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Res. 13168-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/06/2021
OutcomeResultado
The amparo is partially granted as it was found that ICE, the Municipality of Cartago, MINAE and the Ministry of Health failed to respond within a reasonable time to the residents' petition, violating their rights of petition and prompt administrative justice; regarding ICE, the right of access to information was also infringed. The remaining claims are dismissed.El recurso se declara parcialmente con lugar al constatarse que el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud omitieron atender dentro de un plazo razonable la gestión presentada por los vecinos, violentando sus derechos de petición y justicia administrativa pronta y cumplida; respecto al ICE además se afectó el derecho de acceso a la información. Se desechan el resto de alegatos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by residents of Dulce Nombre de Cartago against ICE, the Municipality, MINAE and the Ministry of Health, regarding the installation of two telecommunications poles. Petitioners alleged invasion of public sidewalks, tree felling, risk of structural collapse, visual pollution and lack of permits. The Chamber ruled that it was not competent in amparo to review technical requirements or permits, matters belonging to ordinary jurisdiction. However, it found that ICE, the Municipality of Cartago, MINAE and the Ministry of Health failed to respond within a reasonable time to the petition filed by residents on 31 May 2018, which reported dangers to physical integrity and health. It upheld the amparo solely for violation of the right of petition and prompt administrative justice (Constitutional Articles 27 and 41), and, regarding ICE, also for breach of the right of access to information (Article 30). It ordered the defaulting authorities to answer the petition within 15 days. Other claims concerning privacy, visual pollution, health risks from radiation and relocation of poles were dismissed as outside amparo scope or unsubstantiated.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Dulce Nombre de Cartago contra el ICE, la Municipalidad, el MINAE y el Ministerio de Salud, por la instalación de dos postes de telecomunicaciones. Los recurrentes alegaron invasión de acera pública, tala de árboles, riesgo de colapso estructural, contaminación visual y falta de permisos. La Sala determinó que no le compete en amparo verificar el cumplimiento de requisitos técnicos o permisos, lo cual corresponde a la vía ordinaria. Sin embargo, constató que el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud no respondieron en un plazo razonable la gestión presentada por los vecinos el 31 de mayo de 2018, donde se denunciaban peligros para la integridad física y la salud. Declaró con lugar el recurso únicamente por violación al derecho de petición y justicia administrativa pronta y cumplida (arts. 27 y 41 constitucionales), y respecto al ICE también por afectación al derecho de acceso a la información (art. 30 constitucional). Ordenó a las autoridades omitentes responder la gestión en un plazo de 15 días. Rechazó otros alegatos sobre privacidad, contaminación visual, salud por radiaciones y reubicación de los postes, por no ser materia de amparo o no demostrarse violación concreta.
Key excerptExtracto clave
Nevertheless, the fact that the aforementioned discussion must be aired in the ordinary courts does not exempt ICE, the Municipality of Cartago and other competent authorities from answering petitions or requests for information (whether positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), nor from attending to complaints and petitions asserting a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons. [...] In the instant case, it was proven that on 9 November 2018 the Cartago Electricity Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated 31 May 2018. However, there is no record of any reply to that communication from this authority. This is crucial, since there is no express statement from ICE on the points raised in the petition and, consequently, it has not addressed the dangers set out therein. Hence, as those dangers are not evident and manifest, the appropriate course is to declare the omission of this authority to attend to the petition within a reasonable time (note that more than two years have elapsed without a reply), to the detriment of the rights to prompt administrative justice (Constitutional Article 41), petition (Article 27) and access to information (Article 30) of the persons who signed the petition.No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas. [...] En el caso de marras, se comprobó, que, el 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Sin embargo, no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella. De ahí que, al no ser estos peligros evidentes y manifiestos, lo que corresponde es que se declare la omisión de esta autoridad de atender la gestión de marras dentro de un plazo razonable (nótese que han transcurrido más de dos años sin respuesta), en perjuicio de los derechos de justicia administrativa pronta y cumplida (numeral 41 constitucional), petición (artículo 27 constitucional) y acceso a la información (ordinal 30 constitucional) de las personas que suscribieron la gestión.
Pull quotesCitas destacadas
"No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas."
"Nevertheless, the fact that the aforementioned discussion must be aired in the ordinary courts does not exempt ICE, the Municipality of Cartago and other competent authorities from answering petitions or requests for information (whether positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), nor from attending to complaints and petitions asserting a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons."
Considerando IV
"No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas."
Considerando IV
"no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella."
"there is no record of any reply to that communication from this authority. This is crucial, since there is no express statement from ICE on the points raised in the petition and, consequently, it has not addressed the dangers set out therein."
Considerando V.1
"no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad. Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella."
Considerando V.1
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Sala Constitucional Date of Resolution: June 11, 2021 at 09:30 Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2021013168 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine-thirty hours on the eleventh of June of two thousand twenty-one.
An amparo action processed in expediente no. 21-005502-0007-CO, filed by ABRAHAM HIDALGO GONZÁLEZ, ARACELLY VILLALTA, DINORAH MARÍA CASTRO ACEVEDO, EDWIN GERARDO ROW ARCE, EIMY MAGALY SOLANO PÉREZ, ELADIO MARTÍN CHACÓN MEZA, ELIETH PATRICIA PÉREZ MATA, ERIC IVÁN MENA MONGE, FABIO FRANCISCO GUTIÉRREZ GUILLÉN, FRANK GONZALO VILLALTA QUIRÓS, GUILLERMO ENRIQUE CONEJO TORRES, JAVIER ARCE RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN BRENES, JUAN PABLO ARCE RODRÍGUEZ, JUAN RAFAEL MENA SÁNCHEZ, LIGIA MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LUISA SOLEDAD VARGAS BARRANTES, MANUEL ANTONIO SOLANO VILLALTA, MARCO VINICIO CAMPOS MATA, MARÍA GABRIELA VILLALTA VILLALTA, MARÍA ISABEL DEL CARMEN FERNÁNDEZ HERRERA, MARÍA RAFAELA DE LA TRINIDAD QUIRÓS TORRES, MÓNICA IZAGUIRRE CAMPOS, NELSON MAURICIO BRENES ORTEGA and RANDALL GUSTAVO GERARDO HIDALGO SOLANO, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), the INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS), the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, the MINISTERIO DE SALUD and the JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE CARTAGO (JASEC).
Resultando:
1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 18:10 hours on March 18, 2021, the petitioners file an amparo action against ICE, INS, MINAE, the Municipalidad de Cartago and the Ministerio de Salud. They state that 15 days ago in the district of Dulce Nombre de Cartago, a crew of workers with heavy machinery and identified ICE personnel appeared and began excavation work. They note that this continued for several days until a very deep hole was made at the foot of the building that corresponds to the hermitage (fuente del Divino Niño), a lot located north of the cemetery of Dulce Nombre de Cartago. They add that as the days passed, the excavations continued on the cited lot, which is administered by the Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago. They mention that the great depth of the excavation was confirmed by the large number of dump trucks (vagonetas) that left loaded with earth (tierra) extracted from the back of the fuente del Divino Niño, where they cut down trees and other plants without regard for the ornamentation and beautification of said lot. They state that, upon seeing this situation and the great depth of the excavation, as well as the damage to the trees that were cut down, they spoke with the ICE workers so they would tell them what work they were doing, why on that lot, and who had given them permission for the excavations, since the hermitage and the fuente were about to collapse and fall down at the back. They narrate that the workers told them that they do the work for ICE and are part of the institution they represent, so they do not have to get permits when working for the State. They add that they spoke by telephone with the engineer Alejandro Chinchilla, in charge of the work, who told them they would continue with the work, since it was all a lie to stop the works. They add that, despite asking that official to appear at the site, he replied that nobody was going to stop the work and they could do what they wanted. They explain that they requested the Fuerza Pública of Dulce Nombre to prepare a police observation report, which was prepared under serial number n.o AO-PDN-026-05-2018. They complain that behind the fuente del Divino Niño, an area of two and a half meters was left, corresponding to the public sidewalk space as a green area corresponding to the fifty centimeters, that space adjusting to the right of the cantonal public road. They say that by building and placing this antenna and the giant post to hold it along with the electrical boxes for their cabling, they would be invading the corresponding space of the public sidewalk on that lot, located north of the cemetery; moreover, by placing these new works not contemplated when the hermitage of the Divino Niño was built, the pedestrian passage that the professional architect left in that space for pedestrian use and green area corresponding to two meters fifty centimeters of pedestrian utility that fit with the wall of the Fuente del Divino Niño would no longer exist. They state that ICE cut down the trees and flowers that were planted in that space, without regard for the care and maintenance of those fifty centimeters of green area, the construction work invading the public sidewalk space. They allude that allowing these works, which are not of public interest but of private interest to a few, or rather, by not placing these works in more spacious areas, constitute acts that must meet the legal requirements where MINAE and the respective entities in the matter intervene, since ICE would be changing the land-use (uso de suelo) of that area of the public domain (demanio público), which is not permitted by our legislation. They express that this elevated antenna is invading the private properties of the neighbors adjacent to the hermitage Fuente del Divino Niño and, given the strong lightning and storms in the area, as well as earthquakes, their safety would be affected, since the structure could collapse onto their homes and adjoining properties on the public road. They refer that when maintenance is carried out on the antenna, their privacy would be invaded, since the workers would look upon and have control over each of the neighbors. They mention that the antenna or tower for telephone services does not have the permits required by national legislation, since it is using the public sidewalk space (two meters fifty centimeters). They refer that the foregoing contravenes Law 7600 and the Código Municipal. They affirm that on May 22, the ICE workers arrived to continue working on the excavation, which has continued to date without any authority closing down said activity. They explain that a tour was made of the district of Dulce Nombre de Cartago and it was detected that at the entrance to the La Ilusión urbanization, before reaching the entrance to the Calzadas Coloniales condominiums and 200 meters east of the stone bridge over the Toyogres River, on the road to Cóncavas, ICE personnel are carrying out excavations like those reported and are building without the legal requirements, since they broke the curb of the ditch, the sidewalk, and the green zone required in the Ley de Construcciones. They affirm that ICE is invading the public domain pedestrian space contemplated in Law 7600 and in the Código Municipal, to place a post as part of an internet antenna. They state that in the two places indicated in this action (where the posts were placed: north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance to the La Ilusión urbanization) there are houses which, if the towers collapse, would destroy roads and private properties. They add that, due to the foregoing, human life would be endangered; furthermore, the radiation and its consequences for living beings are unknown. They ask that the ICE works being built at the entrance to the La Ilusión urbanization also be shut down. They refer that it is unheard of that the Dirección de Vial Municipal gave its approval to ICE. They maintain that ICE had to have requested permission for the erection of the posts before the municipality's environmental unit, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Ministerio de Salud.
2.- By resolution at 19:06 hours on March 18, 2021, the duty magistrate Nancy Hernández López ordered the referral of the action to the Presidency of the Sala for appropriate action.
3.- By resolution at 11:07 hours on March 22, 2021, the petitioners were warned that they had to indicate whether they had reported to the Instituto Costarricense de Electricidad, the Municipalidad de Cartago or the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the accessibility problems and risk to physical integrity that, according to their statement, the works in question cause, and that, if so, they had to provide a complete and legible copy, with a stamp or proof of receipt of that filing. In addition, they should also provide a copy of the response to their filing, in the event that one had occurred.
4.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 16:47 hours on March 25, 2021, the petitioner Marco Vinicio Campos Mata appears. He indicates that the requirement was not made through the Oficina de Comunicaciones Judiciales of Cartago. He notes that, by official letter M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 of May 31, 2018, the situation was reported to the Agencia Eléctrica of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Ambiente y Energía (November 12, 2018), the Alcalde of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Salud (November 21, 2018) and the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). They complain that they went to various authorities to request intervention in this problem; however, no solution was provided. He asks that the posts be removed from the referred sites and that studies be conducted for their relocation in places far from the urban zone. He states the following: “Where the ICE, and the cited respondents do not consider pregnant women, passers-by, children, elderly people, nor do they even consult the adjoining property owners and site. This because of the two VERY SUPER GIANT (sic) POSTS, today to request their total removal. Since they do not guarantee Safety in the Community, and their functionality has brought us problems of accessibility, risk to physical integrity, as well as to the Health itself, of the human being due to an unknown functionality that they have never made public. Since we asked the Fuerza Pública of the Community to stop the works, which was useless because they continued and to date prevail against our human Health and that of Nature itself, derived from the reduced space in which it invades a public space, such as the sidewalk where it does not allow wheelchair passage and safety on the street, due to visual pollution, the strong red light on that antenna that hurts the eyes from afar, and in case of earthquake, seismic tremors, flood, tornadoes, traffic accidents on site (collision with these posts), these will collapse both on our human lives and on the neighboring dwellings, which are on site due to the lack of technical studies, and they should be installed in other sites that do not cause latent risk as is being caused currently, under the effects that they collapse due to their defect and that over time and electrical lightning cause deaths to lament. Moreover, they took away the Beautification and ornamentation of the Fuente del Divino Dulce Nombre. At one of the main entrances to our District of Dulce Nombre de Cartago towards Paraíso. Where this caused the volunteer Ladies, who, with great honor, care, dedication, and will, maintained the green zone that today is invaded by the cited super giant post. Considering also and including the ICE, placed another VERY SUPER GIANT POST, at the first entrance of the La Ilusión Urbanization, in Dulce Nombre de Cartago, towards Cóncavas. With the same characteristics as the asset reported on the north side of the local Cemetery.” He mentions that they asked the respondent authorities to remove the post, but they have not done so. He refers that: “The accused post, before this Judicial Venue, came to change our lifestyle, there is no tranquility, nor security, our peace overflowed upon imposing those obstacles in the green zone because they placed the post on land that is Administered by the Junta del Cementerio de Dulce Nombre, which is an integral part of the Asociación Integral de Ornato of this Community, moreover because of these grievances it is disintegrated and was handed over to the Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Every time, as reported, that post was placed without the endorsement, at least, of the neighbors, nor even less consulted before the very Administrating body of the little park where the Community contributed its own funds, for that maintenance, and beautification, with the Comité de Ornato, the Junta Administrativa del Cementerio, as well as the Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. But it was very easy for the Gentlemen of ICE. To come and take possession and impose law, arbitrarily not conforming, on land that is not the property of that entity, I.C.E., to satisfy some utility and need of a possible private individual given that there are dangers, lack of common authorization.” He refers that the posts invade the property of adjoining owners but the municipality did not stop or suspend the works. He states: “The post was planted within the two meters and fifty centimeters that before we had no invasion of the pedestrian passage, contrary today with this amparo filed, because it forces the citizen to exit the continuity of the public sidewalk, due to the existence of the post on site, this is contrary to the legislation itself, contemplated in Law 7600 and consistent with the rich Constitutional Jurisprudence, of this honorable Corte Suprema de Justicia, because despite the minimal sidewalk space, one must walk on the public street, the post shining, in the space that must be given to the pedestrian and never ever to place that obstacle, cited. (…) There has never been interest from ICE, to solve this serious problem, rather they want to fill us with obstacles, weight under the protection of the Código Municipal itself Article 84 and 85. And Law 7600. Nor even less a risk and prevention report from the respondent Authorities. 10-Even though the Fuerza Pública was called, the works were not suspended for a solution today. (…) No details of the Asset accused here have ever been given, nor even less does the expediente that the Administrative entity must keep exist in plain view, plus that work has been questioned by telephone before ICE, and they have never paid attention, stating they do not give information and that everything is fine. (…) Legal permits have not been shown, even though the two posts of interest are in an Urban zone, where they endanger the human way of children who are in their mother's womb as well as in turn exposing men, as well as women to sterility, due to the functionality and placement of those assets of that interest possibly to private individuals, since one must not look after a public interest, when there is a disagreement and no solution because of the questions or simply because of the responsibility of the administration, where these must not continue tolerating the possession of a thing to be an obstacle against public health so that the interests of evading prevail in order not to relocate them on appropriate land outside our City, that does not cause mortal or health injury, in places that the respondent values through studies that would not damage the environment or the ecosystem its fauna and flora, contrary to these posts where the complaint has been accredited without solution before the respondent venue. (…) I was never notified for the meeting held and requested before that representation. (…) The existence of another asset at the first entrance of the Urb. la Ilusión is evident. With the same characteristics to request its removal from the site, that is, its relocation outside the Urban Area, to improve the quality of life of each and every one of the settlers. 15-There is invasion or reduction of the existing public sidewalks; those spaces were used to embed these assets where the very space is outside of commerce. Being the opposite under the tutelage that these posts continue to be tolerated on sites. When an infinite number of Citizens, have been forced to remove obstructions from the sidewalks because they are obstacles, that do not allow free transit, but it is contrary in favor of ICE, where the local Government allows it to disorder our Urban center, without maintenance for the possession of these posts that endanger safety and physical and vehicular integrity). He requests that the amparo action be declared with merit and that the disconnection of an electric meter that Jasec placed be ordered. He argues that “The Official Letter # M-V-C-M-165-Dl-DIVINO NIÑO-2018. Addressed to the Junta Directiva del Cementerio Dulce Nombre, where it does not pronounce on the matter and is addressed by the Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre. Where we request from you, your attention and assessment so that the Junta Directiva del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago, represented by the Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago, is summoned and included. Every time, as has been evidenced, the land where that super giant post was placed in the middle of the public sidewalk, with the little park and the public street, north side of the Cemetery on Los Cerrillos street, this is Administered by the Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre, where its offices are located in the Cemetery itself of this locality of District # 9. Official Letter # CMO-OFR-104-17 is on record. By the Authority itself. But I consider it opportune that the due report be requested from that represented entity which has also been negligent to date under the protection of Article 27 of the Constitution, so that using the summons by means of Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is warned so that it is recorded before this High Tribunal, the report of law, and in turn the respondent is ordered, that is, La Junta Directiva del Cementerio. As well as those I cite in Official Letter # M-V-C-M-139-Dl-DIVINO NIÑO-2018. So that it issues the resolution and solution in accordance with the Political Constitution itself, given that my Human Rights, to date are being violated both by the lack of interest of the authorities to obtain a prompt and complete response, in which everything remains the same to date since the complaint was filed”.
5.- By resolution at 11:45 hours on March 26, 2021, the Presidency of the Sala gave course to the process. Likewise, a report was requested from the manager of the Agencia Eléctrica of ICE in Cartago, the manager of the Sucursal of INS in Cartago, the Minister of Ambiente y Energía, the Alcalde of Cartago, the Minister of Salud, and the manager of JASEC, regarding the following facts: “15 days ago a crew of workers with heavy machinery and identified personnel from the Instituto Costarricense de Electricidad appeared in the district of Dulce Nombre de Cartago, where they began excavation work with the machinery for several days until they made a very deep hole at the foot of the building corresponding to the hermitage, called fuente del Divino Niño, a lot that is located north of the cemetery of Dulce Nombre de Cartago. They indicate that as the days passed, the excavations continued on the cited lot, which is administered by the Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago, as they proceeded to verify that the excavation was so deep because of the large number of assets (dump trucks) that left daily loaded with earth that was extracted from the back of the hernia of the fuente el Divino Niño, in which they cut down trees and other plants regardless of who cares for and watches over the ornamentation and beautification of said lot. They state that upon seeing this situation and the great depth of the excavation, as well as the damage to the trees that were cut down, they proceeded to speak with the ICE workers to tell them what work they were doing and why on that lot, as well as to ask them who had given them permission for these excavations, since the hermitage and the fuente were about to collapse and fall down at the back. They narrate that the workers told them that they do the work for ICE and are part of the institution they represent and that they do not have to obtain any type of permit because they work for the State. They add that they spoke by telephone with the engineer Alejandro Chinchilla, in charge of the work, who told them he would continue with the work, since it was all a lie to stop the works, despite asking him to appear at the site of the improper works, but he replied that nobody was going to stop the work and they could do what they wanted, but he would complete the work. They indicate that they requested the Fuerza Pública of Dulce Nombre to prepare a police observation report, which was prepared under serial number No. AO-PDN-026-05-2018. They complain that behind the fuente del Divino Niño, an area of two and a half meters was left, corresponding to the public sidewalk space as well as its green area corresponding to the fifty centimeters, that space adjusting to the right of the cantonal public road. They say that by building and placing this antenna and the giant post to hold it along with the electrical boxes for its cabling in said place, it would be invading the corresponding space of the public sidewalk on that lot, located north of the cemetery here in litigation, and by placing these new works not contemplated when the hermitage of the Divino Niño was built, the pedestrian passage that the professional architect left at that time in that space for pedestrian use and green area corresponding to the two meters fifty centimeters that are of pedestrian utility and that fit with the wall of the Fuente del Divino Niño would no longer exist. Considering that the I.C.E. cut down the trees and flowers that were planted in said space corresponding to the green area, without regard for the care and maintenance of those fifty centimeters for green area use, the construction work invading the space of the public sidewalk. They complain that by allowing these works to be carried out, which are not of public interest but of private interest to a few, or rather, by not placing these works in more spacious areas, they constitute acts that must meet the legal requirements where MINAE and the respective entities in the matter intervene, since the land-use of this area of the public domain would be being changed by the I.C.E., which is not permitted by our legislation. They indicate that this super elevated antenna is invading the private properties of each and every one of the neighbors adjacent to the hermitage Fuente del Divino Niño, and evidently due to the strong lightning and storms in the area, the safety of each citizen as well as each and every one of the neighbors would be affected if the great antenna collapses as a result of lightning or an earthquake, because the structure would collapse onto their homes and adjoining properties on the public road without any individual or collective measure or guarantee for their community of Dulce Nombre and, as stated, it would also be invading their privacy, since, when they perform maintenance on such a tower, the workers would look upon and have control over each of their neighbors and, furthermore, this antenna or tower for telephone services does not have the permits that national legislation requires to proceed with its placement, since its nature, by the space they are using from the public sidewalk of two meters fifty centimeters, goes against Law 7600 and the Código Municipal. They state that on May 22, 2020, the ICE workers arrived to continue working on the excavation, which has continued to date without any authority shutting down said activity. They state that by official letter No. M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, of May 31, 2018, the situation was reported to the Agencia Eléctrica of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Ambiente y Energía (November 12, 2018), the Alcalde of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Salud (November 21, 2018), the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). They complain that, despite having gone to various authorities to request intervention in this problem, which prevents free access to the property and endangers the physical integrity of passers-by in the area who must throw themselves onto the street due to the presence of two giant posts in the middle of the pedestrian zone, nothing has been resolved for them, which they consider violates their fundamental rights”.
6.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 15:18 hours on April 6, 2021, the petitioner appears. He indicates that by mistake in the response to the warning, he cited official letter M-V-C-M-278-DI-DIVINO-NIÑO-2021; however, the correct one was official letter M-V-C-M-079-DI-DIVINO-NIÑO-2021. He asks that the response be notified at his domicile: “Cartago, Dulce Nombre, Código Postal de Distrito # 30109, Urbanización Clara Rosa, Casa # 4, Los Cerrillos 100 meters West of the cemetery, on Transversal, 11 between calle 17 with Av. 40, between calle 19”, with prior telephone notice to 86812404. He requests that this be coordinated with the Oficina de Comunicaciones Judiciales of Cartago.
7.- By written brief incorporated into the digital expediente at 15:09 hours on April 8, 2021, Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Salud, renders a report under oath. He indicates that he refers to the facts based on official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 of April 6, 2021, prepared by Stephanie Oviedo, an official of the Regulación de Salud de Cartago team, and official letter MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021 of April 7, 2021, signed by Dr. Andrea Morales Fiesler. He argues that official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 set forth the following: “(…) III. CURRENT SITUATION (…) Regarding the background of official letter M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no physical or digital information related to the case was located, but other similar cases were, related to the conditions of sidewalks and posts (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, official letter CE-ARSC-1160-2018). A conversation was held with officials Manuel Solano Orozco, lawyer, and Manuel Martínez Zeledón, inspector supervisor, both from the Urbanismo Department of the Municipalidad de Cartago, in order to expand knowledge about the case and jointly coordinate an inspection of the site where the antenna installed by ICE is located. Mr. Manuel Martínez indicated that the case must have been handled by the Unidad Técnica de Gestión Vial, and that to request information on the actions taken by the Municipality, an email should be sent to [email protected]. Regarding the above, the municipal Regulation: 64 of 03/17/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, in force since 03/28/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, which clearly establishes a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas. That same regulation in Article 6 grants the Municipalidad de Cartago the power to regulate, shut down, demolish, register towers, among other activities, which is transcribed below: Article 6º-The Municipality is responsible for: a. Dictating the necessary measures for compliance with this Regulation with the purpose that all Construction Works, installation, expansion, and modification to Construction Works, meet the technical, safety, conservation, and urban-environmental integration conditions of the canton. b. Regulating, granting, registering, inspecting, denying, annulling, and exercising any sanctioning power in relation to the Municipal Licenses referred to in this regulation. c. Shutting down and demolishing works and installations in case of not complying with the provisions of this Regulation. d. Keeping a registry of towers, posts, and other structures for telecommunication networks and/or systems, that are already installed and/or in process of requesting construction or operation authorization, in the canton's jurisdiction for internal control and planning. e. Issuing the certificates of land-use (uso del suelo) submitted to it in this matter. f. Considering and requesting the technical criteria and guidelines established by SUTEL in the exercise of its competence, with the purpose of coordinating and seeking an adequate balance between the national interests of telecommunication service development and the local interests represented by the Municipality. g. Promoting alternative conflict resolution mechanisms that may arise in this matter.
Furthermore, the issue of sidewalks is regulated by extensive regulations where Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, as transcribed below: I) Law: 9329 of 15/10/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention of the Cantonal Road Network: ARTICLE 2.- Delimitation of competence The attention of the cantonal road network, fully and exclusively, shall be the competence of local governments, who shall be responsible for planning, programming, designing, administering, financing, executing, and controlling its construction, conservation, signage, demarcation, rehabilitation, reinforcement, reconstruction, concession, and operation, in accordance with the road conservation and development plan (five-year) of each municipality. The cantonal road network is composed of all the roads and streets under the administration of local governments, inventoried and georeferenced as cantonal routes by them, and which are recorded in the official registries of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), as well as all complementary infrastructure, provided it is on public domain land and meets the legal requirements. Likewise, sidewalks, bike paths, crossings, pedestrian routes, green and ornamental areas that are within the right-of-way and other road safety infrastructure elements intertwined with local streets and cantonal roads, vertical and horizontal signage, bridges and other drainage and retention structures and geotechnical or other works associated with the roads shall be considered as part of the cantonal road network. The conservation and improvement of cantonal routes is limited to roads that strictly comply with the requirements for cantonal routes established in the regulations of this law. The activities indicated in the first paragraph of this article, except for investment in conservation and improvement on cantonal routes that do not meet the minimum right-of-way width established in Article 4 of Law No. 5060, General Law of Public Roads, of August 22, 1972, may be executed both with resources from Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of July 4, 2001, and its amendments, and from this law and other related regulations. The ownership and powers concerning the administration of neighborhood roads, local streets, and unclassified roads shall correspond to the territorially competent local governments in the geographical area where each of those public roads is located, always under the general technical guidelines promulgated by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) as the governing and supervisory body in the matter. Furthermore, municipalities may invest economic resources transferred under Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of July 4, 2001, single fuel tax, in the acquisition and leasing of movable and immovable property that are necessary to fulfill the objectives of this law. The foregoing is extensively explained by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney, on March 3, 2019, under official communication C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONS • An email was sent to the archive of the Municipality of Cartago requesting information on the actions taken regarding the case. • There are extensive regulations that support the competence of the Municipality of Cartago to regulate antennas and sidewalk conditions. (…)”. It mentions that official communication MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021 stated: “(…) In this regard, I inform you of the following, and in accordance with the analysis carried out by the official Msc. Stephanie Oviedo Ortega, through technical report MS-DRRSCE-ARSC-IT-0477-2021: 1. A search for records of official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 was conducted in the archives of the Cartago Health Governing Area, and a visit was also made to the Urban Planning Department of the Municipality of Cartago, at 10:34 am on April 6, 2021. Regarding the records of official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no physical or digital information related to the case was located, but other similar cases regarding sidewalk and pole conditions were found (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, official communication CE-ARSC-1160-2018). 2. On April 6 of this year, discussions were held with officials Manuel Solano Orozco, lawyer, and Manuel Martínez Zeledón, inspector supervisor, both from the Urban Planning Department of the Municipality of Cartago, in order to broaden knowledge about the case and jointly coordinate an inspection of the site where the antenna installed by ICE is located. 3. In relation to the above, the official Oviedo refers to Municipal Regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, effective since 28/03/2011, version 2, which indicates the provisions that must be complied with by individuals or legal entities, whether public or private, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. That same regulation in Article 6 grants the Municipality of Cartago the power to regulate, close down, demolish, and register towers, among other activities. It grants the power to dictate the necessary measures for compliance with this Regulation so that every Construction Work, installation, expansion, and modification to Construction Works meets the technical, safety, conservation, and integration conditions into the urban-environmental context of the canton, among other things. Furthermore, it mentions that there is extensive regulation on the matter of sidewalks, defining the municipalities as responsible. 4. She concludes that she proceeded to send an email to the email address of the Technical Road Management Unit, to [email protected], requesting information on the actions taken regarding the case and recommends coordinating a joint inspection with the Technical Road Management Unit the following week. Therefore, it is concluded that compliance with the governing role of the Ministry of Health is evident from the Directorate of the Cartago Health Governing Area, being diligent within its competencies by carrying out surveillance, follow-up, and control of the matters reported to the agency, as well as demonstrating participation, interest, coordination, and follow-up in fulfilling the responsibility that has been conferred upon us”. It asserts that the Ministry of Health, through the Cartago Health Governing Area, verified that there is no complaint or record of the case in question; however, follow-up on the case was carried out with the municipality, which is legally responsible for controlling and regulating matters concerning sidewalks, as well as matters related to this type of antennas. It indicates that an email was sent to the Technical Road Management Unit of the Municipality of Cartago, requesting information on the actions taken in this case and recommending a joint inspection. It requests that the appeal be dismissed, since it was verified that there is no complaint or record of the case before the ministry.
8.- By document incorporated into the digital file at 4:02 p.m. on April 9, 2021, Mario Redondo Poveda, in his capacity as mayor of Cartago, submits a sworn report. He indicates that the only thing related to his represented entity is the non-response to official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. He points out that this official communication, to which the municipal file number on the Services Platform 16604 was assigned, was processed and answered in a timely manner. He adds that the notification was made to Marco Vinicio Campos Mata, who resides at the place indicated in the official communication for receiving notifications. He requests that the Chamber dismiss the appeal.
9.- By document incorporated into the digital file at 9:53 a.m. on April 12, 2021, Jeannette Navarro Obando, in her capacity as executive director of the INS headquarters in Cartago, submits a sworn report. She indicates that the communication filed on October 23, 2018, is not for the INS to resolve, as it refers to aspects outside the scope of its competence. She adds that the alleged acts were not carried out by any collaborator of the institution. She emphasizes that, on April 8, 2021, through official communication INSCR-01688-2021, the appellants were informed that the INS has no involvement in such works, given that its main activity is insurance management and no related accident reports have been received; furthermore, it was indicated that this institution has no regulatory competence to intervene in such works. She affirms that there is no violation of the constitutional rights of the appellants by the National Insurance Institute, especially since the request has been addressed to date. She requests that the Chamber dismiss the amparo appeal.
10.- By document incorporated into the digital file at 10:22 a.m. on April 12, 2021, Franklin Paniagua Alfaro, in his capacity as acting minister of Environment and Energy, submits a sworn report. He indicates that he requested a report from the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas (competent to process such complaints in accordance with numeral 22 of the Biodiversity Law), as well as from the National Environmental Technical Secretariat and the Environmental Comptroller's Office (competent to address the facts subject to the appeal in accordance with the Organic Law of the Environment and the Biodiversity Law). He points out that the head of the Cartago Subregional Office of SINAC, by official communication SINAC.ACC.OSC.of-0372-2021 of April 8, 2021, stated: “… Receive a cordial greeting, in my capacity as Head of the Cartago Office (OC), through the following official communication, a response is given to the request made by you via email on April 7 at 2:56 p.m. See attached image. That same day, we proceeded to verify the SICAF (Information System for the Control of Forest Use), this system compiles all tree cutting permits granted by each of the SINAC offices nationwide. This tool divides permits into different categories. Regarding institutions such as the Costa Rican Electricity Institute, the permits they process can be grouped into 2 different categories, the first being Permits for National Convenience. According to this system, between the years 2019-2020, only 4 permits have been received and processed at the Cartago Office of the Central Conservation Area. Of these 4 permits, 3 have been in the name of the Costa Rican Electricity Institute, and none of them in the District of Dulce Nombre. An image is attached with the list of permits processed and Approved between 2019-2020 at the Cartago office of the ACC. In 2021, no requests of this nature have been received from ICE. Image 2. List of permits processed and approved for National Convenience between 2019-2020. (…) The second modality of the SICAF that was analyzed was that of permits for road or electrical maintenance. In this modality, it was confirmed that between 2019 and 2020, only the MOPT has processed permits of this nature, and none in the district of Dulce Nombre. In 2021, no requests of this nature have been received from ICE. An image is attached with the list of permits processed and Approved between 2019-2020 at the Cartago office of the ACC. Image 3. List of permits processed and approved for Road or Electrical Maintenance between 2019-2020. Also verified was the SITADA (Environmental Complaints System), and no record has been entered in 2021 of any complaint involving ICE or tree cutting at the address presented in the Amparo Appeal. On April 7, 2021, we proceeded to go to the address mentioned in amparo appeal 21-005502-0007-CO, in order to have a clearer picture of the described facts. Upon arriving at the mentioned address, no evidence of the described works was found. Neighbors in the area were asked, and they indicated they were not aware of those works carried out by ICE. Images of the visited place and the location according to the Google Satellite server are attached. As observed in images 4-5, on the north side of the Dulce Nombre Cemetery, there is a building, the same apparently of a religious nature. In this sector, no evidence of the damages described in the amparo appeal was observed. (…) Conclusions 1. In the SICAF, there are no records of the processing of timber harvesting permits in the name of ICE in the district of Dulce Nombre. 2. In the SITADA, there is no reported complaint for tree felling around the Dulce Nombre Cemetery. 3. At the address provided by the appellants in amparo appeal 21-005502-0007-CO, no evidence of the described damages was observed on April 7, 2021…”. He refers that the director general of SETENA, through official communication SETENA-SG-0425-2021 of April 8, 2021, stated: “… In compliance with what was requested by you via email dated April 7, 2021, based on what was ordered by the Constitutional Chamber in the Resolution at 11:45 a.m. on March 26, 2021, the following is indicated: In relation to the above, the Legal Advisory Department proceeded to carry out the corresponding analysis and inquiry in the Digital File System (EDI) and the database of the Institutional Archive of this Secretariat, with the data provided in the Amparo Appeal in question, however; no record is found of any project processed before SETENA with such characteristics. It is important to further inform that a project very close to the area described in the Amparo Appeal was located. It was presented for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) in 2009. The Project, however, is not owned by the Costa Rican Electricity Institute, but rather by a private company Compañía Las Torres SCR S.A., whose representative at the time was Mr. Mark Edmund Toohey. This project was processed under file D2-0944-2009, and the Environmental Feasibility was approved through resolution RVLA-002-2010 of January 2010. An image of the location of this project is attached: April 8, 2021 SETENA-SG-0425-2021 An image of that project is attached. (…) For all the foregoing reasons, it is the criterion of this National Environmental Technical Secretariat, based on what has been previously stated, that with the information provided in the Amparo Appeal, it was not possible to determine the existence of a project in the name of the Costa Rican Electricity Institute or similar in the area. On the contrary, the only existing record is a 2009 project that has Environmental Feasibility in the name of a third party unrelated to the appellees within the Amparo Appeal in question…”. He mentions that the environmental comptroller, through official communication CA-2021-028 of April 8, 2021, indicated: “… In response to your email, by which you attached file AMPARO APPEAL 21-005502-0007-CO, and we are asked if this Environmental Comptroller's Office has processed any complaint related to the amparo appeal. In this regard, we have reviewed the Integrated System for Procedures and Attention of Complaints SITADA, with several search criteria (district: Dulce Nombre, location: ermita divino niño, description of damage,…) and we have no record of any complaint related to the amparo appeal…”. He explains that, according to the previous reports, the appellants did not file any complaint before the MINAE, nor has any project been processed before SETENA. He argues that, in the event the events had occurred, the competence would belong to the Municipality of Cartago, the ICE, and the owners of the land, by virtue of the principle of surveillance. He cites jurisprudence of the Chamber. He maintains that since there is no complaint or request filed by Abraham Hidalgo González, there is no violation of numerals 27 and 41 of the Political Constitution. He asserts that the object of the appeal is not the competence of the MINAE. He requests that the appeal be dismissed.
11.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 2:30 p.m. on April 13, 2021, Luis Francisco Calvo Solano, in his capacity as general manager of JASEC, submits a sworn report. He indicates that the facts that the appellants submit for the Chamber's consideration are allegedly perpetrated by another public institution. He points out that no action or omission is attributed to him that could have caused any harm, therefore he has no direct or indirect relationship with the facts. He argues that, for the foregoing reason, the appeal must be dismissed against him. He mentions that the alleged installation was communicated to the general management of JASEC on November 9, 2018, for unknown reasons. He notes that, after the studies carried out through official communications SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 and OPER-191-2018, the request was answered to the means indicated for receiving notifications and it was stated that the "pole infrastructure" does not belong to JASEC nor was it installed by the institution. He states that although the area where the poles were installed is within the geographical coverage area of JASEC's distribution and telecommunications network, with the opening of the telecommunications market, both ICE and other operators are authorized to install poles and antennas for service provision, in compliance with the corresponding municipal regulations. He requests that the Chamber dismiss the amparo appeal.
12.- By document incorporated into the digital file at 5:47 p.m. on April 14, 2021, Mrs. Lilliam González Cerdas and Anthony Ramírez Rivera, in their order coordinator of the Cartago Agency and director of Network Resources Development, both from ICE, submit sworn reports. They indicate that the construction of telecommunications poles is based on Article 3 of the Law for the Creation of ICE, numeral 74 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, and the Law of Public Roads. They argue that such instruments declare the infrastructure of telecommunications services to be of public interest and establish the legal viability for the use of squares, parks, streets, and other public places for the expansion of the national network, prior coordination with the municipalities and compliance with legal requirements. They explain that, on October 25, 2017, through official communication 7127-1033-2017 from the ICE Road Management Coordination, the Technical Road Management Unit of the Municipality of Cartago and the director of Urban Planning of the Municipality of Cartago were notified, based on numeral 3 of the Law for the Creation of ICE, Article 74 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, and ordinal 19 of the Law of Public Roads, of the request for coordination for the installation of 8 poles with cellular equipment support in the province of Cartago, which would generate greater expansion and coverage. They contend that they received the approval of the local government for the development of the works. They refer that among these works is the Dulce Nombre de Cartago pole, north of the cemetery, which fulfilled all the permits required for its development. They add that no tree cutting was carried out, nor was the site's ornamentation modified; furthermore, the sidewalk was not obstructed, in compliance with Law No. 7600. They mention that Article 10 of that regulatory body establishes that the free passage between the property line and the element to be installed cannot be less than 1.20 m (equivalent to the minimum optimal sidewalk width according to the law). They state that, regarding the civil design of the work, the installation of mobile phone telecommunications and data equipment is based on usual standards for that type of structure. They maintain that the Dulce Nombre pole fully complies with such standards. They point out that the grounding system is a certified and approved system that complies with the Electrical Code standards, so there is no risk. They clarify that the foreman in charge of the work in 2018 stated that José Antonio Segura Ugalde, identification number 203460016, inquired about the project on behalf of the residents. They refer that on that occasion, the respective permits were shown, the work was explained to him, and he was provided with the phone number of Alejandro Chinchilla Monge for additional inquiries. They note that the latter person reported that, in May 2018, he received a call from a representative of the residents, who told him that he was going to file a complaint with the municipality to request the closure of the work. They relate that they consulted with municipal official Óscar García, in charge of granting the permit to place the pole, who stated they had no complaints about it. They add that, as a result of the foregoing, the work was continued. They argue that, on May 24, 2018, the engineer in charge was at the site with the crew during the pole installation process from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. and during that time, no neighbor appeared to express any annoyance. They indicate that in May 2018, the installation of the Dulce Nombre de Cartago pole on the north side of the cemetery was completed. It has been operating at the site since that date, and no new construction works have been carried out subsequently. They refute that the pole was built fifteen days ago, since it was completed in May 2018, and since that date, no administrative claim has been filed, nor have any inconveniences occurred with the operation of the work. They state that ICE, for the construction of the pole in Dulce Nombre, complied with all legal requirements and technical standards; furthermore, it did not affect the use of public space. They conclude that the telecommunications pole does not generate a civil risk and has been operating for more than 3 years without any claim. They request that the Chamber dismiss the amparo appeal.
13.- By resolution at 7:21 p.m. on May 19, 2021, the reporting magistrate expanded the facts subject to the appeal. Likewise, a report was requested from the manager of the ICE Electrical Agency in Cartago, the mayor of Cartago, the minister of Environment and Energy, the minister of Health, and the manager of JASEC, regarding the following facts: “they explain that a tour was taken of the district of Dulce Nombre de Cartago and it was detected that at the entrance of the La Ilusión residential development, before reaching the entrance of the Calzadas Coloniales condominiums and 200 meters east of the stone bridge of the Toyogres River, on the road to Cóncavas, ICE personnel are carrying out excavations like those reported, and construction is being carried out without legal requirements, since they broke the curb, the sidewalk, and the green area required in the Construction Law. They affirm that ICE is invading the pedestrian space of public domain contemplated in Law 7600 and in the Municipal Code, to place a pole as part of an internet antenna. They state that in the two places indicated in this appeal (where the poles were placed: north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance of the La Ilusión residential development) there are rooms that, if the towers collapse, would cause roads and private properties to collapse. They add that, for the foregoing reason, human life would be endangered; furthermore, the radiation and its consequences on living beings are unknown. They request that the ICE works being built at the entrance of the La Ilusión residential development also be closed down. They refer that it is unheard of that the Municipal Road Directorate approved ICE's work. They maintain that ICE should have requested permission for the erection of the poles from the environmental unit of the municipality, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health. They mention that ICE has not shown the corresponding permits”.
14.- By document incorporated into the digital file at 2:47 p.m. on May 25, 2021, Mario Redondo Poveda, in his capacity as mayor of Cartago, submits a sworn report. He states the following: “I reiterate what was originally reported, namely that: ‘…From a reading of the amparo appeal in the file, it is clear that the only thing related to my represented entity is the alleged non-response to official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. In this regard, as demonstrated by the certified documentation attached, that official communication from the appellants – to which the municipal file number on the Services Platform 16604 was assigned – was not only processed in a timely manner, but, in turn, was answered by the commune, and the respective response was notified to the appellants, in the person of co-appellant Marco Vinicio Campos Mata, who is the person residing at the address referred to in point 10, which was the place expressly indicated to receive notifications in said official communication…’ Regarding the expansion of the file, I attach the original of official communication No. DU-OF-581-2021 signed by the Director of Urban Planning, which details the appropriate intervention of the Municipality in the matter, and the fact that the events are motivated by the lack of diligence of ICE in processing and obtaining an imputable construction license or, at least, in coordinating the installation and construction of that infrastructure with this commune. As a corollary to all the foregoing, regarding the Municipality of Cartago, it is reiterated that there is no constitutional right whatsoever that has been violated against the appellants in the file, at least by this commune, but rather by ICE. Therefore, the dismissal of this amparo appeal is requested regarding my represented entity.” 15.- By document incorporated into the digital file at 9:10 p.m. on May 25, 2021, Lilliam González Cerdas and Anthony Ramírez Rivera, in their order coordinator of the Cartago Agency and director of Network Resources Development, both from ICE, submit sworn reports. They indicate that, through official communication 7127-1180-2017 from the ICE Road Management Coordination, the request for coordination for the installation of 15 poles with cellular equipment support in the province of Cartago was communicated to the Technical Road Management Unit of the Municipality of Cartago and the director of Urban Planning of that local government, for the purpose of generating greater expansion and coverage at each site. They argue that, through official communication UTGV-OF-533-17, the Municipality of Cartago granted approval for the development of such works. They note that the works on the Bruma Azul pole were executed between May 7 and 31, 2018. They contend that the poles cited by the appellants do not obstruct the sidewalk, but rather comply with Law No. 7600, specifically Article 10, which establishes that the free passage between the property line and the element to be installed cannot be less than 1.20 meters (equivalent to the minimum optimal sidewalk width). They mention, in relation to the civil design of the work, that the installation of mobile phone telecommunications and data equipment is based on usual standards for that type of structure: “ü Design wind: The wind demands on the equipment installed on the poles are calculated according to the standard ANSI/TIA 222 G 'Structural Standard for Antennas and Antenna-Supporting Structures'. The design wind speeds are obtained from Isotachs for different return periods (time windows) existing for Costa Rica and developed by the ICE Energy sector, for the entire national territory. The service wind (the everyday wind) is considered, which is for a 50-year return period. This wind will probabilistically impact the pole and equipment during practically the entire useful life of the structure, which is a minimum of 50 years. The lateral stability of the pole is checked with the service wind, i.e., lateral and torsional deformations. For the design of the foundation and the review of the pole's capacity, the ultimate wind is used, which is the maximum wind expected for the site where the pole is located and which could probabilistically occur at least once during the useful life of the structure. That ultimate wind is considered for a return period (time window) of 300 years. That means that, of all the possible winds, probabilistically speaking, that could occur at the pole's location site, the greatest one that could occur in a 300-year time frame is chosen, and that is the ultimate wind. ü Foundation design: The foundation is designed according to the criteria for 'rigid block' type foundations established in the Costa Rica Foundation Code (CCCR), latest edition, sec. 4.3.6. For the design of the foundation, the weight of the installed pole + equipment and attachments is considered, as well as the action of the ultimate wind that generates lateral overturning loads at the foundation level.” For its design, the geotechnical variables of the terrain are considered so that through the combined action of active, passive, three-dimensional pressures, and bearing capacity, a dimensioning of the rigid block is achieved that provides the global structure with the safety factors established in the CCCR, so that it is safe in accordance with the acceptance criteria normally used in the design of this type of structure. ü Reinforcement of the rigid block (foundation (cimiento)): It is provided based on the criteria for steel reinforcement ratios established in the ACI 318-2019 (American Concrete Institute) code, which is the standard for reinforced concrete design. The foundations used in the concrete and/or metal poles to support telecommunications antennas comply with all current, universally accepted regulations in use in Costa Rica. The global structure (pole + equipment + foundation (cimentación)) complies as a whole with the requirements that every structure must have." He states that the grounding system ("puesta de Tierra") is a certified and endorsed system, which complies with current electrical code standards, such as: "• NFPA 780 'Standard for the Installation of Lightning Protection Systems'. • IEC 62305 'Protection against lightning'. • National Electrical Code." They state that, regarding the issue of radiation and consequences detrimental to humans, there is no evidence that the radio frequencies used in wireless communications affect health, according to the World Health Organization. They argue that in May 2018, the installation of the Bruma Azul pole in Dulce Nombre de Cartago, at the entrance of the La Ilusión residential development, was completed. They clarify that since 2018, no new construction work has been carried out at that location. They argue that an analysis of the facts demonstrates that the construction of the poles was carried out in May 2018. They refute that any construction of poles is currently being undertaken. They indicate that no claim or inconvenience has been raised regarding the operation of the works in question. They maintain that the ICE complied with all legal requirements, did not affect the use of public space, and carried out the construction in accordance with technical standards. They conclude that the telecommunications poles do not generate a civil risk, but rather comply with all requirements and have been in operation for more than three years without any claim, and therefore there is no evidence that they violate any fundamental right. They request that the appeal be dismissed.
16.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 2:00 p.m. on May 16, 2021, Luis Francisco Calvo Solano, in his capacity as general manager of the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, submits a sworn report. He indicates that the alleged actions of the petitioners are supposedly perpetrated by another public institution. He points out that the facts of the amparo appeal and its amendment are not attributed to his represented entity, and therefore it has no direct or indirect relationship with the acts reproached. He requests that the appeal be dismissed.
17.- By written submission incorporated into the digital case file at 8:33 p.m. on May 26, 2021, Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, submits a sworn report. He indicates that he addresses the report based on official communication MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 of May 25, 2021, from the director of the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Cartago), who stated: "(…) In this regard, I inform you of the following, in accordance with what was indicated by official Stephanie Oviedo Ortega, through technical report MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021: 1. '…In accordance with your instruction, the north side of the cemetery and the entrance of the La Ilusión Residential Development in the District of Dulce Nombre, Cartago, were visited at 12:50 hours. In both places, telecommunications antennas were identified, where it was observed that they are located less than 50m from houses. Official communication MS-DGS-1227-2019, of April 30, 2020, signed by the Director General, Dr. Priscilla Herrera García, indicated: "It should be noted that support structures (towers, poles, antennas) do not need a PSF." [sic] On the other hand, Municipal Regulation: 64 of 03/17/2011, General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, in effect since 03/28/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, which clearly establishes a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas. Likewise, Article 6 establishes the competence of the Municipalities in the regulation of antennas. It was not observed that the antennas obstructed passage, as they had more than 90cm free passage (Annex 1 and 2). The issue of sidewalks is regulated by extensive (sic) regulations where Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility…'. 2. She concludes in her report, 1. The Municipality of Cartago, according to the General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, article 6, has the legal authority to regulate, close, or demolish antennas installed in case of non-compliance with the regulations. 2. The antennas do not need a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), but they do need a license from the Municipality of Cartago. 3. The antennas located north of the cemetery and at the entrance of the La Ilusión Residential Development must comply with the General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications. 3. Finally, it is recommended to refer the case to the Municipality of Cartago, in order for them to determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications. 4. This Directorate, through MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, sends a response to the indicated amparo appeal and as part of the follow-up to this report, an email is sent to the address provided by municipal personnel, [email protected], requesting information on the actions taken and the coordination of a joint inspection, without having received a response to date. 5. Today, I am sending an email to Mr. Mario Redondo Poveda, Mayor of the Municipality of Cartago, requesting information regarding the case, the follow-up that this institution has given, as well as offering our availability to conduct a joint visit to the site. Therefore, it is concluded that the fulfillment of the governing role of the Ministry of Health is evidenced by the Directorate of the Cartago Health Governing Area, being diligent within its competencies in carrying out the surveillance, follow-up, and control of all the reported situations that violate current regulations'." 18.- By written submission incorporated into the digital case file at 6:23 p.m. on May 27, 2021, Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, submits a sworn report. She indicates that the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of SINAC is the competent office to process this type of complaint, in accordance with Article 22 of the Biodiversity Law. She points out that the head of that office, through official communication SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 of May 24, 2021, stated: "…Receive a cordial greeting. In my capacity as Head of the Cartago Office (OC), this official communication responds to the request made by you via email on May 24…" "… That same day, the SICAF (Information System for the Control of Forest Use) was checked. This system compiles all tree-cutting permits granted by each of the SINAC offices nationwide. This tool divides permits into different categories. Regarding institutions such as the Instituto Costarricense de Electricidad, the permits they process can be grouped into 2 different categories. The first is Permits for National Convenience. According to this system, between the years 2019-2020, only 4 permits have been received and processed in the Cartago Office of the Central Conservation Area. Of these 4 permits, 3 have been in the name of the Instituto Costarricense de Electricidad and none of them in the District of Dulce Nombre. An image is attached with the list of permits processed and Approved between 2019-2020 in the Cartago office of the ACC. In 2021, no requests of this nature have been received from ICE (…) Image 2. List of permits processed and approved for National Convenience between 2019-2020. The second SICAF modality that was analyzed was permits for road or electrical maintenance. In this modality, it was confirmed that between 2019 and 2020 only the MOPT has processed permits of this nature and none in the district of Dulce Nombre. In 2021, no requests of this nature have been received from ICE. An image is attached with the list of permits processed and Approved between 2019-2020 in the Cartago office of the ACC. (…) Image 3. List of permits processed and approved for Road or Electrical Maintenance between 2019-2020. The SITADA (Environmental Complaints System (Sistema de Denuncias Ambientales)) was also checked, and no record has been entered in 2021 of any complaint involving ICE or tree cutting at the address presented in the Amparo Appeal. On May 24, 2021, we proceeded to go to the addresses mentioned in amparo appeal 21-005502-0007-CO, in order to have a clearer picture of the described facts. Upon arrival at the mentioned address, no evidence was found that the works carried out require permits from SINAC. The works described and observed on May 24, the works described in the amparo appeal do not mention tree cutting or works within a protection area (área de protección) of rivers, streams, or springs (nacientes), which would correspond to an invasion of a protection area. Images of the visit to the La Ilusión residential development are attached. (…) As observed in images 4-5, what was found was the installation of a cellular tower at the entrance of the La Ilusión residential development. Regarding the works in the Toyogres river sector, what was found was a trench approximately 60 cm wide, 1 m deep, and 8 m long. This trench is located parallel to the road on the roadway. No tree cutting was observed either. Conclusions 1. In the SICAF, there are no records of timber harvesting permits in the name of ICE in the district of Dulce Nombre. 2. In the SITADA, there is no report of a complaint for tree felling in the surroundings of the Dulce Nombre Cemetery. 3. At the addresses provided by the appellants in amparo appeal 21-005502-0007-CO, no evidence of environmental damage was observed within the competencies of SINAC (Tree felling, invasions of protection area)." She explains that, in accordance with the foregoing, it is observed that the petitioners did not file any complaint before that ministry and, furthermore, environmental transgressions of difficult and impossible repair have not been caused at the scene of the events. She adds that the appealed facts are not within the assumptions established in Articles 29 and 72 of the Law of Constitutional Jurisdiction. She cites resolution 2010009019 of 10:38 a.m. on May 18, 2010. She states the following: "according to photographs provided by SINAC, the project can be classified as a 'Telecommunications Pole', and according to this classification, and if they require an environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), SETENA, as input to respond to the Action of Unconstitutionality being processed under case file No. 21-003977-0007-CO, against Executive Decree No. 40075 called 'Reform of Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks' and against agreement ACP-20-2017 of SETENA from Ordinary Session No. 33-2017-SETENA, in official communication SETENA-SG-0401-2021 (which is attached) and which in general and in what is of interest - regarding the concerns of the amparo petitioner - indicates that '…consequently, the expressed criterion makes a differentiation between poles and telecommunications towers, recognizing that based on the Plenary Commission Agreement, what is subject to evaluation are Telecommunications Towers. In this sense, the only thing that has historically been evaluated at SETENA are Telecommunications Towers, initially regulated through resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and then regulated in article 9 bis of Executive Decree No. 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC which was incorporated with the issuance of Executive Decree No. 37803-MINAE of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of July 17, 2013', these regulations being in force to this day. Consequently, according to the transcribed regulations, Telecommunications Poles do not require a prior environmental impact assessment." She emphasizes that the competence to address the situation alleged by the appellants does not belong to MINAE, but to the Municipality of Cartago and ICE, given that a lack of coordination between the two was argued. She argues that the facts at hand do not transgress the legislation protecting the environment and natural resources. She asserts that because it is a "Telecommunications Pole," permits from MINAE are not needed to carry out the denounced works. She partially transcribes the ruling of this Chamber No. 2007-015542 of 5:36 p.m. on October 30, 2007. She states that since there is no complaint or petition filed by Abraham Hidalgo González, there has been no violation by this ministerial office and its dependencies of Articles 27 and 41 of the Political Constitution, nor any violation of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. She requests that the appeal be dismissed.
19.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.- Purpose of the appeal. The appellants, by means of a written submission dated May 25, 2018, but received at the Secretariat of the Chamber on May 18, 2021, file an amparo appeal against the ICE, the Municipality of Cartago, the MINAE, and the Ministry of Health. They question the construction of two telecommunications poles:
They state that in the two places indicated in this appeal, there are houses, so if the towers collapse, they would collapse onto roads and private properties. They add that, because of the foregoing, human life would be endangered; furthermore, the radiation and the consequences that these would have on living beings are unknown.
They maintain that the ICE should have requested permission for the erection of the poles from the environmental unit of the municipality, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health.
The petitioner Campos Mata argues that, through official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 of May 31, 2018, the situation was reported to the Electrical Agency of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Environment and Energy (November 12, 2018), the Mayor of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Health (November 21, 2018), and the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). He complains that they went to various instances to request intervention in this problem; however, no solution was provided.
The appellant Campos Mata requests that the poles be removed from the referred sites and that studies be carried out for their relocation in places far from the urban area. He maintains that the poles have brought problems of accessibility and risk to both physical integrity and health. He argues that it does not allow the passage of a wheelchair and produces visual pollution. He states that these poles would collapse in the event of an earthquake, seismic tremors, flood, tornadoes, and traffic accidents (collision with them). He accuses a lack of technical studies and considers that the poles should have been placed in other sites. He mentions that they asked the appealed authorities to remove the pole, but they have not done so. He argues that they placed the pole on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery, which is an integral part of the Asociación Integral de Ornato of that community; however, this association is disintegrated, and therefore it was handed over to the Asociación Integral de Desarrollo of Dulce Nombre de Cartago. He reproaches that the pole was placed without the endorsement of the neighbors or consulting the administrative body of the park. He states that the poles invade the property of the neighboring landowners, but the municipality did not stop or suspend the works. He declares that the legal permits have not been shown, despite the poles being in an urban area. He reproaches that the foregoing exposes the lives of unborn minors, as well as men and women, to sterility. He requests that the amparo appeal be granted and that the disconnection of an electrical meter placed by Jasec be ordered. He intends for a report to be requested from the board of directors of the cemetery, which has been negligent.
II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:
Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of the ICE, through official communication 7127-1033-2017 of October 25, 2017, addressed to the director of the Technical Road Management Unit and the director of Municipal Urbanism, both of the Municipality of Cartago, indicated:
"In a most attentive manner, I inform you that the ICE has included in the work planning for the year 2017, the installation of 8 poles that support cellular equipment and through which we will be not only expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago.
The concrete poles that we will install are made of a reinforced cement structure with a height of 24 meters.
Province | Canton | District | Site Name | Latitude | Longitude | Address ---|---|---|---|---|--- Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Alto de San Blas | 9.847395 | -83.908932 | North side of the General Cemetery of Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Bruma Azul | 9.8435 | -83.90299 | 100 meters west of Bar Nueva Costa, on the road to Cóncavas.
(…)
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Justification:
In Law Number 3226 of October 28, 1963, current and of a special nature, this prerogative of the Institution stands out in its sense of providing telecommunications services, in its third paragraph, second clause.
'The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that in the exercise of that right, it may carry out on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... ' (Bold text does not belong to the original).
In accordance with the foregoing, Article 3 of that same law confers full autonomy on the ICE to design and develop its activities, its work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in force but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which modified the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and incorporated in Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, widely developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the cited ruling Res. No. 01 5763-2011.
In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter m, General Provisions, Article 19.
'No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way roads, neighboring landowners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or through frontage roads approved by the Ministry of Public Works and Transport.
Persons who fail to comply with this article shall be subject to the fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove the work carried out at their own expense, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without thereby having to recognize any sum for damages and losses.
For this reason, we request that you collaborate with us by providing a joint visit in order to verify that we are not going to obstruct (sic) the Municipality's planning in said district.
For any additional questions, contact Ms. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or at email [email protected]." (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of the ICE).
Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of the ICE, through official communication 7127-1180-2017 of November 9, 2017, addressed to the Mayor of Cartago, pointed out:
"In a most attentive manner, I inform you that the ICE has included in the work planning for the year 2017, the installation of 15 poles that support cellular equipment and through which we will be not only expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago.
In a meeting held on October 31, 2017, with the director of the UTGV, Mr. Dennis Aparicio, we delivered official communications No. 7127-1033-2017 and 7127-1025-2017, through which we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that the ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago.
I must clarify that we address the Technical Road Management Unit of each Municipality nationwide, since they are responsible for issuing alignments for this type of work on public roads.
Despite the fact that in the meeting held with Mr. Dennis Aparicio it was made clear that we were going to install the poles in coordination with the UTGV, to our surprise, through official communication UTGV-OF-428-17, we are informed that our request has been transferred to the Directorate of Municipal Urbanism, as this matter is their task.
On Tuesday, November 7, 2017, Ms. Olga Serrano met with Mr. Juan Carlos Guzmán, Director of Municipal Urbanism, and in the meeting, Mr. Juan Carlos made it clear that this situation is not within his competence.
For this reason, I appeal to you as Mayor of the Municipality so that you can clarify to which department or directorate we should turn to coordinate the installation of the poles in question.
The concrete poles that we will install are made of a reinforced cement structure with a height of 24 meters.
In the attached table, I detail the location.
Province | Canton | District | Site Name | Latitude | Longitude | Address ---|---|---|---|---|--- Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Alto de San Blas | 9.847395 | -83.908932 | North side of the General Cemetery of Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago | Cartago | Dulce Nombre | Bruma Azul | 9.8435 | -83.90299 | 100 meters west of Bar Nueva Costa, on the road to Cóncavas.
(…)
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| (…)
| (…)
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| (…)
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Justification:
In Law Number 3226 of October 28, 1963, current and of a special nature, this prerogative of the Institution stands out in its sense of providing telecommunications services, in its third paragraph, second clause.
'The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that in the exercise of that right, it may carry out on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... ' (Bold text does not belong to the original).
In accordance with the foregoing, Article 3 of that same law confers full autonomy on the ICE to design and develop its activities, its work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in force but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which modified the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and incorporated in Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, widely developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the cited ruling Res. No. 01 5763-2011.
In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter m, General Provisions, Article 19.
'No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest.
On restricted-access or one-directional roads, abutting owners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or via marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
Persons who fail to comply with this article shall be subject to the fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove, at their own expense, the work carried out, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without having to recognize any sum for damages as a result.
By reason of the foregoing, we requested your collaboration by providing a joint visit in order to verify that we are not going to obstruct the planning of the Municipality in said district.
For any additional inquiries, contact Licda. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or at email [email protected]”. (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of ICE).
Official communication UTGC-OF-533-17 of 21 November 2017 from the Municipality of Cartago addressed to Arturo Trejos Torres, Land Management coordinator of ICE, stated:
“Subject: Your communication 7127-1180-2017 In response to your communication cited in the subject line, by which you request a joint inspection for the installation of 15 posts at different points in the Central Canton of Cartago, and as your note dictates: “we request a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk (aceras) measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago”; we hereby indicate that the visits were carried out successfully jointly with the ICE officials assigned for this activity.
On the past 15 and 16 November of this year, the due inspections were carried out at the 15 sites destined for the ICE project, by Ing. Oscar García, Assistant, Sergio Umaña Redondo, assigned by this Municipal Office, and Ing. Adrián Valverde Quirós and Tec. Robert Córdoba Alvares, personnel assigned by ICE.
Result of the Inspections:
According to the field visits and verifications of the location of the posts verified in the database that makes up the Road Network (Malla Vial) of the Geographic Information System (GIS); it is determined that there are no situations that compromise road alignments (alineamientos viales), as dictated by Law N° 5060, General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), Chapter III, General Provisions, Article 19:
No constructions or buildings of any type may be made in front of existing or planned roads without the prior authorization of the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads (caminos vecinales) and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate the alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-directional roads, abutting owners may only have access to the road in sectors previously designated for that purpose or via marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport”. (Evidence provided by the coordinator of the Cartago Agency of ICE).
In 2018, ICE installed two posts in Dulce Nombre de Cartago with cellular equipment support. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE and evidence provided). From 8:00 to 20:00 hours on 24 May 2018, the post located to the north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery was placed; in that month its installation was finished and since then no new construction works have been carried out. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE). The works carried out on the Bruma Azul post in Dulce Nombre de Cartago were executed between 7 and 31 May 2018; furthermore, since that date no new construction works have been carried out at that location. (Report of the coordinator of the Cartago Agency of ICE). Juan Carlos Guzmán Víquez, director of Municipal Urbanism (Urbanismo Municipal), by official communication DU-OF-581-2021 of 25 May 2021 addressed to the mayor of Cartago, stated:
“Regarding the cellular posts that are located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance to the La Ilusión residential development (urbanización), there is no record of an agreement by the Public Works and Urbanism Commission, or by the Municipal Council, nor is there a municipal construction license.
Regarding the excavations “…200 meters east of the stone bridge of the Toyogres River, on the road to Cóncavas, ICE personnel are carrying out excavations as reported and are building without the legal requirements, since they broke the curb (cordón del caño), the sidewalk (acera), and the green zone required by the Construction Law (Ley de Construcciones)…”, the inspection regarding what was reported was carried out today, 24 May of the current year, by construction inspectors Manuel Hernández Cerdas and Juan Campos Lascarez, who did not observe the alleged excavations at the indicated address.
It should be noted that said works related to the cellular posts were closed down (clausuradas).
Finally, it is indicated that as of the date of this report, the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has not coordinated the installation of said civil works with the Municipality (la Comuna), as it is obliged to by virtue of the principle of inter-institutional coordination developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in rulings such as No. 5445-99 and in Article 6 of the Municipal Code (Código Municipal), which makes the actions of ICE, which are constitutionally and legally improper, more than reprehensible”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
The petitioners (with the exception of Juan Mena Sánchez) and others signed document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018, in which they stated:
“Gentlemen (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E.
Instituto Nacional de Seguros. Cartago Region Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Minister of Environment and Energy. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Mayor of the Municipality of Cartago.
Dra. Guiselle Amador Minister of the Ministry of Health of the Republic of Costa Rica General Manager of JASEC. In the Cartago Region Subject: Request for removal of a super giant post that is in an unsuitable (no acta) area for placement Reference: A post installed by I.C.E. behind the Fuente del Divino Niño.
1-By this petition (ocurso), the undersigned Marco Vinicio Campos Mata ID Number 303590985. And neighbors. We request by this means that you proceed to remove a VERY SUPER GIANT POST. That you installed behind the FUENTE DEL DIVINO NIÑO, on land that is administered by the Junta del Cementerio de Dulce Nombre, as well as by the Integral Ornament Association (Asociación Integral de Ornato) of this Community. Given that this post was placed without the endorsement of the neighbors, considering that its height exceeds the boundaries of the dwellings along the public road. It is also reported that the post was placed within the two meters and fifty centimeters that are used for the public sidewalk (acera pública) for the passage of pedestrians and disabled persons. This includes the green zone of the small park. This is with the Fuente del Divino Niño, in front of land that is on the North boundary of the Cemetery.
2-There is no risk and prevention report from I.C.E. in case said post collapses, given that this post exceeds forty meters in height for it to be prevention in favor of all passersby. Moreover, the same, if it is of interest to I.C.E., must be relocated in a suitable place that does not threaten the lives of people due to such height.
That post that was placed causes visual pollution, due to its great height in view that it is at the entrance and view of our Community from the Cardinal West to East on calle los cerrillos and has damaged the architectural bearing of the Fuente del Divino Niño, due to such height that this post represents and endangers it being toppled by lightning, storms, earthquakes, and also endangers the Community that comes to enjoy the park with their children and having that post in that site and it collapses causing it to fall on some person or passerby, dwelling, vehicle, etc. That comes to regret the existence of the same.
3-The collaboration of the Public Force (Fuerza Publica) was requested through 911 in order for them to appear at the site of interest given that the company Mincho license plate EE34220 which holds a post whose base remains covered with concrete and six people are observed with the logo of the I.C.E. company carrying out the work of such interest and magnitude. Therefore, it is requested that the I.C.E. Company present the due discharge of responsibility by Law.
4-I.C.E. is requested to present in writing the height of said post that was placed. And I.C.E. is requested to report the depth at which this post was buried.
5-I.C.E. is requested to issue a duly certified copy of everything related to this giant post that came to take away the peace of mind of the entire Community.
6-I.C.E. is requested to show through documentary evidence the permits from SETENA, MUNICIPALITY OF CARTAGO, MINISTRY OF HEALTH, and other competent Authorities and in turn to show the conformity of the neighbors of the Community. Given also and including that this post obstructs the alignments and spaces of the Parque del Divino Niño in view of Law 7600. And therefore, it is requested that it be removed, taken away from that property for which it does not qualify due to the claim founded on law and legality that addresses it.
7-I.C.E. is requested to proceed with the undersigned to schedule a meeting in an objective manner with: the aim of proceeding with the conformity to remove said post from the cited location. And in writing, I request you inform me under what legal standard you have placed that post on site.
8-The Authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and other respondents are requested to intervene within the scope of this complaint so that the due TECHNICAL LEGALITY pronouncements are issued to hear and assess what today moves us, so that the definitive removal of the reported post, which was placed without assessing the measures that help the place, is ordered by Authority. Attached are Observation Records # AO-PDN-026-05-2018. / Record # AOPDN-032-05-2018.
9-We continue to report to the respondents that similarly, I.C.E. has placed another post at the Rural Guard Office, 25 meters South and 25 meters Cardinal East, exactly at the entrance to the La Ilusión residential development, in front of a Condominium called Calzadas Coloniales. Since that post was placed in the center of the public sidewalk (acera publica), this is entirely contrary to what is based on law 7600 and the Municipal Code itself in its Articles 75 and 76. In which it is outrageous that I.C.E. has invaded this public sidewalk without any legal requirement and caused, by a right that does not assist it, the interruption of the passage of persons as well as the normal movement of wheelchairs, by persons who have some type of disability, given that before this post was not placed, everything was normal until I.C.E. arrived to invade and interrupt free pedestrian transit (libre transito peatonal). It is necessary to clarify that this road is within a Project of the Road Plan of the City of Cartago, Coris Paraíso in which the width of this street exceeds 20 meters in width so when crossing the street one could not enter the public sidewalk (cera publica) at the entrance of the residential development because the super post placed by I.C.E. would obstruct due to the width and the inadequate location of it and much less could a disabled person enter the sidewalk. For this unconstitutional action, having to continue and tolerate that post remaining in a space for pedestrian use and not for commercial use as it wants to assert, it is therefore appropriate that it remove or relocate said post in a place that does not affect third parties by law, as on this occasion it is affected; it is that in said sector traffic accidents, deaths, and other dangers would increase by the simple fact that the public sidewalk remains invaded as it is currently, when before it was not. Therefore, from this moment on, we hold I.C.E. responsible for the damages that this post would regenerate at the site.
10.- It is requested that your response in an Original and Sealed Communication be notified personally to the undersigned signatory at: Address Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre, District Postal Code 30109. Urbanización Clara Rosa, House # 4. Los Cerrillos 100 meters West of the Cemetery, on Av. 40, between calle 19. Telephone: 86-81-24-04”. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata).
In relation to the Municipality of Cartago: On 21 October 2018, the Municipality of Cartago received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). The local government assigned file no. 16604 of the Services Platform (Plataforma de Servicios) to document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. (Report of the mayor of Cartago). Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by official communication AM-1335-2018 of 26 October 2018 addressed to the general manager of JASEC, indicated:
“(…) I hereby forward, for the corresponding purposes, municipal file No. 16604, referring to a request for removal of a post that is in an area not suitable for placement, signed by Mr. Marco Vinicio Campos Mata”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
On 13 November 2018, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication AM-OF-1426-2018 of 9 November 2018 signed by Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by which he was told:
“(…) in response to municipal files No. 16604, 16598, and 16602 regarding post placement, I forward communication GG-692-2018, signed by Ing. Carlos Quirós Calderón, General Manager JASEC”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
Official communication GG-692-2018 of 8 November 2018 from the general manager of JASEC addressed to the mayor of Cartago Carlos Quirós Calderón, stated the following:
“Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 and AM-OF-1337-2018 In response to the above-mentioned communications, attached is communication No. SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 issued by Ing. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, in which he indicates that the post mentioned in the communications does not belong to JASEC”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 of 2 November 2018 from Juan Carlos Rojas Moya, engineer of JASEC, stated:
“In response to communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I respectfully inform you that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC, it is a 24-meter post, the same type commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
In relation to the Instituto Nacional de Seguros: On 23 October 2018, the INS Services Platform received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). On 8 April 2021, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication INSCR-1688-2021 of 8 April 2021 signed by the executive director of the Cartago headquarters of INS, by which he was told:
“(…)
In this regard, we inform you that this institution has no involvement with said works, given that our activity is insurance management; and to date our headquarters has not received any accident notice related to said works. On the other hand, this institution has no authority from a regulatory standpoint to intervene in said works.
(…)”. (Evidence provided by the mayor of Cartago).
In relation to the Instituto Costarricense de Electricidad: On 9 November 2018, the Cartago Electrical Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). In relation to the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago: On 9 November 2018, the JASEC Document Reception Center received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). On 19 November 2018, petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication OPER-191-2018 of 13 November 2018 signed by the director of Operations of JASEC, in which he was told:
“Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 In response to the communication in question, attached is SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 issued by Ing. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, in which he indicates that the post mentioned in your document does not belong to JASEC”. (Evidence provided by the general manager of JASEC).
Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 of 13 November 2018, stated:
“In response to communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I respectfully inform you that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC, it is a 24-meter post, the same type commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location”. (Evidence provided by the general manager of JASEC).
In relation to the Ministry of Environment and Energy: On 12 November 2018, the office of the minister of Environment received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). Antonio Orozco Barrantes, in his capacity as head of the Subregional Office of Cartago of SINAC, by official communication SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 of 24 May 2021, stated:
“(…)
On 24 May 2021, we proceeded to go to the addresses mentioned in recurso de amparo 21-005502-0007-CO, in order to have a clearer picture of the facts described, upon arriving at the mentioned address, no evidence was found that the works carried out require permits from SINAC, the works described and observed on 24 May, the works described in the recurso de amparo make no mention of tree felling (corta de árboles) or works within the protection area (área de protección) of rivers, streams (quebradas), or springs (nacientes), (…).
(…), what was found was the installation of a cellular tower (torre celular), at the entrance to the La Ilusión residential development, regarding the works in the Toyogres River sector, what was found was a trench approximately 60 cm wide, 1 m deep, by 8 m long, this trench is located parallel to the road on the roadway, nor was tree felling observed.
Conclusions
(…)
2. In the SITADA there is no report of a complaint for tree felling in the surroundings of the Dulce Nombre Cemetery.
3. At the addresses provided by the petitioners in recurso de amparo 21- 005502-0007-CO, no evidence was observed of the environmental damages within the competencies of SINAC (Tree felling, invasions of protection areas)”. (Evidence provided by the minister of Environment and Energy).
In relation to the Ministry of Health: On 21 November 2018, the office of the minister of Health received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of 31 May 2018. (Evidence provided by the petitioner Marco Vinicio Campos Mata). Stephanie Oviedo, official of the Health Regulation team of Cartago, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 of 6 April 2021, stated:
“(…) III. CURRENT SITUATION (…) Regarding the background of communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no physical or digital information related to the case was located, but there were other similar cases related to the conditions of sidewalks (aceras) and posts (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, communication CE-ARSC-1160-2018). A conversation was held with officials Manuel Solano Orozco, lawyer, and Manuel Martínez Zeledón, inspector supervisor, both from the Urbanism Department of the Municipality of Cartago, in order to broaden knowledge about the case and jointly coordinate an inspection of the site where the antenna installed by ICE is located. Mr. Manuel Martínez indicated that the case must have been handled by the Technical Road Management Unit, and that to request information on the actions carried out by the Municipality, an email should be sent to [email protected] Regarding the foregoing, Municipal regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, in force since 28/03/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. That same regulation in article 6 grants the Municipality of Cartago the power to regulate, close down (clausurar), demolish, register the towers among other activities, which is transcribed below: Article 6º-The Municipality is responsible for: a. Dictating the necessary measures for compliance with this Regulation so that all Construction Works (Obra Constructiva), installation, expansion, and modification to Construction Works meet the technical, safety, conservation, and integration conditions to the urban-environmental context of the canton. b. Regulating, granting, registering, inspecting, denying, annulling, and exercising any sanctioning power in relation to the Municipal Licenses referred to in this regulation. c. Closing down and demolishing works and installations in case of failure to comply with the provisions of this Regulation. d. Keeping a registry of the towers, posts, and other structures for telecommunication networks and/or systems, that are already installed and/or in the process of applying for a construction or operation authorization, in the jurisdiction of the canton for internal control and planning. e. Issuing the land-use certificates (certificados de uso del suelo) that are submitted to it in this matter. f. Considering and requesting the technical criteria and guidelines that SUTEL establishes in the exercise of its competence, with the purpose of coordinating and seeking an adequate balance between the national interests of telecommunications service development and the local interests represented by the Municipality. g. Promoting alternative conflict resolution mechanisms that may arise in this matter. On the other hand, the issue of sidewalks (aceras) is regulated by broad regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, as transcribed below: I) Law: 9329 of 15/10/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention to the Cantonal Road Network (Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal): ARTICLE 2.- Delimitation of competence The attention of the cantonal road network, in a full and exclusive manner, shall be the competence of local governments, who shall be responsible for planning, programming, designing, administering, financing, executing, and controlling its construction, conservation, signaling, demarcation, rehabilitation, reinforcement, reconstruction, concession, and operation, in accordance with the road conservation and development plan (quinquennial) of each municipality. The cantonal road network is composed of all the roads and streets under the administration of local governments, inventoried and georeferenced as cantonal routes by them, and that are recorded in the official records of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), as well as all complementary infrastructure, provided it is on public domain land and meets legal requirements. Likewise, the following shall be considered part of the cantonal road network: sidewalks (aceras), bike lanes (ciclovías), crossings, pedestrian routes, green and ornamental areas, that are located within the right-of-way (derecho de vía) and other road safety infrastructure elements intertwined with local streets and cantonal roads, vertical and horizontal signaling, bridges and other drainage and retention structures, and geotechnical works or works of another nature associated with the roads. The conservation and improvement of cantonal routes is limited to roads that strictly meet the requirements for cantonal routes established in the regulations of this law. The activities indicated in the first paragraph of this article, except for investment in conservation and improvement on cantonal routes that do not meet the minimum right-of-way width established in article 4 of Law No. 5060, General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), of 22 August 1972, may be executed both with resources from Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias), of 4 July 2001, and its reforms, as well as from this law and other related regulations. The ownership and powers concerning the administration of local roads (caminos vecinales), local streets, and unclassified roads shall correspond to the territorially competent local governments in the geographical area where each of those public roads is located, always under the general technical guidelines promulgated by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) as the governing and oversight body in the matter. In addition, municipalities may invest economic resources transferred by virtue of Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency, of 4 July 2001, single fuel tax, in the acquisition and leasing of movable and immovable property that are necessary to meet the objectives of this law. The foregoing is amply explained by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney (Procurador Adjunto), on 03 March 2019 under communication C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONS • An email was sent to the Municipality of Cartago archives requesting information on the actions taken in the case. • There is broad regulation that supports the competence of the Municipality of Cartago to regulate antennas and sidewalk conditions. (…)”. (Report of the minister of Health and evidence provided by him).
Stephanie Oviedo, official of the Health Regulation team of Cartago, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 of 24 May 2021, indicated:
“III. CURRENT SITUATION According to your indication, the north side of the cemetery and the entrance to La Ilusión residential development in the District of Dulce Nombre, Cartago, were visited at 12:50 hours.
In both locations, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50m from houses.
Communication MS-DGS-1227-2019, of 30 April 2020, signed by the Director General, Dra. Priscilla Herrera García, indicated: “It should be noted that the support structures (towers, posts, antennas) do not require a Sanitary Operating Permit (permiso sanitario de funcionamiento, PSF).” [sic] On the other hand, Municipal regulation: 64 of 17/03/2011, General Regulation for Municipal Licenses in Telecommunications, in force since 28/03/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. Likewise, article 6 establishes the competence of the Municipalities in the regulation of antennas.
It was not observed that the antennas obstructed passage, since they had more than 90cm of free passage (Anexo 1 and Anexo 2). The issue of sidewalks (aceras) is regulated by broad regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, which are the following:
(…)
VI.
CONCLUSIONS
• The Municipality of Cartago, under the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, Article 6, has the legal authority to regulate, close, or demolish antennas placed in the event of non-compliance with regulations.
• The antennas do not need a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), but do require a license from the Municipality of Cartago.
• The antennas located north of the cemetery and at the entrance to La Ilusión Urbanization must comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
• Refer the case to the Municipality of Cartago so that it can determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
ANNEX
Anexo 1. Antenna located on the north side of the Dulce Nombre Cemetery
Anexo 2. Antenna located at the entrance to Ilusión Urbanization, Dulce Nombre
(Evidence provided by the Minister of Health).
Andrea Anelisse Morales Fiesler, director of the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud), by official communication MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 of May 25, 2021, stated:
"Regarding this, I inform you of the following, according to what was indicated by official Stephanie Oviedo Ortega, through technical report MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021:
1. “…According to your indication, a visit was made to the north side of the cemetery and the entrance to La Ilusión Urbanization in the District of Dulce Nombre, Cartago, at 12:50 hours. In both places, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50m from houses. Official communication MS-DGS-1227-2019, of April 30, 2020, signed by the Director General, Dr. Priscilla Herrera García, indicated: “It should be noted that support structures (towers, poles, antennas) do not need a Sanitary Operating Permit (PSF).” [sic] On the other hand, the municipal Regulation: 64 of 03/17/2011, General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, in effect since 03/28/2011, version 2, indicates the provisions that natural or legal persons, whether public or private, must comply with, where a license granted by the Municipality for the construction or installation of telecommunications antennas is clearly established. Likewise, Article 6 establishes the competence of the Municipalities in regulating antennas. It was not observed that the antennas obstructed passage, as they had more than 90cm of free passage (Anexo 1 and 2). The issue of sidewalks is regulated by extensive (sic) regulations where Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility…”.
2. It concludes in its report, 1. The Municipality of Cartago, under the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses, Article 6, has the legal authority to regulate, close, or demolish antennas placed in the event of non-compliance with regulations. 2. The antennas do not need a Sanitary Operating Permit, but do require a license from the Municipality of Cartago. 3. The antennas located north of the cemetery and at the entrance to La Ilusión Urbanization must comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
3. Finally, it is recommended to refer the case to the Municipality of Cartago, so that it can determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses.
4. This Directorate, through MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, sends a response regarding the indicated amparo appeal and as part of the follow-up to this report, an email provided by municipal personnel is sent to [email protected], requesting information on the actions taken and the coordination of a joint inspection, without having received a response to date.
5. Today, I am sending an email to Mr. Mario Redondo Poveda, Mayor of the Municipality of Cartago, requesting information regarding the case, the follow-up this institution has given, as well as placing ourselves at your disposal to conduct a joint site visit.” (Evidence provided by the Minister of Health).
III.- Unproven facts. Of importance for the resolution of this matter, it is deemed not demonstrated that the ICE Electrical Agency of Cartago, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy have answered official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018.
IV.- Regarding the specific case. In the case at hand (sub lite), the petitioners, through a document dated May 25, 2018, but received in the Secretariat of the Chamber on May 18, 2021, file an amparo appeal against ICE, the Municipality of Cartago, MINAE, and the Ministry of Health. They challenge the construction of two telecommunications poles:
They state that in the two locations indicated in this appeal, houses exist, so if the towers collapse, they would collapse roads and private properties. They add that, because of the foregoing, human life would be endangered; furthermore, the radiation and its consequences on living beings are unknown.
They maintain that ICE should have requested permission to erect the poles from the municipal environmental unit, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Health.
The petitioner Campos Mata argues that, through official communication M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 of May 31, 2018, the situation was reported to the Electrical Agency of the Instituto Costarricense de Electricidad in Cartago (November 8, 2018), the Instituto Nacional de Seguros of the Cartago Region (October 23, 2018), the Minister of Environment and Energy (November 12, 2018), the mayor of Cartago (October 21, 2018), the Minister of Health (November 21, 2018), and the manager of the Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (November 9, 2018). They complain that they went to various authorities to request intervention in this problem; however, no solution was provided.
The petitioner Campos Mata requests that the poles be removed from the referred sites and that studies be conducted for their relocation to places far from urban areas. He maintains that the poles have brought accessibility problems and risk to both physical integrity and health. He argues that they do not allow the passage of a wheelchair and produce visual pollution. He states that these poles would collapse in the event of an earthquake, seismic tremors, flood, tornadoes, and traffic accidents (crashing into them). He alleges a lack of technical studies and considers that the poles should have been placed in other locations. He mentions that they requested the respondent authorities to remove the pole, but they have not done so. He argues that they placed the pole on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery, which is an integral part of the Asociación Integral de Ornato of that community, but it is currently disbanded, and therefore, handed over to the Asociación Integral de Desarrollo of Dulce Nombre de Cartago. He reproaches that the pole was placed without the endorsement of the neighbors and without consulting the managing body of the park. He claims that the poles invade the property of adjacent owners, but the municipality did not halt or suspend the works. He states that the legal permits have not been shown, even though the poles are in an urban area. He reproaches that the foregoing exposes the lives of unborn minors, as well as men and women, to sterility. He requests that the amparo appeal be granted and that the disconnection of an electrical meter placed by Jasec be ordered. He seeks to request a report from the cemetery board of directors, which has been negligent.
From the study of the case records, this Chamber deems it proven that Arturo Trejos Torres, ICE Land Management coordinator, through official communication 7127-1180-2017 of November 9, 2017, addressed to the mayor of Cartago, stated: “I respectfully inform you that ICE has included in the planning of works for the year 2017, the installation of 15 poles that support cellular equipment and through which, we will not only be expanding the network but also improving cellular coverage in the canton of Cartago. In a meeting held on October 31, 2017, with the director of the UTGV, Mr. Dennis Aparicio, we delivered official communications No. 7127-1033-2017 and 7127-1025-2017, through which we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations that ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago. I must clarify that we address the Unidad Técnica de Gestión Vial of each Municipality nationwide, since they are responsible for issuing alignment permits for this type of work on public roads (sic). Despite the fact that in the meeting held with Mr. Dennis Aparicio, it was made clear that we were going to install the poles in coordination with the UTGV, to our surprise, through official communication UTGV-OF-428-17, we are informed that our request has been forwarded to the Director of Municipal Urban Planning since this matter is its task. On Tuesday, November 7, 2017, Ms. Olga Serrano met with Mr. Juan Carlos Guzmán, Director of Municipal Urban Planning, and in the meeting, Mr. Juan Carlos made it clear that this situation is not within his competence. Due to the foregoing, I appeal to you as mayor of the Municipality in order for you to clarify to us which department or directorate we must go to in order to coordinate the installation of the mentioned poles. The concrete poles we will install are reinforced concrete structures with a height of 24 meters. In the attached table, I detail the location.
Province Cantón District Site Name Latitude Longitude Address Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 North side of the Dulce Nombre General Cemetery of Cartago (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 meters west of the Bar Nueva Costa, on the highway towards Cóncavas.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Justification: In Law Number 3226 of October 28, 1963, in effect and of special nature, this prerogative of the Institution is highlighted in its sense of providing telecommunications services in its third article, second paragraph. \"The Institute, as an autonomous entity of the State, shall exercise the right that the State has to use squares, streets, and other public places, national or municipal, for the purpose of establishing and utilizing the national network necessary for the telecommunications service. It is understood that, in the exercise of that right, it may carry out, on streets and sidewalks, any surface, underground, or aerial work necessary for the fulfillment of its purposes,... \" (The bold text is not from the original). In accordance with the above, Article 3 of that same law grants full autonomy to ICE to design and develop its activities, work programs, works, and projects, regulations that are not only fully in effect, but are also of public interest (in this case, telecommunications services), as established in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 13, 2008, which amended the Law of the Regulatory Authority for Public Services, and incorporated into Article No. 74 of Law No. 7593 the declaration of public interest for the installation, expansion, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, extensively developed and endorsed by the Constitutional Chamber, in the vote Res. No. 01-5763-2011 mentioned. In Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter III, General Provisions, Article 19. \"No construction or buildings of any type may be made in front of existing or planned highways without prior authorization from the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way highways, adjacent owners may only have access to the highway in sectors previously designated for that purpose or through marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport. Persons who fail to comply with this article shall be subject to fines indicated by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove the work carried out at their own expense, after which the Ministry of Public Works and Transport may eliminate the constructions made, without having to recognize any sum for damages for this reason. Due to the foregoing, we request your collaboration in providing us with a joint visit in order to verify that we will not obstruct (sic) the Municipality's planning in said district. For any additional inquiries, contact Lic. Olga Serrano at telephone 2000-6059 or email [email protected].” Official communication UTGC-OF-533-17 of November 21, 2017, from the Municipality of Cartago addressed to Arturo Trejos Torres, ICE Land Management coordinator, stated: “Subject: Your official communication 7127-1180-2017 In response to your official communication cited in the subject, through which you request a joint inspection for the installation of 15 poles at different points of the Central Canton (sic) of Cartago, and as your note dictates: “we requested a joint visit to the 15 sites in order to verify that the installations ICE intends to carry out comply with Law 7600 regarding sidewalk measurements and that we will not interfere with future projects of the Municipality of Cartago”; we would like to inform you that the visits were carried out successfully jointly with the ICE officials assigned for this activity. On November 15 and 16 of this year, the corresponding inspections of the 15 sites designated for the ICE project were carried out by Eng. Oscar (sic) García, Assistant, Sergio Umaña Redondo, assigned by this Municipal Department, and Eng. Adrián Valverde Quirós and Tec. Robert Córdoba Alvares, personnel assigned by ICE. Result of the Inspections: According to (sic) the field visits and verifications of the pole locations checked against the database comprising the Road Network of the Geographic Information System (GIS); it is determined that there are no situations that compromise road alignments, as dictated by Law No. 5060, General Law of Public Roads, Chapter III, General Provisions, Article 19: No construction or buildings of any type may be made in front of existing or planned highways without prior authorization from the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of local roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. The Municipalities shall coordinate alignments in front of local roads with the Ministry, which shall be the one to establish the policy most convenient to the public interest. On restricted-access or one-way highways, adjacent owners may only have access to the highway in sectors previously designated for that purpose or through marginal roads approved by the Ministry of Public Works and Transport.” In 2018, ICE installed two poles in Dulce Nombre de Cartago supporting cellular equipment. From 8:00 a.m. to 8:00 p.m. on May 24, 2018, the pole located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery was placed; its installation was completed in that month and no new construction works have been carried out since then. The work carried out on the Bruma Azul pole in Dulce Nombre de Cartago was executed between May 7 and 31, 2018; furthermore, since that date, no new construction works have been carried out at that location. Finally, Juan Carlos Guzmán Víquez, Municipal Director of Urban Planning, through official communication DU-OF-581-2021 of May 25, 2021, addressed to the mayor of Cartago, stated: “Regarding the cellular poles located north of the Dulce Nombre de Cartago cemetery and at the entrance to La Ilusión urbanization, there is no record of an agreement from the Public Works and Urban Planning Commission, or the Municipal Council (sic), nor is there any record of a municipal construction license (…) Finally, it is indicated that, as of the date of this report, the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has not coordinated the installation of said civil works with the Municipality, as it is obligated to do by virtue of the principle of inter-institutional coordination developed by the Constitutional Chamber in votes such as No. 5445-99 and in Article 6 of the Municipal Code, which makes ICE's actions more than reprehensible, being constitutionally and legally inadmissible.” Regarding this matter, it is important to state a priori that, in principle, it is not for this Tribunal, via the amparo proceeding, to verify the requirements that telecommunications companies (including ICE in its capacity as a subject of private law) must meet regarding the placement and development of their cellular support infrastructure for the provision of their services; likewise, it is also not within its purview to review whether the corresponding technical requirements were met in their construction, whether the permits provided for in the legal system were processed, or whether their location is adequate. Precisely, the amparo appeal constitutes a summary channel, and these topics require a full adversarial proceeding in which the parties can present their arguments and submit the corresponding technical evidence. Note that ICE considers that it did receive municipal authorization to place the poles through official communication UTGC-OF-533-17 of November 21, 2017, while the Municipal Director of Urban Planning of Cartago, through official communication DU-OF-581-2021, stated that there was no record of any agreement from the Public Works and Urban Planning Commission or the Municipal Council, nor of municipal licenses.
Regarding compliance with requirements for the municipal authorization of telecommunications towers, this Tribunal, through judgment 2012-005866 issued at 11:08 a.m. on May 4, 2012, resolved:
“II.- On the right. The petitioner seeks for this Chamber to determine whether Claro Company fulfilled the requirements to be granted land use and, consequently, the authorization to install a cellular telecommunications tower in a park designated for recreation in Freses Urbanization in Curridabat. He adds that the park is public domain and is intended for the enjoyment and recreation of local residents, so the Municipality of Curridabat, in the event it were to grant the permit, incurs in irresponsibility because it cannot dispose of that common good. Contrary to what the petitioner believes, it is not for this Tribunal to determine whether or not there is merit for Claro Company to have been granted the land use to install the cellular telecommunications tower that he complains about, as that would mean substituting the respondent administration in the resolution of those matters, and only it can decide, based on the evidence contained in the file processing said land use application, whether there is cause to resolve favorably or not what is sought, which is why he must —if he so wishes— raise said arguments before the respondent authority itself, so that what is legally appropriate can be resolved there, or failing that, through the competent jurisdictional channels.” Regarding the absence of municipal permits for the construction of a telecommunications tower, the Chamber, through judgment No. 2013000507 issued at 9:05 a.m. on January 18, 2013, indicated:
“I.- Object of the appeal. The petitioner believes that the fundamental rights of his represented party are violated by installing a telecommunications tower without permits or municipal oversight, (…)
I.- Preliminary matter. From a review of the parties' arguments, the Chamber deduces that several of the topics intended to be discussed in this amparo are not appropriate for this procedural channel, do not involve the protection of fundamental rights, and their cognizance corresponds to the administrative venue and, eventually, to the ordinary jurisdictional venue. In this sense, the appeal must be rejected insofar as it seeks to establish: a) whether the Instituto Costarricense de Electricidad has municipal authorizations to execute the works mentioned in the appeal or whether it is legally or contractually authorized to dispense with them; (…). Defining the previous topics implies controlling the legality of the activity deployed and requires the practice of evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of the amparo. Therefore, the amparo must be dismissed regarding these aspects.” Mutatis mutandi, if this Tribunal ruled in that manner regarding telecommunications towers, in the cases at hand (marras) (poles with cellular support equipment), such criteria are applicable.
Likewise, through ruling No. 2020003144 issued at 9:30 a.m. on February 14, 2021, this Tribunal decided on the relocation of telecommunications poles:
“I.- Object of the appeal. The petitioner claims that in March 2019, he submitted a request to ICE for the relocation of a public lighting and telecommunications pole. However, they informed him that he must assume the corresponding costs for the relocation of the electrical infrastructure. Because of the foregoing, he believes his fundamental rights have been violated.
II.- Regarding the specific case. With respect to the grievances raised, it is verified from the evidence provided in the file that the petitioner did not allege before ICE that the pole had a considerable tilt and there was a risk of collapse. On the contrary, in the procedure of May 8, 2019, and subsequent communications, it is verified that the petitioner reported that he was developing a construction project on the property, and the current location of the pole made full use of the infrastructure of the apartments being built impossible, since the pole obstructed access to the three garages, with the consequent economic damage this implied for the investment being executed on the site. From the foregoing, it is verified that there is a disagreement with the response provided by the respondent authority and discontent with what was indicated, the discussion of which falls outside the sphere of competence of this jurisdiction. Now, in this case, the removal of the alleged pole is not a matter directly related to a potential violation of a fundamental right, and it is not the competence of this Tribunal to order the transfer mentioned, nor to review the value of said work, since this is a task appropriate for ordinary legality avenues. Consequently, if deemed relevant, the petitioner must, if he so wishes, raise his grievances or claims before the respondent authority itself or in the ordinary jurisdictional channels, venues where he will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert his claims. Therefore, the appeal is declared inadmissible." However, the fact that the discussion mentioned above must be aired through ordinary channels does not exempt ICE, the Municipality of Cartago, and other competent authorities from answering the requests or inquiries for information (positively or negatively with the respective justification, but issuing the corresponding response), as well as addressing the complaints and procedures in which a specific and concrete situation of risk to the physical integrity or health of persons is alleged.
V.- On the petition filed. In this regard, in the case under review (sub examine), a petition was filed before the respondent authorities, in which information about the poles was requested and their intervention in the denounced acts was sought, for which reference was made to situations of danger to the physical integrity and health of persons.
Before resolving this particular grievance and deciding on the merits, it must be clarified, first of all, that, starting from Judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the timeframes established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party—, or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented —supported by the majority of this Constitutional Tribunal— because it involves a petition filed alleging situations of risk to the life and integrity of several persons, which have allegedly not been resolved within a reasonable period.
In relation to the above, the Chamber verified that the petitioners (with the exception of Juan Mena Sánchez) and others signed document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018, in which they stated: “To Mr./Ms. Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E. Instituto Nacional de Seguros. Cartago Region Eng. Carlos Manuel Rodríguez. Minister of Environment and Energy. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Mayor of the Municipality of Cartago. Dr. Guiselle Amador Minister of Health of the Republic of Costa Rica General Manager of JASEC. In the Cartago Region Subject: Request for removal of a super giant pole that is (sic) in an area not suitable (no acta) for placement Reference: Regarding a pole installed (sic) by I.C.E. behind the Divino Niño Spring. 1-Through the present petition, the undersigned Marco Vinicio Campos Mata, ID (Cedula) 303590985. And (sic) neighbors. We request by this means that you proceed to remove a VERY SUPER (sic) GIANT (sic) POLE.
They installed it behind the FUENTE DEL DIVINO NIÑO, on land that is managed by the Dulce Nombre Cemetery Board and by the Integral Ornamentation Association of this Community. This is because that post was placed without the approval of the neighbors, given that its height exceeds the boundaries of the dwellings along the public road. It is further reported that the post was placed within the two meters and fifty centimeters used for the public sidewalk for the passage of pedestrians and persons with disabilities. This includes the green zone of the little park. This with the Fuente del Divino Niño, in front of a lot that is on the northern boundary of the Cemetery. 2-There is no risk and prevention report from the I.C.E. in case said post collapses, given that this post exceeds forty meters in height, so that prevention is in place for every passerby. Moreover, in the interest of the I.C.E., it must be relocated to a suitable place that does not threaten the lives of people due to such height. That post that was placed causes visual pollution, because of its great height, given that it is at the entrance and view of our Community from the West to East Cardinal direction on Calle los Cerrillos, and it has damaged the architectural bearing of the Fuente del Divino Niño, due to the great height that this post represents and it poses a danger that it may be knocked down by lightning, storms, earthquakes, and furthermore it endangers the Community that comes to enjoy the park with their children, and having that post in that site, should it collapse, could fall on a person or passerby, dwelling, vehicle, etc. That one might come to lament its existence. 3-The collaboration of the Public Force was requested through 911 so that they would appear at the site of interest, since the company with plate number EE34220, which holds a post whose base is kept covered with concrete, and six people with the logo of the I.C.E. company were observed performing the work of such interest and magnitude. Therefore, it is requested that the I.C.E. Company submit the due discharge of liability by Law. 4-The I.C.E. is requested to present in writing the height of said post that was placed. And the I.C.E. is requested to report the depth at which this post was buried. 5-The I.C.E. is requested to provide a duly certified copy of everything related to this giant post that came to take away the tranquillity of the entire Community. 6-The I.C.E. is requested to provide documentary evidence of the permits from SETENA, the MUNICIPALITY OF CARTAGO, the MINISTRY OF HEALTH, and other competent Authorities, and to in turn show the conformity of the neighbors of the Community. This is also to include that this post obstructs the alignments and spaces of the Divino Niño Park in view of Law 7600. And therefore, it is requested that it be removed, taken away from that property for which it does not qualify, due to the complaint grounded in law and legality that addresses the same. 7-The I.C.E. is requested to proceed with the undersigned to set up a meeting in an objective manner, in order to proceed with the agreement to withdraw said post from the cited place. And in writing, it is requested that they inform me under what legal provision they have placed that post on site. 8-The Authorities of the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and other respondent authorities are requested to intervene within the scope of this complaint so that the due TECHNICAL PRONOUNCEMENTS OF LEGALITY are issued to hear and assess what today moves us, so that the Authority orders the definitive withdrawal of the denounced post that was placed without evaluating measures that are appropriate to the place. Attached are Observation Records No. AO-PDN-026-05-2018. / Record No. AOPDN-032-05-2018. 9-It is further reported to the respondents that similarly, the I.C.E. has placed another post in the Direction of the Rural Guard, 25 meters South and 25 meters to the East, exactly at the entrance of the Urbanización la Ilusión, in front of a Condominium called Calzadas Coloniales. Since that post was placed in the center of the public sidewalk, which is completely contrary to Law 7600 and to the Municipal Code itself in its Articles 75 and 76. It is unheard of that the I.C.E. has invaded this public sidewalk without any legal requirement and has caused, by a right that does not assist it, the interruption of the passage of persons and the normal movement of wheelchairs for persons with some type of disability, since before this post was not placed, everything was normal until the ICE arrived to invade and interrupt the free pedestrian transit. It is necessary to clarify that this road is within a Project of the Road Plan of the City of Cartago, Coris Paraíso, where the width of this street exceeds 20 meters in width, so when crossing the street, one could not enter the public sidewalk at the entrance of the Urbanization because the large post placed by the I.C.E. would obstruct due to the width and the inadequate placement of it, and much less could a disabled person enter the sidewalk. Due to this unconstitutional action, having to continue and tolerate that this post remains in a space for pedestrian use and not for commercial use as they want to assert, it is therefore appropriate that they remove or relocate said post to a place that does not affect third parties by law, as on this occasion it is affected; it is thus that in said sector, traffic accidents, deaths, and other dangers would increase by the simple fact that the public sidewalk remains invaded as it currently is, when before it was not. Therefore, from this moment we hold the I.C.E. responsible for the damages that this post would generate on the site. 10.- It is requested that your response in Original and Sealed Official Letter be notified personally to the undersigned signatory at: Address Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre, District Postal Code 30109. Urbanización Clara Rosa, House # 4. Los Cerrillos, 100 meters West of the Cemetery, on Av. 40, between Calle 19. Telephone: 86-81-24-04".
From the foregoing, it is observed that the filing recorded as the "subject" the request for the removal of a post; however, upon its full reading, complaints regarding the construction of two posts are identified. Specifically, the following arguments and requests from the persons who signed it are noted: 1) The first post was placed without the approval of the neighbors and within the public sidewalk that is used by pedestrians and persons with disabilities. There is no risk and prevention report from ICE in case it collapses, since it exceeds forty meters in height. The post must be placed in another site where it does not threaten the lives of people. It generates visual pollution due to its height and damages the "architectural bearing of the Fuente del Divino Niño." There is a risk of collapse due to lightning, storms, earthquakes, and it may collapse onto persons, dwellings, or vehicles. The post obstructs the alignments and spaces of the Divino Niño Park in terms of Law No. 7600. They request that ICE submit the due discharge of liability, report the height of the post placed and the depth to which it was buried, provide a certified copy of everything related to the post, and show the permits from SETENA, the Municipality of Cartago, the Ministry of Health, and the other authorities, as well as the conformity of the neighbors of the community. They request that the post be removed. They request the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and the other authorities to intervene so that they issue technical pronouncements of legality for the purpose of ordering the removal of the post. 2) The second post was placed in the center of the sidewalk, which is contrary to Law No. 7600 and the Municipal Code. ICE cannot invade the sidewalk nor interrupt the passage of persons, including those in wheelchairs with some disability. Persons crossing the street cannot enter the sidewalk due to the inadequate placement of the post, much less those with any disability. The space is for pedestrian and not commercial use. They consider it appropriate that the post be removed or relocated where it does not affect third parties, since with its current location and the invasion of the public sidewalk, traffic accidents, deaths, and other dangers would increase.
Now, to determine the actions of each of the authorities to which official letter M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 was delivered, each situation will be analyzed separately.
V.1. Regarding ICE. In this regard, it is observed that ICE is not only being asked for the relocation of its posts, but also facts are being brought to its attention, questions are being posed, and documents are being requested.
With respect to the persons' requests for the relocation of telecommunications posts, this Chamber, by resolution 2017002831 of 9:30 a.m. on February 24, 2017, stated:
"III.- ON THE MERITS. This Chamber, with respect to the requests of the administered parties for the relocation of posts for electrical and telecommunications lines, has pronounced as follows:
'The appellant states that he is the owner of a property in the Condominium Hacienda San Agustín in San Francisco de Heredia, which has two electrical line posts that would somewhat limit the availability of certain areas in the construction, such as the possible garage, for which reason he requested the necessary assistance from the respondent company. However, he was told that the possible changes to resolve the problem must be at the applicant's own expense, which he considers is not a lawful situation, as such expenses should be borne by the respondent company itself. In this regard, it must be noted that this Chamber is not competent to review the appropriateness of what was decided at a technical or legal level in relation to what was resolved by the sued company, and even less to verify whether the claim required by the petitioner is appropriate, or whether it complies or not with the applicable legal or regulatory provisions, a task proper to the ordinary, administrative, or judicial route with jurisdiction. For it is not the jurisdiction of this Court to determine, in accordance with the applicable law, how the situation raised by the petitioner should be resolved, since it is a task proper to the ordinary route, after verification of the technical criteria established for such purpose. Therefore, the petitioner must raise his disagreement or claim before the respondent authority or in the competent judicial route, avenues in which he may broadly discuss the merits of the matter and assert his claims.' (See, in a similar vein, judgments No. 2016-002466 of 9:05 a.m. on February 19, 2016, and 2016-00312 of 2:30 p.m. on January 12, 2016).
Thus, it is clear that verifying compliance with legal or technical requirements to obtain the relocation of a post corresponds to the respective administrative authorities, and this Chamber should not delve into the matter, because they are aspects of ordinary legality outside its jurisdiction. However, in this case, there is a particularity that makes the situation presented by the appellant different, and that is that he explains that the unit in front of his property is in a very deteriorated state, creating a risk that it may fall causing material damage and, furthermore, harm to people transiting the area. On this specific topic, an opportunity to be heard was granted to the General Manager of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, and that official confirmed that the post in question is not in optimal condition, stated that he was aware of the situation, and further, does not deny that it poses a risk to people transiting the area; therefore, pursuant to the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that affirmation is taken as true. Now, to remedy that situation, the respondent company assures that the pertinent studies were carried out and, as of May 2015, it was agreed to move the post at no charge to the administered party -as appropriate according to the applicable legislation- and they have already removed the electrical energy lines, with the communications lines, which correspond to the Instituto Costarricense de Electricidad, remaining pending. However, although this Chamber considers that the Compañía Nacional de Fuerza y Luz performed some actions aimed at correcting the detected risk situation, the fact of the matter is that the imminent danger remains and, therefore, it is evident that they are insufficient to correct the situation. In fact, it was only on the occasion of the notification of the procedural resolution, made on January 19, 2017, that it coordinated with the ICE the removal of the communication lines for the subsequent removal of the post.
With respect to this point, it is necessary to explain to the respondent authority that specific obligations weigh upon it, in accordance with the principles of efficiency and efficacy -which define the right to the proper functioning of public services- and, therefore, according to its scope of jurisdiction, it must have the capacity for foresight and detection of the deterioration of the infrastructure that belongs to them, in order to avoid risk situations for administered parties. The foregoing, without reasons of a budgetary nature or, in general, the lack of material resources being justifications for non-compliance with its obligations. Thus, this Chamber must intervene, in order to restore the appellant and the persons who transit next to the post in question to the full enjoyment and exercise of their fundamental rights, without this being interpreted as an order to remove it, but rather that, in accordance with the necessary technical studies, the best way to provide a solution to the particular situation must be established. In view of the considerations set forth, the appeal is granted, in the terms set out in the operative part of this judgment.
IV.- With respect to the Instituto Costarricense de Electricidad, from the report rendered by its Executive President, and not contested by the General Manager of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, it is evident that it was not until January 23, 2017, that the said company requested it to relocate the telecommunications lines in order to carry out the necessary steps to remove old posts, among them, the one cited by the appellant. Subsequently, on the following February 2, an inspection was carried out, and the distribution box was removed, and the relocation of the service lateral connections was carried out on the following February 9. For which reason, this Chamber considers that its action has been diligent in correcting the risk situation brought to its attention." Regarding the requests for information filed with ICE concerning telecommunications, this Chamber, in judgment No. 18447-2017 of 9:45 a.m. on November 17, 2017, held:
"IV. IN REFERENCE TO THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COMMERCIAL ACTIVITY OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. CONSIDERATIONS BASED ON THE CONTENT OF ARTICLE 35 OF THE LAW ON THE STRENGTHENING AND MODERNIZATION OF PUBLIC ENTITIES IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR -LAW No. 8660-. As indicated in the preceding consideration, the right of access to information is not unrestricted, given that, like any constitutional right, it finds limits, among which may be noted the subject matter, the function of the entity, body, or institution to which the information is requested, among others. Thus, in the specific case, the right in question bears a special relationship with considerations regarding the commercial function carried out by the Instituto Costarricense de Electricidad in the field of Telecommunications, which is carried out in an open market. As such, this Chamber has recognized that the content of Article 35 of the Law on the Strengthening and Modernization of Public Entities -Law No. 8660- seeks to formalize, through the principle of statutory law reservation, the decisions of the authorities of the Instituto Costarricense de Electricidad that declare certain information as confidential, which, in the telecommunications sector, is related to the commercial line of business that the institution and its companies conduct in that market. This constitutes a kind of protection given to the sued institution in order to allow it to perform adequately within the telecommunications market, in which other competitors exist.
Having stated the above, it follows that this Chamber recognizes as valid the limitation that, reasonably and proportionally, the ICE imposes on access to information requested from it and that concerns its commercial activity in the telecommunications market. Thus, the denial of information based on the legal provision cited in this consideration does not constitute an illegitimate act that entails the violation of the right of access to information. This consideration is based on the fact that said institution traditionally provided services and carried out economic functions through a monopoly, but, currently, its regime and functions have been substantially modified, mainly from the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement, which, among its consequences, led to the opening of the telecommunications market. Thus, instruments of legislative relevance emerged, such as the General Telecommunications Law -No. 8642- and the Law on the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector -No. 8660-. The latter introduced a series of necessary and adequate compensatory measures to prevent the opening of the market in that sector to free competition from causing serious harm or disadvantages to the public entities dedicated to that line of business, due to their public status and nature vis-à-vis competitors who assume more flexible collective organizational forms of private law -see in that regard, among others, judgment No. 2015-018209 of 9:05 a.m. on November 20, 2015, and judgment No. 2017-008985 of 2:00 p.m. on June 16, 2017-.
Based on such considerations, this Court has understood that such opening has direct implications for the right of access to administrative information, since the need for flexibility and expeditious actions means that the Instituto Costarricense de Electricidad is not subjected unrestrictedly and disproportionately to the provisions that govern the actions of the generality of public institutions and that do not exercise commercial or business functions.
In this context, the content of Article 35 of the aforementioned Law on the Strengthening and Modernization of Entities in the Telecommunications Sector is relevant, which provides as follows:
'The information that the ICE and its companies obtain from their users and clients shall be confidential and may only be used and shared between the ICE and its companies for business purposes. Its disclosure to third parties is restricted, unless requested by a legally competent authority, justifying its need and through the respective means. Information related to the activities of the ICE and its companies, classified by them as industrial, commercial, or economic secrets, is confidential when, for strategic, commercial, and competitive reasons, its disclosure to third parties is not advisable.' Regarding the provision cited, this Constitutional Chamber stated in judgment No. 2017-008985 of 2:00 p.m. on June 16, 2017, as follows:
"This legislative provision complies with the principle of statutory law reservation regarding the establishment of limits to fundamental Rights (articles 28 of the Constitution and 19 of the General Law of Public Administration). Note that the information referred to by the legislative provision is of two types, namely: a) Information that the ICE and its subsidiaries may obtain, in their commercial dealings, from their clients, which, by definition, is confidential insofar as it concerns those who provide it to obtain a service; it is even exceptionally provided that the competent authority may permit its access to third parties when its necessity is justified; and b) that information related to the activity of the ICE and its subsidiary companies that has been classified as covered by industrial, commercial, or economic secrecy, when qualified reasons of commercial or marketing strategy and, in general, for commercial or free competition reasons make it inadvisable to disclose it to third parties, because it may grant advantages to its competitors in an open market and cause harm to such entities. The classification made by the entities themselves of certain information is subject to the principles of reasonableness and proportionality in each particular case and, obviously, depending on its nature, may be subject to review by this Chamber. The" Furthermore, specifically on Article 35 of the law in question, in the same rulings referenced, this Chamber stated:
"Article 35 of Law 8660 establishes, in accordance with Article 24 of the Political Constitution, that client and user information is confidential, and also provides a special regime that empowers the Instituto Costarricense de Electricidad to declare confidential information about its activities and those of its subsidiaries, previously classified as industrial, commercial, or economic secrets, 'when qualified reasons of commercial or marketing strategy and, in general, for commercial or free competition reasons make it inadvisable to disclose it to third parties, because it may grant advantages to its competitors in an open market and cause harm to such entities.' However, as this Court already indicated in judgment No. 2010-0226 of 11:00 a.m. on January 8, 2010, referring to the minutes of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Electricidad, these are public documents, and if they contain confidential information, it is the duty of the respondent institution to protect it and limit the right in this sense, as prescribed in Article 35 of Law No. 8660; however, this does not justify a prior challenge to all information under that assumption, which is exceptional. In a similar vein, ruling No. 2011-9455 of 8:43 a.m. on July 22, 2011, held:
'This Court considers that the respondent authority is correct in indicating that in said financial statements confidential information may be found, especially under the new context in which the Instituto Costarricense de Electricidad currently operates; however, as the respondent points out in the report provided, information related to the energy sector is indeed of public access. Therefore, as the respondent proceeded, in these cases information must be provided without prior challenge, while of course excluding information considered confidential.' In that line of reasoning, the jurisprudence of this Court is reiterated to the effect that, in relation to information from the energy sector, no legal exception operates in this matter (judgments No. 2011-6123 of 9:15 a.m. on May 13, 2011, and No. 2012-11871 of 4:01 p.m. on August 28, 2012). The confidential information of the ICE is that regarding the segments of its activity or function that have been opened to the free market, such as mobile or cellular telephony, data transmission, and internet service; it being irrelevant and legally invalid to attempt to extend it, by analogy, to other lines of activity that are not fully open to the free market. Article 35 of Law 8660 provides for the reservation of data that may place the institution at a competitive disadvantage compared to the competition..." (Emphasis added).
However, the determination of which information held by the ICE and its subsidiaries is covered by confidentiality based on commercial secrecy may be subject to constitutional review by this Constitutional Court, for which this Chamber has the jurisdiction to analyze a specific case in which access to information is denied based on such reservations. Thus, based on the preceding considerations, this Court will proceed to elucidate whether the actions complained of by the petitioner constitute a violation of the right of access to information." Now, in the case at hand, it was verified that, on November 9, 2018, the Cartago Electrical Agency of ICE received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. However, there is no evidence of any response to that official letter on the part of this authority.
The foregoing is crucial, since there is no evidence of an express pronouncement by ICE on the points raised in the filing and, consequently, it has also not referred to the dangers set forth therein. Hence, since these dangers are not evident and manifest, what is appropriate is to declare the omission of this authority to address the filing at hand within a reasonable timeframe (note that more than two years have passed without a response), to the detriment of the rights to prompt and effective administrative justice (constitutional numeral 41), petition (constitutional Article 27), and access to information (constitutional Article 30) of the persons who signed the filing.
V.2. Regarding the Municipality of Cartago. In relation to the Municipality of Cartago, it was verified that, on October 21, 2018, it received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. The local government assigned file No. 16604 from the Services Platform to document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, by official letter AM-1335-2018 of October 26, 2018, addressed to the general manager of JASEC, stated: "(...) I am forwarding, for the corresponding purposes, municipal file No. 16604, referring to a request for the removal of a post that is in an area not suitable for placement, signed by Mr. Marco Vinicio Campos Mata." On November 13, 2018, the complainant Marco Vinicio Campos Mora received official letter AM-OF-1426-2018 of November 9, 2018, signed by Mayor Rolando Alberto Rodríguez Brenes, which stated: "(...) in response to municipal files No. 16604, 16598, and 16602 regarding post placement, I am forwarding official letter GG-692-2018, signed by Eng. Carlos Quirós Calderón, General Manager of JASEC." Official letter GG-692-2018 of November 8, 2018, from the general manager of JASEC, addressed to the Mayor of Cartago, Carlos Quirós Calderón, recorded the following: "Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 and AM-OF-1337-2018 In response to the aforementioned official letters, official letter No. SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 issued by Eng. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, is attached, in which he indicates that the post mentioned in the official letters does not belong to JASEC." Official letter SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 of November 2, 2018, from Juan Carlos Rojas Moya, engineer of JASEC, stated: "In response to official letter M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint is made about the installation of a post without the corresponding permit both on the east side of the fuente del Divino Niño in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I would like to indicate that the post in question (behind the fuente del Divino Niño) does not belong to JASEC; it is a 24-meter post, which is commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of installation of a post on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed post at the cited location." In this regard, this Court observes that the response given to the filing was limited to relaying what was stated by JASEC; however, there is no evidence of any pronouncement on the denounced facts that do indeed fall within municipal jurisdictions. Hence, it is considered that the filing was not fully addressed and, consequently, the right to prompt and effective administrative justice of the persons who signed the filing is deemed violated.
V.3. Regarding the Ministry of Health. In relation to the Ministry of Health, it was verified that, on November 21, 2018, the minister's office received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018. Stephanie Oviedo, an official of the Cartago Health Regulation team, by official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 of April 6, 2021, stated: "(...) III. CURRENT SITUATION (...) In relation to the background of official letter M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no information was located either physically or digitally related to the case, but there were other similar cases regarding the conditions of sidewalks and posts (complaint 3819-2018, report CE-ARSC-R-0861-2018; complaint 1032-2018, official letter CE-ARSC-1160-2018). (...)." Stephanie Oviedo, an official of the Cartago Health Regulation team, by official letter MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 of May 24, 2021, indicated: "III. CURRENT SITUATION In accordance with your indication, a visit was made to the north side of the cemetery and the entrance of Urbanización La Ilusión in the District of Dulce Nombre, Cartago, at 12:50 hours.
In both locations, telecommunications antennas were identified where it was observed that they are located less than 50 m from houses. Official communication MS-DGS-1227-2019, dated April 30, 2020, signed by the Director General, Dr. Priscilla Herrera García, stated: “It should be noted that support structures (towers, poles, antennas) do not require a Sanitary Operating Permit (PSF).” [sic] (…) It was not observed that the antennas obstructed passage, since they had more than 90 cm of free passage (Anexo 1 and 2). The issue of sidewalks is regulated by a broad (sic) set of regulations where the Municipalities are defined as responsible for guaranteeing the good condition of sidewalks and their accessibility, which are the following (sic): I) Law: 9329 of 10/15/2015, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention to the Cantonal Road Network. II) Official communication C-088-2019, signed by Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Deputy Attorney, on March 3, 2019. (…) VI. CONCLUSIONS (…) • Antennas do not require a Sanitary Operating Permit, but they do require a license from the Municipality of Cartago. (…) VII. RECOMMENDATIONS • Forward the case to the Municipality of Cartago, so that they may determine whether or not the antennas comply with the General Regulation for Municipal Telecommunications Licenses. (…)” Andrea Anelisse Morales Fiesler, director of the Cartago Health Governing Area, by official communication MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 of May 25, 2021, stated: “(…) 4. This Directorate, through MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, sends a response addressing the indicated amparo appeal and, as part of the follow-up to this report, an email is sent, provided by municipal personnel to [email protected], requesting information on the actions taken and the coordination of a joint inspection, without having received a response to date. 5. Today, I am sending an email to Mr. Mario Redondo Poveda, Mayor of the Municipality of Cartago, requesting information regarding the case, the follow-up this institution has given it, as well as placing ourselves at your disposal to conduct a joint site visit”.
In this regard, even though after notification of the course of this amparo, the health authorities inspected the locations where the poles were erected and contacted the Municipality of Cartago, it is not apparent that any response to official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 was issued and notified. Consequently, taking into consideration the period of more than two years that has elapsed and that not even a response has been notified, the right to prompt and complete administrative justice of the persons who signed the petition is deemed violated.
V.4 Regarding the Ministry of Environment and Energy. From the court record, it is inferred that, on November 12, 2018, the office of the Minister of Environment received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. However, despite alleging situations of an environmental nature or that could be related to the scope of competence of that ministry, no formal response to that official communication is apparent. Consequently, taking into consideration the period of more than two years that has elapsed, the right to prompt and complete administrative justice of the persons who signed the petition is deemed violated.
V.5 Regarding the Administrative Board of the Municipal Electrical Service of Cartago. In the sub lite case, it is verified that, on November 9, 2018, the Document Reception Center of JASEC received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. On November 19, 2018, the petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication OPER-191-2018 of November 13, 2018, signed by the director of Operations of JASEC, in which he was informed: "Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 In response to the mentioned official communication, attached is SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 issued by Eng. Juan Carlos Rojas Mora, GIS-SIREJ Professional, indicating that the pole mentioned in your document does not belong to JASEC." Official communication SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 of November 13, 2018, stated: "In response to official communication M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 and M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, in which a complaint (sic) is made regarding the installation of a pole without the corresponding permit on the east side of the Divino Niño spring (fuente) in Dulce Nombre, as well as on the north side of the cemetery of the same locality, I am permitted to indicate that the mentioned pole (behind the Divino Niño spring) does not belong to JASEC; it is a 24-meter pole, which is commonly used by telecommunications companies to expand their cellular coverage, and the report of the installation of a pole on the north side of the Dulce Nombre cemetery is not valid since there is no recently installed pole at the cited location." In relation to the foregoing, it is apparent that JASEC responded to the petition in question, long before the filing of this appeal. Hence, the appeal against it is dismissed.
V.6. Regarding the National Insurance Institute. Regarding the National Insurance Institute, it was verified that, on October 23, 2018, the Services Platform received document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 of May 31, 2018. On April 8, 2021, the petitioner Marco Vinicio Campos Mora received official communication INSCR-1688-2021 of April 8, 2021, signed by the executive director of the Cartago headquarters of the INS, by which he was informed: “(…) In this regard, we inform you that this institution has no involvement with said works, given that our activity is insurance management; and to date, our headquarters has not received any notice of an accident related to said works. On the other hand, this institution has no authority from a regulatory standpoint to intervene in said works. (…)." In this regard, even though this institution responded to the petition after notification of the course of this proceeding, from a reading of document M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018, no specific request directed to the INS is apparent, and, furthermore, the facts that were presented are evidently outside the scope of its competence. Likewise, in the filing brief for this appeal, no omission of constitutional relevance was attributed to it. Ergo, the appeal against it is dismissed.
VI.- Regarding the remaining allegations. The point related to the eventual violation of privacy due to the height of the poles is, prima facie, dismissed, since, in the terms set forth in the filing brief, no direct or indirect violation or threat to any fundamental right susceptible to being declared in this jurisdiction is apparent.
Regarding visual contamination, the appeal is dismissed a priori, since no relevant arguments were mentioned that would demonstrate any situation warranting the intervention of this Chamber.
Likewise, if the petitioners consider that the ICE required the approval of the community neighbors to place the poles, they may, if they so wish, raise their allegations in the ordinary administrative or jurisdictional venue.
In addition, although it is reproached that the poles encroach upon the property of adjoining owners and that the municipality did not halt or suspend the works, there is no record that any prior complaint in this sense had been filed before that authority.
On the other hand, even though it is alleged that one of the poles was placed on land managed by the board of the Dulce Nombre cemetery and that this board has been negligent, such an assertion was general. Hence, no action or omission that can be analyzed in this jurisdiction is apparent.
In relation to the possible violations of Law No. 7600, no person with a disability specifically affected or threatened was identified; rather, this point was formulated in a general and abstract manner.
Regarding the request for disconnection of an electrical meter installed by Jasec, this argument constitutes an isolated allegation that, in principle, is not related to the facts that are the subject of this appeal.
Finally, it is alleged that this type of telecommunications poles and antennas cause health damages; however, recently, in judgment No. 2021000193 at 9:15 a.m. on January 8, 2021, it stated:
"VI.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH. The petitioners allege that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it is necessary to bring up that the issue of the installation of telecommunications and cellular telephone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in judgment No. 2013-006649 at 10:20 a.m. on May 17, 2013, the Court ordered the following:
"ON THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONE TOWERS. Regarding the installation of cellular signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that this is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, pertains to the national orbit, and even projects into the field of Public International Law. Thus, this Court, in judgment number 015763-2011 at nine forty-six hours on November sixteenth, two thousand eleven, indicated the following:
V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL LEGAL ORDER. From a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure, in the matter of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, establishing itself as a matter pertaining to the national orbit with, even, projections into the field of Public International Law, as its development entails the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Court has indicated, the subject of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution indicates that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and is specifically a good belonging to the Nation, and cannot be disaffected or removed from the State's domain. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008 - hereinafter LGT -, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources', highlighting that the use of telecommunications infrastructures must be '(...) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services'. Precisely, the optimization, weighted use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in the matter of telecommunications obeys the manifest purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On the other hand, Article 32, subsection d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access and service and of solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure', given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, enjoying the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services. For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest.' Such declaration has major repercussions, since it is recognized, by law, that the issue of infrastructure in this matter holds a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself into the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties'; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict.' A consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities could be, cannot take precedence over the clear public interest of telecommunications infrastructure thus declared, expressly, by the national legislator through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, subsection 1), of the Constitution), which must prevail over local interests, given that municipal autonomy does not allow town councils to exempt themselves from what has been declared as a national interest; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or oversight that the State can exercise, through constitutional organs, through the issuance of valid and effective laws, the conclusion of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, subsection 4), and 140, subsection 10), of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation 'for legally verified public interest.' A second consequence that is extracted from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in the matter of telecommunications has a clear and unequivocal national vocation. So, it is the State and its organs that assume the direction and steering in the matter to which all minor public entities must submit to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the necessary interconnection and connectivity that allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from 'localizing' the subject of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is created within the framework of the State's sectorization. It shall be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public companies that perform functions or activities related to telecommunications; according to this norm, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, since it includes the entire universe of public entities, including those that are territorially decentralized, such as municipalities. This is how town councils cannot exempt themselves from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more patent when considering Article 39 of the cited Law, insofar as it establishes that the sector's rector shall be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, who is responsible, in exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, for the following: a) Formulating the policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinating (...) the preparation of the National Plan for the development of telecommunications (...); c) Ensuring that the Sector's policies are executed by the public and private entities participating in the Telecommunications Sector; e) Issuing the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive regulations; h) Coordinating telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensuring compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made manifest when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Plan for the development of telecommunications,' which is defined in paragraph 1 of that numeral as (...) the instrument for planning and general orientation of the Sector and defines the goals, objectives, and priorities thereof. The legislator opted, then, to plan the subject of telecommunications at the national and not merely local or regional level. On the other hand, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendency of Telecommunications (SUTEL), which is responsible for a series of unequivocally national-level competencies; thus, according to Articles 59 and 60 of the Law Creating the ARESEP, it is responsible for (...) regulating, applying, monitoring, and controlling the legal order of telecommunications (...) for all of which it shall act in accordance with the Sector's policies, the provisions of the National Plan for the development of telecommunications, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions.' The National Plan for the Development of Telecommunications 2009-2014, for its part, establishes that 'To advance in the use of the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure in a way that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, the development of infrastructure in that sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority must be given in any national project regarding ICT (...)', and later specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must attend to the following guidelines: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, allowing convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and communications security; and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the inhabitants of the country, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity (...). It is, then, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, on a matter of clear national vocation, attempts to establish its own orientation and requirements, overriding national legislation and the instruments of Public International Law that obligate all entities that make up the State in a broad sense..." (The highlighting and underlining are not in the original).
To this is added that, at present, there is simply not enough evidence to consider that cellular telephone towers represent a danger to public health. Thus, in judgment No. 2010-014449 at eight hundred fifty-four minutes of August thirty-first, two thousand ten, it was stated:
"[…] regarding the eventual impact that the installation and operation of such towers could have on the population's health, both the Costa Rican Electricity Institute and the National Environmental Technical Secretariat coincide in their reports – which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers represents a risk or threat to people's health, and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on various occasions regarding this issue, and in the specific case of judgment number 2003-03419 at 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Court indicated:
'(…) In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde could have on the population's health and the environment. However, it must be taken into consideration that the work performed is based on the exercise of the public service entrusted to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the court record, it was not reliably demonstrated that there are risks to the population's health or the environment derived from exposure to those electromagnetic fields, since the Costa Rican Electricity Institute, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. In this regard, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks...' A position that was reiterated in judgments numbers 2004-07890 at 3:37 p.m. on July 20, 2004, and 2006-14550 at 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the evidentiary elements provided in the proceeding and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to people's health or the environment." Based on the foregoing, the petitioners must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they may, broadly, discuss the merits of the matter and assert their claims." Consequently, these points are dismissed.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted only regarding the failure of the Costa Rican Electricity Institute, the Municipality of Cartago, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy to address the petition formulated. Lilliam González Cerdas, in her capacity as coordinator of the Cartago Agency of ICE, Mario Redondo Poveda, Mayor of Cartago, Daniel Salas Peraza, Minister of Health, and Franklin Paniagua Alfaro, Acting Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a period of FIFTEEN DAYS counted from the notification of this appeal, they address, each within the scope of competencies of the entity they represent, the petition formulated through official communication M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 dated May 31, 2018, and notify the resolution to the parties who petitioned. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Costa Rican Electricity Institute, the Municipality of Cartago, and the State are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify.
Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).
Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 09:25:43.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021013168 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de junio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.o 21-005502-0007-CO, interpuesto por ABRAHAM HIDALGO GONZÁLEZ, ARACELLY VILLALTA, DINORAH MARÍA CASTRO ACEVEDO, EDWIN GERARDO ROW ARCE, EIMY MAGALY SOLANO PÉREZ, ELADIO MARTÍN CHACÓN MEZA, ELIETH PATRICIA PÉREZ MATA, ERIC IVÁN MENA MONGE, FABIO FRANCISCO GUTIÉRREZ GUILLÉN, FRANK GONZALO VILLALTA QUIRÓS, GUILLERMO ENRIQUE CONEJO TORRES, JAVIER ARCE RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN BRENES, JUAN PABLO ARCE RODRÍGUEZ, JUAN RAFAEL MENA SÁNCHEZ, LIGIA MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LUISA SOLEDAD VARGAS BARRANTES, MANUEL ANTONIO SOLANO VILLALTA, MARCO VINICIO CAMPOS MATA, MARÍA GABRIELA VILLALTA VILLALTA, MARÍA ISABEL DEL CARMEN FERNÁNDEZ HERRERA, MARÍA RAFAELA DE LA TRINIDAD QUIRÓS TORRES, MÓNICA IZAGUIRRE CAMPOS, NELSON MAURICIO BRENES ORTEGA y RANDALL GUSTAVO GERARDO HIDALGO SOLANO, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS), el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, el MINISTERIO DE SALUD y la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE CARTAGO (JASEC).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:10 horas del 18 de marzo de 2021, los accionante interponen recurso de amparo, en contra del ICE, INS, MINAE, Municipalidad de Cartago y Ministerio de Salud. Indican que hace 15 días en el distrito de Dulce Nombre de Cartago se presentó una cuadrilla de trabajadores con maquinaria pesada y personal identificado del ICE e iniciaron trabajos de excavación. Señalan que esto fue así por varios días hasta realizar un hueco muy profundo al pie de la edificación que corresponde a la ermita (fuente del Divino Niño), predio que está ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago. Agregan que con el pasar los días las excavaciones continuaron en el predio citado, que es administrado por la Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago. Mencionan que la gran profundidad de la excavación se comprobó debido a la gran cantidad de vagonetas que salieron cargadas de tierra extraída de la parte de atrás de la fuente del Divino Niño, en donde cortaron árboles y demás plantas sin importar el ornato y embellecimiento de dicho predio. Manifiestan que, al ver esta situación y la gran profundidad de la excavación, así como el daño a los árboles que fueron cortados, dialogaron con los trabajadores del ICE para que les indicaran qué trabajos estaban haciendo, por qué en ese predio y quién les había dado permiso para las excavaciones, ya que la ermita y la fuente estaban a punto de colapsar y desplomarse por la parte de atrás. Narran que los trabajadores les manifestaron que ellos hacen el trabajo del ICE y que son parte de la institución que representan, por lo que no tienen que sacar permisos al trabajar para el Estado. Añaden que conversaron telefónicamente con el ingeniero Alejandro Chinchilla, encargado de la obra, quien les manifestó que continuarían con los trabajos, pues todo era una mentira para parar la obras. Agrega que, pese a que le solicitaron a ese funcionario que se apersonara al lugar, él le respondió que nadie iba a parar los trabajos y que hicieran lo que quisieran. Exponen que solicitaron a la Fuerza Pública de Dulce Nombre que levantaran un acta de observación policial, la cual se elaboró con el consecutivo n.o AO-PDN-026-05-2018. Reclaman que detrás de la fuente del Divino Niño se dejó un área de dos metros y medio que corresponde al espacio de la acera publica como área verde correspondiente a los cincuenta centímetros, ajustándose ese espacio al derecho de la vía publica cantonal. Dicen que al construir y colocar esta antena y el gigante poste para sostenerla junto a los cajones eléctricos de sus cableados, se estaría invadiendo el espacio correspondiente de la acera publica de ese predio, ubicado al norte del cementerio; además, al colocarse estas nuevas obras no contempladas cuando se realizó la ermita del Divino Niño, ya no se dejaría el paso peatonal que en su tiempo el profesional arquitecto dejó en ese espacio para el uso peatonal y área verde correspondiente a dos metros cincuenta centímetros de utilidad peatonal y que se ajustan con la pared de la Fuente del Divino Niño. Exponen que el ICE cortó los árboles y flores que estaban asentados en ese espacio, sin importar el cuido y mantenimiento de esos cincuenta centímetros de área verde e invadiendo la obra constructiva el espacio de la acera pública. Aluden que al permitirse estas obras que no son de interés público sino de interés privado de algunos cuantos o, más bien, al no colocar estas obras en espacios más amplios, constituyen actos que deben cumplir los requerimientos de ley en donde intervenga el MINAE y las entidades respectivas en la materia, pues el ICE le estaría cambiando el uso de suelo a esa área del demanio público, lo cual no está permitido por nuestra legislación. Expresan que esa antena elevada está invadiendo las propiedades privadas de los vecinos colindantes a la ermita Fuente del Divino Niño y, ante los fuertes rayos y tormentas de la zona, así como con los temblores, se estaría afectando la seguridad de ellos, toda vez que la estructura podría colapsar sobre sus viviendas y colindancias en la vía pública. Refieren que cuando se realice mantenimiento en la antena se estaría invadiendo la privacidad, ya que los trabajadores mirarían y tendrían el control de cada uno de los vecinos. Mencionan que la antena o torre para servicios telefónicos no cuenta con los permisos que exige la legislación nacional, pues está utilizando el espacio de la acera pública (dos metros cincuenta centímetros). Refieren que lo anterior contraviene la ley 7600 y el Código Municipal. Afirman que el 22 de mayo se presentaron los trabajadores del ICE a seguir trabajando en la excavación, lo que se ha mantenido hasta la fecha sin que ninguna autoridad clausure dicha actividad. Explican que se hizo un recorrido por el distrito de Dulce Nombre de Cartago y se detectó que en la entrada de la urbanización La Ilusión, antes de llegar a la entrada de los condominios Calzadas Coloniales y 200 metros al este del puente piedra del río Toyogres, camino a Cóncavas, el personal del ICE está realizando excavaciones como las denunciadas y se están construyendo sin los requerimientos legales, ya que rompieron el cordón del caño, la acera y la zona verde exigida en la Ley de Construcciones. Afirman que el ICE está invadiendo el espacio peatonal de dominio público contemplado en la ley 7600 y en el Código Municipal, para colocar un poste como parte de una antena de internet. Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso (en los que se colocaron los postes: al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y a la entrada de la urbanización La Ilusión) existen casas que, si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos. Piden que también se clausuren las obras del ICE que se construyen en la entrada de la urbanización La Ilusión Refieren que es inaudito que la Dirección de Vial Municipal haya dado visto bueno al ICE. Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud.
2.- Mediante resolución de las 19:06 horas del 18 de marzo de 2021, la magistrada de turno Nancy Hernández López ordenó el envío del recurso a la Presidencia de la Sala para lo que corresponda.
3.- Mediante resolución de las 11:07 horas de 22 de marzo de 2021, se le previno a los recurrentes que debían indicar si habían denunciado ante el Instituto Costarricense de Electricidad, la Municipalidad de Cartago o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los problemas de accesibilidad y de riesgo a la integridad física que, según su dicho, ocasionan las obras en cuestión y que, de ser así, debían aportar copia íntegra y legible, con sello o constancia de recibido de esa gestión. Además, también aportar copia de la respuesta a su gestión, en caso de que ello hubiere ocurrido.
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:47 horas del 25 de marzo de 2021, el recurrente Marco Vinicio Campos Mata se apersona. Indica que el requerimiento no se efectuó por medio de la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago. Señala que, por oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (8 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), el ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), el alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la ministra de Salud (21 de noviembre de 2018) y el gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (9 de noviembre de 2018). Reclaman que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema; sin embargo, no se brindó solución alguna. Pide que los postes sean retirados en los sitios referidos y se hagan los estudios para su reubicación en lugares lejanos a la zona urbana. Expone lo siguiente: “Donde el ICE, y recurridas citadas no consideran las mujeres embarazadas, transeúntes, niños personas de la tercera edad, ni mucho menos hacen la consulta a los colindantes e sitio. Esto porque los dos POSTES MUY SUPER JIGANTES (sic), hoy para solicitar su retiro total. Ya que los mismos no garantizan la Seguridad en la Comunidad, y que su funcionalidad, nos ha traído problemas de accesibilidad, riesgo a la integridad física, como a la propia Salud, del ser humano por una funcionalidad desconocida que nunca la han dado a la luz pública. Desde que solicitamos a la Fuerza Pública de la Comunidad, que detuviera las obras lo cual fue inútil porque estas continuaron y a la fecha prevalezcan en contra de nuestra Salud, humana como de la propia Naturaleza, derivado al reducido espacio en que invade un espacio público, como lo es la acera donde no permite el paso de silla de ruedas y seguridad en la calle, por la contaminación visual, la fuerte luz que tiene esa antena color rojo que lastima los ojos a lo lejos, y que para en caso de terremoto, temblores sísmicos, inundación, tornados accidentes de tránsito en sitio (choque con estos postes ) estos van a colapsar tanto con nuestras vidas humanas como con las viviendas aledañas, que están en sitio por la falta de estudios técnicos, y estos se hayan instalado en otros sitios que o causen riesgo latente como lo está ocasionado en la actualidad, bajo los efectos que estos se desplomen por su desperfecto y que por el paso del tiempo y rayos eléctricos causen lamentos de fallecimiento. Más nos quitaron el Embellecimiento y ornato de la Fuente del Divino Dulce Nombre. Por una de las entradas principales a nuestro Distrito de Dulce Nombre de Cartago a Paraíso. Donde esto ocasiono (sic) que las Damas voluntarias, que, con mucha honra, esmero, dedicación voluntad, mantenían la zona verde que hoy está invadida con el citado súper poste gigante. Considerando además e incluyendo el ICE, coloco (sic) otro POSTE MUY SUPER JIGANTE, en la primera entrada de la Urbanización a Ilusión, en Dulce Nombre de Cartago,a Cóncavas. Con las mismas características del activo denunciado costado norte del Cementerio, local.” Menciona que pidieron a las autoridades recurridas que se quitaran el poste, pero no lo han hecho. Refiere que: “El poste acusado, ante esta Sede Judicial, nos vino a cambiar nuestro estilo de vida, no hay tranquilidad, ni seguridad, nuestra paz se desbordo al imponer esos obstáculos en la zona verde porque han implantado el poste en terreno que es Administrado por la Junta del Cementerio de Dulce Nombre, que es parte integral de la Asociación Integral de Ornato de esta Comunidad, más por estos disgustos la misma esta desintegrada y fue entregada ante la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Toda vez como se denuncio (sic) fue colocado ese poste sin el aval, mínimo de los vecinos, ni mucho menos consultado ante el propio ente Administrador del parquecito donde la Comunidad aportaba su propio peculio, para ese mantenimiento, y embellecimiento, con el Comité de ornato, la Junta Administrativa del Cementerio, como la hoy Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Mas muy fácil se les dio a los Señores del ICE. Venir a adueñarse e imponer ley, no ajustada arbitrariamente de un terreno que no es propiedad de esa entidad, I.C.E. para satisfacer alguna utilidad y necesidad de un posible particular toda vez a peligros, falta de autorización, común”. Refiere que los postes invaden la propiedad de los colindantes pero la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras. Manifiesta: “El poste fue plantado dentro de los dos metros y cincuenta centímetros que antes no teníamos invasión al paso peatonal, contrario hoy con este interpuesto amparo, porque obliga al ciudadano salirse de la continuidad de la acera pública, por la existencia del poste en sitio esto es contrario de la propia legislación, contemplada en la ley 7600 y concordantes en la rica Jurisprudencia Constitucional, de esta honrada Corte Suprema de Justicia, pues a pesar del mínimo espacio de la acera se (sic) caminar por la calle pública, reluciendo el poste, en el espacio que se nos debe entregar al peatón y nunca jamás para colocar ese obstáculo, citado. (…) Nunca habido interés del ICE, para solucionar este grave problema, más quieren aterrar de obstáculos, peso al amparo del propio Código Municipal Artículo 84 y 85. Y la Ley 7600. Ni mucho menos un informe de riesgo y prevención de parte de las Autoridades recurridas. 10-A pesar qué se llama a Fuerza Pública, las obras no fueron suspendidas para solución hoy. (…) Nunca se ha dado detalles del Activo aquí acusado ni mucho menos a la q vista el expediente que debe custodiar en el ente Administrativo, más esa obra ha sido cuestionada vía telefónica ante el ICE, y nunca han puesto atención manifiesta no dar información y que todo está bien. (…) No se han mostrado permisos de ley a pesar que los dos postes de interés están en zona Urbana, donde pone en riesgo la vía humana de los niños que están en el vientre de su madre como a su vez expone a los hombres, como a las mujeres en la esterilidad, por la funcionalidad y la colocación de esos activos de ese interés posiblemente a particulares, ya que no se debe velar por un interés público, cuando existe una inconformidad y no solución a causa de los cuestionamientos o simplemente por la responsabilidad de la administración, donde estas no deben seguir tolerado (sic) la tenencia de una cosa ser un obstáculo contra la salud pública para que prevalezcan, los intereses más evadir para no reubicarlos en terrenos apropiados fuera de nuestra Ciudad, que no cause lesión mortal o de salud, en lugares que la recurrida valore por estudios que no dañara el ambiente ni el ecosistema su fauna y flora contrario a estos postes donde se ha acreditado la denuncia sin solución ante la sede recurrida. (…) Nunca se me notifico (sic) para la reunión sostenida y solicitada ante esa representación. (…) Se evidencia la existencia de otro activo en la primera entrada de la Urb. la Ilusión. Con las mismas características para solicitar sea retirado del sitio ósea su reubicación que este fuera del Área Urbana, para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los colonos 15-Existe la invasión o reducción de las existentes aceras públicas que fueron usados esos espacios para empotrar estos activos donde es el mismo espacio está fuera del comercio. Siendo lo contrario bajo la tutela de que estos postes se sigan tolerando en sitios. Cuando a infinidad de Ciudadanos, les han obligado quitar estorbos de las aceras porque son obstáculos, que no permiten el libre tránsito, pero es contrario en favor del ICE, donde el Gobierno local le permite desordenar nuestro casco Urbano, sin el mantenimiento para la tenencia de estos postes que ponen en riesgo la seguridad y a integridad física y vehicular). Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene la desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec. Aduce que “El Oficio # M-V-C-M-165-Dl-DIVINO NIÑO-2018. Dirigido a la Junta Directiva del Cementerio Dulce Nombre, donde no se pronuncia al respecto y es atendida por la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre. Donde se solicita a usted, su atención y valoración para que se requiera y se incluya a la Junta Directiva del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago, representada por la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Toda vez que como se ha evidenciado el terreno donde se colocó ese poste súper gigante en medio de la acera pública, con el parquecito y la calle pública, costado norte del Cementerio sobre la calle los cerrillos, este es Administrado por la Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre, donde sus oficinas están ubicadas en el propio Cementerio de esta localidad del Distrito # 9. Consta el Oficio # CMO-OFR-104-17. Por la propia Autoridad. Más considero oportuno que se le requiera el debido informe a esa representada que también ha sido omisa hasta la fecha al amparo del Artículo 27 Constitucional, para que utilizando el emplazamiento mediante los Artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se le prevenga para que conste ante este Alto Tribunal, el informe de ley, y a su vez se ordene a la recurrida entiéndase a La Junta Directiva del Cementerio. Como a los que cite en el Oficio # M-V-C-M-139-Dl-DIVINO NIÑO-201 8. Para que emita la resolución y solución conforme a la propia Constitución Política, en vista que mis Derechos Humanos, a la fecha están siendo vulnerados tanto por la falta de interés de las autoridades para obtener respuesta pronta y cumplida, en la que a la fecha todo sigue igual desde que se interpuso la denuncia”.
5.- Mediante resolución de las 11:45 horas de 26 de marzo de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso al proceso. Asimismo, se solicitó informe al gerente de la Agencia Eléctrica del ICE en Cartago, al gerente de la Sucursal del INS de Cartago, al ministro de Ambiente y Energía, al alcalde de Cartago, al ministro de Salud y al gerente de JASEC, sobre los siguientes hechos: “hace 15 días se presentó al distrito de Dulce Nombre de Cartago una cuadrilla de trabajadores con maquinaria pesada y personal identificado del Instituto Costarricense de Electricidad, en la que iniciaron trabajos de excavación con la maquinaria esto por varios días hasta llegar a realizar un hueco muy profundo al pie de la edificación a lo que corresponde la ermita, llámese fuente del Divino Niño, predio que está ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago. Indican que al pasar los días, las excavaciones continuaron en el predio citado, que es administrado por la Junta Administradora del Cementerio de Dulce Nombre de Cartago, pues se procedió a verificar que la excavación tan profunda la realizaban por la gran cantidad de activos (vagonetas) que salían al día cargadas de tierra que era extraída de la parte de atrás de la hernia de la fuente el Divino Niño, en la que cortaron árboles y demás plantas sin importar quién cuida y vigila por el ornato y embellecimiento de dicho predio. Manifiestan que al ver esta situación y la gran profundidad de la excavación, así como el daño a los árboles que fueron cortados, procedieron a dialogar con los trabajadores del ICE para que les indicaran qué trabajos estaban haciendo y por qué en ese predio, así como preguntarles quién les había dado permiso para estas excavaciones, ya que, la ermita y la fuente estaba a punto de colapsar y desplomarse por la parte de atrás. Narran que los trabajadores les manifestaron que ellos hacen el trabajo del ICE y que son parte de la institución que representan y que no tienen por qué sacar ningún tipo de permiso porque trabajan para el Estado. Agregan que conversaron telefónicamente con el ingeniero Alejandro Chinchilla, encargado de la obra, quien les manifestó que continuaría con los trabajos, ya que, todo era una mentira para parar la obras, a pesar que le solicitaron que se apersonara al lugar de los trabajos indebidos, pero, respondió que nadie iba a parar los trabajos y que hicieran lo que quisieran, pero, completaría la obra. Indican que solicitaron a la Fuerza Pública de Dulce Nombre que levantaran un acta de observación policial, la cual se elaboró con el consecutivo No. AO-PDN-026-05-2018. Reclaman que detrás de la fuente del Divino Niño, se dejó un área de dos metros y medio que corresponde al espacio de la acera publica como a su área verde correspondiente a los cincuenta centímetros, ajustándose ese espacio al derecho de la vía publica cantonal. Dicen que al construir y colocar esta antena y el gigante poste para sostenerla junto a los cajones eléctricos de sus cableados en dicho lugar estaría invadiendo el espacio correspondiente de la acera publica de ese predio, ubicado al norte del cementerio aquí en litigio y al colocar estas nuevas obras no contempladas cuando se realizó la ermita del Divino Niño, ya no dejaría el paso peatonal que en su tiempo el profesional arquitecto dejó en ese espacio para el uso peatonal y área verde en lo que correspondería a los dos metros cincuenta centímetros que son de utilidad peatonal y que estos se ajustan con la pared de la Fuente del Divino Niño. Considerando que el I.C.E. cortó los árboles y flores que estaban asentados en dicho espacio correspondiente a área verde, sin importar el cuido y mantenimiento de esos cincuenta centímetros para el uso de área verde, invadiendo la obra constructiva el espacio de la acera pública. Reclaman que al permitirse que se realicen estas obras de que no son de interés público sino de interés privado de algunos cuantos o, más bien, al no colocar estas obras en espacios más amplios, constituyen actos que deben cumplir los requerimientos de ley en la que intervenga el MINAE y las entidades respectivas en la materia, pues, se le estaría cambiando el uso de suelo por parte del I.C.E. a esta área del demanio público que no está permitido por nuestra legislación. Indican que esa súper antena elevada está invadiendo las propiedades privadas de todos y cada uno de los vecinos colindantes con la ermita Fuente del Divino Niño, y evidentemente por los fuertes rayos y tormentas de la zona se estaría afectando la seguridad de cada ciudadano como de todos y cada uno de los vecinos al desplomarse la gran antena a consecuencia de un rayo o bien de un temblor, debido a que la estructura colapsaría sobre sus viviendas y colindancias con la vía publica sin ninguna medida y garantía individual o colectiva para su comunidad de Dulce Nombre y, como se manifestó, estaría invadiendo también su privacidad, ya que, cuando realicen mantenimiento de tal torre, los trabajadores mirarían y tendrían el control de cada uno de sus vecinos y, además, esta antena o torre para servicios telefónicos no cuenta con los permisos que exige la legislación nacional para que se proceda a colocarla, pues, su naturaleza por el espacio que están utilizando de la acera pública de los dos metros cincuenta centímetros va en contra de la Ley 7600 y del Código Municipal. Manifiestan que el 22 de mayo de 2020 se presentaron los trabajadores del ICE a seguir trabajando en la excavación, lo que se ha mantenido hasta la fecha sin que ninguna autoridad clausure dicha actividad. Manifiestan que por oficio No. M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (08 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), al Ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), al Alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la Ministra de Salud (21 de noviembre de 2018), al gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (09 de noviembre de 2018). Reclaman que, a pesar que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema, que impide el libre acceso al inmueble y pone en peligro la integridad física de los transeúntes de la zona al tener que tirarse a la calle ante la presencia de dos postes gigantes en medio de la zona peatonal, no se les ha resuelto nada, lo que estiman violatorio de sus derechos fundamentales”.
6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:18 horas de 6 de abril de 2021, se apersona el recurrente. Indica que por error en la respuesta a la prevención citó el oficio M-V-C-M-278-DI-DIVINO-NIÑO-2021; sin embargo, lo correcto era el oficio M-V-C-M-079-DI-DIVINO-NIÑO-2021. Pide que la respuesta se notificada en su domicilio: “Cartago, Dulce Nombre, Código Postal de Distrito # 30109, Urbanización Clara Rosa, Casa # 4, Los Cerrillos 100 metros al Oeste del cementerio, en Transversal, 11 entre calle 17 con Av. 40, entre calle 19”, previo aviso telefónico al 86812404. Solicita que para lo anterior se coordine con la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago.
7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:09 horas de 8 de abril de 2021, rinde informe bajo juramento Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud. Indica que se refiere a los hechos con sustento en el oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 de 6 de abril de 2021 elaborado por Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, y el oficio MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021 de 7 de abril de 2021 suscrito por la Dra. Andrea Morales Fiesler. Aduce que el oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 consignó lo siguiente: “(…) III. SITUACION ACTUAL (…) Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). Se conversó con los funcionarios Manuel Solano Orozco, abogado y Manuel Martínez Zeledón, supervisor de inspectores, ambos del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, con el fin de ampliar los conocimientos sobre el caso y coordinar de forma conjunta una inspección al sitio donde se localiza la antena instalada por el ICE. El Sr. Manuel Martínez indicó que el caso tuvo que haber sido atendido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, y que para solicitar información de las gestiones realizadas por la Municipalidad se debía enviar un correo electrónico a [email protected] Con relación a lo anterior, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Ese mismo reglamento en el artículo 6 otorga a la Municipalidad de Cartago la potestad de regular, clausurar, demoler, registrar las torres entre otras actividades, que se transcribe a continuación: Artículo 6º-Le corresponde a la Municipalidad: a. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que toda Obra Constructiva, instalación, ampliación y modificación a las Obras Constructivas, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón. b. Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las Licencias Municipales a que se refiere este reglamento. c. Clausurar y demoler las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento. d. Llevar un registro de las torres, postes, y demás estructuras para redes y/o sistemas de telecomunicación, que se encuentren ya instaladas y o en trámite de solicitud de autorización de construcción o de explotación, en la jurisdicción del cantón para el control y planificación interna. e. Emitir los certificados de uso del suelo que se le presenten en esta materia. f. Considerar y solicitar los criterios y lineamientos técnicos que la SUTEL establezca en ejercicio de su competencia, con el propósito de coordinar y procurar un adecuado equilibrio entre los intereses nacionales de desarrollo del servicio de las telecomunicaciones y los intereses locales representados por la Municipalidad. g. Propiciar mecanismos de resolución alterna de conflictos que pudieren presentarse en esta materia. Por otro lado, el tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, como se transcribe a continuación: I) Ley: 9329 del 15/10/2015, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal: ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley. Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, salvo la inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, como de la presente ley y demás normativa conexa. La titularidad y las potestades concernientes a la administración de los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados, corresponderá a los gobiernos locales territorialmente competentes en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas cada una de esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector y fiscalizador en la materia. Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. Lo anterior, es ampliamente explicado por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, el 03 de marzo de 2019 bajo el oficio C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONES • Se envío un correo a archivo de la Municipalidad de Cartago solicitando información de las gestiones realizadas ante el caso. • Existe una amplía (sic) normativa que respalda la competencia de la Municipalidad de Cartago regular las antenas y condiciones de las aceras. (…)”. Menciona que el oficio MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021 consignó: “(…) Al respecto le informo lo siguiente y de acuerdo con análisis realizado por la funcionaria Msc. Stephanie Oviedo Ortega, mediante informe técnico MS-DRRSCE-ARSC-IT-0477- 2021: 1. Se buscó antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 en los archivos del Área Rectora de Salud Cartago, además se visitó al Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, al ser las 10:34 am del 06 de abril del 2021. Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). 2. El día 6 de abril del presente año, se conversó con los funcionarios Manuel Solano Orozco, abogado y Manuel Martínez Zeledón, supervisor de inspectores, ambos del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, con el fin de ampliar los conocimientos sobre el caso y coordinar de forma conjunta una inspección al sitio donde se localiza la antena instalada por el ICE. 3. Con relación a lo anterior, la funcionaria Oviedo, hace referencia al Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, donde indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Ese mismo reglamento en el artículo 6 otorga a la Municipalidad de Cartago la potestad de regular, clausurar, demoler, registrar las torres entre otras actividades. Le otorga potestad de dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que toda Obra Constructiva, instalación, ampliación y modificación a las Obras Constructivas, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón, entre otras cosas. Además, hace mención de que existe amplia normativa en el tema de aceras, definiendo como responsables a las municipalidades. 4. Concluye, que procedió a remitir un correo electrónico a la dirección electrónica de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a [email protected], solicitando información de las gestiones realizadas ante el caso y recomienda coordinar la próxima semana una inspección en conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Vial. Por lo tanto se concluye, que, se evidencia el cumplimiento del rol rector el Ministerio de Salud desde la Dirección del Área Rectora de Salud Cartago, siendo diligente dentro de sus competencias realizando la vigilancia, seguimiento y control de los asuntos denunciados ante la dependencia, así como, evidenciando participación, interés, coordinación y seguimiento en cumpliendo de la responsabilidad que se nos ha conferido”. Asevera que el Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud de Cartago, constató que no existe denuncia ni antecedentes del caso de marras; sin embargo, se hizo el seguimiento del caso ante la municipalidad, a quien le corresponde por ley controlar y regular lo concerniente al tema de aceras, así como lo relacionado a ese tipo de antenas. Indica que se remitió correo electrónico a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Cartago, con el que se solicitó información de las gestiones realizadas en ese caso y se recomendó una inspección en conjunto. Pide que se declare sin lugar el recurso, ya que se constató que no existe denuncia ni antecedentes del caso ante el ministerio.
8.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:02 horas de 9 de abril de 2021, rinde informe bajo juramento Mario Redondo Poveda, en su condición de alcalde de Cartago. Indica que lo único que se relaciona con su representada es la no contestación del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO NIÑO-2018 del 31 de mayo de 2018. Señala que ese oficio, al que se le asignó el número de expediente municipal de la Plataforma de Servicios 16604, fue diligenciado y contestado de manera oportuna. Añade que la notificación se efectuó a Marco Vinicio Campos Mata, quien habita en el lugar que se señaló en el oficio para recibir notificaciones. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
9.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:53 horas de 12 de abril de 2021, rinde informe bajo juramento Jeannette Navarro Obando, en su condición de directora ejecutiva de la sede del INS en Cartago. Indica que la nota planteada el 23 de octubre de 2018 no le corresponde al INS resolverla, toda vez que se refieren a aspectos ajenos al ámbito de su competencia. Añade que los hechos alegados no fueron llevados a cabo por algún colaborador de la institución. Destaca que, el 8 de abril del 2021, mediante el oficio INSCR-01688-2021, se respondió a los recurrentes que el INS no tiene ninguna injerencia en tales obras, dado que su actividad principal es la gestión aseguradora y no se han recibido avisos de accidente relacionados; además, se indicó que esa institución no tiene competencia desde el punto de vista normativo para intervenir en tales trabajos. Afirma que no existe violación a los derechos constitucionales de los recurrentes por parte del Instituto Nacional de Seguros, máxime que la gestión a la fecha se encuentra atendida. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso de amparo.
10.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:22 horas de 12 de abril de 2021, rinde informe bajo juramento Franklin Paniagua Alfaro, en su condición de ministro a.i. de Ambiente y Energía. Indica que solicitó informe a la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (competente para tramitar ese tipo de denuncias de acuerdo con el numeral 22 de la Ley de Biodiversidad), así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Contraloría Ambiental (competentes para atender los hechos objeto del recurso de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad). Señala que el jefe de la Oficina Subregional de Cartago del SINAC, por oficio SINAC.ACC.OSC.of-0372-2021 de 8 de abril de 2021, expuso: “… Reciba un cordial saludo, en mi calidad de Jefe de la Oficina de Cartago (OC) mediante el siguiente oficio se da respuesta a la solitud realiza por su persona vía correo electrónico el día 07 de abril a las 14:56 Minutos ver imagen adjunta. Ese mismo día se procedió a verificar el SICAF (Sistema de Información para el control del Aprovechamiento Forestal) este sistema compila todos los permisos de corta de árboles otorgados por cada una de las oficinas del SINAC a nivel nacional. Esta herramienta divida los permisos en diferentes categorías, en lo referente a instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, los permisos que tramitan pueden agruparse en 2 diferentes categorías, la primera de ellas Permisos por Conveniencia Nacional, según este sistema entre los años 2019-2020 solo se han recibido y tramitado 4 permisos en la Oficina de Cartago del Área de Conservación Central, de estos 4 permisos 3 han sido a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad y ninguno de ellos en el Distrito de Dulce Nombre, se adjunta imagen con la lista de permisos tramitados y Aprobados entre el 2019-2020 en la oficina de Cartago del ACC. En el 2021 no se han recibido solicitudes de esta índole por parte del ICE Imagen 2. Lista de permisos tramitados y aprobados por Conveniencia Nacional entre 2019-2020. (…) La segunda modalidad del SICAF que se analizó fue la de permisos Por mantenimiento vial o eléctrico, en esta modalidad se constató que entre el 2019 y 2020 solo el MOPT a (sic) tramitado permisos de esta índole y ninguno en el distrito de Dulce Nombre. En el 2021 no se han recibido solicitudes de esta índole por parte del ICE. Se adjunta imagen con la lista de permisos tramitados y Aprobados entre el 2019-2020 en la oficina de Cartago del ACC. Imagen 3. Lista de permisos tramitados y aprobados por Mantenimiento Vial o eléctrico entre 2019-2020. (sic) También se verifico (sic) el SITADA (Sistema de Denuncias Ambientales) y no ha entrado registro en el 2021 de ninguna denuncia donde se involucre al ICE o la corta de árboles en la dirección presentada en el Recurso de Amparo. El día 07 de abril del 2021, se procedió ir a la dirección que se menciona en el recurso de amparo 21-005502-0007-CO, con el fin de tener un panorama más claro de los hechos descritos, al llegar a la dirección mencionada, no se encontraron evidencia de los trabajos descritos, se preguntó a vecinos de la zona, he indicaron no estar al tanto de esos trabajos realizados por el ICE, se adjunta imágenes del lugar visitado y de la ubicación según el servidor Google Satélite. Según se observa en las imágenes 4-5, al costado norte del Cementerio de Dulce Nombre hay una edificación, la misma al parecer de índole religioso, en este sector no se observaron evidencia de los daños descritos en el recurso de amparo. (…) Conclusiones 1. En el SICAF no hay registros de trámite de permisos de aprovechamiento maderable a nombre del ICE en el distrito de Dulce Nombre. 2. En el SITADA no hay reporte de denuncia por tala de árboles en los alrededores del Cementerio de Dulce Nombre. 3. En la dirección proporcionado por los recurrentes en el recurso de amparo 21-005502-0007-CO, no se observaron evidencia de los daños descritos el día 07 de abril del 2021…”. Refiere que la directora general de SETENA, mediante oficio SETENA-SG-0425-2021 de 8 de abril de 2021, consignó: “… En cumplimiento con lo solicitado por su persona mediante correo electrónico de fecha 07 de abril del 2021 con fundamento en lo ordenado por la Sala Constitucional en la Resolución de las 11 horas 45 minutos del 26 de marzo del año 2021, se indica lo siguiente: En relación a (sic) lo anterior, el Departamento de Asesoría Jurídica procedió a realizar el análisis y consulta correspondiente en el Sistema de Expediente Digital (EDI) y la base de datos del Archivo Institucional de esta Secretaría, con los datos proporcionados en el Recurso de Amparo de marras, sin embargo; no se encuentra registro de algún proyecto tramitado ante SETENA con dichas características. Es importante informar de manera adicional que se localizó un proyecto muy cercano al área descrita en el Recurso de Amparo, el mismo fue presentado para Evaluación de Impacto Ambiental en el año 2009, el Proyecto sin embargo no es propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad, sino más bien de una empresa privada Compañía Las Torres SCR S.A. quien en su momento tenía como representante al Señor Mark Edmund Toohey; este proyecto se tramitó bajo el expediente D2-0944-2009 y la Viabilidad Ambiental fue aprobada mediante la resolución RVLA-002-2010 de enero del año 2010, as (sic) adjunta una imagen de la ubicación de este proyecto: 08 de abril de 2021 SETENA-SG-0425-2021 Se adjunta una imagen de ese proyecto. (…) Por todo lo anterior, es criterio de esta Secretaria Técnica Nacional Ambiental con fundamento en lo manifestado anteriormente, que con la información aportada en el Recurso de Amparo no se pudo determinar la existencia de un proyecto que se encuentre a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad o similar en la zona, sino que por el contrario el único antecedente que existe es un proyecto del 2009 que cuenta con Viabilidad Ambiental a nombre de un tercero ajeno a las partes recurridas dentro del Recurso de Amparo de marras…”. Menciona que el contralor ambiental, por oficio CA-2021-028 de 8 de abril de 2021, indicó: “… Dando respuesta a su correo electrónico, mediante el cual adjunta archivo RECURSO DE AMPARO 21-005502-0007-CO, y se nos consulta si en esta Contraloría Ambiental hemos tramitado alguna denuncia relacionada con el recurso de amparo. Al respecto, hemos revisado el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias SITADA, con varios criterios de búsqueda (distrito: Dulce Nombre, ubicación: ermita divino niño, descripción del daño,…) y no tenemos ningún registro de denuncia relacionada con el recurso de amparo…”. Explica que, de acuerdo con los informes anteriores, los recurrente no plantearon alguna denuncia ante el MINAE, ni tampoco se ha tramitado proyecto ante SETENA. Aduce que en el supuesto de que los hechos hubiesen ocurrido, la competencia sería de la Municipalidad de Cartago, el ICE y de los dueños de los terrenos en virtud del principio de vigilancia. Cita jurisprudencia de la Sala. Sostiene que al no existir denuncia o petición formulada por parte de Abraham Hidalgo González, no hay violación a los numerales 27 y 41 de la Constitución Política. Asevera que el objeto del recurso no es competencia del MINAE. Pide que se declare sin lugar el recurso.
11.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:30 horas de 13 de abril de 2021, rinde informe bajo juramento Luis Francisco Calvo Solano, en su condición de gerente general de JASEC. Indica que los hechos que los recurrentes someten a consideración de la Sala son presuntamente perpetrados por otra institución pública. Señala que no se atribuye alguna acción u omisión que hubiere ocasionado alguna lesión, por lo que no tiene relación directa o indirecta con los hechos. Aduce que, por lo anterior, el recurso debe declararse sin lugar en su contra. Menciona que la supuesta instalación fue comunicada a la gerencia general de JASEC el 9 de noviembre de 2018 por motivos que se desconocen. Acota que, luego de los estudios efectuados a través de los oficios SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 y OPER-191-2018, se contestó la gestión a los medios señalados para recibir notificaciones y se expuso que la “postería” no pertenece a JASEC ni fue instalada por la institución. Manifiesta que si bien la zona en la que se instalaron los postes se encuentra dentro del área geográfica de cobertura de la red de distribución y telecomunicaciones de JASEC, con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, tanto el ICE como otras operadoras, se encuentra facultadas para instalar postes y antenas para la prestación del servicio, en cumplimiento de la normativa municipal correspondiente. Solicita a la Sala declare sin lugar el recurso de amparo.
12.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:47 horas de 14 de abril de 2021, rinden informan bajo juramento la señora Lilliam González Cerdas y Anthony Ramírez Rivera, por su orden coordinadora de la Agencia de Cartago y director de Desarrollo de Recursos de Red, ambos del ICE. Indican que la construcción de postes de telecomunicaciones tiene como fundamento el artículo 3 de la Ley de Creación del ICE, el numeral 74 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de Sector Telecomunicaciones y la Ley de Caminos Públicos. Aducen que tales instrumentos declaran de interés público la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y establecen la viabilidad jurídica para la utilización de plazas, parques, calles y demás lugares públicos para la ampliación de la red nacional, previa coordinación con las municipalidades y el cumplimiento de requisitos legales. Explican que, el 25 de octubre de 2017, mediante oficio 7127-1033-2017 de la Coordinación de Gestión de Caminos del ICE, se comunica a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Cartago y al director de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Creación del ICE, el artículo 74 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de Sector Telecomunicaciones y el ordinal 19 de la Ley de Caminos Públicos, la solicitud de coordinación para la instalación de 8 postes con soporte de equipo celular en la provincia de Cartago, lo cual va a generaría mayor ampliación y cobertura. Aducen que recibieron el aval del gobierno local para el desarrollo de las obras. Refieren que dentro de estas obras se encuentra el poste de Dulce Nombre de Cartago al norte del cementerio, el cual cumplió todos los permisos requeridos para su desarrollo. Agregan que no se efectuó corta de árboles ni se modificó el ornato del sitio; además, tampoco se obstruyó la acera, en cumplimiento de la ley n.⸰ 7600. Mencionan que el artículo 10 de ese cuerpo normativo establece que el paso libre entre la línea de la propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de 1.20 m (equivalente de ancho de acera mínimo óptimo según la ley). Afirman que, en cuanto al diseño civil de la obra, la instalación de los equipos de telecomunicaciones de telefonía móvil y datos se basa en normas usuales para ese tipo de estructuras. Sostienen que el poste de Dulce Nombre cumple a cabalidad con tales normas. Señalan que el sistema de puesta de tierra es un sistema certificado y avalado que cumple las normas del Código Eléctrico, por lo que no existe riesgo. Aclaran que el maestro de obras encargado del trabajo en 2018 manifestó que José Antonio Segura Ugalde, cédula 203460016, consultó sobre el proyecto en nombre en representación de los vecinos. Refieren que en esa oportunidad se enseñaron los permisos respectivos, se le explicó sobre el trabajo y se les brindó el número de teléfono de Alejandro Chinchilla Monge para consultas adicionales. Acotan que esta última persona informó que, en mayo de 2018, recibió una llamada de un representante de los vecinos, quien le indicó que iba a poner una denuncia ante la municipalidad para solicitar el cierre de la obra. Relatan que consultaron con el funcionario municipal Óscar García, encargado de dar el permiso para colocar el poste, quien expuso que no tenían denuncias al respecto. Añaden que, con ocasión de lo anterior, se dio continuidad a la obra. Arguyen que, el 24 de mayo de 2018, el ingeniero a cargo estuvo en el sitio con la cuadrilla durante el proceso de instalación del poste de las 8:00 a las 20:00 horas y en ese tiempo no se apersonó ningún vecino a manifestar alguna molestia. Señalan que en mayo de 2018 se finalizó la instalación del poste de Dulce Nombre de Cartago al costado norte del cementerio, el cual opera desde esa fecha en el sitio y posteriormente no se han realizado nuevas obras constructivas. Refutan que la construcción del poste se efectuara hace quince días, ya que finalizó en mayo de 2018 y, desde la fecha, no se ha planteado algún reclamo administrativo, ni tampoco se han presentado inconvenientes con la operación de la obra. Exponen que el ICE, para la construcción del poste en Dulce Nombre, cumplió todos los requisitos legales y las normas técnicas; además, no afectó la utilización del espacio público. Concluyen que el poste de telecomunicaciones no genera un riesgo civil y tiene más de 3 años operando sin reclamo alguno. Solicitan a la Sala que declare sin lugar el recurso de amparo.
13.- Mediante resolución de las 19:21 horas de 19 de mayo de 2021, el magistrado instructor amplió los hechos objeto del recurso. Asimismo, solicitó informe al gerente de la Agencia Eléctrica del ICE en Cartago, al alcalde de Cartago, al ministro de Ambiente y Energía, al ministro de Salud y al gerente de JASEC, en cuanto a los siguientes hechos: “explican que se hizo un recorrido por el distrito de Dulce Nombre de Cartago y se detectó que en la entrada de la urbanización La Ilusión, antes de llegar a la entrada de los condominios Calzadas Coloniales y 200 metros al este del puente piedra del río Toyogres, camino a Cóncavas, el personal del ICE está realizando excavaciones como las denunciadas y se está construyendo sin los requerimientos legales, ya que rompieron el cordón del caño, la acera y la zona verde exigida en la Ley de Construcciones. Afirman que el ICE está invadiendo el espacio peatonal de dominio público contemplado en la ley 7600 y en el Código Municipal, para colocar un poste como parte de una antena de internet. Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso (en los que se colocaron los postes: al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y a la entrada de la urbanización La Ilusión) existen habitaciones que, si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos. Piden que también se clausuren las obras del ICE que se construyen en la entrada de la urbanización La Ilusión Refieren que es inaudito que la Dirección de Vial Municipal haya dado visto bueno al ICE. Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud. Mencionan que el ICE no ha mostrado los permisos correspondientes”.
14.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:47 horas de 25 de mayo de 2021, rinde informe bajo juramento Mario Redondo Poveda, en su condición de alcalde de Cartago. Expone lo siguiente: “Reitero lo informado originalmente, sea que: “…De la lectura del amparo de autos, es claro que lo único que se relaciona con mi representada es la alegada no contestación del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Al respecto, tal y como se demuestra con la documentación certificada que se adjunta, ese oficio de los recurrentes –al que se le asignó el número de expediente municipal de la Plataforma de Servicios 16604-, no solamente fue diligenciado en forma oportuna, sino que, a su vez, fue contestado por la comuna y notificada la respuesta respectiva a los recurrentes, en la persona del co recurrente Marco Vinicio Campos Mata, quien es la persona que habita en la dirección a que se refiere el punto 10, que fue el lugar expresamente señalado para recibir notificaciones en dicho oficio…” En lo que hace a la ampliación de autos, adjunto original del oficio N° DU-OF-581-2021 suscrito por el Director de Urbanismo, por el que se detalla la intervención adecuada de la Municipalidad en la especie, y el hecho de que los hechos se motivan en la falta de diligencia del ICE en tramitar y obtener licencia de construcción imputable o, cuando menos, de coordinar con esta comuna la instalación y construcción de esa infraestructura. Corolario de todo lo anterior, en lo que hace a la Municipalidad de Cartago, se reitera que no existe derecho constitucional alguno que haya sido conculcado a los recurrentes de autos, al menos por parte de esta comuna, sino del ICE, por lo que se solicita el rechazo del presente amparo en lo que hace a mi repressentada (sic)”.
15.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:10 horas de 25 de mayo de 2021, rinden informe bajo juramento Lilliam González Cerdas y Anthony Ramírez Rivera, por su orden coordinadora de la Agencia de Cartago y director de Desarrollo de Recursos de Red, ambos de ICE. Indican que, mediante oficio 7127-1180-2017 de la Coordinación de Gestión de Caminos del ICE, se comunicó a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Cartago y al director de Urbanismo de ese gobierno local, la solicitud de coordinación para la instalación de 15 postes con soporte de equipo celular en la provincia de Cartago, a los efectos de generar mayor ampliación y cobertura en cada sitio. Aducen que, por oficio UTGV-OF-533-17, la Municipalidad de Cartago otorgó el aval para el desarrollo de tales obras. Acotan que los trabajos en el poste de Bruma Azul se ejecutaron entre el 7 y 31 de mayo de 2018. Arguyen que los postes citados por los recurrentes no obstruyen la acera, sino que se encuentran cumpliendo la ley n.⸰ 7600, concretamente el artículo 10 que establece el paso libre entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor 1.20 metros (equivalente de ancho de acera mínimo óptimo). Mencionan, en relación con el diseño civil de la obra, que la instalación de equipos de telecomunicaciones de telefonía móvil y datos se basa en normas usuales para ese tipo de estructura: “ü Viento de diseño: Las demandas de viento sobre los equipos instalados en los postes se calculan conforme a la norma ANSI/TIA 222 G "Norma Estructural para antenas y estructuras que soportan antenas". Las velocidades de tos vientos de diseño se obtienen de Isotacas para diferentes periodos de retorno (ventanas de tiempo) existentes para Costa Rica y elaboradas por el sector de Energía del ICE, para todo el territorio nacional. Se consideran el viento de servicio (el de todos los días) que es para un periodo de retorno de 50 años. Este viento estará incidiendo, probabilísticamente, sobre el poste y equipos durante prácticamente toda la vida útil de la estructura, que es de 50 años mínimo. Con el viento de servicio se revisa la estabilidad lateral del poste, esto es, deformaciones laterales y torsionales. Para el diseño de la cimentación y revisión de la capacidad del poste, se utiliza el viento último, que es el máximo viento esperado para el sitio en que se ubica el poste y que podría ocurrir, probabilísticamente al menos una vez en la vida útil de la estructura. Ese viento último es considerado para un periodo de retorno (ventana de tiempo) de 300 años, eso significa, que, de todos los vientos posibles, probabilísticamente hablando, que se podrían dar en el sitio de ubicación del poste, se elige el mayor que pueda darse en un tiempo de 300 años, y ese es el viento último. ü Diseño del cimiento: El cimiento se diseña conforme a los criterios de cimentaciones tipo "bloque rígido" establecidos en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR) última edición, secc. 4.3.6. Para el diseño del cimiento se considera el peso del poste instalado + equipos y aditamentos, así como la acción del viento último que genera cargas laterales de vuelco a nivel de la cimentación. Para su diseño se consideran las variables geotécnicas del terreno de modo que mediante la acción combinada de presiones activas, pasivas, tridimensionales y de capacidad soportante, se logre un dimensionado del bloque rígido que le dé a la estructura global los factores de seguridad establecidos en el CCCR, de modo que sea segura conforme a los criterios de aceptación normalmente usados en el diseño de este tipo de estructuras. ü Refuerzo del bloque rígido (cimiento): Se proporciona con base en los criterios de cuantías de acero establecidas en el código ACI 318-2019 (American Concrete Institute), que es la norma para el diseño de concreto reforzado. Las cimentaciones empleadas en los postes de concreto y/o metal para soportar antenas de telecomunicaciones, cumplen con toda la normativa vigente y universalmente aceptada y de uso en Costa Rica. La estructura global (poste + equipos +cimentación) cumple como un todo con los requisitos que debe tener toda estructura”. Refiere que el sistema de “puesta de Tierra” es un sistema certificado y avalado, que cumple con normas del código eléctrico vigente, tales como: “• NFPA 780 "Norma para la instalación de sistemas de protección contra rayos". • IEC 62305 "Protección contra el rayo". • Código Eléctrico Nacional”. Manifiestan que, en cuanto al tema de las radiaciones y las consecuencias en perjuicio del ser humano, no existe evidencia de que las radiofrecuencias empleadas en las comunicaciones inalámbricas afecten la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Aducen que en mayo de 2018 se finalizó la instalación del poste Bruma Azul en Dulce Nombre de Cartago, en la entrada de la urbanización La Ilusión. Aclaran que desde el 2018 no se ha realizado ninguna nueva obra constructiva en esa ubicación. Arguyen que, del análisis de los hechos se demuestra que la construcción de los postes se realizó en mayo de 2018. Refutan que actualmente se esté efectuando alguna construcción de postes. Indican que no se ha planteado algún reclamo o inconveniente en la operación de las obras en cuestión. Sostienen que el ICE cumplió todos los requisitos legales, no afectó la utilización del espacio público y realizó la construcción en apego a las normas técnicas. Concluyen que los postes de telecomunicaciones no generan un riesgo civil, sino que cumplen todos los requisitos y tienen más de tres años en operación sin reclamo alguno, por lo que no existe evidencia de que violente algún derecho fundamental. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
16.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:00 horas de 16 de mayo de 2021, rinde informe bajo juramento Luis Francisco Calvo Solano, en su condición de gerente general de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. Indica que las accionantes alegadas por los recurrentes son presuntamente perpetradas por otra institución pública. Señala que los hechos del recurso de amparo y de su ampliación no se imputan a su representada, por lo que no tiene relación directa ni indirecta con los actos que se le reprochan. Pide que se declare sin lugar el recurso.
17.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 20:33 horas de 26 de mayo de 2021, rinde informe bajo juramento Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud. Indica que atiende el informe con sustento en el oficio MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 de 25 de mayo de 2021 de la directora del Área Rectora de Salud de Cartago, quien expuso: “(…) Al respecto le informo lo siguiente y de acuerdo con lo indicado por la funcionaria Stephanie Oviedo Ortega, mediante informe técnico MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021: 1. “…De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas. En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas. El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] Por otro lado, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 6 establece la competencia de las Municipalidades en la regulación de las antenas. No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad…”. 2. Concluye en su informe, 1. La Municipalidad de Cartago según el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, artículo 6 tiene la facultad legal para regular, clausurar o demoler las antenas colocadas en caso de incumplimiento a la normativa. 2. Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago. 3.Las antenas ubicadas al norte del cementerio y en la entrada de la Urbanización La Ilusión deben cumplir con Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. 3. Finalmente, se recomienda trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. 4. Esta Dirección, mediante MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, remite respuesta de atención al recurso de amparo indicado y como parte del seguimiento de este informe, se emite un correo electrónico facilitado por personal municipal a [email protected], solicitando información sobre las acciones realizadas y la coordinación de una inspección conjunta, sin recibir a la fecha una respuesta. 5. El día de hoy, remito correo electrónico al Sr. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipalidad de Cartago, solicitando información referente al caso, el seguimiento que ha dado esta institución, así como ponernos a su disposición para realizar visita conjunta al sitio. Por lo tanto, se concluye que, se evidencia el cumplimiento del rol rector el Ministerio de Salud desde la Dirección del Área Rectora de Salud Cartago, siendo diligente dentro de sus competencias realizando la vigilancia, seguimiento y control de todas las situaciones denunciadas, que van en contra de la normativa vigente”.
18.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 18:23 horas de 27 de mayo de 2021, rinde informe bajo juramento Andrea Meza Murillo, en su condición de ministra de Ambiente y Energía. Indica que la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del SINAC es la competente para tramitar ese tipo de denuncias, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad. Señala que el jefe de esa oficina, mediante oficio SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 de 24 de mayo de 2021, expuso: “…Reciba un cordial saludo, en mi calidad de Jefe de la Oficina de Cartago (OC) mediante el siguiente oficio se da respuesta a la solitud realizada por su persona vía correo electrónico el día 24 de Mayo…” “… Ese mismo día se procedió a verificar el SICAF (Sistema de Información para el control del Aprovechamiento Forestal) este sistema compila todos los permisos de corta de árboles otorgados por cada una de las oficinas del SINAC a nivel nacional. Esta herramienta divide los permisos en diferentes categorías, en lo referente a instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, los permisos que tramitan pueden agruparse en 2 diferentes categorías, la primera de ellas Permisos por Conveniencia Nacional, según este sistema entre los años 2019- 2020 solo se han recibido y tramitado 4 permisos en la Oficina de Cartago del Área de Conservación Central, de estos 4 permisos 3 han sido a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad y ninguno de ellos en el Distrito de Dulce Nombre, se adjunta imagen con la lista de permisos tramitados y Aprobados entre el 2019-2020 en la oficina de Cartago del ACC. En el 2021 no se han recibido solicitudes de esta índole por parte del ICE (…) Imagen 2. Lista de permisos tramitados y aprobados por Conveniencia Nacional entre 2019-2020. La segunda modalidad del SICAF que se analizó fue la de permisos Por mantenimiento vial o eléctrico, en esta modalidad se constató que entre el 2019 y 2020 solo el MOPT a (sic) tramitado permisos de esta índole y ninguno en el distrito de Dulce Nombre. En el 2021 no se han recibido solicitudes de esta índole por parte del ICE. Se adjunta imagen con la lista de permisos tramitados y Aprobados entre el 2019-2020 en la oficina de Cartago del ACC. (…) Imagen 3. Lista de permisos tramitados y aprobados por Mantenimiento Vial o eléctrico entre 2019-2020. También se verificó el SITADA (Sistema de Denuncias Ambientales) y no ha entrado registro en el 2021 de ninguna denuncia donde se involucre al ICE o la corta de árboles en la dirección presentada en el Recurso de Amparo. El día 24 de Mayo del 2021, se procedió ir a las direcciones que se menciona en el recurso de amparo 21-005502-0007-CO, con el fin de tener un panorama más claro de los hechos descritos, al llegar a la dirección mencionada, no se encontraron evidencia de que los trabajos que se realizaron requieran permisos por parte de SINAC, los trabajos descritos y observados el día 24 de Mayo, los trabajos descritos en el recurso de amparo no hacen mención a corta de árboles o trabajos dentro de área de protección de ríos, quebradas o nacientes, lo que correspondería a una invasión a un área de protección se adjunta imágenes de la visita a la urbanización la Ilusión. (…) Según se observa en las imágenes 4-5, lo que se encontró fue la instalación de una torre celular, a la entrada de la urbanización la Ilusión, referente a los trabajos en el sector del río Toyogres, lo que se encontró fue una zanja de aproximadamente 60 cm de ancho, 1 m de profundidad, por 8 m de largo, esta zanja se ubica paralela a la carretera en la calzada, tampoco se observó corta de árboles. Conclusiones 1. En el SICAF no hay registros de trámite de permisos de aprovechamiento maderable a nombre del ICE en el distrito de Dulce Nombre. 2. En el SITADA no hay reporte de denuncia por tala de árboles en los alrededores del Cementerio de Dulce Nombre. 3. En las direcciones proporcionadas por los recurrentes en el recurso de amparo 21- 005502-0007-CO, no se observaron evidencia de los daños ambientales dentro de las competencias del SINAC (Tala de árboles, invasiones a área de protección)”. Explica que, de acuerdo con lo anterior, se observa que los accionantes no formularon denuncia alguna ante ese ministerio y, además, en el lugar de los hechos no se han ocasiones transgresiones ambientales de difícil e imposible reparación. Añade que los hechos recurridos no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en los artículos 29 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Cita la resolución 2010009019 de las 10:38 horas de 18 de mayo de 2010. Refiere lo siguiente: “según fotografías aportadas por el SINAC el proyecto se puede calificar de “Poste de Telecomunicaciones”, y conforme a esta calificación y si requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental, la SETENA como insumo para dar respuesta a la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente N° 21-003977-0007-CO, contra el Decreto Ejecutivo N°40075 denominado "Reforma Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones" y contra el acuerdo ACP-20-2017 de la SETENA de la Sesión ordinaria N°33-2017- SETENA, en el oficio SETENA-SG-0401-2021 (que se adjunta) y que de manera general y en lo que interesa -sobre las preocupaciones del amparado- señala que “…por consiguiente, el criterio expuesto hace una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones reconociendo que con base en el Acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que se somete a evaluación son las Torres de Telecomunicaciones. En este sentido, lo único que históricamente se ha evaluado en la SETENA son las Torres de Telecomunicaciones, reguladas inicialmente por medio las resoluciones Nº2031-2009-SETENA del 26 de agosto del 2010 y 123-2010-SETENA del 20 de enero del 2010 y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE del 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta Nº137 del: 17 de julio del 2013”, estando dichas reglamentaciones vigentes al día de hoy . Por consiguiente, según la normativa trascrita los Postes de Telecomunicaciones no requieren de una evaluación de impacto ambiental previa”. Recalca que la competencia para atender la situación alegada por los recurrentes no es del MINAE, sino de la Municipalidad de Cartago y el ICE, toda vez que se argumentó una falta de coordinación entre ambas. Aduce que los hechos de marras no transgreden la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. Asevera que por ser un “Poste de Telecomunicaciones” no se necesitan permisos ante el MINAE para realizar las obras denunciadas. Transcribe parcialmente la resolución de esta Sala n.o 2007-015542 de las 17:36 horas de 30 de octubre de 2007. Expresa que al no existir ninguna denuncia o petición formulada por parte de Abraham Hidalgo González, no ha existido de parte de ese despacho ministerial y sus dependencias, violación a los numerales artículos 27 y 41 de la Constitución Política, ni tampoco violación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pide que se declare sin lugar el recurso.
19.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. Las personas recurrentes, mediante escrito con fecha 25 de mayo de 2018 pero recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de mayo de 2021, formulan recurso de amparo contra el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud. Cuestionan la construcción de dos postes de telecomunicaciones:
Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso existen casas, por lo que si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos.
Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud.
Arguye el accionante Campos Mata que, por oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (8 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), el ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), el alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la ministra de Salud (21 de noviembre de 2018) y el gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (9 de noviembre de 2018). Reclama que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema; sin embargo, no se brindó solución alguna.
Pide el recurrente Campos Mata que los postes sean retirados de los sitios referidos y se hagan los estudios para su reubicación en lugares lejanos a la zona urbana. Sostiene que los postes han traído problemas de accesibilidad y riesgo tanto a la integridad física como a la salud. Aduce que no permite el paso de una silla de ruedas y produce contaminación visual. Refiere que estos postes colapsarían en caso de terremoto, temblores sísmicos, inundación, tornados y accidentes de tránsito (choque con estos). Acusa falta de estudios técnicos y considera que los postes se tuvieron que colocar en otros sitios. Menciona que pidieron a las autoridades recurridas que se quitaran el poste, pero no lo han hecho. Aduce que pusieron el poste en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre, que es parte integral de la Asociación Integral de Ornato de esa comunidad; sin embargo, esta se encuentra desintegrada, por lo que fue entregada a la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Reprocha que el poste se colocó sin el aval de los vecinos ni consultar al órgano administrador del parque. Refiere que los postes invaden la propiedad de los colindantes, pero la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras. Manifiesta que no se han mostrado los permiso legales, pese a que los postes están en zona urbana. Reprocha que lo anterior expone la vida de menores en gestación, así como a hombres y mujeres a la esterilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene la desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec. Pretende que se solicite informe a la junta directiva del cementerio que ha sido omisa.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1033-2017 de 25 de octubre de 2017 dirigido al director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y al director de Urbanismo Municipal, ambos de la Municipalidad de Cartago, indicó:
“De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 8 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago.
Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
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Justificación:
En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo.
"El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original).
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado.
En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19.
"No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.
En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito.
Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1180-2017 de 9 de noviembre de 2017 dirigido al alcalde de Cartago, señaló:
“De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 15 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago.
En reunión sostenida el día 31 de octubre del 2017 con el director de la UTGV, Don Dennis Aparicio le entregamos los oficios N⸰ 7127-1033-2017 y 7127-1025-2017, mediante los cuales solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplan con la Ley 7600 en cuanto a las medidas de aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago.
Debo de aclarar que nos dirigimos a la Unidad Técnica de Gestión Vial de cada Municipalidad a nivel nacional, ya que son los responsables de extender los alineamientos para este tipo de trabajos en vía (sic) públicas.
A pesar de que en la reunión sostenida con Don Dennis Aparicio se le dejo claro que íbamos a instalar los postes en coordinación con la UTGV, para nuestra sorpresa mediante el oficio UTGV-OF-428-17 se nos informa que nuestra solicitud ha sido traslada a la Dirección de Urbanismo Municipal ya que es tarea de ésta este asunto.
El día martes 7 de noviembre del 2017 la señora Olga Serrano se reunió con Don Juan Carlos Guzmán, Director de Urbanismo Municipal y en la reunión Don Juan Carlos dejó en claro que esta situación no es de su competencia.
En razón de lo anterior recurro a su persona como alcalde de la Municipalidad con el fin de que nos aclare a que departamento o dirección debemos recurrir para coordinar la instalación de los postes en mención.
Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros.
En la tabla adjunta detallo ubicación.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
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Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
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(…)
(…)
Justificación:
En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo.
"El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original).
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado.
En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19.
"No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.
En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito.
Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
El oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017 de la Municipalidad de Cartago dirigido a Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, consignó:
“Asunto: Su oficio 7127-1180-2017 En atención a su oficio que se cita en el asunto, mediante el cual, nos solicita la inspección en conjunto para la instalación de 15 postes en distintos puntos del Cantón Centra (sic) de Cartago, y tal como lo dicta su nota: “solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplen con la Ley 7600 en cuanto a medidas de Aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago”; nos permitimos indicar que las visitas se realizaron de forma exitosa en conjunto con los funcionarios del ICE asignados para esta actividad.
El pasado 15 y 16 de Noviembre del presente año se llevaron acabo (sic) las debidas inspecciones a los 15 sitios destinados para el proyecto del ICE, por parte del Ing. Oscar (sic) García, Asistente, Sergio Umaña Redondo, asignados por parte de esta Dependencia Municipal y el Ing. Adrián Valverde Quirós y Tec. Robert Córdoba Alvares, personal asignado por el ICE.
Resultado de las Inspecciones:
De acuerdo a (sic) las visitas de campo y comprobaciones de la localización de los postes verificadas en la base de datos que componen la Malla Vial del Sistema de Información Geográfica (GIS); se determina que no existen situaciones que comprometan alineamientos viales, según lo dicta la Ley N⸰ 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo III, Disposiciones Generales, Artículo 19:
No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política, más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes sólo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. (Prueba aportada por la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE).
En 2018, el ICE instaló dos postes en Dulce Nombre de Cartago con soporte equipo celular. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE y prueba aportada). De las 8:00 a las 20:00 horas de 24 de mayo de 2018 se colocó el poste ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago; en ese mes se finalizó su instalación y desde ese entonces no se han hecho nuevas obras constructivas. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE). Los trabajos realizados en el poste Bruma Azul en Dulce Nombre de Cartago se ejecutaron entre el 7 y el 31 de mayo de 2018; además, desde esa fecha no se han efectuado nuevas obras constructivas en esa ubicación. (Informe de la coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE). Juan Carlos Guzmán Víquez, director de Urbanismo Municipal, por oficio DU-OF-581-2021 de 25 de mayo de 2021 dirigido al alcalde de Cartago, manifestó:
“Con relación a los postes celulares que se asienta al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y en la entrada de la urbanización La Ilusión, no consta acuerdo de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, o del Consejo (sic) Municipal, así como no consta licencia municipal de construcción Respecto de las excavaciones “…200 metros al este del puente piedra del río Toyogres, camino a Cóncavas, el personal del ICE está realizando excavaciones como las denunciadas y se está construyendo sin los requerimientos legales, ya que rompieron el cordón del caño, la acera y la zona verde exigida en la Ley de Construcciones…”, la inspección sobre lo denunciado se efectuó el día de hoy 24 de mayo del año en curso por los inspectores de construcciones Manuel Hernández Cerdas y Juan Campos Lascarez quienes no apreciaron las alegadas excavaciones en la dirección indicada.
Cabe aclarar que dichas obras referentes a los postes celulares fueron clausuradas.
Finalmente, se indica que a la fecha del presente informe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ha coordinado con la Comuna la instalación de dichas obras civiles, como está obligado en virtud del principio de coordinación interinstitucional desarrollado por la Sala Constitucional en votos como el N°5445-99 y en el artículo 6 del Código Municipal, lo que hace más que reprochable el actuar del ICE que es constitucional y legalmente improcedente”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
Las personas recurrentes (con excepción de Juan Mena Sánchez) y otras firmaron el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, en el que señalaron:
“Señores (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E.
Instituto Nacional de Seguros. Región Cartago Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Ministro de Ambiente y Energía. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Alcalde de la Municipalidad de Cartago.
Dra. Guiselle Amador Ministra del Ministerio de Salud de la República de Costa Rica Gerente General de JASEC. En la Región de Cartago Asunto: Solicitud de retiro de un poste súper gigante que esta (sic) en un área no acta (sic) para ubicar Referente: De un poste que instalo (sic) el I.C.E. detrás de la Fuente del Divino Niño.
1-Por el presento ocurso el suscrito Marco Vinicio Campos Mata Cedula (sic) 303590985. Y (sic) vecinos. Les solicitamos por este medio que se proceda a retirar un POSTE MUY SUPER (sic) JIGANTE (sic). Que instalaron detrás de la FUENTE DEL DIVINO NIÑO, en un terreno que es Administrado por la Junta del Cementerio de Dulce Nombre, como por la Asociación Integral de Ornato de esta Comunidad. Toda vez que ese poste fue colocado sin el aval de los vecinos en atención que supera su altura con las colindancias de las viviendas entre la vía pública. Se denuncia además que el poste fue colocado dentro de los dos metros y cincuenta centímetros que son utilizados para la acera pública como al paso de los peatones y personas discapacitadas. En la que se incluye la zona verde del parquecito. Esto con la Fuente del Divino Niño, frente a un terreno que esta (sic) en la colindancia Norte del Cementerio 2-No existe un informe de riesgo y prevención por parte del I.C.E. en caso que dicho poste colapse toda vez que ese poste supera más de los cuarenta metros de altura para que sea prevención en favor de todo transeúnte. Mas el mismo de ser interés del I.C.E. debe reubicarse en un lugar acto que no tiente (sic) contra la vida de las personas por tal altura.
Ese poste que fue colocado ocasiona contaminación visual, por la gran altura de este en vista que esta (sic) en la entrada y vista de nuestra Comunidad por el Cardinal Oeste a Este calle los cerrillos y le ha dañado el porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño, por tan altura que este poste representa y pone peligro a que el mismo sea desplomado por los rayos, tormentas, temblores y además pone en peligro a la Comunidad que viene a disfrutar con sus hijos del parque y tener ese poste en ese sitio y colapse ocasionando le caiga alguna persona o transeúnte, vivienda, vehículo, etc. Que llegue a lamentar la existencia del mismo 3-Se solicito (sic) la colaboración de la Fuerza Publica (sic) a través del 91 1 con el fin se presentaran al sitio de interés toda vez que la empresa mincho placa EE34220 la cual sostiene un poste que en su base se mantiene cubierta con concreto y se observa a seis personas con el logotipo de la empresa I.C.E. realizando el trabajo de tal interés y magnitud. Por lo que se solicita para que la Empresa I.C.E. presente el debido descargo de responsabilidad por Ley.
4-Se solicita al I.C.E. Para que presente por escrito la altura de dicho poste que colocado. Y se solicita al I.C.E. que informe el hondo (sic) en que este poste quedo enterrado.
5-Se solicita al I.C.E. que extienda copia debidamente certificada de lo relacionado a este poste gigante que nos vino a quitar la tranquilidad de toda la Comunidad.
6-Se solicita al I.C.E. que por documental muestre los permisos de SETENA, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, MINISTERIO DE SALUD y demás Autoridades competentes y que a su vez muestre la conformidad de los vecinos de la Comunidad. Toda vez también e incluir que este poste estorba en los alineamientos y espacios del Parque del Divino Niño en vista a la Ley 7600. Y por lo tanto se solicita sea removido quitado de ese bien al que no califica por la denuncia fundada a derecho y legalidad que atiende la misma.
7-Se solicita al I.C.E. Se proceda con el suscrito para asentar una reunión de la manera objetiva con: el fin se proceda con la conformidad para retirar dicho poste del lugar citado. Y por escrito se solicita me informe bajo que (sic) norma legal ha colocado ese poste en sitio.
8-Se solicita a las Autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Cartago, y a demás (sic) recurridas para que intervengan dentro de lo que cabe de esta denuncia con el fin se emitan los debidos pronunciamientos TECNICOS (sic) DE LEGALIDAD para escuchar y valorar lo que hoy nos viene a conmover para que se ordene por Autoridad el definitivo retiro del poste denunciado que fue colocado sin valorar las medidas que ayuden a lugar. Se adjunta Actas de Observación # AO-PDN-026-05-2018. / Acta # AOPDN-032-05-2018.
9-Se sigue denunciando ante los recurridos que de igual forma el I.C.E. Ha colocado otro poste en la Dirección de la Guardia Rural 25 metros al Sur y 25 metros al cardinal Este, exactamente en la entrada de la Urbanización la Ilusión, frente de un Condominio llamado Calzadas Coloniales. Puesto que ese poste fue colocado en el centro de la acera publica, pues es todo lo contrario basado en la ley 7600 y al mismo Código Municipal en su (sic) Artículos 75 y 76. En la que es inaudito que el I.C.E. haya invadido esta acera publica sin algún requerimiento legal y haber ocasionado por un derecho que no le asiste interrumpir el paso de personas como el ruedo normal de sillas de ruedas, por personas que están con al algún tipo de discapacidad, toda vez que antes que este poste no se colocara todo estaba con normalidad hasta que llego (sic) el ICE a invadir e interrumpir, el libre transito (sic) peatonal. Es menester aclarar que esta vialidad está dentro de un Proyecto del Plan Vial de la Ciudad de Cartago, Coris Paraíso en la que el ancho de esta calle supera los 20 metros de ancho por lo que al cruzar la calle no podría ingresar a la cera (sic) publica en la entrada de la Urbanización porque el super (sic) poste colocado por el I.C.E. estorbaría por el ancho y la inadecuada ubicación de este y muchos menos una persona discapacitada podría ingresar a la acera. Por esta acción de inconstitucionalidad, al tener que seguir y tolerar que ese poste continúe en un espacio para uso peatonal y no para uso comercial como lo quiere hacer valer por ello es procedente que retire o reubique dicho poste en un lugar que no afecte por ley a terceros como en esta ocasión esta (sic) afectado (sic) es así que en dicho sector aumentarían los accidentes de tránsito las muertes y demás peligrosidad por el simple hecho que la acera púbica sigue invadida como lo está en la actualidad cuando antes no lo estada. Por lo que desde este momento responsabilizamos al I.C.E. de los daños que este poste regeneraría (sic) en el sitio.
10.- Se solicita que su respuesta en Oficio Original y Sellada sea notificada de forma personal al suscrito firmante al: Domicilio Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre Código Postal de Distrito 30109. Urbanización Clara Rosa, Casa # 4. Los Cerrillos 100 metros al Oeste del Cementerio, en Av. 40, entre calle 19. Teléfono: 86-81-24-04”. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata).
En relación con la Municipalidad de Cartago: El 21 de octubre de 2018, la Municipalidad de Cartago recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El gobierno local le asignó el expediente n.⸰ 16604 de la Plataforma de Servicios al documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. (Informe del alcalde de Cartago). El alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, por oficio AM-1335-2018 de 26 de octubre de 2018 dirigido al gerente general de JASEC, indicó:
“(…) me permito remitir para los efectos que corresponda expediente municipal No. 16604, referido a solicitud de retiro de poste que esté en un área no apta para ubicar, suscrito por el señor Marco Vinicio Campos Mata”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El 13 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio AM-OF-1426-2018 de 9 de noviembre de 2018 firmado por el alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, con el cual se le expuso:
“(…) en atención a los expedientes municipales No. 16604, 16598, y 16602 referente a colocación poste, me permito remitir oficio GG-692-2018, suscrito por el Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General JASEC”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El oficio GG-692-2018 de 8 de noviembre de 2018 del gerente general de JASEC dirigido al alcalde de Cartago Carlos Quirós Calderón, consignó lo siguiente:
“Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 y AM-OF-1337-2018 En atención a los oficios supra mencionados, se adjunta oficio N⸰ SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ en el cual indica que el poste mencionado en los oficios no pertenece a JASEC”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 de 2 de noviembre de 2018 de Juan Carlos Rojas Moya, ingeniero de JASEC, señaló:
“En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
En relación con el Instituto Nacional de Seguros: El 23 de octubre de 2018, la Plataforma de Servicios del INS recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El 8 de abril de 2021, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio INSCR-1688-2021 de 8 de abril de 2021 firmado por la directora ejecutiva de la sede de Cartago del INS, con el cual se le expuso:
“(…)
Al respecto le informamos que esta institución no tiene ninguna injerencia con dichas obras, dado que nuestra actividad es la gestión aseguradora; y a la fecha nuestra sede no ha recibido ningún aviso de accidente relacionado con dichas obras. Por otra parte, esta institución no tiene autoridad desde el punto de vista normativo para intervenir en dichos trabajos.
(…)”. (Prueba aportada por el alcalde de Cartago).
En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad: El 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). En relación con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago: El 9 de noviembre de 2018, el Centro de Recepción de Documentos de JASEC recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). El 19 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio OPER-191-2018 de 13 de noviembre de 2018 suscrito por el director de la Operaciones de JASEC, en el que se le indicó:
“Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 En atención al oficio en mención, se adjunta SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ, en el que indica que el poste mencionado en su documento no pertenece a JASEC”. (Prueba aportada por el gerente general de JASEC).
El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 de 13 de noviembre de 2018, señaló:
“En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”. (Prueba aportada por el gerente general de JASEC).
En relación con el Ministerio de Ambiente y Energía: El 12 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Ambiente recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). Antonio Orozco Barrantes, en su condición de jefe de la Oficina Subregional de Cartago del SINAC, por oficio SINAC-ACC-OSC-of-0542-2021 de 24 de mayo de 2021, dispuso:
“(…)
El día 24 de Mayo del 2021, se procedió ir a las direcciones que se menciona en el recurso de amparo 21-005502-0007-CO, con el fin de tener un panorama más claro de los hechos descritos, al llegar a la dirección mencionada, no se encontraron evidencia de que los trabajos que se realizaron requieran permisos por parte de SINAC, los trabajos descritos y observados el día 24 de Mayo, los trabajos descritos en el recurso de amparo no hacen mención a corta de árboles o trabajos dentro de área de protección de ríos, quebradas o nacientes, (…).
(…), lo que se encontró fue la instalación de una torre celular, a la entrada de la urbanización la Ilusión, referente a los trabajos en el sector del río Toyogres, lo que se encontró fue una zanja de aproximadamente 60 cm de ancho, 1 m de profundidad, por 8 m de largo, esta zanja se ubica paralela a la carretera en la calzada, tampoco se observó corta de árboles.
Conclusiones
(…)
2. En el SITADA no hay reporte de denuncia por tala de árboles en los alrededores del Cementerio de Dulce Nombre.
3. En las direcciones proporcionadas por los recurrentes en el recurso de amparo 21- 005502-0007-CO, no se observaron evidencia de los daños ambientales dentro de las competencias del SINAC (Tala de árboles, invasiones a área de protección)”. (Prueba aportada por el ministro de Ambiente y Energía).
En relación con el Ministerio de Salud: El 21 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Salud recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. (Prueba aportada por el recurrente Marco Vinicio Campos Mata). Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 de 6 de abril de 2021, señaló:
“(…) III. SITUACION ACTUAL (…) Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). Se conversó con los funcionarios Manuel Solano Orozco, abogado y Manuel Martínez Zeledón, supervisor de inspectores, ambos del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, con el fin de ampliar los conocimientos sobre el caso y coordinar de forma conjunta una inspección al sitio donde se localiza la antena instalada por el ICE. El Sr. Manuel Martínez indicó que el caso tuvo que haber sido atendido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, y que para solicitar información de las gestiones realizadas por la Municipalidad se debía enviar un correo electrónico a [email protected] Con relación a lo anterior, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Ese mismo reglamento en el artículo 6 otorga a la Municipalidad de Cartago la potestad de regular, clausurar, demoler, registrar las torres entre otras actividades, que se transcribe a continuación: Artículo 6º-Le corresponde a la Municipalidad: a. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que toda Obra Constructiva, instalación, ampliación y modificación a las Obras Constructivas, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón. b. Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las Licencias Municipales a que se refiere este reglamento. c. Clausurar y demoler las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento. d. Llevar un registro de las torres, postes, y demás estructuras para redes y/o sistemas de telecomunicación, que se encuentren ya instaladas y o en trámite de solicitud de autorización de construcción o de explotación, en la jurisdicción del cantón para el control y planificación interna. e. Emitir los certificados de uso del suelo que se le presenten en esta materia. f. Considerar y solicitar los criterios y lineamientos técnicos que la SUTEL establezca en ejercicio de su competencia, con el propósito de coordinar y procurar un adecuado equilibrio entre los intereses nacionales de desarrollo del servicio de las telecomunicaciones y los intereses locales representados por la Municipalidad. g. Propiciar mecanismos de resolución alterna de conflictos que pudieren presentarse en esta materia. Por otro lado, el tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, como se transcribe a continuación: I) Ley: 9329 del 15/10/2015, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal: ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley. Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, salvo la inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, como de la presente ley y demás normativa conexa. La titularidad y las potestades concernientes a la administración de los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados, corresponderá a los gobiernos locales territorialmente competentes en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas cada una de esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector y fiscalizador en la materia. Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. Lo anterior, es ampliamente explicado por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, el 03 de marzo de 2019 bajo el oficio C-088-2019. (…) VI. CONCLUSIONES • Se envío un correo a archivo de la Municipalidad de Cartago solicitando información de las gestiones realizadas ante el caso. • Existe una amplía (sic) normativa que respalda la competencia de la Municipalidad de Cartago regular las antenas y condiciones de las aceras. (…)”. (Informe del ministro de Salud y prueba aportada por él).
Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 de 24 de mayo de 2021, indicó:
“III. SITUACION (sic) ACTUAL De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas.
En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas.
El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] Por otro lado, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 6 establece la competencia de las Municipalidades en la regulación de las antenas.
No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, las cuales son las siguiente (sic):
(…)
•La Municipalidad de Cartago según el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, artículo 6 tiene la facultad legal para regular, clausurar o demoler las antenas colocadas en caso de incumplimiento a la normativa.
•Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago.
•Las antenas ubicadas al norte del cementerio y en la entrada de la Urbanización La Ilusión deben cumplir con Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
• Trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
ANEXO
Anexo 1. Antena ubicada al costado norte del Cementerio de Dulce Nombre
Anexo 2. Antena ubicada en la entrada de la Urbanización Ilusión, Dulce Nombre
(Prueba aportada por el ministro de Salud).
Andrea Anelisse Morales Fiesler, directora del Área Rectora de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 de 25 de mayo de 2021, indicó:
“Al respecto le informo lo siguiente y de acuerdo con lo indicado por la funcionaria Stephanie Oviedo Ortega, mediante informe técnico MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021:
1. “…De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas. En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas. El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] Por otro lado, el Reglamento municipal: 64 del 17/03/2011, Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, vigente desde 28/03/2011, versión 2, indica las disposiciones que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, donde claramente se establece una licencia que otorga la Municipalidad para la construcción o instalación de antenas para telecomunicaciones. Asimismo, el artículo 6 establece la competencia de las Municipalidades en la regulación de las antenas. No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad…”.
2. Concluye en su informe, 1. La Municipalidad de Cartago según el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, artículo 6 tiene la facultad legal para regular, clausurar o demoler las antenas colocadas en caso de incumplimiento a la normativa. 2. Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago. 3.Las antenas ubicadas al norte del cementerio y en la entrada de la Urbanización La Ilusión deben cumplir con Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
3. Finalmente, se recomienda trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones.
4. Esta Dirección, mediante MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, remite respuesta de atención al recurso de amparo indicado y como parte del seguimiento de este informe, se emite un correo electrónico facilitado por personal municipal a [email protected], solicitando información sobre las acciones realizadas y la coordinación de una inspección conjunta, sin recibir a la fecha una respuesta.
5. El día de hoy, remito correo electrónico al Sr. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipalidad de Cartago, solicitando información referente al caso, el seguimiento que ha dado esta institución, así como ponernos a su disposición para realizar visita conjunta al sitio”. (Prueba aportada por el ministro de Salud).
III.-Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado que la Agencia Eléctrica del ICE de Cartago, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía hubieren contestado el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018.
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, las personas recurrentes, mediante escrito con fecha 25 de mayo de 2018 pero recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de mayo de 2021, formulan recurso de amparo contra el ICE, la Municipalidad de Cartago, el MINAE y el Ministerio de Salud. Cuestionan la construcción de dos postes de telecomunicaciones:
Manifiestan que en los dos lugares señalados en este recurso existen casas, por lo que si se desploman las torres, colapsarían vías y propiedades privadas. Añaden que, por lo anterior, se pondría en peligro la vida humana de las personas; además, se desconocen las radiaciones y las consecuencias que estas tendrían en los seres vivos.
Sostienen que el ICE tuvo que haber pedido permiso para el levantamiento de los postes ante la unidad ambiental de la municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud.
Arguye el accionante Campos Mata que, por oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, se denunció la situación ante la Agencia Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad en Cartago (8 de noviembre de 2018), el Instituto Nacional de Seguros de la Región de Cartago (23 de octubre de 2018), el ministro de Ambiente y Energía (12 de noviembre de 2018), el alcalde de Cartago (21 de octubre de 2018), la ministra de Salud (21 de noviembre de 2018) y el gerente de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) (9 de noviembre de 2018). Reclama que acudieron a diversas instancias para solicitar la intervención en este problema; sin embargo, no se brindó solución alguna.
Pide el recurrente Campos Mata que los postes sean retirados de los sitios referidos y se hagan los estudios para su reubicación en lugares lejanos a la zona urbana. Sostiene que los postes han traído problemas de accesibilidad y riesgo tanto a la integridad física como a la salud. Aduce que no permite el paso de una silla de ruedas y produce contaminación visual. Refiere que estos postes colapsarían en caso de terremoto, temblores sísmicos, inundación, tornados y accidentes de tránsito (choque con estos). Acusa falta de estudios técnicos y considera que los postes se tuvieron que colocar en otros sitios. Menciona que pidieron a las autoridades recurridas que se quitaran el poste, pero no lo han hecho. Aduce que pusieron el poste en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre, que es parte integral de la Asociación Integral de Ornato de esa comunidad; sin embargo, esta se encuentra desintegrada, por lo que fue entregada a la Asociación Integral de Desarrollo de Dulce Nombre de Cartago. Reprocha que el poste se colocó sin el aval de los vecinos ni consultar al órgano administrador del parque. Refiere que los postes invaden la propiedad de los colindantes, pero la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras. Manifiesta que no se han mostrado los permiso legales, pese a que los postes están en zona urbana. Reprocha que lo anterior expone la vida de menores en gestación, así como a hombres y mujeres a la esterilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene la desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec. Pretende que se solicite informe a la junta directiva del cementerio que ha sido omisa.
Del estudio de los autos esta Sala tiene por demostrado, que Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, por oficio 7127-1180-2017 de 9 de noviembre de 2017 dirigido al alcalde de Cartago, señaló: “De la manera más atenta le comunico que el ICE ha incluido en la planificación de obras del año 2017, la instalación de 15 postes que soportan equipo celular y por medio del cual, estaremos no solo ampliando la red sino también mejorando la cobertura celular en el cantón de Cartago. En reunión sostenida el día 31 de octubre del 2017 con el director de la UTGV, Don Dennis Aparicio le entregamos los oficios N⸰ 7127-1033-2017 y 7127-1025-2017, mediante los cuales solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplan con la Ley 7600 en cuanto a las medidas de aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago. Debo de aclarar que nos dirigimos a la Unidad Técnica de Gestión Vial de cada Municipalidad a nivel nacional, ya que son los responsables de extender los alineamientos para este tipo de trabajos en vía (sic) públicas. A pesar de que en la reunión sostenida con Don Dennis Aparicio se le dejo claro que íbamos a instalar los postes en coordinación con la UTGV, para nuestra sorpresa mediante el oficio UTGV-OF-428-17 se nos informa que nuestra solicitud ha sido traslada a la Dirección de Urbanismo Municipal ya que es tarea de ésta este asunto. El día martes 7 de noviembre del 2017 la señora Olga Serrano se reunió con Don Juan Carlos Guzmán, Director de Urbanismo Municipal y en la reunión Don Juan Carlos dejó en claro que esta situación no es de su competencia. En razón de lo anterior recurro a su persona como alcalde de la Municipalidad con el fin de que nos aclare a que departamento o dirección debemos recurrir para coordinar la instalación de los postes en mención. Los postes de concreto que instalaremos son de una estructura de cemento armado con una altura de 24 metros. En la tabla adjunta detallo ubicación.
Provincia Cantón Distrito Nombre sitio Latitud Longitud Dirección Cartago Cartago Dulce Nombre Alto de San Blas 9.847395 -83.908932 Costado norte del Cementerio General de Dulce Nombre de Cartago (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Cartago Cartago Dulce Nombre Bruma Azul 9.8435 -83.90299 100 metros oeste del Bar Nueva Costa, sobre carretera hacia Cóncavas.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Justificación: En la Ley Número 3226 del 28 de octubre de 1963, vigente y de naturaleza especial resalta esa prerrogativa de la Institución en su sentido de brindar el servicio de las telecomunicaciones en su artículo tercer párrafo segundo. "El Instituto como entidad autónoma del Estado ejercerá el derecho que este tiene para usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, con el objetivo de establecer y aprovechar la red nacional Necesaria para el servicio de telecomunicaciones. Es entendido que en el ejercicio de ese derecho podrá efectuar en las calles y en las aceras, toda obra de superficie, subterránea o aérea necesaria para el cumplimiento de sus fines,... " (La negrita no pertenece al original). En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de esa misma ley, confiere plena autonomía al ICE para diseñar y desarrollar sus actividades, sus programas de trabajo, obras y proyectos, normativa que no sólo está plenamente vigente, sino que además es de interés público (en este caso el servicios de telecomunicaciones), así establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 13 de agosto del 2008, que modificó la Ley de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos, e incorporó en el artículo No.74 de la Ley No.7593 la declaratoria de interés público la instalación, la ampliación, y la operación de las redes públicas de telecomuniciones (sic) o de cualquiera de sus elementos, ampliamente desarrollados y avalados por la Sala Constitucional, en el voto Res. No.01 5763-2011 mencionado. En la Ley No. 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo m, Disposiciones Generales, artículo 19. "No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios. En razón de lo anterior es que solicitamos nos colaboraren proporcionándonos una visita conjunta con el fin de verificar que no vamos a obstruimos (sic) la planificación de la Municipalidad en dicho distrito. Para cualquier consulta adicional comunicarse con la Licda. Olga Serrano al teléfono 2000-6059 o al correo electrónico [email protected]”. El oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017 de la Municipalidad de Cartago dirigido a Arturo Trejos Torres, coordinador de Gestión de Terrenos del ICE, consignó: “Asunto: Su oficio 7127-1180-2017 En atención a su oficio que se cita en el asunto, mediante el cual, nos solicita la inspección en conjunto para la instalación de 15 postes en distintos puntos del Cantón Centra (sic) de Cartago, y tal como lo dicta su nota: “solicitamos una visita conjunta a los 15 sitios con el fin de verificar que las instalaciones que pretende realizar el ICE cumplen con la Ley 7600 en cuanto a medidas de Aceras y que no vayamos a interferir con proyectos futuros de la Municipalidad de Cartago”; nos permitimos indicar que las visitas se realizaron de forma exitosa en conjunto con los funcionarios del ICE asignados para esta actividad. El pasado 15 y 16 de Noviembre del presente año se llevaron acabo (sic) las debidas inspecciones a los 15 sitios destinados para el proyecto del ICE, por parte del Ing. Oscar (sic) García, Asistente, Sergio Umaña Redondo, asignados por parte de esta Dependencia Municipal y el Ing. Adrián Valverde Quirós y Tec. Robert Córdoba Alvares, personal asignado por el ICE. Resultado de las Inspecciones: De acuerdo a (sic) las visitas de campo y comprobaciones de la localización de los postes verificadas en la base de datos que componen la Malla Vial del Sistema de Información Geográfica (GIS); se determina que no existen situaciones que comprometan alineamientos viales, según lo dicta la Ley N⸰ 5060, Ley General de Caminos Públicos, Capítulo III, Disposiciones Generales, Artículo 19: No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el que establezca la política, más conveniente al interés público. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes sólo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. En 2018, el ICE instaló dos postes en Dulce Nombre de Cartago con soporte equipo celular. De las 8:00 a las 20:00 horas de 24 de mayo de 2018 se colocó el poste ubicado al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago; en ese mes se finalizó su instalación y desde ese entonces no se han hecho nuevas obras constructivas. Los trabajos realizados en el poste Bruma Azul en Dulce Nombre de Cartago se ejecutaron entre el 7 y el 31 de mayo de 2018; además, desde esa fecha no se han efectuado nuevas obras constructivas en esa ubicación. Finalmente, Juan Carlos Guzmán Víquez, director de Urbanismo Municipal, por oficio DU-OF-581-2021 de 25 de mayo de 2021 dirigido al alcalde de Cartago, manifestó: “Con relación a los postes celulares que se asienta al norte del cementerio de Dulce Nombre de Cartago y en la entrada de la urbanización La Ilusión, no consta acuerdo de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, o del Consejo (sic) Municipal, así como no consta licencia municipal de construcción (…) Finalmente, se indica que a la fecha del presente informe el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ha coordinado con la Comuna la instalación de dichas obras civiles, como está obligado en virtud del principio de coordinación interinstitucional desarrollado por la Sala Constitucional en votos como el N°5445-99 y en el artículo 6 del Código Municipal, lo que hace más que reprochable el actuar del ICE que es constitucional y legalmente improcedente”.
Sobre el particular, a priori es importante manifestar que, en principio, no le corresponde a este Tribunal, en la vía del amparo, verificar los requisitos que deben cumplir las empresas de telecomunicaciones (incluido el ICE en su capacidad de sujeto de derecho privado) en cuanto a la colocación y desarrollo de su infraestructura de soporte celular para la prestación de sus servicios; asimismo, tampoco le compete revisar si se cumplieron los requerimientos técnicos correspondientes en su construcción, si se tramitaron los permisos previstos en el ordenamiento jurídico, o bien, si su ubicación es adecuada. Precisamente, el recurso de amparo constituye un cauce sumario y estos temas requieren de un amplio contradictorio en el que las partes puedan plantear sus alegatos y evacuar la prueba técnica correspondiente. Nótese que el ICE considera que sí recibió la autorización municipal para colocar los postes por medio del oficio UTGC-OF-533-17 de 21 de noviembre de 2017, mientras que el director de Urbanismo Municipal de Cartago, por oficio DU-OF-581-2021, consignó que no constaba acuerdo alguno de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo o del Concejo Municipal, ni tampoco licencias municipales.
En cuanto al cumplimiento de requisitos para la autorización municipal de torres de telecomunicaciones, este Tribunal, por sentencia 2012-005866 de las 11:08 horas de 4 de mayo de 2012, resolvió:
“II.- Sobre el derecho. El recurrente pretende que esta Sala determine si la Empresa Claro cumplió los requisitos para que se le otorgue el uso de suelo, y consecuentemente la autorización para instalar una torre de telecomunicaciones celular en un parque destinado a la recreación en Urbanización Freses de Curridabat. Agrega que el parque es de dominio público y esta (sic) hecho para el disfrute y recreación de los vecinos del lugar, por lo que la Municipalidad de Curridabat en eventual caso que otorgara permiso incurre en irresponsabilidad porque no puede disponer de ese bien común. A contrario de lo que considera el petente, a este Tribunal no le corresponde determinar si existe o no mérito para que se le haya otorgado el uso de suelo a la Empresa Claro para instalar la torre de telecomunicaciones celular que reclama, pues ello implicaría sustituir a la administración recurrida en la resolución de esos extremos, y sólo es ella la que puede decidir conforme a los elementos de convicción que consten en el expediente en que se tramita dicha solicitud de uso de suelo, si existe motivo para resolver favorablemente o no lo que pretende, motivo por el cual, deberá -si a bien lo tiene- plantear dichos alegatos ante la propia autoridad recurrida, a fin de que allí se resuelva lo que en derecho corresponda, o en su defecto, en la vía jurisdiccional competente”.
Sobre la ausencia de permisos municipales para la construcción de torre de telecomunicaciones, la Sala, mediante sentencia n.⸰ 2013000507 de las 9:05 horas de 18 de enero de 2013, indicó:
“I.- Objeto del recurso. Estima el recurrente que se lesionan los derechos fundamentales de su representada al instalar una torre de telecomunicaciones sin permisos ni fiscalización municipal, (…)
I.- Cuestión preliminar. Del examen de los argumentos de las partes, deduce la Sala que varios de los temas que se pretende discutir en el presente amparo no son propios de esta vía procesal, no implican la tutela de derechos fundamentales y su conocimiento corresponde a la sede administrativa y, eventualmente, a la jurisdiccional ordinaria. En este sentido, el recurso debe rechazarse en cuanto se pretende establecer: a) si el Instituto Costarricense de Electricidad cuenta con autorizaciones municipales para ejecutar las obras que se dice en el recurso o si está legal o contractualmente autorizado a prescindir de ellas; (…). Definir los anteriores temas implica controlar la legalidad de la actividad desplegada y requiere la práctica de diligencias probatorias incompatibles con el carácter sumario del amparo. Por ello, sobre estos aspectos debe desestimarse el amparo”.
Mutatis mutandi, si este Tribunal se pronunció de ese manera en relación con las torres de telecomunicaciones, en los casos de marras (postes con equipo de soporte celular) resultan aplicables tales criterios.
Asimismo, por resolución n.⸰ 2020003144 de las 9:30 horas de 14 de febrero de 2021, este Tribunal dispuso sobre la reubicación de postes de telecomunicaciones:
“I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que en marzo de 2019 presentó ante el ICE, una solicitud para la reubicación de un poste de alumbrado público y telecomunicaciones. Sin embargo, le comunicaron que debía asumir los costos correspondientes para la reubicación de la infraestructura eléctrica. Por lo anterior, estima violentados sus derechos fundamentales.
II.- Sobre el caso concreto. Respecto a los agravios expuestos, se constata de la prueba aportada al expediente que el recurrente no alegó ante el ICE que el poste tuviera una inclinación considerable y existiera el riesgo de colapsar. Por el contrario, en la gestión del 8 de mayo de 2019 y posteriores comunicaciones, se verifica que el accionante informó que estaba desarrollando un proyecto constructivo en la propiedad, y con la ubicación actual del poste se imposibilitaba el uso pleno de la infraestructura de los apartamentos que se estaba construyendo, ya que el poste obstruía el acceso a las tres cocheras, con el consecuente perjuicio económico que ello implicaba para la inversión que estaba ejecutando en el sitio. De lo anterior, se verifica que existe una disconformidad con la respuesta brindada por la autoridad recurrida y el descontento con lo indicado, cuya discusión resulta ajena al ámbito de competencia de esta jurisdicción. Ahora bien, en este caso la remoción del poste alegado, no es una cuestión que se relacione directamente con una eventual violación a un derecho fundamental y, no es competencia de este Tribunal ordenar se realice el traslado al que hace mención, así como, revisar el valor de dicho trabajo, toda vez que se trata de una labor propia de la vías de legalidad ordinarias. En consecuencia, de considerarlo pertinente, el gestionante deberá plantear, si a bien lo tiene, sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Ergo, el recurso se declara inadmisible”.
No obstante, el hecho de que la discusión mencionada supra deba ser ventilada en la vía ordinaria, no exime al ICE, a la Municipalidad de Cartago y a las demás autoridades con competencia, de contestar las peticiones o solicitudes de información (de forma positiva o negativa con la respectiva justificación, pero emitiendo la respuesta correspondiente), así como de atender las denuncias y gestiones en las que se alegue alguna situación concreta y específica de riesgo para la integridad física o la salud de las personas.
V.- Sobre la gestión planteada. Al respecto, en el sub examine, se planteó una gestión ante las autoridades recurridas, en la que se requirió información de los postes y se solicitó su intervención en los hechos denunciados, para lo cual se hizo referencia a situaciones de peligro para la integridad física y salud de las personas.
Previo a resolver este agravio en particular y conocer por el fondo, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia n.⸰ 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una gestión formulada en la que se alegan situaciones de riesgo para la vida e integridad de varias personas, la cual presuntamente no han sido resueltas dentro de un plazo razonable.
En relación con lo anterior, la Sala comprobó, que las personas accionantes (con excepción de Juan Mena Sánchez) y otras firmaron el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018, en el que señalaron: “Señores (a) Instituto Costarricense de Electricidad I.C.E. Instituto Nacional de Seguros. Región Cartago Ing. Carlos Manuel Rodríguez. Ministro de Ambiente y Energía. (MINAE) Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes. Alcalde de la Municipalidad de Cartago. Dra. Guiselle Amador Ministra del Ministerio de Salud de la República de Costa Rica Gerente General de JASEC. En la Región de Cartago Asunto: Solicitud de retiro de un poste súper gigante que esta (sic) en un área no acta (sic) para ubicar Referente: De un poste que instalo (sic) el I.C.E. detrás de la Fuente del Divino Niño. 1-Por el presento ocurso el suscrito Marco Vinicio Campos Mata Cedula (sic) 303590985. Y (sic) vecinos. Les solicitamos por este medio que se proceda a retirar un POSTE MUY SUPER (sic) JIGANTE (sic). Que instalaron detrás de la FUENTE DEL DIVINO NIÑO, en un terreno que es Administrado por la Junta del Cementerio de Dulce Nombre, como por la Asociación Integral de Ornato de esta Comunidad. Toda vez que ese poste fue colocado sin el aval de los vecinos en atención que supera su altura con las colindancias de las viviendas entre la vía pública. Se denuncia además que el poste fue colocado dentro de los dos metros y cincuenta centímetros que son utilizados para la acera pública como al paso de los peatones y personas discapacitadas. En la que se incluye la zona verde del parquecito. Esto con la Fuente del Divino Niño, frente a un terreno que esta (sic) en la colindancia Norte del Cementerio 2-No existe un informe de riesgo y prevención por parte del I.C.E. en caso que dicho poste colapse toda vez que ese poste supera más de los cuarenta metros de altura para que sea prevención en favor de todo transeúnte. Mas el mismo de ser interés del I.C.E. debe reubicarse en un lugar acto que no tiente (sic) contra la vida de las personas por tal altura. Ese poste que fue colocado ocasiona contaminación visual, por la gran altura de este en vista que esta (sic) en la entrada y vista de nuestra Comunidad por el Cardinal Oeste a Este calle los cerrillos y le ha dañado el porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño, por tan altura que este poste representa y pone peligro a que el mismo sea desplomado por los rayos, tormentas, temblores y además pone en peligro a la Comunidad que viene a disfrutar con sus hijos del parque y tener ese poste en ese sitio y colapse ocasionando le caiga alguna persona o transeúnte, vivienda, vehículo, etc. Que llegue a lamentar la existencia del mismo 3-Se solicito (sic) la colaboración de la Fuerza Publica (sic) a través del 91 1 con el fin se presentaran al sitio de interés toda vez que la empresa mincho placa EE34220 la cual sostiene un poste que en su base se mantiene cubierta con concreto y se observa a seis personas con el logotipo de la empresa I.C.E. realizando el trabajo de tal interés y magnitud. Por lo que se solicita para que la Empresa I.C.E. presente el debido descargo de responsabilidad por Ley. 4-Se solicita al I.C.E. Para que presente por escrito la altura de dicho poste que colocado. Y se solicita al I.C.E. que informe el hondo (sic) en que este poste quedo enterrado. 5-Se solicita al I.C.E. que extienda copia debidamente certificada de lo relacionado a este poste gigante que nos vino a quitar la tranquilidad de toda la Comunidad. 6-Se solicita al I.C.E. que por documental muestre los permisos de SETENA, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, MINISTERIO DE SALUD y demás Autoridades competentes y que a su vez muestre la conformidad de los vecinos de la Comunidad. Toda vez también e incluir que este poste estorba en los alineamientos y espacios del Parque del Divino Niño en vista a la Ley 7600. Y por lo tanto se solicita sea removido quitado de ese bien al que no califica por la denuncia fundada a derecho y legalidad que atiende la misma. 7-Se solicita al I.C.E. Se proceda con el suscrito para asentar una reunión de la manera objetiva con: el fin se proceda con la conformidad para retirar dicho poste del lugar citado. Y por escrito se solicita me informe bajo que (sic) norma legal ha colocado ese poste en sitio. 8-Se solicita a las Autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Cartago, y a demás (sic) recurridas para que intervengan dentro de lo que cabe de esta denuncia con el fin se emitan los debidos pronunciamientos TECNICOS (sic) DE LEGALIDAD para escuchar y valorar lo que hoy nos viene a conmover para que se ordene por Autoridad el definitivo retiro del poste denunciado que fue colocado sin valorar las medidas que ayuden a lugar. Se adjunta Actas de Observación # AO-PDN-026-05-2018. / Acta # AOPDN-032-05-2018. 9-Se sigue denunciando ante los recurridos que de igual forma el I.C.E. Ha colocado otro poste en la Dirección de la Guardia Rural 25 metros al Sur y 25 metros al cardinal Este, exactamente en la entrada de la Urbanización la Ilusión, frente de un Condominio llamado Calzadas Coloniales. Puesto que ese poste fue colocado en el centro de la acera publica, pues es todo lo contrario basado en la ley 7600 y al mismo Código Municipal en su (sic) Artículos 75 y 76. En la que es inaudito que el I.C.E. haya invadido esta acera publica sin algún requerimiento legal y haber ocasionado por un derecho que no le asiste interrumpir el paso de personas como el ruedo normal de sillas de ruedas, por personas que están con al algún tipo de discapacidad, toda vez que antes que este poste no se colocara todo estaba con normalidad hasta que llego (sic) el ICE a invadir e interrumpir, el libre transito (sic) peatonal. Es menester aclarar que esta vialidad está dentro de un Proyecto del Plan Vial de la Ciudad de Cartago, Coris Paraíso en la que el ancho de esta calle supera los 20 metros de ancho por lo que al cruzar la calle no podría ingresar a la cera (sic) publica en la entrada de la Urbanización porque el super (sic) poste colocado por el I.C.E. estorbaría por el ancho y la inadecuada ubicación de este y muchos menos una persona discapacitada podría ingresar a la acera. Por esta acción de inconstitucionalidad, al tener que seguir y tolerar que ese poste continúe en un espacio para uso peatonal y no para uso comercial como lo quiere hacer valer por ello es procedente que retire o reubique dicho poste en un lugar que no afecte por ley a terceros como en esta ocasión esta (sic) afectado (sic) es así que en dicho sector aumentarían los accidentes de tránsito las muertes y demás peligrosidad por el simple hecho que la acera púbica sigue invadida como lo está en la actualidad cuando antes no lo estada. Por lo que desde este momento responsabilizamos al I.C.E. de los daños que este poste regeneraría (sic) en el sitio. 10.- Se solicita que su respuesta en Oficio Original y Sellada sea notificada de forma personal al suscrito firmante al: Domicilio Costa Rica, Cartago, Dulce Nombre Código Postal de Distrito 30109. Urbanización Clara Rosa, Casa # 4. Los Cerrillos 100 metros al Oeste del Cementerio, en Av. 40, entre calle 19. Teléfono: 86-81-24-04”.
De lo anterior se observa que la gestión consignó como “asunto” la solicitud de retiro de un poste; sin embargo, de su lectura íntegra se identifican reproches en cuanto a la construcción de dos postes. Puntualmente, se aprecian los siguientes argumentos y solicitudes de las personas que la suscribieron: 1) El primer poste se colocó sin el aval de los vecinos y dentro de la acera pública que es utilizada por peatones y personas con discapacidad. No hay informe de riesgo y prevención del ICE en caso de que colapse, ya que supera los cuarenta metros de altura. El poste debe colocarse en otro sitio donde no atente contra la vida de las personas. Genera contaminación visual por su altura y le daña el “porte Arquitectónico, a la Fuente del Divino Niño”. Hay riesgo de desplome por rayos, tormentas, temblores y puede colapsar sobre personas, viviendas o vehículos. El poste estorba los alineamientos y espacios del parque del Divino Niño en cuanto a la ley n.⸰ 7600. Solicitan al ICE que se presente el debido descargo, se informe la altura del poste colocado y la profundidad a la que se enterró, se entregue una copia certificada de lo relacionado con el poste y se muestren los permisos de SETENA, la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud y las demás autoridades, así como la conformidad de los vecinos de la comunidad. Piden que sea removido el poste. Solicitan al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y las demás autoridades que intervengan con el fin de que emitan pronunciamientos técnicos de legalidad a los efectos de que se ordene el retiro del poste. 2) El segundo poste se colocó en el centro de la acera, lo cual es contrario a la ley n.⸰ 7600 y al Código Municipal. El ICE no puede invadir la acera ni interrumpir el paso de las personas, entre ellas las que están en silla de ruedas con alguna discapacidad. Las personas que cruzan la calle no pueden ingresar a la acera debido a la inadecuada colocación del poste, mucho menos las que tengan alguna discapacidad. El espacio es para uso peatonal y no comercial. Estiman que es procedente que se retire o reubique el poste donde no afecte a terceros, ya que con su ubicación actual y la invasión de la acera pública, aumentarían los accidentes de tránsito, las muertes y los otros peligros.
Ahora, para determinar las actuaciones de cada una de las autoridades a las que se les entregó el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018, se analizará cada situación por separado.
V.1. Sobre el ICE. Al respecto, se observa que al ICE no solo se le está pidiendo la reubicación de sus postes, sino que también le están poniendo en conocimiento hechos, planteando preguntas y solicitando documentos.
En cuanto a las solicitudes de las personas para la reubicación de postes de telecomunicaciones, la Sala, por resolución 2017002831 de las 9:30 horas de 24 de febrero de 2017, señaló:
“III.- SOBRE EL FONDO. Esta Sala, respecto a las solicitudes de los administrados para la reubicación de postes de tendido electrónico y telecomunicaciones, se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“El recurrente expone que es propietario de una finca en el Condominio Hacienda San Agustín de San Francisco de Heredia, la cual cuenta con dos postes de tendido eléctrico que limitarían un poco la disponibilidad de ciertas áreas en la construcción, como lo es, el posible garaje, razón por la cual, solicitó a la empresa recurrida la ayuda necesaria. Sin embargo, se le respondió que los posibles cambios para la solución del problema, deben correr por cuenta propia del solicitante, lo cual considera no es una situación a derecho, pues dichos gastos, deberían correr por cuenta de la propia empresa recurrida. Al respecto, debe indicarse que a esta Sala no le compete revisar la procedencia de lo dispuesto a nivel técnico o legal en relación a lo resuelto por parte de la empresa accionada, y menos aún verificar, si la pretensión requerida por el accionante es procedente, o si se ajusta o no, a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional competente. Pues no es competencia de este Tribunal determinar, de conformidad con la ley aplicable, de qué forma debe resolverse la situación planteada por el gestionante, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común, previa verificación de los criterios técnicos establecidos para tal efecto. Por ello, deberá el gestionante plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones”.
(Véanse en similar sentido las sentencias No. 2016-002466 de las 9:05 horas del 19 de febrero de 2016 y 2016-00312 de las 14:30 horas del 12 de enero de 2016).
Así, resulta claro que, la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la reubicación de un poste, corresponde a las autoridades administrativas respectivas, sin que esta Sala deba incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. No obstante, en este caso, existe una particularidad que hace diferente la situación expuesta por el recurrente y es que explica que la unidad que está frente a su propiedad está muy deteriorada por lo que existe peligro de que se caiga causando daños materiales y, además, a las personas que transitan la zona. Sobre este tema en particular, se le concedió audiencia al Gerente General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y, ese funcionario, confirmó que el poste en cuestión no está en óptimas condiciones, refiere que tenía conocimiento de la situación y, además, no niega que ponga en riesgo a las personas que transitan la zona, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por cierta esa afirmación. Ahora bien, para solucionar esa situación, la compañía recurrida asegura que se realizaron los estudios pertinentes y, desde mayo de 2015, se acordó mover el poste sin ningún cobro para el administrado –como corresponde según la legislación aplicable- y ya retiraron las líneas de energía eléctrica, quedando pendientes las líneas de comunicaciones, que le corresponden al Instituto Costarricense de Electricidad. No obstante, si bien, considera esta Sala que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizó algunas actuaciones tendentes a corregir la situación de riesgo detectada, lo cierto, del caso es que el peligro inminente permanece y, por ende, es evidente que las mismas resultan insuficientes para corregir la situación. Incluso, no fue sino con ocasión a la notificación de la resolución de curso, realizada el 19 de enero de 2017, que coordinó con el ICE el retiro de las líneas de comunicación para, posteriormente, hacer el retiro del poste.
En cuanto a este extremo, es necesario explicarle a la autoridad recurrida que sobre ella pesan obligaciones específicas, de conformidad con los principios de eficiencia y eficacia –que delimitan el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos- y, por ende, según el ámbito de su competencia, debe tener capacidad de previsión y de detección del deterioro de la infraestructura que les pertenece, en aras de evitar situaciones de riesgo para los administrados. Lo anterior, sin que las razones de naturaleza presupuestaria o, en general, la falta de recursos materiales, puedan ser justificantes para el incumplimiento de sus obligaciones. Así, esta Sala debe intervenir, con el fin de restablecer al recurrente y a las personas que transitan junto al poste en cuestión, en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, sin que ello sea interpretado como una orden para retirarlo, sino que, de conformidad con los estudios técnicos necesarios, deberá establecerse cual en la mejor manera de brindar una solución a la situación particular. En vista de las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.
IV.- Respecto al Instituto Costarricense de Electricidad, del informe rendido por su Presidente Ejecutivo y no rebate el Gerente General del Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se desprende que no fue sino hasta el 23 de enero de 2017, que la referida compañía le solicitó reubicar las líneas de telecomunicaciones a efecto de realizar los trámites necesarios para retirar postes viejos, entre ellos, el que refiere el recurrente. Posteriormente, el 2 de febrero siguiente, se realizó una inspección y se retiró la caja de dispersión y, la relocalización de las acometidas se efectuó el 9 de de (sic) febrero siguiente. Razón por la cual, considera esta Sala que su actuación ha sido diligente en corregir la situación de riesgo puesta en su conocimiento”.
Sobre las solicitudes de información planteadas ante el ICE referidas a telecomunicaciones, la Sala, en la sentencia n.⸰ 18447-2017 de las 9:45 horas de 17 de noviembre de 2017, dispuso:
“IV. EN REFERENCIA AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. CONSIDERACIONES A PARTIR DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES –LEY N° 8660-. Tal como se indicó en el considerando anterior, el derecho de acceso a la información no es irrestricto, siendo que, como todo derecho constitucional, encuentra límites, dentro de los que se puede señalar la materia, la función del ente, órgano o institución a la que se le solicita la información, entre otros. Así,. en el caso concreto, el derecho en cita guarda una especial relación con consideraciones respecto de la función mercantil que realiza el Instituto Costarricense de Electricidad en materia de Telecomunicaciones, la cual se desarrolla en un mercado abierto. De tal forma, la Sala ha reconocido que el contenido del artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas -Ley N° 8660-, busca revestir de formalidad, mediante el principio de reserva de ley, las decisiones de las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad que declaran como confidencial cierto tipo de información que, en el tema de telecomunicaciones, guarda relación con el giro comercial que la institución y sus empresas realizan en ese mercado. Esto, constituye como una especie de protección que se le brinda a la institución accionada con el fin de de (sic) permitir que se desempeñe adecuadamente dentro del mercado de telecomunicaciones, en el que existes otros competidores.
Dicho lo anterior, se tiene que la Sala reconoce como válida la limitación que, razonable y proporcionalmente, el ICE imponga al acceso a la información que se le solicite y que concierne a su actividad mercantil en el mercado de telecomunicaciones. De tal forma, la denegación de información con base a la norma legal citada en este considerando, no corresponde a un acto ilegítimo que conlleve la lesión del derecho de acceso a la información. Esta consideración parte de que dicha institución, tradicionalmente prestó servicios y desarrolló funciones de carácter económico mediante el monopolio, pero, en la actualidad, su régimen y sus funciones se han visto sustancialmente modificadas, principalmente a partir del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana que, dentro de sus consecuencias, tuvo la apertura del mercado de telecomunicaciones. De tal forma que surgieron instrumentos de relevancia legislativa, tales como la Ley General de Telecomunicaciones -N° 8642- y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones -N° 8660-. Esta última, introdujo una serie de medidas compensatorias necesarias y adecuadas para evitar que la apertura del mercado de ese sector a la libre competencia, le cause a los entes públicos dedicados a ese giro serios perjuicios o desventajas, por su condición y naturaleza pública frente a los competidores que asumen formas de organización colectiva del Derecho privado más flexibles -ver en ese sentido, entre otras, sentencia N° 2015-018209 de las 9:05 horas de 20 de noviembre de 2015 y sentencia N° 2017-008985 de las 14:00 horas de 16 de junio de 2017- A partir de tales consideraciones, este Tribunal ha entendido que tal apertura tiene implicaciones directas en el derecho de acceso a la información administrativa, pues la necesidad de flexibilidad y de actuaciones expeditas, equivale a que el Instituto Costarricense de Electricidad no sea sometido de forma irrestricta y desproporcionada, a las disposiciones que rigen las actuaciones de la generalidad de instituciones públicas y que no ejercen funciones mercantiles o empresariales.
En este contexto, resulta de relevancia el contenido del artículo 35 de la mencionada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones, el cual dispone lo siguiente:
“La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, para los fines del negocio. Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por los medios respectivos. Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.” Respecto de la norma en cita, esta Sala Constitucional indicó en sentencia N° 2017-008985 de las 14:00 horas de 16 de junio de 2017, lo siguiente:
"Esta norma legislativa cumple con el principio de reserva de ley en materia de establecimiento de límites a los Derechos fundamentales (artículos 28 de la Constitución y 19 de la Ley General de la Administración Pública). Nótese que la información a la que se refiere la norma legislativa es de dos tipos, a saber: a) La que puedan obtener el ICE y sus subsidiarias, en sus relaciones comerciales, de sus clientes, la que, por definición es información confidencial en tanto atañe a éstos quienes la brindan para obtener un servicio; incluso se prevé, excepcionalmente, que la autoridad competente permita su acceso a terceros cuando se justifique su necesidad; y b) aquella información relacionada con la actividad del ICE y sus empresas subsidiarias que se haya calificado cubierta por el secreto industrial, comercial o económico, cuando razones calificadas de estrategia comercial o de mercadeo y, en general, por razones comerciales o de libre competencia no resulte conveniente divulgarla a terceros, por cuanto, puede otorgarle ventajas a sus competidores en un mercado abierto y acarrearle perjuicios a tales entidades. La calificación que hacen las propias entidades de una determinada información pasa por los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso particular y, obviamente, según la naturaleza de la misma puede ser objeto de control por esta Sala. La Además, concretamente sobre el artículo 35 de la ley en cita, en los mismos fallos referidos, la Sala indicó:
“El artículo 35 de la Ley 8660 establece, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política, que es confidencial la información de clientes y usuarios, y además prevé un régimen especial, que faculta al Instituto Costarricense de Electricidad a declarar confidencial información sobre sus actividades y las de sus subsidiarias, previamente calificada como secreto industrial, comercial o económico, “cuando razones calificadas de estrategia comercial o de mercadeo y, en general, por razones comerciales o de libre competencia no resulte conveniente divulgarla a terceros, por cuanto, puede otorgarle ventajas a sus competidores en un mercado abierto y acarrearle perjuicios a tales entidades”. Sin embargo, tal y como ya señaló este Tribunal en la sentencia N.2010-0226, de las 11:00 horas del 8 de enero del 2010, refiriéndose a las actas del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, se trata de documentos públicos, y si contienen información confidencial, es un deber de la institución recurrida tutelarla y limitar el derecho en este sentido, según lo preceptúa el artículo 35 de la Ley N.8660, sin embargo, ello no justifica un cuestionamiento previo de toda la información bajo dicho supuesto, que resulta excepcional. En similar sentido, el voto N.2011-9455 de las 8:43 horas del 22 de julio del 2011, señaló:
“Considera este Tribunal que lleva razón la autoridad recurrida en indicar que en dichos estados financieros se pueda encontrar información confidencial, máxime bajo el nuevo contexto que opera actualmente el Instituto Costarricense de Electricidad; no obstante, tal y como lo señala el recurrido en el informe aportado, la información relacionada con el sector de energía sí es de acceso público. Por lo tanto, tal y como procedió el recurrido, en estos casos se debe facilitar la información sin cuestionamiento previo, eso sí excluyendo la información que se considere confidencial.” En esa tesitura, es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que, con relación a la información del sector energía, no opera ninguna excepción legal en esta materia (sentencias N.2011-6123 de las 9:15 horas del 13 de mayo de 2011 y N.2012-11871 de las 16:01 horas del 28 de agosto de 2012). La información confidencial del ICE es aquella respecto de los segmentos de su actividad o función que han sido abiertos al libre mercado, como el caso de la telefonía móvil o celular, la transmisión de datos y el servicio de internet, siendo inconducente y jurídicamente inválido que se pretenda extender, por analogía, a otros renglones de actividad que no están plenamente abiertos al libre mercado. El artículo 35 de la Ley 8660 prevé la reserva de datos que puedan dejar en desventaja competitiva al instituto frente a la competencia…” (Énfasis añadidos).
No obstante, la determinación de cuál información que ostenta el ICE y sus subsidiarias está cubierta por la confidencialidad a partir del secreto comercial, puede ser sometido al control de constitucionalidad por parte de esta Jurisdicción Constitucional, para lo cual, esta Sala cuenta con la competencia para analizar un caso concreto en el que se deniegue el acceso a la información con fundamento en tales reservas. De tal forma, a partir de las consideraciones anteriores, este Tribunal entrará a dilucidar si las actuaciones demandas por el petente, corresponden a una vejación del derecho de acceso a la información”.
Ahora, en el caso de marras, se comprobó, que, el 9 de noviembre de 2018, la Agencia Eléctrica de Cartago del ICE recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Sin embargo, no consta alguna respuesta a ese oficio por parte de este autoridad.
Lo anterior es trascendental, ya que no consta el pronunciamiento expreso del ICE sobre los extremos formulados en la gestión y, en consecuencia, tampoco se ha referido a los peligros expuestos en ella. De ahí que, al no ser estos peligros evidentes y manifiestos, lo que corresponde es que se declare la omisión de esta autoridad de atender la gestión de marras dentro de un plazo razonable (nótese que han transcurrido más de dos años sin respuesta), en perjuicio de los derechos de justicia administrativa pronta y cumplida (numeral 41 constitucional), petición (artículo 27 constitucional) y acceso a la información (ordinal 30 constitucional) de las personas que suscribieron la gestión.
V.2. Sobre la Municipalidad de Cartago. En relación con la Municipalidad de Cartago se comprobó, que el 21 de octubre de 2018 recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El gobierno local le asignó el expediente n.⸰ 16604 de la Plataforma de Servicios al documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. El alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, por oficio AM-1335-2018 de 26 de octubre de 2018 dirigido al gerente general de JASEC, indicó: “(…) me permito remitir para los efectos que corresponda expediente municipal No. 16604, referido a solicitud de retiro de poste que esté en un área no apta para ubicar, suscrito por el señor Marco Vinicio Campos Mata”. El 13 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio AM-OF-1426-2018 de 9 de noviembre de 2018 firmado por el alcalde Rolando Alberto Rodríguez Brenes, con el cual se le expuso: “(…) en atención a los expedientes municipales No. 16604, 16598, y 16602 referente a colocación poste, me permito remitir oficio GG-692-2018, suscrito por el Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General JASEC”. El oficio GG-692-2018 de 8 de noviembre de 2018 del gerente general de JASEC dirigido al alcalde de Cartago Carlos Quirós Calderón, consignó lo siguiente: “Ref: AM-OF-1335-2018, AM-OF-1338-2018 y AM-OF-1337-2018 En atención a los oficios supra mencionados, se adjunta oficio N⸰ SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ en el cual indica que el poste mencionado en los oficios no pertenece a JASEC”. El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-248-2018 de 2 de noviembre de 2018 de Juan Carlos Rojas Moya, ingeniero de JASEC, señaló: “En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”.
Al respecto, este Tribunal observa que la respuesta a la gestión otorgada se limitó a trasladar lo manifestado por JASEC; empero, no consta pronunciamiento alguno sobre los hechos acusados que sí corresponden a las competencias municipales. De ahí que se considera que no se atendió de forma completa la gestión y, en consecuencia, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.3. Sobre el Ministerio de Salud. En relación con el Ministerio de Salud se comprobó que, el 21 de noviembre de 2018, el despacho del ministro recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0494-2021 de 6 de abril de 2021, señaló: “(…) III. SITUACION ACTUAL (…) Con relación a los antecedentes del oficio M-V-C-M-139-DI-DIVINO-NIÑO-2018, no se localizó información en físico ni en digital relacionada con el caso, pero sí otros casos similares con relación a las condiciones de las aceras y postes (denuncia 3819-2018, informe CE-ARSC-R-0861-2018; denuncia 1032-2018, oficio CE-ARSC-1160-2018). (…)”. Stephanie Oviedo, funcionaria del equipo de Regulación de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-IT-0637-2021 de 24 de mayo de 2021, indicó: “III. SITUACION (sic) ACTUAL De acuerdo con su indicación se visitó el costado norte del cementerio y la entrada de la Urbanización La Ilusión en el Distrito de Dulce Nombre, Cartago, al ser las 12:50 horas. En ambos lugares se identificaron antenas de telecomunicaciones donde se observó que se localizan a menos de 50m de casas. El oficio MS-DGS-1227-2019, del 30 de abril del 2020, suscrito por la Directora General, Dra. Priscilla Herrera García, indicó: “Cabe destacar que, las estructuras de soporte (torres, postes, antenas) no necesitan de PSF.” [sic] (…) No se observó que las antenas obstruyeran el paso, ya que contaban con más de 90cm libres de paso (Anexo 1 y 2). El tema de aceras está regulado por una amplía (sic) normativa donde se define a las Municipalidades como responsable de garantizar el buen estado de las aceras y su accesibilidad, las cuales son las siguiente (sic): I) Ley: 9329 del 15/10/2015, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. II) Oficio C-088-2019, suscrito por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, el 03 de marzo de 2019. (…) VI. CONCLUSIONES (…) •Las antenas no necesitan Permiso Sanitario de Funcionamiento, pero sí la licencia de parte de la Municipalidad de Cartago. (…) VII. RECOMENDACIONES • Trasladar el caso a la Municipalidad de Cartago, con el fin de que determinen si las antenas cumplen o no con el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. (…)” Andrea Anelisse Morales Fiesler, directora del Área Rectora de Salud de Cartago, por oficio MS-DRRSCE-ARSC-0219-2021 de 25 de mayo de 2021, indicó: “(…) 4. Esta Dirección, mediante MS-DRRSCE-ARSC-0165-2021, remite respuesta de atención al recurso de amparo indicado y como parte del seguimiento de este informe, se emite un correo electrónico facilitado por personal municipal a [email protected], solicitando información sobre las acciones realizadas y la coordinación de una inspección conjunta, sin recibir a la fecha una respuesta. 5. El día de hoy, remito correo electrónico al Sr. Mario Redondo Poveda, Alcalde Municipalidad de Cartago, solicitando información referente al caso, el seguimiento que ha dado esta institución, así como ponernos a su disposición para realizar visita conjunta al sitio”.
Al respecto, aun cuando luego de la notificación del curso de este amparo, las autoridades de salud inspeccionaron los lugares en los que se levantaron los postes y se pusieron en contacto con la Municipalidad de Cartago, no se aprecia que se haya emitido y notificado alguna respuesta al oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018. En consecuencia, tomando en consideración el plazo de más de dos años transcurrido y que aún ni siquiera se ha notificado alguna respuesta, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.4 Sobre el Ministerio de Ambiente y Energía. De los autos se colige que, el 12 de noviembre de 2018, el despacho del ministro de Ambiente recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. No obstante, pese a que se alegan situaciones índole ambiental o que podrían estar relacionadas con ámbito de competencia de ese ministerio, no se aprecia alguna respuesta formal a ese oficio. En consecuencia, tomando en consideración el plazo de más de dos años transcurrido, se tiene por transgredido el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida de las personas que suscribieron la gestión.
V.5 Sobre la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. En el sub lite se comprueba que, el 9 de noviembre de 2018, el Centro de Recepción de Documentos de JASEC recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El 19 de noviembre de 2018, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio OPER-191-2018 de 13 de noviembre de 2018 suscrito por el director de la Operaciones de JASEC, en el que se le indicó: “Ref: M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 En atención al oficio en mención, se adjunta SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 emitido por el Ing. Juan Carlos Rojas Mora, Profesional GIS-SIREJ, en el que indica que el poste mencionado en su documento no pertenece a JASEC”. El oficio SUBG-SA-AAMEV-GIS-262-2018 de 13 de noviembre de 2018, señaló: “En atención al oficio M-V-C-M-209-D1-DIVINO NIÑO-2018 y M-V-C-M-165-D1-DIVINO NIÑO-2018, en el cual se hace la queda (sic) de la instalación de un poste sin el permiso correspondiente tanto al costado este de la fuente del Divino Niño en Dulce Nombre, así como también al costado norte del cementerio de la misma localidad, me permito indicarle que el poste en mención (atrás de la fuente del Divino Niño) no pertenece a JASEC, es un poste de 24 metros, mismo que es comúnmente utilizado por compañías de telecomunicaciones para ampliar sus coberturas celulares, y el reporte de instalación de un poste al costado norte del cementerio de Dulce Nombre, no es válido ya que no hay ningún poste de reciente instalación en el lugar citado”.
En relación con lo anterior, se aprecia que JASEC contestó la gestión de marras, mucho tiempo antes de la interposición de este recurso. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra.
V.6. Sobre el Instituto Nacional de Seguros. En cuanto al Instituto Nacional de Seguros se comprobó que, el 23 de octubre de 2018, la Plataforma de Servicios recibió el documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 de 31 de mayo de 2018. El 8 de abril de 2021, el recurrente Marco Vinicio Campos Mora recibió el oficio INSCR-1688-2021 de 8 de abril de 2021 firmado por la directora ejecutiva de la sede de Cartago del INS, con el cual se le expuso: “(…) Al respecto le informamos que esta institución no tiene ninguna injerencia con dichas obras, dado que nuestra actividad es la gestión aseguradora; y a la fecha nuestra sede no ha recibido ningún aviso de accidente relacionado con dichas obras. Por otra parte, esta institución no tiene autoridad desde el punto de vista normativo para intervenir en dichos trabajos. (…)”.
Al respecto, aun cuando esta institución contestó la gestión luego de la notificación del curso de este proceso, de la lectura del documento M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 no se aprecia alguna solicitud concreta dirigida al INS y, además, los hechos que se expusieron son evidentemente ajenos al ámbito de su competencia. Asimismo, en el escrito de interposición de este recurso no se le atribuyó alguna omisión de relevancia constitucional. Ergo, se declara sin lugar el recurso en su contra.
VI.- Sobre los restantes alegatos. El extremo relacionado con la eventual violación a la privacidad debido a la altura de los postes, prima facie se desestima, ya que, en los términos planteados en el escrito de interposición, no se aprecia alguna violación o amenaza directa o indirecta a algún derecho fundamental susceptible de ser declarado en esta jurisdicción.
En cuanto a la contaminación visual, a priori se declara sin lugar el recurso, toda vez que no se mencionaron argumentos relevantes que evidenciaran alguna situación que amerite la intervención de la Sala.
Asimismo, si los recurrentes consideran que el ICE requería el aval de los vecinos de la comunidad para colocar los postes, podrán, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria.
En adición, si bien se reprocha que los postes invaden la propiedad de los colindantes y que la municipalidad no paralizó ni suspendió las obras, no consta que se hubiere planteado previamente alguna denuncia en ese sentido ante esa autoridad.
Por otra parte, aun cuando se acusa que uno de los postes se puso en un terreno administrado por la junta del cementerio de Dulce Nombre y que esta ha sido omisa, tal aseveración fue general. De ahí que no se aprecia alguna acción u omisión que pueda ser analizada en esta jurisdicción.
En relación con las eventuales violaciones a la ley n.⸰ 7600, no se identificó alguna persona con discapacidad concretamente afectada o amenazada, sino que este extremo se formuló de manera general y abstracta.
Sobre la solicitud de desconexión de un medidor eléctrico que colocó Jasec, este argumento constituye un alegato aislado que, en principio, no se relaciona con los hechos el objeto de este recurso.
Finalmente, se acusa que este tipo de postes y antenas de telecomunicaciones producen daños a la salud; sin embargo, recientemente, en la sentencia n.⸰ 2021000193 de las 9:15 horas de 8 de enero de 2021, señaló:
“VI.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD. Los recurrentes acusan que la torre de telecomunicación cuestionada violentan su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, es menester traer a colación, que el tema de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el sentencia No. 2013-006649 de las 10:20 horas del 17 de mayo de 2013, el Tribunal dispuso lo siguiente:
“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:
V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ‘como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto’. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público legalmente comprobado’. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («) para todo lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio...” (El resaltado y subrayado no es del original).
A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:
“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:
‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’ Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.
Por lo expuesto, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones”.
En consecuencia, se declaran sin lugar estos extremos.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso solo en cuanto a la omisión del Instituto Costarricense de Electricidad, la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, de atender la gestión formulada. Se ordena a Lilliam González Cerdas, Mario Redondo Poveda, Daniel Salas Peraza y Franklin Paniagua Alfaro, por su orden coordinadora de la Agencia de Cartago del ICE, alcalde de Cartago, ministro de Salud y ministro a.i. de Ambiente y Energía, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias que, dentro del plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de la notificación de este recurso, atiendan, cada uno dentro del ámbito de competencias de su representada, la gestión formulada mediante el oficio M-V-C-M-139-D1-DIVINO NIÑO-2018 con fecha 31 de mayo de 2018 y se notifique lo resuelto a las partes que la gestionaron. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad, a la Municipalidad de Cartago y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
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