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Res. 12726-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/06/2021
OutcomeResultado
The amparo was granted against all respondents for failing to address and communicate environmental and public health complaints, ordering the Municipality of Garabito and the Health Authority to resolve within fifteen days, with the State and Municipality ordered to pay costs, damages, and losses.Se declaró con lugar el recurso contra todas las entidades recurridas por omisión en atender y comunicar denuncias ambientales y de salud pública, ordenando a la Municipalidad de Garabito y al Área Rectora de Salud resolver en quince días, con condenatoria en costas, daños y perjuicios al Estado y la Municipalidad.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by Walter Brenes Soto against several authorities for failing to address complaints regarding irregular constructions, tree felling, earthworks, illegal well exploitation, and public health risks in the Hermosa Hills project in Playa Hermosa de Jacó. The complainant argued that despite multiple complaints in February 2021, the institutions had not resolved or communicated results within a reasonable time. The Chamber analyzed each authority's conduct and found that SINAC and the Water Directorate had processed the complaints, though communication with the complainant sometimes occurred after the amparo was filed. However, the Municipality of Garabito and the Garabito Health Authority exceeded the two-month deadline without justification or final communication. The Chamber granted the amparo against all entities, ordering the Municipality and Health Authority to address and communicate the resolution within fifteen days. The State and the Municipality were ordered to pay costs, damages, and losses, with partially dissenting votes on economic consequences. Additionally, Justice Hernández López issued a note on the Chamber's need to abstain from hearing purely legal or regulatory environmental claims when administrative intervention exists, reserving jurisdiction for cases directly affecting health, water, or where there is a clear lack of state protection.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por Walter Brenes Soto contra varias autoridades por la falta de atención a denuncias sobre construcciones irregulares, tala de árboles, movimientos de tierra, aprovechamiento ilegal de un pozo y riesgos a la salud pública en el proyecto Hermosa Hills, en Playa Hermosa de Jacó. El recurrente alegó que, pese a haber presentado múltiples denuncias en febrero de 2021, las instituciones no habían resuelto ni comunicado resultados en un plazo razonable. La Sala analizó la conducta de cada entidad recurrida y determinó que el SINAC y la Dirección de Aguas habían gestionado las denuncias, aunque en algunos casos la comunicación al recurrente fue posterior a la notificación del amparo. En cambio, la Municipalidad de Garabito y el Área Rectora de Salud de Garabito excedieron el plazo de dos meses sin justificar ni comunicar la resolución final. La Sala declaró con lugar el recurso respecto de todas las entidades, ordenando a la Municipalidad y al Área de Salud atender y comunicar lo resuelto en quince días. Se condenó al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios, con votos salvados parciales sobre las consecuencias económicas. Además, la Magistrada Hernández López emitió una nota sobre la necesidad de que la Sala se abstenga de conocer reclamos puramente legales o reglamentarios en materia ambiental cuando ya exista intervención administrativa, reservando su competencia para casos donde se afecte directamente la salud, el agua o haya una ausencia palmaria de protección estatal.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the specific case. In the present matter, the complainant states that he filed various requests before the defendants, which were not addressed within a reasonable time. [...] After analyzing these facts, the Chamber determines that the respondent authority took actions to address the complainant's claim. However, despite more than two months having passed since the complaint was filed, the respondent has neither communicated the outcome nor justified the delay. Thus, an infringement of the complainant's rights is verified, and this ground is granted. [...] Regarding this claim, the Chamber verifies that the two-month period for addressing the complaint was exceeded, without justification for an extension, nor was the final decision communicated to the complainant. Furthermore, as stated to the complainant, the case remained open and follow-up would continue. Therefore: [...] As for the Municipality of Garabito and the Ministry of Health, the amparo is granted. José Alberto Morales Ortega, in his capacity as director of the Garabito Health Authority, or whoever holds that position, is ordered to address the complainant's request, the subject of this amparo, and communicate the decision, all within FIFTEEN DAYS from notification of this judgment.IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente afirma que presentó distintas gestiones ante los accionados, sin que ellas fueran atendidas en un plazo razonable. [...] Luego de analizar estos hechos, la Sala determina que la autoridad recurrida emprendió acciones para la atención de la denuncia del amparado. Sin embargo, a pesar de que transcurrieron más de dos meses desde la presentación de tal denuncia, la parte accionada no le ha comunicado el resultado de ella ni justificado su atraso. En ese tanto, se verifica una lesión a los derechos del tutelado y declara con lugar este extremo. [...] Con respecto a este reclamo, la Sala verifica que se excedió el plazo de dos meses para la atención de la denuncia planteada, sin que se justificara una prolongación de tal plazo, ni se comunicara al amparado la resolución final. Además, según se manifestó al amparado, el caso seguía abierto y se daría seguimiento. Por tanto: [...] En cuanto a la Municipalidad de Garabito y el Ministerio de Salud, se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Garabito, o a quien ejerza ese cargo, que atienda la gestión del amparado, objeto de este recurso, y le comunique lo resuelto, todo en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"Luego de analizar estos hechos, la Sala determina que la autoridad recurrida emprendió acciones para la atención de la denuncia del amparado. Sin embargo, a pesar de que transcurrieron más de dos meses desde la presentación de tal denuncia, la parte accionada no le ha comunicado el resultado de ella ni justificado su atraso."
"After analyzing these facts, the Chamber determines that the respondent authority took actions to address the complainant's claim. However, despite more than two months having passed since the complaint was filed, the respondent has neither communicated the outcome nor justified the delay."
Considerando IV
"Luego de analizar estos hechos, la Sala determina que la autoridad recurrida emprendió acciones para la atención de la denuncia del amparado. Sin embargo, a pesar de que transcurrieron más de dos meses desde la presentación de tal denuncia, la parte accionada no le ha comunicado el resultado de ella ni justificado su atraso."
Considerando IV
"En cuanto a la Municipalidad de Garabito y el Ministerio de Salud, se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Garabito, o a quien ejerza ese cargo, que atienda la gestión del amparado, objeto de este recurso, y le comunique lo resuelto, todo en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia."
"As for the Municipality of Garabito and the Ministry of Health, the amparo is granted. José Alberto Morales Ortega, in his capacity as director of the Garabito Health Authority, or whoever holds that position, is ordered to address the complainant's request, the subject of this amparo, and communicate the decision, all within FIFTEEN DAYS from notification of this judgment."
Por tanto
"En cuanto a la Municipalidad de Garabito y el Ministerio de Salud, se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Garabito, o a quien ejerza ese cargo, que atienda la gestión del amparado, objeto de este recurso, y le comunique lo resuelto, todo en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia."
Por tanto
"La Sala estima que tal gestión fue atendida, visto que su competencia trascendió a la sede penal, donde se regirá por las normas procesales respectivas. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica en considerandos posteriores."
"The Chamber considers that said action was addressed, given that its jurisdiction moved to the criminal forum, where it will be governed by the respective procedural rules. Consequently, the amparo is granted, without special order on costs, damages, and losses, as explained in the following considerations."
Considerando VI
"La Sala estima que tal gestión fue atendida, visto que su competencia trascendió a la sede penal, donde se regirá por las normas procesales respectivas. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica en considerandos posteriores."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Case File: 21-006781-0007-CO Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Resolution Text Res. No. 2021012726 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the fourth of June, two thousand twenty-one.
A recurso de amparo processed under case file no. 21-006781-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card 0206450800, against the MINAE DIRECCIÓN DE AGUAS, THE MINISTRY OF HEALTH, THE MUNICIPALITY OF GARABITO, AND THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Resultando:
1.- By a brief received in the Sala on April 7, 2021, the petitioner files a recurso de amparo. He states that on February 3, 2021, he sent a note to the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy ([email protected]), in which he requested to coordinate an inspection in the Cerro Fresco area, in Playa Hermosa de Jacó, specifically, in the project called Hermosa Hills. He alleges that a neighbor of American origin has built two bridges without authorization in that area and, furthermore, is illegally exploiting a drilled well (pozo perforado). He indicates that on February 4, 2021, he filed a communication with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), requesting to coordinate an inspection in the same area, because tree felling and earthworks (movimientos de tierra) were carried out for constructions in the Hermosa Hills project. He points out that on that same day, he requested the Área Rectora de Salud de Garabito to coordinate an inspection in the Cerro Fresco area, as two families were allowed to inhabit a house that lacks minimum habitability conditions and poses a risk. As a final step, he assures that on that same day, he also sent a communication to the Municipality of Garabito to coordinate an inspection in the area for the reasons previously indicated (tree felling, earthworks, and illegal exploitation of a drilled well) and because the construction permits for the works are not registered with the municipality, there has been an impact on the public road due to the entry of heavy machinery, and two bridges have been built without any authorization. The SINAC, through official letters SINAC-ACOPAC-OSRO-120-2021 of February 22, 2021, and SINAC-ACOPAC-PNC-PPC-036-2021 of February 20, 2021, prepared an incident report for the environmental damage caused in the area, submitting them to the Prosecutor's Office of Garabito. Likewise, by official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-137-2021, the Municipality of Garabito was informed of the constructions carried out in Cerro Fresco, and it was indicated that it was not possible to verify whether they had the respective municipal permits. However, despite the foregoing, and although more than two months have passed since the various requests were made, none of the respondent parties have taken action, even though the matter reported relates to environmental protection. He recognizes that the SINAC has carried out some steps, but the construction of the works in the area has not yet been halted. He considers that the actions and omissions of the respondents violate his fundamental rights. He requests that the recurso be granted.
2.- By a resolution at 23:05 hours on April 9, 2021, the amparo was admitted for processing.
3.- José Miguel Zeledón Calderón reports under oath, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, that on February 3, 2021, a complaint was received from the petitioner regarding the illegal exploitation of a well located in the development called Hermosa Hills. He relates that it was addressed via an inspection on February 18, 2021, accompanied by officials from the Área de Conservación Pacífico Central, which generated report DA-UHTPCOSJ-0404-2021 of March 5, 2021. He points out that on December 19, 2019, an application for a drilling permit and water concession was submitted in the name of Montanamar LLC to capture water through the well HE-197 and use it on its property for tourism use (hotel, restaurant, and pool), which generated administrative file 19885-P. By resolution DA-0888-2020 of June 3, 2020, the Dirección de Agua authorized the well drilling under the conditions stated in the resolution. According to the inspection of February 18, 2021, it was verified that the reported site matches the property for which the aforementioned drilling permit had been granted. Based on report DA-UHTPCOSJ-0404-2021 of March 5, 2021, which must be reviewed by the coordinator of the Unidad Hidrológica de Tárcoles, and after analyzing the information in file 19885-P, official letter UHTPCOSJ-0594-2021 is issued, notified on April 14, 2021, in which the development company was ordered to abstain from exploiting the water from well HE-197 and to remove the works built on the watercourse (cauce), which did not have a permit. He considers that the inspection was carried out diligently. Due to the pandemic, the Unidad Hidrológica Tárcoles that serves the area of the complaint has a backlog and accumulated work from 2020, which has caused a decrease in response capacity. He affirms that this unit suffered a high restriction on field trips in 2020 due to the significant number of cantons/districts in orange or red zones where the authorities ordered no field work. He notes that extraordinary measures have been taken to reduce the backlog and improve responses to incoming matters. However, he reiterates that the inspection was carried out within a reasonable time, and the development company was notified of the suspension of the exploitation of water from the well and elimination of works in the watercourse. He alleges that on the day of the report, resolution DA-0546-2021 was notified, which ratified the demolition order for works built without a permit and issued the sealing order for the well, since it was verified in the field that it had been drilled in breach of the drilling permit granted by that Directorate. He requests that the recurso be dismissed.
4.- Carlos Vinicio Cordero Valverde reports under oath, in his capacity as head of the Oficina Subregional Aguirre Orotina of SINAC, that the Área de Conservación Pacífico Central received the complaint on February 9, 2021, referred by the ACOPAC Regional Directorate through official letter SINAC-ACOPAC-D-070-2021. As part of addressing the complaint, report SINAC-ACOPAC-OSRO-120-2021 of February 22, 2021, was issued as an expansion of a complaint filed by the Municipality of Garabito, processed in judicial file 19-000410-0645-PE. He indicates that an administrative order was issued, ordering to cease continuing construction works, earthworks, and construction of trails, until the existence of the respective permits for presumed forest, works in the watercourse, a well, and earthworks is known. Through report SINAC-ACOPAC-PNC-PPC-036-2021, officials of the Parque Nacional Carara filed a complaint with the Prosecutor's Office of Garabito on February 22, 2021, as a follow-up and support to the complaint filed through official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-120-2021. Additionally, on March 9, 2021, a roadmap for addressing the case was sent to the director of ACOPAC. Through official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-287-2021, a response was sent to the Prosecutor's Office of Garabito regarding the request for expansion of case 19-000410-0645-PE, received at the Prosecutor's Office of Garabito on April 19, 2021. Through official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-331-2021, the petitioner was responded to. He points out that the complaint is being processed by the Prosecutor's Office of Garabito, and his office is at the disposal of whatever that entity requires.
5.- José Alberto Morales Ortega reports under oath, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Garabito. In response to the complaint in file D-503, it was considered to conduct an inspection visit to determine whether or not uninhabitable conditions exist in the dwelling. On February 5, official letter MS-DRRSPC-DARSG-138-2021 was sent to the petitioner, indicating its receipt and communicating the resolution. According to on-site inspection report (acta de inspección ocular) no. ARS-G-AIO-205-2021 of March 3, 2021, officials of this Área Rectora de Salud de Garabito conducted an inspection visit to the address described by the user, but they were unable to find the place indicated in the complaint. According to on-site inspection report no. ARS-G-AIO-220-2021 of March 10, 2021, a new inspection visit was conducted to the area described by the petitioner, in which a large construction with several workers working was verified, the place is called "Montaña Mar". The construction contractor allowed entry to the facility under construction, and during the tour, it was not verified that families were living at the site. According to on-site inspection report no. ARS-G-AIO-299-2021 of April 7, 2021, a third inspection visit was conducted in the vicinity of the provided address, where a dwelling is located in which an American couple lives; a tour of the property was conducted, where it was not verified that the dwelling was in poor condition. According to inspection report no. ARS-G-AIO-300-2021 of April 7, 2021, they appeared at another dwelling where a foreign family is occupying a house whose owners, according to what was stated by the person attending, are of American origin. He affirms that entry was gained and it was documented that this family occupied a room attached to the dwelling; it was evidenced that this family had the keys to occupy the rest of the dwelling without any problem, and they indicated that the owners allow them to occupy all the rooms. The "Guide for Physical-Sanitary Inspection of Dwellings" was applied, and no uninhabitable conditions were verified. He emphasizes that, despite the constant follow-up given to the complaint, he has had difficulties with the exact address of the reported site, as the complainant did not state it clearly. On March 5, 2021, a call was made to the petitioner's phone because the address was not clear. He notes that the petitioner provided a cellphone number for contact via WhatsApp. On April 16, 2021, official letter MS-DRRSPC-DARSG-461-2021 was notified by email to the petitioner. He was informed that the file remains active and that the final resolution of the case will be notified to him once it concludes, as had been informed to him in official letter MS-DRRSPC-DARSG-138-2021. He considers that the complaint has been followed up on and that he has been in communication with the petitioner. The complaint remains open. Once it concludes, the final resolution of the case will be communicated to him. He requests that the recurso be dismissed.
6.- Tobías Murillo Rodríguez and Susana Rodríguez Chaverri report under oath, in their respective capacities as Mayor and coordinator of the technical services process, both of the Municipality of Garabito, that the municipality has acted diligently. However, the violating entity, in total violation of the established regulations, has impeded the work of the municipality and the other institutions responsible for environmental protection. He notes that, in accordance with official letter ST-074-2021-SR of March 5, the MINAE was informed about the existence of the following construction permits granted to the property registered under real property folio no. 6-52120-000: permit no. PC-4308-2018 of November 26, 2018, for the construction of apartments; PC-4361-2018 of November 21, 2018, for earthworks; and PC-4356-2018 of January 24, 2019, for the construction of a dwelling. However, he stresses that there has been material impossibility to supervise and inspect the progress of the works due to the administrative subject's resistance to allowing entry to the property. He points out that on March 19, 2019, closure no. 4011 was carried out at the site, and since that date, entry to the place has not been allowed, "...so the respective work progress could not be verified," as indicated in report ST-074-2021-SR. He reiterates that the situation has prevented its supervisory and environmental protection work. As a result of the petitioner's request, an inspection was sent on February 26, 2021. He transcribes the inspectors' statements. He notes that on April 20, 2021, the company Montanamar LLC was notified that the site would be visited on April 23, 2021, due to the apparent infraction of Article 74 of the Ley de Construcciones, with the objective of inspecting and corroborating what is indicated in the construction permits. He requests that the recurso be dismissed.
7.- José Miguel Zeledón Calderón reports under oath, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, that he provides evidence.
8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by the Magistrada Esquivel Rodríguez; and,
Considering:
I.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as it involves a case of environmental damage and public health problems. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.- Object of the recurso. The petitioner points out that he filed steps before the respondent authorities so that they would intervene in a case of environmental damage and public health. He accuses them of not having resolved the complaints filed.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, according to what was provided in the initial order:
With respect to the Municipality of Garabito:
With respect to the SINAC a) On February 4, 2021, the petitioner reported irregular constructions, tree felling, and illegal well exploitation to the SINAC. (See report rendered and evidence provided).
Regarding the Dirección de Aguas a) By resolution DA-0888-2020 of June 3, 2020, the Dirección de Agua authorized the company Montanamar LLC the drilling and use of well HE-197. (See report rendered and evidence provided).
In relation to the Área Rectora de Salud de Garabito:
IV.- Regarding the specific case. In the sub examine case, the petitioner affirms that he presented various steps before the respondents, without them being addressed within a reasonable timeframe.
As for the Municipality of Garabito, the Sala deemed it proven that the petitioner reported irregular constructions, tree felling, and illegal well exploitation on February 4, 2021. In response to the step, municipal inspectors appeared at the reported location on February 26, 2021. However, entry was not possible because access was not allowed. According to what was reported under oath and deemed proven, on March 19, 2019, the respondent municipality carried out closure no. 4011 at the conflict site. Subsequently, on April 20, 2021, the respondent municipality notified the company Montanamar LLC for an apparent infraction of Article 74 of the Ley de Construcciones. It was informed that the place would be inspected on April 23, 2021. After analyzing these facts, the Sala determines that the respondent authority undertook actions to address the complaint of the amparo petitioner. However, even though more than two months passed since the filing of said complaint, the respondent party has not communicated the result thereof to him, nor justified its delay. To that extent, an injury to the rights of the petitioner is verified, and this point is granted.
V.- In relation to the Área Rectora de Salud de Garabito, the Sala verified that the amparo petitioner filed a complaint on February 4, 2021, regarding the existence of a house in Cerro Fresco without minimum habitability conditions. On the occasion of that step, officials of this Área Rectora de Salud de Garabito conducted an inspection visit on March 3, 2021, to the address described by the user, but they were unable to find the place indicated in the complaint. This situation was brought to the amparo petitioner's attention on March 5, 2021, when the reported address was clarified. Then, according to on-site inspection report no. ARS-G-AIO-220-2021 of March 10, 2021, a large construction with several workers was verified at the site “Montaña Mar”. During the tour, it was not verified that families were living at the site. The construction workers did sleep there during weekdays, temporarily. Subsequently, the property was inspected again. On that occasion, it was not verified that the dwelling was in poor condition (on-site inspection report no. ARS-G-AIO-299-2021 of April 7, 2021). Finally, by email at 11:54 hours on April 16, 2021, the petitioner was notified of official letter MS-DRRSPC-DARSG-461-2021. He was informed that his complaint remained open and would be followed up on. With respect to this claim, the Sala verifies that the two-month timeframe for addressing the filed complaint was exceeded, without justifying an extension of such term, nor communicating the final resolution to the amparo petitioner. Furthermore, as stated to the amparo petitioner, the case remained open and would be followed up on. That being the case, this claim is granted.
VI.- Regarding the SINAC, the Sala deemed it proven that the petitioner reported irregular constructions, tree felling, and illegal well exploitation to the SINAC on February 4, 2021. On February 18, 2021, SINAC officials inspected the place reported by the petitioner and issued an administrative order for the cessation of construction activities. By means of report SINAC-ACOPAC-PN036-2021, received at the Prosecutor's Office of Garabito on February 22, 2021, the SINAC reported the construction activity to the Ministerio Público. On March 1, 2021, the Ministerio Público requested the SINAC to expand its report. Then, by official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-287-2021, received at the prosecutor's office on April 16, 2021, the SINAC responded to the request for report expansion. As recorded in the case file, on April 16, 2021, the SINAC was notified of the resolution admitting this process. Subsequent to that date, by official letter SINAC-ACOPAC-OSRO-331-2021 of April 19, 2021, the SINAC informed the amparo petitioner about the actions undertaken and the complaint filed before the Ministerio Público. He was informed that the case remained under investigation. It was verified that this official letter was notified to the petitioner on April 20, 2021. Upon analyzing these facts, the Sala determines that the SINAC communicated the result of his step to the amparo petitioner after the notification of the resolution admitting this process. The Sala considers that such step was addressed, given that its competence transcended to the criminal venue, where it will be governed by the respective procedural rules. Consequently, the recurso is granted, without special order as to costs, damages, and losses, as explained in subsequent considering clauses.
VII.- Concerning the Dirección de Aguas, the Sala verified the following facts. By resolution DA-0888-2020 of June 3, 2020, the Dirección de Agua authorized the company Montanamar LLC the drilling and use of well HE-197. On February 3, 2021, the MINAE’s Dirección de Agua received a complaint from the petitioner, who stated: “…I request coordination of an inspection in the Cerro Fresco area, in Playa Hermosa de Jacó, specifically in the project called Hermosa Hills, as in that area a neighbor of American origin has built two bridges without authorization and is also illegally exploiting a drilled well.” On February 18, 2021, officials from the Área de Conservación Pacífico Central inspected the site. Then, by official letter DA-UHTPCOSJ-0404-2021 of March 5, 2021, the evaluating technicians of the UH-Tárcoles-Pacífico Central recommended the director of water issue a well sealing order and inspect during the transition or rainy season, to observe the behavior of the body of water during rains and to survey the watercourse. By resolution DA-0546-2021 at 14:55 hours on April 15, 2021, the Dirección de Agua ordered the sealing of the well and the removal of works and obstacles in the watercourse. As recorded in the case file, on April 15, 2021, the Dirección de Aguas was notified of the resolution admitting this process. It is relevant for this case that the notification of resolution DA-0546-2021 to the amparo petitioner was given after the notification of the admission resolution, as it is considered that it was acted upon on the occasion thereof. Given that the step was addressed, the recurso is granted without special order as to costs, damages, and losses, as explained below.
VIII.- REGARDING THE ORDER AS TO COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting must be without special order as to costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that mandates that the operative part of the judgment indicates that the recurso is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or inapplicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, the content of the amparo petitioner’s claim and the conduct of the respondent authority in recognizing it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for instance, with an impact on the right to salary).
To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “every ruling that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, should it see fit, to a plenary proceeding (proceso de conocimiento) in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this recurso without a condemnation in costs, damages, and losses.
IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, ON THE ECONOMIC CONSEQUENCES DERIVED FROM DECLARING THIS RECURSO WITH MERIT. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I separate myself from its decision in relation to the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction entrusted to this Court in matters of amparo and habeas corpus -the jurisdiction of liberty as it is called- is special because its purpose is not that of the traditional judge who resolves a conflict between two parties, confronted by a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to persons in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of whomever, de facto or de jure, performs concrete exercises of authority, capable of violating them.
That protective vocation of the constitutional jurisdiction takes concrete form in a procedural design that is also peculiar, swift, and free of charge, in which the respondent public authority is required to simply render “a report” on what was done in the denounced case (Articles 43, 44, 45 and 46 of the LJC). So it is not technically a litigation and in accordance with this, broad powers are granted to the Constitutional Chamber to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities on what happened, and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties confronted in such a way that what one gains the other loses, compels us to move away from the solutions that for these latter issues have been foreseen in procedural systems such as the civil, contentious, or labor ones.
In what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its Article 46 and following, three concrete aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, entrusted to the Chamber: a) the first aspect pertains to the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (Articles 46 and 47 LJC); b) the second, carefully regulates the powers enjoyed by the Court to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective manner, their exercise (Articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect, (Article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, in such a way that –upon the verification of an injury by the Chamber– there exists a restoration of the enjoyment of such rights and, additionally, an effective indemnification for the damages and expenses caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection (tutela judicial efectiva) of the claimant party, but also with a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave basis to the granting of the recurso, a matter regulated in Article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
In this last aspect, the Law in its Article 51 orders the Chamber that “every ruling that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the recurso…”. This is the general system that regulates the matters of the indemnification scope, for the cases that the majority identifies as “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, including the one now being decided, the Chamber has had the grievance verified and hence the necessity of a condemnation in costs, damages, and losses, which is supported by the aforementioned concept of effective protection of the rights of persons and by the notion that the Administration must be held responsible for the damages and expenses caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed at all by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the challenged act may have ceased” (Article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses, as it is understood that the process has terminated normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework -and devoid of deficiencies or gaps- the provision of Article 52 of the Law fits perfectly as a case of exception, applicable solely in cases where the Chamber has not heard, nor has it pronounced on the merits of the claim, that is -as the majority states- in those situations of “abnormal termination of the process.” But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with extreme precision by the legislator; in the first place, the factual prerequisites for the application of this norm are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is ongoing; 2) that an administrative or judicial ruling exists (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that in such ruling the revocation, cessation, or suspension of the challenged action is indisputably ordered. These are highly constrained concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in light of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of persons to achieve effective judicial protection against the damages received from the injury to their constitutional rights. In conclusion, solely in such limited cases and after the Court has confirmed all the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be facing the necessity of setting aside the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses, and exercise -as judges- our legal discretion to decide whether payment for such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise compels the conclusion of the inapplicability of Article 52 of the LJC, since, on one hand, the Court has pronounced on the merits of the matter, has acknowledged with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who its author was; the foregoing in no way resembles an “abnormal termination of the process.” On the other hand, the requirements of the recently cited Article 52 are also not verified, given that there is no formally issued “administrative or judicial ruling” in which, in an express manner, the act causing the violation of constitutional rights is revoked, ceased, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of Articles 50 and 51 of the LJC and order -as a consequence of having verified the violation- the condemnation for the damages, losses, and costs caused, as economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic condemnation in damages, losses, and costs, disregarding the preceding reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an affectation in the exercise of the fundamental rights of the protected party (parte amparada), which, as a harmful action that it is, carries with it a presumption of the arising of economic damages and losses -whose concrete determination is not for the Chamber to decide-, and no merit is appreciated in the expediente that convinces to exonerate the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided for in the law.
X.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION IN COSTS (COSTAS), DAMAGES AND LOSSES (DAÑOS Y PERJUICIOS) TO THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the recurso with merit, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury produced to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...every ruling that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.” This latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the assumptions in which the Chamber has had the grievance verified; and, as a consequence, the necessity of a condemnation in costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right; and, therefore, declares the recurso with merit, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -an assumption contemplated in Article 52, referred to-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the recurso, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved (Article 52), always, in any of those assumptions, the imperative necessity of a condemnation in costs, damages, and losses to the infringer arises, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of persons and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the moment of hearing and resolving the amparo with merit, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not enervate the appropriateness of the condemnation in costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those items, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies solely in cases where the Chamber, even when it has not heard, nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration that, in the enjoyment of those rights, the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as stated by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process.” The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is ongoing, that is, that the Administration has been duly notified of the ruling that granted leave to the amparo; and, 2) that an administrative or judicial ruling exists that orders, indisputably, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, despite the granting of the recurso, by providing that, in the cases regulated therein, the recurso shall be declared with merit “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the assumptions strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment in the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.
In my criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial ruling that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is recorded in an indubitable and clear manner that in the concrete case no damage whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such assumptions could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, no element whatsoever exists to rebut the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this recurso must necessarily imply the condemnation in costs, damages, and losses, and I so declare.
XI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” My interpretation of that norm is the following: That “ruling” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs (costas). Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs (costas).
Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not indemnification but restitution; however, Article 51 of the LJC states: “Every ruling that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For that reason, a condemnation in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such a condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, whereby Article 41 of the CP could be violated. If, despite the fact that there has been a condemnation in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for considering the real existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo recurso. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs.
XII.- Note from Magistrate Hernández López regarding the claim for infringement of Article 50 of the Political Constitution.
1. The historical context that motivated, at the time, the broad intervention of the Chamber in environmental matters, has undergone a considerable variation that compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by a very broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as a protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Nowadays, we find ourselves before a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious, is the emergence of an encompassing legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this growing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an inescapable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction -primarily the contentious-administrative, but also criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that the administered parties can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or -even worse- substitute for, the ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competences with those of other jurisdictional bodies that –they indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has produced a half-complete or technically incomplete ruling, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges to allow for an adequate follow-up of the same -generally complex-, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring for months and even years.
5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental subject, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best matches the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of persons in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected up to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that –among all and each in their own space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where there are also other equally pressing needs can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but there is a substantial gain in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, as it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must abstain from hearing the claims presented to it for the alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed as a general principle, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my view, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being able to be considered a closed and definitive list, I can state that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also place the health of persons, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations to the environment and in which a flagrant absence of protection by state authorities is verified, provided always that, in addition, the nature of the claim allows it to be approached through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that one must also not “make the amparo ordinary” to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, the claimant states that he filed requests before the respondent authorities so that they would intervene in a case of environmental damage and public health. He accuses that they have not resolved the filed complaints. In this regard, in accordance with the proven facts, it is established that, indeed, on February 4, 2021, the claimant denounced irregular constructions, tree felling, and exploitation of an illegal well before the respondent municipality, upon which the Water Directorate ordered the sealing of the well and the elimination of works and obstacles in the watercourse. This circumstance could evidently impact his health and that of the inhabitants of the place. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason I have deemed it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.
XIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned, that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the claimant party accuses that it filed requests before the respondent authorities so that they would intervene in a case of environmental damage and public health; however, they have not resolved the filed complaints, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
XIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Expediente before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
With respect to SINAC and the Water Directorate, the recurso is declared with merit without special condemnation in costs (costas), damages and losses (daños y perjuicios). Magistrate Hernández López partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs pursuant to Articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. As for the Municipality of Garabito and the Ministry of Health, the recurso is declared with merit. José Alberto Morales Ortega, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Garabito, or whomever holds that position, is ordered to attend to the petition of the protected party, which is the object of this recurso, and to communicate the decision made, all within the period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this sentence. Tobías Murillo Rodríguez and Susana Rodríguez Chaverri, in their order mayor and coordinator of the technical services process, both of the Municipality of Garabito, or whomever holds those positions, are ordered to attend to the petition of the protected party, which is the object of this recurso, and to communicate the decision made, all within the period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this sentence.
The respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, shall be subject to imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Garabito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Hernández López notes. Judge Salazar Alvarado notes. Notifíquese.
\t Fernando Castillo V.
\t Nancy Hernández L.
\t \t Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
\t \t Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
\t \t Ana María Picado B.
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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2021012726 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 21-006781-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra la DIRECCIÓN DE AGUAS DEL MINAE, EL MINISTERIO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala el 7 de abril de 2021, el accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el 3 de febrero de 2021 remitió una nota a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía ([email protected]), en la cual solicitó coordinar una inspección en la zona de cerro Fresco, en playa Hermosa de Jacó, específicamente, en el proyecto denominado Hermosa Hills. Alega que una vecina de origen estadounidense ha construido dos puentes sin autorización en esa zona y, además, está realizando un aprovechamiento ilegal de un pozo perforado. Indica que el 4 de febrero de 2021 presentó un oficio al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), solicitando coordinar una inspección en la misma zona, debido a que se realizó una tala de árboles y movimientos de tierra para construcciones en el proyecto Hermosa Hills. Señala que ese mismo solicitó al Área Rectora de Salud de Garabito que coordinara una inspección en la zona de Cerro Fresco, por cuanto se permitió a dos familias habitar una casa que no posee las condiciones mínimas de habitabilidad y representan un riesgo. Como última gestión, asegura que ese mismo día también remitió oficio a la Municipalidad de Garabito para coordinar una inspección en la zona por las razones anteriormente indicadas (tala de árboles, movimientos de tierra y aprovechamiento ilegal de pozo perforado) y porque los permisos constructivos de las obras no se encuentra registrados en la municipalidad, se ha generado una afectación al camino público por ingreso de maquinaria pesada y se han construido dos puentes sin autorización alguna. El SINAC, mediante oficios SINAC-ACOPAC-OSRO- 120-2021 del 22 de febrero de 2021 y SINAC-ACOPAC-PNC-PPC-036-2021 del 20 de febrero de 2021, realizó un informe de hechos por los daños ambientales ocasionados en la zona, presentándolos ante la Fiscalía de Garabito. Asimismo, mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-137-2021, se puso en conocimiento a la Municipalidad de Garabito de las construcciones realizadas en cerro Fresco y se indicó que no fue posible constatar que contaran con los permisos municipales respectivos. No obstante, a pesar de lo anterior, habiendo transcurrido sobradamente el plazo de dos meses desde que se realizaron las diversas solicitudes, ninguna de las partes recurridas ha tomado acciones, a pesar de que el asunto denunciado se relaciona con la protección al ambiente. Reconoce que el SINAC ha realizado algunas gestiones, pero aún no se ha paralizado la construcción de las obras en la zona. Considera que la actuación y omisión de las recurridas, lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 23:5 horas del 9 de abril de 2021 se dio curso al amparo.
3.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que el 3 de febrero de 2021 se recibió una denuncia del tutelado por el aprovechamiento ilegal de un pozo ubicado en el desarrollo denominado Hermosa Hills. Relata que fue atendida mediante inspección el 18 de febrero de 2021, en compañía de funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central, lo que generó el informe DA-UHTPCOSJ-0404-2021 de 5 de marzo de 2021. Señala que el 19 de diciembre de 2019 se presentó una solicitud de permiso de perforación y concesión de agua a nombre de Montanamar LLC para captar agua a través del pozo HE-197 y utilizarla en su propiedad para uso turístico (hotel, restaurant y piscina), lo que generó el expediente administrativo 19885-P. Mediante resolución DA-0888-2020 del 3 de junio de 2020, la Dirección de Agua autorizó la perforación del pozo en las condiciones señaladas en la resolución. Según la inspección del 18 de febrero de 2021 se verificó que el sitio denunciado concuerda con la propiedad en la cual se había otorgado el permiso de perforación citado. Con base en el informe DA-UHTPCOSJ-0404-2021 de 5 de marzo de 2021, el cual debe ser revisado por la coordinadora de la Unidad Hidrológica de Tárcoles, y analizada la información del expediente 19885-P, se emite el oficio UHTPCOSJ-0594-2021, notificado el 14 de abril de 2021, en el que se le ordenó a la empresa desarrolladora que se abstuviera de aprovechar el agua proveniente del pozo HE-197 y eliminara las obras construidas sobre el cauce, las cuales no contaban con permiso. Considera que la inspección se hizo de forma diligente. Debido a la pandemia, la Unidad Hidrológica Tárcoles que atiende la zona de la denuncia tiene rezago y trabajo acumulado de 2020, lo que ha provocado una disminución de la capacidad de respuesta. Afirma que esa unidad sufrió en 2020 una restricción alta de salidas de campo por la cantidad importante de cantones /distritos en zona naranja o roja donde se dispuso por las autoridades no realizar trabajo de campo. Apunta que se han tomado medidas extraordinarias para disminuir lo pendiente y mejorar las respuestas de lo ingresado. No obstante, reitera que la inspección se efectuó en un plazo prudencial y se notificó a la empresa desarrolladora la suspensión del aprovechamiento del agua del poso y eliminación de obras en el cauce. Alega que el día del informe se notificó la resolución DA-0546-2021, mediante la cual se ratifica la orden de derribo de las obras construidas sin permiso y se gira la orden de sellado del pozo, por cuanto se verificó en campo que el mismo fue perforado, incumpliendo con el permiso de perforación otorgado por esa Dirección. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Carlos Vinicio Cordero Valverde, en su condición de jefe de la Oficina Subregional Aguirre Orotina del SINAC, que el Área de Conservación Pacifico Central recibió la denuncia el 9 de febrero de 2021, remitida por la Dirección Regional de ACOPAC mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-070-2021. Como parte de la atención de la denuncia se emitió el informe SINAC-ACOPAC-OSRO-120-2021 del 22 de febrero de 2021, como una ampliación de una denuncia interpuesta por la Municipalidad de Garabito, tramitada en el expediente judicial 19-000410-0645-PE. Indica que se procedió con la emisión de una orden administrativa, en la que se ordenó abstenerse de continuar las obras de construcción, movimientos de tierra, construcción de trochas, hasta tanto no se conociera la existencia de los permisos respectivos de presunto bosque, obras en cauce, un pozo, movimientos de tierra. Mediante informe SINAC-ACOPAC-PNC-PPC-036-2021, los funcionarios del Parque Nacional Carara interpusieron una denuncia ante Fiscalía de Garabito el 22 de febrero de 2021, como seguimiento y apoyo de la denuncia interpuesta mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-120-2021. Además, el 9 de marzo de 2021 se remitió hoja de ruta para el abordaje del caso al director del ACOPAC. Mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-287-2021 se remitió respuesta a la Fiscalía de Garabito de la solicitud de ampliación de la causa 19-000410-0645-PE, recibido en la Fiscalía de Garabito el 19 de abril de 2021. Mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-331-2021 se respondió al recurrente. Apunta que la denuncia está siendo tramitada por la Fiscalía de Garabito y su oficina está a la orden de lo que requiera esa entidad.
5.- Informa bajo juramento José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Garabito. En atención a la denuncia del expediente D-503 se consideró realizar una visita de inspección con el fin de evidenciar si existe o no condiciones de inhabitabilidad en la vivienda. El 5 de febrero se le remitió oficio MS-DRRSPC-DARSG-138-2021 al tutelado, donde se indicó su atención y la comunicación de la resolución. Según acta de inspección ocular n.° ARS-G-AIO-205-2021 del 3 de marzo de 2021, funcionarios de esta Área Rectora de Salud de Garabito realizaron una visita de inspección a la dirección descrita por el usuario, pero no se logró encontrar el lugar indicado en la denuncia. Según el acta de inspección ocular n.° ARS-G-AIO-220-2021 del 10 de marzo de 2021 se procedió a realizar nueva vista de inspección a la zona descrita por el recurrente, en la cual se logró comprobar una construcción grande con varios trabajadores laborando, el lugar se denomina “Montaña Mar”. El contratista de la construcción permitió el ingreso a la instalación en construcción y durante el recorrido no se comprobó que existieran familias viviendo en el lugar. Según el acta de inspección ocular n.° ARS-G-AIO-299-2021 del 7 de abril de 2021 se realizó una tercera visita inspección en los alrededores de la dirección brindada, en donde se ubica una vivienda en la cual habita una pareja de estadunidenses, se procedió a realizar un recorrido por la propiedad donde no se comprueba que la vivienda se encuentre en malas condiciones. Según el acta de inspección n.° ARS-G-AIO-300-2021 del 7 de abril de 2021 se apersonaron en otra vivienda donde existe una familia de extranjeros que están ocupando una casa cuyos dueños, de acuerdo con lo manifestado por la persona que atiende, son de origen estadounidense. Afirma que se ingresó y se documentó que esta familia ocupaba un aposento anexo a la vivienda; se evidenció que esa familia contaba con las llaves para ocupar el resto de la vivienda sin ningún problema, los mismos indicaron que los dueños le permiten ocupar todos los aposentos. Se aplicó la “Guía de inspección Físico-Sanitaria de Viviendas” y no se comprobó condiciones de inhabitabilidad. Enfatiza que, a pesar del constante seguimiento que se ha realizado a la denuncia, ha tenido inconvenientes con la dirección exacta del sitio denunciado, pues el denunciante no la consignó de manera clara. El 5 de marzo de 2021 se llamó al teléfono del recurrente porque no se tenía claridad de la dirección. Acota que el recurrente brindó el número de celular para la atención por WhatsApp. El 16 de abril de 2021 se notificó mediante correo electrónico al recurrente el oficio MS-DRRSPC-DARSG-461-2021. Se le indicó que el expediente continúa activo y que se le notificará la resolución final del caso, una vez que este concluya, tal como se le había informado en el oficio MS-DRRSPC-DARSG-138-2021. Considera que se ha dado seguimiento a la denuncia y ha estado en comunicación con el accionante. La denuncia sigue abierta. Una vez que concluya se le comunicará la resolución final del caso. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
6.- Informan bajo juramento Tobías Murillo Rodríguez y Susana Rodríguez Chaverri, por su orden alcalde y coordinadora del proceso de servicios técnicos, ambos de la Municipalidad de Garabito, que la municipalidad ha actuado diligentemente. No obstante, la sociedad infractora, en total violación con la normativa establecida, ha impedido la labor ha impedido la labor del municipio y las otras instituciones encargadas de la protección ambiental. Acota que, de conformidad con el oficio ST-074-2021-SR del 5 de marzo se informó al MINAE sobre la existencia de los siguientes permisos de construcción otorgados a la finca inscrita al folio real n.° 6-52120-000: permiso n.° PC-4308-2018 del 26 de noviembre de 2018 para la construcción de apartamentos, PC-4361-2018 del 21 de noviembre de 2018 para movimientos de tierra y PC-4356-2018 del 24 de enero de 2019 para la construcción de una vivienda. No obstante, subraya que ha existido imposibilidad materia para fiscalizar e inspeccionar el avance de las obras por la resistencia del administrado a permitir el ingreso a la propiedad. Señala que el 19 de marzo de 2019 se efectuó la clausura n.° 4011 en el sitio y, desde esa fecha, no se deja ingresar al lugar, “…por lo que no se ha podido realizar los respectivos avances de obra”, tal como se indica en el informe ST-074-2021-SR. Reitera que la situación a impedido su labor de fiscalización y protección del ambiente. A raíz de la solicitud del recurrente se envió a inspeccionar el 26 de febrero de 2021. Transcribe las manifestaciones de los inspectores. Acota que el 20 de abril de 2021 se logró notificar a la empresa Montanamar LLC que se visitaría el sitio el 23 de abril de 2021 por la aparente infracción al artículo 74 de la Ley de Construcciones, con el objetivo de inspeccionar y corroborar lo indicado en los permisos de construcción. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
7.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que aporta prueba.
8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante un supuesto daño ambiental y problemas de salud pública. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- Objeto del recurso. El recurrente señala que planteó gestiones ante las autoridades accionadas para que intervinieran en un caso de daño ambiental y salud pública. Acusa que no han resuelto las denuncias interpuestas.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Con respecto a la Municipalidad de Garabito:
Con respecto al SINAC a) El 4 de febrero de 2021, el recurrente denunció construcciones irregulares, tala de árboles y explotación de pozo ilegal ante el SINAC. (Ver informe rendido y prueba aportada).
En cuanto a la Dirección de Aguas a) Mediante resolución DA-0888-2020 del 3 de junio de 2020, la Dirección de Agua autorizó a la empresa Montanamar LLC la perforación y utilización del pozo HE-197. (Ver informe rendido y prueba aportada).
En relación con el Área Rectora de Salud de Garabito:
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente afirma que presentó distintas gestiones ante los accionados, sin que ellas fueran atendidas en un plazo razonable.
En cuanto a la Municipalidad de Garabito, la Sala tuvo por probado que el recurrente denunció el 4 de febrero de 2021 construcciones irregulares, tala de árboles y explotación de pozo ilegal. En atención a la gestión, inspectores municipales se apersonaron el 26 de febrero de 2021 al lugar denunciado. Sin embargo, no se pudo entrar debido a que no se permitió el ingreso. Según se informó bajo juramento y se tuvo por probado, el 19 de marzo de 2019, la municipalidad accionada realizó la clausura n.° 4011 en el sitio del conflicto. Luego, el 20 de abril de 2021, la municipalidad recurrida notificó a la empresa Montanamar LLC por aparente infracción al artículo 74 de la Ley de Construcciones. Se le informó que el 23 de abril de 2021 se inspeccionaría el lugar. Luego de analizar estos hechos, la Sala determina que la autoridad recurrida emprendió acciones para la atención de la denuncia del amparado. Sin embargo, a pesar de que transcurrieron más de dos meses desde la presentación de tal denuncia, la parte accionada no le ha comunicado el resultado de ella ni justificado su atraso. En ese tanto, se verifica una lesión a los derechos del tutelado y declara con lugar este extremo.
V.- En relación con el Área Rectora de Salud de Garabito, la Sala verificó que el amparado presentó una denuncia el 4 de febrero de 2021 por la existencia de una casa en cerro Fresco sin las condiciones mínimas de habitabilidad. En ocasión de esa gestión, funcionarios de esta Área Rectora de Salud de Garabito realizaron el 3 de marzo de 2021 una visita de inspección a la dirección descrita por el usuario, pero no se logró encontrar el lugar indicado en la denuncia. Tal situación fue puesta el 5 de marzo de 2021 al amparado, cuando se aclaró la dirección denunciada. Luego, según el acta de inspección ocular n.° ARS-G-AIO-220-2021 del 10 de marzo de 2021 se comprobó una construcción grande con varios trabajadores en el lugar “Montaña Mar”. Durante el recorrido no se comprobó que existieran familias viviendo en el lugar. Los trabajadores de la obra sí dormían ahí durante los días hábiles, de manera temporal. Posteriormente, se inspeccionó otra vez la propiedad. En esa oportunidad no se comprobó que la vivienda se encontrara en malas condiciones (acta de inspección ocular n.° ARS-G-AIO-299-2021 del 7 de abril de 2021). Por último, mediante correo electrónico de las 11:54 horas del 16 de abril de 2021 se notificó al amparado el oficio MS-DRRSPC-DARSG-461-2021. Se le indicó que su denuncia seguía abierta y se daría seguimiento. Con respecto a este reclamo, la Sala verifica que se excedió el plazo de dos meses para la atención de la denuncia planteada, sin que se justificara una prolongación de tal plazo, ni se comunicara al amparado la resolución final. Además, según se manifestó al amparado, el caso seguía abierto y se daría seguimjento. Así las cosas, se declara con lugar este reclamo.
VI.- En lo que respecta al SINAC, la Sala tuvo por probado que el recurrente denunció el 4 de febrero de 2021 construcciones irregulares, tala de árboles y explotación de pozo ilegal ante el SINAC. El 18 de febrero de 2021, funcionarios del SINAC inspeccionaron el lugar denunciado por el recurrente y giraron una orden administrativa para el cese de actividades constructivas. Mediante el informe SINAC-ACOPAC-PN036-2021, recibido en la Fiscalía de Garabito el 22 de febrero de 2021, el SINAC denunció la actividad constructiva ante el Ministerio Público. El 1 de marzo de 2021, el Ministerio Público solicitó al SINAC que ampliara su informe. Luego, por oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-287-2021, recibido en la fiscalía el 16 de abril de 2021, el SINAC respondió la solicitud de ampliación de informe. Según consta en autos, el 16 de abril de 2021 se notificó al SINAC la resolución de curso de este proceso. Con posterioridad a esa fecha, mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSRO-331-2021 del 19 de abril de 2021, el SINAC informó al amparado sobre las acciones emprendidas y la denuncia planteada ante el Ministerio Público. Se le indicó que la causa seguía en investigación. Se verificó que este oficio fue notificado al tutelado el 20 de abril de 2021. Al analizar estos hechos, la Sala determina que el SINAC comunicó al amparado el resultado de su gestión con posterioridad a la notificación de la resolución de curso de este proceso. La Sala estima que tal gestión fue atendida, visto que su competencia trascendió a la sede penal, donde se regirá por las normas procesales respectivas. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica en considerandos posteriores.
VII.- Atinente a la Dirección de Aguas, la Sala verificó los siguientes hechos. Mediante resolución DA-0888-2020 del 3 de junio de 2020, la Dirección de Agua autorizó a la empresa Montanamar LLC la perforación y utilización del pozo HE-197. El 3 de febrero de 2021, la Dirección de Agua del MINAE recibió denuncia del tutelado, quien indicaba: “…solicito coordinar una inspección en la zona de Cerro Fresco, en Playa Hermosa de Jacó, específicamente en el proyecto denominado Hermosa Hills, por cuanto en esa zona una vecina de origen estadounidense ha construido dos puentes sin autorización y además está realizando un aprovechamiento ilegal de un pozo perforado.” El 18 de febrero de 2021, funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central inspeccionaron el lugar. Luego, mediante oficio DA-UHTPCOSJ-0404-2021 de 5 de marzo de 2021, los técnicos evaluadores de la UH-Tárcoles-Pacífico Central recomendaron al director de aguas emitir una orden de sellado de pozo e inspeccionar en época de transición o invierno, para observar el comportamiento del cuerpo de agua ante las lluvias y realizar un recorrido sobre el cauce. Mediante resolución DA-0546-2021 de las 14:55 horas del 15 de abril de 2021, la Dirección de Agua ordenó el sellado del pozo y eliminar las obras y obstáculos en el cauce. Como consta en autos, el 15 de abril de 2021 se notificó a la Dirección de Aguas la resolución de curso de este proceso. Es relevante para este caso que la notificación de la resolución DA-0546-2021 al amparado se dio con posterioridad a la notificación de la resolución de curso, pues se estima que se actuó con ocasión de ella. Visto que la gestión fue atendida, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.
VIII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y habeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de habeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte amparada, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
X.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
XII.- Nota de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, el recurrente señala que planteó gestiones ante las autoridades accionadas para que intervinieran en un caso de daño ambiental y salud pública. Acusa que no han resuelto las denuncias interpuestas. Al respecto, de conformidad con los hechos probados, se tiene que, en efecto, en fecha 4 de febrero de 2021, el recurrente denunció construcciones irregulares, tala de árboles y explotación de pozo ilegal ante la municipalidad recurrida, ante lo cual, la Dirección de Agua, ordenó el sellado del pozo y eliminar las obras y obstáculos en el cauce. Esta circunstancia, evidentemente podría. incidir en su salud y la de los habitantes del lugar. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.
XIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que planteó gestiones ante las autoridades accionadas para que intervinieran en un caso de daño ambiental y salud pública; empero, no han resuelto las denuncias interpuestas, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
XIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Con respecto al SINAC y a la Dirección de Aguas, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En cuanto a la Municipalidad de Garabito y el Ministerio de Salud, se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Garabito, o a quien ejerza ese cargo, que atienda la gestión del amparado, objeto de este recurso, y le comunique lo resuelto, todo en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se ordena a Tobías Murillo Rodríguez y Susana Rodríguez Chaverri, por su orden alcalde y coordinadora del proceso de servicios técnicos, ambos de la Municipalidad de Garabito, o a quienes ejerzan esos cargos, que atiendan la gestión del amparado, objeto de este recurso, y le comuniquen lo resuelto, todo en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Garabito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
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