. No obstante, aclaran que esos centros de población deben cancelar una tasa por el servicio prestado, de forma que sea sostenible para la institución, ya que se trata de un tema de salud pública comunitaria, relacionado con los derechos fundamentales, y a pesar de esto, genera un alto costo que debe ser prestado con los aportes de los vecinos de las comunidades favorecidas y, en última instancia, subvencionado por la misma institución. Alegan que en el caso de comunidades más alejadas y menos pobladas, éstas forman parte del proyecto de atención de recolección de residuos sólidos; sin embargo, no han podido ser parte de la primera fase de atención y a pesar de lo anterior, tampoco se ha dejado de brindar soluciones a la problemática de residuos sólidos en Isla Venado. Con base en lo anterior, explican que Isla Venado es una de las comunidades que forman parte de la sectorización próxima a atender, pero para el presente año ya no es posible, esto por temas de crecimiento presupuestario debido a que la pandemia y su impacto en recaudación de tasas y estancamiento del crecimiento de las finanzas públicas impidió que para el 2020 se pudiese atender dicha meta. Indican que esto también fue razón por la cual no se pudieron realizar campañas de reciclaje. No obstante lo anterior, aducen que la institución proyecta una ampliación del presupuesto ordinario del 2022 y así dar una mayor cobertura a nuevos centros poblacionales. Por todo lo supra citado, niegan que la Administración Municipal del Distrito de Lepanto haya olvidado atender a Isla Venado del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ya que desde 2019 se realizan campañas de reciclaje en otras comunidades alejadas del centro de mayor población del distrito, el cual es el punto de partida de la recolección de residuos. De igual manera, manifiestan que esto se comprueba con la planificación y logística realizada para estas actividades en el segundo semestre del 2019, que se desprende de los oficios n.º OF-SFA-72-2019 y n.º OF-SFA-101-2019, así como los comprobantes y adelantos de caja chica de la corporación municipal. Puntualizan que, en el caso particular de Isla Venado, se ha coordinado directamente con el recurrente para que al menos cada 3 meses los habitantes de la isla trasladen todos los residuos sólidos valorizables y no valorizables al sector de La Penca, lugar en el cual tradicionalmente arriban las embarcaciones que viajan desde Isla Venado con destino a Jicaral o Lepanto, con el fin de que realicen el traslado de los materiales residuales. Adicionalmente, informan que el último esfuerzo de la institución ante la necesidad de atender el tema de los residuos sólidos va en función de crear un vínculo de cooperación entre el Concejo Municipal y la Asociación Ecológica de Paquera, Lepanto y Cóbano (ASAPALECO) para que activamente se puedan realizar esfuerzos para integrar a la mayor cantidad de entidades interesadas en la gestión de residuos sólidos a la comisión encargada y así retomar las referidas campañas de reciclaje, con base en el cronograma propuesto en oficio n.º OF-SFA-044-2021. Solicitan se desestime el recurso planteado.

3. Por resolución de las 15:05 horas del 26 de abril de 2021, esta Sala previno al director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud para que realizara una inspección en el poblado de Isla Venado del Distrito de Lepanto, esto con el fin de que determinara si se está presentando en forma periódica y continua el servicio de recolección de desechos sólidos.

4. Informa bajo juramento Juan Gabriel Ledezma Acevedo, en su condición de director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud, que en fecha 13 de abril, se realizó una inspección de control de establecimientos en Isla Venado en la que se detectó la carencia de recolección de residuos sólidos. Asimismo, indica que el día 11 de mayo se sigue comprobando la inexistencia de recolección de residuos en Isla Venado del distrito de Lepanto. Manifiesta que existe evidencia de la extracción de residuos no valorizables de forma conjunta entre la municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Isla Venado. Detalla que las dos campañas de recolección de residuos de este 2021 han sido en fecha 19 de febrero y 07 de mayo. Expresa que la carencia de condiciones para el traslado de residuos es un problema grave por la situación geográfica de la isla, ya que no se puede establecer una ruta interna, pues los camiones no pueden ser llevados hasta la Isla Venado. Agrega que, para el traslado regular de residuos, la carencia de muelles en ambas costas -tanto en Isla Venado como en Jicaral de Lepanto- impiden una conexión entre la isla y la municipalidad. Manifiesta que no existe una embarcación exclusiva para el traslado de residuos desde la isla a tierra firme en Lepanto, planteando el problema de que el transporte de residuos debe de realizarse en vehículos autorizados y exclusivos. Informa que el costo de la recolección y transporte interno desde la isla hacia el embarcadero en Lepanto este año ha sido asumido por los vecinos de la isla, y resulta insuficiente el esfuerzo porque ellos estiman que no se logró recolectar ni el 20% de lo que se genera en las viviendas. Indica que, por la situación encontrada, realizó una solicitud formal a la Asociación Ecológica Paquera Lepanto Cóbano (ASEPALECO), esto para que analicen la posibilidad de reactivar un relleno sanitario del distrito en coadministración con la Intendencia Municipal del distrito de Lepanto. Concluye indicando que analizada la información obtenida de las visitas de abril y mayo a Isla Venado, el servicio de recolección de residuos no es prestado de forma periódica ni continua, y que solamente se han dado campañas de recolección en dos fechas de 2021.

5. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando

I.Objeto del recurso. El recurrente, quien es presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado, acude en amparo y manifiesta que el Municipio de Lepanto nunca ha prestado el servicio de recolección de desechos sólidos de manera periódica, continua, selectiva, accesible y eficiente para toda la zona. Aunado a lo anterior, alega que tampoco se han promovido instalaciones de unidad de gestión ambiental con recurso humano y material óptimo y capacitado para la consecución de dicho fin, todo lo cual estima violatorio de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)La falta de gestión integral de residuos en Isla Venado es conocida y ha sido discutida por el Concejo Municipal de Lepanto, por lo que se ha coordinado con el recurrente y otras organizaciones la correcta disposición de ellos (véase informe de autoridad municipal recurrida).
  • b)En 2018 el Concejo Municipal de Lepanto aprobó y publicó en su sitio web oficial el “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto” (véase informe de autoridad municipal recurrida).
  • c)En 2019 el Concejo Municipal de Lepanto implementó una serie de soluciones relativas al manejo de residuos sólidos, entre ellas, el alquiler de maquinaria recolectora para los sectores de más fácil acceso, como lo son el Casco Urbano de Jicaral y Lepanto, Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas y San Pedro (véase informe de autoridad municipal recurrida).
  • d)En fechas 19 de febrero de 2021 y 07 de mayo de 2021, la Municipalidad de Lepanto, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado realizaron dos campañas de extracción de residuos no valorizables -desechos sólidos-. El costo de las campañas de recolección y transporte interno de residuos desde la isla hacia el embarcadero en Lepanto fue asumido por la comunidad (véase informe del Área Rectora de Salud Peninsular y prueba adjunta).
  • e)El 26 de marzo de 2021 el Concejo Municipal de Lepanto se reunió con personeros de ASEPALECO con el fin de establecer las acciones necesarias que permitieran la ejecución del “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto” (véase prueba adjunta).
  • f)El 13 de abril de 2021 el Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud realizó en Isla Venado una primera inspección de control de establecimientos, en la cual se detectó “carencia de recolección de residuos sólidos” (véase informe del Área Rectora de Salud Peninsular).
  • g)El 11 de mayo de 2021 el Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud realizó una segunda inspección de control en la cual se seguía detectando la inexistencia de recolección de residuos en Isla Venado (véase informe del Área Rectora de Salud Peninsular).
  • h)El director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud realizó una solicitud formal a la ASEPALECO para que analizaran la posibilidad de reactivar un relleno sanitario del distrito en coadministración con la Intendencia Municipal del Distrito de Lepanto (véase informe del Área Rectora de Salud Peninsular).

III. Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución

  • a)Que las autoridades recurridas hayan prestado a la fecha una gestión integral de residuos en Isla Venado de forma periódica y continua.
  • b)Que las autoridades recurridas cuenten con una embarcación exclusiva para el traslado de residuos desde la isla a tierra firme en Lepanto.
  • c)Que las autoridades recurridas hayan realizado acciones efectivas para fomentar la correcta gestión de residuos valorizables en Isla Venado.

IV.Sobre el caso concreto. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos medioambientales por los motivos que a continuación se expondrán.

Primeramente, se desprende del caso que la falta de gestión integral de residuos en Isla Venado es un hecho público y notorio que ha sido discutido por el Concejo Municipal de Lepanto en varias ocasiones, por lo que en el pasado se ha coordinado con el recurrente y otras organizaciones las posibles soluciones al problema socioambiental. En este mismo sentido, en el 2018 el Concejo Municipal de Lepanto aprobó y publicó en su sitio web oficial el “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto”. Asimismo, en el 2019 el Concejo Municipal de Lepanto implementó una serie de soluciones relativas al manejo de residuos sólidos en el distrito, entre ellas, el alquiler de maquinaria recolectora para los sectores de más fácil acceso, como lo son el Casco Urbano de Jicaral y Lepanto, Las Palmas, Los Cedros, La Cruz, El Mango, Los Ángeles, El Cairo, La Ceiba, El Jardín, El IMAS, Las Brisas, Las Playitas y San Pedro (advirtiendo este Tribunal que no se encuentra dentro de estas comunidades Isla Venado).

Bajo el mismo orden de ideas, y de importancia para el sub examine, este Tribunal tiene por demostrado que el 19 de febrero de 2021 y 07 de mayo de 2021 la Municipalidad de Lepanto, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado, realizaron dos campañas de extracción de residuos no valorizables; no obstante, el costo de las campañas de recolección y transporte interno de residuos desde la isla hacia el embarcadero en Lepanto fueron asumidos por la propia comunidad. Ahora bien, con ocasión del amparo, esta Sala ordenó al Ministerio de Salud que realizara una inspección en el poblado de Isla Venado del Distrito de Lepanto, esto con el fin de que determinara si se estaba presentando en forma periódica y continua el servicio de recolección de desechos sólidos, a lo que informó el director del Área Rectora de Salud Peninsular -tras las visitas del 13 de abril y 11 de mayo, ambas del 2021- que Isla Venado carece de recolección de residuos sólidos.

Si bien la autoridad recurrida intenta justificar la falta de recolección de basura por lo remoto de la zona y por falta de recursos -para lo cual informa ha tomado diversas medidas de presupuestarias y de coordinación para el 2022-, lo cierto es que dicha situación no los exime de su obligación de brindar el servicio de recolección de basura a los usuarios de sus comunidades. Esta Sala ha indicado reiteradamente que los usuarios de los servicios no tienen por qué soportar las deficiencias de la Administración. Por lo expuesto, mediante sentencia n.° 2019-5623 de las 09:45 horas de 29 de marzo de 2019, en un asunto similar relacionado con la falta de prestación del servicio de recolección de basura por parte de un concejo municipal de distrito, esta jurisdicción resolvió:

“ V.- Sobre el servicio de recolección de basura. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente (véanse en ese sentido las sentencias números 2003-11382 de las 15:11 horas del 07 de octubre de 2003 y 2011-003043 de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011). Asimismo, el artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las sentencias 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y 2011-003043 de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011).

En el sub lite, del informe rendido bajo juramento y de la prueba aportada al expediente, esta Sala comprobó que actualmente en la localidad de Santa Fe de Cóbano no se realiza recolección de basura, con lo cual se acredita una afectación a los derechos fundamentales del recurrente. Lo anterior por cuanto, pudo verificarse que el recurrente debe trasladarse hasta 4 kilómetros para poder encontrar un punto en el que se recolecte basura, para poder dejar sus desechos. Por otro lado, según lo informado por la autoridad recurrida se está recabando la información necesaria para determinar la manera más adecuada de prestar el servicio en dicha comunidad a partir del último trimestre. Si bien la autoridad recurrida, intenta justificar la falta de recolección de basura en esa localidad, debido a que desde junio del Ministerio de Salud ordenó el cierre del Vertedero Municipal, teniendo que transportarse los desechos sólidos hasta la comunidad de Montes de Oro en Miramar de Puntarenas, lo cierto es que dicha situación no los exime de su obligación de brindar el servicio de recolección de basura a los usuarios de sus comunidades, y por el contrario, deberían tomar las medidas para solucionar dicha situación, máxime que desde junio de 2017, tienen conocimiento de ello. Esta Sala ha indicado reiteradamente que los usuarios de los servicios no tienen porque soportar las deficiencias de la Administración. Así las cosas, la Sala pudo comprobar que el servicio de recolección de basura en la localidad de Santa Fe de Cóbano no es estable, con lo cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en cuanto a este extremo y según se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia” (el resaltado no es del original).

Tras lo anterior, en el sub examine se estima que la autoridad recurrida no ha dado el servicio de recolección de residuos en Isla Venado de forma efectiva, periódica y continua, ya que inclusive no consta que tenga una embarcación exclusiva para el traslado de residuos desde dicha isla a tierra firme en Lepanto. Aunado a lo anterior, a pesar de la gravedad de esta omisión, tampoco se desprende del caso que la autoridad recurrida haya efectuado acciones efectivas para educar, fomentar, informar y realizar una correcta gestión de residuos valorizables en Isla Venado. Así, a pesar haberse informado que la corporación cuenta con el “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Lepanto”, y de varias gestiones que se están realizando en coordinación con el recurrente y otras organizaciones, lo cierto del caso es que en Isla Venado no se está prestando una gestión integral de residuos a cabalidad. Lo expuesto resulta más evidente cuando se advierte que, recientemente, mediante voto n.° 2021-9638 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, esta Sala condenó a las presentes autoridades recurridas por la misma problemática en la gestión de residuos -pero en otras comunidades bajo su cargo-. Así, en dicha sentencia se ordenó:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal, y a Luz Elena Chavarría Salazar, Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, realizar las acciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de DOCE MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución integral, real, efectiva y pronta, al manejo de desechos sólidos en el distrito de Lepanto. Durante ese período, deberán adoptar las medidas necesarias a efecto que se garantice la prestación periódica y continua del servicio de recolección de basura en ese distrito. Además, deberán informar trimestralmente a esta Sala sobre los avances del proyecto y las medidas adoptadas”.

En conclusión, actualmente en la localidad de Isla Venado no se realiza la recolección de basura de forma regular ni eficiente -y este año las dos campañas de recolección realizadas fueron sufragadas parcialmente por la misma comunidad-, ni se ha cumplido con las asignaciones municipales para una gestión integral de residuos en la comunidad, con lo cual se acredita una grave amenaza que pone en riesgo el derecho a la salud y el derecho intergeneracional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

V.Tomen nota. Tras lo expuesto en el sub examine -y para resolver la amenaza medioambiental en Isla Venado- tomen nota las autoridades del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto y del Ministerio de Salud sobre el principio de coordinación interadministrativa, mismo que en materia ambiental toma un matiz diferenciado. Así, resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal reiteradamente en su jurisprudencia (voto n.º 2021-2741 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2021):

“VII.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la sentencia número 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:

III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).” En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación” (el resaltado no es del original).

VI. Nota de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo, tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud e integridad física, así como de las personas que habitan en Isla Venado, lo anterior, ante la ausencia de la recolección de desechos sólidos y planes de manejo de desechos sólidos en esa localidad, problemática que es ampliamente conocida por el Concejo Municipal de Lepanto y la cual fue corroborada por el Ministerio de Salud en el mes de abril de 2021. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

VII.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política). Por otro lado, cuando de una conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta Jurisdicción Constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo, en que está de por medio la tutela de la salud de las personas debido a que, según lo denunciado por el recurrente, el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto no realiza la recolección de basura en las comunidades, lo que constituye una situación de excepción a mi posición en esta materia.

VIII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero parcialmente sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, específicamente en cuanto a la solución de los problemas en la gestión de residuos que se presentan en Isla Venado, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

IX.Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de intendente, y Luz Elena Chavarría Salazar, en su condición de presidenta, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, o a quienes ocupen dichos cargos, que de manera conjunta y coordinada incluso con otras instituciones competentes: 1) adopten de forma INMEDIATA las medidas provisionales necesarias para mitigar la contaminación en Isla Venado; 2) que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes y tomen las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para informar, fomentar y educar a la comunidad de Isla Venado sobre la correcta gestión integral de residuos; 3) que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias para que se garantice la prestación periódica y continua del servicio de recolección de residuos en Isla Venado, concretando las medidas definitivas en cuanto a plazos y regularidad de la prestación del servicio, así como las herramientas o departamentos necesarios para su observancia y efectividad; y 4) que en el plazo de DOCE MESES, contado a partir de lo dispuesto en el voto n.° 2021-9638 de las 09:15 horas del 14 de mayo de 2021, deberán las autoridades recurridas, según sus respectivas competencias, brindar una solución definitiva al problema socioambiental en Isla Venado aplicando una gestión integral de residuos. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Concejo Municipal del Distrito de Lepanto al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Tomen nota las autoridades informantes del considerando V. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Comuníquese esta sentencia al director del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 56
    • Código Procesal Contencioso-Administrativo Arts. 155 y siguientes

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