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Res. 13168-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/06/2021
OutcomeResultado
The amparo is partially granted as it was found that ICE, the Municipality of Cartago, MINAE and the Ministry of Health failed to respond within a reasonable time to the residents' petition, violating their rights of petition and prompt administrative justice; regarding ICE, the right of access to information was also infringed. The remaining claims are dismissed.El recurso se declara parcialmente con lugar al constatarse que el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud omitieron atender dentro de un plazo razonable la gestión presentada por los vecinos, violentando sus derechos de petición y justicia administrativa pronta y cumplida; respecto al ICE además se afectó el derecho de acceso a la información. Se desechan el resto de alegatos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by residents of Dulce Nombre de Cartago against ICE, the Municipality, MINAE and the Ministry of Health, regarding the installation of two telecommunications poles. Petitioners alleged invasion of public sidewalks, tree felling, risk of structural collapse, visual pollution and lack of permits. The Chamber ruled that it was not competent in amparo to review technical requirements or permits, matters belonging to ordinary jurisdiction. However, it found that ICE, the Municipality of Cartago, MINAE and the Ministry of Health failed to respond within a reasonable time to the petition filed by residents on 31 May 2018, which reported dangers to physical integrity and health. It upheld the amparo solely for violation of the right of petition and prompt administrative justice (Constitutional Articles 27 and 41), and, regarding ICE, also for breach of the right of access to information (Article 30). It ordered the defaulting authorities to answer the petition within 15 days. Other claims concerning privacy, visual pollution, health risks from radiation and relocation of poles were dismissed as outside amparo scope or unsubstantiated.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Dulce Nombre de Cartago contra el ICE, la Municipalidad, el MINAE y el Ministerio de Salud, por la instalación de dos postes de telecomunicaciones. Los recurrentes alegaron invasión de acera pública, tala de árboles, riesgo de colapso estructural, contaminación visual y falta de permisos. La Sala determinó que no le compete en amparo verificar el cumplimiento de requisitos técnicos o permisos, lo cual corresponde a la vía ordinaria. Sin embargo, constató que el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud no respondieron en un plazo razonable la gestión presentada por los vecinos el 31 de mayo de 2018, donde se denunciaban peligros para la integridad física y la salud. Declaró con lugar el recurso únicamente por violación al derecho de petición y justicia administrativa pronta y cumplida (arts. 27 y 41 constitucionales), y respecto al ICE también por afectación al derecho de acceso a la información (art. 30 constitucional). Ordenó a las autoridades omitentes responder la gestión en un plazo de 15 días. Rechazó otros alegatos sobre privacidad, contaminación visual, salud por radiaciones y reubicación de los postes, por no ser materia de amparo o no demostrarse violación concreta.
Key excerptExtracto clave
Nevertheless, the fact that the aforementioned discussion must be aired in the ordinary courts does not exempt ICE, the Municipality of Cartago and other competent authorities from answering petitions or requests for information (whether positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), nor from attending to complaints and petitions asserting a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons. [...] In the instant case, it was proven that on 9 November 2018 the Cartago Electricity Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated 31 May 2018. However, there is no record of any reply to that communication from this authority. This is crucial, since there is no express statement from ICE on the points raised in the petition and, consequently, it has not addressed the dangers set out therein. Hence, as those dangers are not evident and manifest, the appropriate course is to declare the omission of this authority to attend to the petition within a reasonable time (note that more than two years have elapsed without a reply), to the detriment of the rights to prompt administrative justice (Constitutional Article 41), petition (Article 27) and access to information (Article 30) of the persons who signed the petition.No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas. [...] En el caso de marras, se comprobó, que, el 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Sin embargo, no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella. De ahí que, al no ser estos peligros evidentes y manifiestos, lo que corresponde es que se declare la omisión de esta autoridad de atender la gestión de marras dentro de un plazo razonable (nótese que han transcurrido más de dos años sin respuesta), en perjuicio de los derechos de justicia administrativa pronta y cumplida (numeral 41 constitucional), petición (artículo 27 constitucional) y acceso a la información (ordinal 30 constitucional) de las personas que suscribieron la gestión.
Pull quotesCitas destacadas
"No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas."
"Nevertheless, the fact that the aforementioned discussion must be aired in the ordinary courts does not exempt ICE, the Municipality of Cartago and other competent authorities from answering petitions or requests for information (whether positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), nor from attending to complaints and petitions asserting a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons."
Considerando IV
"No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas."
Considerando IV
"no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella."
"there is no record of any reply to that communication from this authority. This is crucial, since there is no express statement from ICE on the points raised in the petition and, consequently, it has not addressed the dangers set out therein."
Considerando V.1
"no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella."
Considerando V.1
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Date of Resolution: June 11, 2021 at 09:30 Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine-thirty hours on the eleventh of June of two thousand twenty-one.
An amparo action processed in expediente no. 21-005502-0007-CO, filed by ABRAHAM HIDALGO GONZÁLEZ, ARACELLY VILLALTA, DINORAH MARÍA CASTRO ACEVEDO, EDWIN GERARDO ROW ARCE, EIMY MAGALY SOLANO PÉREZ, ELADIO MARTÍN CHACÓN MEZA, ELIETH PATRICIA PÉREZ MATA, ERIC IVÁN MENA MONGE, FABIO FRANCISCO GUTIÉRREZ GUILLÉN, FRANK GONZALO VILLALTA QUIRÓS, GUILLERMO ENRIQUE CONEJO TORRES, JAVIER ARCE RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN BRENES, JUAN PABLO ARCE RODRÍGUEZ, JUAN RAFAEL MENA SÁNCHEZ, LIGIA MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LUISA SOLEDAD VARGAS BARRANTES, MANUEL ANTONIO SOLANO VILLALTA, MARCO VINICIO CAMPOS MATA, MARÍA GABRIELA VILLALTA VILLALTA, MARÍA ISABEL DEL CARMEN FERNÁNDEZ HERRERA, MARÍA RAFAELA DE LA TRINIDAD QUIRÓS TORRES, MÓNICA IZAGUIRRE CAMPOS, NELSON MAURICIO BRENES ORTEGA and RANDALL GUSTAVO GERARDO HIDALGO SOLANO, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), the INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS), the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, the MINISTERIO DE SALUD and the JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE CARTAGO (JASEC).
Resultando:
Furthermore, the issue of sidewalks is regulated by extensive regulations where Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, as transcribed below: I) Law: 9329 of 15/10/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention of the Cantonal Road Network: ARTICLE 2.- Delimitation of competence The attention of the cantonal road network, fully and exclusively, shall be the competence of local governments, who shall be responsible for planning, programming, designing, administering, financing, executing, and controlling its construction, conservation, signage, demarcation, rehabilitation, reinforcement, reconstruction, concession, and operation, in accordance with the road conservation and development plan (five-year) of each municipality. The cantonal road network is composed of all the roads and streets under the administration of local governments, inventoried and georeferenced as cantonal routes by them, and which are recorded in the official registries of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), as well as all complementary infrastructure, provided it is on public domain land and meets the legal requirements.
Likewise, sidewalks, bike paths, crossings, pedestrian routes, green and ornamental areas that are within the right-of-way and other road safety infrastructure elements intertwined with local streets and cantonal roads, vertical and horizontal signage, bridges and other drainage and retention structures and geotechnical or other works associated with the roads shall be considered as part of the cantonal road network. The conservation and improvement of cantonal routes is limited to roads that strictly comply with the requirements for cantonal routes established in the regulations of this law. The activities indicated in the first paragraph of this article, except for investment in conservation and improvement on cantonal routes that do not meet the minimum right-of-way width established in Article 4 of Law No. 5060, General Law of Public Roads, of August 22, 1972, may be executed both with resources from Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of July 4, 2001, and its amendments, and from this law and other related regulations.
The ownership and powers concerning the administration of neighborhood roads, local streets, and unclassified roads shall correspond to the territorially competent local governments in the geographical area where each of those public roads is located, always under the general technical guidelines promulgated by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) as the governing and supervisory body in the matter. Furthermore, municipalities may invest economic resources transferred under Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of July 4, 2001, single fuel tax, in the acquisition and leasing of movable and immovable property that are necessary to fulfill the objectives of this law. The foregoing is extensively explained by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney, on March 3, 2019, under official communication C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONS • An email was sent to the archive of the Municipality of Cartago requesting information on the actions taken regarding the case. • There are extensive regulations that support the competence of the Municipality of Cartago to regulate antennas and sidewalk conditions.
(…)”. It mentions that official communication MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021 stated: “(…) In this regard, I inform you of the following, and in accordance with the analysis carried out by the official Msc. Stephanie Oviedo Ortega, through technical report MS-DRRSCE-ARSC-IT-0477-2021: 1. A search for records of official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 was conducted in the archives of the Cartago Health Governing Area, and a visit was also made to the Urban Planning Department of the Municipality of Cartago, at 10:34 am on April 6, 2021. Regarding the records of official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no physical or digital information related to the case was located, but other similar cases regarding sidewalk and pole conditions were found (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, official communication CE-ARSC-1160-2018). 2. On April 6 of this year, discussions were held with officials Manuel Solano Orozco, lawyer, and Manuel Martínez Zeledón, inspector supervisor, both from the Urban Planning Department of the Municipality of Cartago, in order to broaden knowledge about the case and jointly coordinate an inspection of the site where the antenna installed by ICE is located. 3.
In relation to the above, the official Oviedo refers to Municipal Regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, effective since 28/03/2011, version 2, which indicates the provisions that must be complied with by individuals or legal entities, whether public or private, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. That same regulation in Article 6 grants the Municipality of Cartago the power to regulate, close down, demolish, and register towers, among other activities. It grants the power to dictate the necessary measures for compliance with this Regulation so that every Construction Work, installation, expansion, and modification to Construction Works meets the technical, safety, conservation, and integration conditions into the urban-environmental context of the canton, among other things.
Furthermore, it mentions that there is extensive regulation on the matter of sidewalks, defining the municipalities as responsible. 4. She concludes that she proceeded to send an email to the email address of the Technical Road Management Unit, to [email protected], requesting information on the actions taken regarding the case and recommends coordinating a joint inspection with the Technical Road Management Unit the following week. Therefore, it is concluded that compliance with the governing role of the Ministry of Health is evident from the Directorate of the Cartago Health Governing Area, being diligent within its competencies by carrying out surveillance, follow-up, and control of the matters reported to the agency, as well as demonstrating participation, interest, coordination, and follow-up in fulfilling the responsibility that has been conferred upon us”. It asserts that the Ministry of Health, through the Cartago Health Governing Area, verified that there is no complaint or record of the case in question; however, follow-up on the case was carried out with the municipality, which is legally responsible for controlling and regulating matters concerning sidewalks, as well as matters related to this type of antennas.
It indicates that an email was sent to the Technical Road Management Unit of the Municipality of Cartago, requesting information on the actions taken in this case and recommending a joint inspection. It requests that the appeal be dismissed, since it was verified that there is no complaint or record of the case before the ministry.
For its design, the geotechnical variables of the terrain are considered so that through the combined action of active, passive, three-dimensional pressures, and bearing capacity, a dimensioning of the rigid block is achieved that provides the global structure with the safety factors established in the CCCR, so that it is safe in accordance with the acceptance criteria normally used in the design of this type of structure. ü Reinforcement of the rigid block (foundation (cimiento)): It is provided based on the criteria for steel reinforcement ratios established in the ACI 318-2019 (American Concrete Institute) code, which is the standard for reinforced concrete design. The foundations used in the concrete and/or metal poles to support telecommunications antennas comply with all current, universally accepted regulations in use in Costa Rica. The global structure (pole + equipment + foundation (cimentación)) complies as a whole with the requirements that every structure must have." He states that the grounding system ("puesta de Tierra") is a certified and endorsed system, which complies with current electrical code standards, such as: "• NFPA 780 'Standard for the Installation of Lightning Protection Systems'. • IEC 62305 'Protection against lightning'. • National Electrical Code." They state that, regarding the issue of radiation and consequences detrimental to humans, there is no evidence that the radio frequencies used in wireless communications affect health, according to the World Health Organization.
They argue that in May 2018, the installation of the Bruma Azul pole in Dulce Nombre de Cartago, at the entrance of the La Ilusión residential development, was completed. They clarify that since 2018, no new construction work has been carried out at that location. They argue that an analysis of the facts demonstrates that the construction of the poles was carried out in May 2018. They refute that any construction of poles is currently being undertaken. They indicate that no claim or inconvenience has been raised regarding the operation of the works in question. They maintain that the ICE complied with all legal requirements, did not affect the use of public space, and carried out the construction in accordance with technical standards. They conclude that the telecommunications poles do not generate a civil risk, but rather comply with all requirements and have been in operation for more than three years without any claim, and therefore there is no evidence that they violate any fundamental right. They request that the appeal be dismissed.
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.Purpose of the appeal. The appellants, by means of a written submission dated May 25, 2018, but received at the Secretariat of the Chamber on May 18, 2021, file an amparo appeal against the ICE, the Municipality of Cartago, the MINAE, and the Ministry of Health. They question the construction of two telecommunications poles:
They state that when maintenance is performed on the antenna, their privacy would be invaded, since the workers would look at and have control over each of the neighbors. They mention that the antenna or tower for telephone services does not have the permits required by national legislation, as it is using the public sidewalk space (two meters and fifty centimeters). They state that the foregoing contravenes Law 7600 and the Municipal Code.
They state that in the two places indicated in this appeal, there are houses, so if the towers collapse, they would collapse onto roads and private properties. They add that, because of the foregoing, human life would be endangered; furthermore, the radiation and the consequences that these would have on living beings are unknown.
They maintain that the ICE should have requested permission for the erection of the poles from the environmental unit of the municipality, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health.
The petitioner Campos Mata argues that, through official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 of May 31, 2018, the situation was reported to the Electrical Agency of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Environment and Energy (November 12, 2018), the Mayor of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Health (November 21, 2018), and the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). He complains that they went to various instances to request intervention in this problem; however, no solution was provided.
The appellant Campos Mata requests that the poles be removed from the referred sites and that studies be carried out for their relocation in places far from the urban area. He maintains that the poles have brought problems of accessibility and risk to both physical integrity and health. He argues that it does not allow the passage of a wheelchair and produces visual pollution. He states that these poles would collapse in the event of an earthquake, seismic tremors, flood, tornadoes, and traffic accidents (collision with them). He accuses a lack of technical studies and considers that the poles should have been placed in other sites. He mentions that they asked the appealed authorities to remove the pole, but they have not done so. He argues that they placed the pole on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery, which is an integral part of the Asociación Integral de Ornato of that community; however, this association is disintegrated, and therefore it was handed over to the Asociación Integral de Desarrollo of Dulce Nombre de Cartago.
He reproaches that the pole was placed without the endorsement of the neighbors or consulting the administrative body of the park. He states that the poles invade the property of the neighboring landowners, but the municipality did not stop or suspend the works. He declares that the legal permits have not been shown, despite the poles being in an urban area. He reproaches that the foregoing exposes the lives of unborn minors, as well as men and women, to sterility. He requests that the amparo appeal be granted and that the disconnection of an electrical meter placed by Jasec be ordered. He intends for a report to be requested from the board of directors of the cemetery, which has been negligent.
Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of the ICE, through official communication 7127-1033-2017 of October 25, 2017, addressed to the director of the Technical Road Management Unit and the director of Municipal Urbanism, both of the Municipality of Cartago, indicated:
"In a most attentive manner, I inform you that the ICE has included in the work planning for the year 2017, the installation of 8 poles that support cellular equipment and through which we will be not only expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago.
The concrete poles that we will install are made of a reinforced cement structure with a height of 24 meters.
Province | Canton | District | Site Name | Latitude | Longitude | Address ---|---|---|---|---|--- Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Alto de San Blas | 9.847395 | -83.908932 | North side of the General Cemetery of Dulce Nombre de Cartago (…)
| (…)
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Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Bruma Azul | 9.8435 | -83.90299 | 100 meters west of Bar Nueva Costa, on the road to Cóncavas.
(…)
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| (…)
Justification:
In Law Number 3226 of October 28, 1963, current and of a special nature, this prerogative of the Institution stands out in its sense of providing telecommunications services, in its third paragraph, second clause.
'The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that in the exercise of that right, it may carry out on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... ' (Bold text does not belong to the original).
In accordance with the foregoing, Article 3 of that same law confers full autonomy on the ICE to design and develop its activities, its work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in force but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which modified the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and incorporated in Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, widely developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the cited ruling Res. No. 01 5763-2011.
In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter m, General Provisions, Article 19.
'No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way roads, neighboring landowners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or through frontage roads approved by the Ministry of Public Works and Transport.
Persons who fail to comply with this article shall be subject to the fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove the work carried out at their own expense, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without thereby having to recognize any sum for damages and losses.
For this reason, we request that you collaborate with us by providing a joint visit in order to verify that we are not going to obstruct (sic) the Municipality's planning in said district.
For any additional questions, contact Ms. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or at email [email protected]." (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of the ICE).
Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of the ICE, through official communication 7127-1180-2017 of November 9, 2017, addressed to the Mayor of Cartago, pointed out:
"In a most attentive manner, I inform you that the ICE has included in the work planning for the year 2017, the installation of 15 poles that support cellular equipment and through which we will be not only expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago.
In a meeting held on October 31, 2017, with the director of the UTGV, Mr. Dennis Aparicio, we delivered official communications No. 7127-1033-2017 and 7127-1025-2017, through which we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that the ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago.
I must clarify that we address the Technical Road Management Unit of each Municipality nationwide, since they are responsible for issuing alignments for this type of work on public roads.
Despite the fact that in the meeting held with Mr. Dennis Aparicio it was made clear that we were going to install the poles in coordination with the UTGV, to our surprise, through official communication UTGV-OF-428-17, we are informed that our request has been transferred to the Directorate of Municipal Urbanism, as this matter is their task.
On Tuesday, November 7, 2017, Ms. Olga Serrano met with Mr. Juan Carlos Guzmán, Director of Municipal Urbanism, and in the meeting, Mr. Juan Carlos made it clear that this situation is not within his competence.
For this reason, I appeal to you as Mayor of the Municipality so that you can clarify to which department or directorate we should turn to coordinate the installation of the poles in question.
The concrete poles that we will install are made of a reinforced cement structure with a height of 24 meters.
In the attached table, I detail the location.
Province | Canton | District | Site Name | Latitude | Longitude | Address ---|---|---|---|---|--- Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Alto de San Blas | 9.847395 | -83.908932 | North side of the General Cemetery of Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Bruma Azul | 9.8435 | -83.90299 | 100 meters west of Bar Nueva Costa, on the road to Cóncavas.
(…)
| (…)
| (…)
| (…)
| (…)
| (…)
| (…)
Justification:
In Law Number 3226 of October 28, 1963, current and of a special nature, this prerogative of the Institution stands out in its sense of providing telecommunications services, in its third paragraph, second clause.
'The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that in the exercise of that right, it may carry out on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... ' (Bold text does not belong to the original).
In accordance with the foregoing, Article 3 of that same law confers full autonomy on the ICE to design and develop its activities, its work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in force but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which modified the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and incorporated in Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, widely developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the cited ruling Res. No. 01 5763-2011.
In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter m, General Provisions, Article 19.
'No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest.
On restricted-access or one-directional roads, abutting owners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or via marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
Persons who fail to comply with this article shall be subject to the fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove, at their own expense, the work carried out, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without having to recognize any sum for damages as a result.
By reason of the foregoing, we requested your collaboration by providing a joint visit in order to verify that we are not going to obstruct the planning of the Municipality in said district.
For any additional inquiries, contact Licda. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or at email [email protected]”. (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of ICE).
Official communication UTGC-OF-533-17 of 21 November 2017 from the Municipality of Cartago addressed to Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of ICE, stated:
“Subject: Your communication 7127-1180-2017 In response to your communication cited in the subject line, by which you request a joint inspection for the installation of 15 posts at different points in the Central Canton of Cartago, and as your note dictates: “we request a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk (aceras) measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago”; we hereby indicate that the visits were carried out successfully jointly with the ICE officials assigned for this activity.
On the past 15 and 16 November of this year, the due inspections were carried out at the 15 sites destined for the ICE project, by Ing. Oscar García, Assistant, Sergio Umaña Redondo, assigned by this Municipal Office, and Ing. Adrián Valverde Quirós and Tec. Robert Córdoba Alvares, personnel assigned by ICE.
Result of the Inspections:
According to the field visits and verifications of the location of the posts verified in the database that makes up the Road Network (Malla Vial) of the Geographic Information System (GIS); it is determined that there are no situations that compromise road alignments (alineamientos viales), as dictated by Law N° 5060, General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), Chapter III, General Provisions, Article 19:
No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads (caminos vecinales) and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate the alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-directional roads, abutting owners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or via marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport”. (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of ICE).
In 2018, ICE installed two posts in Dulce Nombre de Cartago with cellular equipment support. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE and evidence provided). From 8:00 to 20:00 hours on 24 May 2018, the post located to the north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery was placed; in that month its installation was finished and since then no new construction works have been carried out. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE). The works carried out on the Bruma Azul post in Dulce Nombre de Cartago were executed between 7 and 31 May 2018; furthermore, since that date no new construction works have been carried out at that location. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE). Juan Carlos Guzmán Víquez, director of Municipal Urbanism (Urbanismo Municipal), by official communication DU-OF-581-2021 of 25 May 2021 addressed to the mayor of Cartago, stated:
“Regarding the cellular posts that are located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance to the La Ilusión residential development (urbanización), there is no record of an agreement by the Public Works and Urbanism Commission, or by the Municipal Council, nor is there a municipal construction license.
Regarding the excavations “…200 meters east of the stone bridge of the Toyogres River, on the road to Cóncavas, ICE personnel are carrying out excavations as reported and are building without the legal requirements, since they broke the curb (cordón del caño), the sidewalk (acera), and the green zone required by the Construction Law (Ley de Construcciones)…”, the inspection regarding what was reported was carried out today, 24 May of the current year, by construction inspectors Manuel Hernández Cerdas and Juan Campos Lascarez, who did not observe the alleged excavations at the indicated address.
It should be noted that said works related to the cellular posts were closed down (clausuradas).
Finally, it is indicated that as of the date of this report, the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has not coordinated the installation of said civil works with the Municipality (la Comuna), as it is obliged to by virtue of the principle of inter-institutional coordination developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in rulings such as No. 5445-99 and in Article 6 of the Municipal Code (Código Municipal), which makes the actions of ICE, which are constitutionally and legally improper, more than reprehensible”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
The petitioners (with the exception of Juan Mena Sánchez) and others signed document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018, in which they stated:
“Gentlemen (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E.
Instituto Nacional de Seguros. Cartago Region Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Minister of Environment and Energy. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Mayor of the Municipality of Cartago.
Dra. Guiselle Amador Minister of the Ministry of Health of the Republic of Costa Rica General Manager of JASEC. In the Cartago Region Subject: Request for removal of a super giant post that is in an unsuitable (no acta) area for placement Reference: A post installed by I.C.E. behind the Fuente del Divino Niño.
1-By this petition (ocurso), the undersigned Marco Vinicio Campos Mata ID Number 303590985. And neighbors. We request by this means that you proceed to remove a VERY SUPER GIANT POST. That you installed behind the FUENTE DEL DIVINO NIÑO, on land that is administered by the Junta del Cementerio de Dulce Nombre, as well as by the Integral Ornament Association (Asociación Integral de Ornato) of this Community. Given that this post was placed without the endorsement of the neighbors, considering that its height exceeds the boundaries of the dwellings along the public road. It is also reported that the post was placed within the two meters and fifty centimeters that are used for the public sidewalk (acera pública) for the passage of pedestrians and disabled persons. This includes the green zone of the small park. This is with the Fuente del Divino Niño, in front of land that is on the North boundary of the Cemetery.
2-There is no risk and prevention report from I.C.E. in case said post collapses, given that this post exceeds forty meters in height for it to be prevention in favor of all passersby. Moreover, the same, if it is of interest to I.C.E., must be relocated in a suitable place that does not threaten the lives of people due to such height.
That post that was placed causes visual pollution, due to its great height in view that it is at the entrance and view of our Community from the Cardinal West to East on calle los cerrillos and has damaged the architectural bearing of the Fuente del Divino Niño, due to such height that this post represents and endangers it being toppled by lightning, storms, earthquakes, and also endangers the Community that comes to enjoy the park with their children and having that post in that site and it collapses causing it to fall on some person or passerby, dwelling, vehicle, etc. That comes to regret the existence of the same.
3-The collaboration of the Public Force (Fuerza Publica) was requested through 911 in order for them to appear at the site of interest given that the company Mincho license plate EE34220 which holds a post whose base remains covered with concrete and six people are observed with the logo of the I.C.E. company carrying out the work of such interest and magnitude. Therefore, it is requested that the I.C.E. Company present the due discharge of responsibility by Law.
4-I.C.E. is requested to present in writing the height of said post that was placed. And I.C.E. is requested to report the depth at which this post was buried.
5-I.C.E. is requested to issue a duly certified copy of everything related to this giant post that came to take away the peace of mind of the entire Community.
6-I.C.E. is requested to show through documentary evidence the permits from SETENA, MUNICIPALITY OF CARTAGO, MINISTRY OF HEALTH, and other competent Authorities and in turn to show the conformity of the neighbors of the Community. Given also and including that this post obstructs the alignments and spaces of the Parque del Divino Niño in view of Law 7600. And therefore, it is requested that it be removed, taken away from that property for which it does not qualify due to the claim founded on law and legality that addresses it.
7-I.C.E. is requested to proceed with the undersigned to schedule a meeting in an objective manner with: the aim of proceeding with the conformity to remove said post from the cited location. And in writing, I request you inform me under what legal standard you have placed that post on site.
8-The Authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and other respondents are requested to intervene within the scope of this complaint so that the due TECHNICAL LEGALITY pronouncements are issued to hear and assess what today moves us, so that the definitive removal of the reported post, which was placed without assessing the measures that help the place, is ordered by Authority. Attached are Observation Records # AO-PDN-026-05-2018. / Record # AOPDN-032-05-2018.
9-We continue to report to the respondents that similarly, I.C.E. has placed another post at the Rural Guard Office, 25 meters South and 25 meters Cardinal East, exactly at the entrance to the La Ilusión residential development, in front of a Condominium called Calzadas Coloniales. Since that post was placed in the center of the public sidewalk (acera publica), this is entirely contrary to what is based on law 7600 and the Municipal Code itself in its Articles 75 and 76. In which it is outrageous that I.C.E. has invaded this public sidewalk without any legal requirement and caused, by a right that does not assist it, the interruption of the passage of persons as well as the normal movement of wheelchairs, by persons who have some type of disability, given that before this post was not placed, everything was normal until I.C.E. arrived to invade and interrupt free pedestrian transit (libre transito peatonal).
It is necessary to clarify that this road is within a Project of the Road Plan of the City of Cartago, Coris Paraíso in which the width of this street exceeds 20 meters in width so when crossing the street one could not enter the public sidewalk (cera publica) at the entrance of the residential development because the super post placed by I.C.E. would obstruct due to the width and the inadequate location of it and much less could a disabled person enter the sidewalk. For this unconstitutional action, having to continue and tolerate that post remaining in a space for pedestrian use and not for commercial use as it wants to assert, it is therefore appropriate that it remove or relocate said post in a place that does not affect third parties by law, as on this occasion it is affected; it is that in said sector traffic accidents, deaths, and other dangers would increase by the simple fact that the public sidewalk remains invaded as it is currently, when before it was not. Therefore, from this moment on, we hold I.C.E. responsible for the damages that this post would regenerate at the site.
In relation to the Municipality of Cartago: On 21 October 2018, the Municipality of Cartago received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). The local government assigned file no. 16604 of the Services Platform (Plataforma de Servicios) to document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. (Report of the mayor of Cartago). Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by official communication AM-1335-2018 of 26 October 2018 addressed to the general manager of JASEC, indicated:
“(…) I hereby forward, for the corresponding purposes, municipal file No. 16604, referring to a request for removal of a post that is in an area not suitable for placement, signed by Mr. Marco Vinicio Campos Mata”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
On 13 November 2018, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication AM-OF-1426-2018 of 9 November 2018 signed by Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by which he was told:
“(…) in response to municipal files No. 16604, 16598, and 16602 regarding post placement, I forward communication GG-692-2018, signed by Ing. Carlos Quirós Calderón, General Manager JASEC”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
Official communication GG-692-2018 of 8 November 2018 from the general manager of JASEC addressed to the mayor of Cartago Carlos Quirós Calderón, stated the following:
“Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 and AM-OF-1337-2018 In response to the above-mentioned communications, attached is communication No. SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 issued by Ing. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, in which he indicates that the post mentioned in the communications does not belong to JASEC”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 of 2 November 2018 from Juan Carlos Rojas Moya, engineer of JASEC, stated:
“In response to communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I respectfully inform you that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC, it is a 24-meter post, the same type commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
In relation to the Instituto Nacional de Seguros: On 23 October 2018, the INS Services Platform received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). On 8 April 2021, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication INSCR-1688-2021 of 8 April 2021 signed by the executive director of the Cartago headquarters of INS, by which he was told:
“(…)
In this regard, we inform you that this institution has no involvement with said works, given that our activity is insurance management; and to date our headquarters has not received any accident notice related to said works. On the other hand, this institution has no authority from a regulatory standpoint to intervene in said works.
(…)”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
In relation to the Instituto Costarricense de Electricidad: On 9 November 2018, the Cartago Electrical Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). In relation to the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago: On 9 November 2018, the JASEC Document Reception Center received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). On 19 November 2018, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication OPER-191-2018 of 13 November 2018 signed by the director of Operations of JASEC, in which he was told:
“Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 In response to the communication in question, attached is SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 issued by Ing. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, in which he indicates that the post mentioned in your document does not belong to JASEC”. (Evidence provided by the general manager of JASEC).
Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 of 13 November 2018, stated:
“In response to communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I respectfully inform you that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC, it is a 24-meter post, the same type commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location”. (Evidence provided by the general manager of JASEC).
In relation to the Ministry of Environment and Energy: On 12 November 2018, the office of the minister of Environment received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). Antonio Orozco Barrantes, in his capacity as head of the Subregional Office of Cartago of SINAC, by official communication SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 of 24 May 2021, stated:
“(…)
On 24 May 2021, we proceeded to go to the addresses mentioned in recurso de amparo 21-005502-0007-CO, in order to have a clearer picture of the facts described, upon arriving at the mentioned address, no evidence was found that the works carried out require permits from SINAC, the works described and observed on 24 May, the works described in the recurso de amparo make no mention of tree felling (corta de árboles) or works within the protection area (área de protección) of rivers, streams (quebradas), or springs (nacientes), (…).
(…), what was found was the installation of a cellular tower (torre celular), at the entrance to the La Ilusión residential development, regarding the works in the Toyogres River sector, what was found was a trench approximately 60 cm wide, 1 m deep, by 8 m long, this trench is located parallel to the road on the roadway, nor was tree felling observed.
Conclusions
(…)
2. In the SITADA there is no report of a complaint for tree felling in the surroundings of the Dulce Nombre Cemetery.
3. At the addresses provided by the petitioners in recurso de amparo 21- 005502-0007-CO, no evidence was observed of the environmental damages within the competencies of SINAC (Tree felling, invasions of protection areas)”. (Evidence provided by the minister of Environment and Energy).
In relation to the Ministry of Health: On 21 November 2018, the office of the minister of Health received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). Stephanie Oviedo, official of the Health Regulation team of Cartago, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 of 6 April 2021, stated:
“(…) III. CURRENT SITUATION (…) Regarding the background of communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no physical or digital information related to the case was located, but there were other similar cases related to the conditions of sidewalks (aceras) and posts (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, communication CE-ARSC-1160-2018). A conversation was held with officials Manuel Solano Orozco, lawyer, and Manuel Martínez Zeledón, inspector supervisor, both from the Urbanism Department of the Municipality of Cartago, in order to broaden knowledge about the case and jointly coordinate an inspection of the site where the antenna installed by ICE is located. Mr. Manuel Martínez indicated that the case must have been handled by the Technical Road Management Unit, and that to request information on the actions carried out by the Municipality, an email should be sent to [email protected] Regarding the foregoing, Municipal regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, in force since 28/03/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established.
That same regulation in article 6 grants the Municipality of Cartago the power to regulate, close down (clausurar), demolish, register the towers among other activities, which is transcribed below: Article 6º-The Municipality is responsible for: a. Dictating the necessary measures for compliance with this Regulation so that all Construction Works (Obra Constructiva), installation, expansion, and modification to Construction Works meet the technical, safety, conservation, and integration conditions to the urban-environmental context of the canton. b. Regulating, granting, registering, inspecting, denying, annulling, and exercising any sanctioning power in relation to the Municipal Licenses referred to in this regulation. c. Closing down and demolishing works and installations in case of failure to comply with the provisions of this Regulation. d. Keeping a registry of the towers, posts, and other structures for telecommunication networks and/or systems, that are already installed and/or in the process of applying for a construction or operation authorization, in the jurisdiction of the canton for internal control and planning. e. Issuing the land-use certificates (certificados de uso del suelo) that are submitted to it in this matter. f. Considering and requesting the technical criteria and guidelines that SUTEL establishes in the exercise of its competence, with the purpose of coordinating and seeking an adequate balance between the national interests of telecommunications service development and the local interests represented by the Municipality. g. Promoting alternative conflict resolution mechanisms that may arise in this matter.
On the other hand, the issue of sidewalks (aceras) is regulated by broad regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, as transcribed below: I) Law: 9329 of 15/10/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention to the Cantonal Road Network (Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal): ARTICLE 2.- Delimitation of competence The attention of the cantonal road network, in a full and exclusive manner, shall be the competence of local governments, who shall be responsible for planning, programming, designing, administering, financing, executing, and controlling its construction, conservation, signaling, demarcation, rehabilitation, reinforcement, reconstruction, concession, and operation, in accordance with the road conservation and development plan (quinquennial) of each municipality.
The cantonal road network is composed of all the roads and streets under the administration of local governments, inventoried and georeferenced as cantonal routes by them, and that are recorded in the official records of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), as well as all complementary infrastructure, provided it is on public domain land and meets legal requirements. Likewise, the following shall be considered part of the cantonal road network: sidewalks (aceras), bike lanes (ciclovías), crossings, pedestrian routes, green and ornamental areas, that are located within the right-of-way (derecho de vía) and other road safety infrastructure elements intertwined with local streets and cantonal roads, vertical and horizontal signaling, bridges and other drainage and retention structures, and geotechnical works or works of another nature associated with the roads. The conservation and improvement of cantonal routes is limited to roads that strictly meet the requirements for cantonal routes established in the regulations of this law.
The activities indicated in the first paragraph of this article, except for investment in conservation and improvement on cantonal routes that do not meet the minimum right-of-way width established in article 4 of Law No. 5060, General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), of 22 August 1972, may be executed both with resources from Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias), of 4 July 2001, and its reforms, as well as from this law and other related regulations. The ownership and powers concerning the administration of local roads (caminos vecinales), local streets, and unclassified roads shall correspond to the territorially competent local governments in the geographical area where each of those public roads is located, always under the general technical guidelines promulgated by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) as the governing and oversight body in the matter.
In addition, municipalities may invest economic resources transferred by virtue of Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of 4 July 2001, single fuel tax, in the acquisition and leasing of movable and immovable property that are necessary to meet the objectives of this law. The foregoing is amply explained by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney (Procurador Adjunto), on 03 March 2019 under communication C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONS • An email was sent to the Municipality of Cartago archives requesting information on the actions taken in the case. • There is broad regulation that supports the competence of the Municipality of Cartago to regulate antennas and sidewalk conditions. (…)”. (Report of the minister of Health and evidence provided by him).
Stephanie Oviedo, official of the Health Regulation team of Cartago, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 of 24 May 2021, indicated:
“III. CURRENT SITUATION According to your indication, the north side of the cemetery and the entrance to La Ilusión residential development in the District of Dulce Nombre, Cartago, were visited at 12:50 hours.
In both locations, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50m from houses.
Communication MS-DGS-1227-2019, of 30 April 2020, signed by the Director General, Dra. Priscilla Herrera García, indicated: “It should be noted that the support structures (towers, posts, antennas) do not require a Sanitary Operating Permit (permiso sanitario de funcionamiento, PSF).” [sic] On the other hand, Municipal regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, in force since 28/03/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. Likewise, article 6 establishes the competence of the Municipalities in the regulation of antennas.
It was not observed that the antennas obstructed passage, since they had more than 90cm of free passage (Anexo 1 and Anexo 2). The issue of sidewalks (aceras) is regulated by broad regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, which are the following:
(…)
VI.
CONCLUSIONS
• The Municipality of Cartago, under the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, Article 6, has the legal authority to regulate, close, or demolish antennas placed in the event of non-compliance with regulations.
• The antennas do not need a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), but do require a license from the Municipality of Cartago.
• The antennas located north of the cemetery and at the entrance to La Ilusión Urbanization must comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
• Refer the case to the Municipality of Cartago so that it can determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
ANNEX
Anexo 1. Antenna located on the north side of the Dulce Nombre Cemetery
Anexo 2. Antenna located at the entrance to Ilusión Urbanization, Dulce Nombre
(Evidence provided by the Minister of Health).
Andrea Anelisse Morales Fiesler, director of the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud), by official communication MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 of May 25, 2021, stated:
"Regarding this, I inform you of the following, according to what was indicated by official Stephanie Oviedo Ortega, through technical report MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021:
1. “…According to your indication, a visit was made to the north side of the cemetery and the entrance to La Ilusión Urbanization in the District of Dulce Nombre, Cartago, at 12:50 hours. In both places, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50m from houses. Official communication MS-DGS-1227-2019, of April 30, 2020, signed by the Director General, Dr. Priscilla Herrera García, indicated: “It should be noted that support structures (towers, poles, antennas) do not need a Sanitary Operating Permit (PSF).” [sic] On the other hand, the municipal Regulation: 64 of 03/17/2011, General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, in effect since 03/28/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. Likewise, Article 6 establishes the competence of the Municipalities in regulating antennas. It was not observed that the antennas obstructed passage, as they had more than 90cm of free passage (Anexo 1 and 2). The issue of sidewalks is regulated by extensive (sic) regulations where Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility…”.
2. It concludes in its report, 1. The Municipality of Cartago, under the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, Article 6, has the legal authority to regulate, close, or demolish antennas placed in the event of non-compliance with regulations. 2. The antennas do not need a Sanitary Operating Permit, but do require a license from the Municipality of Cartago. 3. The antennas located north of the cemetery and at the entrance to La Ilusión Urbanization must comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
3. Finally, it is recommended to refer the case to the Municipality of Cartago, so that it can determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
4. This Directorate, through MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, sends a response regarding the indicated amparo appeal and as part of the follow-up to this report, an email provided by municipal personnel is sent to [email protected], requesting information on the actions taken and the coordination of a joint inspection, without having received a response to date.
5. Today, I am sending an email to Mr. Mario Redondo Poveda, Mayor of the Municipality of Cartago, requesting information regarding the case, the follow-up this institution has given, as well as placing ourselves at your disposal to conduct a joint site visit.” (Evidence provided by the Minister of Health).
III.Unproven facts. Of importance for the resolution of this matter, it is deemed not demonstrated that the ICE Electrical Agency of Cartago, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy have answered official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018.
IV.Regarding the specific case. In the case at hand (sub lite), the petitioners, through a document dated May 25, 2018, but received in the Secretariat of the Chamber on May 18, 2021, file an amparo appeal against ICE, the Municipality of Cartago, MINAE, and the Ministry of Health. They challenge the construction of two telecommunications poles:
They state that this elevated antenna is invading the private properties of the neighbors adjacent to the Fuente del Divino Niño hermitage and, given the strong lightning strikes and storms in the area, as well as earthquakes, their safety would be affected, since the structure could collapse onto their homes and adjacent properties on the public road. They claim that when maintenance is performed on the antenna, their privacy would be invaded, since the workers would watch and have control over each of the neighbors. They mention that the antenna or tower for telephone services does not have the permits required by national legislation, as it is using the public sidewalk space (two meters fifty centimeters). They argue that the foregoing violates Law 7600 and the Municipal Code.
They state that in the two locations indicated in this appeal, houses exist, so if the towers collapse, they would collapse roads and private properties. They add that, because of the foregoing, human life would be endangered; furthermore, the radiation and its consequences on living beings are unknown.
They maintain that ICE should have requested permission to erect the poles from the municipal environmental unit, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health.
The petitioner Campos Mata argues that, through official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 of May 31, 2018, the situation was reported to the Electrical Agency of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Environment and Energy (November 12, 2018), the mayor of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Health (November 21, 2018), and the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). They complain that they went to various authorities to request intervention in this problem; however, no solution was provided.
The petitioner Campos Mata requests that the poles be removed from the referred sites and that studies be conducted for their relocation to places far from urban areas. He maintains that the poles have brought accessibility problems and risk to both physical integrity and health. He argues that they do not allow the passage of a wheelchair and produce visual pollution. He states that these poles would collapse in the event of an earthquake, seismic tremors, flood, tornadoes, and traffic accidents (crashing into them). He alleges a lack of technical studies and considers that the poles should have been placed in other locations. He mentions that they requested the respondent authorities to remove the pole, but they have not done so. He argues that they placed the pole on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery, which is an integral part of the Asociación Integral de Ornato of that community, but it is currently disbanded, and therefore, handed over to the Asociación Integral de Desarrollo of Dulce Nombre de Cartago.
He reproaches that the pole was placed without the endorsement of the neighbors and without consulting the managing body of the park. He claims that the poles invade the property of adjacent owners, but the municipality did not halt or suspend the works. He states that the legal permits have not been shown, even though the poles are in an urban area. He reproaches that the foregoing exposes the lives of unborn minors, as well as men and women, to sterility. He requests that the amparo appeal be granted and that the disconnection of an electrical meter placed by Jasec be ordered. He seeks to request a report from the cemetery board of directors, which has been negligent.
From the study of the case records, this Chamber deems it proven that Arturo Trejos Torres, ICE Land Management coordinator, through official communication 7127-1180-2017 of November 9, 2017, addressed to the mayor of Cartago, stated: “I respectfully inform you that ICE has included in the planning of works for the year 2017, the installation of 15 poles that support cellular equipment and through which, we will not only be expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago. In a meeting held on October 31, 2017, with the director of the UTGV, Mr. Dennis Aparicio, we delivered official communications No. 7127-1033-2017 and 7127-1025-2017, through which we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago.
I must clarify that we address the Unidad Técnica de Gestión Vial of each Municipality nationwide, since they are responsible for issuing alignment permits for this type of work on public roads (sic). Despite the fact that in the meeting held with Mr. Dennis Aparicio, it was made clear that we were going to install the poles in coordination with the UTGV, to our surprise, through official communication UTGV-OF-428-17, we are informed that our request has been forwarded to the Director of Municipal Urban Planning since this matter is its task. On Tuesday, November 7, 2017, Ms. Olga Serrano met with Mr. Juan Carlos Guzmán, Director of Municipal Urban Planning, and in the meeting, Mr. Juan Carlos made it clear that this situation is not within his competence. Due to the foregoing, I appeal to you as mayor of the Municipality in order for you to clarify to us which department or directorate we must go to in order to coordinate the installation of the mentioned poles. The concrete poles we will install are reinforced concrete structures with a height of 24 meters. In the attached table, I detail the location.
Province Cantón District Site Name Latitude Longitude Address Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 North side of the Dulce Nombre General Cemetery of Cartago (…)
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Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 meters west of the Bar Nueva Costa, on the highway towards Cóncavas.
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Justification: In Law Number 3226 of October 28, 1963, in effect and of special nature, this prerogative of the Institution is highlighted in its sense of providing telecommunications services in its third article, second paragraph. \"The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that, in the exercise of that right, it may carry out, on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... \" (The bold text is not from the original). In accordance with the above, Article 3 of that same law grants full autonomy to ICE to design and develop its activities, work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in effect, but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which amended the Law of the Regulatory Authority for Public Services, and incorporated into Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, extensively developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the vote Res. No. 01-5763-2011 mentioned.
In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter III, General Provisions, Article 19. \"No construction or buildings of any type may be made in front of existing or planned highways without prior authorization from the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way highways, adjacent owners may only have access to the highway in sectors previously designated for that purpose or through marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport. Persons who fail to comply with this article shall be subject to fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove the work carried out at their own expense, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without having to recognize any sum for damages for this reason.
Due to the foregoing, we request your collaboration in providing us with a joint visit in order to verify that we will not obstruct (sic) the Municipality's planning in said district. For any additional inquiries, contact Lic. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or email [email protected].” Official communication UTGC-OF-533-17 of November 21, 2017, from the Municipality of Cartago addressed to Arturo Trejos Torres, ICE Land Management coordinator, stated: “Subject: Your official communication 7127-1180-2017 In response to your official communication cited in the subject, through which you request a joint inspection for the installation of 15 poles at different points of the Central Canton (sic) of Cartago, and as your note dictates: “we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago”; we would like to inform you that the visits were carried out successfully jointly with the ICE officials assigned for this activity.
On November 15 and 16 of this year, the corresponding inspections of the 15 sites designated for the ICE project were carried out by Eng. Oscar (sic) García, Assistant, Sergio Umaña Redondo, assigned by this Municipal Department, and Eng. Adrián Valverde Quirós and Tec. Robert Córdoba Alvares, personnel assigned by ICE. Result of the Inspections: According to (sic) the field visits and verifications of the pole locations checked against the database comprising the Road Network of the Geographic Information System (GIS); it is determined that there are no situations that compromise road alignments, as dictated by Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter III, General Provisions, Article 19: No construction or buildings of any type may be made in front of existing or planned highways without prior authorization from the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality.
The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way highways, adjacent owners may only have access to the highway in sectors previously designated for that purpose or through marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport.” In 2018, ICE installed two poles in Dulce Nombre de Cartago supporting cellular equipment. From 8:00 a.m. to 8:00 p.m. on May 24, 2018, the pole located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery was placed; its installation was completed in that month and no new construction works have been carried out since then. The work carried out on the Bruma Azul pole in Dulce Nombre de Cartago was executed between May 7 and 31, 2018; furthermore, since that date, no new construction works have been carried out at that location.
Finally, Juan Carlos Guzmán Víquez, Municipal Director of Urban Planning, through official communication DU-OF-581-2021 of May 25, 2021, addressed to the mayor of Cartago, stated: “Regarding the cellular poles located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance to La Ilusión urbanization, there is no record of an agreement from the Public Works and Urban Planning Commission, or the Municipal Council (sic), nor is there any record of a municipal construction license (…) Finally, it is indicated that, as of the date of this report, the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has not coordinated the installation of said civil works with the Municipality, as it is obligated to do by virtue of the principle of inter-institutional coordination developed by the Constitutional Chamber in votes such as No. 5445-99 and in Article 6 of the Municipal Code, which makes ICE's actions more than reprehensible, being constitutionally and legally inadmissible.” Regarding this matter, it is important to state a priori that, in principle, it is not for this Tribunal, via the amparo proceeding, to verify the requirements that telecommunications companies (including ICE in its capacity as a subject of private law) must meet regarding the placement and development of their cellular support infrastructure for the provision of their services; likewise, it is also not within its purview to review whether the corresponding technical requirements were met in their construction, whether the permits provided for in the legal system were processed, or whether their location is adequate.
Precisely, the amparo appeal constitutes a summary channel, and these topics require a full adversarial proceeding in which the parties can present their arguments and submit the corresponding technical evidence. Note that ICE considers that it did receive municipal authorization to place the poles through official communication UTGC-OF-533-17 of November 21, 2017, while the Municipal Director of Urban Planning of Cartago, through official communication DU-OF-581-2021, stated that there was no record of any agreement from the Public Works and Urban Planning Commission or the Municipal Council, nor of municipal licenses.
Regarding compliance with requirements for the municipal authorization of telecommunications towers, this Tribunal, through judgment 2012-005866 issued at 11:08 a.m. on May 4, 2012, resolved:
“II.- On the right. The petitioner seeks for this Chamber to determine whether Claro Company fulfilled the requirements to be granted land use and, consequently, the authorization to install a cellular telecommunications tower in a park designated for recreation in Freses Urbanization in Curridabat. He adds that the park is public domain and is intended for the enjoyment and recreation of local residents, so the Municipality of Curridabat, in the event it were to grant the permit, incurs in irresponsibility because it cannot dispose of that common good. Contrary to what the petitioner believes, it is not for this Tribunal to determine whether or not there is merit for Claro Company to have been granted the land use to install the cellular telecommunications tower that he complains about, as that would mean substituting the respondent administration in the resolution of those matters, and only it can decide, based on the evidence contained in the file processing said land use application, whether there is cause to resolve favorably or not what is sought, which is why he must —if he so wishes— raise said arguments before the respondent authority itself, so that what is legally appropriate can be resolved there, or failing that, through the competent jurisdictional channels.” Regarding the absence of municipal permits for the construction of a telecommunications tower, the Chamber, through judgment No. 2013000507 issued at 9:05 a.m. on January 18, 2013, indicated:
“I.- Object of the appeal. The petitioner believes that the fundamental rights of his represented party are violated by installing a telecommunications tower without permits or municipal oversight, (…)
I.Preliminary matter. From a review of the parties' arguments, the Chamber deduces that several of the topics intended to be discussed in this amparo are not appropriate for this procedural channel, do not involve the protection of fundamental rights, and their cognizance corresponds to the administrative venue and, eventually, to the ordinary jurisdictional venue. In this sense, the appeal must be rejected insofar as it seeks to establish: a) whether the Instituto Costarricense de Electricidad has municipal authorizations to execute the works mentioned in the appeal or whether it is legally or contractually authorized to dispense with them; (…). Defining the previous topics implies controlling the legality of the activity deployed and requires the practice of evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of the amparo. Therefore, the amparo must be dismissed regarding these aspects.”
Mutatis mutandi, if this Tribunal ruled in that manner regarding telecommunications towers, in the cases at hand (marras) (poles with cellular support equipment), such criteria are applicable.
Likewise, through ruling No. 2020003144 issued at 9:30 a.m. on February 14, 2021, this Tribunal decided on the relocation of telecommunications poles:
“I.- Object of the appeal. The petitioner claims that in March 2019, he submitted a request to ICE for the relocation of a public lighting and telecommunications pole. However, they informed him that he must assume the corresponding costs for the relocation of the electrical infrastructure. Because of the foregoing, he believes his fundamental rights have been violated.
II.Regarding the specific case. With respect to the grievances raised, it is verified from the evidence provided in the file that the petitioner did not allege before ICE that the pole had a considerable tilt and there was a risk of collapse. On the contrary, in the procedure of May 8, 2019, and subsequent communications, it is verified that the petitioner reported that he was developing a construction project on the property, and the current location of the pole made full use of the infrastructure of the apartments being built impossible, since the pole obstructed access to the three garages, with the consequent economic damage this implied for the investment being executed on the site. From the foregoing, it is verified that there is a disagreement with the response provided by the respondent authority and discontent with what was indicated, the discussion of which falls outside the sphere of competence of this jurisdiction.
Now, in this case, the removal of the alleged pole is not a matter directly related to a potential violation of a fundamental right, and it is not the competence of this Tribunal to order the transfer mentioned, nor to review the value of said work, since this is a task appropriate for ordinary legality avenues. Consequently, if deemed relevant, the petitioner must, if he so wishes, raise his grievances or claims before the respondent authority itself or in the ordinary jurisdictional channels, venues where he will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert his claims. Therefore, the appeal is declared inadmissible."
However, the fact that the discussion mentioned above must be aired through ordinary channels does not exempt ICE, the Municipality of Cartago, and other competent authorities from answering the requests or inquiries for information (positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), as well as addressing the complaints and procedures in which a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons is alleged.
V.On the petition filed. In this regard, in the case under review (sub examine), a petition was filed before the respondent authorities, in which information about the poles was requested and their intervention in the denounced acts was sought, for which reference was made to situations of danger to the physical integrity and health of persons.
Before resolving this particular grievance and deciding on the merits, it must be clarified, first of all, that, starting from Judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party—, or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented —supported by the majority of this Constitutional Tribunal— because it involves a petition filed alleging situations of risk to the life and integrity of several persons, which have allegedly not been resolved within a reasonable period.
In relation to the above, the Chamber verified that the petitioners (with the exception of Juan Mena Sánchez) and others signed document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018, in which they stated: “To Mr./Ms. Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E. Instituto Nacional de Seguros. Cartago Region Eng. Carlos Manuel Rodríguez. Minister of Environment and Energy. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Mayor of the Municipality of Cartago. Dr. Guiselle Amador Minister of Health of the Republic of Costa Rica General Manager of JASEC. In the Cartago Region Subject: Request for removal of a super giant pole that is (sic) in an area not suitable (no acta) for placement Reference: Regarding a pole installed (sic) by I.C.E. behind the Divino Niño Spring. 1-Through the present petition, the undersigned Marco Vinicio Campos Mata, ID (Cedula) 303590985. And (sic) neighbors. We request by this means that you proceed to remove a VERY SUPER (sic) GIANT (sic) POLE.
They installed it behind the FUENTE DEL DIVINO NIÑO, on land that is managed by the Dulce Nombre Cemetery Board and by the Integral Ornamentation Association of this Community. This is because that post was placed without the approval of the neighbors, given that its height exceeds the boundaries of the dwellings along the public road. It is further reported that the post was placed within the two meters and fifty centimeters used for the public sidewalk for the passage of pedestrians and persons with disabilities. This includes the green zone of the little park. This with the Fuente del Divino Niño, in front of a lot that is on the northern boundary of the Cemetery. 2-There is no risk and prevention report from the I.C.E. in case said post collapses, given that this post exceeds forty meters in height, so that prevention is in place for every passerby. Moreover, in the interest of the I.C.E., it must be relocated to a suitable place that does not threaten the lives of people due to such height.
That post that was placed causes visual pollution, because of its great height, given that it is at the entrance and view of our Community from the West to East Cardinal direction on Calle los Cerrillos, and it has damaged the architectural bearing of the Fuente del Divino Niño, due to the great height that this post represents and it poses a danger that it may be knocked down by lightning, storms, earthquakes, and furthermore it endangers the Community that comes to enjoy the park with their children, and having that post in that site, should it collapse, could fall on a person or passerby, dwelling, vehicle, etc. That one might come to lament its existence. 3-The collaboration of the Public Force was requested through 911 so that they would appear at the site of interest, since the company with plate number EE34220, which holds a post whose base is kept covered with concrete, and six people with the logo of the I.C.E. company were observed performing the work of such interest and magnitude.
Therefore, it is requested that the I.C.E. Company submit the due discharge of liability by Law. 4-The I.C.E. is requested to present in writing the height of said post that was placed. And the I.C.E. is requested to report the depth at which this post was buried. 5-The I.C.E. is requested to provide a duly certified copy of everything related to this giant post that came to take away the tranquillity of the entire Community. 6-The I.C.E. is requested to provide documentary evidence of the permits from SETENA, the MUNICIPALITY OF CARTAGO, the MINISTRY OF HEALTH, and other competent Authorities, and to in turn show the conformity of the neighbors of the Community. This is also to include that this post obstructs the alignments and spaces of the Divino Niño Park in view of Law 7600. And therefore, it is requested that it be removed, taken away from that property for which it does not qualify, due to the complaint grounded in law and legality that addresses the same. 7-The I.C.E. is requested to proceed with the undersigned to set up a meeting in an objective manner, in order to proceed with the agreement to withdraw said post from the cited place.
And in writing, it is requested that they inform me under what legal provision they have placed that post on site. 8-The Authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and other respondent authorities are requested to intervene within the scope of this complaint so that the due TECHNICAL PRONOUNCEMENTS OF LEGALITY are issued to hear and assess what today moves us, so that the Authority orders the definitive withdrawal of the denounced post that was placed without evaluating measures that are appropriate to the place. Attached are Observation Records No. AO-PDN-026-05-2018. / Record No. AOPDN-032-05-2018. 9-It is further reported to the respondents that similarly, the I.C.E. has placed another post in the Direction of the Rural Guard, 25 meters South and 25 meters to the East, exactly at the entrance of the Urbanización la Ilusión, in front of a Condominium called Calzadas Coloniales.
Since that post was placed in the center of the public sidewalk, which is completely contrary to Law 7600 and to the Municipal Code itself in its Articles 75 and 76. It is unheard of that the I.C.E. has invaded this public sidewalk without any legal requirement and has caused, by a right that does not assist it, the interruption of the passage of persons and the normal movement of wheelchairs for persons with some type of disability, since before this post was not placed, everything was normal until the ICE arrived to invade and interrupt the free pedestrian transit. It is necessary to clarify that this road is within a Project of the Road Plan of the City of Cartago, Coris Paraíso, where the width of this street exceeds 20 meters in width, so when crossing the street, one could not enter the public sidewalk at the entrance of the Urbanization because the large post placed by the I.C.E. would obstruct due to the width and the inadequate placement of it, and much less could a disabled person enter the sidewalk.
Due to this unconstitutional action, having to continue and tolerate that this post remains in a space for pedestrian use and not for commercial use as they want to assert, it is therefore appropriate that they remove or relocate said post to a place that does not affect third parties by law, as on this occasion it is affected; it is thus that in said sector, traffic accidents, deaths, and other dangers would increase by the simple fact that the public sidewalk remains invaded as it currently is, when before it was not. Therefore, from this moment we hold the I.C.E. responsible for the damages that this post would generate on the site. 10.- It is requested that your response in Original and Sealed Official Letter be notified personally to the undersigned signatory at: Address Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre, District Postal Code 30109. Urbanización Clara Rosa, House # 4. Los Cerrillos, 100 meters West of the Cemetery, on Av. 40, between Calle 19. Telephone: 86-81-24-04".
From the foregoing, it is observed that the filing recorded as the "subject" the request for the removal of a post; however, upon its full reading, complaints regarding the construction of two posts are identified. Specifically, the following arguments and requests from the persons who signed it are noted: 1) The first post was placed without the approval of the neighbors and within the public sidewalk that is used by pedestrians and persons with disabilities. There is no risk and prevention report from ICE in case it collapses, since it exceeds forty meters in height. The post must be placed in another site where it does not threaten the lives of people. It generates visual pollution due to its height and damages the "architectural bearing of the Fuente del Divino Niño." There is a risk of collapse due to lightning, storms, earthquakes, and it may collapse onto persons, dwellings, or vehicles.
The post obstructs the alignments and spaces of the Divino Niño Park in terms of Law No. 7600. They request that ICE submit the due discharge of liability, report the height of the post placed and the depth to which it was buried, provide a certified copy of everything related to the post, and show the permits from SETENA, the Municipality of Cartago, the Ministry of Health, and the other authorities, as well as the conformity of the neighbors of the community. They request that the post be removed. They request the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and the other authorities to intervene so that they issue technical pronouncements of legality for the purpose of ordering the removal of the post. 2) The second post was placed in the center of the sidewalk, which is contrary to Law No. 7600 and the Municipal Code. ICE cannot invade the sidewalk nor interrupt the passage of persons, including those in wheelchairs with some disability.
Persons crossing the street cannot enter the sidewalk due to the inadequate placement of the post, much less those with any disability. The space is for pedestrian and not commercial use. They consider it appropriate that the post be removed or relocated where it does not affect third parties, since with its current location and the invasion of the public sidewalk, traffic accidents, deaths, and other dangers would increase.
Now, to determine the actions of each of the authorities to which official letter M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 was delivered, each situation will be analyzed separately.
V.1. Regarding ICE. In this regard, it is observed that ICE is not only being asked for the relocation of its posts, but also facts are being brought to its attention, questions are being posed, and documents are being requested.
With respect to the persons' requests for the relocation of telecommunications posts, this Chamber, by resolution 2017002831 of 9:30 a.m. on February 24, 2017, stated:
"III.- ON THE MERITS. This Chamber, with respect to the requests of the administered parties for the relocation of posts for electrical and telecommunications lines, has pronounced as follows:
'The appellant states that he is the owner of a property in the Condominium Hacienda San Agustín in San Francisco de Heredia, which has two electrical line posts that would somewhat limit the availability of certain areas in the construction, such as the possible garage, for which reason he requested the necessary assistance from the respondent company. However, he was told that the possible changes to resolve the problem must be at the applicant's own expense, which he considers is not a lawful situation, as such expenses should be borne by the respondent company itself. In this regard, it must be noted that this Chamber is not competent to review the appropriateness of what was decided at a technical or legal level in relation to what was resolved by the sued company, and even less to verify whether the claim required by the petitioner is appropriate, or whether it complies or not with the applicable legal or regulatory provisions, a task proper to the ordinary, administrative, or judicial route with jurisdiction.
For it is not the jurisdiction of this Court to determine, in accordance with the applicable law, how the situation raised by the petitioner should be resolved, since it is a task proper to the ordinary route, after verification of the technical criteria established for such purpose. Therefore, the petitioner must raise his disagreement or claim before the respondent authority or in the competent judicial route, avenues in which he may broadly discuss the merits of the matter and assert his claims.' (See, in a similar vein, judgments No. 2016-002466 of 9:05 a.m. on February 19, 2016, and 2016-00312 of 2:30 p.m. on January 12, 2016).
Thus, it is clear that verifying compliance with legal or technical requirements to obtain the relocation of a post corresponds to the respective administrative authorities, and this Chamber should not delve into the matter, because they are aspects of ordinary legality outside its jurisdiction. However, in this case, there is a particularity that makes the situation presented by the appellant different, and that is that he explains that the unit in front of his property is in a very deteriorated state, creating a risk that it may fall causing material damage and, furthermore, harm to people transiting the area. On this specific topic, an opportunity to be heard was granted to the General Manager of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, and that official confirmed that the post in question is not in optimal condition, stated that he was aware of the situation, and further, does not deny that it poses a risk to people transiting the area; therefore, pursuant to the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that affirmation is taken as true.
Now, to remedy that situation, the respondent company assures that the pertinent studies were carried out and, as of May 2015, it was agreed to move the post at no charge to the administered party -as appropriate according to the applicable legislation- and they have already removed the electrical energy lines, with the communications lines, which correspond to the Instituto Costarricense de Electricidad, remaining pending. However, although this Chamber considers that the Compañía Nacional de Fuerza y Luz performed some actions aimed at correcting the detected risk situation, the fact of the matter is that the imminent danger remains and, therefore, it is evident that they are insufficient to correct the situation. In fact, it was only on the occasion of the notification of the procedural resolution, made on January 19, 2017, that it coordinated with the ICE the removal of the communication lines for the subsequent removal of the post.
With respect to this point, it is necessary to explain to the respondent authority that specific obligations weigh upon it, in accordance with the principles of efficiency and efficacy -which define the right to the proper functioning of public services- and, therefore, according to its scope of jurisdiction, it must have the capacity for foresight and detection of the deterioration of the infrastructure that belongs to them, in order to avoid risk situations for administered parties. The foregoing, without reasons of a budgetary nature or, in general, the lack of material resources being justifications for non-compliance with its obligations. Thus, this Chamber must intervene, in order to restore the appellant and the persons who transit next to the post in question to the full enjoyment and exercise of their fundamental rights, without this being interpreted as an order to remove it, but rather that, in accordance with the necessary technical studies, the best way to provide a solution to the particular situation must be established. In view of the considerations set forth, the appeal is granted, in the terms set out in the operative part of this judgment.
IV.With respect to the Instituto Costarricense de Electricidad, from the report rendered by its Executive President, and not contested by the General Manager of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, it is evident that it was not until January 23, 2017, that the said company requested it to relocate the telecommunications lines in order to carry out the necessary steps to remove old posts, among them, the one cited by the appellant. Subsequently, on the following February 2, an inspection was carried out, and the distribution box was removed, and the relocation of the service lateral connections was carried out on the following February 9. For which reason, this Chamber considers that its action has been diligent in correcting the risk situation brought to its attention."
Regarding the requests for information filed with ICE concerning telecommunications, this Chamber, in judgment No. 18447-2017 of 9:45 a.m. on November 17, 2017, held:
"IV. IN REFERENCE TO THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COMMERCIAL ACTIVITY OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. CONSIDERATIONS BASED ON THE CONTENT OF ARTICLE 35 OF THE LAW ON THE STRENGTHENING AND MODERNIZATION OF PUBLIC ENTITIES IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR -LAW No. 8660-. As indicated in the preceding consideration, the right of access to information is not unrestricted, given that, like any constitutional right, it finds limits, among which may be noted the subject matter, the function of the entity, body, or institution to which the information is requested, among others. Thus, in the specific case, the right in question bears a special relationship with considerations regarding the commercial function carried out by the Instituto Costarricense de Electricidad in the field of Telecommunications, which is carried out in an open market. As such, this Chamber has recognized that the content of Article 35 of the Law on the Strengthening and Modernization of Public Entities -Law No. 8660- seeks to formalize, through the principle of statutory law reservation, the decisions of the authorities of the Instituto Costarricense de Electricidad that declare certain information as confidential, which, in the telecommunications sector, is related to the commercial line of business that the institution and its companies conduct in that market. This constitutes a kind of protection given to the sued institution in order to allow it to perform adequately within the telecommunications market, in which other competitors exist.
Having stated the above, it follows that this Chamber recognizes as valid the limitation that, reasonably and proportionally, the ICE imposes on access to information requested from it and that concerns its commercial activity in the telecommunications market. Thus, the denial of information based on the legal provision cited in this consideration does not constitute an illegitimate act that entails the violation of the right of access to information. This consideration is based on the fact that said institution traditionally provided services and carried out economic functions through a monopoly, but, currently, its regime and functions have been substantially modified, mainly from the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement, which, among its consequences, led to the opening of the telecommunications market. Thus, instruments of legislative relevance emerged, such as the General Telecommunications Law -No. 8642- and the Law on the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector -No. 8660-.
The latter introduced a series of necessary and adequate compensatory measures to prevent the opening of the market in that sector to free competition from causing serious harm or disadvantages to the public entities dedicated to that line of business, due to their public status and nature vis-à-vis competitors who assume more flexible collective organizational forms of private law -see in that regard, among others, judgment No. 2015-018209 of 9:05 a.m. on November 20, 2015, and judgment No. 2017-008985 of 2:00 p.m. on June 16, 2017-.
Based on such considerations, this Court has understood that such opening has direct implications for the right of access to administrative information, since the need for flexibility and expeditious actions means that the Instituto Costarricense de Electricidad is not subjected unrestrictedly and disproportionately to the provisions that govern the actions of the generality of public institutions and that do not exercise commercial or business functions.
In this context, the content of Article 35 of the aforementioned Law on the Strengthening and Modernization of Entities in the Telecommunications Sector is relevant, which provides as follows:
'The information that the ICE and its companies obtain from their users and clients shall be confidential and may only be used and shared between the ICE and its companies for business purposes. Its disclosure to third parties is restricted, unless requested by a legally competent authority, justifying its need and through the respective means. Information related to the activities of the ICE and its companies, classified by them as industrial, commercial, or economic secrets, is confidential when, for strategic, commercial, and competitive reasons, its disclosure to third parties is not advisable.' Regarding the provision cited, this Constitutional Chamber stated in judgment No. 2017-008985 of 2:00 p.m. on June 16, 2017, as follows:
"This legislative provision complies with the principle of statutory law reservation regarding the establishment of limits to fundamental Rights (articles 28 of the Constitution and 19 of the General Law of Public Administration). Note that the information referred to by the legislative provision is of two types, namely: a) Information that the ICE and its subsidiaries may obtain, in their commercial dealings, from their clients, which, by definition, is confidential insofar as it concerns those who provide it to obtain a service; it is even exceptionally provided that the competent authority may permit its access to third parties when its necessity is justified; and b) that information related to the activity of the ICE and its subsidiary companies that has been classified as covered by industrial, commercial, or economic secrecy, when qualified reasons of commercial or marketing strategy and, in general, for commercial or free competition reasons make it inadvisable to disclose it to third parties, because it may grant advantages to its competitors in an open market and cause harm to such entities.
The classification made by the entities themselves of certain information is subject to the principles of reasonableness and proportionality in each particular case and, obviously, depending on its nature, may be subject to review by this Chamber. The" Furthermore, specifically on Article 35 of the law in question, in the same rulings referenced, this Chamber stated:
"Article 35 of Law 8660 establishes, in accordance with Article 24 of the Political Constitution, that client and user information is confidential, and also provides a special regime that empowers the Instituto Costarricense de Electricidad to declare confidential information about its activities and those of its subsidiaries, previously classified as industrial, commercial, or economic secrets, 'when qualified reasons of commercial or marketing strategy and, in general, for commercial or free competition reasons make it inadvisable to disclose it to third parties, because it may grant advantages to its competitors in an open market and cause harm to such entities.' However, as this Court already indicated in judgment No. 2010-0226 of 11:00 a.m. on January 8, 2010, referring to the minutes of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Electricidad, these are public documents, and if they contain confidential information, it is the duty of the respondent institution to protect it and limit the right in this sense, as prescribed in Article 35 of Law No. 8660; however, this does not justify a prior challenge to all information under that assumption, which is exceptional. In a similar vein, ruling No. 2011-9455 of 8:43 a.m. on July 22, 2011, held:
'This Court considers that the respondent authority is correct in indicating that in said financial statements confidential information may be found, especially under the new context in which the Instituto Costarricense de Electricidad currently operates; however, as the respondent points out in the report provided, information related to the energy sector is indeed of public access. Therefore, as the respondent proceeded, in these cases information must be provided without prior challenge, while of course excluding information considered confidential.' In that line of reasoning, the jurisprudence of this Court is reiterated to the effect that, in relation to information from the energy sector, no legal exception operates in this matter (judgments No. 2011-6123 of 9:15 a.m. on May 13, 2011, and No. 2012-11871 of 4:01 p.m. on August 28, 2012). The confidential information of the ICE is that regarding the segments of its activity or function that have been opened to the free market, such as mobile or cellular telephony, data transmission, and internet service; it being irrelevant and legally invalid to attempt to extend it, by analogy, to other lines of activity that are not fully open to the free market. Article 35 of Law 8660 provides for the reservation of data that may place the institution at a competitive disadvantage compared to the competition..." (Emphasis added).
However, the determination of which information held by the ICE and its subsidiaries is covered by confidentiality based on commercial secrecy may be subject to constitutional review by this Constitutional Court, for which this Chamber has the jurisdiction to analyze a specific case in which access to information is denied based on such reservations. Thus, based on the preceding considerations, this Court will proceed to elucidate whether the actions complained of by the petitioner constitute a violation of the right of access to information." Now, in the case at hand, it was verified that, on November 9, 2018, the Cartago Electrical Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. However, there is no evidence of any response to that official letter on the part of this authority.
The foregoing is crucial, since there is no evidence of an express pronouncement by ICE on the points raised in the filing and, consequently, it has also not referred to the dangers set forth therein. Hence, since these dangers are not evident and manifest, what is appropriate is to declare the omission of this authority to address the filing at hand within a reasonable timeframe (note that more than two years have passed without a response), to the detriment of the rights to prompt and effective administrative justice (constitutional numeral 41), petition (constitutional Article 27), and access to information (constitutional Article 30) of the persons who signed the filing.
V.2. Regarding the Municipality of Cartago. In relation to the Municipality of Cartago, it was verified that, on October 21, 2018, it received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. The local government assigned file No. 16604 from the Services Platform to document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by official letter AM-1335-2018 of October 26, 2018, addressed to the general manager of JASEC, stated: "(...) I am forwarding, for the corresponding purposes, municipal file No. 16604, referring to a request for the removal of a post that is in an area not suitable for placement, signed by Mr. Marco Vinicio Campos Mata." On November 13, 2018, the complainant Marco Vinicio Campos Mora received official letter AM-OF-1426-2018 of November 9, 2018, signed by Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, which stated: "(...) in response to municipal files No. 16604, 16598, and 16602 regarding post placement, I am forwarding official letter GG-692-2018, signed by Eng.
Carlos Quirós Calderón, General Manager of JASEC." Official letter GG-692-2018 of November 8, 2018, from the general manager of JASEC, addressed to the Mayor of Cartago, Carlos Quirós Calderón, recorded the following: "Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 and AM-OF-1337-2018 In response to the aforementioned official letters, official letter No. SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 issued by Eng. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, is attached, in which he indicates that the post mentioned in the official letters does not belong to JASEC." Official letter SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 of November 2, 2018, from Juan Carlos Rojas Moya, engineer of JASEC, stated: "In response to official letter M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I would like to indicate that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC; it is a 24-meter post, which is commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location." In this regard, this Court observes that the response given to the filing was limited to relaying what was stated by JASEC; however, there is no evidence of any pronouncement on the denounced facts that do indeed fall within municipal jurisdictions. Hence, it is considered that the filing was not fully addressed and, consequently, the right to prompt and effective administrative justice of the persons who signed the filing is deemed violated.
V.3. Regarding the Ministry of Health. In relation to the Ministry of Health, it was verified that, on November 21, 2018, the minister's office received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. Stephanie Oviedo, an official of the Cartago Health Regulation team, by official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 of April 6, 2021, stated: "(...) III. CURRENT SITUATION (...) In relation to the background of official letter M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no information was located either physically or digitally related to the case, but there were other similar cases regarding the conditions of sidewalks and posts (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, official letter CE-ARSC-1160-2018). (...)." Stephanie Oviedo, an official of the Cartago Health Regulation team, by official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 of May 24, 2021, indicated: "III. CURRENT SITUATION In accordance with your indication, a visit was made to the north side of the cemetery and the entrance of Urbanización La Ilusión in the District of Dulce Nombre, Cartago, at 12:50 hours.
In both locations, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50 m from houses. Official communication MS-DGS-1227-2019, dated April 30, 2020, signed by the Director General, Dr. Priscilla Herrera García, stated: “It should be noted that support structures (towers, poles, antennas) do not require a Sanitary Operating Permit (PSF).” [sic] (…) It was not observed that the antennas obstructed passage, since they had more than 90 cm of free passage (Anexo 1 and 2). The issue of sidewalks is regulated by a broad (sic) set of regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, which are the following (sic): I) Law: 9329 of 10/15/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention to the Cantonal Road Network. II) Official communication C-088-2019, signed by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney, on March 3, 2019.
(…) VI. CONCLUSIONS (…) • Antennas do not require a Sanitary Operating Permit, but they do require a license from the Municipality of Cartago. (…) VII. RECOMMENDATIONS • Forward the case to the Municipality of Cartago, so that they may determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses. (…)” Andrea Anelisse Morales Fiesler, director of the Cartago Health Governing Area, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 of May 25, 2021, stated: “(…) 4. This Directorate, through MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, sends a response addressing the indicated amparo appeal and, as part of the follow-up to this report, an email is sent, provided by municipal personnel to [email protected], requesting information on the actions taken and the coordination of a joint inspection, without having received a response to date. 5. Today, I am sending an email to Mr.
Mario Redondo Poveda, Mayor of the Municipality of Cartago, requesting information regarding the case, the follow-up this institution has given it, as well as placing ourselves at your disposal to conduct a joint site visit”.
In this regard, even though after notification of the course of this amparo, the health authorities inspected the locations where the poles were erected and contacted the Municipality of Cartago, it is not apparent that any response to official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 was issued and notified. Consequently, taking into consideration the period of more than two years that has elapsed and that not even a response has been notified, the right to prompt and complete administrative justice of the persons who signed the petition is deemed violated.
V.4 Regarding the Ministry of Environment and Energy. From the court record, it is inferred that, on November 12, 2018, the office of the Minister of Environment received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. However, despite alleging situations of an environmental nature or that could be related to the scope of competence of that ministry, no formal response to that official communication is apparent. Consequently, taking into consideration the period of more than two years that has elapsed, the right to prompt and complete administrative justice of the persons who signed the petition is deemed violated.
V.5 Regarding the Administrative Board of the Municipal Electrical Service of Cartago. In the sub lite case, it is verified that, on November 9, 2018, the Document Reception Center of JASEC received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. On November 19, 2018, the petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication OPER-191-2018 of November 13, 2018, signed by the director of Operations of JASEC, in which he was informed: "Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 In response to the mentioned official communication, attached is SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 issued by Eng. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, indicating that the pole mentioned in your document does not belong to JASEC." Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 of November 13, 2018, stated: "In response to official communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint (sic) is made regarding the installation of a pole without the corresponding permit on the east side of the Divino Niño spring (fuente) in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I am permitted to indicate that the mentioned pole (behind the Divino Niño spring) does not belong to JASEC; it is a 24-meter pole, which is commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of the installation of a pole on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed pole at the cited location." In relation to the foregoing, it is apparent that JASEC responded to the petition in question, long before the filing of this appeal. Hence, the appeal against it is dismissed.
V.6. Regarding the National Insurance Institute. Regarding the National Insurance Institute, it was verified that, on October 23, 2018, the Services Platform received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. On April 8, 2021, the petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication INSCR-1688-2021 of April 8, 2021, signed by the executive director of the Cartago headquarters of the INS, by which he was informed: “(…) In this regard, we inform you that this institution has no involvement with said works, given that our activity is insurance management; and to date, our headquarters has not received any notice of an accident related to said works. On the other hand, this institution has no authority from a regulatory standpoint to intervene in said works. (…)." In this regard, even though this institution responded to the petition after notification of the course of this proceeding, from a reading of document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018, no specific request directed to the INS is apparent, and, furthermore, the facts that were presented are evidently outside the scope of its competence. Likewise, in the filing brief for this appeal, no omission of constitutional relevance was attributed to it. Ergo, the appeal against it is dismissed.
VI.Regarding the remaining allegations. The point related to the eventual violation of privacy due to the height of the poles is, prima facie, dismissed, since, in the terms set forth in the filing brief, no direct or indirect violation or threat to any fundamental right susceptible to being declared in this jurisdiction is apparent.
Regarding visual contamination, the appeal is dismissed a priori, since no relevant arguments were mentioned that would demonstrate any situation warranting the intervention of this Chamber.
Likewise, if the petitioners consider that the ICE required the approval of the community neighbors to place the poles, they may, if they so wish, raise their allegations in the ordinary administrative or jurisdictional venue.
In addition, although it is reproached that the poles encroach upon the property of adjoining owners and that the municipality did not halt or suspend the works, there is no record that any prior complaint in this sense had been filed before that authority.
On the other hand, even though it is alleged that one of the poles was placed on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery and that this board has been negligent, such an assertion was general. Hence, no action or omission that can be analyzed in this jurisdiction is apparent.
In relation to the possible violations of Law No. 7600, no person with a disability specifically affected or threatened was identified; rather, this point was formulated in a general and abstract manner.
Regarding the request for disconnection of an electrical meter installed by Jasec, this argument constitutes an isolated allegation that, in principle, is not related to the facts that are the subject of this appeal.
Finally, it is alleged that this type of telecommunications poles and antennas cause health damages; however, recently, in judgment No. 2021000193 at 9:15 a.m. on January 8, 2021, it stated:
"VI.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH. The petitioners allege that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it is necessary to bring up that the issue of the installation of telecommunications and cellular telephone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in judgment No. 2013-006649 at 10:20 a.m. on May 17, 2013, the Court ordered the following:
"ON THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONE TOWERS. Regarding the installation of cellular signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that this is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, pertains to the national orbit, and even projects into the field of Public International Law. Thus, this Court, in judgment number 015763-2011 at nine forty-six hours on November sixteenth, two thousand eleven, indicated the following:
V.IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL LEGAL ORDER. From a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure, in the matter of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, establishing itself as a matter pertaining to the national orbit with, even, projections into the field of Public International Law, as its development entails the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Court has indicated, the subject of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution indicates that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and is specifically a good belonging to the Nation, and cannot be disaffected or removed from the State's domain.
The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008 - hereinafter LGT -, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources', highlighting that the use of telecommunications infrastructures must be '(...) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services'. Precisely, the optimization, weighted use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in the matter of telecommunications obeys the manifest purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On the other hand, Article 32, subsection d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access and service and of solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure', given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, enjoying the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services.
For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest.' Such declaration has major repercussions, since it is recognized, by law, that the issue of infrastructure in this matter holds a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself into the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law.
It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties'; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict.' A consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities could be, cannot take precedence over the clear public interest of telecommunications infrastructure thus declared, expressly, by the national legislator through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, subsection 1), of the Constitution), which must prevail over local interests, given that municipal autonomy does not allow town councils to exempt themselves from what has been declared as a national interest; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or oversight that the State can exercise, through constitutional organs, through the issuance of valid and effective laws, the conclusion of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4), and 140, subsection 10), of the Political Constitution).
The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation 'for legally verified public interest.' A second consequence that is extracted from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in the matter of telecommunications has a clear and unequivocal national vocation. So, it is the State and its organs that assume the direction and steering in the matter to which all minor public entities must submit to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the necessary interconnection and connectivity that allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society.
The national legislator, far from 'localizing' the subject of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is created within the framework of the State's sectorization. It shall be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public companies that perform functions or activities related to telecommunications; according to this norm, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, since it includes the entire universe of public entities, including those that are territorially decentralized, such as municipalities.
This is how town councils cannot exempt themselves from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more patent when considering Article 39 of the cited Law, insofar as it establishes that the sector's rector shall be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, who is responsible, in exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, for the following: a) Formulating the policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinating (...) the preparation of the National Plan for the development of telecommunications (...); c) Ensuring that the Sector's policies are executed by the public and private entities participating in the Telecommunications Sector; e) Issuing the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive regulations; h) Coordinating telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensuring compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature.
Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made manifest when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Plan for the development of telecommunications,' which is defined in paragraph 1 of that numeral as (...) the instrument for planning and general orientation of the Sector and defines the goals, objectives, and priorities thereof. The legislator opted, then, to plan the subject of telecommunications at the national and not merely local or regional level. On the other hand, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendency of Telecommunications (SUTEL), which is responsible for a series of unequivocally national-level competencies; thus, according to Articles 59 and 60 of the Law Creating the ARESEP, it is responsible for (...) regulating, applying, monitoring, and controlling the legal order of telecommunications (...) for all of which it shall act in accordance with the Sector's policies, the provisions of the National Plan for the development of telecommunications, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions.' The National Plan for the Development of Telecommunications 2009-2014, for its part, establishes that 'To advance in the use of the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure in a way that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population.
In this sense, the development of infrastructure in that sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority must be given in any national project regarding ICT (...)', and later specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must attend to the following guidelines: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, allowing convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and communications security; and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the inhabitants of the country, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity (...).
It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, on a matter of clear national vocation, attempts to establish its own orientation and requirements, overriding national legislation and the instruments of Public International Law that obligate all entities that make up the State in a broad sense..." (The highlighting and underlining are not in the original).
To this is added that, at present, there is simply not enough evidence to consider that cellular telephone towers represent a danger to public health. Thus, in judgment No. 2010-014449 at eight hundred fifty-four minutes of August thirty-first, two thousand ten, it was stated:
"[…] regarding the eventual impact that the installation and operation of such towers could have on the population's health, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat coincide in their reports – which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers represents a risk or threat to people's health, and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on various occasions regarding this issue, and in the specific case of judgment number 2003-03419 at 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Court indicated:
'(…) In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde could have on the population's health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service entrusted to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the court record, it was not reliably demonstrated that there are risks to the population's health or the environment derived from exposure to those electromagnetic fields, since the Costa Rican Electricity Institute, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low.
In this regard, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks...' A position that was reiterated in judgments numbers 2004-07890 at 3:37 p.m. on July 20, 2004, and 2006-14550 at 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the evidentiary elements provided in the proceeding and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to people's health or the environment." Based on the foregoing, the petitioners must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, broadly, discuss the merits of the matter and assert their claims." Consequently, these points are dismissed.
The parties are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted only regarding the failure of the Costa Rican Electricity Institute, the Municipality of Cartago, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy to address the petition formulated. Lilliam González Cerdas, in her capacity as coordinator of the Cartago Agency of ICE, Mario Redondo Poveda, Mayor of Cartago, Daniel Salas Peraza, Minister of Health, and Franklin Paniagua Alfaro, Acting Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of FIFTEEN DAYS counted from the notification of this appeal, they address, each within the scope of competencies of the entity they represent, the petition formulated through official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018, and notify the resolution to the parties who petitioned.
The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Costa Rican Electricity Institute, the Municipality of Cartago, and the State are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify.
Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).
Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:25:43.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de junio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.o 21-005502-0007-CO, interpuesto por ABRAHAM HIDALGO GONZÁLEZ, ARACELLY VILLALTA, DINORAH MARÍA CASTRO ACEVEDO, EDWIN GERARDO ROW ARCE, EIMY MAGALY SOLANO PÉREZ, ELADIO MARTÍN CHACÓN MEZA, ELIETH PATRICIA PÉREZ MATA, ERIC IVÁN MENA MONGE, FABIO FRANCISCO GUTIÉRREZ GUILLÉN, FRANK GONZALO VILLALTA QUIRÓS, GUILLERMO ENRIQUE CONEJO TORRES, JAVIER ARCE RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN BRENES, JUAN PABLO ARCE RODRÍGUEZ, JUAN RAFAEL MENA SÁNCHEZ, LIGIA MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LUISA SOLEDAD VARGAS BARRANTES, MANUEL ANTONIO SOLANO VILLALTA, MARCO VINICIO CAMPOS MATA, MARÍA GABRIELA VILLALTA VILLALTA, MARÍA ISABEL DEL CARMEN FERNÁNDEZ HERRERA, MARÍA RAFAELA DE LA TRINIDAD QUIRÓS TORRES, MÓNICA IZAGUIRRE CAMPOS, NELSON MAURICIO BRENES ORTEGA y RANDALL GUSTAVO GERARDO HIDALGO SOLANO, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS), el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, el MINISTERIO DE SALUD y la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE CARTAGO (JASEC).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Las personas recurrentes, mediante escrito con fecha 25 de mayo de 2018 pero recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de mayo de 2021, formulan recurso de amparo contra el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud. Cuestionan la construcción de dos postes de telecomunicaciones:
Refieren que cuando se realice mantenimiento en la antena se estaría invadiendo la privacidad, ya que los trabajadores mirarían y tendrían el control de cada uno de los vecinos. Mencionan que la antena o torre para servicios telefónicos no cuenta con los permisos que exige la legislación nacional, pues está utilizando el espacio de la acera pública (dos metros cincuenta centímetros). Refieren que lo anterior contraviene la ley 7600 y el Código Municipal.
Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso existen casas, por lo que si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos.
Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud.
Arguye el accionante Campos Mata que, por oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (8 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), el ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), el alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la ministra de Salud (21 de noviembre de 2018) y el gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (9 de noviembre de 2018). Reclama que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema; sin embargo, no se brindó solución alguna.
Pide el recurrente Campos Mata que los postes sean retirados de los sitios referidos y se hagan los estudios para su reubicación en lugares lejanos a la zona urbana. Sostiene que los postes han traído problemas de accesibilidad y riesgo tanto a la integridad física como a la salud. Aduce que no permite el paso de una silla de ruedas y produce contaminación visual. Refiere que estos postes colapsarían en caso de terremoto, temblores sísmicos, inundación, tornados y accidentes de tránsito (choque con estos). Acusa falta de estudios técnicos y considera que los postes se tuvieron que colocar en otros sitios. Menciona que pidieron a las autoridades recurridas que se quitaran el poste, pero no lo han hecho. Aduce que pusieron el poste en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre, que es parte integral de la Asociación Integral de Ornato de esa comunidad; sin embargo, esta se encuentra desintegrada, por lo que fue entregada a la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago.
Reprocha que el poste se colocó sin el aval de los vecinos ni consultar al órgano administrador del parque. Refiere que los postes invaden la propiedad de los colindantes, pero la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras. Manifiesta que no se han mostrado los permiso legales, pese a que los postes están en zona urbana. Reprocha que lo anterior expone la vida de menores en gestación, así como a hombres y mujeres a la esterilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene la desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec. Pretende que se solicite informe a la junta directiva del cementerio que ha sido omisa.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1033-2017 de 25 de octubre de 2017 dirigido al director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y al director de Urbanismo Municipal, ambos de la Municipalidad de Cartago, indicó:
“De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 8 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago.
Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
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Justificación:
En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo.
"El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original).
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado.
En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19.
"No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.
En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito.
Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1180-2017 de 9 de noviembre de 2017 dirigido al alcalde de Cartago, señaló:
“De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 15 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago.
En reunión sostenida el día 31 de octubre del 2017 con el director de la UTGV, Don Dennis Aparicio le entregamos los oficios N⸰ 7127-1033-2017 y 7127-1025-2017, mediante los cuales solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplan con la Ley 7600 en cuanto a las medidas de aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago.
Debo de aclarar que nos dirigimos a la Unidad Técnica de Gestión Vial de cada Municipalidad a nivel nacional, ya que son los responsables de extender los alineamientos para este tipo de trabajos en vía (sic) públicas.
A pesar de que en la reunión sostenida con Don Dennis Aparicio se le dejo claro que íbamos a instalar los postes en coordinación con la UTGV, para nuestra sorpresa mediante el oficio UTGV-OF-428-17 se nos informa que nuestra solicitud ha sido traslada a la Dirección de Urbanismo Municipal ya que es tarea de ésta este asunto.
El día martes 7 de noviembre del 2017 la señora Olga Serrano se reunió con Don Juan Carlos Guzmán, Director de Urbanismo Municipal y en la reunión Don Juan Carlos dejó en claro que esta situación no es de su competencia.
En razón de lo anterior recurro a su persona como alcalde de la Municipalidad con el fin de que nos aclare a que departamento o dirección debemos recurrir para coordinar la instalación de los postes en mención.
Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros.
En la tabla adjunta detallo ubicación.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
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Justificación:
En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo.
"El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original).
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado.
En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19.
"No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.
En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito.
Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
El oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017 de la Municipalidad de Cartago dirigido a Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, consignó:
“Asunto: Su oficio 7127-1180-2017 En atención a su oficio que se cita en el asunto, mediante el cual, nos solicita la inspección en conjunto para la instalación de 15 postes en distintos puntos del Cantón Centra (sic) de Cartago, y tal como lo dicta su nota: “solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplen con la Ley 7600 en cuanto a medidas de Aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago”; nos permitimos indicar que las visitas se realizaron de forma exitosa en conjunto con los funcionarios del ICE asignados para esta actividad.
El pasado 15 y 16 de Noviembre del presente año se llevaron acabo (sic) las debidas inspecciones a los 15 sitios destinados para el proyecto del ICE, por parte del Ing. Oscar (sic) García, Asistente, Sergio Umaña Redondo, asignados por parte de esta Dependencia Municipal y el Ing. Adrián Valverde Quirós y Tec. Robert Córdoba Alvares, personal asignado por el ICE.
Resultado de las Inspecciones:
De acuerdo a (sic) las visitas de campo y comprobaciones de la localización de los postes verificadas en la base de datos que componen la Malla Vial del Sistema de Información Geográfica (GIS); se determina que no existen situaciones que comprometan alineamientos viales, según lo dicta la Ley N⸰ 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo III, Disposiciones Generales, Artículo 19:
No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política, más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes sólo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
En 2018, el ICE instaló dos postes en Dulce Nombre de Cartago con soporte equipo celular. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE y prueba aportada). De las 8:00 a las 20:00 horas de 24 de mayo de 2018 se colocó el poste ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago; en ese mes se finalizó su instalación y desde ese entonces no se han hecho nuevas obras constructivas. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE). Los trabajos realizados en el poste Bruma Azul en Dulce Nombre de Cartago se ejecutaron entre el 7 y el 31 de mayo de 2018; además, desde esa fecha no se han efectuado nuevas obras constructivas en esa ubicación. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE). Juan Carlos Guzmán Víquez, director de Urbanismo Municipal, por oficio DU-OF-581-2021 de 25 de mayo de 2021 dirigido al alcalde de Cartago, manifestó:
“Con relación a los postes celulares que se asienta al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y en la entrada de la urbanización La Ilusión, no consta acuerdo de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, o del Consejo (sic) Municipal, así como no consta licencia municipal de construcción Respecto de las excavaciones “…200 metros al este del puente piedra del río Toyogres, camino a Cóncavas, el personal del ICE está realizando excavaciones como las denunciadas y se está construyendo sin los requerimientos legales, ya que rompieron el cordón del caño, la acera y la zona verde exigida en la Ley de Construcciones…”, la inspección sobre lo denunciado se efectuó el día de hoy 24 de mayo del año en curso por los inspectores de construcciones Manuel Hernández Cerdas y Juan Campos Lascarez quienes no apreciaron las alegadas excavaciones en la dirección indicada.
Cabe aclarar que dichas obras referentes a los postes celulares fueron clausuradas.
Finalmente, se indica que a la fecha del presente informe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ha coordinado con la Comuna la instalación de dichas obras civiles, como está obligado en virtud del principio de coordinación interinstitucional desarrollado por la Sala Constitucional en votos como el N°5445-99 y en el artículo 6 del Código Municipal, lo que hace más que reprochable el actuar del ICE que es constitucional y legalmente improcedente”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
Las personas recurrentes (con excepción de Juan Mena Sánchez) y otras firmaron el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, en el que señalaron:
“Señores (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E.
Instituto Nacional de Seguros. Región Cartago Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Ministro de Ambiente y Energía. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Alcalde de la Municipalidad de Cartago.
Dra. Guiselle Amador Ministra del Ministerio de Salud de la República de Costa Rica Gerente General de JASEC. En la Región de Cartago Asunto: Solicitud de retiro de un poste súper gigante que esta (sic) en un área no acta (sic) para ubicar Referente: De un poste que instalo (sic) el I.C.E. detrás de la Fuente del Divino Niño.
1-Por el presento ocurso el suscrito Marco Vinicio Campos Mata Cedula (sic) 303590985. Y (sic) vecinos. Les solicitamos por este medio que se proceda a retirar un POSTE MUY SUPER (sic) JIGANTE (sic). Que instalaron detrás de la FUENTE DEL DIVINO NIÑO, en un terreno que es Administrado por la Junta del Cementerio de Dulce Nombre, como por la Asociación Integral de Ornato de esta Comunidad. Toda vez que ese poste fue colocado sin el aval de los vecinos en atención que supera su altura con las colindancias de las viviendas entre la vía pública. Se denuncia además que el poste fue colocado dentro de los dos metros y cincuenta centímetros que son utilizados para la acera pública como al paso de los peatones y personas discapacitadas. En la que se incluye la zona verde del parquecito. Esto con la Fuente del Divino Niño, frente a un terreno que esta (sic) en la colindancia Norte del Cementerio 2-No existe un informe de riesgo y prevención por parte del I.C.E. en caso que dicho poste colapse toda vez que ese poste supera más de los cuarenta metros de altura para que sea prevención en favor de todo transeúnte. Mas el mismo de ser interés del I.C.E. debe reubicarse en un lugar acto que no tiente (sic) contra la vida de las personas por tal altura.
Ese poste que fue colocado ocasiona contaminación visual, por la gran altura de este en vista que esta (sic) en la entrada y vista de nuestra Comunidad por el Cardinal Oeste a Este calle los cerrillos y le ha dañado el porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño, por tan altura que este poste representa y pone peligro a que el mismo sea desplomado por los rayos, tormentas, temblores y además pone en peligro a la Comunidad que viene a disfrutar con sus hijos del parque y tener ese poste en ese sitio y colapse ocasionando le caiga alguna persona o transeúnte, vivienda, vehículo, etc. Que llegue a lamentar la existencia del mismo 3-Se solicito (sic) la colaboración de la Fuerza Publica (sic) a través del 91 1 con el fin se presentaran al sitio de interés toda vez que la empresa mincho placa EE34220 la cual sostiene un poste que en su base se mantiene cubierta con concreto y se observa a seis personas con el logotipo de la empresa I.C.E. realizando el trabajo de tal interés y magnitud. Por lo que se solicita para que la Empresa I.C.E. presente el debido descargo de responsabilidad por Ley.
4-Se solicita al I.C.E. Para que presente por escrito la altura de dicho poste que colocado. Y se solicita al I.C.E. que informe el hondo (sic) en que este poste quedo enterrado.
5-Se solicita al I.C.E. que extienda copia debidamente certificada de lo relacionado a este poste gigante que nos vino a quitar la tranquilidad de toda la Comunidad.
6-Se solicita al I.C.E. que por documental muestre los permisos de SETENA, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, MINISTERIO DE SALUD y demás Autoridades competentes y que a su vez muestre la conformidad de los vecinos de la Comunidad. Toda vez también e incluir que este poste estorba en los alineamientos y espacios del Parque del Divino Niño en vista a la Ley 7600. Y por lo tanto se solicita sea removido quitado de ese bien al que no califica por la denuncia fundada a derecho y legalidad que atiende la misma.
7-Se solicita al I.C.E. Se proceda con el suscrito para asentar una reunión de la manera objetiva con: el fin se proceda con la conformidad para retirar dicho poste del lugar citado. Y por escrito se solicita me informe bajo que (sic) norma legal ha colocado ese poste en sitio.
8-Se solicita a las Autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Cartago, y a demás (sic) recurridas para que intervengan dentro de lo que cabe de esta denuncia con el fin se emitan los debidos pronunciamientos TECNICOS (sic) DE LEGALIDAD para escuchar y valorar lo que hoy nos viene a conmover para que se ordene por Autoridad el definitivo retiro del poste denunciado que fue colocado sin valorar las medidas que ayuden a lugar. Se adjunta Actas de Observación # AO-PDN-026-05-2018. / Acta # AOPDN-032-05-2018.
9-Se sigue denunciando ante los recurridos que de igual forma el I.C.E. Ha colocado otro poste en la Dirección de la Guardia Rural 25 metros al Sur y 25 metros al cardinal Este, exactamente en la entrada de la Urbanización la Ilusión, frente de un Condominio llamado Calzadas Coloniales. Puesto que ese poste fue colocado en el centro de la acera publica, pues es todo lo contrario basado en la ley 7600 y al mismo Código Municipal en su (sic) Artículos 75 y 76. En la que es inaudito que el I.C.E. haya invadido esta acera publica sin algún requerimiento legal y haber ocasionado por un derecho que no le asiste interrumpir el paso de personas como el ruedo normal de sillas de ruedas, por personas que están con al algún tipo de discapacidad, toda vez que antes que este poste no se colocara todo estaba con normalidad hasta que llego (sic) el ICE a invadir e interrumpir, el libre transito (sic) peatonal.
Es menester aclarar que esta vialidad está dentro de un Proyecto del Plan Vial de la Ciudad de Cartago, Coris Paraíso en la que el ancho de esta calle supera los 20 metros de ancho por lo que al cruzar la calle no podría ingresar a la cera (sic) publica en la entrada de la Urbanización porque el super (sic) poste colocado por el I.C.E. estorbaría por el ancho y la inadecuada ubicación de este y muchos menos una persona discapacitada podría ingresar a la acera. Por esta acción de inconstitucionalidad, al tener que seguir y tolerar que ese poste continúe en un espacio para uso peatonal y no para uso comercial como lo quiere hacer valer por ello es procedente que retire o reubique dicho poste en un lugar que no afecte por ley a terceros como en esta ocasión esta (sic) afectado (sic) es así que en dicho sector aumentarían los accidentes de tránsito las muertes y demás peligrosidad por el simple hecho que la acera púbica sigue invadida como lo está en la actualidad cuando antes no lo estada. Por lo que desde este momento responsabilizamos al I.C.E. de los daños que este poste regeneraría (sic) en el sitio.
En relación con la Municipalidad de Cartago: El 21 de octubre de 2018, la Municipalidad de Cartago recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El gobierno local le asignó el expediente n.⸰ 16604 de la Plataforma de Servicios al documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. (Informe del alcalde de Cartago). El alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, por oficio AM-1335-2018 de 26 de octubre de 2018 dirigido al gerente general de JASEC, indicó:
“(…) me permito remitir para los efectos que corresponda expediente municipal No. 16604, referido a solicitud de retiro de poste que esté en un área no apta para ubicar, suscrito por el señor Marco Vinicio Campos Mata”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El 13 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio AM-OF-1426-2018 de 9 de noviembre de 2018 firmado por el alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, con el cual se le expuso:
“(…) en atención a los expedientes municipales No. 16604, 16598, y 16602 referente a colocación poste, me permito remitir oficio GG-692-2018, suscrito por el Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General JASEC”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El oficio GG-692-2018 de 8 de noviembre de 2018 del gerente general de JASEC dirigido al alcalde de Cartago Carlos Quirós Calderón, consignó lo siguiente:
“Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 y AM-OF-1337-2018 En atención a los oficios supra mencionados, se adjunta oficio N⸰ SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ en el cual indica que el poste mencionado en los oficios no pertenece a JASEC”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 de 2 de noviembre de 2018 de Juan Carlos Rojas Moya, ingeniero de JASEC, señaló:
“En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
En relación con el Instituto Nacional de Seguros: El 23 de octubre de 2018, la Plataforma de Servicios del INS recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El 8 de abril de 2021, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio INSCR-1688-2021 de 8 de abril de 2021 firmado por la directora ejecutiva de la sede de Cartago del INS, con el cual se le expuso:
“(…)
Al respecto le informamos que esta institución no tiene ninguna injerencia con dichas obras, dado que nuestra actividad es la gestión aseguradora; y a la fecha nuestra sede no ha recibido ningún aviso de accidente relacionado con dichas obras. Por otra parte, esta institución no tiene autoridad desde el punto de vista normativo para intervenir en dichos trabajos.
(…)”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad: El 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). En relación con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago: El 9 de noviembre de 2018, el Centro de Recepción de Documentos de JASEC recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El 19 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio OPER-191-2018 de 13 de noviembre de 2018 suscrito por el director de la Operaciones de JASEC, en el que se le indicó:
“Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 En atención al oficio en mención, se adjunta SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ, en el que indica que el poste mencionado en su documento no pertenece a JASEC”. (Prueba aportada por el gerente general de JASEC).
El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 de 13 de noviembre de 2018, señaló:
“En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”. (Prueba aportada por el gerente general de JASEC).
En relación con el Ministerio de Ambiente y Energía: El 12 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Ambiente recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). Antonio Orozco Barrantes, en su condición de jefe de la Oficina Subregional de Cartago del SINAC, por oficio SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 de 24 de mayo de 2021, dispuso:
“(…)
El día 24 de Mayo del 2021, se procedió ir a las direcciones que se menciona en el recurso de amparo 21-005502-0007-CO, con el fin de tener un panorama más claro de los hechos descritos, al llegar a la dirección mencionada, no se encontraron evidencia de que los trabajos que se realizaron requieran permisos por parte de SINAC, los trabajos descritos y observados el día 24 de Mayo, los trabajos descritos en el recurso de amparo no hacen mención a corta de árboles o trabajos dentro de área de protección de ríos, quebradas o nacientes, (…).
(…), lo que se encontró fue la instalación de una torre celular, a la entrada de la urbanización la Ilusión, referente a los trabajos en el sector del río Toyogres, lo que se encontró fue una zanja de aproximadamente 60 cm de ancho, 1 m de profundidad, por 8 m de largo, esta zanja se ubica paralela a la carretera en la calzada, tampoco se observó corta de árboles.
Conclusiones
(…)
2. En el SITADA no hay reporte de denuncia por tala de árboles en los alrededores del Cementerio de Dulce Nombre.
3. En las direcciones proporcionadas por los recurrentes en el recurso de amparo 21- 005502-0007-CO, no se observaron evidencia de los daños ambientales dentro de las competencias del SINAC (Tala de árboles, invasiones a área de protección)”. (Prueba aportada por el ministro de Ambiente y Energía).
En relación con el Ministerio de Salud: El 21 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Salud recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 de 6 de abril de 2021, señaló:
“(…) III. SITUACION ACTUAL (…) Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). Se conversó con los funcionarios Manuel Solano Orozco, abogado y Manuel Martínez Zeledón, supervisor de inspectores, ambos del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, con el fin de ampliar los conocimientos sobre el caso y coordinar de forma conjunta una inspección al sitio donde se localiza la antena instalada por el ICE. El Sr. Manuel Martínez indicó que el caso tuvo que haber sido atendido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, y que para solicitar información de las gestiones realizadas por la Municipalidad se debía enviar un correo electrónico a [email protected] Con relación a lo anterior, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones.
Ese mismo reglamento en el artículo 6 otorga a la Municipalidad de Cartago la potestad de regular, clausurar, demoler, registrar las torres entre otras actividades, que se transcribe a continuación: Artículo 6º-Le corresponde a la Municipalidad: a. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que toda Obra Constructiva, instalación, ampliación y modificación a las Obras Constructivas, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón. b. Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las Licencias Municipales a que se refiere este reglamento. c. Clausurar y demoler las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento. d. Llevar un registro de las torres, postes, y demás estructuras para redes y/o sistemas de telecomunicación, que se encuentren ya instaladas y o en trámite de solicitud de autorización de construcción o de explotación, en la jurisdicción del cantón para el control y planificación interna. e. Emitir los certificados de uso del suelo que se le presenten en esta materia. f. Considerar y solicitar los criterios y lineamientos técnicos que la SUTEL establezca en ejercicio de su competencia, con el propósito de coordinar y procurar un adecuado equilibrio entre los intereses nacionales de desarrollo del servicio de las telecomunicaciones y los intereses locales representados por la Municipalidad. g. Propiciar mecanismos de resolución alterna de conflictos que pudieren presentarse en esta materia.
Por otro lado, el tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, como se transcribe a continuación: I) Ley: 9329 del 15/10/2015, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal: ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.
Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley. Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, salvo la inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, como de la presente ley y demás normativa conexa.
La titularidad y las potestades concernientes a la administración de los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados, corresponderá a los gobiernos locales territorialmente competentes en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas cada una de esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector y fiscalizador en la materia. Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. Lo anterior, es ampliamente explicado por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, el 03 de marzo de 2019 bajo el oficio C-088-2019.
(…) VI. CONCLUSIONES • Se envío un correo a archivo de la Municipalidad de Cartago solicitando información de las gestiones realizadas ante el caso. • Existe una amplía (sic) normativa que respalda la competencia de la Municipalidad de Cartago regular las antenas y condiciones de las aceras. (…)”. (Informe del ministro de Salud y prueba aportada por él).
Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 de 24 de mayo de 2021, indicó:
“III. SITUACION (sic) ACTUAL De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas.
En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas.
El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] Por otro lado, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 6 establece la competencia de las Municipalidades en la regulación de las antenas.
No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, las cuales son las siguiente (sic):
(…)
•La Municipalidad de Cartago según el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, artículo 6 tiene la facultad legal para regular, clausurar o demoler las antenas colocadas en caso de incumplimiento a la normativa.
•Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago.
•Las antenas ubicadas al norte del cementerio y en la entrada de la Urbanización La Ilusión deben cumplir con Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
• Trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
ANEXO
Anexo 1. Antena ubicada al costado norte del Cementerio de Dulce Nombre
Anexo 2. Antena ubicada en la entrada de la Urbanización Ilusión, Dulce Nombre
(Prueba aportada por el ministro de Salud).
Andrea Anelisse Morales Fiesler, directora del Área Rectora de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 de 25 de mayo de 2021, indicó:
“Al respecto le informo lo siguiente y de acuerdo con lo indicado por la funcionaria Stephanie Oviedo Ortega, mediante informe técnico MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021:
1. “…De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas. En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas. El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] Por otro lado, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 6 establece la competencia de las Municipalidades en la regulación de las antenas. No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad…”.
2. Concluye en su informe, 1. La Municipalidad de Cartago según el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, artículo 6 tiene la facultad legal para regular, clausurar o demoler las antenas colocadas en caso de incumplimiento a la normativa. 2. Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago. 3.Las antenas ubicadas al norte del cementerio y en la entrada de la Urbanización La Ilusión deben cumplir con Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
3. Finalmente, se recomienda trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
4. Esta Dirección, mediante MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, remite respuesta de atención al recurso de amparo indicado y como parte del seguimiento de este informe, se emite un correo electrónico facilitado por personal municipal a [email protected], solicitando información sobre las acciones realizadas y la coordinación de una inspección conjunta, sin recibir a la fecha una respuesta.
5. El día de hoy, remito correo electrónico al Sr. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipalidad de Cartago, solicitando información referente al caso, el seguimiento que ha dado esta institución, así como ponernos a su disposición para realizar visita conjunta al sitio”. (Prueba aportada por el ministro de Salud).
III.Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado que la Agencia Eléctrica del ICE de Cartago, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía hubieren contestado el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018.
IV.Sobre el caso concreto. En el sub lite, las personas recurrentes, mediante escrito con fecha 25 de mayo de 2018 pero recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de mayo de 2021, formulan recurso de amparo contra el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud. Cuestionan la construcción de dos postes de telecomunicaciones:
Expresan que esa antena elevada está invadiendo las propiedades privadas de los vecinos colindantes a la ermita Fuente del Divino Niño y, ante los fuertes rayos y tormentas de la zona, así como con los temblores, se estaría afectando la seguridad de ellos, toda vez que la estructura podría colapsar sobre sus viviendas y colindancias en la vía pública. Refieren que cuando se realice mantenimiento en la antena se estaría invadiendo la privacidad, ya que los trabajadores mirarían y tendrían el control de cada uno de los vecinos. Mencionan que la antena o torre para servicios telefónicos no cuenta con los permisos que exige la legislación nacional, pues está utilizando el espacio de la acera pública (dos metros cincuenta centímetros). Refieren que lo anterior contraviene la ley 7600 y el Código Municipal.
Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso existen casas, por lo que si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos.
Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud.
Arguye el accionante Campos Mata que, por oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (8 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), el ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), el alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la ministra de Salud (21 de noviembre de 2018) y el gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (9 de noviembre de 2018). Reclama que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema; sin embargo, no se brindó solución alguna.
Pide el recurrente Campos Mata que los postes sean retirados de los sitios referidos y se hagan los estudios para su reubicación en lugares lejanos a la zona urbana. Sostiene que los postes han traído problemas de accesibilidad y riesgo tanto a la integridad física como a la salud. Aduce que no permite el paso de una silla de ruedas y produce contaminación visual. Refiere que estos postes colapsarían en caso de terremoto, temblores sísmicos, inundación, tornados y accidentes de tránsito (choque con estos). Acusa falta de estudios técnicos y considera que los postes se tuvieron que colocar en otros sitios. Menciona que pidieron a las autoridades recurridas que se quitaran el poste, pero no lo han hecho. Aduce que pusieron el poste en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre, que es parte integral de la Asociación Integral de Ornato de esa comunidad; sin embargo, esta se encuentra desintegrada, por lo que fue entregada a la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago.
Reprocha que el poste se colocó sin el aval de los vecinos ni consultar al órgano administrador del parque. Refiere que los postes invaden la propiedad de los colindantes, pero la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras. Manifiesta que no se han mostrado los permiso legales, pese a que los postes están en zona urbana. Reprocha que lo anterior expone la vida de menores en gestación, así como a hombres y mujeres a la esterilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene la desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec. Pretende que se solicite informe a la junta directiva del cementerio que ha sido omisa.
Del estudio de los autos esta Sala tiene por demostrado, que Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1180-2017 de 9 de noviembre de 2017 dirigido al alcalde de Cartago, señaló: “De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 15 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago. En reunión sostenida el día 31 de octubre del 2017 con el director de la UTGV, Don Dennis Aparicio le entregamos los oficios N⸰ 7127-1033-2017 y 7127-1025-2017, mediante los cuales solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplan con la Ley 7600 en cuanto a las medidas de aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago.
Debo de aclarar que nos dirigimos a la Unidad Técnica de Gestión Vial de cada Municipalidad a nivel nacional, ya que son los responsables de extender los alineamientos para este tipo de trabajos en vía (sic) públicas. A pesar de que en la reunión sostenida con Don Dennis Aparicio se le dejo claro que íbamos a instalar los postes en coordinación con la UTGV, para nuestra sorpresa mediante el oficio UTGV-OF-428-17 se nos informa que nuestra solicitud ha sido traslada a la Dirección de Urbanismo Municipal ya que es tarea de ésta este asunto. El día martes 7 de noviembre del 2017 la señora Olga Serrano se reunió con Don Juan Carlos Guzmán, Director de Urbanismo Municipal y en la reunión Don Juan Carlos dejó en claro que esta situación no es de su competencia. En razón de lo anterior recurro a su persona como alcalde de la Municipalidad con el fin de que nos aclare a que departamento o dirección debemos recurrir para coordinar la instalación de los postes en mención. Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros. En la tabla adjunta detallo ubicación.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Justificación: En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo. "El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original). En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado.
En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19. "No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.
En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito. Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. El oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017 de la Municipalidad de Cartago dirigido a Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, consignó: “Asunto: Su oficio 7127-1180-2017 En atención a su oficio que se cita en el asunto, mediante el cual, nos solicita la inspección en conjunto para la instalación de 15 postes en distintos puntos del Cantón Centra (sic) de Cartago, y tal como lo dicta su nota: “solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplen con la Ley 7600 en cuanto a medidas de Aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago”; nos permitimos indicar que las visitas se realizaron de forma exitosa en conjunto con los funcionarios del ICE asignados para esta actividad.
El pasado 15 y 16 de Noviembre del presente año se llevaron acabo (sic) las debidas inspecciones a los 15 sitios destinados para el proyecto del ICE, por parte del Ing. Oscar (sic) García, Asistente, Sergio Umaña Redondo, asignados por parte de esta Dependencia Municipal y el Ing. Adrián Valverde Quirós y Tec. Robert Córdoba Alvares, personal asignado por el ICE. Resultado de las Inspecciones: De acuerdo a (sic) las visitas de campo y comprobaciones de la localización de los postes verificadas en la base de datos que componen la Malla Vial del Sistema de Información Geográfica (GIS); se determina que no existen situaciones que comprometan alineamientos viales, según lo dicta la Ley N⸰ 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo III, Disposiciones Generales, Artículo 19: No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente.
Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política, más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes sólo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. En 2018, el ICE instaló dos postes en Dulce Nombre de Cartago con soporte equipo celular. De las 8:00 a las 20:00 horas de 24 de mayo de 2018 se colocó el poste ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago; en ese mes se finalizó su instalación y desde ese entonces no se han hecho nuevas obras constructivas. Los trabajos realizados en el poste Bruma Azul en Dulce Nombre de Cartago se ejecutaron entre el 7 y el 31 de mayo de 2018; además, desde esa fecha no se han efectuado nuevas obras constructivas en esa ubicación.
Finalmente, Juan Carlos Guzmán Víquez, director de Urbanismo Municipal, por oficio DU-OF-581-2021 de 25 de mayo de 2021 dirigido al alcalde de Cartago, manifestó: “Con relación a los postes celulares que se asienta al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y en la entrada de la urbanización La Ilusión, no consta acuerdo de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, o del Consejo (sic) Municipal, así como no consta licencia municipal de construcción (…) Finalmente, se indica que a la fecha del presente informe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ha coordinado con la Comuna la instalación de dichas obras civiles, como está obligado en virtud del principio de coordinación interinstitucional desarrollado por la Sala Constitucional en votos como el N°5445-99 y en el artículo 6 del Código Municipal, lo que hace más que reprochable el actuar del ICE que es constitucional y legalmente improcedente”.
Sobre el particular, a priori es importante manifestar que, en principio, no le corresponde a este Tribunal, en la vía del amparo, verificar los requisitos que deben cumplir las empresas de telecomunicaciones (incluido el ICE en su capacidad de sujeto de derecho privado) en cuanto a la colocación y desarrollo de su infraestructura de soporte celular para la prestación de sus servicios; asimismo, tampoco le compete revisar si se cumplieron los requerimientos técnicos correspondientes en su construcción, si se tramitaron los permisos previstos en el ordenamiento jurídico, o bien, si su ubicación es adecuada. Precisamente, el recurso de amparo constituye un cauce sumario y estos temas requieren de un amplio contradictorio en el que las partes puedan plantear sus alegatos y evacuar la prueba técnica correspondiente. Nótese que el ICE considera que sí recibió la autorización municipal para colocar los postes por medio del oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017, mientras que el director de Urbanismo Municipal de Cartago, por oficio DU-OF-581-2021, consignó que no constaba acuerdo alguno de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo o del Concejo Municipal, ni tampoco licencias municipales.
En cuanto al cumplimiento de requisitos para la autorización municipal de torres de telecomunicaciones, este Tribunal, por sentencia 2012-005866 de las 11:08 horas de 4 de mayo de 2012, resolvió:
“II.- Sobre el derecho. El recurrente pretende que esta Sala determine si la Empresa Claro cumplió los requisitos para que se le otorgue el uso de suelo, y consecuentemente la autorización para instalar una torre de telecomunicaciones celular en un parque destinado a la recreación en Urbanización Freses de Curridabat. Agrega que el parque es de dominio público y esta (sic) hecho para el disfrute y recreación de los vecinos del lugar, por lo que la Municipalidad de Curridabat en eventual caso que otorgara permiso incurre en irresponsabilidad porque no puede disponer de ese bien común. A contrario de lo que considera el petente, a este Tribunal no le corresponde determinar si existe o no mérito para que se le haya otorgado el uso de suelo a la Empresa Claro para instalar la torre de telecomunicaciones celular que reclama, pues ello implicaría sustituir a la administración recurrida en la resolución de esos extremos, y sólo es ella la que puede decidir conforme a los elementos de convicción que consten en el expediente en que se tramita dicha solicitud de uso de suelo, si existe motivo para resolver favorablemente o no lo que pretende, motivo por el cual, deberá -si a bien lo tiene- plantear dichos alegatos ante la propia autoridad recurrida, a fin de que allí se resuelva lo que en derecho corresponda, o en su defecto, en la vía jurisdiccional competente”.
Sobre la ausencia de permisos municipales para la construcción de torre de telecomunicaciones, la Sala, mediante sentencia n.⸰ 2013000507 de las 9:05 horas de 18 de enero de 2013, indicó:
“I.- Objeto del recurso. Estima el recurrente que se lesionan los derechos fundamentales de su representada al instalar una torre de telecomunicaciones sin permisos ni fiscalización municipal, (…)
I.Cuestión preliminar. Del examen de los argumentos de las partes, deduce la Sala que varios de los temas que se pretende discutir en el presente amparo no son propios de esta vía procesal, no implican la tutela de derechos fundamentales y su conocimiento corresponde a la sede administrativa y, eventualmente, a la jurisdiccional ordinaria. En este sentido, el recurso debe rechazarse en cuanto se pretende establecer: a) si el Instituto Costarricense de Electricidad cuenta con autorizaciones municipales para ejecutar las obras que se dice en el recurso o si está legal o contractualmente autorizado a prescindir de ellas; (…). Definir los anteriores temas implica controlar la legalidad de la actividad desplegada y requiere la práctica de diligencias probatorias incompatibles con el carácter sumario del amparo. Por ello, sobre estos aspectos debe desestimarse el amparo”.
Mutatis mutandi, si este Tribunal se pronunció de ese manera en relación con las torres de telecomunicaciones, en los casos de marras (postes con equipo de soporte celular) resultan aplicables tales criterios.
Asimismo, por resolución n.⸰ 2020003144 de las 9:30 horas de 14 de febrero de 2021, este Tribunal dispuso sobre la reubicación de postes de telecomunicaciones:
“I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que en marzo de 2019 presentó ante el ICE, una solicitud para la reubicación de un poste de alumbrado público y telecomunicaciones. Sin embargo, le comunicaron que debía asumir los costos correspondientes para la reubicación de la infraestructura eléctrica. Por lo anterior, estima violentados sus derechos fundamentales.
II.Sobre el caso concreto. Respecto a los agravios expuestos, se constata de la prueba aportada al expediente que el recurrente no alegó ante el ICE que el poste tuviera una inclinación considerable y existiera el riesgo de colapsar. Por el contrario, en la gestión del 8 de mayo de 2019 y posteriores comunicaciones, se verifica que el accionante informó que estaba desarrollando un proyecto constructivo en la propiedad, y con la ubicación actual del poste se imposibilitaba el uso pleno de la infraestructura de los apartamentos que se estaba construyendo, ya que el poste obstruía el acceso a las tres cocheras, con el consecuente perjuicio económico que ello implicaba para la inversión que estaba ejecutando en el sitio. De lo anterior, se verifica que existe una disconformidad con la respuesta brindada por la autoridad recurrida y el descontento con lo indicado, cuya discusión resulta ajena al ámbito de competencia de esta jurisdicción.
Ahora bien, en este caso la remoción del poste alegado, no es una cuestión que se relacione directamente con una eventual violación a un derecho fundamental y, no es competencia de este Tribunal ordenar se realice el traslado al que hace mención, así como, revisar el valor de dicho trabajo, toda vez que se trata de una labor propia de la vías de legalidad ordinarias. En consecuencia, de considerarlo pertinente, el gestionante deberá plantear, si a bien lo tiene, sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Ergo, el recurso se declara inadmisible”.
No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas.
V.Sobre la gestión planteada. Al respecto, en el sub examine, se planteó una gestión ante las autoridades recurridas, en la que se requirió información de los postes y se solicitó su intervención en los hechos denunciados, para lo cual se hizo referencia a situaciones de peligro para la integridad física y salud de las personas.
Previo a resolver este agravio en particular y conocer por el fondo, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia n.⸰ 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una gestión formulada en la que se alegan situaciones de riesgo para la vida e integridad de varias personas, la cual presuntamente no han sido resueltas dentro de un plazo razonable.
En relación con lo anterior, la Sala comprobó, que las personas accionantes (con excepción de Juan Mena Sánchez) y otras firmaron el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, en el que señalaron: “Señores (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E. Instituto Nacional de Seguros. Región Cartago Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Ministro de Ambiente y Energía. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Alcalde de la Municipalidad de Cartago. Dra. Guiselle Amador Ministra del Ministerio de Salud de la República de Costa Rica Gerente General de JASEC. En la Región de Cartago Asunto: Solicitud de retiro de un poste súper gigante que esta (sic) en un área no acta (sic) para ubicar Referente: De un poste que instalo (sic) el I.C.E. detrás de la Fuente del Divino Niño. 1-Por el presento ocurso el suscrito Marco Vinicio Campos Mata Cedula (sic) 303590985. Y (sic) vecinos.
Les solicitamos por este medio que se proceda a retirar un POSTE MUY SUPER (sic) JIGANTE (sic). Que instalaron detrás de la FUENTE DEL DIVINO NIÑO, en un terreno que es Administrado por la Junta del Cementerio de Dulce Nombre, como por la Asociación Integral de Ornato de esta Comunidad. Toda vez que ese poste fue colocado sin el aval de los vecinos en atención que supera su altura con las colindancias de las viviendas entre la vía pública. Se denuncia además que el poste fue colocado dentro de los dos metros y cincuenta centímetros que son utilizados para la acera pública como al paso de los peatones y personas discapacitadas. En la que se incluye la zona verde del parquecito. Esto con la Fuente del Divino Niño, frente a un terreno que esta (sic) en la colindancia Norte del Cementerio 2-No existe un informe de riesgo y prevención por parte del I.C.E. en caso que dicho poste colapse toda vez que ese poste supera más de los cuarenta metros de altura para que sea prevención en favor de todo transeúnte.
Mas el mismo de ser interés del I.C.E. debe reubicarse en un lugar acto que no tiente (sic) contra la vida de las personas por tal altura. Ese poste que fue colocado ocasiona contaminación visual, por la gran altura de este en vista que esta (sic) en la entrada y vista de nuestra Comunidad por el Cardinal Oeste a Este calle los cerrillos y le ha dañado el porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño, por tan altura que este poste representa y pone peligro a que el mismo sea desplomado por los rayos, tormentas, temblores y además pone en peligro a la Comunidad que viene a disfrutar con sus hijos del parque y tener ese poste en ese sitio y colapse ocasionando le caiga alguna persona o transeúnte, vivienda, vehículo, etc. Que llegue a lamentar la existencia del mismo 3-Se solicito (sic) la colaboración de la Fuerza Publica (sic) a través del 91 1 con el fin se presentaran al sitio de interés toda vez que la empresa mincho placa EE34220 la cual sostiene un poste que en su base se mantiene cubierta con concreto y se observa a seis personas con el logotipo de la empresa I.C.E. realizando el trabajo de tal interés y magnitud.
Por lo que se solicita para que la Empresa I.C.E. presente el debido descargo de responsabilidad por Ley. 4-Se solicita al I.C.E. Para que presente por escrito la altura de dicho poste que colocado. Y se solicita al I.C.E. que informe el hondo (sic) en que este poste quedo enterrado. 5-Se solicita al I.C.E. que extienda copia debidamente certificada de lo relacionado a este poste gigante que nos vino a quitar la tranquilidad de toda la Comunidad. 6-Se solicita al I.C.E. que por documental muestre los permisos de SETENA, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, MINISTERIO DE SALUD y demás Autoridades competentes y que a su vez muestre la conformidad de los vecinos de la Comunidad. Toda vez también e incluir que este poste estorba en los alineamientos y espacios del Parque del Divino Niño en vista a la Ley 7600. Y por lo tanto se solicita sea removido quitado de ese bien al que no califica por la denuncia fundada a derecho y legalidad que atiende la misma. 7-Se solicita al I.C.E.
Se proceda con el suscrito para asentar una reunión de la manera objetiva con: el fin se proceda con la conformidad para retirar dicho poste del lugar citado. Y por escrito se solicita me informe bajo que (sic) norma legal ha colocado ese poste en sitio. 8-Se solicita a las Autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Cartago, y a demás (sic) recurridas para que intervengan dentro de lo que cabe de esta denuncia con el fin se emitan los debidos pronunciamientos TECNICOS (sic) DE LEGALIDAD para escuchar y valorar lo que hoy nos viene a conmover para que se ordene por Autoridad el definitivo retiro del poste denunciado que fue colocado sin valorar las medidas que ayuden a lugar. Se adjunta Actas de Observación # AO-PDN-026-05-2018. / Acta # AOPDN-032-05-2018. 9-Se sigue denunciando ante los recurridos que de igual forma el I.C.E. Ha colocado otro poste en la Dirección de la Guardia Rural 25 metros al Sur y 25 metros al cardinal Este, exactamente en la entrada de la Urbanización la Ilusión, frente de un Condominio llamado Calzadas Coloniales.
Puesto que ese poste fue colocado en el centro de la acera publica, pues es todo lo contrario basado en la ley 7600 y al mismo Código Municipal en su (sic) Artículos 75 y 76. En la que es inaudito que el I.C.E. haya invadido esta acera publica sin algún requerimiento legal y haber ocasionado por un derecho que no le asiste interrumpir el paso de personas como el ruedo normal de sillas de ruedas, por personas que están con al algún tipo de discapacidad, toda vez que antes que este poste no se colocara todo estaba con normalidad hasta que llego (sic) el ICE a invadir e interrumpir, el libre transito (sic) peatonal. Es menester aclarar que esta vialidad está dentro de un Proyecto del Plan Vial de la Ciudad de Cartago, Coris Paraíso en la que el ancho de esta calle supera los 20 metros de ancho por lo que al cruzar la calle no podría ingresar a la cera (sic) publica en la entrada de la Urbanización porque el super (sic) poste colocado por el I.C.E. estorbaría por el ancho y la inadecuada ubicación de este y muchos menos una persona discapacitada podría ingresar a la acera.
Por esta acción de inconstitucionalidad, al tener que seguir y tolerar que ese poste continúe en un espacio para uso peatonal y no para uso comercial como lo quiere hacer valer por ello es procedente que retire o reubique dicho poste en un lugar que no afecte por ley a terceros como en esta ocasión esta (sic) afectado (sic) es así que en dicho sector aumentarían los accidentes de tránsito las muertes y demás peligrosidad por el simple hecho que la acera púbica sigue invadida como lo está en la actualidad cuando antes no lo estada. Por lo que desde este momento responsabilizamos al I.C.E. de los daños que este poste regeneraría (sic) en el sitio. 10.- Se solicita que su respuesta en Oficio Original y Sellada sea notificada de forma personal al suscrito firmante al: Domicilio Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre Código Postal de Distrito 30109. Urbanización Clara Rosa, Casa # 4. Los Cerrillos 100 metros al Oeste del Cementerio, en Av. 40, entre calle 19. Teléfono: 86-81-24-04”.
De lo anterior se observa que la gestión consignó como “asunto” la solicitud de retiro de un poste; sin embargo, de su lectura íntegra se identifican reproches en cuanto a la construcción de dos postes. Puntualmente, se aprecian los siguientes argumentos y solicitudes de las personas que la suscribieron: 1) El primer poste se colocó sin el aval de los vecinos y dentro de la acera pública que es utilizada por peatones y personas con discapacidad. No hay informe de riesgo y prevención del ICE en caso de que colapse, ya que supera los cuarenta metros de altura. El poste debe colocarse en otro sitio donde no atente contra la vida de las personas. Genera contaminación visual por su altura y le daña el “porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño”. Hay riesgo de desplome por rayos, tormentas, temblores y puede colapsar sobre personas, viviendas o vehículos. El poste estorba los alineamientos y espacios del parque del Divino Niño en cuanto a la ley n.⸰ 7600.
Solicitan al ICE que se presente el debido descargo, se informe la altura del poste colocado y la profundidad a la que se enterró, se entregue una copia certificada de lo relacionado con el poste y se muestren los permisos de SETENA, la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud y las demás autoridades, así como la conformidad de los vecinos de la comunidad. Piden que sea removido el poste. Solicitan al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y las demás autoridades que intervengan con el fin de que emitan pronunciamientos técnicos de legalidad a los efectos de que se ordene el retiro del poste. 2) El segundo poste se colocó en el centro de la acera, lo cual es contrario a la ley n.⸰ 7600 y al Código Municipal. El ICE no puede invadir la acera ni interrumpir el paso de las personas, entre ellas las que están en silla de ruedas con alguna discapacidad. Las personas que cruzan la calle no pueden ingresar a la acera debido a la inadecuada colocación del poste, mucho menos las que tengan alguna discapacidad.
El espacio es para uso peatonal y no comercial. Estiman que es procedente que se retire o reubique el poste donde no afecte a terceros, ya que con su ubicación actual y la invasión de la acera pública, aumentarían los accidentes de tránsito, las muertes y los otros peligros.
Ahora, para determinar las actuaciones de cada una de las autoridades a las que se les entregó el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018, se analizará cada situación por separado.
V.1. Sobre el ICE. Al respecto, se observa que al ICE no solo se le está pidiendo la reubicación de sus postes, sino que también le están poniendo en conocimiento hechos, planteando preguntas y solicitando documentos.
En cuanto a las solicitudes de las personas para la reubicación de postes de telecomunicaciones, la Sala, por resolución 2017002831 de las 9:30 horas de 24 de febrero de 2017, señaló:
“III.- SOBRE EL FONDO. Esta Sala, respecto a las solicitudes de los administrados para la reubicación de postes de tendido electrónico y telecomunicaciones, se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“El recurrente expone que es propietario de una finca en el Condominio Hacienda San Agustín de San Francisco de Heredia, la cual cuenta con dos postes de tendido eléctrico que limitarían un poco la disponibilidad de ciertas áreas en la construcción, como lo es, el posible garaje, razón por la cual, solicitó a la empresa recurrida la ayuda necesaria. Sin embargo, se le respondió que los posibles cambios para la solución del problema, deben correr por cuenta propia del solicitante, lo cual considera no es una situación a derecho, pues dichos gastos, deberían correr por cuenta de la propia empresa recurrida. Al respecto, debe indicarse que a esta Sala no le compete revisar la procedencia de lo dispuesto a nivel técnico o legal en relación a lo resuelto por parte de la empresa accionada, y menos aún verificar, si la pretensión requerida por el accionante es procedente, o si se ajusta o no, a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional competente.
Pues no es competencia de este Tribunal determinar, de conformidad con la ley aplicable, de qué forma debe resolverse la situación planteada por el gestionante, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común, previa verificación de los criterios técnicos establecidos para tal efecto. Por ello, deberá el gestionante plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones”.
(Véanse en similar sentido las sentencias No. 2016-002466 de las 9:05 horas del 19 de febrero de 2016 y 2016-00312 de las 14:30 horas del 12 de enero de 2016).
Así, resulta claro que, la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la reubicación de un poste, corresponde a las autoridades administrativas respectivas, sin que esta Sala deba incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. No obstante, en este caso, existe una particularidad que hace diferente la situación expuesta por el recurrente y es que explica que la unidad que está frente a su propiedad está muy deteriorada por lo que existe peligro de que se caiga causando daños materiales y, además, a las personas que transitan la zona. Sobre este tema en particular, se le concedió audiencia al Gerente General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y, ese funcionario, confirmó que el poste en cuestión no está en óptimas condiciones, refiere que tenía conocimiento de la situación y, además, no niega que ponga en riesgo a las personas que transitan la zona, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por cierta esa afirmación.
Ahora bien, para solucionar esa situación, la compañía recurrida asegura que se realizaron los estudios pertinentes y, desde mayo de 2015, se acordó mover el poste sin ningún cobro para el administrado –como corresponde según la legislación aplicable- y ya retiraron las líneas de energía eléctrica, quedando pendientes las líneas de comunicaciones, que le corresponden al Instituto Costarricense de Electricidad. No obstante, si bien, considera esta Sala que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizó algunas actuaciones tendentes a corregir la situación de riesgo detectada, lo cierto, del caso es que el peligro inminente permanece y, por ende, es evidente que las mismas resultan insuficientes para corregir la situación. Incluso, no fue sino con ocasión a la notificación de la resolución de curso, realizada el 19 de enero de 2017, que coordinó con el ICE el retiro de las líneas de comunicación para, posteriormente, hacer el retiro del poste.
En cuanto a este extremo, es necesario explicarle a la autoridad recurrida que sobre ella pesan obligaciones específicas, de conformidad con los principios de eficiencia y eficacia –que delimitan el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos- y, por ende, según el ámbito de su competencia, debe tener capacidad de previsión y de detección del deterioro de la infraestructura que les pertenece, en aras de evitar situaciones de riesgo para los administrados. Lo anterior, sin que las razones de naturaleza presupuestaria o, en general, la falta de recursos materiales, puedan ser justificantes para el incumplimiento de sus obligaciones. Así, esta Sala debe intervenir, con el fin de restablecer al recurrente y a las personas que transitan junto al poste en cuestión, en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, sin que ello sea interpretado como una orden para retirarlo, sino que, de conformidad con los estudios técnicos necesarios, deberá establecerse cual en la mejor manera de brindar una solución a la situación particular. En vista de las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
IV.Respecto al Instituto Costarricense de Electricidad, del informe rendido por su Presidente Ejecutivo y no rebate el Gerente General del Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se desprende que no fue sino hasta el 23 de enero de 2017, que la referida compañía le solicitó reubicar las líneas de telecomunicaciones a efecto de realizar los trámites necesarios para retirar postes viejos, entre ellos, el que refiere el recurrente. Posteriormente, el 2 de febrero siguiente, se realizó una inspección y se retiró la caja de dispersión y, la relocalización de las acometidas se efectuó el 9 de de (sic) febrero siguiente. Razón por la cual, considera esta Sala que su actuación ha sido diligente en corregir la situación de riesgo puesta en su conocimiento”.
Sobre las solicitudes de información planteadas ante el ICE referidas a telecomunicaciones, la Sala, en la sentencia n.⸰ 18447-2017 de las 9:45 horas de 17 de noviembre de 2017, dispuso:
“IV. EN REFERENCIA AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. CONSIDERACIONES A PARTIR DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES –LEY N° 8660-. Tal como se indicó en el considerando anterior, el derecho de acceso a la información no es irrestricto, siendo que, como todo derecho constitucional, encuentra límites, dentro de los que se puede señalar la materia, la función del ente, órgano o institución a la que se le solicita la información, entre otros. Así,. en el caso concreto, el derecho en cita guarda una especial relación con consideraciones respecto de la función mercantil que realiza el Instituto Costarricense de Electricidad en materia de Telecomunicaciones, la cual se desarrolla en un mercado abierto. De tal forma, la Sala ha reconocido que el contenido del artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas -Ley N° 8660-, busca revestir de formalidad, mediante el principio de reserva de ley, las decisiones de las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad que declaran como confidencial cierto tipo de información que, en el tema de telecomunicaciones, guarda relación con el giro comercial que la institución y sus empresas realizan en ese mercado.
Esto, constituye como una especie de protección que se le brinda a la institución accionada con el fin de de (sic) permitir que se desempeñe adecuadamente dentro del mercado de telecomunicaciones, en el que existes otros competidores.
Dicho lo anterior, se tiene que la Sala reconoce como válida la limitación que, razonable y proporcionalmente, el ICE imponga al acceso a la información que se le solicite y que concierne a su actividad mercantil en el mercado de telecomunicaciones. De tal forma, la denegación de información con base a la norma legal citada en este considerando, no corresponde a un acto ilegítimo que conlleve la lesión del derecho de acceso a la información. Esta consideración parte de que dicha institución, tradicionalmente prestó servicios y desarrolló funciones de carácter económico mediante el monopolio, pero, en la actualidad, su régimen y sus funciones se han visto sustancialmente modificadas, principalmente a partir del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana que, dentro de sus consecuencias, tuvo la apertura del mercado de telecomunicaciones. De tal forma que surgieron instrumentos de relevancia legislativa, tales como la Ley General de Telecomunicaciones -N° 8642- y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones -N° 8660-.
Esta última, introdujo una serie de medidas compensatorias necesarias y adecuadas para evitar que la apertura del mercado de ese sector a la libre competencia, le cause a los entes públicos dedicados a ese giro serios perjuicios o desventajas, por su condición y naturaleza pública frente a los competidores que asumen formas de organización colectiva del Derecho privado más flexibles -ver en ese sentido, entre otras, sentencia N° 2015-018209 de las 9:05 horas de 20 de noviembre de 2015 y sentencia N° 2017-008985 de las 14:00 horas de 16 de junio de 2017- A partir de tales consideraciones, este Tribunal ha entendido que tal apertura tiene implicaciones directas en el derecho de acceso a la información administrativa, pues la necesidad de flexibilidad y de actuaciones expeditas, equivale a que el Instituto Costarricense de Electricidad no sea sometido de forma irrestricta y desproporcionada, a las disposiciones que rigen las actuaciones de la generalidad de instituciones públicas y que no ejercen funciones mercantiles o empresariales.
En este contexto, resulta de relevancia el contenido del artículo 35 de la mencionada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones, el cual dispone lo siguiente:
“La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, para los fines del negocio. Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por los medios respectivos. Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.” Respecto de la norma en cita, esta Sala Constitucional indicó en sentencia N° 2017-008985 de las 14:00 horas de 16 de junio de 2017, lo siguiente:
"Esta norma legislativa cumple con el principio de reserva de ley en materia de establecimiento de límites a los Derechos fundamentales (artículos 28 de la Constitución y 19 de la Ley General de la Administración Pública). Nótese que la información a la que se refiere la norma legislativa es de dos tipos, a saber: a) La que puedan obtener el ICE y sus subsidiarias, en sus relaciones comerciales, de sus clientes, la que, por definición es información confidencial en tanto atañe a éstos quienes la brindan para obtener un servicio; incluso se prevé, excepcionalmente, que la autoridad competente permita su acceso a terceros cuando se justifique su necesidad; y b) aquella información relacionada con la actividad del ICE y sus empresas subsidiarias que se haya calificado cubierta por el secreto industrial, comercial o económico, cuando razones calificadas de estrategia comercial o de mercadeo y, en general, por razones comerciales o de libre competencia no resulte conveniente divulgarla a terceros, por cuanto, puede otorgarle ventajas a sus competidores en un mercado abierto y acarrearle perjuicios a tales entidades.
La calificación que hacen las propias entidades de una determinada información pasa por los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso particular y, obviamente, según la naturaleza de la misma puede ser objeto de control por esta Sala. La Además, concretamente sobre el artículo 35 de la ley en cita, en los mismos fallos referidos, la Sala indicó:
“El artículo 35 de la Ley 8660 establece, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política, que es confidencial la información de clientes y usuarios, y además prevé un régimen especial, que faculta al Instituto Costarricense de Electricidad a declarar confidencial información sobre sus actividades y las de sus subsidiarias, previamente calificada como secreto industrial, comercial o económico, “cuando razones calificadas de estrategia comercial o de mercadeo y, en general, por razones comerciales o de libre competencia no resulte conveniente divulgarla a terceros, por cuanto, puede otorgarle ventajas a sus competidores en un mercado abierto y acarrearle perjuicios a tales entidades”. Sin embargo, tal y como ya señaló este Tribunal en la sentencia N.2010-0226, de las 11:00 horas del 8 de enero del 2010, refiriéndose a las actas del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, se trata de documentos públicos, y si contienen información confidencial, es un deber de la institución recurrida tutelarla y limitar el derecho en este sentido, según lo preceptúa el artículo 35 de la Ley N.8660, sin embargo, ello no justifica un cuestionamiento previo de toda la información bajo dicho supuesto, que resulta excepcional. En similar sentido, el voto N.2011-9455 de las 8:43 horas del 22 de julio del 2011, señaló:
“Considera este Tribunal que lleva razón la autoridad recurrida en indicar que en dichos estados financieros se pueda encontrar información confidencial, máxime bajo el nuevo contexto que opera actualmente el Instituto Costarricense de Electricidad; no obstante, tal y como lo señala el recurrido en el informe aportado, la información relacionada con el sector de energía sí es de acceso público. Por lo tanto, tal y como procedió el recurrido, en estos casos se debe facilitar la información sin cuestionamiento previo, eso sí excluyendo la información que se considere confidencial.” En esa tesitura, es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que, con relación a la información del sector energía, no opera ninguna excepción legal en esta materia (sentencias N.2011-6123 de las 9:15 horas del 13 de mayo de 2011 y N.2012-11871 de las 16:01 horas del 28 de agosto de 2012). La información confidencial del ICE es aquella respecto de los segmentos de su actividad o función que han sido abiertos al libre mercado, como el caso de la telefonía móvil o celular, la transmisión de datos y el servicio de internet, siendo inconducente y jurídicamente inválido que se pretenda extender, por analogía, a otros renglones de actividad que no están plenamente abiertos al libre mercado. El artículo 35 de la Ley 8660 prevé la reserva de datos que puedan dejar en desventaja competitiva al instituto frente a la competencia…” (Énfasis añadidos).
No obstante, la determinación de cuál información que ostenta el ICE y sus subsidiarias está cubierta por la confidencialidad a partir del secreto comercial, puede ser sometido al control de constitucionalidad por parte de esta Jurisdicción Constitucional, para lo cual, esta Sala cuenta con la competencia para analizar un caso concreto en el que se deniegue el acceso a la información con fundamento en tales reservas. De tal forma, a partir de las consideraciones anteriores, este Tribunal entrará a dilucidar si las actuaciones demandas por el petente, corresponden a una vejación del derecho de acceso a la información”.
Ahora, en el caso de marras, se comprobó, que, el 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Sin embargo, no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad.
Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella. De ahí que, al no ser estos peligros evidentes y manifiestos, lo que corresponde es que se declare la omisión de esta autoridad de atender la gestión de marras dentro de un plazo razonable (nótese que han transcurrido más de dos años sin respuesta), en perjuicio de los derechos de justicia administrativa pronta y cumplida (numeral 41 constitucional), petición (artículo 27 constitucional) y acceso a la información (ordinal 30 constitucional) de las personas que suscribieron la gestión.
V.2. Sobre la Municipalidad de Cartago. En relación con la Municipalidad de Cartago se comprobó, que el 21 de octubre de 2018 recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El gobierno local le asignó el expediente n.⸰ 16604 de la Plataforma de Servicios al documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. El alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, por oficio AM-1335-2018 de 26 de octubre de 2018 dirigido al gerente general de JASEC, indicó: “(…) me permito remitir para los efectos que corresponda expediente municipal No. 16604, referido a solicitud de retiro de poste que esté en un área no apta para ubicar, suscrito por el señor Marco Vinicio Campos Mata”. El 13 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio AM-OF-1426-2018 de 9 de noviembre de 2018 firmado por el alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, con el cual se le expuso: “(…) en atención a los expedientes municipales No. 16604, 16598, y 16602 referente a colocación poste, me permito remitir oficio GG-692-2018, suscrito por el Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General JASEC”.
El oficio GG-692-2018 de 8 de noviembre de 2018 del gerente general de JASEC dirigido al alcalde de Cartago Carlos Quirós Calderón, consignó lo siguiente: “Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 y AM-OF-1337-2018 En atención a los oficios supra mencionados, se adjunta oficio N⸰ SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ en el cual indica que el poste mencionado en los oficios no pertenece a JASEC”. El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 de 2 de noviembre de 2018 de Juan Carlos Rojas Moya, ingeniero de JASEC, señaló: “En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”.
Al respecto, este Tribunal observa que la respuesta a la gestión otorgada se limitó a trasladar lo manifestado por JASEC; empero, no consta pronunciamiento alguno sobre los hechos acusados que sí corresponden a las competencias municipales. De ahí que se considera que no se atendió de forma completa la gestión y, en consecuencia, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.3. Sobre el Ministerio de Salud. En relación con el Ministerio de Salud se comprobó que, el 21 de noviembre de 2018, el despacho del ministro recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 de 6 de abril de 2021, señaló: “(…) III. SITUACION ACTUAL (…) Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). (…)”. Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 de 24 de mayo de 2021, indicó: “III. SITUACION (sic) ACTUAL De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas.
En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas. El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] (…) No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, las cuales son las siguiente (sic): I) Ley: 9329 del 15/10/2015, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. II) Oficio C-088-2019, suscrito por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, el 03 de marzo de 2019.
(…) VI. CONCLUSIONES (…) •Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago. (…) VII. RECOMENDACIONES • Trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. (…)” Andrea Anelisse Morales Fiesler, directora del Área Rectora de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 de 25 de mayo de 2021, indicó: “(…) 4. Esta Dirección, mediante MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, remite respuesta de atención al recurso de amparo indicado y como parte del seguimiento de este informe, se emite un correo electrónico facilitado por personal municipal a [email protected], solicitando información sobre las acciones realizadas y la coordinación de una inspección conjunta, sin recibir a la fecha una respuesta. 5.
El día de hoy, remito correo electrónico al Sr. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipalidad de Cartago, solicitando información referente al caso, el seguimiento que ha dado esta institución, así como ponernos a su disposición para realizar visita conjunta al sitio”.
Al respecto, aun cuando luego de la notificación del curso de este amparo, las autoridades de salud inspeccionaron los lugares en los que se levantaron los postes y se pusieron en contacto con la Municipalidad de Cartago, no se aprecia que se haya emitido y notificado alguna respuesta al oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. En consecuencia, tomando en consideración el plazo de más de dos años transcurrido y que aún ni siquiera se ha notificado alguna respuesta, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.4 Sobre el Ministerio de Ambiente y Energía. De los autos se colige que, el 12 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Ambiente recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. No obstante, pese a que se alegan situaciones índole ambiental o que podrían estar relacionadas con ámbito de competencia de ese ministerio, no se aprecia alguna respuesta formal a ese oficio. En consecuencia, tomando en consideración el plazo de más de dos años transcurrido, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.5 Sobre la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. En el sub lite se comprueba que, el 9 de noviembre de 2018, el Centro de Recepción de Documentos de JASEC recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El 19 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio OPER-191-2018 de 13 de noviembre de 2018 suscrito por el director de la Operaciones de JASEC, en el que se le indicó: “Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 En atención al oficio en mención, se adjunta SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ, en el que indica que el poste mencionado en su documento no pertenece a JASEC”. El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 de 13 de noviembre de 2018, señaló: “En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”.
En relación con lo anterior, se aprecia que JASEC contestó la gestión de marras, mucho tiempo antes de la interposición de este recurso. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra.
V.6. Sobre el Instituto Nacional de Seguros. En cuanto al Instituto Nacional de Seguros se comprobó que, el 23 de octubre de 2018, la Plataforma de Servicios recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El 8 de abril de 2021, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio INSCR-1688-2021 de 8 de abril de 2021 firmado por la directora ejecutiva de la sede de Cartago del INS, con el cual se le expuso: “(…) Al respecto le informamos que esta institución no tiene ninguna injerencia con dichas obras, dado que nuestra actividad es la gestión aseguradora; y a la fecha nuestra sede no ha recibido ningún aviso de accidente relacionado con dichas obras. Por otra parte, esta institución no tiene autoridad desde el punto de vista normativo para intervenir en dichos trabajos. (…)”.
Al respecto, aun cuando esta institución contestó la gestión luego de la notificación del curso de este proceso, de la lectura del documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 no se aprecia alguna solicitud concreta dirigida al INS y, además, los hechos que se expusieron son evidentemente ajenos al ámbito de su competencia. Asimismo, en el escrito de interposición de este recurso no se le atribuyó alguna omisión de relevancia constitucional. Ergo, se declara sin lugar el recurso en su contra.
VI.Sobre los restantes alegatos. El extremo relacionado con la eventual violación a la privacidad debido a la altura de los postes, prima facie se desestima, ya que, en los términos planteados en el escrito de interposición, no se aprecia alguna violación o amenaza directa o indirecta a algún derecho fundamental susceptible de ser declarado en esta jurisdicción.
En cuanto a la contaminación visual, a priori se declara sin lugar el recurso, toda vez que no se mencionaron argumentos relevantes que evidenciaran alguna situación que amerite la intervención de la Sala.
Asimismo, si los recurrentes consideran que el ICE requería el aval de los vecinos de la comunidad para colocar los postes, podrán, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria.
En adición, si bien se reprocha que los postes invaden la propiedad de los colindantes y que la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras, no consta que se hubiere planteado previamente alguna denuncia en ese sentido ante esa autoridad.
Por otra parte, aun cuando se acusa que uno de los postes se puso en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre y que esta ha sido omisa, tal aseveración fue general. De ahí que no se aprecia alguna acción u omisión que pueda ser analizada en esta jurisdicción.
En relación con las eventuales violaciones a la ley n.⸰ 7600, no se identificó alguna persona con discapacidad concretamente afectada o amenazada, sino que este extremo se formuló de manera general y abstracta.
Sobre la solicitud de desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec, este argumento constituye un alegato aislado que, en principio, no se relaciona con los hechos el objeto de este recurso.
Finalmente, se acusa que este tipo de postes y antenas de telecomunicaciones producen daños a la salud; sin embargo, recientemente, en la sentencia n.⸰ 2021000193 de las 9:15 horas de 8 de enero de 2021, señaló:
“VI.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD. Los recurrentes acusan que la torre de telecomunicación cuestionada violentan su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, es menester traer a colación, que el tema de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el sentencia No. 2013-006649 de las 10:20 horas del 17 de mayo de 2013, el Tribunal dispuso lo siguiente:
“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:
V.IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado.
La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT).
De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’.
Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ‘como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto’. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política).
La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público legalmente comprobado’. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades.
Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza.
Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («) para todo lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’.
El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («).
Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio...” (El resaltado y subrayado no es del original).
A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:
“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:
‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos.
Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’ Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.
Por lo expuesto, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones”.
En consecuencia, se declaran sin lugar estos extremos.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso solo en cuanto a la omisión del Instituto Costarricense de Electricidad, la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, de atender la gestión formulada. Se ordena a Lilliam González Cerdas, Mario Redondo Poveda, Daniel Salas Peraza y Franklin Paniagua Alfaro, por su orden coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE, alcalde de Cartago, ministro de Salud y ministro a.i. de Ambiente y Energía, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias que, dentro del plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de la notificación de este recurso, atiendan, cada uno dentro del ámbito de competencias de su representada, la gestión formulada mediante el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 con fecha 31 de mayo de 2018 y se notifique lo resuelto a las partes que la gestionaron.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad, a la Municipalidad de Cartago y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
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