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Res. 11994-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/05/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the unconstitutionality action for lack of standing, finding that the plaintiff invoked diffuse interests to protect an individual situation and did not prove a pending prior case.La Sala Constitucional rechaza la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación de la accionante, al considerar que invocó intereses difusos para proteger una situación individual y no acreditó un asunto previo pendiente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rejects an action of unconstitutionality against Article 44 ter of the Consumer Protection and Competition Law, which establishes an untouchable minimum wage that cannot be subject to wage deductions for credit payments and penalizes lenders who violate it. The plaintiff, a low-income worker, argued that the rule violates her rights by blocking access to housing credit and harming the diffuse interests of salaried workers. The majority of the court finds that she lacks standing: although she invokes diffuse interests, she is actually seeking to protect her individual situation, as the rule has a concrete, non-diffuse impact on the community. She did not demonstrate a pending case where the unconstitutionality was invoked. Justice Rueda Leal writes separately, agreeing with the dismissal but noting that while some diffuse interests (like the environment) can materialize in individual cases, here the impact is not sufficiently widespread.La Sala Constitucional rechaza una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que establece un salario mínimo intangible no susceptible de retenciones para el pago de créditos y sanciona a quien otorgue créditos que lo irrespeten. La accionante, una trabajadora de bajos ingresos, alegó que la norma vulnera sus derechos al impedirle acceder a crédito para vivienda y lesionar los intereses difusos de los trabajadores asalariados. La mayoría del tribunal considera que la accionante carece de legitimación activa: aunque invocó la defensa de intereses difusos, en realidad busca proteger su situación individual, pues la norma impacta de manera concreta y no difuminada en la colectividad. No acreditó la existencia de un asunto pendiente donde se hubiera invocado la inconstitucionalidad. El magistrado Rueda Leal emite razones diferentes, coincidiendo en desestimar la acción pero precisando que, aunque ciertos intereses difusos (como el ambiente) pueden concretarse en casos individuales, en este caso la afectación no es suficientemente difundida.
Key excerptExtracto clave
In the sub examine, as stated above, the plaintiff considers she has direct standing based on diffuse interests, since, in her condition as a consumer and in a kind of defense of any person whose income does not exceed the legal minimum, the challenged regulation prevents them, due to their income, from being considered credit subjects and thus being able to acquire decent housing. However, according to the cited precedents, such assumption does not occur in the sub iudice. Although, as the plaintiff states, there could be a group of people whose income does not exceed the legal minimum, thereby failing to be considered credit subjects or eventually accessing some type of housing credit, it is no less true that it cannot be affirmed that the plaintiff comes in protection of that group for necessarily sharing its interests, since it is not demonstrated or evidenced that the challenged rule produces a socially diluted affectation, given that not every member of the group alluded to by the plaintiff inexorably has an effective own will aimed at accessing credits of this type and requiring payroll deductions for a housing credit. Thus, it is considered that the applicant is actually acting in protection of an individual interest, clearly delimited in her particular situation, given her own need to access credit and, consequently, to acquire her own housing, so that the challenged rule is indeed susceptible to individual application, that is, in a particular situation, such as the processing of a credit, in which any applicant could eventually claim injury to some right through an amparo action, where, at the proper procedural moment, the Chamber would decide whether there is indeed an impact of constitutional relevance. It is reiterated that a diffuse interest cannot be so broad and generic as to be confused with the right to watch over constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Constitutional Jurisdiction Law); but neither can it be so concrete as to permit individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim. Therefore, this Chamber considers that the plaintiff lacks standing to bring this proceeding in the terms alleged; moreover, she did not refer to the existence of a pending matter to be resolved in which the intended unconstitutionality had been invoked. Consequently, the proper action is to dismiss this action, without need for further consideration on this point.En el sub examine, tal como se expuso supra, la parte accionante considera que le asiste legitimación directa por intereses difusos, por cuanto, en su condición de consumidora y en una especie de defensa a toda persona cuyos ingresos no superen el mínimo legal, la regulación impugnada les impide, merced a sus ingresos, ser considerados sujetos de crédito y poder así adquirir una vivienda digna. No obstante, según los precedentes señalados, tal supuesto no se configura en el sub iudice. Si bien, como refiere la accionante, podría existir un grupo de personas cuyos ingresos no superaran el mínimo legal, merced a lo cual no pudieran ser considerados sujetos de crédito ni eventualmente acceder a algún tipo de crédito para una vivienda, no menos cierto es que no se puede afirmar que la accionante acuda en protección de ese grupo por compartir necesariamente sus intereses, ya que no se demuestra ni evidencia que la norma impugnada produzca una afectación socialmente difuminada, toda vez que no todo integrante del grupo aludido por la parte accionante inexorablemente se encuentra en un estado de efectiva voluntad propia dirigida a acceder a créditos de este tipo y requerir deducciones de planilla a los efectos de un crédito para vivienda. De esta manera, se considera que la gestionante, en realidad, está accionando en resguardo de un interés individual, claramente delimitado en su situación particular, ante la necesidad propia de acceder a un crédito y, consecuentemente, de adquirir una vivienda propia, de manera que la norma impugnada sí es susceptible de ser objeto de aplicación individual, esto es, en una situación en particular, tal como la tramitación de un crédito, en la que cualquier gestionante eventualmente podría reclamar la lesión a algún derecho por la vía del amparo, en el que, en el momento procesal oportuno, la Sala resolvería si en efecto se da o no una afectación de relevancia constitucional. Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo. Por consiguiente, esta Sala considera que la accionante carece de legitimación para plantear este proceso en los términos invocados; además, no refirió la existencia de un asunto pendiente de resolver en el que hubiera sido invocada la inconstitucionalidad pretendida. En consecuencia, lo procedente es desestimar esta acción, sin necesidad de emitir mayor consideración al respecto.
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"Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo."
"It is reiterated that a diffuse interest cannot be so broad and generic as to be confused with the right to watch over constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Constitutional Jurisdiction Law); but neither can it be so concrete as to permit individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim."
Considerando II
"Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo."
Considerando II
"En el sub examine, tal como se expuso supra, la parte accionante considera que le asiste legitimación directa por intereses difusos... no se demuestra ni evidencia que la norma impugnada produzca una afectación socialmente difuminada..."
"In the sub examine... it is not demonstrated or evidenced that the challenged rule produces a socially diluted affectation..."
Considerando II
"En el sub examine, tal como se expuso supra, la parte accionante considera que le asiste legitimación directa por intereses difusos... no se demuestra ni evidencia que la norma impugnada produzca una afectación socialmente difuminada..."
Considerando II
"En el caso de la accionante, tal como refiere la Mayoría, la norma impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, pues podría ocurrir que dentro de ese grupo exista un sector de trabajadores que no desea acceder a créditos por voluntad propia..."
"In the plaintiff's case, as the Majority states, the challenged rule does not produce a socially diluted affectation, since it could happen that within that group there is a sector of workers who do not wish to access credit by their own will..."
Considerando IV (Razones diferentes del Magistrado Rueda Leal)
"En el caso de la accionante, tal como refiere la Mayoría, la norma impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, pues podría ocurrir que dentro de ese grupo exista un sector de trabajadores que no desea acceder a créditos por voluntad propia..."
Considerando IV (Razones diferentes del Magistrado Rueda Leal)
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**Constitutional Chamber** **Resolution No. 11994 - 2021** **Resolution Date:** May 26, 2021 at 16:30 **Case File:** 20-015448-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of Matter:** Unconstitutionality action **Constitutional Control:** Dismissing judgment **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with separate note** **Relevance Indicators** **Relevant judgment** **Related Judgments** Judgments from the same case file **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** COMMERCE **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**Topic:** UNCONSTITUTIONALITY ACTION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
011994-21. COMMERCE. USURY LAW. ACCESS TO CREDIT FOR LOW-INCOME PERSONS. Unconstitutionality action against Article 44 ter of Law No. 7472, "Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense," of December 20, 1994, amended by Law No. 9859, published in Supplement No. 150 to La Gaceta No. 147 of June 20, 2020. The action is dismissed. Magistrate Rueda Leal provides different reasons.
"…this Chamber considers that the plaintiff lacks standing to bring this proceeding under the terms invoked; furthermore, she did not refer to the existence of a pending matter to be resolved in which the intended unconstitutionality had been invoked. Consequently, it is appropriate to dismiss this action, without the need to issue further consideration on the matter…" CO07/21 ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL **Topic:** CONSTITUTIONAL JURISDICTION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
**IV.-** Different reasons of Magistrate Rueda Leal. As I have expressed in other cases, I consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context where it is not necessary for the harmed subjects to know each other (they could even lack any connection or legal relations among them), but it does require the presence of a same situation of damage or danger to a constitutional right that, equally and without any need for individualization, encompasses and brings together an entire society in the abstract. Its defense aims to satisfy a need of society as such; therefore, it transcends that of a human being considered individually or collectively. In judgment No. 2019-17397 of 12:54 hours on September 11, 2019, this Court reiterated the following:
“(...) Secondly, the possibility of resorting in defense of 'diffuse interests' is provided for; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in this court's judgment number 3750-93, of fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three)
\"… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, vis-à-vis them, determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive not from diffuse interests, but from the corporate ones that concern a community as a whole. This involves, then, individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests share a dual nature, as they are simultaneously collective—for being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in such capacity.\" In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a specific product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make under paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has listed various rights to which it has given the qualifier \"diffuse,\" such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; environmental damage does not affect just the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, defending the proper management of public funds authorized in the Republic's Budget is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to be understood that only those rights expressly recognized as such by the Chamber can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable reversal in the scope of the Rule of Law, and its correlative 'State of rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits on freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests \"that concern the community as a whole,\" it refers to the legal rights explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the holders of sovereignty themselves, in each of the inhabitants of the Republic. It is therefore not the case that any person can come to the Constitutional Chamber in protection of any interests (actio popularis), but rather that any individual can act in defense of those rights that affect the entire national community, without it being valid in this field to attempt any exhaustive enumeration either\" (see judgment No. 2007-01145).” In line with what has been set forth and sustained by this Court in its jurisprudence, this involves, then, individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. It is for this reason, precisely, that, starting from judgment No. 2021-2185 of 12:51 hours on February 3, 2021, I consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests can be embodied in a particular specific case, without thereby losing their condition as a diffuse interest, as occurs with the protection of the environment, whose impact affects a person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a determined neighboring sector, without the respective environmental studies, whose negative effects impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or proceeding that a neighbor may bring against that factory will not only affect their own interests but also those of the rest of the community. For this reason, it constitutes a diffuse interest; and yet, it is also the object of an individualized particular situation. Now, this does not mean, in any way, that the existence of a diffuse interest can be alleged in every situation invoked, even though it may be the object of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered \"diffuse,\" it must not only affect a community but must also be blurred, spread throughout that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the plaintiff's case, as the Majority states, the challenged rule does not produce a socially diffused impact, as it could happen that within that group there exists a sector of workers who do not wish to access credit by their own will, request payroll deductions, or simply are not interested in acquiring housing or a subsidy for such purposes. In this case, what is glimpsed is a particular situation of the plaintiff which, although it may be shared by some group of people, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the reason set forth, I concur with the Majority in dismissing this action; however, with the reasoning set forth.
CO07/21 ... See more **Text of the resolution** **Exp: 20-015448-0007-CO** **Res. No. 2021011994** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at sixteen hours and thirty minutes on May twenty-sixth, two thousand twenty-one.
Unconstitutionality action filed by Lidieth Mena Rojas, with identity card number 2-0539-0361, against Article 44 ter, amended by ordinal 4 of Law No. 9859, called "Addition of Articles 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter and clauses g) and h) to Article 53 and amendment of Articles 44 bis and 63 of Law 7472, Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, of December 20, 1994." **Whereas:** **1.-** Through a brief received in the Constitutional Chamber at 15:44 hours on August 26, 2020, the plaintiff files an unconstitutionality action against Article 44 ter, amended by ordinal 4 of Law No. 9859, called "Addition of Articles 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter and clauses g) and h) to Article 53 and amendment of Articles 44 bis and 63 of Law 7472, Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, of December 20, 1994", in defense of diffuse interests. She points out that the rule is challenged insofar as it prevents low-income persons from acquiring credit. She indicates that, as a constitutional mandate, access to credit by vulnerable groups in society is a right that the State itself must not only protect but also incentivize. It is enshrined as a way to preserve equity within the same society. The challenged rule opposes the social objective of achieving that equity, the prevailing need to facilitate and incentivize that people with low incomes or workers from the middle and lower-middle classes can access credit through the funds managed by the different banking entities of the country. She argues that a component of their payment capacity is penalized without having entered into default, from the very beginning of the analysis of the approval process to obtain a loan, mainly for a home; a component that before the amendment was indeed taken into account as part of their payment capacity and that made a great difference, since in this way they could in most cases be a credit subject before a banking entity, when due to their particular circumstances they could be beneficiaries of the Housing Bond (Bono de Vivienda), which, by granting a subsidy of up to 6,637,000 colones, helped people, couples, and families, by dividing the day-to-day burdens, to acquire their own home for the sake of a dignified life. This benefit was achieved through the State's benefit; however, by imposing this limitation of granting loans only if the minimum salary remains free and by sensitizing the payment capacity, people once again lack access to a dignified and secure home. Another extremely serious point is that in this way the objective of the "Social Interest Housing" (Vivienda de Interés Social), a manifestation of the social and solidary facet of the State, is distorted, because it causes the purpose of the law to be unfulfilled, given that the only people who under this new legislation can access credit are people with a very high payment capacity, who according to INEC are less than 20% of Costa Ricans. Pursuant to the new evaluation parameters that both state and private banks have to apply to applicants for a housing loan from the middle, lower-middle, and lower class, based on the new law, they will not risk breaching such precept, as, furthermore, an explicit threat for non-compliance is coupled with the first paragraph of that same article, contravening, at the same time, contractual freedom, since the bank should be able to estimate if it can risk in part or if it deems it appropriate to safeguard itself with an insurance policy, for example. According to statements by the deputies, what was intended was to "educate" Costa Ricans; however, a State cannot adopt restrictive measures to educate; this is achieved through education programs and the promotion of financial health. This brings with it limitations on the personal sphere that should not be borne, but it also restricts freedom of commerce, whose short-term effect will be that the banking and financial sectors will have excess liquidity, when low-income people need more help. People are being penalized without a payment default having occurred and, therefore, the protection of the minimum salary is unnecessary. They start from the fact that there is no basic need situation to protect—forgetting the housing of a family—which is as necessary as food and public services. Given the legal warning for financial entities, none will grant loans or contemplate other options; simply, in a practical and cold manner, they will eliminate the portion corresponding to the unseizable minimum salary from the applicant's payment capacity, which means that those who earn little are affected, discriminated against compared to someone who has a comfortable situation in their payment capacity, since for someone who receives a good salary or is independent and has more resources and a better payment capacity, the fact that this percentage is not taken into account will possibly not affect them or affect them very little compared to someone who earns a low salary. The limitation on free contracting between the bank and the applicant client is evident: "Any natural or legal person who grants a loan that disrespects the untouchable minimum salary referred to in the first paragraph of Article 172 of the Labor Code shall be subject to the sanction considered a very serious infraction, in accordance with clause a) of Article 155 of Law 7558, Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, of November 3, 1995". Given the need to promote and incentivize access to credit for social classes with fewer resources, the Political Constitution itself has incorporated it with the aim of obliging the State itself to take charge of developing policies, programs, and laws that facilitate access—with the same possibilities and without clearly discriminatory limitations to credit—as a right that drives the development of the human being, the family, and the vulnerable groups that are the object of protection by the State itself. In this regard, she cites Constitutional Chamber judgments Nos. 2015-10515 and 2011-13436. She argues that the challenged article is completely violative of that first-order constitutional obligation, which materializes among many other ways, "through assistance programs and credits to people who qualify with preferential rates." In the face of the pandemic, the construction and banking sector, such as BCR, have seen a total decrease in the sale and granting—as applicable—of access to credit so that people with fewer economic opportunities can have a dignified home with the minimum characteristics of safety, space, and self-improvement. Before this nefarious legislation, people whose credit records were clean and up to date could think of achieving a life goal such as a home, because the credit conditions, like those of BCR, were optimal and that State subsidy through BANHVI completed that necessary portion so that people could grow in a society as complex as ours, not so in the current reality which brings with it a complete severance of these state subsidies, which renders the granting of the bonds materially unexecutable. 70% of applicants for housing credit are middle class or lower-middle class, salaried, who precisely make up the same vulnerable social group that the rule affects. It must be taken into account that the very purpose of the Housing Mortgage Bank (Banco Hipotecario de la Vivienda, BANHVI), in the law of its creation, consists of providing decent housing to the inhabitants of the Republic through access to credit, which is no longer achieved because the limitation categorically imposed by the alluded rule makes such purpose illusory. The questioned Article 44 ter reduces access to the funds that the different financial entities can offer to families, which denies them the possibility of satisfying a need as vital as owning a home. The provision is contrary to the constitutional principle of reasonableness and proportionality, as it establishes a limitation that evidently puts at a disadvantage those who have a lower payment capacity compared to those who comfortably have the capacity to pay the loans. For those debtors, such limitation does not exist in practice, as the unseizable minimum salary represents a tiny part of their income; therefore, the differentiation of treatment is contrary to the principle of proportionality and reasonableness, as well as to equality, and, consequently, to the right of access to credit and decent housing. She requests that the action be granted.
**2.-** By ruling of 11:55 hours on August 27, 2020, the Presidency of the Chamber cautioned the plaintiff to substantiate why she considered that she possessed a diffuse interest to directly bring this unconstitutionality action.
**3.-** Through a brief received at 9:56 hours on September 1, 2020, the plaintiff indicated that, in accordance with the standing granted by Article 75 paragraph 2 of the Constitutional Jurisdiction Law, she is represented in the interests that concern a smaller group, because as intended in the action, she seeks to prevent the country's salaried persons from being excluded and harmed as aspirants to a housing loan and, thus, seeing the right to credit injured and, as a consequence, the possibility of acquiring a decent home, a right that those who aspire to credit seek to achieve. The consequence is that if one is salaried, one is limited from achieving by one's own means such an objective, under the protection of the State as the guarantor of regulating policies that allow access for groups with fewer possibilities in society, to apply with the same possibilities to a credit application in a financial entity, compared to non-salaried persons for whom such restriction is not imposed, thus constituting an inequality. She states that in her case there is no individual harm, as that would allow the possibility of bringing the action as a prior pending case to be resolved; however, as a salaried class, she is included in a sector of the community that could be limited in accessing credit. The standing is as an inhabitant of the country of Costa Rica, who has the constitutionally granted right to access credit under the same conditions as an independent worker or a person with high economic possibilities. The community of salaried workers and potential affected parties by the rule she invokes as unconstitutional make up a smaller community within society that, as a diffuse interest, has their rights to decent housing, the right to access credit injured, and thus a inequality of treatment is configured compared to the non-salaried.
**4.-** Through a resolution of the Presidency of 8:54 hours on September 3, 2020, this unconstitutionality action was admitted for processing.
**5.-** Through a brief added to the digital case file at 9:18 hours on September 22, 2020, Julio Jurado Fernández appears, in his capacity as Attorney General of the Republic. He indicates that from reading the questioned Article 44 ter, it is clear that this rule regulates three specific topics in each of its paragraphs. The first of them refers to the workers' right to request the deduction of installments for the amortization of their loans; the second establishes an intangible minimum salary, not subject to withholdings; the third prohibits the granting of loans that disrespect the untouchable minimum salary. He considers that these topics require a separate analysis, so he will subsequently refer to each of them. 1. On the workers' right to request the employer to deduct installments for the amortization of their loans (Article 44 ter, first paragraph, of Law 7472). The paragraph in question establishes: "Workers have the right to request withholding by the employer of the installments for the payment of their loans provided there is an agreement between the worker, the employer, and the creditor entity." Likewise, it provides: "The Central Bank of Costa Rica, through the National Electronic Payment System (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, Sinpe) must implement a system to carry out the deductions." On this topic, he indicates that Article 69 clause k) of the Labor Code establishes as an obligation of employers: "Deduct from the worker's salary the dues that the latter has committed to pay to the Cooperative or the Union, as a membership fee and during the time they belong to the former or the latter and with the consent of the interested party, provided that the respective legally constituted social organization requests it." That same provision establishes that the employer is obligated to deduct from their employees' salaries "…the dues that the worker has committed to pay to legally constituted credit institutions that are governed by the same principles as cooperatives, as loans or savings and credit contracts for the acquisition of one's own home, with the due authorization of the interested party and at the request of the respective institution." The foregoing demonstrates that, before the entry into force of the challenged rule, there already existed legal provisions that regulated matters relating to withholdings that the employer is obligated to carry out on the worker's salary; however, the Article 44 ter under study expanded the cases in which it is possible for the employer to carry out withholdings directly from the worker's salary, since such withholding would now proceed not only with respect to membership dues to cooperatives and unions, and the amortizations of loans granted by cooperatives and credit institutions governed by the same principles as the latter for housing acquisition, but also regarding the amortization of any type of loan. He draws attention to the fact that even though the first paragraph of article 44 ter under study establishes, as a worker's right, that the employer deducts from their salary the installments of their loans, it subsequently provides that for this it is necessary that an agreement exists between the worker, the employer, and the creditor entity, which would allow the employer to refuse to make the deduction. In any case, he highlights that although the plaintiff requests that the nullity of the entire Article 44 ter of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense be declared, the truth is that she does not indicate the reasons why it could be unconstitutional for the employer to withhold from the worker's salary the installments related to the amortization of loans that the latter has incurred. The plaintiff's main argument for requesting the declaration of unconstitutionality of the challenged article 44 ter is that such a rule restricts credit possibilities for people with lower salary incomes; however, the possibility of withholding from the worker's salary the amortizations of any type of loan does not constitute a reason to discourage the granting of loans. 2.- On the existence of an intangible minimum salary not subject to withholdings (Article 44 ter, second paragraph, of Law 7472). In this regard, the second paragraph provides: "No deductions may be made from the worker's salary that affect the intangible and unseizable minimum salary, referred to in Article 172 of Law 2, Labor Code, of August 27, 1943." And it adds that: "What corresponds to alimony is excepted from this provision." Regarding the topic of the intangible minimum salary, he points out that numeral 10 of Convention 95 of the International Labor Organization (ILO), Concerning the Protection of Wages, ratified without reservations by Costa Rica through Law No. 2561 of May 11, 1960, establishes the State's obligation to protect against attachment or assignment the portion of the salary considered necessary for the maintenance of the worker and their family. The inadmissibility of assigning that portion of the salary implies that not even with the worker's consent is it possible for the employer to withhold or deduct that part of their remuneration. Numeral 10 referred to provides the following: “1. Wages may be attached or assigned only in a form and within limits prescribed by national legislation. 2. Wages shall be protected against attachment or assignment to the extent deemed necessary to guarantee the maintenance of the worker and his family." According to the foregoing, the legislation of each country is empowered to establish the rules based on which the salary may be attached or assigned, but makes it clear, in its second subsection, that a part of that salary (that deemed necessary to guarantee the maintenance of the worker and their family) cannot be the object of attachment or assignment. Regarding the need to set limits on the deductions that may be made from the salary, even if these have been authorized by the worker, the "General Survey of reports relating to the Protection of Wages Convention (No. 95) and Recommendation (No. 85), 1949, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to the International Labour Conference, 91st Session, 2003" noted: “272. (…) Article 10 of the Convention lays down two fundamental principles; first, wages may be attached or assigned only in a form and within limits prescribed by national legislation and, second, attachment or assignment shall be kept within the limits deemed necessary for guaranteeing a decent living wage for the worker and his family, even if the precise conditions and limits in this regard are left to be determined by the national authorities (…) 274 (…) the assignment of wages appears to be possible by virtue of a legislative provision which, while requiring wages to be paid directly to a worker, authorizes an exception in case the ‘worker concerned accepts a different procedure.’ Although assignment is treated separately in Article 10, it also had an influence on the discussions relating to Article 5 on the direct payment of wages. 281. In some countries, legislation expressly prohibits the assignment or transfer of wages, in whole or in part, to third parties for whatever reason (…) 282. In most countries, a fixed minimum proportion of wages is declared unattachable or unassignable, it being understood that in all cases workers should be allowed to keep a certain amount of cash for their subsistence and that of their dependants. In practice, various methods exist for determining the minimum amount that may not be attached or assigned. 296. (…) limits should be placed on all permitted deductions. By virtue of the provisions of the Convention, member States are empowered to adopt such a system of limitation as they consider appropriate, such as establishing a fixed amount, a percentage of the worker's salary or using the minimum wage as a reference." Nonetheless, when setting the respective limits; they should be guided by two interrelated objectives: first, as suggested in paragraph 1 of the Recommendation, in all cases, the net amount of the wage received by the worker must be sufficient to provide an income that guarantees a decent standard of living for workers and their families; second, said net remuneration must not be reduced through deductions that render meaningless the principle enshrined in Article 6 of the Convention relating to the worker's freedom to dispose of his or her wage. Consequently, the Committee considers that, in addition to setting specific limits for each type of deduction, it is important to establish a general maximum limit beyond which wage reductions may not be made, in order to protect workers' incomes when various deductions are made." It argues that this Chamber has also established that a portion of a worker's wage cannot be withheld by the employer for the payment of their obligations. Thus, on one occasion, the Cooperativa de Servidores Públicos R.L. challenged the decision taken by the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), by which it agreed not to apply deductions to its workers' wages when such deductions prevented the worker from receiving at least the minimum wage established by law. On that occasion, in judgment No. 2000-07563 of 10:40 a.m. on August 25, 2000, it was ordered that the worker may freely authorize deductions from their wage, provided they receive what the law has established as the minimum amount with which basic maintenance needs can be met. In our country, for many years, there have been limitations on assigning, selling, or encumbering wages. Such limitations follow the rules of unattachability provided for in Article 172 of the Labor Code, as stipulated in the first paragraph of section 174 of the same code. Note that, while the transcribed first paragraph of section 174 prohibits assigning the unattachable portion of the wage, the second paragraph of that same article contains an exception, as it allows assigning even the unattachable portion, in the case of "...legal transactions made with cooperatives or with legally constituted credit institutions governed by the same principles as those." It indicates that the Procuraduría, acting as an advisory body to the Public Administration, addressed a consultation from the Municipalidad de San José, in which they were asked to define whether the second paragraph of Article 174 of the Labor Code allowed an employer to make deductions from its workers' wages, to the point of encompassing the entirety of their remuneration. On that occasion, they indicated that, although that second paragraph of section 174 of the Labor Code establishes an exception to the rule prohibiting the assignment of the portion of the wage that is unattachable, such exception cannot go so far as to encompass the entirety of the wage, since the worker must receive at least the equivalent of the "...lowest monthly wage established in the minimum wage decree..." referred to in the first paragraph of section 172 of the Labor Code. (Opinion No. C-104-2019, of April 8, 2019, reiterated in C-113-2019, of April 29, 2019, and in C-078-2020, of March 3, 2020). Opinion No. C-104-2019 mentioned above analyzed the background of Law No. 4418 of December 22, 1969, which reformed subsections 69(k), 172, and 174 of the Labor Code, as well as Article 984, subsection 1, of the Civil Code, and reached the conclusion that the objectives of that reform were: 1) to protect the worker's wage, guaranteeing an "untouchable minimum wage"; and, 2) to promote that workers obtain loans from State institutions, or from cooperatives, for the construction of their own homes, while always respecting the lowest monthly wage established in the minimum wage decree. The challenged section 44 bis ratified in this action confirms the existence of an untouchable minimum wage, and expressly provides that this wage is that established in Article 172, first paragraph, of the Labor Code; that is, the lowest monthly wage set in the minimum wage decree. It considers that the existence of this untouchable minimum wage—not subject to deductions of any kind by the employer (except in the case of alimony)—is constitutionally valid, as it responds to an obligation contracted by our country upon signing ILO Convention 95, whose Article 10.2 regulates that the wage must be protected in the proportion necessary to guarantee the maintenance of the worker and their family. By virtue of that obligation, the legislator is not free to establish or not establish an intangible or untouchable minimum wage. What it can decide is the proportion of the wage that must be protected, as that particular aspect is indeed left to the legislative discretion of the ILO Member States that signed and ratified Convention 95. Furthermore, it is reasonable that the protected portion of the wage be equivalent to the lowest monthly wage contemplated in the minimum wage decree, as it is presumed to be the amount necessary for the maintenance of the worker and their family. In summary, it considers that the second paragraph of Article 44 bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, insofar as it establishes an intangible minimum wage equivalent to the lowest monthly wage established in the minimum wage decree, does not present any problem of constitutionality. On the contrary, a guarantee of this type is in accordance with the constitutional principles of social solidarity and worker protection, as well as the international commitments assumed by Costa Rica regarding wage protection. 3. On the prohibition of granting loans that disrespect the untouchable minimum wage (Article 44 bis, third paragraph, of Law 7472). The third paragraph provides: "Any natural or legal person that grants a loan that disrespects the untouchable minimum wage referred to in the first paragraph of Article 172 of the Labor Code shall be subject to the sanction considered a very serious infraction, in accordance with subsection a) of Article 155 of Law 7558, Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, of November 3, 1995." The plaintiff questions the validity of the provision just transcribed, as it interprets that it prohibits granting loans against the lowest monthly wage stipulated in the minimum wage decree, as well as taking that portion of the wage into account to define the payment capacity of someone seeking a loan. In this regard, it points out that the challenged third paragraph of Article 44 bis does not indicate that credit institutions cannot grant loans against the sum equivalent to the lowest monthly wage established in the minimum wage decree. Nor does it establish that this portion of the wage may not be taken into account to define each person's payment capacity. What it provides is that loans that disrespect the untouchable minimum wage may not be granted, which implies, in the context of the complete section 44 bis, that it is not possible to amortize a loan through deductions made directly by the employer from the lowest monthly wage set in the minimum wage decree. It is not logical to interpret that the section 44 bis under analysis, entitled "Rights of the Worker as a Financial Consumer," has the objective of denying access to credit to lower-income workers, or of subtracting from their payment capacity the sum representing the lowest monthly wage established in the minimum wage decree, since these restrictions could not be considered workers' rights. Even though the drafting of the third paragraph of this provision is confusing, it is understood that its intention is to ensure compliance with what is provided in the preceding paragraph, in the sense that the employer may not make deductions from the worker's wage that affect the intangible minimum wage, equivalent to the lowest monthly wage established in the minimum wage decree. From the review of legislative file No. 20861, which culminated in the approval of Law No. 9859 of June 16, 2020, by which section 44 bis was added to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, it cannot be deduced that among the objectives of such provision was that of prohibiting the granting of credit to lower-income workers, or subtracting the lowest monthly wage established in the minimum wage decree from their payment capacity. As stated in that file, the mentioned section 44 bis was not part of the original proposal. It was included in the text of the law as a consequence of a substantive motion presented by deputy Wagner Jiménez Zúñiga (folio 2111), a motion that was dispensed from reading (folio 2135) and approved unanimously in extraordinary session No. 39 on April 27, 2020, without changes or comments relevant to what is at issue here (folios 2138 and 2139). It considers that the existence of an intangible minimum wage, not subject to deductions by the employer, does not imply that this wage must be excluded from the payment capacity of the person who receives it, because nothing prevents a person, after receiving their wage from their employer, from paying the installments of a loan with that income. What is not possible is for the loan installment to be directly deducted by the employer from the lowest monthly wage established in the minimum wage decree, since there is a protection on that sum that the parties signing the loan contract, and the employer themselves, are obliged to respect. Indeed, housing loans have the particularity that the property acquired through the loan can serve as collateral—and generally does—so, in those cases, as well as in the case of secured loans, for example, there is no additional reason for the loan amortization to necessarily have to be made through payroll deductions carried out by the employer. Along these same lines, it should be pointed out that the fact that a loan is not directly deducted from the wage does not mean that the debtor does not have to pay it, since the obligation to satisfy the agreed amortization exists independently of the payment method agreed upon. As this Chamber has well indicated, "...payroll deduction is only a mechanism for payment, which does not alter in any way the contractual conditions that support it, nor is it the source of liability towards the financial entity that receives the transfer for the concept of the deduction, so that, not applying it does not, in any way, release the debtor from the contractual obligations they may have acquired" (judgment No. 2000-07563). The difference in access to credit, according to each person's salary income, is a situation that has always existed and that will probably continue to exist; however, it is an issue that originates more in economic aspects than legal ones. It is not possible to affirm that the intention of the third paragraph of Article 44 bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense was to increase that difference, or to completely suppress access to credit for those who receive less salary income. Nor are arguments evident to affirm that the intention of this provision was to eliminate the lowest monthly wage established in the minimum wage decree from the worker's payment capacity. An interpretation of that type is inconsistent with the purposes of that regulation and those of the law in which it is inserted, which tends to promote the "effective defense of the consumer," a category within which the worker as a financial consumer is found. If credit institutions decide to exclude people with lower salary income from access to credit, basing this on the third paragraph of Article 44 bis under review, such conduct could be discriminatory and, therefore, incompatible with the constitutional principle of equality, since such provision does not order such a thing, nor is it possible to deduce from it a mandate from the legislator in that sense. Based on the foregoing, it considers that the third paragraph of section 44 bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense does not present the unconstitutionality problems alleged by the plaintiff. It points out that, in the event that this Chamber considers that the provision in question could be interpreted as prohibiting the granting of loans to people whose wage is equal to or less than the lowest monthly wage established in the minimum wage decree, it respectfully suggests preparing an interpretation in accordance with the Political Constitution, in which it is provided that the third paragraph of section 44 bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense is constitutional, provided that it is interpreted that the objective of this provision is to guarantee that the intangible minimum wage, that is, that which is equal to the lowest monthly wage established in the minimum wage decree, cannot be subject to deductions by the employer to address loan payments.
6.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:17 a.m. on September 25, 2020, Eduardo Newton Cruickshank Smith, in his capacity as president of the Legislative Assembly, replies to the granted hearing. He states that bill No. 20.861, originally titled, "Addition of Articles 36 bis, 53 subsections g), h) and reform of Article 63 of Law No. 7472, Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, of December 20, 1994, published in La Gaceta No. 14, of January 19, 1995", which gave rise to the law subject to this unconstitutionality action, is the eighth bill presented in the legislative process that intended to regulate usury. It was not until this opportunity that the necessary agreement was reached for the country to have a provision establishing certain limits on the abusive conditions proposed to credit card consumers and other types of banking products, such as financial and commercial operations and microcredits, which must be adjusted to an established interest rate limit. As stated by the Department of Technical Services, in report No. AL-DEST-II-5050-2018 relating to the aforementioned bill No. 20.861, this initiative intended to regulate the concept of usury in this country, because, according to the proponents, this concept has never been developed and delimited; therefore, there was a gap in the regulations that had to be resolved, since, although both the Penal Code and the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense establish sanctions for the crime of usury, the truth is that, as it is not defined, these sanctions are inapplicable, leaving consumers defenseless and those who commit this crime unpunished. Bill No. 20.861 was formulated in order to define maximum annual rates for calculating interest on credits, microcredits, and for the case of business or transactions agreed in other currencies, and its object is to modify Law 7472, adding, according to the substitute text approved on November 14, 2018, in the Comisión de Asuntos Hacendarios, two new articles (36 bis and 36 ter) and two subsections to Article 53, and reforming Article 63 of the cited law. During the legislative process, on April 30, in act No. 36 of the extraordinary session of the legislative plenary (f. 1878), a motion was approved to dispense the bill from all formalities and publication waiting periods (f. 1981), and a postponement motion was approved to hear the file on a priority basis (f. 1985). In that first debate proceeding, several substantive motions were presented via Article 137 of the Asamblea Legislativa Regulations, which were withdrawn after a negotiation in the parliamentary chamber. Among those that remained as part of the deputies' agreement is motion 50 (f. 2111), which includes the addition of Article 44 bis to Law 7472, and whose reading in the parliamentary chamber was dispensed by a procedural motion, approved unanimously by the 49 deputies present at that moment of the discussion. The object of that addition was to establish sanctions for natural or legal persons who grant a loan and thereby disrespect the untouchable minimum wage, established in section 172 of the Labor Code, which, as will be seen later, constitutes a constitutional guarantee that the State must protect. Bill No. 20.861 was approved in the second debate with 50 votes in favor and 2 against, in extraordinary session of the Legislative Plenary No. 14 of June 9, 2020. The main arguments that shaped the parliamentary will regarding that initiative reveal the intention to protect users from abusive interest rates and to provide the legal tool that allows the legal operator to apply the existing regulations on usury in criminal matters, as well as to comply with the constitutional mandate by delimiting and providing legal certainty to the application of usury, within the economic and legal context. In that sense, Deputy Ramos González stated: “First, say that thank God we can approve this bill, which I believe is the bill with the most impact on family finances that this Asamblea Legislativa will approve. It is the one with the most impact on family finances that this Asamblea Legislativa is approving. And I say this because there are more than four and a half trillion colones lent at rates exceeding sixty-two percent, according to calculations we have made. The decrease of twenty-three points in the interest rate on four and a half trillion means more than one trillion two hundred billion colones less in interest payments by families to those currently lending at abusively high rates. Pages 30 and 31, (Minutes of extraordinary session No. 14 of June 9, 2020) (...) Today, fifty years and seven months after Costa Rica signed the American Convention on Human Rights, which establishes that usury is a form of exploitation of man by man, a form of slavery and, in this case, financial slavery, Costa Rica had not fulfilled that requirement to establish a cap that could also make operational the Usury Law that had also been passed in the Asamblea Legislativa and which was an empty law, because no one, no one had been convicted of usury despite there being interest rates of two hundred forty percent and others that had been discussed in the courts." That legislator also pointed out that the law reform was intended to act in defense of citizens, who, due to the aggressiveness of lenders, had been immersed in situations that exceeded their payment capacity, so a limit and brake on that possibility were established. Such a statement reflects the legislator's will regarding that initiative, which is far from the argument of the plaintiff, who alleges that the bill was formulated to educate citizens. For her part, Deputy Villegas Álvarez pointed out, among other reasons, that one of the objectives of the approved law is that Costa Ricans are not "stained on their credit records so easily," so that they receive fair and deserved treatment so as not to fall into financial slavery. That intention contradicts the argument of the plaintiff, in the sense that the provision limits access to credit or makes it impossible to obtain housing loan opportunities for the most vulnerable classes, since, precisely through adequate limits on credit rates, and with the provision adding Article 44 bis to Law 7472, the intention is to protect the minimum family income so that its financial capacity aligns with the legal obligations they will acquire subsequently. Therefore, the cited deputy added that: "the high indebtedness of our people is one of the obstacles to economic recovery and that it reduces the purchasing power of families," coupled with the following: "Today, we receive a great contribution from this Legislative Branch, we are going to save thousands of colones for Costa Ricans, we set a maximum cap for interest on credit cards and on personal loans, loans for acquiring appliances at fair rates. Our compatriots will not be stained on their credit records so easily. The number of lawsuits, which today amount to nearly seven hundred thousand, for non-payment will be reduced, saving the Judicial Branch thousands of colones. We have won the battle against the regulatory bodies that did not support this project and against the private banking lobby. Farmers, small merchants, fishermen, workers all over Costa Rica who need financing will finally receive fair and deserved treatment. No more usury, no more abuses, goodbye to financial slavery. Today we raise our voice for debtors, for those who have lost their property and their peace of mind due to irrational rates." In the same direction, Deputy Villalta Flórez-Estrada emphasized the endorsement of the Constitutional Chamber for the legislative initiative, carried out as a result of the facultative consultation, in Resolution No. 2020-0010160, of June 3, 2020, and pointed out the following: "The Constitutional Chamber was clear that with this law no one's rights are violated; rather, we are solving a serious constitutional violation because Costa Rica has signed the American Convention on Human Rights, whose Article 27 establishes the obligation of the State to prohibit usury and any other form of exploitation of man by man; the convention does indeed lack a review in gender language. But the concept is powerful, the concept is strong, any form of exploitation of human beings must be prohibited, and the usury we have experienced in Costa Rica is a clear example of that exploitation. So the Chamber's judgment is clear that here we are rather fulfilling a constitutional obligation, nor is the fact that this law complements the criminal definition of usury unconstitutional; rather, what was unconstitutional was that we had an open criminal definition, without a clear content that was inapplicable, and we are solving that problem." Thus, the adjustments introduced to Law 7472 constitute a necessary regulation to bring balance to the functioning of the credit offer within the framework of fair treatment, as mentioned by Deputy Viales Villegas: "It is absolutely incomprehensible that in national legislation we have a sanction for usury, to punish usury practices, but that it cannot be applied simply because it is not known what the parameter is to determine it, to say what usury is and what is not usury. And because of that gap, we have spent a very long time in this country. And because of that gap, there has also been financial intermediation, credit offers and, above all, an accommodation of the citizenry that, in light of this difference in the regulations, also generated inequality, also generated poverty, also generated sacrifice. (...) And it seems to me this is, no more, a complement to what already exists in our Penal Code for sanction, a complement to also give security and certainty to Costa Rican families and to the people who participate day by day in economic and credit intermediation. And it is also a parameter to say that Costa Rica can also put a stop to the abuses that exist." As can be seen, even though the challenged provision was not part of the original text, it did become part of the objective pursued with the final approved text, in that the intention of the legislator was to establish limits for the protection of financial consumers. In relation to the challenges to the contested provision, he argues that, first of all, it is important to point out that the deputies approved a motion to send the bill for facultative consultation, which was resolved by judgment of the Constitutional Chamber No. 2020-010160 of 10:15 a.m. on June 3 of the current year. Even though the consulting parties requested the opinion, specifically, on Article 36 bis relating to the limits of financial and commercial operations and microcredits and on how to define usury rates, the Constitutional Chamber provided related and useful reasoning to also analyze the alleged limitation on access to credit that the plaintiff claims the approved reform causes. There is a consistent line between what was considered by the proponents of the original text, and the spirit of the legislator in the addition of section 44 bis to Law No. 7472, and it concerns the need to establish limits on usury, as well as the protection of the most vulnerable consumers, due to the type of credit they are forced to sign up for and their payment capacity in the credit system. In that consultation, the Constitutional Court made it clear that the legislative initiative fulfilled the constitutional duty to impose a limit to fill a regulatory vacuum that was preventing the application of the criminal definition of usury, so the establishment of a maximum interest rate could not imply an emptying of the essential content of freedom of contract nor harm the principle of freedom of enterprise, since that can be subject to regulation, provided it is done reasonably, as is the case with Law No. 9859, and responds to a pressing social need that justifies its intervention. It emphasizes that the State may intervene in specific situations of pressing need to regulate market activities and even within the framework of banking activity, if it is to protect the consumer. A useful assessment as a parameter for analyzing the plaintiff's arguments is that the initiative held by the legislator, the Chamber points out, cannot be limited by arguments of a hypothetical nature, since that would harm the independence of Parliament. It considers that this constitutes a healthy exercise when it comes to evaluating an approved bill of law, since the arguments lack reasonableness, by indicating that rights established in provisions that are not being modified are being affected; furthermore, the legislator has a margin of action backed constitutionally and has made clear in the statement of motives of the bill that its objective is to protect consumers. The arguments put forward by the plaintiff are in the field of hypothesis, since no law with direct effects on access, for example, to housing is being modified at all; rather, the legislator, within the framework of consumer protection, considered it necessary to approve regulations for their protection, in their capacity as a financial consumer. In this sense, it is possible to deduce that the addition of Article 44 bis to Law 7472 intends to protect the minimum wage of the worker, by indicating that only with the worker's consent may wage deductions be made and that these may not be made from the legal minimum wage, which constitutes a constitutional right for family support. For its part, the Procuraduría General de la República, in Opinion No. C-104-2019 of April 8, 2019, -among others- refers to the legal minimum wage, as stated in section 10 of ILO Convention 95, and concludes that it is not possible, for any reason, to make deductions from the "untouchable minimum wage" referred to in section 172 of the Labor Code. In that sense, the approved provision is reinforcing the existing legal order, which establishes a protection for the legal minimum wage of every worker, within the framework of their rights as a consumer and in the sphere of personal exercise of access to credit, so that it occurs in accordance with legality parameters, in order to avoid abusive actions by financial credit operators, aspects that are reflected in the statement of motives of bill No. 20.861, which gives rise to the challenged provision. For these reasons, it does not share the argument that the provision is contrary to the principle of equality, since it protects a right common to every worker, such as the legal minimum wage; nor does it "place at a disadvantage those with a lower payment capacity compared to those who can pay the loans," as the plaintiff states, since it is the obligation of the State to define and reinforce the legality parameters regarding workers' rights in the face of the financial market.
It states that the foregoing should be integrated into the statement of motives so as not to lose sight of the protected object of the norm that is the subject of this action, in the sense that it was necessary to protect consumer rights, but also to establish parameters so that the weaker party in that contractual relationship has the tools to fully exercise their rights, without their constitutional rights being affected. In that sense, the regulation of the parameters for the application of usury is integrated with international conventions on worker protection, the constitutional right to a legal minimum wage, and the provisions of numeral 177 of the Labor Code, which precisely seeks to protect the minimum normal needs of households in the material, moral, and cultural order: “Article 177: Every worker has the right to earn a minimum wage that covers the normal needs of their household in the material, moral, and cultural order, which shall be set periodically, taking into account the modalities of each job, the particular conditions of each region and of each intellectual, industrial, commercial, livestock, or agricultural activity.” For the reasons stated, it considers that the modifications included in Law No. 9859, which reforms and adds to Law No. 7472, including ordinal 44 ter, are grounded in seeking the protection of citizens in their sphere as consumers, and therefore the legislators considered it pertinent to include a sanction for the financial operator to guarantee workers' rights in the financial market. It requests that the unconstitutionality action be dismissed.
7.- By brief received at this Court at 10:20 a.m. on October 28, 2020, Javier Losada Romero Polo, Henry Zamora Vega, and Lina Giraldo Soto, in their capacity as legal representative of Registro Cinco S.A., request to be admitted as active coadjuvants. They indicate that, as the plaintiff contends and this Court accepted, this action defends diffuse interests because it defends the interests of Costa Ricans in the principle of equality, the right of access to credit, the right to housing, and the principles of reasonableness and proportionality of laws. They point out that, like the plaintiff, they defend the right of access to credit for vulnerable groups in society and that the challenged norm contradicts that social objective of achieving equity, given the limitations it establishes for low-income individuals or middle-class workers who cannot obtain a home loan. They indicate that the challenged norm directly affects personal interests, and the company's clients, as it denies access to credit for those who need a decent home, preventing the poorest individuals, with a clean credit history, from obtaining a loan. They point out that this provision reduces access to public and private funds that various financial entities may offer to families, thereby denying their right to satisfy such a vital need as owning their own home. They argue that it violates the principles of reasonableness and proportionality of laws, as it establishes a limitation that disadvantages those with a lower payment capacity compared to those with more. They state that they defend their constitutional rights of access to credit, without distinction of income or any other social, political, ideological, or religious condition, and to protect them from the financial exclusion caused by the challenged norm. They indicate that the norm under study treats them discriminatorily, due to their wage condition, and also limits the freedom of commerce of the most vulnerable people in society (the clients), simply because they have low resources and need credit. They request that their coadjuvancy be admitted and that the action be granted.
8.- By resolution at 9:26 a.m. on December 2, 2020, the Presidency of this Chamber warned Lina Giraldo Soto, who appeared in the case file as legal representative of Registro Cinco S.A., that, within three days, counted from the day following the notification of this resolution and under warning of denying the request for coadjuvancy filed in this action in case of non-compliance, she had to provide the current legal standing of Registro Cinco S.A., accrediting her representation.
9.- On December 3, 2020, the legal representative of Registro Cinco S.A. provided what was required by this Court.
10.- By resolution at 8:47 a.m. on December 4, 2020, the Acting Presidency of the Chamber resolved: “Article 83 of the Constitutional Jurisdiction Law indicates that within fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81, the parties that appear in the matters pending at the date of filing the action, or those with a legitimate interest, may appear within it, in order to coadjuvate in the allegations that might justify its admissibility or inadmissibility, or to expand, as appropriate, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that concerns them. In the specific case, the petitioners JAVIER LOSADA ROMERO POLO, LINA IVETTE GIRALDO SOTO, representing REGISTRO CINCO S.A. and HENRY ZAMORA VEGA, appeared on October 28, 2020, and request to be considered as coadjuvants considering that, like the plaintiff, they are covered by the defense of diffuse interests regarding the rights of equality, reasonableness and proportionality, access to credit, and decent housing, in their capacity as consumers. Consequently, and given that the first publication of the notice occurred on November 6, 2020, the appropriate course is to consider them as active coadjuvants in this matter. The interested parties are warned that -regarding the effects of coadjuvancy-, as the coadjuvant is not a principal party to the process, they will not be directly harmed or benefited by the judgment, that is, the efficacy of the judgment does not reach the coadjuvant directly and immediately, nor does res judicata affect them, nor do the immediate effects of the judgment's execution reach them, since through coadjuvancy the jurisdictional authority cannot be compelled to issue a resolution in their favor, for not having been a principal party in the process. What can affect them, but not due to their status as coadjuvants, but like anyone else, is the erga omnes effect of the ruling. The constitutional judgment does not particularly benefit anyone, not even the plaintiff; it is in the prior proceeding where this can be recognized. The hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic and the President of the Legislative Assembly, in the resolution at 8:54 a.m. on September 3, 2020, are deemed answered. The case file being ready, this unconstitutionality action is assigned to Magistrate Paul Rueda Leal, to whom, by assignment, the substantive study of the same corresponds.” 11.- The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, considering that there are sufficient elements of judgment to resolve this action.
12.- The edicts indicated in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in editions of the Judicial Bulletin Nos. 214, 215, and 216 of November 6, 9, and 10, 2020, respectively.
13.- By resolution at 9:10 a.m. on December 2, 2020, this Court ordered the accumulation to this process of the action processed in file No. 20-16944-0007-CO, admitting only the one filed by the Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño, and considering it as an expansion of the same.
14.- On December 7, 2020, the accumulation of file No. 20-16944-0007-CO was added to this file, ordered by resolution at 9:10 a.m. on December 2, 2020, whose petitioning brief from the plaintiff association states that they request that the unconstitutionality of Articles 36 bis, 36 ter fourth paragraph, 53 final paragraph, 63 first and second paragraph, and 44 bis of Law 7472, as reformed by Law 9859, be declared. It argues that it represents entrepreneurs dedicated to the operation of pawnshops (casas de empeño) or lending for several decades. Specifically, it states that its line of business consists of lending money in exchange for a pledge guarantee. To carry out this activity, it was required to comply with the provisions of Laws No. 6122 and 9707. Due to a legal phenomenon, in some cantonal jurisdictions these businesses were assigned a “purchase and sale” license and not a pawnshop license. They state that this law established a cap on the interest rates that bank or non-bank creditors can charge, an interest rate that is completely ruinous for their business. It is a law that, capriciously and with little technical basis, imposed a monthly interest rate that pawnshops may charge, generating serious harm to this lawful and regulated activity, threatening the closure of these commercial establishments and job losses. They allege that the challenged law injures first, second, and third generation rights. The law establishes the methodology that the Banco Central de Costa Rica (BCCR) must use to set the maximum interest rate cap for credit activities, caps that it had to announce in the months of July and January. In the case of microcredits, those not exceeding 1.5 times the base salary of a Judicial Branch Clerk 1 (¢ 675,000), the annual rate shall be calculated according to the average of the active interest rate for the last 12 months, plus 13.18 percentage points. That result is multiplied by 2.085. The BCCR determined that this rate would be equal to 53.18% for the second semester of 2020. It also prohibited incorporating any other charge, financial cost, or commission into the interest rate. However, this law was approved without considering the particular conditions of the companies that make up the financial market and without taking into account the restrictions that other laws have on the country's commercial activities. Likewise, the legislation requires the acceptance of payments by credit card, and the commission established by card issuers would exceed the maximum permitted income, because the approval of Law No. 9859 did not take into consideration that the line of business of these companies requires them to comply with another series of laws that impose costs that could make the development of the activity prohibitive. 1) As a first ground of unconstitutionality, they allege that the bill was not consulted with them. From Articles 123 and 129 of the Political Constitution, the power, the duty-power, of the Legislative Assembly to consult private sector trade associations on laws that could affect them is inferred. The fact of not having been consulted about a law, which is not of general scope but affects only those who carry out this commercial activity linked to the placement of credits, impacts the validity, efficacy, transparency, and enforceability of said normative agreement. 2) They consider that Article 36 bis injures the principle of reasonableness. They point out that the expert study provided concludes that the approved law is ruinous, but that it could cease to be so if it were allowed to impute commissions or additional charges that recognize that the expenses associated with the sale for recovery of abandoned items represent, on average, 25% of the cost structure of pawnshops. Article 36 bis is the one that limits the interest rate and introduces the criminal consequence for the eventual breach of the legal precept. They argue that, in our Political Constitution, the principle of reasonableness is established in Articles 24, 28, 41, 74, and 173(3). There are several tests that have been developed to determine whether or not one is facing an unreasonable act or conduct. Following German doctrine on this point, they consider that the first presupposition of legitimacy is absent, because the object of the law is not lawful. The law has legal defects regarding its teleological profile, as it interferes in the sphere of freedom of the governed and regulates a lawful commercial activity in a ruinous and abusive manner. Secondly, regarding necessity, there is none to limit the interest rate of pawnshops, since historically it has been a commercial activity that satisfies both the private entrepreneur and the individual seeking the service. Perhaps it was necessary to regulate the interest on credit cards, but that is a matter unrelated to them. In this case, what occurred was not a necessity, but a deviation and outburst by the Legislative Branch, by not excluding this type of business from the regulations of that law. They add that suitability is also not verified, because if the intention was to regulate interest rates to protect the consumer, what it has achieved is to exclude them from the financial market and push that unbanked sector towards informal lenders, who charge rates of 100% monthly and who, in the face of non-payment, resort to extrajudicial means. In general, among the main users of pawnshop services is the low-income sector of the population that does not have a fixed salary and has difficulties accessing other financial services. There are studies showing that the “millennial” population also resorts to pawnshops to finance everything from education to vacations. It is clear, then, that the norm puts two clearly vulnerable sectors at risk: the youth and the lowest-income group. On the other hand, the adopted measure of setting a cap rate for microcredits of around 53% annually is disproportionate, since a balance could have been achieved between the political will to cap interest rates and the sustainability of the pawnshop activity, either by not including them or by allowing them to separately charge amounts corresponding to insurance, storage, and formalization expenses. 3) They point out as a third ground of unconstitutionality that the principle of legitimate expectations and legal certainty is also injured, which seeks to protect the governed and the citizen from abrupt and untimely changes made by the authorities, since their represented parties have incurred costly investments to obtain state and municipal approval of their activities, and the challenged law puts their assets and legitimate expectations at stake. 4) As a fourth ground of unconstitutionality, they point out the injury to Articles 28, 45, and 46 of the Political Constitution. They state that public freedoms are the translation in the legal system of what a society considers should be a person's rights. They state that freedom of commerce is injured, which in itself implies a detriment to private property and the full exchange of lawful goods and services, which will lead the commercial businesses of their represented parties to bankruptcy. It questions the establishment of an interest rate that pawnshops can charge, without technical studies, without consulting them or knowing the particularities of their business, which did not require any state authorization like banks and financial entities, only a municipal license. In this way, the possibility of self-determining their economic course is curtailed. 5) They point out that second and third generation human rights are also injured, and with them, Article 50 of the Constitution. In the case under study, the right to economic development of which the plaintiffs and all persons who directly or indirectly will be affected by the eradication of the aforementioned activity are holders is essentially violated. They cite as injured the right to work, to a decent income, to housing, and others that will be harmed as typical secondary rights. The plaintiffs emphasize that, according to them, historically, it has been this line of business that has provided aid to this unbanked sector of the population; with the disappearance of these businesses, that sector will be abandoned. They indicate that the challenged law imposes senseless restrictions and protects, not the public interest, but the interest of the current government to make a biased ideological vision prevail. Likewise, they state that the principle of affirmative equality, derived from a harmonious reading of Articles 51, 55, and 71 of the same normative instrument, is breached. They affirm that, without their services, the vulnerable sector that constitutes their market would not manage to have three meals a day, because it does not have access to other lawful financing instruments. In the vast majority of cases, the credits granted by this sector do not exceed thirty thousand colones. There are no other financial entities that serve this vulnerable and socially at-risk population. They maintain that the right to development, whose foundation lies in human dignity, is also injured. This right is recognized directly and implicitly in international human rights declarations, through the recognition of the right to equality, freedom, and the free self-determination of peoples. From this right derives the State's duty to create conditions that favor the right to development, to adopt individual or collective measures that aid national and international development. In the specific case, this precept is seen to be breached by the inertia of public entities, which have not guaranteed the described vulnerable population access to credit. Thus, both the right to development and the right to state protection are injured. 6) As a sixth ground of unconstitutionality, they challenge the creation of strict liability criminal offenses. They indicate that the new Articles 53 and 63 of the Penal Code create strict liability criminal offenses. In Judgment No. 2856-1994 (action filed against Articles 22, 27, and 29 of Law No. 6122 of November 17, 1977, "Law to Guarantee the Country Greater Security and Order"), the Constitutional Chamber indicated that a law could never create a regime of strict criminal liability, in contravention of Article 39 of the Constitution. It is clear, then, that the criminal legal construct introduced by this law is unconstitutional from its root, which extends to Articles 36 bis, 53, and 63, insofar as they create a strict liability criminal offense. The plaintiffs state that, should the Chamber decide to dismiss this action, they request as a subsidiary claim that it be interpreted that the law does not apply to pawnshops or that, if it applies to them, they may separately charge insurance, storage expenses, and formalization expenses, as these are not financial costs under the terms of Article 36 bis of Law No. 7472. They maintain that the Constitutional Chamber has incorporated as an interpretive criterion the principle of the application of the most favorable norm, by ruling that the human rights instruments in force in Costa Rica have "a value similar to the Political Constitution" and, furthermore, "to the extent that they grant greater rights or guarantees to persons, they prevail over the Constitution." This principle of the application of the most favorable norm is intimately linked with the pro libertatis and pro persona principles. According to the first principle, fundamental rights must be interpreted extensively in everything that is favorable to the human being and restrictively in everything that limits them. For its part, according to the pro persona principle, the fundamental right must always be interpreted and applied in the way that most favors the person. This principle is incorporated in several international human rights treaties, namely: Article 29(b) of the American Convention on Human Rights, Article 5.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 5 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1.1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, among others. They add that the pro homine principle constitutes a general rule of human rights law, by means of which, through interpretation or normative adaptation, the aim is to ensure that in every decision the result that best protects the person is achieved.
15.- By brief sent to this Chamber on December 22, 2020, Sonia Janet Gallón Ramírez, in her capacity as unlimited general attorney-in-fact for José Julián Cardona Valencia, appears and requests that her represented party be considered an active coadjuvant in this process of the action filed by the Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño. She argues that her represented party is the owner/licensee of two stores of the franchise of purchase-sale and pawnshop establishments called "Prestafull," located in Puntarenas and San Rafael de Desamparados, a business he implemented approximately 10 years ago. Therefore, she considers that constitutional rights and principles have been violated since the creation of Article 36 bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, through the reform included by Law No. 9859, which grants him a legitimate interest to coadjuvate in this process, in accordance with the provisions of Article 83 of the Constitutional Jurisdiction Law. She considers the right to entrepreneurial freedom, to work, to private property, and the principles of reasonableness and proportionality to be injured. She clarifies that her represented party's interest through this coadjuvancy is not for the interest rate cap established by the reform to be declared unconstitutional; his interest is for the fact that it is prevented to separately charge "other costs," the so-called operating costs, to be declared unconstitutional, which, by forcing the entrepreneur to assume them, makes the commercial activity unviable and unprofitable, emptying of content -in practice- the right to free enterprise established in Article 46 of our Political Constitution. She reiterates the arguments of the plaintiff, the Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño. She argues that, in this case, the new regulation approved by the Legislative Assembly (Article 36 bis), by establishing that other costs, commissions, expenses, or fines must be contained within the interest rate, makes the commercial activity implemented approximately 10 years ago unprofitable. It is impossible to include the operating costs, commissions, and other expenses associated with the activity within the interest rate to be charged without exceeding the established limit, when, for example, the bank commission for credit card use charged to the merchant alone amounts to 2.5%; she requests that it be taken into account that, currently, the interest rate that can be charged in the case of microcredits is 4.43% monthly (53.18% annually). She brings up the case of countries like Spain and the United States. For example, in the latter, pawnshops (pawn shops) are allowed to charge a higher interest rate to cover operating costs, and in the case of Spain, they are allowed to separately charge for storage. To exemplify the harm that the new regulations contained in the indicated reform have come to cause, they perform an exercise of allocating operating costs for a contract of ¢60,000 with commission income at 4.4% and a contract of ¢60,000 with commission income at 10% previously used. In the attached table, they show that, in the case of contracts where the percentage charged was 10%, after the first 3 months, which is the maturation period, a profit of ¢7,919.08 could be obtained at the store located in San Rafael de Desamparados and a profit of ¢7,337.46 at the Puntarenas store. Now, with the reform in question, in the case of the Desamparados store, a loss of ¢2,160.92 is obtained, and in the Puntarenas store, a loss of ¢2,742.54. Thus, it can be observed that, if there is a loss in operations, it is impossible for the business to have capital to reinvest and generate future operations. The foregoing demonstrates that the obligation to include, within the interest rate charged by a store to a client, empties the essential core of the entrepreneurial freedom contained in Article 46 of the Constitution of its content, since, by now having to assume the operating costs, commissions, and other expenses due to the impossibility of including them in the interest rate to be charged, it makes their business unprofitable and impossible to obtain the reasonable profit that scholar Hernández speaks of, which is expected when undertaking any business activity. In the case of her represented party, he has carried out a profitable commercial activity for approximately 10 years and, suddenly, as a result of restrictions included in the reforms to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense in July 2020, the income obtained from it has been seriously affected, forcing him to undertake major restructurings at the company level, in order to avoid greater economic harm. The new restrictions imposed have prevented producing in accordance with canons of efficiency and reasonable profit margins, thus suppressing the essential content of the right to entrepreneurial freedom. Based on the foregoing, it is concluded that the reform of Article 36 bis introduced to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense violates the entrepreneurial freedom contained in Article 46 of our Political Constitution, as it affects the essential core of the right, by minimizing the profit obtainable from it to the point of making the commercial activity unviable; since this freedom is inextricably linked to the constitutional guarantees of private property and freedom to work, because any form of property that is subject to exploitation is a business and, consequently, a means of expressing private initiative that, in turn, is based on freedom to work, these are also violated by such reforms. She points out that, in this case, she understands that the objective of the reforms was to cap the interest rate charged in the financial and private sector to people who sought a loan, regardless of the modality or type thereof. This is legitimized, in turn, by the economic situation the country is going through and that directly impacts the finances of Costa Ricans, who in recent years have had to resort to quick loans to obtain liquidity, whether due to the rising cost of living, lack of work, or decreased income. However, this is where the interests and rights involved must be weighed and the reasonableness and proportionality of the intended reforms analyzed. The negative impact that the reforms had, both for lenders and for financial consumers, was highly discussed, an impact that was notorious and given much publicity in the media, with the main actors asking for the added articles to be urgently reformed, which ultimately happened partially. In the particular case of purchase-sale businesses and pawnshops, those who formulated the laws did not measure the negative impact it would bring to their commercial activity, even making the business commercially unviable, for the reasons stated above. An attempt was made to solve a problem by disproportionately and irrationally affecting the right and freedom of free enterprise of those in the business, because the right itself is emptied of content: it makes the business unviable due to the real impact on the profits generated, preventing the achievement of a reasonable profit. The foregoing means that Article 36 bis, which is partially challenged through this coadjuvancy, suffers from legal unreasonableness, by virtue of not fully conforming to the Constitution when it clearly violates rights and freedoms enshrined by it (entrepreneurial freedom, work, and private property); unreasonableness in its effects, by imposing limitations on rights that prevent their exercise in the manner that the Constitution protects and for which they were originally conceived by the constituent power. The freedom of enterprise is constitutionally protected, recognizing its importance, not only for individuals (natural or legal) but also for society, as a driver for generating wealth for the same and for the country in general. In addition to being unreasonable, the reform introduced through Article 36 bis is disproportionate, as the content of the right to free enterprise is emptied. Individuals (natural or legal) engaged in the business do not experience profits or a reasonable profit, causing that, in the face of the loss of profitability, the decision to close the business is made, which in the end will cause direct harm to the habitual users of purchase-sale businesses and pawnshops, making it impossible for them to easily access the money they need to satisfy their basic needs.
This situation makes the reform disproportionate, because the originally pursued goal (preventing abuses in the charging of interest rates) will not be achieved, from the moment that businesses disappear due to zero profitability and clients have nowhere to go to request the money they need, provoking dissatisfaction with the community's common legal sense. Finally, they make clear to the honorable members of this Constitutional Court that buy-sell operations and pawnshops have come to solve a problem that has always been present: fast access to credit for those people who, for one reason or another, cannot access the banking system to obtain it. There is a client market (lower-lower middle class) that constantly needs some type of economic assistance that does not require major requirements or waiting time (as in banks). It is a constant, and therefore, also a constant source of income for the business of buy-sell operations and pawnshops. For both the consumers of this service and the providers, it represents a reliable means of subsistence. They argue that they provide evidence that the losses for the stores are real and quantifiable, forcing their owners, as is the case of their represented party, to carry out a deep restructuring of the business, generating more unemployment (expense cuts) and making the business itself less efficient, since employees have had to be dismissed, violating the security of the commercial establishment and, in addition to not providing adequate customer service, in the specific case of the two stores of their represented party, 3 employees have had to be dismissed. According to the evidence provided, in October 2019, the two stores owned by their represented party had profits of ¢6,326,315.00; for the month of October 2020 (applying the reforms), income dropped to ¢2,648,674.26, experiencing a decrease of 41.86%. In the short term, the commercial activity will be completely unviable from its cost-benefit perspective, not only because of the decrease in income already described and demonstrated, but because each store must assume, in addition to the operating expenses already indicated, the cost of a compliance officer (or liaison person) as required by SUGEF, who must remain on the premises while they are open to the public (Regulation for the Prevention of the Risk of Money Laundering, Financing of Terrorism, Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, applicable to obligated subjects under Articles 15 and 15 bis of Law 7786, SUGEF Agreement 13-19) and, the same premises will be obligated to accept payment from clients via credit card (Articles 32, 34 and 44-Bis of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, Law No. 7472, in relation to the topic of Credit and Debit Cards and the Regulation of Credit and Debit Cards), in which case the financial entities will charge commissions—for its use—to the stores. These expenses are not included in the calculations, since they are not currently assumed; however, in the coming months they must be assumed, further aggravating the situation of the businesses. They point out that the Law on Security Interests (Ley de Garantías Mobiliarias), considering the business activity carried out by the stores and their operability, does expressly allow the inclusion, within the costs charged to clients, of the operating expenses originating from the commercial activity, with the sole aim of not affecting the operability of the business. They do not know why the analysis that was made at the time when the Law on Security Interests was created was not taken into account when those reforms to the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense were devised and approved, specifically the reform to Article 36 bis. They state that Article 5, subsection 21) of the Law establishes that the obligations secured under the security interest (garantía mobiliaria) figure will cover, in addition to the principal sum of the loan due: (a) current and default interest; (b) commissions that must be paid to the secured creditor according to the security agreement; (c) expenses incurred by the secured creditor for the guard and custody of the secured assets; (d) expenses incurred by the secured creditor for the acts necessary to carry out the enforcement of the security interest (typical cost of appraisal); (e) damages caused by the breach of the secured obligation and/or the security agreement; and (f) the conventional liquidation of damages when it has been agreed upon. Additionally, Article 15 of the same establishes the obligation for the debtor to (1) contract adequate insurance on the secured assets against destruction, loss, or damage in favor of the secured creditor, failing such agreement, the guaranteeing debtor assumes the risk of loss or damage to the assets given as security; and (2) pay all costs, expenses, and taxes related to the assets given as security, among other obligations. In the case of buy-sell operations and pawnshops, storage (bodegaje) is a typical expense incurred by the creditor to safeguard the articles given as security, so the law expressly authorizes charging for it. Insurance, for its part, is a cost that must also be assumed by the person pawning, according to the same law, and the appraisal is also a cost of the operation, so these items are clearly authorized to be charged to the debtor under the Law on Security Interests. With the foregoing, it is intended to show that, in that law, the nature and operation of the commercial activity that their represented party carries out was recognized and protected, and at the time the aim was to expand credit possibilities for those who could not access conventional options, without undermining or ignoring the content of the right to freedom of enterprise (libertad de empresa) of the store owners, a situation that does occur with the reform challenged here for unconstitutionality. The goal was to respond to an existing need without undermining the rights of others, carrying out a respectful exercise of protecting the rights, freedoms, and interests of each party. Based on all the foregoing, they conclude that Article 36 bis added to Law 7472, Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, of December 20, 1994, through Law No. 9859, is unconstitutional for violating the entrepreneurial freedom (libertad empresarial) contained in Article 46 of our Political Constitution, insofar as it affects the essential core of the right, by minimizing the profit obtainable from it to the point of making the commercial activity unviable. Likewise, it violates the constitutional guarantees of private property and freedom to work (libertad al trabajo), for the reasons indicated. Finally, it is unconstitutional because it violates the principles of proportionality and rationality.
16.- By brief submitted to this Chamber on March 25, 2021, Julio Castilla Peláez appears, in his capacity as representative with sufficient powers for this act of the Chamber of Commerce Association (Asociación Cámara de Comercio), and requests that his represented party be considered an active coadjuvant in this process, of the action filed by the Costa Rican Association of Owners of Buy-Sell Operations and Pawnshops (Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño). He states that the Cámara de Comercio de Costa Rica is an association-based entity with a corporate character that acts in defense of diffuse and collective interests of its members. The Cámara de Comercio de Costa Rica, hereinafter CCCR, is a private non-profit association, duly registered and active in the Registry of Associations of the National Registry under legal entity ID number 3-002-042022. The CCCR is composed of companies that participate in activities related to commerce. Among its purposes are: -Proposing and supporting initiatives that tend to the development and progress of commerce and the country in general; -Ensuring that the laws and governmental provisions issued stimulate and strengthen the free enterprise system; -Defending the principles of freedom and democracy enshrined in the Political Constitution and within the framework of those principles, safeguarding and strengthening the legitimate interests of commerce and free enterprise. The Chamber was founded in 1915 and is currently composed of more than 800 members. Regularly, the CCCR provides advice and support to its associates through multiple activities, such as legislative and economic advisory services, training, among others. The involvement of the CCCR has been crucial for improving the condition of its members and the economic development of the country. Whenever a new norm is intended to be approved that could directly or indirectly affect the Chamber's members, or administrative acts disrespectful of the principles of legality and legal reserve are issued, the Chamber assumes an active role in protecting the interests of its members, which involves making recommendations for improvement and even challenging, through administrative or judicial channels, the decisions made by the branches of the State. Like the Costa Rican Association of Owners of Buy-Sell Operations and Pawnshops, the Chamber of Commerce has an interest in defending its members and the commerce sector, whose interests are being seriously affected by virtue of the enactment of the challenged norms. For these reasons, there is a legitimate interest to formulate a coadjuvancy, particularly in light of the admissibility resolution of the unconstitutionality action issued through vote number 2020-23253. He indicates that the norms challenged through the unconstitutionality action—Article 36 bis, paragraphs two, three, five, seven, eight, and nine; Article 36 Ter, paragraphs five and six; Article 53, subsection g): all from Law 7472, the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense of December 20, 1994, as amended by Law Number 9859, published in Scope Number 150 to La Gaceta Number 147 of Saturday, June 20, 2020—have direct and immediate repercussions on its members and have caused them substantial economic harm, as demonstrated in the financial report attached to this brief. He warns that, at the procedural stage when action 20-19644-0007-CO was consolidated with this case file, the action had already been filed only against Article 44 ter and a month had passed since its publication, so at no time was notice given in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) regarding the challenge of Articles 36 bis, 36 ter paragraph four, 53 paragraph in fine, 63 first and second paragraphs, and 44 bis of Law No. 7472, as amended by Law No. 9859. From this perspective, he considers it possible to formulate a coadjuvancy at this stage regarding Articles 36 bis, 36 ter paragraph four, 53 paragraph in fine, 63 first and second paragraphs, and 44 bis of Law No. 7472, given that, technically, as of this date, the deadline under Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) has not been granted to refer to these articles. In other words, the coadjuvancy must be admitted, given that the deadline that was at the time granted to third parties was solely to present coadjuvancies in relation to Article 44 ter of Law No. 7472—since by the date of the notice the other action had not been filed—and at no time was the legal publication issued containing the rest of the clauses that were later challenged through the unconstitutionality action by the Pawnshop Association. He states that, in the specific case, the challenged regulations have had the effect of financial exclusion, triggered by the reduction of interest rates and, consequently, an increase in the stringency of risk parameters by credit card issuers, which meant that many Costa Ricans can no longer access a credit card of this type, thus contracting their consumption capacity. In addition to other consequences, such as the increase of credit in informal markets and others. This reduction in consumption affected all sectors of the economy, with the commercial sector being one of the hardest hit. As evidenced in the attached financial report, it can be estimated that the volume of transactions lost due to the mentioned exclusion reaches 543 billion colones. Of which only 80% corresponds to transactions carried out in commerce. Furthermore, that amount of commercial transactions equals 407 billion colones and is equivalent to 1.2% of the country's gross domestic product (GDP). Of this, it is estimated that 68% will be replaced with some other means of payment, while the remaining 32% will be completely lost from the economy. Likewise, it can be estimated that the loss in sales volume in the commercial sector is equivalent to 139 billion colones and is equivalent to 5% of the total annual commercial output. On the other hand, it is also estimated that 161 businesses have had to close as an effect of the challenged regulation, just as a loss of 11,633 jobs in the commercial sector is estimated. Adding up the different impacts on commerce, a total amount of 149.8 billion colones is reached, which is equivalent to 0.42% of the Gross Domestic Product (GDP) for 2020. An amount that is undoubtedly relevant for the sector, and even more so under the current conditions of the national economy. From all these figures, it can be clearly inferred that the challenged regulations have an effect that violates the essential content of freedom of commerce (libertad de comercio), since it affects the right to carry out a commercial activity by introducing new regulations that substantially harmed commercial traffic as a consequence of the financial exclusion that has even generated closures of commercial establishments. He argues that, although the exercise of freedom of commerce implies that, once the activity one wishes to engage in is chosen, the person—natural or legal—must submit to compliance with the legal and regulatory requirements provided in the legal system, when those requirements are disproportionate and unreasonable, an arbitrary limitation is being imposed on freedom of commerce. The challenged norms, in essence, with their financial exclusion effects, also entail a reduction of the economic agents that will be able to commercialize products, with a reduction of competition, thereby affecting consumers or users who enjoy special constitutional protection. In this case, the maximum interest rate is unreasonable and disproportionate, given that, far from protecting the most vulnerable sectors, it ends up generating an exclusion effect from access to credit that affects commerce. Despite the praiseworthiness of the objective pursued with the cited reform, the challenged articles are openly unconstitutional, given that they were adopted under arbitrary criteria, without any technical or financial support, and are generating the expulsion of thousands of Costa Ricans from the financial system and, on the other hand, serious economic losses for entrepreneurs and merchants who have lost their clients and have had to close their businesses, reducing competition in the market. Coupled with the above, the reality of the world since the COVID-19 pandemic has even intensified the negative effects of Law No. 9859, leading many businesses to the complete cessation of their activities. He indicates that the finalistic and evolutionary interpretation of legal norms requires considering not only the ratio normativa, its reason for being, but also the social, economic, and political reality in which it is immersed and produces its effects, and in this case, considering both elements, it is found that the reform introduced by Law No. 9859 is disproportionate and unreasonable. He considers that in this case the freedom of contract (libertad de contratación) and freedom of commerce are harmed, since a limitation on the freedom of banks and their clients to agree on credit contracts is arbitrarily defined, based on a maximum rate that has no technical basis. Although the exercise of this freedom implies that, once the activity one wishes to engage in is chosen, the person—natural or legal—must submit to compliance with the legal and regulatory requirements provided in the legal system, when those requirements are disproportionate and unreasonable, an arbitrary limitation is being imposed on freedom of commerce, emptying its essential content. He finds a violation of the principle of equality before the law (principio de igualdad ante la ley) is produced, as unequal situations have been treated as equal. It is necessary that, if the activity is different and handles different risk, the interest rate provided for the activity should also be different. The law should have distinguished between the different commercial operations: housing loans, consumer loans, automobile loans, industrial loans, commerce loans for small and medium-sized enterprises, mortgage operations, pledge operations, etc. Because the price variable (rate) is highly sensitive to both risk and cost; especially due to the unit expense it implies. Credit rates cannot be the same for totally different credit activities. The conditions of a specific credit operation can cause a high rate due to higher costs and higher risk. But, for another type of credit, costs may be lower and the risk lower, so the rate can be lower. Each presents its own characteristics, as their risks and costs are very different. The Central Bank (Banco Central) expressly warned of this. Article 36 bis establishes the interest rate cap taking into account market averages of the "Other Deposit-Taking Corporations" group defined by the Central Bank, without considering the particularities and characteristics of each of the actors that are affected by that rate; a fact that causes a discriminatory effect by deviating from the fundamental technical principles in matters of financing and credit. The usury rate should have distinguished the different products, so as not to generate financial exclusion. The challenged Article 36 bis applies the same limits to the different economic and credit activities in which they would be applicable. However, this equal treatment is discriminatory, as it treats in a similar manner persons who carry out activities that are in different situations, with different risks, in order for the norm to possess a technical and reasonable component. It is necessary that the caps on the interest charged by companies in their commercial activities be calculated according to their own operating costs and the risk involved in the exercise of each particular activity. He requests that the coadjuvancy be admitted and that Articles 36 bis, paragraphs two, three, five, seven, eight, and nine; Article 36 Ter, paragraphs five and six; Article 53, subsection g): all from Law 7472, the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense of December 20, 1994, as amended by Law Number 9859, published in Scope Number 150 to La Gaceta Number 147 of Saturday, June 20, 2020, be declared null and unconstitutional. As a subsidiary petition, in case the coadjuvancy is not admitted for processing, the financial information incorporated into the case file in this act be considered as evidence for better resolution.
17.- For reasons of procedural opportunity and convenience for the due speed of both proceedings, by resolution No. 2021-7391 of 9:15 a.m. on April 14, 2021, the de-consolidation ordered in resolution No. 2020-023253 of 9:10 a.m. on December 2, 2020, was ordered, so that that proceeding can continue its processing under the initial case file number, where everything related to it will be resolved, including the coadjuvancy requests filed regarding that action. Consequently, the separation of the briefs added to the case record on December 22, 2020, and March 25, 2021, sent, respectively, on behalf of José Julián Cardona Valencia and the Chamber of Commerce Association, was ordered, to be added to case file No. 20-016944-0007-CO so that they may be resolved there as appropriate.
18.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that is manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of an equal or similar previously rejected petition.
19.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.
Authored by Judge Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- Regarding the formal requirements for the admissibility of the action. The unconstitutionality action is a process with certain formalities that must be satisfied so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge. In that sense, Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the admissibility requirements of the unconstitutionality action. In the first place, the existence of a prior pending matter to be resolved is required, either through judicial channels, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered harmed. In the second and third paragraphs, the law exceptionally contemplates requirements in which the prior matter is not required when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct harm, or it involves the defense of diffuse or collective interests, or when it is formulated directly by the Comptroller General of the Republic (Contralor (a) General de la República), the Attorney General of the Republic (Procurador (a) General de la República), the Prosecutor General of the Republic (Fiscal (a) General de la República), and the Ombudsman (Defensor (a) de los Habitantes). Now, regarding the need for a prior pending matter to be resolved in administrative proceedings, it is necessary that it be the procedure that exhausts the administrative route, which, according to Article 126 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), is from the moment the ordinary appeals are filed before the hierarchical superior of the body that issued the final act, otherwise the action would be inadmissible. Likewise, there are other formalities that must be satisfied, namely, the explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed, authentication by a lawyer of the brief in which the action is filed, accreditation of the conditions of legal standing (powers of attorney and certifications), as well as the literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the norms was invoked in the underlying matter, all requirements that, if not provided by the plaintiff, may be required for compliance by the Presidency of the Chamber.
II.- Regarding the legal standing of the plaintiff. The plaintiff bases her legal standing to directly file this process on the existence of diffuse interests in her condition as a consumer, since she considers her rights and those of every person whose income does not exceed the legal minimum to be harmed, the rights to be considered as credit subjects based on their income, and to acquire decent housing. On this topic, the Chamber has specified the following:
"ON THE PLAINTIFF'S STANDING AND ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION.- The unconstitutionality action is a procedure with certain formalities, which, if not met, prevent the Chamber from hearing the challenge made. In this case, the plaintiff argues that her standing comes from the defense of diffuse interests and corporate interests, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Regarding standing, the Constitutional Chamber has stated that it can be defined as that cause-effect relationship between what is sought (object of the action/lawsuit) and the person seeking it (plaintiff/complainant), which the Law demands as a requirement to be able to examine the merits of a matter. The scenario contained in the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction refers to what we can call indirect standing, that is, that which derives from the prior matter where the norm or norms that are later challenged in the action are being applied. For this reason, it is said that the unconstitutionality action has an incidental nature, and must constitute a reasonable means to protect the right considered harmed in the main matter. The second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes another type of standing, which has been called direct. It is that which does not require a prior matter where the challenged norm is being applied and which translates into three specific scenarios: that due to the nature of the matter there is no possibility of individual and direct harm, that it involves the defense of diffuse interests, or interests that concern the community as a whole. In these cases, the special circumstances of the matter (which must be examined in each specific case) make the cause-effect relationship between the plaintiff and the object of their claim more tenuous, which authorizes them to file the action directly, without the need for a pending matter to be resolved. In this case, the action suffers from a formal requirement, namely the payment of the Bar Association (Colegio de Abogados) stamp corresponding to the authentication of the plaintiff's signature. However, for reasons of procedural economy, the warning provided for in Articles 78 and 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction is not made.
…III.- ON DIFFUSE INTERESTS AND THOSE THAT CONCERN THE COMMUNITY AS A WHOLE. Secondly, as a basis for standing, the plaintiff alleges the defense of diffuse interests. From reading the brief filing the action, it is evident that the plaintiff confuses what diffuse interests and collective interests are, since at one point in the filing brief, she indicates that she has standing for the defense of the former and, later, refers to those interests as collective. On diffuse interest, it has been understood as that personal interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, with all those interested forming a specific group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general and/or each one in particular, hence any member of that grouping can file the action to protect the right considered harmed. Judgment No. 03705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, illustrates what has been understood as diffuse interests, as does judgment No. 360-99 of 3:51 p.m. on January 20, 1999:
"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding whereas clause, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter -as has been repeatedly stated- is excluded from the current constitutional review system. It is thus an interest distributed among each of the administered parties, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for the defense, before this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation of the subjects who may hold them that are the key to the distinction and determination of the presence of so-called diffuse interests as has been stated in various resolutions such as 03705-93 of fifteen hundred hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of fourteen forty-five hours on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 of thirteen thirty hours on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters." In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would entail the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction). Nor can it be so concrete that it allows for an individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim. Although there is no exhaustive list, the Constitutional Chamber has identified various rights that enjoy such characteristics, such as the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. It is evident that the right claimed by the plaintiff in this case does not fit within the mentioned scenarios..." (Judgment No. 2020-20839 of 9:20 a.m. on October 28, 2020).
[Emphasis not in original.]
Regarding consumer protection, the Chamber has also clarified when one is faced with the existence of a diffuse interest or not:
"III.- OF THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION DUE TO THE PLAINTIFF'S LACK OF DIRECT LEGAL STANDING. The plaintiff also alleges, for the purpose of substantiating the legal standing she holds to bring this acción de inconstitucionalidad, the defense of diffuse interests, in particular, in protection of the rights and interests of consumers or users.
The foregoing requires separating the different rules challenged in the present action, given that several normative provisions of very diverse content are questioned. It is questioned, first, Article 44, subsection u), of the Internal Regulations of Organization and Functions of the ARESEP, because, it is alleged, the principle of legal reserve is infringed by delegating, through a rule of regulatory rank, a sanctioning sovereign power to the Director General de Mercados of the SUTEL. Also challenged is numeral 67 of the General Telecommunications Law, in its subsection a), sub-subsection 7), and in its subsection b), sub-subsections 3) and 11), which establish very serious or serious infractions in telecommunications matters, for considering that the principles of specificity (tipicidad) and proportionality of sanctions are violated. Regarding such specific normative provisions, the plaintiff formulates no argument or objection whatsoever for alleged infringement of the rights or interests of consumers or users. It is evident that such rules are challenged only insofar as they may be applicable in the administrative sanctioning procedure processed against the plaintiff for alleged breach of her obligations as an operator of telecommunications services, that is, action is being taken in protection of a notoriously individual interest, clearly circumscribed to the specific or singular case of the plaintiff, who seeks to question the normative basis of the administrative procedure processed against her and of an eventual or possible sanction. In fact, by reason of the content of the challenged regulations and the rights alleged as infringed, it is patent that such regulations could give rise to individual impacts capable of generating concrete claims, regarding a bounded group of persons easily determinable and identifiable, that is, regarding those operators or providers of telecommunications services against whom a formal sanctioning procedure is processed for alleged non-compliance with their obligations in violation of the telecommunications regulation. Therefore, it cannot be considered that in the sub lite case one is in the presence of a scenario of defense of diffuse interests.
Furthermore, the plaintiff also challenges ordinal 43 of the Regulation on the Regime of Protection of the End User of Telecommunications Services, which establishes the obligation of operators or providers of prepaid telecommunications services to keep a registry with the basic information of their clients. Regarding such numeral, the plaintiff makes a series of arguments to the effect that such client information registry for prepaid services, instead of protecting the end user of the telecommunications service, could eventually limit access to telecommunications services by the generality of users and consumers. As to this extreme of the action, this Chamber considers that action is also not being taken in defense of diffuse interests. In the sub judice case, from the comprehensive reading of the filing brief, it is clearly verified that what motivates the formulation of this action is the initiation of a sanctioning procedure against the plaintiff. That is, at bottom, far from seeking a supposed defense of diffuse interests, in protection of the rights or interests of an unidentified group of possible consumers or users, action is being taken in protection of an individual, personal, and specific interest, as is the specific interest of the plaintiff herself, against whom a sanctioning procedure has been initiated precisely for alleged breach of the rules she questions—even, in eventual opposition or conflict with the interests or rights of consumers or users. That is, one is not acting in defense of an interest diffused among a non-determinable group of persons, but rather, action is being taken in protection of an individual interest, clearly delimited to the particular case of the plaintiff, as a product of the concrete application of the questioned rule in her specific case. From there, she seeks to question the sanctioning procedure initiated against her." (Judgment No. 2019-19588 of 9:20 a.m. on October 9, 2019). Emphasis not in original. See in a similar sense judgments 2019-9192 of 9:30 a.m. on May 22, 2019 and 2006-15489 of 5:10 p.m. on October 25, 2006.
In the sub examine case, as stated supra, the plaintiff believes she has direct legal standing for diffuse interests, since, in her condition as a consumer and in a kind of defense of every person whose income does not exceed the legal minimum, the challenged regulation prevents them, by virtue of their income, from being considered credit subjects and thus being able to acquire decent housing. However, according to the cited precedents, such a scenario is not configured in the sub iudice case. Although, as the plaintiff refers, there could exist a group of persons whose income does not exceed the legal minimum, by virtue of which they could not be considered credit subjects nor eventually access some type of housing credit, it is no less true that one cannot affirm that the plaintiff comes in protection of that group for necessarily sharing their interests, since it is not demonstrated nor evidenced that the challenged rule produces a socially diffused impact, given that not every member of the group alluded to by the plaintiff inexorably finds itself in a state of effective own will directed at accessing credits of this type and requiring payroll deductions for the purposes of a housing credit. In this way, it is considered that the petitioner, in reality, is acting in protection of an individual interest, clearly delimited in her particular situation, given her own need to access credit and, consequently, to acquire her own housing, such that the challenged rule is susceptible to being the object of individual application, that is, in a particular situation, such as the processing of a credit, in which any petitioner could eventually claim injury to some right through the recurso de amparo, in which, at the appropriate procedural moment, the Chamber would resolve whether or not there is indeed an impact of constitutional relevance.
In that sense, it is reiterated how the Constitutional Chamber has pronounced:
"… Based on the foregoing, since the rules challenged here could give rise to claims by persons easily determinable and identifiable within a criminal proceeding, it cannot be considered that one is in the presence of a scenario of defense of diffuse interests. In fact, if the possibility of the plaintiff to file an acción de inconstitucionalidad in this matter were admitted, under the conditions sought by her, it would entail recognizing the existence of a popular action (acción popular), which, as the Constitutional Chamber has indicated in its reiterated jurisprudence (see judgment No. 2016-000787 of 9:05 a.m. on January 20, 2016), does not fit within the framework of the procedural competencies that this Constitutional Court has for that purpose, in its functions as ultimate interpreter and guardian of the Constitution. Consequently, by verifying that the plaintiff has not grounded her legal standing on the existence of a matter pending resolution in which the unconstitutionality of the rules challenged here was invoked, nor, likewise, has legal standing to exercise the direct action in defense of diffuse interests, this action is inadmissible." (Judgment No. 2020-4490 of 9:20 a.m. on March 4, 2020) "…Note that, certainly, as clearly indicated by the Procuraduría General de la República and emphatically stated by the Minister of Environment and Energy, the regulation questioned is totally susceptible to individual application and to directly impacting the legal sphere of singular and identifiable persons, who exercise a determined activity, subject to the regulation set forth in the Wildlife Conservation Law and its regulation. In this way, it is clear that contrary to the alleged defense of diffuse interests, what is at stake is some degree of non-conformity with the subjection to which they must submit for the regulation of the activity they exercise or intend to exercise; note that as the report of the Minister of Environment and Energy well states, the claimants are directly related as founders, managers, or servants of various companies related to the exhibition of wildlife or its tourist promotion. Thus, it is unfeasible to adduce alleged conservation and environmental education problems, to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct acción de inconstitucionalidad by bypassing the strict admissibility requirements set forth in the Law of Constitutional Jurisdiction, as indicated in considerandos II and III of this resolution…" (Judgment No. 2021-2185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021) Emphasis not in original. To the same effect, see judgment No. 2021-3852 of 1:16 p.m. on February 24, 2021.
It is reiterated that the diffuse interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would entail the tacit establishment of a popular action (acción popular) not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction); but neither can it be so concrete that it allows individual claims, since, in such a case, the legal standing would derive from that claim. Consequently, this Chamber considers that the plaintiff lacks legal standing to file this process in the terms invoked; furthermore, she did not refer to the existence of a matter pending resolution in which the intended unconstitutionality had been invoked. Consequently, the appropriate course is to dismiss this action, without the need to issue further consideration in this regard.
III.- Regarding the joinders. As stated in the record, Javier Losada Romero Polo, Henry Zamora Vega and Lina Giraldo Soto, in their capacity as legal representative of Registro Cinco S.A., requested this Court to be admitted as active coadjuvants in this process. By resolution at 8:47 a.m. on December 4, 2020, the Interim Presidency of this Chamber resolved to accept them as active coadjuvants within this matter, having fulfilled the respective requirements.
IV.- Dissenting reasons of Judge Rueda Leal. As I have expressed in other cases, I consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors of it—within a context where it is not necessary for the injured subjects to know each other (they could even lack nexus or legal relations among them), but the presence of a common situation of damage or danger to a constitutional good is required, which, equally and without the need for any individualization, encompasses and agglomerates an entire society in the abstract. Its defense has the purpose of satisfying a need of society as such, therefore, it is transcendent to that of a human being individually or collectively considered. In judgment No. 2019-17397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019, this Court reiterated the following:
"(…) Secondly, the possibility of appearing in defense of 'diffuse interests' is foreseen; this concept, whose content has been gradually outlined by the Chamber, could be summarized in the terms employed in the judgment of this court number 3750-93, at three o'clock on July thirtieth, nineteen hundred ninety-three) '… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that against them, determined or easily identifiable persons, or personalized groups, result identified, whose legal standing would derive not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It therefore concerns individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive an injury, actual or potential, more or less the same for all, for which reason it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in determined circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a double nature, since they are at once collective—because they are common to a generality—and individual, for which reason they can be claimed in such character.' In synthesis, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a determined personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is found blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could carry out relying on paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has listed various rights to which it has given the qualification of 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, and proper management of public expenditure, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national collectivity and not particular groups thereof; an environmental harm does not merely affect the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of proper management of public funds authorized in the National Budget is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just of any group of them. On the other hand, the listing made by the Constitutional Chamber is a simple description, proper to its obligation—as a jurisdictional body—of limiting itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable upheaval in the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of interests 'that concern the collectivity as a whole,' it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each one of the inhabitants of the Republic. It is therefore not a matter of any person being able to come before the Constitutional Chamber in protection of any interests (popular action), but rather that every individual can act in defense of those goods that affect the entire national collectivity, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive listing" (see Judgment No. 2007-01145)." In consonance with what has been stated and upheld by this Court in its jurisprudence, it therefore concerns individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive an injury, actual or potential, more or less the same for all, for which reason it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in determined circumstances and, at the same time, of each one of them. It is for this reason, precisely, that, from judgment No. 2021-2185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, I consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests can be embodied in a particular case in concrete, without thereby losing their condition as a diffuse interest, as occurs with environmental protection, whose impact affects one person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, as for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental studies, whose negative effects impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or process that a neighbor might bring against that factory will not only impact their own interests, but also the rest of the collectivity. Therefore, it constitutes a diffuse interest; and, nonetheless, it is also the object of a particular individualized situation. Now, this does not mean, in any way, that in every invoked situation, the existence of a diffuse interest can be alleged, even if it can be the object of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered 'diffuse,' it must not only affect a collectivity, but must also be blurred, diffused in that collectivity. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the case of the plaintiff, as the Majority states, the challenged rule does not produce a socially diffused impact, as it could happen that within that group there exists a sector of workers who do not wish to access credits of their own will, request payroll deductions, or simply are not interested in acquiring housing or a subsidy for such purposes. In this case, what is discerned is a particular situation of the plaintiff that, while it may be shared by some group of persons, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the reason stated, I concur with the Majority in dismissing this action; however, with the reasoning expressed.
V.- Documentation contributed to the file. The parties are warned that, if they have contributed any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The action is declared without merit. Judge Rueda Leal gives dissenting reasons.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-09-2026 09:24:51.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COMERCIO Subtemas:
NO APLICA.
Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:
NO APLICA.
011994-21. COMERCIO. LEY DE USURA. ACCESO AL CRÉDITO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 44 ter de la ley n.° 7472, “Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor”, de 20 de diciembre de 1994, reformada por la ley n.° 9859, publicada en el alcance número 150 de La Gaceta número 147 del 20 de junio de 2020. Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Rueda Leal da razones diferentes.
“…esta Sala considera que la accionante carece de legitimación para plantear este proceso en los términos invocados; además, no refirió la existencia de un asunto pendiente de resolver en el que hubiera sido invocada la inconstitucionalidad pretendida. En consecuencia, lo procedente es desestimar esta acción, sin necesidad de emitir mayor consideración al respecto…” CO07/21 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:
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IV.- Razones diferentes del Magistrado Rueda Leal. Tal como lo he expresado en otros casos, estimo que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia n.° 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007-01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia n.° 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, considero, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso de la accionante, tal como refiere la Mayoría, la norma impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, pues podría ocurrir que dentro de ese grupo exista un sector de trabajadores que no desea acceder a créditos por voluntad propia, solicitar deducciones de planilla, o simplemente no estén interesados en adquirir una vivienda o un subsidio para tales efectos. En este caso, lo que se vislumbra es una situación particular de la accionante que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincido con la Mayoría en desestimar esta acción; empero, con la fundamentación expuesta.
CO07/21 ... Ver más Res. Nº 2021011994 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.
Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Lidieth Mena Rojas, con cédula de identidad 2-0539-0361, contra el artículo 44 ter, reformado por el ordinal 4 de la ley n.º 9859, denominada “Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994”.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala Constitucional a las 15:44 horas de 26 de agosto de 2020, la accionante interpone acción de inconstitucionalidad contra el artículo 44 ter, reformado por el ordinal 4 de la ley n.º 9859, denominada “Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994”, en defensa de intereses difusos. Señala que la norma se impugna en cuanto impide a personas de bajos ingresos adquirir un crédito. Indica que, como mandato constitucional, el acceso al crédito por parte de grupos vulnerables de la sociedad es un derecho que el propio Estado no solo debe proteger, sino también incentivar. Está consagrado como una forma de preservar la equidad dentro de una misma sociedad. La norma impugnada se contrapone al objetivo social de alcanzar esa equidad, a la imperante necesidad de facilitar e incentivar que las personas con ingresos bajos o los trabajadores de las clases media y media baja puedan acceder al crédito por medio de los fondos que administran las diferentes entidades bancarias del país. Aduce que se les castiga un rubro de su capacidad de pago sin haber entrado en mora, desde el propio inicio del análisis del proceso de aprobación para obtener un crédito para hogar, principalmente; rubro que anterior a la reforma sí era tomado en cuenta como parte de su capacidad de pago y que hacía una gran diferencia, pues de esta manera podía en la mayoría de los casos ser sujeto de crédito ante una entidad bancaria, cuando por sus circunstancias particulares podían resultar beneficiarios del Bono de Vivienda, el cual, al otorgar un subsidio de hasta 6.637.000 colones, ayudaba a que las personas, parejas y familias dividiendo las cargas del día a día, pudieran adquirir una vivienda propia en aras de una vida digna. Este beneficio se lograba por el beneficio del Estado; sin embargo, al imponer esta limitación de otorgar créditos solo si el salario mínimo queda libre y al sensibilizar la capacidad de pago, las personas vuelven a quedar sin acceso a tener una vivienda digna y segura. Otro punto gravísimo es que de esta manera se desvirtúa el objetivo de la "Vivienda de Interés Social", manifestación de la arista social y solidaria del Estado, porque hace que el fin de la ley se incumpla, ya que las únicas personas que bajo esta nueva legislación pueden acceder al crédito son las personas con altísima capacidad de pago, quienes según el INEC son menos del 20% de los costarricenses. Conforme los nuevos parámetros de evaluación que los bancos tanto estatales como privados tienen que aplicar a los solicitantes de un crédito para vivienda de la clase media, media baja y baja, con fundamento a la nueva ley, no se van a arriesgar a incumplir tal precepto, ya que, además, viene aparejada una amenaza explícita por el incumplimiento del primer párrafo de ese mismo artículo, contraviniendo, a la vez, la libertad contractual, pues el banco debería poder estimar si puede arriesgar en parte o si cree conveniente resguardarse con una póliza, por ejemplo. Según manifestaciones de los diputados, lo que se pretendía era "educar" a los ticos; sin embargo, un Estado no puede adoptar medidas restrictivas para educar, esto se logra a través de programas de educación y promoción de salud financiera. Ello trae consigo limitaciones al ámbito personal que no se deben soportar, pero también viene a restringir la libertad de comercio, cuyo efecto a corto plazo va a ser que los sectores bancario y financiero tengan exceso de liquidez, cuando las personas de bajos ingresos necesitan más ayuda. Se está castigando a las personas sin haberse dado un incumplimiento de pago y, por ende, la protección del salario mínimo resulta innecesaria. Parten del hecho de que no hay una situación de necesidad básica que proteger -olvidando la vivienda de una familia-, tan necesaria como la alimentación y los servicios públicos. Ante la advertencia legal para las entidades financieras, ninguna concederá créditos ni contemplará otras opciones; simplemente, de manera práctica y fría eliminarán la porción correspondiente al salario mínimo inembargable de la capacidad de pago del solicitante, lo que conlleva que quien gana poco se vea afectado, discriminado frente a quien tiene una situación holgada en su capacidad de pago, pues para quien percibe un buen salario o es independiente y tiene más recursos y mejor capacidad de pago, el hecho de que no se le tome en cuenta ese porcentaje, posiblemente, no le afectará o le afecte muy poco en comparación con quien gana un salario bajo. La limitación a la libre contratación entre el banco y el cliente solicitante es evidente: "Cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que irrespete el salario mínimo intocable al que se refiere el párrafo primero del artículo 172 del Código de Trabajo será sujeta a la sanción considerada como infracción muy grave, de acuerdo con el inciso a) del artículo 155 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995". Ante la necesidad de fomentar e incentivar el acceso al crédito para las clases sociales con menos recursos, la misma Constitución Política lo ha incorporado con el fin de obligar al propio Estado a encargarse de desarrollar políticas, programas y leyes que faciliten el acceso ‑con las mismas posibilidades y sin limitaciones evidentemente discriminatorias al crédito‑ como un derecho que impulsa el desarrollo del ser humano, la familia y los grupos vulnerables objeto de protección por parte del mismo Estado. Cita, al respecto, las sentencias de la Sala Constitucional n.os 2015-10515 y 2011-13436. Aduce que el ordinal impugnado es completamente violatorio a esa obligación constitucional de primer orden, que se materializa entre otras muchas formas, "mediante los programas asistenciales y de créditos a personas que califiquen con tasas preferenciales". Ante la pandemia, el sector construcción y bancario, como el BCR, han visto un decrecimiento total en la venta y otorgamiento -según corresponda- del acceso a un crédito para que las personas con menores oportunidades económicas puedan tener un hogar digno y con las características mínimas de seguridad, espacios y superación. Antes de esa nefasta legislación, personas cuyo récord crediticio estaba limpio y al día, podían pensar en lograr una meta de vida como es el hogar, porque las condiciones crediticias, como las del BCR, eran óptimas y ese subsidio del Estado a través del BANHVI completaba esa porción necesaria para que las personas crecieran en una sociedad tan compleja como la nuestra, no así la realidad actual que apareja un cercenamiento completo a estos subsidios estatales, lo que deja sin poder ejecutarse materialmente el otorgamiento de los bonos. El 70% de los solicitantes de crédito para vivienda son de clase media o media baja, asalariados, quienes conforman precisamente el mismo grupo social vulnerable que afecta la norma. Se debe tener en cuenta que el fin mismo del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en la ley de su creación, consiste en dotar de vivienda digna a los habitantes de la República por medio del acceso al crédito, lo cual se deja de alcanzar porque la limitación impuesta tajantemente por la norma aludida vuelve ilusoria tal finalidad. El artículo 44 ter cuestionado reduce el acceso a los fondos que las diferentes entidades financieras puedan ofrecer a las familias, lo que se les niega la posibilidad de satisfacer una necesidad tan vital como la vivienda propia. La disposición es contraria al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto establece una limitación que evidentemente pone en desventaja a quien tenga una capacidad de pago menor frente a quienes tienen holgadamente la capacidad de pago de los préstamos. Para esos deudores no existe tal limitación en la práctica, pues el salario mínimo inembargable representa una ínfima parte de sus ingresos; entonces, la diferenciación de trato resulta contraria al principio de proporcionalidad y razonabilidad, así como al de igualdad, y, en consecuencia, al derecho de acceso al crédito y a una vivienda digna. Solicita que se declare con lugar la acción.
2.- Mediante providencia de las 11:55 horas del 27 de agosto de 2020, la Presidencia de la Sala previno a la accionante fundamentar porqué consideraba que le asistía interés difuso para plantear directamente esta acción de inconstitucionalidad.
3.- Por escrito recibido a las 9:56 horas de 1° de setiembre de 2020, la accionante señaló que, conforme a la legitimación otorgada por el articulo 75 párrafo 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se encuentra representada en los intereses que atañen a un colectividad menor, pues tal y como pretende en la acción, pretende evitar que las personas asalariadas del país se vean excluidas y perjudicadas como aspirantes a un crédito para vivienda y, así, ver lesionado el derecho al crédito y, como consecuencia, la posibilidad de adquirir una vivienda digna, derecho que pretenden lograr quienes aspiran a un crédito. La consecuencia es que si se es asalariado se ve limitado alcanzar por sus propios medios tal objetivo, bajo la protección del Estado como garante de regular las políticas que permitan el acceso a los grupos con menores posibilidades de la sociedad, a aplicar con las mismas posibilidades a una solicitud de crédito en una entidad financiera, frente a los no asalariados que no se les impone tal restricción, constituyendo entonces una desigualdad. Refiere que no existe en su caso una lesión individual, pues ello daría la posibilidad de plantear la acción como un caso previo pendiente de resolver; sin embargo, como clase asalariada se encuentra incluida en un sector de la colectividad que podría verse limitada a acceder a un crédito. La legitimación es como habitante del país de Costa Rica, quien tiene el derecho otorgado constitucionalmente de acceder a un crédito bajo las mismas condiciones que un trabajador independiente o una persona con posibilidades económicas altas. La colectividad de los trabajadores asalariados y posibles afectados por la norma que invoca de inconstitucional conforman una colectividad menor de la sociedad que, como interés difuso, se les lesiona los derechos de vivienda digna, derecho al acceso al crédito y así se configura una desigualdad en el trato frente a los no asalariados.
4.- Mediante resolución de la Presidencia de las 8:54 horas de 3 de setiembre de 2020, se dio curso a esta acción de inconstitucionalidad.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:18 horas de 22 de setiembre de 2020, se apersona Julio Jurado Fernández, en su condición de Procurador General de la República. Indica que de la lectura del artículo 44 ter cuestionado se desprende, que esa norma regula tres temas puntuales en cada uno de sus párrafos. El primero de ellos hace referencia al derecho de los trabajadores a solicitar la deducción de las cuotas para la amortización de sus créditos; el segundo establece un salario mínimo intangible, no susceptible de retenciones; el tercero prohíbe el otorgamiento de créditos que irrespeten el salario mínimo intocable. Considera que esos temas requieren un análisis separado, por lo que seguidamente se referirá a cada uno de ellos. 1. Sobre el derecho de los trabajadores a solicitar al patrono la deducción de las cuotas para la amortización de sus créditos (Artículo 44 ter, párrafo primero, de la ley 7472). El párrafo en cuestión establece: "Los trabajadores tienen derecho a solicitar la retención por parte del patrono de las cuotas para el pago de sus créditos siempre y cuando exista acuerdo entre el trabajador, el patrono y la entidad acreedora". Asimismo, dispone: "El Banco Central de Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) debe implementar un sistema para realizar las deducciones.”. Sobre ese tema, indica que el artículo 69 inciso k) del Código de Trabajo establece como obligación de los patronos: "Deducir del salario del trabajador las cuotas que éste se haya comprometido a pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptación y durante el tiempo que a aquélla o a éste pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la respectiva organización social legalmente constituida.". Esa misma disposición establece que el patrono está obligado a deducir del salario de sus empleados “…las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de crédito, legalmente constituidas que se rijan por los mismos principios de las cooperativas, en concepto de préstamos o contratos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda, propia, con la debida autorización del interesado y a solicitud de la institución respectiva.". Lo anterior evidencia que, antes de la entrada en vigencia de la norma impugnada, ya existían disposiciones de rango legal que regulaban lo relativo a las retenciones que el patrono está obligado a practicar en el salario del trabajador; sin embargo, el artículo 44 ter en estudio amplió los supuestos en los cuales es posible que el patrono practique retenciones directamente del salario del trabajador, pues tal retención procedería ya no solamente con respecto a las cuotas de afiliación a las cooperativas y sindicatos, y a las amortizaciones de los créditos otorgados por las cooperativas y las instituciones de crédito regidas por los mismos principios de estas últimas para adquisición de vivienda, sino también en cuanto a la amortización de cualquier tipo de crédito. Le llama la atención que a pesar de que el párrafo primero del numeral 44 ter en estudio establece, como derecho del trabajador, que el patrono deduzca de su salario las cuotas de sus créditos, posteriormente dispone que para ello es necesario que exista acuerdo entre el trabajador, el patrono y la entidad acreedora, lo cual permitiría al patrono negarse a hacer la deducción. En todo caso, destaca que si bien el accionante solicita que se declare la nulidad de todo el artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, lo cierto es que no indica las razones por las cuales podría ser inconstitucional que el patrono retenga del salario del trabajador las cuotas relacionadas con la amortización de los créditos que éste último haya contraído. El argumento principal del accionante para solicitar que se declare la inconstitucionalidad del ordinal 44 ter impugnado es que tal norma restringe las posibilidades de crédito a favor de las personas con ingresos salariales más bajos; sin embargo, la posibilidad de retener del salario del trabajador las amortizaciones de cualquier tipo de préstamo no constituye una razón para desincentivar el otorgamiento de créditos. 2.- Sobre la existencia de un salario mínimo intangible no susceptible de retenciones (artículo 44 ter, párrafo segundo, de la ley 7472). Al respecto, el segundo párrafo dispone: "No podrán hacerse deducciones de salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable, al que se refiere el artículo 172 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.". Y agrega que: “Se exceptúa de esta disposición lo que corresponda a la pensión alimentaria.". Con respecto al tema del salario mínimo intangible señala que el numeral 10 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Relativo a la Protección del Salario, ratificado sin reservas por Costa Rica mediante la ley N° 2561 de 11 de mayo de 1960, establece la obligación del Estado de proteger contra embargo, o cesión, la parte del salario que se considere necesaria para el mantenimiento del trabajador y de su familia. La improcedencia de ceder esa porción del salario implica que ni aun con la anuencia del trabajador es posible que el patrono le retenga o le deduzca esa parte de su remuneración. El numeral 10 referido dispone lo siguiente: “1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. 2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.". Según lo anterior, se faculta a la legislación de cada país, para establecer las reglas con base en las cuales puede embargarse o cederse el salario, pero deja claro, en su inciso segundo, que una parte de ese sueldo (el que se considere necesario para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia) no puede ser objeto de embargo ni de cesión. En cuanto a la necesidad de fijar límites a las deducciones que es posible practicar al salario, aunque estas hayan sido autorizadas por el trabajador, el “Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 95) y a la Recomendación (núm. 85) sobre la protección del salario, 1949, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones a la Conferencia Internacional del Trabajo 91 Reunión 2033” apuntó: “272. (…) El artículo 10 del Convenio establece dos principios fundamentales; en primer lugar, el salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional y, en segundo lugar, el embargo o cesión deberá mantenerse en los límites necesarios para garantizar un nivel de vida digno para el trabajador y su familia, aunque las condiciones precisas y los límites a este respecto se dejan a la determinación de las autoridades nacionales (...) 274 (...) la cesión de salarios parece ser posible en virtud de una disposición legislativa que si bien exige que el salario se pague directamente a un trabajador autoriza una excepción en caso de que «el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente». Aunque la cesión se trata separadamente en el artículo 10, también tuvo influencia en las discusiones relativas al artículo 5 sobre el pago directo del salario. 281. En algunos países, la legislación prohíbe expresamente la cesión o transferencia del salario, total o parcial a terceros cualquiera sea el motivo (…) 282. En la mayoría de los países, se declara que una proporción mínima fija del salario no podrá ser objeto de embargo o de cesión, en el entendimiento de que en todos los casos se deberá autorizar a los trabajadores a conservar una determinada cantidad en efectivo para su subsistencia y la de sus dependientes. En la práctica, existen varios métodos para determinar la cuantía mínima que no podrá embargarse o cederse. 296. (…) deberán fijarse límites a todos los descuentos autorizados. En virtud de lo dispuesto en el Convenio, los Estados Miembros están facultados para adoptar el sistema de limitación que consideren apropiado, tales como establecer una cuantía fija, un porcentaje del salario del trabajador o utilizar el salario mínimo como referencia. No obstante, al fijar los límites respectivos; deberán orientarse por dos objetivos interrelacionados: en primer lugar, como se sugiere en el párrafo 1 de la Recomendación, en todos los casos, la cuantía neta del salario recibido por el trabajador deberá ser suficiente para proporcionar ingresos que garanticen un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias; en segundo lugar, dicha remuneración neta no deberá ser disminuida mediante descuentos que hagan perder todo sentido al principio consagrado en el artículo 6 del Convenio relativo a la libertad del trabajador de disponer de su salario. En consecuencia, la Comisión estima que, además de fijar límites específicos para cada tipo de descuento, es importante que se establezca un límite máximo general más allá del cual no podrán efectuarse reducciones salariales, a fin de proteger los ingresos de los trabajadores cuando se efectúen diversos descuentos.”. Aduce que esta Sala también ha establecido, que una parte del salario del trabajador no puede ser retenida por el patrono para el pago de sus obligaciones. Así, en una ocasión, la Cooperativa de Servidores Públicos R.L. impugnó la decisión tomada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), por medio de la cual acordó no aplicar deducciones en el salario de sus trabajadores cuando tales deducciones impidieran al trabajador recibir, al menos, el salario mínimo fijado por ley. En esa oportunidad, en la sentencia n.° 2000-07563 de las 10:40 horas del 25 de agosto del 2000, se dispuso que la persona trabajadora puede autorizar libremente la práctica de deducciones sobre su salario, siempre que reciba lo que la ley ha fijado como el monto mínimo con el que se pueden satisfacer las necesidades básicas de manutención. En nuestro país, desde hace muchos años han existido limitaciones para ceder, vender o gravar el salario. Tales limitaciones siguen las reglas de inembargabilidad previstas en el artículo 172 del Código de Trabajo, por haberlo dispuesto así el párrafo primero del numeral 174 del mismo código. Nótese que, si bien el párrafo primero del ordinal 174 transcrito prohíbe ceder la parte inembargable del salario, el párrafo segundo de ese mismo artículo contiene una excepción, pues permite ceder incluso la parte inembargable, cuando se trate de “…operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito legalmente constituidas que se rijan por los mismos principios de aquéllas.". Indica que la Procuraduría, fungiendo como órgano asesor de la Administración Pública, atendió una consulta de la Municipalidad de San José, en la que se les solicitó definir si el párrafo segundo del artículo 174 del Código de Trabajo permitía al patrono practicar retenciones al salario de sus trabajadores, al punto de abarcar la totalidad de su remuneración. En esa oportunidad indicaron que, si bien ese segundo párrafo del numeral 174 del Código de Trabajo establece una excepción a la regla que prohíbe ceder la parte del salario que sea inembargable, tal salvedad no puede llegar al punto de abarcar la totalidad del salario, pues el trabajador debe recibir, al menos, el equivalente al "...menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos..." al cual hace referencia el párrafo primero del ordinal 172 del Código de Trabajo. (Dictamen n.º C-104-2019, del 8 de abril de 2019, reiterado en el C-113-2019, del 29 de abril de 2019 y en el C-078-2020, del 3 de marzo de 2020). En el dictamen n.º C-104-2019 mencionado se analizaron los antecedentes de la ley N° 4418 de 22 de diciembre de 1969, la cual reformó los numerales 69 inciso k,172 y 174 del Código de Trabajo, así como el artículo 984, inciso 1, del Código Civil, y se arribó a la conclusión de que los objetivos de esa reforma fueron: 1) proteger el salario de la persona trabajadora, garantizando un “salario mínimo intocable”; y, 2) promover que las personas trabajadoras obtuvieran créditos de instituciones del Estado, o de cooperativas, para la construcción de vivienda propia, pero respetando siempre el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos. El ordinal 44 ter impugnado en esta acción ratifica la existencia de un salario mínimo intocable, y dispone expresamente que ese salario es el establecido en el artículo 172 párrafo primero del Código de Trabajo; es decir, el menor salario mensual fijado en el decreto de salarios mínimos. Considera que la existencia de ese salario mínimo intocable ‑no susceptible de retenciones de índole alguna por parte del patrono (salvo en caso de pensión alimentaria)‑ es constitucionalmente válida, pues responde a una obligación contraída por nuestro país al suscribir el Convenio 95 de la OIT, cuyo artículo 10.2 regula que el salario debe estar protegido en la proporción necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. En virtud de esa obligación, el legislador no es libre para establecer o no un salario mínimo intangible o intocable. Lo que sí puede decidir es la proporción del salario que debe estar protegida, pues ese aspecto en particular sí queda librado a la discrecionalidad legislativa de los Estados Miembros de la OIT que suscribieron y ratificaron el Convenio 95. Además, es razonable que la porción protegida del salario sea la equivalente al menor salario mensual contemplado en el decreto de salarios mínimos, por cuanto se presume que es el monto necesario para el mantenimiento del trabajador y de su familia. En síntesis, considera que el párrafo segundo del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en tanto establece un salario mínimo intangible equivalente al menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, no presenta problema alguno de constitucionalidad. Por el contrario, una garantía de ese tipo es conforme a los principios constitucionales de solidaridad social y de protección al trabajador, así como a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección al salario. 3. Sobre la prohibición de otorgar créditos que irrespeten el salario mínimo intocable (artículo 44 ter, párrafo tercero, de la ley 7472). El párrafo tercero dispone: "Cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que irrespete el salario mínimo intocable al que se refiere el párrafo primero del artículo 172 del Código de Trabajo será sujeta a la sanción considerada como infracción muy grave, de acuerdo con el inciso a) del artículo 155 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995.". La accionante cuestiona la validez de la disposición recién transcrita, pues interpreta que prohíbe otorgar préstamos sobre el menor salario mensual estatuido en el decreto de salarios mínimos, así como tomar en cuenta esa porción del salario para definir la capacidad de pago de quien pretenda un crédito. Al respecto, señala que el párrafo tercero del artículo 44 ter impugnado no indica que las instituciones de crédito no puedan otorgar préstamos sobre la suma equivalente al menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos. Tampoco establece que esa porción del salario no pueda ser tomada en cuenta para definir la capacidad de pago de cada persona. Lo que dispone es que no pueden otorgarse créditos que irrespeten el salario mínimo intocable, lo cual implica, en el contexto del numeral 44 ter completo, que no es posible amortizar un crédito mediante retenciones hechas directamente por el patrono sobre el menor salario mensual fijado en el decreto de salarios mínimos. No resulta lógico interpretar que el ordinal 44 ter bajo análisis, denominado "Derechos del trabajador consumidor financiero”, tenga como objetivo negar el acceso al crédito a los trabajadores de más bajos ingresos, o suprimir de su capacidad de pago la suma que represente el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, pues esas restricciones no podrían considerarse derechos del trabajador. A pesar de que la redacción del párrafo tercero de esa norma es confusa, se entiende que su intención es la de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, en el sentido de que el patrono no practique retenciones en el salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible, equivalente al menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos. De la revisión del expediente legislativo n.° 20861, que culminó con la aprobación de la ley n.° 9859 del 16 de junio de 2020, mediante la cual se adicionó el numeral 44 ter a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, no se deduce que dentro de los objetivos de tal disposición haya estado el de prohibir el otorgamiento de crédito a los trabajadores de más bajos ingresos, o restar el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos de su capacidad de pago. Según consta en ese expediente, el ordinal 44 ter mencionado no formaba parte de la propuesta original. Se incluyó en el texto de la ley como consecuencia de una moción de fondo presentada por el diputado Wagner Jiménez Zúñiga (folio 2111), moción que fue dispensada de lectura (folio 2135) y aprobada por unanimidad en la sesión extraordinaria n.° 39 del 27 de abril de 2020, sin cambios ni comentarios relevantes para lo que aquí interesa (folios 2138 y 2139). Considera que la existencia de un salario mínimo intangible, no susceptible de retenciones por parte del patrono, no implica que ese salario deba excluirse de la capacidad de pago de quien lo recibe, pues nada obsta para que una persona, luego de recibir su salario por parte de su patrono, cancele las cuotas de un crédito con ese ingreso. Lo que no es posible es que la cuota del crédito sea deducida directamente por el patrono del menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, pues sobre esa suma existe una protección que las partes que suscriben el contrato de préstamo, y el propio patrono, están obligadas a respetar. Incluso, los créditos para vivienda tienen la particularidad de que el inmueble que se adquiere mediante el préstamo puede servir de garantía -y así ocurre generalmente- por lo que, en esos casos, así como en el de los créditos prendarios, por ejemplo, no existe razón adicional para que la amortización al crédito tenga necesariamente que hacerse mediante rebajos salariales practicados por el patrono. En esa misma línea, debe puntualizarse, que el hecho de que un crédito no sea deducido directamente del salario no comporta que el deudor no deba cancelarlo, pues la obligación de satisfacer la amortización pactada existe independientemente de la modalidad de pago que se pacte. Como bien lo ha indicado la Sala “… la deducción en planilla es sólo un mecanismo para el pago, que no altera en nada las condiciones contractuales que sustentan la misma, ni tampoco es la fuente de responsabilidad frente a la entidad financiera que percibe la transferencia por concepto de la deducción, de manera que, no aplicarla no releva, en modo alguno, al deudor de las obligaciones contractuales que pueda haber adquirido" (sentencia n.° 2000-07563). La diferencia en el acceso al crédito, según el ingreso salarial de cada persona, es una situación que siempre ha existido y que, probablemente, va a seguir existiendo; sin embargo, es un asunto que se origina más en aspectos de índole económico que jurídico. No es posible afirmar que la intención del párrafo tercero del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor haya sido la de incrementar esa diferencia, o la de suprimir por completo el acceso al crédito de quienes reciben menos ingresos salariales. Tampoco se advierten argumentos para afirmar, que la intención de esa norma haya sido eliminar el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos de la capacidad de pago del trabajador. Una interpretación de ese tipo es incongruente con los fines de esa regulación y los de la ley en la que está inserta, la cual tiende a promover la “defensa efectiva del consumidor”, categoría dentro de la cual se encuentra el trabajador consumidor financiero. Si las entidades crediticias deciden excluir del acceso al crédito a las personas con menores ingresos salariales fundamentándose para ello en el párrafo tercero del artículo 44 ter en estudio, esa conducta podría ser discriminatoria y, por tanto, incompatible con el principio constitucional de igualdad, pues tal norma no ordena tal cosa, ni es posible deducir de ella un mandato del legislador en ese sentido. Partiendo de lo expuesto, considera que el párrafo tercero del numeral 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no presenta los problemas de constitucionalidad acusados por la accionante. Señala que, en caso de que esta Sala estimare que la norma en cuestión podría interpretarse en el sentido de que prohíbe otorgar créditos a las personas cuyo salario sea igual o inferior al menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, sugiere respetuosamente elaborar una interpretación conforme a la Constitución Política, en la cual se disponga que el párrafo tercero del ordinal 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es constitucional, siempre que se interprete que el objetivo de esa norma es garantizar que el salario mínimo intangible, es decir, el que sea igual al menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, no puede ser objeto de retenciones por parte del patrono para atender el pago de préstamos.
6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:17 horas de 25 de setiembre de 2020, Eduardo Newton Cruickshank Smith, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, contesta la audiencia conferida. Manifiesta que el proyecto de ley n.° 20.861, denominado originalmente, "Adición de los artículos 36 bis, 53 incisos g), h) y reforma del artículo 63 de la Ley n.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta n.° 14, de 19 de enero de 1995", que dio origen a la ley objeto de esta acción de inconstitucionalidad, es el octavo proyecto de ley presentado en la corriente legislativa que pretendía regular la usura. No fue sino en esta oportunidad, que se logró alcanzar el acuerdo necesario para que el país contara con una norma que estableciera ciertos límites a las condiciones abusivas que son propuestas a los consumidores de tarjetas de crédito y otro tipo de productos bancarios, tales como operaciones financieras, comerciales y microcréditos, que deberán ajustarse a un límite establecido de tasa de interés. Como lo señala el Departamento de Servicios Técnicos, en el informe n.º AL-DEST-II-5050-2018 relativo al citado proyecto de ley n.° 20.861, con esa iniciativa se pretendía regular el concepto de usura en este país, por cuanto, según los proponentes, ese concepto nunca ha sido desarrollado y delimitado, por tanto, existía un vacío en la normativa que debía ser resuelto, pues, aunque tanto el Código Penal como la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establecen sanciones para el delito de usura, lo cierto es que como no está definido, estas sanciones no son inaplicables, dejando en indefensión a las y los consumidores y en impunidad a quienes cometen este delito. El proyecto de ley 20.861 fue formulado a fin de definir tasas anuales máximas para cálculo del interés de créditos, microcréditos, y para el caso de negocios o transacciones pactados en otras monedas y tiene por objeto, modificar la Ley 7472, adicionando, según texto sustitutivo aprobado el 14 de noviembre de 2018, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, dos nuevos artículos (36 bis y 36 ter) y dos incisos al artículo 53, y reformando el artículo 63 de la citada ley. Durante el trámite legislativo, el 30 de abril en el acta n.° 36 de la sesión extraordinaria del plenario legislativo (f. 1878), se aprobó una moción para dispensar de todo trámite y espera de publicación el proyecto de ley (f. 1981) y se aprobó una moción de posposición, para conocer el expediente de forma prioritaria (f. 1985). En ese trámite de primer debate, se presentaron varias mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que fueron retiradas después de una negociación en el recinto parlamentario. Entre las que permanecieron como parte del acuerdo de los diputados se encuentra la moción 50 (f. 2111), que incluye la adición del articulo 44 ter a la Ley 7472, y cuya lectura en el recinto parlamentario fue dispensada por moción de orden, aprobada por unanimidad de los 49 diputados y diputadas presentes, en ese momento de la discusión. El objeto de esa adición fue establecer sanciones a las personas físicas o jurídicas que otorgaren un crédito y que con ello irrespetaren el salario mínimo intocable, establecido en el numeral 172 del Código de Trabajo, que, como se verá más adelante, constituye una garantía constitucional que el Estado debe proteger. El proyecto de ley n.º 20.861 fue aprobado en segundo debate con 50 votos a favor y 2 en contra, en sesión extraordinaria del Plenario Legislativo n.° 14 del 9 de junio de 2020. Los argumentos principales que dieron forma a la voluntad parlamentaria, respecto de esa iniciativa, dejan ver la intención de proteger a los usuarios de las tasas de interés abusivas y poder dar la herramienta legal que le permita al operador jurídico aplicar la normativa ya existente en materia penal acerca de la usura, así como cumplir con el mandato constitucional al delimitar y dar seguridad jurídica a la aplicación de la usura, en el contexto económico y jurídico. En ese sentido, el diputado Ramos González manifestó: “Primero, decir que gracias a Dios podemos nosotros aprobar este proyecto de ley que creo que es el proyecto de ley que tiene más impacto en las finanzas de las familias, que aprobará esta Asamblea Legislativa. Es el que tiene más impacto en las finanzas de las familias, que está aprobando esta Asamblea Legislativa. Y lo digo porque hay más de cuatro billones y medio de colones prestados a tasas que superan el sesenta y dos por ciento, según cálculos que hemos hecho. La disminución de veintitrés puntos en la tasa de interés de cuatro billones y medio significa más de un billón doscientos mil millones lo que va a disminuir el pago de intereses por parte de las familias a los que hoy están dando préstamos a tasas abusivamente altas. Página 30 y 31, (Acta sesión extraordinaria N° 14 del 9 de junio de 2020) (...) Hoy, cincuenta años y siete meses después de que Costa Rica firmara la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que la usura es una forma de la explotación del hombre por el hombre, una forma de esclavitud y, en este caso de esclavitud financiera, Costa Rica no había cumplido con ese requisito de establecer un tope que pudiera también darle operacionabilidad a la Ley de Usura que también se había pasado en la Asamblea Legislativa y que era una ley vacía, porque no había nadie, nadie que hubiera sido condenado por usura a pesar de que había tasas de interés del doscientos cuarenta por ciento y demás que se habían discutido en los tribunales." Ese legislador, asimismo, señaló que mediante la reforma de ley se pretendía actuar en defensa de los ciudadanos, quienes, debido a la agresividad de los prestamistas, se habían visto inmersos en situaciones que sobrepasaban su capacidad de pago, por lo que se instauró un límite y freno a esa posibilidad. Tal manifestación refleja la voluntad del legislador sobre esa iniciativa, lo que dista en mucho del argumento de la accionante, quien alega que el proyecto fue formulado para educar a los ciudadanos. Por su parte, la legisladora Villegas Álvarez señaló, entre otras razones, que uno de los objetivos de la ley aprobada es que los costarricenses no quedaran "manchados en sus récords crediticias con mucha facilidad”, de manera que recibieran un trato justo y merecido para no caer en esclavitud financiera. Esa intención se contrapone al argumento de la accionante, en el sentido de que la norma limita el acceso al crédito o imposibilita la obtención de oportunidades en créditos de vivienda a las clases más vulnerables, ya que, precisamente mediante los limites adecuados en materia de tasas de crédito, y con la norma que adiciona el articulo 44 ter a la Ley 7472, se pretende proteger el ingreso mínimo familiar para que su capacidad financiera sea acorde con las obligaciones legales que vayan a adquirir en lo sucesivo. Por ello, es que la citada diputada añadió que: "el alto endeudamiento de nuestro pueblo es uno de los obstáculos para la reactivación económica y que les resta poder adquisitivo a las familias”, aunado a lo siguiente: "Hoy, nosotros recibimos un gran aporte de parte de este Poder Legislativo, vamos ahorrarles miles de colones a los costarricenses, damos un tope máximo para los intereses de tarjetas de crédito y en préstamos personales, créditos para adquirir electrodomésticos con tasas justas. Nuestros compatriotas no quedarán manchados en sus récords crediticias con mucha facilidad. Se verán reducidas las cantidades de demandas judiciales que hoy rondan casi setecientas mil, por falta de pago, ahorrándole al Poder Judicial así miles de colones. Hemos ganado la batalla a los entes reguladores que no apoyaban este proyecto y al lobby de la banca privada. Los agricultores, los pequeños comerciantes, los pescadores, los trabajadores de todo Costa Rica que necesiten financiarse por fin tendrán un trato justo y merecido. No más usura, no más abusos, adiós a la esclavitud financiera. Hoy alzamos la voz por los deudores, por aquellos que han perdido sus bienes y su tranquilidad por tasas irracionales.”. En igual dirección, el diputado Villalta Flórez-Estrada enfatizó el aval de la Sala Constitucional a la iniciativa de ley, efectuado a raíz de la consulta facultativa, en la resolución N° 2020-0010160, del 3 de junio de 2020, y señaló lo siguiente: “La Sala Constitucional fue clara que con esta ley no se viola ningún derecho de nadie más bien estamos solucionando una violación constitucional grave porque Costa Rica ha firmado la convención americana de Derechos Humanos que su artículo 27 establece la obligación del Estado de prohibir la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, le falta efectivamente a la convención una revisión en lenguaje de género. Pero el concepto es poderoso, el concepto es fuerte, cualquier forma de explotación del ser humano debe ser prohibida, y la usura que hemos vivido en Costa Rica es un ejemplo claro de esa explotación. Entonces la sentencia de la Sala es clara de que aquí más bien estamos cumpliendo una obligación constitucional, tampoco el hecho de que esta ley complemente el tipo penal de la usura es inconstitucional, más bien lo que era inconstitucional es que tuviéramos un tipo penal abierto, sin un contenido claro que fuera inaplicable y estamos solucionando ese problema.”. Así las cosas, los ajustes introducidos a la Ley 7472 constituyen una normativa necesaria para traer equilibrio al funcionamiento de la oferta crediticia dentro del marco de trato justo, tal como lo mencionó el diputado Viales Villegas: "Es absolutamente incomprensible que en la normativa nacional tengamos una sanción para la usura, para castigar las prácticas de usura, pero que no se pueda aplicar sencillamente porque no se sabe hasta cuándo es el parámetro para determinarlo, para decir qué es usura y qué no es usura. Y por ese vacío hemos transcurrido muchísimo tiempo en este país. Y por ese vacío también se ha dado intermediación financiera, ofertas crediticias y, sobre todo, un acomodo de la ciudadanía que, a la luz de esta diferencia en la normativa, también generó desigualdad, también género pobreza, también generó sacrificio. (...) Y a mí me parece esto, sin más, un complemento a lo que ya existe en nuestro Código Penal de sanción, un complemento para darles seguridad y certeza también a las familias costarricenses y a las personas que participan día con día en la intermediación económica y crediticia. Y es también un parámetro para decir que Costa Rica también puede poner alto a los abusos que existen.”. Como se puede apreciar, a pesar de que la norma cuestionada no formó parte del texto original, sí llegó a formar parte del objetivo perseguido con el texto finalmente aprobado, en cuanto que la intención del legislador fue establecer límites para protección de consumidores financieros. En relación con los cuestionamientos de la norma impugnada, aduce que, de primer orden, es importante señalar que los diputados y las diputadas aprobaron una moción para enviar el proyecto de ley a consulta facultativa, la cual fue resuelta mediante la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2020-010160 de las 10:15 horas del 3 de junio de los corrientes. A pesar de que los consultantes solicitaron el criterio, específicamente, sobre el artículo 36 bis relativo a los límites de las operaciones financieras, comerciales y los microcréditos y acerca de la forma de definir las tasas de usura, la Sala Constitucional aportó razonamientos conexos y útiles para analizar también la supuesta limitación en acceso al crédito que alega la accionante ocasiona la reforma aprobada. Existe una línea consecuente entre lo considerado por parte de los proponentes del texto original, como el espíritu del legislador en la adición del numeral 44 ter a la Ley n.° 7472, y se trata de la necesidad de establecer límites en materia de usura, así como la protección de los consumidores más vulnerables, por el tipo de créditos a los que se ven obligados a suscribir y por su capacidad de pago en el sistema crediticio. En esa consulta, el Tribunal Constitucional dejó claro que la iniciativa legislativa cumplía con el deber constitucional de imponer un límite para llenar un vacío normativo que estaba impidiendo la aplicación del tipo penal de la usura, por lo que el establecimiento de una tasa máxima de interés no podía implicar un vaciamiento del contenido esencial de la libertad de contratación ni lesionaba el principio de libertad de empresa, pues ese puede ser objeto de regulación, siempre que se haga de manera razonable, como es el caso de la ey n.° 9859, y responda a una necesidad social imperiosa que justifique su intervención. Enfatiza que el Estado puede intervenir en situaciones específicas de imperiosa necesidad para regular actividades de mercado e incluso dentro del marco de actividad bancaria, si se trata de proteger al consumidor. Una valoración útil como parámetro para analizar los argumentos de la accionante, es que la iniciativa que ostenta el legislador, señala la Sala, no puede limitarse por argumentos de naturaleza hipotética, pues de ser así se estaría lesionando la independencia del Parlamento. Considera que ese constituye un sano ejercicio cuando se trata de valorar una propuesta de ley aprobada, ya que los argumentos carecen de razonabilidad, al indicar que se están afectando derechos establecidos en normas que no se están modificando, además, que el legislador cuenta con un margen de acción respaldado constitucionalmente y que ha dejado claro en la exposición de motivos del proyecto de ley, que su objetivo es proteger a los consumidores. Los argumentos que señala la accionante se ubican en el campo de la hipótesis, ya que no se está modificando en lo absoluto ley alguna que tenga efectos directos en el acceso, por ejemplo, a la vivienda, sino que el legislador, en el marco de la protección al consumidor, consideró necesario aprobar normativa para su protección, en su calidad de consumidor financiero. En ese sentido, es dable deducir que mediante la adición del artículo 44 ter a la Ley 7472 se pretende proteger el salario mínimo del trabajador, al indicar que únicamente con el consentimiento del trabajador se podrían hacer rebajos salariales y que estos no podrían hacerse en el salario mínimo legal, que constituye un derecho constitucional para el sostenimiento familiar. Por su parte, la Procuraduría General de la República, en el dictamen n.º C-104 2019 del 8 de abril de 2019 ‑entre otros‑ hace referencia al salario mínimo legal, conforme señala el numeral 10 del Convenio 95 de la OIT, y concluye que no es posible, por ningún motivo, hacer deducciones del "salario mínimo intocable" al que se refiere el ordinal 172 del Código de Trabajo. En ese sentido, mediante la norma aprobada se está reforzando el ordenamiento jurídico existente, que instaura una protección al salario mínimo legal de todo trabajador, en el marco de sus derechos como consumidor y en el ámbito del ejercicio personal de acceso al crédito, para que se dé de acuerdo con los parámetros de legalidad, a fin de evitar acciones abusivas de los operadores financieros de crédito, aspectos que están plasmados en la exposición de motivos del proyecto de ley n.° 20.861, que da origen a la norma impugnada. Por esas razones, no comparte el argumento de que la norma sea contraria al principio de igualdad, por cuanto se protege un derecho común a todo trabajador, como lo es el salario mínimo legal; tampoco se "pone en desventaja a quienes tienen una capacidad de pago menor que los que sí pueden pagar los préstamos", como señala la accionante, pues es obligación del Estado definir y reforzar los parámetros de legalidad en torno a derechos del trabajador frente al mercado financiero. Refiere que lo indicado debe integrarse en la exposición de motivos para no perder de vista el objeto de protección de la norma objeto de esta acción, en el sentido de que era necesario proteger los derechos de los consumidores, pero también establecer parámetros para que la parte más débil de esa relación contractual tenga las herramientas para poder ejercer sus derechos plenamente, sin ver afectados sus derechos constitucionales. En ese sentido, se integra la regulación de los parámetros de aplicación de la usura con los convenios internacionales en materia de protección al trabajador, el derecho constitucional a un salario mínimo legal y lo indicado en el numeral 177 del Código de Trabajo, que precisamente pretende proteger las necesidades normales mínimas de los hogares en el orden material, moral y cultural: “Artículo 177: Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola.”. Por las razones expuestas, considera que las modificaciones incluidas a la ley n.° 9859 que reforma y adiciona la ley n.º 7472, incluyendo el ordinal 44 ter, se encuentra fundamentada en procurar la protección de los ciudadanos y ciudadanas en su esfera de consumidores, por lo que los legisladores y las legisladoras consideraron atinente incluir una sanción al operador financiero para garantizar los derechos al trabajador en el mercado financiero. Solicita que se rechace la acción de inconstitucionalidad.
7.- Por escrito recibido en este Tribuna a las 10:20 horas del 28 de octubre de 2020, Javier Losada Romero Polo, Henry Zamora Vega y Lina Giraldo Soto, en su condición de representante legal de Registro Cinco S.A., solicitan que se les admita como coadyuvantes activos. Indican que, tal y como lo plantea la accionante y lo aceptó este Tribunal, esta acción defiende intereses difusos porque defiende los intereses de los costarricenses al principio de igualdad, el derecho de acceso al crédito, al de vivienda y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes. Señalan que, al igual que la accionante, defienden el derecho de acceso al crédito de los grupos vulnerables de la sociedad y que la norma impugnada se contrapone a ese objetivo social de alcanzar la equidad, ante las limitaciones que establece para las personas de bajos ingresos o trabajadores de la clase media que no pueden obtener un crédito para su hogar. Indican que la norma impugnada afecta directamente los intereses personales, y los clientes de la empresa, pues niega el acceso a un crédito para quienes necesitan un hogar digno, pues impide a las personas más pobres, con un historial crediticio limpio, obtener un crédito. Señalan que esa disposición, reduce el acceso a los fondos públicos y privados que puedan ofrecer las diferentes entidades financieras a las familias, negándose con ello su derecho de satisfacer una necesidad tan vital, como es la vivienda propia. Aducen que es violatoria de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, por cuanto establece una limitación que deja en desventaja a quien tenga una capacidad de pago menor frente al que tiene más. Refieren que defienden sus derechos constitucionales de acceso al crédito, sin distingo de sus ingresos ni de otra condición social, política, ideológica ni religiosa y protegerlos de la exclusión financiera causada por la norma impugnada. Indican que la norma en estudio los trata de manera discriminatoria, por su condición salarial, también limita la libertad de comercio de las personas más vulnerables de la sociedad (los clientes), solo por tener bajos recursos y necesitar de créditos. Solicitan que se admita su coadyuvancia y se declare con lugar la acción.
8.- Por resolución de las 9:26 horas del 2 de diciembre de 2020, la Presidencia de esta Sala previno a Lina Giraldo Soto, quien se apersonó en autos como representante legal de Registro Cinco S.A. que, dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle la solicitud de coadyuvancia planteada en esta acción en caso de incumplimiento, debía aportar la personería jurídica vigente de Registro Cinco S.A., que acreditara su representación.
9.- El 3 de diciembre de 2020, la representante legal de Registro Cinco S.A. aportó lo prevenido por este Tribunal.
10.- Mediante resolución de las 8:47 horas del 4 de diciembre de 2020, la Presidencia a.i. de la Sala resolvió: “El artículo 83 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala que en los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. En el caso concreto, los gestionantes JAVIER LOSADA ROMERO POLO, LINA IVETTE GIRALDO SOTO, en representación de REGISTRO CINCO S.A. y HENRY ZAMORA VEGA, se apersonaron el 28 de octubre de 2020 y solicitan se les tenga como coadyuvantes por considerar que, al igual que la accionante están cubiertos por la defensa de los intereses difusos frente a los derechos de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, acceso al crédito y a la vivienda digna, en su condición de consumidores. En consecuencia y visto que la primera publicación del aviso se dio el 6 de noviembre de 2020, lo procedente es tenerlos como coadyuvantes activos dentro de este asunto. Se advierte a los interesados que -en cuanto a los efectos de la coadyuvancia-, al no ser el coadyuvante parte principal del proceso, no resultarán directamente perjudicados o beneficiados por la sentencia, es decir, la eficacia de la sentencia no alcanza al coadyuvante de manera directa e inmediata, ni le afecta cosa juzgada, no le alcanzan, tampoco, los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, pues a través de la coadyuvancia no se podrá obligar a la autoridad jurisdiccional a dictar una resolución a su favor, por no haber sido parte principal en el proceso. Lo que sí puede afectarle, pero no por su condición de coadyuvante, sino como a cualquiera, es el efecto erga omnes del pronunciamiento. La sentencia en materia constitucional, no beneficia particularmente a nadie, ni siquiera al actor; es en el juicio previo donde esto puede ser reconocido. Se tienen por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Presidente de la Asamblea Legislativa, en la resolución de las 8:54 horas del 3 de setiembre de 2020. Listos los autos, se turna esta acción de inconstitucionalidad al magistrado Paul Rueda Leal, a quien por turno corresponde el estudio de fondo de la misma.”.
11.- Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, por considerar que existen suficientes elementos de juicio para resolver esta acción.
12.- Los edictos indicados en el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en las ediciones del Boletín Judicial n.os 214, 215 y 216 de los días 6, 9 y 10 de noviembre de 2020, respectivamente.
13.- Por resolución de las 9:10 horas del 2 de diciembre de 2020, este Tribunal ordenó acumular a este proceso la acción tramitada en el expediente n.° 20-16944-0007-CO, admitir únicamente la planteada por la Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño, y tenerla como ampliación de la misma.
14.- El 7 de diciembre de 2020, se agregó a este expediente la acumulación del expediente n.° 20-16944-0007-CO, ordenado por resolución de las 9:10 horas del 2 de diciembre de 2020, cuyo escrito de interposición de la asociación accionantes dispone que, solicitan se declare la inconstitucionalidad de los artículos 36 bis, 36 ter párrafo cuarto, 53 párrafo in fine, 63 primer y segundo párrafo y 44 bis de la ley 7472, reformados por la ley 9859. Aduce que representa a empresarios dedicados a la explotación de las casas de empeño o préstamos desde hace varias décadas. Concretamente, señala que su giro consiste en el préstamo de dinero a cambio de una garantía prendaria. Para la realización de esa actividad se requería cumplir con lo dispuesto en las leyes n. os 6122 y 9707. Por un fenómeno legal, en algunas jurisdicciones cantonales a estos negocios se les asignó patente de “compra y venta” y no casa de empeño. Manifiestan que esta ley estableció un tope a las tasas de interés que pueden cobrar los acreedores bancarios o no bancarios, interés que resulta totalmente ruinoso para su negocio. Se trata de una ley que, de manera antojadiza y poco técnica, impuso una tasa de interés mensual que pueden cobrar las casas de empeño, generando un grave daño a esta actividad lícita y regulada, que amenaza con el cierre de estos establecimientos mercantiles y la pérdida de empleos. Alegan que, la ley impugnada lesiona derechos de primera, segunda y tercera generación. La ley establece la metodología que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá usar para fijar el tope de interés máximo para actividades crediticias, topes que debía anunciar en los meses de julio y enero. En el caso de los microcréditos, aquellos que no superen 1,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial (¢ 675.000), la tasa anual se calculará de acuerdo con el promedio de la tasa de interés activa de los últimos 12 meses, más los 13,18 puntos porcentuales. Ese resultado se multiplica por 2.085. El BCCR determinó que esta tasa sería igual a 53,18% para el segundo semestre de 2020. También se prohibió incorporar a la tasa de interés cualquier otro cargo, costo financiero y comisión. Sin embargo, esta ley se aprobó sin considerar las condiciones particulares de las empresas que componen el mercado financiero y sin tomar en cuenta las restricciones que otras leyes tienen sobre las actividades comerciales del país. Del mismo modo, la legislación exige la aceptación de pagos por medio de tarjetas de crédito y la comisión establecida por los emisores de tarjetas superaría los ingresos máximos permitidos, pues la aprobación de la Ley n.°. 9859 no tomó en consideración, que el giro de estas empresas les exige cumplir con otra serie de leyes que imponen costos que podrían hacer prohibitivo el desarrollo de la actividad. 1) Como primer motivo de inconstitucionalidad, alegan que el proyecto de ley no les fue consultado. De los artículos 123 y 129 de la Constitución Política se colige la potestad, poder-deber, de la Asamblea Legislativa, de consultar a entes gremiales del sector privado, las leyes que pudiesen afectarlos. El hecho de no haber sido consultados sobre una ley, que no es de alcance general, sino que afecta solo a quienes desarrollan ese giro mercantil vinculado a la colocación de créditos, impacta sobre la validez, eficacia, transparencia y oponibilidad de dicho acuerdo normativo. 2) Consideran que el artículo 36 bis lesiona el principio de razonabilidad. Señalan que el estudio pericial aportado, concluye que la ley aprobada es ruinosa, pero que podría dejar de serlo si se permitiera imputar comisiones o cobros adicionales que reconozcan que los gastos asociados a la venta para recuperación de piezas en abandono representan, en promedio, un 25% de la estructura de costos de las casas de empeño. El artículo 36 bis es el que limita la tasa de interés e introduce la consecuencia penal por el eventual incumplimiento del predicado jurídico. Aducen que, en nuestra Constitución Política, el principio de razonabilidad se encuentra establecido en los artículos 24, 28, 41, 74 y 173, inc. 3. Existen varias pruebas que se han desarrollado para determinar si se está o no frente a un acto o una conducta irrazonable. Siguiendo en este punto a la doctrina alemana, estiman que el primer presupuesto de legitimidad está ausente, pues el objeto de la ley no es lícito. La ley tiene vicios de juridicidad en cuanto a su perfil teleológico, pues interfiere en el ámbito de libertad de los administrados y regula de manera ruinosa y abusiva una actividad comercial lícita. En segundo término, en relación con la necesidad, no hay ninguna de limitar la tasa de interés de las casas de empeño, pues históricamente ha sido un giro mercantil que satisface tanto al empresario privado como al particular que busca el servicio. Tal vez era necesario regular el interés de las tarjetas de crédito, pero ese es un tema ajeno a ellos. En este caso lo que hubo no fue una necesidad, sino una desviación y exabrupto del Poder Legislativo, al no excluir este tipo de negocios de las regulaciones de esa ley. Agregan que, tampoco se constata la idoneidad, pues si lo que se pretendía era regular las tasas de interés para proteger al consumidor, lo que ha logrado es excluirlos del mercado financiero y empujar ese sector no bancarizado hacia los prestamistas informales, que cobran tasas del 100% mensual y que ante el no pago acuden a las vías de hecho. En general, dentro de los principales usuarios de los servicios de las casas de empeño se encuentra el sector de bajos ingresos de la población que no cuenta con un salario fijo y tiene dificultades para acceder a otros servicios financieros. Hay estudios que demuestran que la población “millennial” también acude a las casas de empeño para financiar desde el pago de estudios hasta vacaciones. Es claro, entonces, que la norma pone en riesgo dos sectores claramente vulnerables: la juventud y el grupo de menores ingresos. Por otra parte, la medida adoptada de poner una tasa tope para microcréditos de cerca del 53% anual es desproporcionada, pues se pudo haber logrado un equilibrio entre la voluntad política de poner tope a las tasas de interés y la sostenibilidad de la actividad de las casas de empeño, sea no incluyéndolas o permitiéndoles cobrar por aparte los montos correspondientes a seguros, bodegaje y gastos de formalización. 3) Señalan como tercer motivo de inconstitucionalidad, que también se lesiona el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica, que pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos, efectuados por las autoridades, pues sus representados han incurrido en onerosas inversiones para poder lograr el aval estatal y municipal de sus actividades, y la ley impugnada pone en juego su patrimonio y expectativas legítimas. 4) Como cuarto motivo de inconstitucionalidad, señalan la lesión a los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política. Refieren que las libertades públicas son la traducción en el ordenamiento jurídico de lo que una sociedad considera deben ser los derechos de una persona. Refieren que se lesiona la libertad de comercio, que en sí misma implica un menoscabo a la propiedad privada y el pleno intercambio de bienes y servicios lícitos, que llevará a la quiebra los negocios comerciales de sus representados. Cuestiona el establecimiento de una tasa de interés que puedan cobrar las casas de empeño, sin estudios técnicos, sin consultarles ni conocer las particularidades de su negocio, que no requería de habilitación estatal alguna como los bancos y entidades financieras, solo una licencia municipal. De esta manera, se les coarta la posibilidad de auto determinar su rumbo económico. 5) Señalan que también resultan lesionados los derechos humanos de segunda y tercera generación y con ello el artículo 50 constitucional. En el caso bajo estudio se violenta esencialmente el derecho de desarrollo económico del cual son titulares los actores y todas las personas que de manera directa o indirecta se verán afectadas con la erradicación de la actividad aludida. Refieren como lesionados el derecho al trabajo, a un ingreso digno, a la vivienda y otros más que se verán perjudicados como típicos derechos de pasaje. Los actores hacen énfasis en que, según dicen, históricamente, ha sido este giro de negocios el que ha prestado auxilio a este sector no bancarizado de la población; con la desaparición de estos negocios, ese sector quedará en abandono. Indican que la ley impugnada impone restricciones sin sentido y tutela, no el interés público, sino el interés del gobierno de turno de hacer prevalecer una visión ideológica sesgada. Asimismo, refieren que se incumple con el principio de igualdad afirmativa extraída de una lectura armónica de los artículos 51, 55 y 71 del mismo instrumento normativo. Afirman que, de no contar con sus servicios, el sector vulnerable que constituye su mercado, no lograría completar tres comidas al día, pues no tiene acceso a otros instrumentos de financiamiento lícitos. En la gran mayoría de casos, los créditos que este sector otorga no exceden los treinta mil colones. No hay otras entidades financieras que atiendan a esta población vulnerable y en riesgo social. Sostienen que se lesiona también el derecho al desarrollo, cuyo fundamento está en la dignidad humana. Este derecho está reconocido de manera directa e implícita en las declaraciones internacionales de derechos humanos, a través del reconocimiento del derecho a la igualdad, la libertad y la libre autodeterminación de los pueblos. De este derecho se deriva el deber del Estado de crear condiciones que favorezcan el derecho al desarrollo, adoptar medidas individuales o colectivas, que ayuden al desarrollo nacional e internacional. En la especie, este precepto se ve quebrantado con la inercia de los frentes públicos, que no han garantizado a la población vulnerable descrita, el acceso al crédito. Se lesiona entonces, tanto el derecho al desarrollo como el derecho a la protección estatal. 6) Como sexto motivo de inconstitucionalidad, reclaman la creación de tipos penales objetivos. Indican que, los nuevos artículos 53 y 63 del Código Penal, crean tipos penales objetivos. En la sentencia n.° 2856-1994 (acción interpuesta contra los artículos 22, 27 y 29 de la Ley n.° 6122 del 17 de noviembre de 1977, "Ley para Garantizar al País Mayor Seguridad y Orden"), la Sala Constitucional indicó que una ley nunca podía crear un régimen de responsabilidad penal objetivo, en contravención al artículo 39 constitucional. Es claro entonces, que la construcción jurídico penal que introduce esta ley es inconstitucional desde su raíz, lo que se extiende a los artículos 36 bis, 53 y 63, en cuanto crean un tipo penal objetivo. Manifiestan los accionantes que, en caso de que la Sala decida rechazar esta acción, solicitan como pretensión subsidiaria, que se interprete que la ley no aplica a las casas de empeño o que, de aplicarles, pueden cobrar por aparte seguros, gastos de bodegaje y gastos de formalización, por no ser costos financieros en los términos del artículo 36 bis de la Ley n.° 7472. Sostienen que la Sala Constitucional ha incorporado como criterio de interpretación el principio de la aplicación de la norma más favorable, al sentenciar que los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tiene “un valor similar a la Constitución Política” y, además, “en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución”. Este principio de la aplicación de la norma más favorable está íntimamente ligado con el pro libertatis y pro persona. De acuerdo con el primer principio, los derechos fundamentales deben interpretarse extensivamente en todo aquello que resulte favorable al ser humano y, restrictivamente, en todo lo que lo limite. Por su parte, según el principio pro persona, el derecho fundamental debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a la persona. Este principio está incorporado en varios tratados internacional de derechos humanos, a saber: artículo 29, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, entre otros. Agregan que, el principio pro homine constituye una regla general del derecho de los derechos humanos, mediante al cual, vía interpretación o adecuación normativa, se busca asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona.
15.- Por escrito remitido a esta Sala el 22 de diciembre de 2020, se apersona Sonia Janet Gallón Ramírez, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de José Julián Cardona Valencia, y solicita tener a su representado como coadyuvante activo en este proceso de la acción interpuesta por la Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño. Aduce que su representado es propietario/patentado de dos almacenes de la franquicia de locales de compraventas y casas de empeño denominados "Prestafull", ubicados en Puntarenas y San Rafael de Desamparados, negocio que implementó desde hace aproximadamente 10 años. Por ello, considera que se le han violentado derechos y principios constitucionales a partir de la creación del artículo 36 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, a través de la reforma incluida mediante Ley n.° 9859, lo que le otorga un interés legítimo para coadyuvar en el presente proceso, de acuerdo con lo que establece el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Estima lesionados el derecho a la libertad empresarial, al trabajo, a la propiedad privada, y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Aclara que el interés de su representado a través de esta coadyuvancia, no es que se declare inconstitucional el límite de la tasa de interés establecida por la reforma, su interés es que se declare inconstitucional el hecho que se impida cobrar independientemente "otros costos", los llamados costos de operación, lo cual al obligar al empresario a asumir los mismos, hace inviable y no rentable la actividad comercial, vaciando de contenido -en la práctica- el derecho a la libre empresa establecido en el artículo 46 de nuestra Constitución Política. Reitera los alegatos de la accionante Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño. Aduce que, en este caso, la nueva regulación aprobada por la Asamblea Legislativa (artículo 36 bis), al establecer que deben estar contenidos dentro de la tasa de interés, otros costos, comisiones, gastos o multas, hace no rentable la actividad comercial implementada desde hace aproximadamente 10 años. Es imposible incluir dentro de la tasa de interés a cobrar los costos operativos, comisiones y otros gastos aparejados a la actividad sin pasarse del límite establecido, cuando, por ejemplo, solo la comisión bancaria por uso de tarjeta de crédito cobrada al comercio asciende al porcentaje de 2.5%, pide que se tome en cuenta que, actualmente, la tasa de interés que se puede cobrar en el caso de los microcréditos es del 4,43% mensual (53.18 % anual). Trae a colación el caso de países como España y Estados Unidos. Por ejemplo, en este último, las casas de empeño (pawn shop) les permiten cobrar un interés más alto para cubrir los gastos operativos y, en el caso de España les permiten cobrar por aparte el bodegaje. Para ejemplificar el daño que han venido a provocar las nuevas regulaciones contenidas en la reforma indicada, realizan un ejercicio de asignación de costos operativos para un contrato de ¢60,000 con ingresos por comisiones al 4,4% y un contrato de ¢60,000 con ingresos por comisiones al 10% anteriormente utilizada. En el cuadro adjunto, evidencian que, en el caso de los contratos en donde el porcentaje cobrado era el 10%, luego de los primeros 3 meses, que es el tiempo de maduración del mismo, se podría obtener en el local ubicado en San Rafael de Desamparados una utilidad de ¢7.919,08 y, en el local de Puntarenas una utilidad de ¢7.337,46. Ahora bien, con la reforma en cuestión, en el caso del local de Desamparados se obtiene una pérdida de ¢2.160,92 y en el local de Puntarenas una pérdida de ¢2.742,54. Así, se puede observar que, si en la operatividad hay pérdida, es imposible que el negocio tenga capital para poder reinvertir y generar operación a futuro. Lo indicado anteriormente demuestra que, la obligación de incluir dentro de la tasa de interés a cobrar un almacén a un cliente, vacía de contenido el núcleo esencial de la libertad empresarial contenida en el artículo 46 constitucional, por cuanto al tener la empresa -ahora- que asumir los costos operativos, comisiones y otros gastos en razón de la imposibilidad de incluirlos en la tasa de interés a cobrar, hace que su negocio no sea rentable e imposible de obtener el lucro razonable del que habla el tratadista Hernández, que se espera obtener cuando se emprende cualquier actividad empresarial. En el caso de su representado, ha llevado a cabo una actividad comercial rentable durante aproximadamente 10 años y, de un momento a otro, producto de restricciones incluidas en las reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en el mes de julio de 2020, ha visto seriamente afectada la renta obtenida de la misma, obligándole a realizar fuertes reestructuraciones a nivel de empresa, con el fin de evitar un mayor daño económico. Las nuevas restricciones impuestas han impedido producir con apego a cánones de eficiencia y márgenes de utilidad razonables, suprimiendo así el contenido esencial del derecho a la libertad empresarial. Con fundamento en lo anterior, se concluye que la reforma del artículo 36 bis introducida a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, violenta la libertad empresarial contenida en el artículo 46 de nuestra Constitución Política, por cuanto afecta el núcleo esencial del derecho, al minimizar al punto de hacer la actividad comercial inviable el lucro a obtener de la misma; al estar esta libertad indisolublemente ligada a las garantías constitucionales de la propiedad privada y de la libertad al trabajo, por cuanto cualquier forma de propiedad que sea objeto de explotación es una empresa y, consecuentemente, medio de expresión de la iniciativa privada que, a su vez, se sustenta en la libertad de trabajo, estas también son violentadas por tales reformas. Señala que, en este caso entiende que el objetivo de las reformas fue poner tope a la tasa de interés que se cobraba en el sector financiero y privado a las personas que acudían a solicitar un préstamo, independientemente de la modalidad o tipo del mismo. Esto se legitima, a su vez, por la situación económica que atraviesa el país y que impacta directamente las finanzas de los costarricenses, quienes en los últimos años han tenido que recurrir a los préstamos rápidos para poder obtener liquidez, ya sea por encarecimiento del costo de la vida, por falta de trabajo o disminución de ingresos. Sin embargo, aquí es donde se debe entrar a ponderar los intereses y derechos involucrados y, analizar la razonabilidad y proporcionalidad de las reformas que se pretenden realizar. Muy discutido fue el impacto negativo que tuvieron las reformas tanto para quien presta como para los consumidores financieros, impacto que fue notorio y al que se le dio mucha publicidad a nivel de medios, pidiendo los actores principales que se reformaran de manera urgente los artículos adicionados, cosa que al final sucedió parcialmente. En el caso particular de las compraventas y casas de empeño, no se midió por parte de quienes formulan las leyes el impacto negativo que iba a traer consigo en su actividad comercial, haciendo incluso inviable desde el punto de vista comercial el negocio, por las razones antes indicadas. Se pretendió solucionar un problema afectando de manera desproporcionada e irracional el derecho y libertad a la libre empresa de quienes están en el negocio, porque se vacía de contenido el derecho mismo: hace inviable el negocio por la afectación real en las ganancias generadas, impidiendo la consecución de un lucro razonable. Lo anterior hace que el artículo 36 bis que se cuestiona parcialmente a través de esta coadyuvancia, adolezca de irrazonabilidad jurídica, en virtud de que no se adecúa en su totalidad a la Constitución cuando claramente viola derechos y libertades por ella consagrados (libertad empresarial, trabajo y propiedad privada); irrazonabìlidad en los efectos, al imponer a los derechos, limitaciones que impiden su ejercicio de la forma en que la Constitución lo protege y para el que fueron en su momento concebidos por el constituyente. La libertad de empresa se encuentra protegida constitucionalmente, al reconocer la importancia de la misma, no solo para las personas (físicas o jurídicas), sino también para la sociedad, al ser motor para la generación de la riqueza de la misma y del país en general. Además de irrazonable, la reforma introducida a través del artículo 36 bis, resulta desproporcionada al vaciarse el contenido del derecho a la libre empresa. Las personas (físicas o jurídicas) dedicadas al negocio no experimentan ganancias o un lucro razonable, provocando que, ante la pérdida de rentabilidad, se tome la decisión de cerrar el negocio, lo que al final provocará un daño directo a los usuarios habituales de las compraventas y casas de empeño, se les imposibilita un fácil acceso del dinero que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación hace desproporcional la reforma, porque el fin que originalmente se persiguió (evitar los abusos en el cobro de tasas de intereses) no se cumplirá, desde el momento en que los negocios desaparezcan ante la nula rentabilidad y los clientes no tengan dónde acceder para solicitar el dinero que necesitan, provocando una insatisfacción del sentido común jurídico de la comunidad. Finalmente, hacen ver a los honorables miembros de ese Tribunal Constitucional, que las compraventas y casas de empeño han venido a solucionar un problema que se ha presentado siempre: acceso rápido al crédito a aquellas personas que, por una u otra razón, no pueden acceder al sistema bancario para la obtención del mismo, hay un mercado de clientes (clase media baja-baja) que constantemente necesita de algún tipo de ayuda económica que no requiera mayores requisitos o tiempo de espera (como en los bancos). Es una constante y, por lo tanto, una constante también de ingresos al negocio de las compraventas y las casas de empeño. Tanto para los consumidores de este servicio como para los proveedores, significa un confiable medio de subsistencia. Aduce que, aporta prueba de que las pérdidas para los almacenes son reales y cuantificables, obligándoles a sus propietarios, como es el caso de su representado, a realizar una reestructuración profunda del negocio, generando más desempleo (recorte de gastos) y haciendo menos eficiente el negocio en sí, ya que se han tenido que despedir empleados vulnerando la seguridad del establecimiento del comercio y, además de no prestar un servicio adecuado al cliente, en el caso concreto de los dos almacenes de su representado, se han tenido que despedir 3 empleados. De acuerdo con la prueba aportada, en octubre de 2019, los dos almacenes propiedad de su representado tuvieron ganancias de ¢6.326.315,00, para el mes de octubre de 2020 (aplicando las reformas) los ingresos bajaron a ¢2.648.674,26, experimentando un descenso en los mismos del 4l.86%. En un corto plazo, la actividad comercial será totalmente inviable desde el punto de vista de costo-beneficio de la misma, no solo por la disminución en los ingresos ya descrita y demostrada, sino porque cada almacén deberá asumir, además de los gastos operativos ya indicados, el costo de un oficial de cumplimiento (o persona enlace) por exigencia de la SUGEF que deberá permanecer en los locales mientras estos estén abiertos al público (Reglamento para la prevención del riesgo de Lavado de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, Acuerdo SUGEF 13-19-) y, se obligará a los mismos -locales- a aceptar el pago de clientes a través de tarjeta de crédito (artículos 32, 34 y 44-Bis, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley n.° 7472, en relación al tema de Tarjetas de Crédito y Débito y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito), en cuyo caso las entidades financieras cobrarán comisiones -por su uso- a los almacenes. Estos gastos no se incluyen en los ejercicios, puesto que no son asumidos actualmente; sin embargo, en los próximos meses sí deberán asumirse, agravando aún más la situación de los negocios. Señala que la Ley de Garantías Mobiliarias, tomando en cuenta la actividad empresarial que desarrollan los almacenes y su operatividad, sí permite expresamente incluir dentro de los costos que se cobran a los clientes, los gastos operativos originados en la actividad comercial, con el único fin de no afectar la operatividad del negocio. Desconoce por qué no se tomó en cuenta el análisis que, en su momento se hizo cuando se creó la Ley de Garantías Mobiliarias, para cuando se idearon y aprobaron esas reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y, concretamente, la del artículo 36 bis. Refiere que el artículo 5 inciso 21) de la Ley establece que las obligaciones garantizadas mediante la figura de la garantía mobiliaria cubrirán, además de la suma principal del préstamo debido, (a) los intereses corrientes y moratorios, (b) las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado de acuerdo al contrato de garantía, (c) los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la guarda y custodia de los bienes en garantía, (d) los gastos en que incurra el acreedor garantizado con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía (típico costo el avalúo), (c) los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación garantizada y/o el contrato de garantía, y (d) la liquidación convencional de daños y perjuicios cuando haya sido pactada. Adicionalmente, el artículo 15 de la misma establece la obligación para el deudor de (1) contratar un seguro adecuado sobre los bienes en garantía contra destrucción, pérdida o daño a favor del acreedor garantizado, de no existir tal acuerdo, el deudor garante asume el riesgo de pérdida o daño de los bienes dados en garantía y, (2) pagar todos los costos, gastos e impuestos relacionados con los bienes dados en garantía, entre otras obligaciones. En el caso de las compraventas y casas de empeño, el bodegaje es un típico gasto en que incurre el acreedor para custodiar los artículos dados en garantía, por lo que la ley expresamente autoriza su cobro. El seguro, por su parte, es un costo que también debe asumir quien empeña, de acuerdo con la misma ley y, el avalúo también es un costo de la operación, por lo que esos rubros están claramente autorizados para su cobro al deudor en la Ley de Garantías Mobiliarias. Con lo anterior, se pretende hacer ver que, en esa ley se reconoció y protegió la naturaleza y operación de la actividad comercial que su representado desarrolla y, en su momento se propuso ampliar las posibilidades de crédito para quienes no podían acceder a las opciones convencionales, sin menoscabar o desconocer el contenido del derecho a la libertad de empresa de los propietarios de los almacenes, situación que sí sucede con la reforma aquí cuestionada de inconstitucionalidad. Se trató de dar respuesta a una necesidad que se presentaba, sin socavar el derecho de otros, realizándose un ejercicio respetuoso de protección de derechos, libertades e intereses de unos y otros. Con base en todo lo anterior, concluye que el artículo 36 bis adicionado a la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, mediante la Ley n.° 9859, es inconstitucional por vulnerar la libertad empresarial contenida en el artículo 46 de nuestra Constitución Política, en cuanto afecta el núcleo esencial del derecho, al minimizar, al punto de hacer la actividad comercial inviable, el lucro a obtener de la misma. Asimismo, vulnera las garantías constitucionales de la propiedad privada y de la libertad al trabajo, por las razones indicadas. Finalmente, resulta inconstitucional porque violenta los principios de proporcionalidad y racionalidad.
16.- Por escrito remitido a esta Sala el 25 de marzo de 2021, se apersona Julio Castilla Peláez, en su condición de apoderado con facultades suficientes de este acto de la Asociación Cámara de Comercio, y solicita tener a su representada como coadyuvante activo en este proceso, de la acción interpuesta por la Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño. Refiere que la Cámara de Comercio de Costa Rica es una entidad de base asociativa que presenta un carácter corporativo que actúa en la defensa de intereses difusos y colectivos de sus agremiados. La Cámara de Comercio de Costa Rica, en adelante CCCR, es una asociación privada sin fines de lucro, debidamente inscrita y vigente en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional bajo la cédula de persona jurídica número 3-002-042022. La CCCR está conformada por empresas que participan en actividades relacionadas con el comercio. Dentro de sus fines se encuentran: -Proponer y apoyar las iniciativas que tiendan al desarrollo y progreso del comercio y del país en general; -Velar porque las leyes y disposiciones gubernamentales que se emitan, estimulen y fortalezcan el sistema de libre empresa; -Defender los principios de libertad y democracia consagrados en la Constitución Política y en el marco de esos principios, salvaguardar y fortalecer los legítimos intereses del comercio y la libre empresa. La Cámara fue fundada en el año 1915 y actualmente está integrada por más de 800 miembros. Regularmente, la CCCR brinda asesoría y apoyo a sus asociados a través de múltiples actividades, tales como asesora legislativa y económica, capacitaciones, entre otras más. El involucramiento de la CCCR ha sido crucial para mejorar la condición de sus asociados y del desarrollo económico del país. Cada vez que se pretende aprobar una nueva norma que pueda afectar directa o indirectamente a los asociados de la Cámara, o que se emitan actos administrativos irrespetuosos de los principios de legalidad y de reserva de ley, la Cámara asume un rol activo en la protección de los intereses de sus asociados, lo cual involucra hacer recomendaciones de mejora e, incluso, impugnar en vía administrativa o judicial, las decisiones tomadas por los poderes del Estado. Al igual que la Asociación Costarricense de Propietarios de Compraventas y Casas de Empeño, la Cámara de Comercio cuenta con un interés en defender a sus miembros y del sector comercio que se están viendo seriamente afectados sus intereses, en virtud de la promulgación de las normas impugnadas. Por tales motivos, se cuenta con un interés legítimo para formular una coadyuvancia, particularmente a la luz de la resolución de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad dictada mediante voto número 2020-23253. Indica que las normas impugnadas con la acción de inconstitucionalidad, -artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; 36 Ter, los párrafos quinto y sexto; del articulo 53 el inciso g): todos de la Ley 7472, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, reformados por la ley número 9859, publicada en el alcance número 150 a La Gaceta número 147 del sábado 20 de junio de 2020, tiene repercusiones directas e inmediatas en sus agremiados y les ha generado una afectación económica sustancial, como se demuestra en el informe financiero adjunto a este escrito. Advierte que, para el momento procesal en que se acumuló la acción 20-19644-0007-CO a este expediente, ya se había cursado la acción únicamente contra el artículo 44 ter y había transcurrido un mes desde la publicación del mismo, por lo que, en ningún momento se ha dado aviso en el Boletín Judicial sobre la impugnación de los artículos 36 bis, 36 ter párrafo cuarto, 53 párrafo in fine, 63 primer y segundo párrafo y 44 bis de la Ley No. 7472, reformado; por la Ley n.° 9859. Desde esta perspectiva, considera que es posible formular en esta etapa una coadyuvancia sobre los artículos 36 bis, 36 ter párrafo cuarto, 53 párrafo in fine, 63 primer y segundo párrafo y 44 bis de la Ley n.° 7472, dado que, técnicamente, a la fecha no se ha conferido el plazo del artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para referirse a estos numerales. En otras palabras, debe admitirse la coadyuvancia, dado que el plazo que en su momento se otorgó a terceros, fue únicamente para presentar coadyuvancias en relación con el artículo 44 ter de la Ley n.° 7472 – ya que para la fecha del aviso no se había cursado la otra acción- y en ningún momento se emitió la publicación de ley que contuviera el resto del clausulado que luego fue impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad de la Asociación de Casas de Empeño. Refiere que, en el caso concreto, la normativa impugnada ha tenido como efecto la exclusión financiera, detonada por la reducción de las tasas de interés y, consecuentemente, un aumento en la rigurosidad de los parámetros de riesgo por parte de los emisores de tarjetas de crédito, lo que implicó, que muchos costarricenses ya no puedan acceder a adquirir tarjeta de este tipo, por lo que su capacidad de consumo se contrajo. Además de otras consecuencias, como el aumento del crédito en mercados informales y demás. Esta reducción del consumo afectó a todos los sectores de la economía, siendo el sector comercial uno de los más golpeados. Como se acredita en el informe financiero adjunto, se puede estimar que el volumen de transacciones perdidas por la exclusión mencionada alcanza los 543 mil millones de colones. De los cuales sólo el 80% corresponde a transacciones realizadas en el comercio. Además, ese monto de transacciones en el comercio, es igual a 407 mil millones de colones y equivalente a 1,2% del producto interno bruto (PIB) del país. De este se estima que el 68% será repuesto con algún otro medio de pago, mientras que el 32% restante se perderá por completo de la economía. Asimismo, se puede estimar que la pérdida en el volumen de ventas en el sector comercial equivale a 139 mil millones de colones y es equivalente al 5% del total de la producción comercial total anual. Por otra parte, también se estima que 161 comercios han tenido que cerrar como efecto de la normativa impugnada, al igual que se estima una pérdida de 11,633 puestos de trabajo en el sector comercial. Al sumar las diferentes afectaciones al comercio, se alcanza un monto total de 149.800 millones de colones, que equivale al 0,42% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2020. Monto que sin duda es relevante para el sector, y aún más en las condiciones actuales de la economía nacional. De todas estas cifras, se colige con meridiana claridad, que la normativa impugnada tiene un efecto que atenta contra el contenido esencial de la libertad de comercio, puesto que afecta el derecho a realizar una actividad comercial, al introducir nuevas regulaciones que perjudicaron sustancialmente el tráfico mercantil como consecuencia de la exclusión financiera que, incluso ha generado cierres de establecimientos comerciales. Aduce que, si bien, el ejercido de la libertad de comercio implica que, una vez escogida la actividad a la que se desea dedicar, la persona -física o jurídica- debe someterse al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios previstos en el ordenamiento jurídico, cuando esos requisitos son desproporcionados e irrazonables, se está imponiendo una limitación arbitraria a la libertad de comercio. Las normas impugnadas, en el fondo, con sus efectos de exclusión financiera, también conllevan una reducción de los agentes económicos que van a poder comercializar productos, con una reducción de la competencia, con lo cual se ven afectados los consumidores o usuarios que gozan de una especial protección constitucional. En este caso, la tasa máxima de interés resulta irrazonable y desproporcionada, dado que, lejos de proteger a los sectores más vulnerables, termina más bien generando un efecto de exclusión del acceso al crédito que afecta al comercio. Pese a lo loable del objetivo perseguido con la reforma de cita, los artículos impugnados resultan abiertamente inconstitucionales, dado que fueron adoptados bajo un criterio arbitrario, sin ningún sustento técnico o financiero y están generando la expulsión de miles de costarricenses del sistema financiero y, por otra parte, pérdidas económicas graves a los empresarios y comerciantes quienes han perdido sus clientes y han tenido que cerrar sus negocios, reduciendo la competencia en el mercado. Aunado a lo anterior, la realidad del mundo a partir de la pandemia de la covid-19, ha venido incluso a intensificar los efectos negativos de la Ley n.° 9859, llevando a muchos negocios al cese completo de sus actividades. Indica que la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas exige considerar, no solo la ratio normativa, su razón de ser, sino, además, la realidad social, económica y política sobre la cual se encuentra inmersa y produce sus efectos y, en este caso, atendiendo a ambos elementos, es que se considera que la reforma que introdujo la Ley n.° 9859 es desproporcionada e irrazonable. Considera que en este caso se lesiona la libertad de contratación y de comercio, puesto que, se define en forma arbitraria una limitación a la libertad de los bancos y sus clientes en convenir contratos de crédito, con base en una tasa máxima que no tiene ningún sustento técnico. Si bien, el ejercicio de esta libertad implica que, una vez escogida la actividad a la que se desea dedicar, la persona -física o jurídica- debe someterse al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios previstos en el ordenamiento jurídico, cuando esos requisitos son desproporcionados e irrazonables, se está imponiendo una limitación arbitraria a la libertad de comercio, que vacía su contenido esencial. Estima que se produce una violación al principio de igualdad ante la ley, pues se ha tratado como iguales a los desiguales. Es necesario que, si la actividad es diferente, maneja un riesgo diferente, debía también ser diferente el interés previsto para la actividad. La ley debió distinguir entre las diferentes operaciones comerciales: créditos para vivienda, para consumo como para automóviles, para industrias, para comercio para las pequeñas y medianas empresas, operaciones hipotecarias, prendarias, etcétera. Pues la variable precio (tasa) es altamente sensible tanto al riesgo como al costo; sobre todo por el gasto unitario que implica. Las tasas crediticias no pueden ser iguales para actividades crediticias totalmente diferentes. Las condiciones de una determinada operación de crédito, pueden causar una tasa alta por los mayores costos y por el mayor riesgo. Pero, para otro tipo de crédito, los costos pueden ser menores y el riesgo menor, de manera que la tasa puede ser más baja. Cada uno presenta características propias, pues sus riesgos y costos son muy diferentes. El Banco Central lo advirtió expresamente. El artículo 36 bis, establece el tope de la tasa de interés tomando en cuenta promedios del mercado del grupo "Otras Sociedades de Depósito" definido por el Banco Central, sin considerar las particularidades y características de cada uno de los actores que son afectados por esa tasa; hecho que causa un efecto discriminatorio por apartarse de los principios técnicos fundamentales en materia de financiación y crédito. La tasa de usura debió distinguir los diferentes productos, para no generar exclusión financiera. El artículo 36 bis impugnado, aplica los mismos límites a las diferentes actividades económicas y crediticias en que serían aplicables. Sin embargo, ese tratamiento igualitario es discriminatorio, pues trata de manera semejante a personas que ejercen actividades que están en situaciones diferentes, con riesgos diferentes, para que exista el componente técnico y razonable en la norma. Es necesario que los topes de los intereses que cobran las empresas, en sus actividades comerciales, sean calculados de acuerdo con sus propios costos de operación y el riesgo involucrado en el ejercicio de cada actividad en particular. Solicita que sea admitida la coadyuvancia y se declaren nulos e inconstitucionales los artículos 36 bis, párrafos segundo, tercero, quinto, sétimo, octavo y noveno; del art. 36 Ter, los párrafos quinto y sexto; del artículo 53 el inciso g): todos de la Ley 7472, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, reformados por la ley número 9859, publicada en el alcance número 150 a La Gaceta número 147 del sábado 20 de junio de 2020. Como petición subsidiaria, en caso de no admitirse la coadyuvancia para trámite, se tenga por incorporada en carácter de prueba para mejor resolver, la información financiera incorporada al expediente en este acto.
17.- Por razones de oportunidad y conveniencia procesal para la debida celeridad de ambos procesos, por resolución n.° 2021-7391 de las 9:15 horas del 14 de abril de 2021, se dispuso la desacumulación ordenada en la resolución n.° 2020-023253 de las 9:10 horas del 2 de diciembre de 2020, para que ese proceso pueda continuar su trámite bajo el número de expediente inicial, donde se resolverá todo lo relativo a la misma, incluso las solicitudes de coadyuvancia planteadas respecto a esa acción. En consecuencia, se ordenó el desglose de los escritos agregados a los autos el 22 de diciembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021, remitidos por su orden, a favor de José Julián Cardona Valencia y de la Asociación Cámara de Comercio, y agregarlos al expediente n.° 20-016944-0007-CO para que ahí sean resueltos como corresponda.
18.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
19.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En un primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En los párrafos segundo y tercero, de manera excepcional contempla la ley presupuestos, en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien, cuando sea formulada en forma directa por el Contralor (a) General de la República, el Procurador (a) General de la República, el Fiscal (a) General de la República y el Defensor (a) de los Habitantes. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de un asunto previo pendiente de resolver en sede administrativa, es necesario que se trate del procedimiento que agote la vía administrativa, que, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, es a partir del momento en que se interponen los recursos ordinarios ante el superior jerarca del órgano que dictó el acto final, pues de lo contrario, la acción resultaría inadmisible. Asimismo, existen otras formalidades que deben ser satisfechas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser aportados por la parte accionante, pueden ser prevenidos para su cumplimiento por la Presidencia de la Sala.
II.- Sobre la legitimación de la accionante. La parte accionante fundamenta su legitimación para acudir de forma directa a interponer este proceso en la existencia de intereses difusos en su condición de consumidora, toda vez que considera lesionados sus derechos y los de toda persona cuyos ingresos no superen el mínimo legal, de poder ser considerados como sujetos de crédito por sus ingresos, y de poder adquirir una vivienda digna. Sobre este tema, la Sala ha precisado lo siguiente:
“SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE Y SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se hace. En este caso, el accionante aduce que su legitimación proviene de la defensa de intereses difusos e intereses corporativos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En relación con la legitimación, la Sala Constitucional ha manifestado que puede definirse como aquella relación de causa-efecto entre lo que se pretende (objeto de la acción/juicio) y quien lo pretende (accionante/demandante), que la Ley exige como requisito para poder examinar el fondo de un asunto. El supuesto contenido en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se refiere a la legitimación que podemos llamar indirecta, es decir, aquella que deriva del asunto previo donde se está aplicando la o las normas que luego se impugnan en la acción. Por ello se dice que la acción de inconstitucionalidad tiene naturaleza incidental, y debe constituir medio razonable para amparar el derecho que se estima lesionado en el asunto principal. El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece otro tipo de legitimación, que se ha llamado directa. Es aquella que no requiere de un asunto previo donde se esté aplicando la norma impugnada y que se traduce en tres supuestos concretos: que por la naturaleza del asunto no exista posibilidad de lesión individual y directa, que se trate de la defensa de intereses difusos o de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. En estos supuestos, las circunstancias especiales del asunto (que deberán examinarse en cada caso concreto) hacen que la relación causa-efecto entre el accionante y el objeto de su pretensión sea más tenue, lo que lo autoriza a interponer la acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de resolución. En este caso, la acción adolece de un requisito formal, cuál es el pago del timbre del Colegio de Abogados correspondiente a la autenticación de la firma del accionante. No obstante, por razones de economía procesal, no se hace la prevención que disponen los artículos 78 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
…III.- SOBRE LOS INTERESES LOS INTERESES DIFUSOS Y LOS QUE ATAÑEN A LA COLECTIVIDAD EN SU CONJUNTO. En segundo término, como sustento de la legitimación, el actor alega la defensa de intereses difusos. De la lectura del memorial de interposición de la acción, es evidente que al actor confunde lo que son intereses difusos e intereses colectivos, pues en un punto del escrito de interposición, señala que le asiste legitimación por defensa de los primeros y, más adelante, se refiere a esos intereses como colectivos. Sobre el interés difuso, se ha sido entendido como aquel interés personal relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general y/o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de esa agrupación puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. La sentencia No. 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos, así como la sentencia No. 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999:
"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo. Si bien no hay una lista taxativa, la Sala Constitucional ha identificado diversos derechos que gozan de tales características, como el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. Es evidente que el derecho que reclama el accionante en este caso, no encuadra dentro de los supuestos mencionados...” (Sentencia n.° 2020-20839 de las 9:20 horas del 28 de octubre de 2020). El énfasis no es del original.
En materia de protección al consumidor, la Sala también ha aclarado cuándo se está frente a la existencia de un interés difuso o no:
“III.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DIRECTA DE LA ACCIONANTE. La parte accionante también alega, para efectos de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, la defensa de intereses difusos, en particular, en protección de los derechos e intereses de los consumidores o usuarios.
Lo anterior exige disgregar las distintas normas impugnadas en la presente acción, en tanto que se cuestionan varias disposiciones normativas de muy diverso contendido. Se cuestiona, en primer lugar, el artículo 44, inciso u), del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la ARESEP, por cuanto, se alega que se infringe el principio de reserva de ley al delegarse, mediante una norma de rango reglamentario, una potestad de imperio sancionatoria en el Director General de Mercados de la SUTEL. Se impugna, también, el numeral 67 de la Ley General de Telecomunicaciones, en su inciso a), subinciso 7), y en su inciso b), subincisos 3) y 11), en que se establecen las infracción muy graves o graves en materia de telecomunicaciones, por estimar que se conculcan los principios de tipicidad y de proporcionalidad de las sanciones. Respecto de tales disposiciones normativas en específico, la parte accionante no formula alegato o reparo alguno por presunta infracción a los derechos o intereses de los consumidores o usuarios. Es evidente que tales normas se impugnan únicamente en cuanto pueden resultar de aplicación en el procedimiento administrativo sancionatorio tramitado en contra de la parte accionante por presunta infracción a sus obligaciones como operadora de servicios de telecomunicaciones, sea, se está accionando en resguardo de un interés notoriamente individual, claramente circunscrito al caso específico o singular de la parte accionante, quien pretende cuestionar el sustento normativo del procedimiento administrativo tramitado en su contra y de una eventual o posible sanción. De hecho, en razón del contenido de la normativa cuestionada y de los derechos que se acusan como infringidos, es patente que tal normativa podría dar origen a afectaciones individuales susceptibles de generar reclamos concretos, respecto de un grupo acotado de personas fácilmente determinables e identificables, esto es, respecto de aquellos operadores o prestadores de los servicios de telecomunicaciones a quienes se les tramite formal procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento de sus obligaciones en infracción de la normativa de telecomunicaciones. Por lo que no puede estimarse que el sub lite se esté en presencia de un supuesto de defensa de intereses difusos.
Por lo demás, la parte accionante también impugna el ordinal 43 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, que establece la obligación de los operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones en modalidad prepago de llevar un registro con la información básica de sus clientes. Respecto de tal numeral, la parte accionante realiza una serie de alegatos en el sentido que tal registro de información del cliente en servicios prepago en lugar de proteger al usuario final del servicio de telecomunicaciones podría, eventualmente, limitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de la generalidad de los usuarios y consumidores. En cuanto a este extremo de la acción, considera esta Sala que tampoco se está accionando en defensa de intereses difusos. En el sub judice, de la lectura integral del escrito de interposición se constata de forma diáfana que lo que motiva la formulación de esta acción es el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de la parte accionante. Sea, en el fondo, lejos de pretenderse una supuesta defensa de intereses difusos, en tutela de los derechos o intereses de un grupo no identificado de posibles consumidores o usuarios, se está accionando en resguardo de un interés individual, personal y específico, como lo es el interés de la propia parte accionante en concreto, a quien se le ha iniciado un procedimiento sancionatorio justamente por presunta infracción de las normas que cuestiona -incluso, en eventual contraposición o conflicto con los intereses o derechos de los consumidores o usuarios-. Esto es, no se actúa en defensa de un interés difuminado entre un grupo no determinable de personas, sino que se está accionando en resguardo de un interés individual, claramente delimitado al caso particular de la parte accionante, como producto de la aplicación concreta de la norma cuestionada en su caso específico. De allí que pretenda cuestionar el procedimiento sancionatorio iniciado en su contra.” (Sentencia n.° 2019-19588 de las 9:20 horas del 9 de octubre de 2019). El énfasis no es del original. Véanse en sentido similar las sentencias 2019-9192 de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2019 y 2006-15489 de las 17:10 horas del 25 de octubre de 2006.
En el sub examine, tal como se expuso supra, la parte accionante considera que le asiste legitimación directa por intereses difusos, por cuanto, en su condición de consumidora y en una especie de defensa a toda persona cuyos ingresos no superen el mínimo legal, la regulación impugnada les impide, merced a sus ingresos, ser considerados sujetos de crédito y poder así adquirir una vivienda digna. No obstante, según los precedentes señalados, tal supuesto no se configura en el sub iudice. Si bien, como refiere la accionante, podría existir un grupo de personas cuyos ingresos no superaran el mínimo legal, merced a lo cual no pudieran ser considerados sujetos de crédito ni eventualmente acceder a algún tipo de crédito para una vivienda, no menos cierto es que no se puede afirmar que la accionante acuda en protección de ese grupo por compartir necesariamente sus intereses, ya que no se demuestra ni evidencia que la norma impugnada produzca una afectación socialmente difuminada, toda vez que no todo integrante del grupo aludido por la parte accionante inexorablemente se encuentra en un estado de efectiva voluntad propia dirigida a acceder a créditos de este tipo y requerir deducciones de planilla a los efectos de un crédito para vivienda. De esta manera, se considera que la gestionante, en realidad, está accionando en resguardo de un interés individual, claramente delimitado en su situación particular, ante la necesidad propia de acceder a un crédito y, consecuentemente, de adquirir una vivienda propia, de manera que la norma impugnada sí es susceptible de ser objeto de aplicación individual, esto es, en una situación en particular, tal como la tramitación de un crédito, en la que cualquier gestionante eventualmente podría reclamar la lesión a algún derecho por la vía del amparo, en el que, en el momento procesal oportuno, la Sala resolvería si en efecto se da o no una afectación de relevancia constitucional.
En ese sentido, se reitera cómo la Sala Constitucional se ha pronunciado:
“… A partir de lo anterior, toda vez que las normas aquí impugnadas podrían originar el reclamo de personas fácilmente determinables e identificables dentro de un proceso penal, no puede estimarse que se esté en presencia de un supuesto de defensa de intereses difusos. De hecho, de admitirse la posibilidad de la accionante de plantear una acción de inconstitucionalidad en esta materia, en las condiciones pretendidas por ella, supondría reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia (véase la sentencia n°. 2016-000787 de las 9:05 horas del 20 de enero de 2016), no se adecua al marco de las competencias procesales que al efecto tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución. En consecuencia, al constatarse que la accionante no ha sustentado su legitimación en la existencia de un asunto pendiente de resolver en que se invocara la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas ni, tampoco, tiene legitimación para ejercer la acción directa en defensa de intereses difusos, esta acción es inadmisible.” (Sentencia n.° 2020-4490 de las 9:20 horas del 4 de marzo de 2020) “…Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución…” (Sentencia n.° 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021) El énfasis no es del original. En igual sentido, ver la sentencia n.° 2021-3852 de las 13:16 horas del 24 de febrero de 2021.
Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo. Por consiguiente, esta Sala considera que la accionante carece de legitimación para plantear este proceso en los términos invocados; además, no refirió la existencia de un asunto pendiente de resolver en el que hubiera sido invocada la inconstitucionalidad pretendida. En consecuencia, lo procedente es desestimar esta acción, sin necesidad de emitir mayor consideración al respecto.
III.- Sobre las coadyuvancias. Según consta en autos, Javier Losada Romero Polo, Henry Zamora Vega y Lina Giraldo Soto, en su condición de representante legal de Registro Cinco S.A., solicitaron a este Tribunal que se les tuviera como coadyuvantes activos en este proceso. Mediante resolución de las 8:47 horas del 4 de diciembre de 2020, la Presidencia a.i. de esta Sala resolvió aceptarlos como coadyuvantes activos dentro de este asunto, por haber cumplido los requisitos respectivos.
IV.- Razones diferentes del Magistrado Rueda Leal. Tal como lo he expresado en otros casos, estimo que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia n.° 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007-01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia n.° 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, considero, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso de la accionante, tal como refiere la Mayoría, la norma impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, pues podría ocurrir que dentro de ese grupo exista un sector de trabajadores que no desea acceder a créditos por voluntad propia, solicitar deducciones de planilla, o simplemente no estén interesados en adquirir una vivienda o un subsidio para tales efectos. En este caso, lo que se vislumbra es una situación particular de la accionante que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincido con la Mayoría en desestimar esta acción; empero, con la fundamentación expuesta.
V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Rueda Leal da razones diferentes.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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