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Res. 08564-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2021

Non-compliance with waste collection service in PaqueraIncumplimiento del servicio de recolección de basura en Paquera

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The appeal against the Paquera Municipal Council and the Health Area is upheld, ordering the restoration of waste collection and a definitive solution within ten months; the claim against the Municipality of Puntarenas is dismissed.Se acoge el recurso contra el Concejo Municipal de Paquera y el Área de Salud, ordenando restablecer la recolección de basura y presentar una solución definitiva en diez meses; se desestima contra la Municipalidad de Puntarenas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially grants the amparo action against the Paquera District Municipal Council for the lack of a regular and continuous waste collection service, violating the right to a healthy environment and health. Although the problem was identified in 2019 and the provision of the service was ordered, almost two years later no definitive solution had been implemented. The Court orders the municipal and health authorities to take coordinated actions to immediately restore the service and to provide a real and effective solution within ten months, with quarterly reports. The Municipality of Puntarenas is not held liable. The ruling includes separate opinions on the Chamber's jurisdiction in environmental matters and the enforcement phase.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, por la ausencia de un servicio periódico y continuo de recolección de basura, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano y a la salud. Pese a que desde 2019 se constató la problemática y se ordenó garantizar la prestación del servicio, transcurridos casi dos años no se había implementado una solución definitiva. La Sala ordena a las autoridades municipales y de salud realizar acciones coordinadas para restaurar de inmediato el servicio y presentar en diez meses una solución real y efectiva, con informes trimestrales. Se excluye de responsabilidad a la Municipalidad de Puntarenas. El fallo incluye notas separadas sobre la competencia de la Sala en materia ambiental y la fase de ejecución.

Key excerptExtracto clave

Although only a year ago this Court considered that there was no non-compliance by the respondents, as they had adopted measures aimed at providing the public waste collection service in the community; the truth is that from the analysis of the case file it is concluded that, in the time that has elapsed, no concrete mitigation measures have been adopted or implemented to solve the problem at hand, but only reference is made to temporary responses and the number of processes required to advance the project. This Chamber does not ignore the complexity of processing new projects by the Administration, particularly when they involve environmental, health and municipal matters; however, it is evident that the passivity with which the reported problem has been managed means that almost two years after ruling No. 2019007027, the district of Paquera still does not have a definitive and adequate solution for its solid waste management. In this context, it is concluded that the matter has not been handled with due diligence by the health and municipal authorities involved, and the appeal must be upheld, so that a real, effective and prompt solution to solid waste management in the district of Paquera is provided.Si bien recién hace un año este Tribunal consideró que no había ningún incumplimiento por parte de los accionados, pues habían adoptado medidas tendentes a brindar el servicio público de recolección de residuos en la comunidad; lo cierto del caso es que del análisis de los autos se concluye que, en el tiempo transcurrido, no se han adoptado o implementado medidas de mitigación concretas para la solución de la problemática que nos ocupa, sino que únicamente se hace referencia a respuestas temporales y a la cantidad de procesos requeridos para avanzar con el proyecto. Esta Sala no desconoce la complejidad de la tramitación de proyectos nuevos por parte de la Administración, particularmente cuando estos implican materia ambiental, sanitaria y municipal, sin embargo, resulta evidente que la pasividad con que se ha manejado la problemática denunciada implica que casi dos años después de la sentencia Nº 2019007027, el distrito de Paquera aún no cuenta con una solución definitiva y adecuada para el manejo de sus residuos sólidos. En este contexto, se concluye que el asunto no se ha manejado con la debida diligencia por parte de las autoridades sanitarias y municipales accionadas, por lo que corresponde acoger el recurso, a fin de que se brinde una solución real, efectiva y pronta al manejo de desechos sólidos en el distrito de Paquera.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los problemas generados por la inadecuada disposición y manejo de desechos sólidos trascienden la esfera local para convertirse en un problema de salud pública, ante el cual, no se admiten justificaciones de índole presupuestaria y económica para validar cualquier omisión o retraso injustificado por parte de esas corporaciones municipales en la protección de estos derechos."

    "The problems caused by inadequate solid waste disposal and management transcend the local sphere to become a public health problem, against which no budget or economic justifications are admissible to validate any omission or unjustified delay by those municipal corporations in protecting these rights."

    Considerando: Sobre el servicio de recolección de basura

  • "Los problemas generados por la inadecuada disposición y manejo de desechos sólidos trascienden la esfera local para convertirse en un problema de salud pública, ante el cual, no se admiten justificaciones de índole presupuestaria y económica para validar cualquier omisión o retraso injustificado por parte de esas corporaciones municipales en la protección de estos derechos."

    Considerando: Sobre el servicio de recolección de basura

  • "Resulta evidente que la pasividad con que se ha manejado la problemática denunciada implica que casi dos años después de la sentencia Nº 2019007027, el distrito de Paquera aún no cuenta con una solución definitiva y adecuada para el manejo de sus residuos sólidos."

    "It is evident that the passivity with which the reported problem has been managed means that almost two years after ruling No. 2019007027, the district of Paquera still does not have a definitive and adequate solution for its solid waste management."

    Considerando: Sobre el caso concreto

  • "Resulta evidente que la pasividad con que se ha manejado la problemática denunciada implica que casi dos años después de la sentencia Nº 2019007027, el distrito de Paquera aún no cuenta con una solución definitiva y adecuada para el manejo de sus residuos sólidos."

    Considerando: Sobre el caso concreto

  • "Dado que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado, y que dicho principio cobra particular importancia en materia ambiental; se impone advertir a los recurridos que deberán comunicarse y coordinar las soluciones que corresponda para brindar -y fiscalizar- el servicio de recolección reclamado."

    "Given that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by law, and that this principle is particularly important in environmental matters; it is necessary to warn the respondents that they must communicate and coordinate the appropriate solutions to provide – and supervise – the claimed collection service."

    Considerando: Sobre el caso concreto

  • "Dado que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado, y que dicho principio cobra particular importancia en materia ambiental; se impone advertir a los recurridos que deberán comunicarse y coordinar las soluciones que corresponda para brindar -y fiscalizar- el servicio de recolección reclamado."

    Considerando: Sobre el caso concreto

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Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: April 30, 2021 at 09:15 Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant Ruling Related Rulings Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

COMPLAINT.

08564-21. MUNICIPALITY. THE MUNICIPALITY AND THE DIRECTOR OF THE PAQUERA HEALTH AREA ARE ORDERED TO CARRY OUT, IN A COORDINATED AND JOINT MANNER, THE ACTIONS WITHIN THEIR RESPECTIVE SPHERES OF COMPETENCE SO THAT, IMMEDIATELY, THE WASTE COLLECTION SERVICE IS REESTABLISHED AND, WITHIN A TEN-MONTH PERIOD, A REAL, EFFECTIVE, AND PROMPT SOLUTION TO SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE DISTRICT OF PAQUERA IS PROVIDED. DURING THAT PERIOD, THEY MUST ADOPT THE NECESSARY MEASURES TO GUARANTEE THE PERIODIC AND CONTINUOUS PROVISION OF THE GARBAGE COLLECTION SERVICE IN THAT DISTRICT, AND THE SANITARY AUTHORITIES MUST EXERCISE ADEQUATE OVERSIGHT OF THE REFERRED SERVICE. FURTHERMORE, THEY MUST REPORT QUARTERLY TO THIS CHAMBER ON THE PROGRESS OF THE PROJECT AND THE MEASURES ADOPTED, WITH A COPY TO THE OTHER INVOLVED AUTHORITIES, AS THE CASE MAY BE.

... See more  Res. No. 2021008564 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on April thirtieth, two thousand twenty-one.

A recurso de amparo (amparo appeal) processed in expediente number 21-004007-0007-CO, filed by JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL, identity card 0602910565, against THE MUNICIPAL DISTRICT COUNCIL OF PAQUERA.

Resultando:

In a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 23:11 hours on February 27, 2021, the petitioner files a recurso de amparo against the president and the district mayor, both of the Municipal District Council of Paquera, and states that he serves as a resident and as the executive secretary of the Integral Development Association of Río Grande de Paquera. He asserts that the respondent Municipality has never provided the solid waste collection service, or, as it is commonly known, the garbage collection service, in a periodic, continuous, selective, accessible, and efficient manner. Nor, he assures, has it promoted the creation of material recovery centers, with special emphasis on small and medium-scale ones, for subsequent valorization. It has not promoted the creation or installation of an environmental management unit within the respondent municipality, with optimal human and material resources. There is no promotion of training, nor implementation of educational awareness campaigns for the inhabitants of the district of Paquera, to foster a culture of separated collection, cleaning of public spaces, and integrated waste management. He comments that these omissions violate the provisions of Law 8839, for Integrated Waste Management, despite the existence of a municipal plan for these purposes approved by the Municipal Council in the previous administration, as evidenced by Ordinary Session No. 264-2019 of October 9, 2019. He affirms that sanitary order No. OS-JG-009-2019 was also issued by the Ministry of Health, Peninsular Area in 2019, in addition to the fact that "A VOTE BY THIS CONSTITUTIONAL CHAMBER number 2019-007027, resolution from nine hours and twenty minutes on April twenty-sixth, two thousand nineteen, judicial expediente number 19-002803-0007-CO, WEIGHS UPON THE RESPONDENTS, on this matter and consequently." In his opinion, the negligence, breach of duties, reluctance, and apathy demonstrated by the respondents are of such magnitude that they have ignored "the WARNING that the former Municipal District Mayor, Ms. Sidney Sánchez Ordoñez, gave to the current District Mayor, surnamed González Jiménez, on pages 22, 31, 32, 33, and 34 of her final management report related to the issue at hand; this current municipal administration HAS NOT CARRIED OUT ANY palpable, efficient, and effective action to comply with the provisions of Article 8 of Law 8839. In the same negligent behavior, vote 2019-016751, resolution from nine hours twenty minutes on September fourth, two thousand nineteen, in its por tanto indicated: Ms. Sídney Sánchez Ordóñez, in her capacity as District Mayor of the Municipal District Council of Paquera, or whoever holds that position, is reiterated the immediate compliance with the provisions of resolution No. 2019-007027 from 09:20 hours on April 26, 2019, under the warning that an administrative proceeding will be ordered against them if they fail to do so." He argues that the issues addressed here constitute an inescapable duty of the respondent municipal authority, which impacts the promotion of a healthy and balanced environment and the health of the area's inhabitants. For this reason, the problems generated by the absence of policies and procedures and the inadequate disposal and management of solid waste transcend the local sphere to become a public health problem, before which no budgetary or economic justifications are admissible to validate any unjustified omission or delay by these municipal corporations in protecting these rights. Based on the foregoing, he requests that the respondents be ordered to execute all pertinent administrative actions to initiate the garbage collection service in a periodic, continuous, selective, accessible, and efficient manner; to create an environmental management unit within the municipality of Paquera; to promote training and carry out educational awareness campaigns for the inhabitants of the district of Paquera to foster a culture of separated collection, cleaning of public spaces, and integrated waste management; and to approve and implement a Municipal Regulation for integrated solid waste management. He requests that the recurso be granted.

By resolution at 14:55 hours on March 02, 2021, the present recurso was admitted, which was notified to the respondents on March 02 and 05, 2021.

Ulises González Jiménez and Milton Hancock Porras, in their capacity as district mayor and president, both of the Municipal District Council of Paquera, report under oath (folio 93 of the electronic expediente) that the new local government has undertaken the corresponding processes to comply with Law 8839 and the responsibility for the collection and disposal of waste, since previously nothing had been processed in this regard. They refer to the technical progress report, which highlights the preparation of the Municipal Plan for Integrated Management of Solid Waste, the update of the tariff model to be used for charging for ordinary waste collection, the search for a vehicle as an indispensable means to begin collection, meetings to determine the environmental management model, agreements with the Municipality of Puntarenas, and the formation of commissions; all measures aimed at providing a prompt solution to the problem. They request that the recurso be dismissed.

In a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 09:21 hours on March 15, 2021, the petitioner replies to the report of the respondent authority.

By resolution at 10:36 hours on March 15, 2021 (folio 129 of the electronic expediente), a report was requested from the director of the Peninsula Governing Health Area, as well as from the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of Puntarenas.

Luis Gerardo López Godinez, in his capacity as president of the Council of the Municipality of Puntarenas, reports under oath (folio 155 of the electronic expediente) that the Council has approved the budgets presented by the District Council of Paquera, which has functional independence and answers for its own acts. He requests that the recurso be dismissed.

Wilber Madriz Arguedas, in his capacity as mayor of Puntarenas, reports under oath (folio 161 of the electronic expediente) that collaboration has been provided to the Municipal District Council of Paquera, offering advice "regarding the follow-up on a series of solutions for solid waste management in said district, one of the options determined among which was to assess the possibility of establishing a cooperation agreement between my represented entity and the Municipal District Council of Paquera for the purpose of a potential provision of machinery for the collection and transportation of solid waste generated in the peninsular district, and on the other hand, advice on the process of setting tariffs for the concept of solid waste collection and final disposal service for the district of Paquera." He explains that the Municipal District Council of Paquera has administrative and financial autonomy, and that the participation of the Municipality of Puntarenas has occurred when requested, so it cannot be affirmed that there is any breach on its part. He states that the mentioned agreement proposal must be promoted and processed by the interested parties, and until then, they are not authorized to provide the machinery. Similarly, it will be up to the Municipal District Council to prepare and implement the waste management regulation claimed by the petitioner. He requests that the recurso be dismissed.

Juan Gabriel Ledezma Acevedo, in his capacity as director of the Peninsula Governing Health Area, reports under oath (folio 181 of the electronic expediente) and, after referring to the background of the case, points out that the issue was analyzed by the Chamber in judgment No. 2020008881, from 09:15 hours on May 15, 2020. He attaches a copy of the final report of the Ecological Blue Flag Program, in the community health category, dated January 31, 2021; which details and evidences the actions carried out during 2020 (together with INDER, the union of Peninsular Aqueducts, and the Red Cross) regarding the 4 peninsular districts. Furthermore, he points out some actions carried out in the follow-up of the solid waste collection situation in Paquera (collection campaigns, training for separate treatment of organic waste and composting, authorization to transport solid waste from Paquera in a municipal truck to Tecnoambiente as the authorized final disposal site, frequent talks and campaigns, among others). He considers that the ministry has fulfilled its corresponding competence and requests that the recurso be dismissed.

In a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 01:30 hours on April 10, 2021, the petitioner replies to the report of the respondent authority, demonstrating through a certification that no agreement exists with the Municipality of Puntarenas.

In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

Purpose of the recurso. The petitioner accuses the respondent authority of having failed to fulfill its inescapable duty, as there is an absence of policies and procedures and an inadequate disposal and management of solid waste occurs, which impacts the right to a healthy and balanced environment and the health of the area's inhabitants. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)Since 2019, the existence of a serious problem regarding the collection and disposal of solid waste in the District of Paquera was verified (judgment No. 2019007027).
  • b)Meetings have been held and contacts established to define a solid waste management project (technical report from the authorities of the Municipal District Council of Paquera).
  • c)During the year 2020, collection campaigns, training for separate treatment of organic waste and composting, frequent talks and campaigns, among other measures, were carried out (report from the sanitary authorities).

Unproven fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven: that an integral, real, and permanent solution to the problem of solid waste collection and disposal in the District of Paquera has been provided. On the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The right to health, recognized in Articles 21 of the Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution, which is intrinsically related to principles 4 and 15 of the Rio Declaration on Environment and Development. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, just like health, food, work, housing, and education, among others. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for the protection of the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to do everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see judgment No. 180-98 from 16:24 hours on January 13, 1998). The objective obligation of the State regarding environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the recurso de amparo, a specific type of welfare activity by the State in compliance with its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. On the garbage collection service. On repeated occasions, this Constitutional Court has referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to the efficient provision of these, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high-quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, swift, effective, and efficient manner (see in this regard judgments numbers 2003-11382 and 2011-003043). Likewise, Article 169 of the Constitution establishes the duty of the country's Municipalities to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; thus, in repeated pronouncements, this Court has indicated that said corporations are obligated to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in this regard judgments 2008-11739 and 2011-003043). Such competence includes the collection, final disposal, and treatment of the solid waste generated in these territorial circumscriptions. Indeed, it is an inescapable duty that, beyond the protection of a healthy and ecologically balanced environment, directly impacts people's health. From this perspective, the problems generated by the inadequate disposal and management of solid waste transcend the local sphere to become a public health problem, before which no budgetary or economic justifications are admissible to validate any unjustified omission or delay by these municipal corporations in protecting these rights. Precedents. The problem of solid waste collection and disposal in the District of Paquera has been known by this Chamber in judgments No. 2019007027 and No. 2020008881. On the first occasion, the absence of the service was verified, the recurso was granted, and the periodic and continuous provision of the service was ordered. In the second vote, certain measures aimed at providing the public waste collection service in the community were deemed proven, such as collection campaigns, approval of regulations, and the hiring of an environmental manager, for which reason non-compliance on the part of the municipal authorities was ruled out and the recurso was dismissed. On the specific case. In the present matter, the petitioner accuses that the solid waste collection service is not being provided, nor has the creation of material recovery centers or an environmental management unit been promoted, nor are there educational campaigns to foster a culture of separated collection, cleaning of public spaces, and integrated waste management. Specifically, he requests this Court to order a series of specific measures to guarantee the garbage collection service in a periodic, continuous, selective, accessible, and efficient manner. For their part, the respondent authorities affirm that before assuming their positions, nothing had been processed regarding waste collection and disposal, and they refer to the measures adopted since they took office, transcribing the technical progress report of the project. For the purpose of better provision, reports were requested from the sanitary authorities and the Municipality of Puntarenas. The representatives of the municipal corporation stated that the budgets presented by the District Council of Paquera have been approved, which has functional independence and answers for its own acts; and that advice on solid waste management has been provided to them, but that it falls to the Municipal District Council of Paquera to promote the measures, agreements, and other solutions they decide to implement. Finally, the sanitary authorities state that collection campaigns and training activities have been carried out. For the purpose of the protection provided by this Court, it must be clarified that it is not appropriate to elucidate in this venue which measures or processes are suitable to solve the waste management problem, as that depends on technical criteria, as well as opportunity and convenience, adopted by the competent administration; therefore, the present analysis is limited to verifying whether an evident contamination problem is observed and whether or not there has been inertia on the part of the Administration in managing the issue.

Although just a year ago this Court considered that there was no non-compliance by the respondents, as they had adopted measures aimed at providing the public waste collection service in the community; the fact of the matter is that from the analysis of the case records, it is concluded that, in the intervening time, no concrete mitigation measures have been adopted or implemented to solve the problem at hand, but rather only reference is made to temporary responses and the number of processes required to advance the project. This Chamber does not ignore the complexity of processing new projects by the Administration, particularly when these involve environmental, sanitary, and municipal matters; however, it is evident that the passivity with which the reported problem has been managed means that almost two years after judgment No. 2019007027, the district of Paquera still does not have a definitive and adequate solution for the management of its solid waste. In this context, it is concluded that the matter has not been handled with due diligence by the respondent sanitary and municipal authorities, so it is appropriate to grant the recurso, in order to provide a real, effective, and prompt solution to solid waste management in the district of Paquera.

Given that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by the legal system, and that this principle is particularly important in environmental matters; it is necessary to warn the respondents that they must communicate and coordinate the corresponding solutions to provide—and oversee—the claimed collection service.

In this sense, and given that due to issues of autonomy and competencies, the collaboration that the Municipality of Puntarenas can provide must be promoted by the authorities of the Municipal District Council of Paquera, the recurso must be dismissed regarding this authority, as it is ruled out that it has incurred in any omission.

Corollary. In light of the considerations set forth, and having verified that a definitive solution to the reported problem has not been provided, it is necessary to grant the recurso, in order to order the Municipal District Council of Paquera to do what is pertinent, and for the sanitary authorities to exercise adequate oversight. Regarding the Municipality of Puntarenas, the recurso is dismissed. NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUTION.

1. The historical context that at one time motivated the extensive intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast body of legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated in the Constitution—is radically different from the prior one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as the protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was previously poorly or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene both of administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural channels and inclusive standing mechanisms have been regulated, so that those subject to administration can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In this context, it is neither legally nor functionally appropriate for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of chains of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that would allow for adequate follow-up on such judgments—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remediation plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring lasting months or even years.

5. From this perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but rather the opposite, as its adequate protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as this instance declining its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise in readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of setting its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that while every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist among others, so that—among all and each in their own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Constitution in order to leave their adjudication in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed generally, without prejudice to recognizing the existence of specific cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the adjudication of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations against the environment where a blatant absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of the amparo as a summary and special procedural institution, since I also believe that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity of being adequately handled within it.

In the specific case, according to the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect their health and physical integrity, as well as that of the people living in the District of Paquera, given the absence of solid waste management plans in that locality, and since 2019, the existence of a serious problem in the collection and disposal of such waste has been verified. Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the amparo petitioners.

NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a general principle, cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction arises from that administrative omission, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as occurs in this amparo, where the protection of people's health is at stake due to the fact that, according to what was reported by the appellant, the Municipality of Paquera has not carried out periodic trash collection for several years, which constitutes an exceptional situation to my position on this matter.

Partial dissenting vote regarding the operative part of this judgment by Judge Garro Vargas. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where the enforcement phase of the matter should be located, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to monitor a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, carrying out a project for solid waste management in the district of Paquera. In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, supervising stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.

DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if any paper documents were provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted. Ulises González Jiménez and Milton Hancock Porras, in their capacity as district mayor (intendente) and president, respectively, both of the Concejo Municipal de Distrito de Paquera, and Juan Gabriel Ledezma Acevedo, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud Peninsular, or whomever occupies their positions, are ordered to carry out, in a coordinated and joint manner, the actions within the scope of their powers so that, IMMEDIATELY, the waste collection service is reestablished and, within a period of TEN MONTHS, starting from the notification of this judgment, a real, effective, and prompt solution to the management of solid waste in the district of Paquera is provided. During that period, they must adopt the necessary measures to guarantee the periodic and continuous provision of the trash collection service in that district, and the health authorities must exercise adequate oversight of the referred service. Additionally, they must report quarterly to this Chamber on the progress of the project and the measures adopted, with copies to the other involved authorities, as the case may be. They are warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Concejo Municipal de Distrito de Paquera are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. As for the Municipality of Puntarenas, the appeal is dismissed. Judge Hernández López adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Area (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Notify.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

QUEJA.

08564-21. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD DE PAQUERA, REALIZAR DE FORMA COORDINADA Y CONJUNTA, LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DE INMEDIATO, SE REESTABLEZCA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN REAL, EFECTIVA Y PRONTA, AL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PAQUERA. DURANTE ESE PERÍODO, DEBERÁN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO QUE SE GARANTICE LA PRESTACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ESE DISTRITO, Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEBERÁN EJERCER UNA ADECUADA FISCALIZACIÓN DEL REFERIDO SERVICIO. ADEMÁS, DEBERÁN INFORMAR TRIMESTRALMENTE A ESTA SALA SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS, CON COPIA A LAS OTRAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS, SEGÚN SEA EL CASO.

... Ver más  Res. Nº 2021008564 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-004007-0007-CO, interpuesto por JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL, cédula de identidad 0602910565, contra EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA.

Resultando:

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 23:11 horas del 27 de febrero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el presidente y el intendente, ambos del Concejo Municipal de Distrito de Paquera, y manifiesta que se desempeña como munícipe y como secretario ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Grande de Paquera. Asevera que la Municipalidad accionada nunca ha prestado el servicio de recolección de desechos sólidos o, como comúnmente se conoce, el servicio de recolección de basura de manera periódica, continua, selectiva, accesible y, eficiente. Tampoco, asegura, ha promovido la creación de centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala, para la posterior valorización. No ha promovido la creación ni la instalación de una unidad de gestión ambiental dentro del municipio recurrido, con el recurso humano y material óptimo. No hay promoción de capacitación, ni realización de campañas educativas de sensibilización a los habitantes del distrito de Paquera, para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos. Comenta que esas omisiones, atentan contra lo preceptuado en la Ley 8839, para la Gestión Integral de Residuos, pese a que se cuenta con un plan municipal para estos efectos aprobado por el Concejo Municipal en la administración pasada, según se desprende de la Sesión Ordinaria No. 264-2019 del 9 de octubre de 2019. Afirma que, también, fue dictada la orden sanitaria No. OS-JG-009-2019 por parte del Ministerio de Salud Área Peninsular en el 2019, aunado a que "PESA SOBRE LOS RECURRIDOS, sobre esta temática y consecuentemente, voto de esta Cámara Constitucional número 2019-007027, resolución de las nueve horas y veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, expediente judicial número 19-002803-0007-CO". En su criterio, la negligencia, el incumplimiento de deberes, el desgano y la apatía demostrada por los recurridos es de tal magnitud, que han desoído "la ADVERTENCIA que la anterior Intendenta Municipal la señora Sidney Sánchez Ordoñez, le hizo al actual Intendente de apellido González Jiménez, en páginas 22, 31, 32, 33 y 34 de su informe final de gestión relacionado con el tema que nos ocupa; esta actual administración municipal, NO HA REALIZADO ninguna acción palpable, eficiente y eficaz, para el cumplimiento de lo emanado en el artículo 8 de la Ley 8839. En el mismo comportamiento negligente el voto 2019-016751 resolución de las nueve horas veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, en su por tanto indicó: Se le reitera a Sídney Sánchez Ordóñez, en su condición de Intendente del Concejo Municipal del Distrito de Paquera, o a quien ocupe ese cargo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la resolución n.° 2019-007027 de las 09:20 horas de 26 de abril de 2019, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere". Arguye que los temas acá abordados constituyen un deber ineludible de la autoridad municipal accionada, que repercute en la promoción de un ambiente sano y equilibrado y la salud de los habitantes de la zona. Por ese motivo, los problemas generados por la ausencia de políticas y procedimientos y, la inadecuada disposición y manejo de desechos sólidos, trascienden la esfera local para convertirse en un problema de salud pública, ante el cual, no se admiten justificaciones de índole presupuestaria y económica para validar cualquier omisión o retraso injustificado por parte de esas corporaciones municipales en la protección de estos derechos. Con base en lo expuesto, solicita se ordene a los recurridos que ejecuten todas las acciones administrativas pertinentes para iniciar con el servicio de recolección de basura de manera periódica, continua, selectiva, accesible y eficiente, a la creación dentro del municipio de Paquera de una unidad de gestión ambiental, a la promoción de capacitación y realización de campañas educativas de sensibilización a los habitantes del distrito de Paquera para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos y, a la aprobación y puesta en marcha de un Reglamento Municipal para la gestión integral de los residuos sólidos. Pide se declare con lugar el recurso. Mediante resolución de las 14:55 horas del 02 de marzo de 2021 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fechas 02 y 05 de marzo de 2021. Informa bajo juramento Ulises González Jiménez y Milton Hancock Porras, en su condición de intendente y presidente, ambos del Concejo Municipal de Distrito de Paquera (folio 93 del expediente electrónico), que el nuevo gobierno local ha asumido los procesos correspondientes para cumplir con la ley 8839 y la responsabilidad de la recolección y disposición de los residuos, pues anteriormente no se había diligenciado nada al respecto. Refiere el informe técnico de avance, en el que destaca la elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la actualización del modelo tarifario que se utilizará para el cobro de la recolección de los residuos ordinarios, la búsqueda de un vehículo como medio indispensable para iniciar la recolección, reuniones para determinar el modelo de gestión ambiental, convenios con la Municipalidad de Puntarenas y conformación de comisiones; medidas todas tendentes a dar una pronta solución al problema. Solicita se desestime el recurso planteado. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:21 horas del 15 de marzo de 2021, la parte recurrente replica el informe de la autoridad recurrida. Por resolución de las 10:36 horas del 15 de marzo de 2021 (folio 129 del expediente electrónico), se solicitó informe al director del Área Rectora de Salud Península, así como al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Puntarenas. Informa bajo juramento Luis Gerardo López Godinez, en su condición de presidente del Concejo, de la Municipalidad de Puntarenas (folio 155 del expediente electrónico), que el Concejo ha aprobado los presupuestos presentados por el Concejo de Distrito de Paquera, el cual tiene independencia funcional y responde por sus propios actos. Solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Wilber Madriz Arguedas, en su condición de alcalde de Puntarenas (folio 161 del expediente electrónico), que se ha brindado colaboración al Concejo Municipal de Distrito de Paquera, brindando asesoría “en cuanto al seguimiento de una serie de soluciones para el manejo de residuos sólidos en dicho distrito, del cual una de las opciones entre las cuales se determinó fue valorar la posibilidad de establecer un convenio de cooperación entre mi representada y el Consejo (sic) Municipal de distrito de Paquera para efectos de una eventual prestación de maquinaria para la recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el distrito peninsular, y por otro lado asesoría en cuanto al proceso de fijación de las tarifas por concepto del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos para el distrito de Paquera”. Explica que el Concejo Municipal de Distrito de Paquera cuenta con autonomía administrativa y financiera, y que la participación de la Municipalidad de Puntarenas ha sido cuando se ha solicitado, por lo que no se puede afirmar que hay incumplimiento alguno por su parte. Refiere que la propuesta de convenio mencionada debe ser impulsada y tramitada por los interesados, y hasta tanto, no están autorizados a prestar la maquinaria. En igual sentido, le corresponderá al Concejo Municipal de Distrito elaborar y poner en práctica el reglamento para la gestión de residuos que reclama el tutelado. Solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Juan Gabriel Ledezma Acevedo, en su condición de director del Área Rectora de Salud Peninsular (folio 181 del expediente electrónico) y, tras referirse a los antecedentes del caso, señala que el tema fue analizado por la Sala en la sentencia Nº 2020008881, de las 09:15 horas del 15 de mayo de 2020. Adjunta copia del informe final del Programa Bandera Azul Ecológica, en la categoría salud comunitaria, de fecha 31 de enero de 2021; en el que se detallan y evidencian las acciones llevadas a cabo por durante 2020 (junto con el INDER, la unión de Acueductos peninsulares y Cruz Roja) con respecto a los 4 distritos peninsulares. Además, señala algunas acciones llevadas a cabo en el seguimiento de la situación de recolección de residuos sólidos de Paquera. (campañas de recolección, capacitaciones para tratamiento separado de residuos orgánicos y compostaje, autorización de transportar residuos sólidos desde Paquera en vagoneta municipal a Tecnoambiente como sitio de disposición final autorizado, frecuentes charlas y campañas, entre otras). Considera que el ministerio ha cumplido en lo correspondiente a su competencia y solicita se desestime el recurso planteado. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 01:30 horas del 10 de abril de 2021, la parte recurrente replica el informe de la autoridad recurrida, demostrando mediante una constancia que no existe convenio alguno con la Municipalidad de Puntarenas. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

Objeto del recurso. El recurrente acusa que la autoridad recurrida no ha cumplido su deber ineludible, pues existe una ausencia de políticas y procedimientos y se da una inadecuada disposición y manejo de desechos sólidos, lo cual repercute en el derecho a un ambiente sano y equilibrado y la salud de los habitantes de la zona. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Desde 2019 se constató la existencia de una grave problemática en cuanto a recolección y disposición de desechos sólidos en el Distrito de Paquera (sentencia Nº 2019007027).
  • b)Se han sostenido reuniones y establecido contactos a fin de definir un proyecto de manejo de desechos sólidos (informe técnico de las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Paquera).
  • c)Durante el año 2020, se han realizado campañas de recolección, capacitaciones para tratamiento separado de residuos orgánicos y compostaje, frecuentes charlas y campañas, entre otras medidas (informe de las autoridades sanitarias).

Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: que se haya brindado una solución integral, real y permanente a la problemática de recolección y disposición de desechos sólidos en el Distrito de Paquera. Sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional, el cual se encuentra intrínsecamente relacionado con los principios 4 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase sentencia Nº 180-98 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. Sobre el servicio de recolección de basura. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente (véanse en ese sentido las sentencias números 2003-11382 y 2011-003043). Asimismo, el artículo 169 de la Constitución Política dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las sentencias 2008-11739 y 2011-003043). Dicha competencia incluye la recolección, la disposición final y el tratamiento de los desechos sólidos generados en esas circunscripciones territoriales. En efecto, se trata de un deber ineludible que más allá de la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, repercute directamente en la salud de las personas. En esa perspectiva, los problemas generados por la inadecuada disposición y manejo de desechos sólidos trascienden la esfera local para convertirse en un problema de salud pública, ante el cual, no se admiten justificaciones de índole presupuestaria y económica para validar cualquier omisión o retraso injustificado por parte de esas corporaciones municipales en la protección de estos derechos. Precedentes. La problemática de la recolección y disposición de desechos sólidos en el Distrito de Paquera ha sido conocida por esta Sala en las sentencias Nº 2019007027 y Nº 2020008881. En la primera ocasión se constató la ausencia del servicio, se acogió el recurso y se ordenó garantizar la prestación periódica y continua del servicio. En el segundo voto se tuvieron por demostradas ciertas medidas tendentes a brindar el servicio público de recolección de residuos en la comunidad, tales como campañas de recolección, aprobación de reglamentos y contratación de un gestor ambiental, por lo que se descartó el incumplimiento de parte de las autoridades municipales y se desestimó el recurso. Sobre el caso concreto. En el presente asunto, el recurrente acusa que no se presta el servicio de recolección de desechos sólidos, ni se ha promovido la creación de centros de recuperación de materiales o de una unidad de gestión ambiental, ni tampoco hay campañas de educación para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos. Concretamente le solicita a este Tribunal que ordene una serie de medidas específicas para garantizar el servicio de recolección de basura de manera periódica, continúa, selectiva, accesible, y eficiente. Por su parte, las autoridades recurridas afirman que antes de asumir sus cargos no se había diligenciado nada respecto a la recolección y disposición de los residuos, y refieren las medidas adoptadas desde que asumieron el puesto, transcribiendo el informe técnico de avance del proyecto. A efecto de mejor proveer, se solicitó informes a las autoridades sanitarias y de la Municipalidad de Puntarenas. Los representantes de la corporación municipal refirieron que se han aprobado los presupuestos presentados por el Concejo de Distrito de Paquera, el cual tiene independencia funcional y responde por sus propios actos; y que se les ha brindado asesoría en cuanto al manejo de residuos sólidos, peo que corresponde al Concejo Municipal de Distrito de Paquera impulsar las medidas, convenios y demás soluciones que decidan implementar. Finalmente, las autoridades sanitarias refieren que se han realizado campañas de recolección y actividades de capacitación. A efecto de la tutela que brinda este Tribunal, se debe aclarar que no corresponde dilucidar en esta vía cuáles son las medidas o procesos idóneos para solucionar la problemática de gestión de residuos, pues ello obedece a criterios técnicos, así como de oportunidad y conveniencia que adopte la administración competente; de manera que el presente análisis se limita a verificar si se constata un evidente problema de contaminación y si ha habido o no inercia por parte de la Administración en el manejo del tema.

Si bien recién hace un año este Tribunal consideró que no había ningún incumplimiento por parte de los accionados, pues habían adoptado medidas tendentes a brindar el servicio público de recolección de residuos en la comunidad; lo cierto del caso es que del análisis de los autos se concluye que, en el tiempo transcurrido, no se han adoptado o implementado medidas de mitigación concretas para la solución de la problemática que nos ocupa, sino que únicamente se hace referencia a respuestas temporales y a la cantidad de procesos requeridos para avanzar con el proyecto. Esta Sala no desconoce la complejidad de la tramitación de proyectos nuevos por parte de la Administración, particularmente cuando estos implican materia ambiental, sanitaria y municipal, sin embargo, resulta evidente que la pasividad con que se ha manejado la problemática denunciada implica que casi dos años después de la sentencia Nº 2019007027, el distrito de Paquera aún no cuenta con una solución definitiva y adecuada para el manejo de sus residuos sólidos. En este contexto, se concluye que el asunto no se ha manejado con la debida diligencia por parte de las autoridades sanitarias y municipales accionadas, por lo que corresponde acoger el recurso, a fin de que se brinde una solución real, efectiva y pronta al manejo de desechos sólidos en el distrito de Paquera.

Dado que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado, y que dicho principio cobra particular importancia en materia ambiental; se impone advertir a los recurridos que deberán comunicarse y coordinar las soluciones que corresponda para brindar -y fiscalizar- el servicio de recolección reclamado.

En este sentido, y dado que por temas de autonomía y de competencias la colaboración que la Municipalidad de Puntarenas pueda brindar debe ser impulsada por las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Paquera, se debe desestimar el recurso en cuanto esta autoridad, pues se descarta que haya incurrido en alguna omisión.

Corolario. En mérito de las consideraciones expuestas, y al constatarse que no se ha brindado una solución definitiva a la problemática denunciada, se impone estimar el recurso, a fin de ordenar al Concejo Municipal de Distrito de Paquera lo pertinente y a las autoridades sanitarias que ejerzan una adecuada fiscalización. En cuanto a la Municipalidad de Puntarenas, se desestima el recurso. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud e integridad física, así como de las personas que habitan en el Distrito de Paquera, lo anterior, ante la ausencia de planes de manejo de desechos sólidos en esa localidad y de lo cual desde el año 2019 se comprobó la existencia de un grave problema de recolección y disposición de ese tipo de desechos. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo, en que está de por medio la tutela de salud de las personas debido a que según lo denunciado por el recurrente, la Municipalidad de Paquera tiene varios años de no realizar la recolección de basura en forma periódica, lo que constituye una situación de excepción a mi posición en esta materia. Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la Magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso llevar a cabo un proyecto para el manejo de desechos sólidos en el distrito de Paquera. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso- Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Ulises González Jiménez y Milton Hancock Porras, en su condición de intendente y presidente, ambos del Concejo Municipal de Distrito de Paquera y a Juan Gabriel Ledezma Acevedo, en su condición de director del Área Rectora de Salud Peninsular, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, realizar de forma coordinada y conjunta, las acciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias para que, DE INMEDIATO, se reestablezca el servicio de recolección de desechos y, en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución real, efectiva y pronta, al manejo de desechos sólidos en el distrito de Paquera. Durante ese período, deberán adoptar las medidas necesarias a efecto que se garantice la prestación periódica y continua del servicio de recolección de basura en ese distrito, y las autoridades sanitarias deberán ejercer una adecuada fiscalización del referido servicio. Además, deberán informar trimestralmente a esta Sala sobre los avances del proyecto y las medidas adoptadas, con copia a las otras autoridades involucradas, según sea el caso. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Concejo Municipal de Distrito de Paquera al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Puntarenas, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Constitución Política Art. 50
    • Ley 8839
    • Ley de Jurisdicción Constitucional Art. 56

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