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Res. 09674-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/05/2021
OutcomeResultado
The Municipality of Oreamuno is ordered to definitively resolve the flooding and landslide issue within six months and to answer a 2020 request within five days. Claims against the CNE and others are dismissed.Se ordena a la Municipalidad de Oreamuno solucionar definitivamente la problemática de inundaciones y deslizamientos en un plazo de seis meses y responder la gestión del 26 de noviembre de 2020 en cinco días. Se declara sin lugar contra la CNE y otros extremos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Alto de San Rafael, Oreamuno, Cartago, against the Municipality of Oreamuno and the National Emergency Commission. The claimant alleges years of flooding and landslides affecting her home due to a nearby gully. Despite prior reports and a 2006 ruling ordering measures, the problem persists. The municipal administration acknowledged the issue but argued that the property encroaches on the protection zone and that cleaning is not a solution. The Chamber partially grants the amparo: it orders the Mayor of Oreamuno to provide a definitive solution within six months and to respond to the November 26, 2020 filing within five days. Claims against the National Emergency Commission and the Mixed Institute for Social Assistance are dismissed.La Sala Constitucional conoce un amparo presentado por una vecina del Alto de San Rafael, Oreamuno de Cartago, contra la Municipalidad de Oreamuno y la Comisión Nacional de Emergencias. La recurrente alega que desde hace años sufre inundaciones y deslizamientos en su vivienda debido a una quebrada cercana. Pese a informes y recomendaciones anteriores, incluyendo una sentencia de 2006 que ordenó medidas, el problema persiste. La nueva administración municipal reconoció la situación pero argumentó que la propiedad invade la zona de protección y que la limpieza no es la solución. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: ordena al Alcalde de Oreamuno que, en el plazo de seis meses, brinde una solución definitiva a la problemática y, en cinco días, responda la gestión del 26 de noviembre de 2020. Declara sin lugar contra la Comisión Nacional de Emergencias por falta de gestión formal y contra el IMAS por ser materia de legalidad ordinaria.
Key excerptExtracto clave
After analyzing the evidence, this Court finds a violation of the protected party’s fundamental rights. From the report of the accused authority—given under oath with the consequences, including criminal, under Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence, it is proven that on June 2, 2020, the petitioner submitted a letter to the municipality, which the Vice-Mayor responded to, indicating that pipe and culvert cleaning was needed. Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner submitted a physical document to the Municipality, addressed to the Mayor and the President of the National Emergency Commission, requesting cleaning of the gully in Alto de San Rafael. Finally, it is proven that as of the report date, the problem remains unresolved and the November 26, 2020 request unanswered. Therefore, as the authorities have acquiesced to the facts, the amparo is granted in the terms set forth in the operative part. The amparo is partially granted, solely against the Municipality of Oreamuno. Erick Mauricio Jiménez Valverde, Mayor of the Municipality of Oreamuno de Cartago, or his successor, is ordered to issue orders and undertake the necessary coordination within his powers to provide a definitive solution to the problem within SIX MONTHS from notification of this ruling.Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 2 de junio de 2020 la amparada presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Finalmente, se acredita que a la fecha en que las autoridades recurridas rinden el informe, no se le ha brindado solución a la problemática expuesta por la recurrente. Así como tampoco, se le haya dado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020. Por lo expuesto, al allanarse las autoridades accionadas a los hechos denunciados, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena Erick Mauricio Jiménez Valverde, Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, o quien en su lugar ejerza esos cargo, girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is my view that if the Public Administration has already intervened, knowledge and resolution belong to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits when other rights of persons affected by flood contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena… girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES."
"The amparo is partially granted, solely against the Municipality of Oreamuno. It is ordered… to issue orders and undertake the necessary coordination within its powers to provide a definitive solution to the problem, all within SIX MONTHS."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena… girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Judgment with Separate Note Res. No. 2021009674 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fourteenth of May of two thousand twenty-one.
An amparo action processed in case file No. 21-007387-0007-CO, filed by ROBERTO ADOLFO MONTENEGRO MONTERO, identity card 0302840571, on behalf of LAURA SOLANO QUIRÓS, identity card 0108270470, against the MUNICIPALITY OF OREAMUNO DE CARTAGO AND THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION.
Whereas:
1.- By brief received by the Chamber on April 15, 2021, the petitioner files an amparo action on behalf of Laura Solano Quirós against the Municipality of Oreamuno and the National Emergency Commission. He states that previously, the protected party had filed the amparo action processed in case file No. 06-003796-0007-CO, in which she alleged that she had filed various proceedings before the Municipality of Oreamuno de Cartago and the National Emergency Commission for the resolution of the problems suffered in her dwelling as a result of landslides caused by a stream (quebrada). He argued, at that time, that despite the studies conducted at the site, the National Emergency Commission issued report No. 711-2003 CUE-421-GS-2006 in that regard, through which some recommendations were given for a possible solution to the problem. However, the works were never finished, even though the problem has persisted for more than 14 years and 4 mayoral administrations are aware of the situation. He recounts that, in any case, the works that have been carried out have generated more problems in the dwelling where she has lived with her family for more than thirty years. He comments that report No. DPM-INF 0713-2012 indicated that there is a problem in the place, which he affirms has caused her a significant economic loss, due to the repairs she has had to make. He explains that in the month of May 2020 the house flooded; for this reason, she called the 911 Emergency Service where she was told that the case would be communicated to the Municipality of Oreamuno; however, he claims that at no time did the respondent authorities appear to conduct an inspection of the site. Therefore, on June 2, 2020, she filed a letter with that municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site, and they were given a daily supply of groceries of the type given to low-income families, on the occasion of the pandemic generated by Covid-19. However, he claims that as of the date of filing this amparo, such cleaning has not been carried out, nor have the necessary measures been adopted to improve the situation. By virtue of the foregoing, on November 22, 2020, her son suffered a nervous breakdown because, due to the problems caused, his computer equipment was damaged. Added to this is the damage suffered by her vehicle, which had to be removed quickly due to the emergency; as well as many other material damages she has suffered. After that, the vice-mayor and an alternate council member conducted an inspection of the site and agreed -verbally- that the stream (quebrada) would be cleaned and she was offered the materials to build a wall. However, he claims that as of the date of filing this amparo, the officials have not even appeared at the site. He comments that on November 23, 2020, the mayor and vice-mayor of the locality, during a press conference, spoke about the incident that occurred the previous day, whereby several dwellings were affected by heavy rains in the Alto and Calle Blanquillo sector, and indicated that they would refer the case to the Joint Institute of Social Assistance (IMAS); however, they have also not been visited, because they were not included in the list of affected persons. Due to the foregoing, at the municipality she was given a letter to go to the Joint Institute of Social Assistance, but to date she has also not received a response. Furthermore, he states that at said municipality she was told that MINAE has already issued the corresponding report; however, they continue without resolving the problem. Finally, it is evident from the evidence provided that on November 26, 2020, a request was filed addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, to carry out a cleaning of the aforementioned stream (quebrada), which is obstructed due to lack of maintenance, and which could cause a flood in her dwelling; however, they continue without any response and without the corresponding work being carried out. Therefore, she requests the intervention of the Chamber.
2.- By means of a brief dated April 26, 2021, Eduardo Mora Castro, Head of the Legal Advisory Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, reports that the National Emergency Commission, attending to its competencies and responsibilities, once the consultations for each particular case are received, carries out the pertinent inspections and in this case in question issued the corresponding reports and recommendations, an example of this being that 14 years ago, regarding the amparo action number 06-003796-0007-CO filed by the now petitioner, the honorable Chamber in its judgment issued a series of orders to the Municipality of Oreamuno de Cartago. On that occasion, prior to the judgment, this COMMISSION issued report number 711-2003-CUE-421-GS-2006, which was taken into consideration by the Constitutional Chamber in its judgment. Note, your authority, that the petitioner, faced with a favorable judgment which issued orders to the Municipality of Oreamuno, should have processed a judgment execution proceeding and did not do so, and 14 years later files a new Action alleging non-compliance with said judgment. This violates due process. As the Petitioner indicates, the 2004 judgment orders the Municipality of Oreamuno to comply with the report given by this COMMISSION. An order that this Municipality does not comply with. The Municipality offered the petitioner the necessary materials to build a retaining wall and for some reason said wall has not been built, denoting that both the petitioner and the Municipality of Oreamuno have not taken the measures and recommendations of this COMMISSION, measures that were aimed at immediately addressing the problem. That all the requests and letters sent by the petitioners were directed in the first instance to the mayor of the Municipality of Oreamuno and the local president of the Emergency Committee of this area, which is headquartered in this Municipality, so there is no pending process before the institution he represents. However, most of this documentation has not been submitted to the CNE, since, as is evident, its receipt stamp is not stamped on them and they do not form part of the specific case file. Along the same lines, addressing a document to a body or institution, but without submitting it to the CNE, creates a physical impossibility for us to be able to know of its existence. I reiterate that all documentation that was sent to us was processed and its respective investigations and reports were issued. Finally, we must indicate that this year, given the complaints about flooding at Puente San Rafael, this COMMISSION appeared, investigated the matters relating to the flooding, and we issued technical report number CNE-UIAR-INF-0275-2021, with the following recommendations: a. A bridge-type structure must be designed to rehabilitate passage through this sector. b. The design of the structure must take into account the erosive force of the river in this sector. c. The possibility of implementing energy dissipators in the river channel must be evaluated, especially in the sectors where it is confined between structures. d. Any work that is carried out must be supervised by a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica and supported by the corresponding studies. It is for the foregoing reasons that the Commission has fulfilled the functions and competencies assigned to it by law. It requests that the action be dismissed.
3.- By brief dated April 26, 2021, Erick Mauricio Jiménez Valverde, Mayor of the Municipality of Oreamuno de Cartago, reports that personnel from the Municipality of Oreamuno, among them the vice-mayor, Ms. Viviana Carpio Carpio, the second vice-mayor, Mr. Miguel Mora Masis, and engineer Leonel Granados Valverde, have appeared at the area indicated by the protected party to verify what is stated in this amparo action. Additionally, in the inspection carried out, a photographic session was taken of the ditch (acequia), which borders the property of Ms. Laura Solano Quirós. In this inspection, part of the repairs carried out by the Municipality of Oreamuno from previous administrations were observed. In this regard, I clarify to the honorable Constitutional Chamber, that the ditch (acequia) does not show residues or deposits that obstruct its channel. The waters and the catch basins (ceniceros) function adequately, under normal conditions of stormwater discharge and from some nearby hamlets. Likewise, a possible cleaning is not a solution to the problem. This is because on Friday, April 23, 2021, it was determined through a topographic survey, carried out by Eng. Gabriela Lacayo Zelada, that the property where Ms. Laura Solano Quirós lives is encroaching upon the protection zone. According to what is evident from the report, the area of the cadastral plan does not coincide with reality. Ms. Solano Quirós built at the edge of the ditch (acequia), as evidenced in the expert report by the professional. Furthermore, the existence of a half-wall is verified, being the boundaries of her property, as well as the construction of a carport in the protected area annexed to the protected party's house. In this sense, the failure to respect the protected zones has aggravated the problem for Ms. Laura Solano Quirós. In this regard, the property is registered in the Public Registry, in the name of Mr. Roberto Montenegro Montero, identity card: 3-0284-0571 as Partido de Cartago, real folio number: 80150, Right: 000 and its cadastral plan: C- 28991-1976. As is evident from the property's cadastral plan, it has an area of 164.76 square meters and currently, with the topographic measurement, it records an area of 197.97 square meters. Also, the original frontage was 8.64 square meters and currently it has a frontage of 10.50 meters. A difference of 1.86 meters exists. In this line of thought, it is verified that Ms. Laura Solano Quirós did not respect the setbacks, encroaching upon the channels of the ditch (acequia), by building a carport next to it to park vehicles. Finally, the Municipality of Oreamuno, with its new Administration, is diligent in addressing the complaints filed by users. In addition to carrying out constant supervision of the problems detected. In this regard, the municipal officials in charge, between the Department of the Road Management Technical Unit and the Department of Environmental Hygiene and Decoration, will carry out a preventive cleaning of the catch basins (ceniceros) located in the ditch (acequia) bordering Ms. Laura Solano Quirós.
4.- By means of a brief submitted at 4:50 p.m. on May 13, 2021, the petitioner appears before this Chamber for the purpose of referring to the reports provided by the respondent authorities.
5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Justice Sánchez Navarro; and,
Considering:
I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter - for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure - it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sector laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the instance of a party - or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is raised because it involves a complaint filed before the Municipality of Oreamuno regarding an environmental situation and a danger to physical integrity. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.- Object of the action. a) She explains that in the month of May 2020 her house flooded; for this reason, she called the 911 Emergency Service where she was told that the case would be communicated to the Municipality of Oreamuno; however, she claims that at no time did the respondent authorities appear to conduct an inspection of the site. b) That on June 2, 2020, she filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site. However, she claims that as of the date of filing this amparo, such cleaning has not been carried out. c) That in the month of November 2020, the vice-mayor and an alternate council member conducted an inspection of the site and agreed -verbally- that the stream (quebrada) would be cleaned and she was offered the materials to build a wall. However, she claims that as of the date of filing this amparo, the officials have not even appeared at the site. d) She claims that the respondent municipality did not include them in the list of persons affected by rains to obtain help from IMAS. e) That the respondent Municipality processed a request for aid for the petitioner before IMAS; however, no response has been received. f) On November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed.
III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- UNPROVEN FACT: The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven: a) That the petitioner has sought socioeconomic aid from IMAS. b) That the protected party filed the proceeding of November 26, 2020, with the National Emergency Commission.
V.- RELEVANT BACKGROUND: This Chamber, in judgment No. 2006-9198 of 2:56 p.m. on July 4, 2006, heard an amparo action filed by the ward against the authorities sued herein. On that occasion, the petitioner's claim was that a solution be provided for the problems suffered in her dwelling as a result of landslides caused by a stream (quebrada) that runs next to her home. This Court granted the action and ordered the respondent authorities to take the necessary measures to rebuild the eroded slope adjacent to Laura Solano Quirós' dwelling and to comply with the reports of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response No. DMP-INF-711-2003 and CUE-421-GS-2006.
VI.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF OREAMUNO: The petitioner alleges that, despite the provisions of the aforementioned judgment, as well as the various works carried out by the municipal entity, the problem has not been resolved. Now, they file this amparo for events occurring in the year 2020. They note that on June 2, 2020, she filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site. Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. However, she claims that as of the date of filing this amparo, such cleaning has not been carried out.
In this regard, the municipal entity reports that they are aware of the petitioner's problem. They argue that cleaning the stream (quebrada) is not the solution to the problem, because from a topographic study conducted, it was concluded that the protected party's property is encroaching upon the protection zone. They omit to state whether a response has been provided to the proceeding of November 26, 2020, and finally, they indicate that as a preventive measure they will carry out a preventive cleaning of the catch basins (ceniceros) located in the ditch (acequia) bordering the ward. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies harm to the fundamental rights of the ward. From the report rendered by the representatives of the respondent authority - which is deemed given under oath with the consequences, even criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the body of evidence, it is accredited that on June 2, 2020, the protected party filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site. Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. Finally, it is accredited that as of the date the respondent authorities rendered their report, no solution has been provided to the problem described by the petitioner. Nor has a response been given to the proceeding of November 26, 2020. Based on the foregoing, as the respondent authorities have acquiesced to the reported facts, it is appropriate to grant the action, in the terms indicated in the operative part.
VII.- REGARDING THE CALL TO THE 911 EMERGENCY SERVICE: The petitioner explains that in the month of May 2020 her house flooded; for this reason, she called the 911 Emergency Service where she was told that the case would be communicated to the Municipality of Oreamuno; however, she claims that at no time did the respondent authorities appear to conduct an inspection of the site. In this regard, it must be noted that such action does not properly constitute the filing of a formal proceeding before the respondent Municipality to provide a response under the terms established by article 261 of the General Law of Public Administration. Therefore, this claim must be dismissed.
VIII.- REGARDING THE VERBAL PROCEEDING.- On the other hand, the petitioner notes that in the month of November 2020, the vice-mayor and an alternate council member conducted an inspection of the site and agreed -verbally- that the stream (quebrada) would be cleaned and she was offered the materials to build a wall. However, she claims that as of the date of filing this amparo, the officials have not even appeared at the site. In this regard, it must be warned that verbal proceedings are not subject to claim before this jurisdiction, and since the protected party does not prove the filing of her claims in writing, the allegation does not have the capacity to cause impairment of any fundamental right. Consequently, the action regarding this point must be dismissed.
IX.- REGARDING AID FROM THE JOINT INSTITUTE OF SOCIAL ASSISTANCE. The plaintiff claims that the respondent municipality did not include them in the list of persons affected by rains to obtain help from IMAS. On this particular matter, it must be warned that it is not the purview of this Chamber to review whether what is sought conforms to current legal regulations, a task proper to ordinary channels - administrative or jurisdictional - since this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions. The very claims that the plaintiff sets forth - determining whether the Municipality should have included them in the list of beneficiaries, as well as the appropriateness or not of the granting of socioeconomic aid by IMAS - are matters of ordinary legality and must be discussed and resolved through the channels that the law has specifically provided for these cases. In any event, note that it is not proven that the petitioner has sought socioeconomic aid from IMAS. Therefore, the petitioner must raise her disagreement or the corresponding claim through the administrative channel, or the competent jurisdictional channel, channels in which she may, in a comprehensive manner, discuss the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the action is dismissed regarding this point.
X.- REGARDING THE ACTIONS OF THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION. The petitioner recounts that on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. In this regard, it is not proven that such a proceeding was filed with the National Emergency Commission, which is why the omission to address the request cannot be attributed to it. In any event, note that during the year 2021 and given the complaints about flooding at Puente San Rafael, the National Emergency Commission appeared at the site in question, investigated the matters relating to the flooding, and issued technical report number CNE-UIAR-INF-0275-2021, with the following recommendations: a. A bridge-type structure must be designed to rehabilitate passage through this sector. b. The design of the structure must take into account the erosive force of the river in this sector. c. The possibility of implementing energy dissipators in the river channel must be evaluated, especially in the sectors where it is confined between structures. d. Any work that is carried out must be supervised by a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica and supported by the corresponding studies. In this sense, no delays or omissions on the part of the respondent authority are observed in addressing the problem described. Consequently, the action is dismissed regarding this point.
XI.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned, that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by pollution from flooding are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where the respondent authorities are accused of failing to take measures such as cleaning a stream (quebrada), since it causes flooding in the protected party's dwelling, among other things. In this sense, this omission affects the physical and mental health of the petitioner, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
XII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE.
This Chamber must warn the appellant that if any document has been submitted, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is partially granted, solely against the Municipalidad de Oreamuno. Erick Mauricio Jiménez Valverde, Mayor of the Municipalidad de Oreamuno de Cartago, or whoever holds that office in his place, is ordered to issue the orders and carry out the necessary coordination within the scope of his powers, so that a definitive solution is provided, as appropriate, to the problem that is the subject of this appeal, all within a period of SIX MONTHS from the notification of this judgment. Likewise, a response shall be provided to the petition filed by the protected party on November 26, 2020, the foregoing within a period of FIVE DAYS from the notification of this judgment. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. In all other respects, the appeal is dismissed. The Municipalidad de Oreamuno is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Salazar Alvarado files a separate note. Notify.
Fernando Castillo V.
President Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Contenido de Interés:
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INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
09674-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, ARREGLE EL PROBLEMA DE UNA QUEBRADA UBICADA EN EL ALTO DE SAN RAFAEL, QUE PROVOCA DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS.
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09674-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, ARREGLE EL PROBLEMA DE UNA QUEBRADA UBICADA EN EL ALTO DE SAN RAFAEL, QUE PROVOCA DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS.
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INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la falta de las autoridades recurridas de tomar medidas como la limpieza de una quebrada, toda vez que produce inundaciones en la casa de habitación de la amparada, entre otros. En este sentido, esta omisión afecta la salud física y mental de la recurrente, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
LBH06/21 ... Ver más Res. Nº 2021009674 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-007387-0007-CO, interpuesto por ROBERTO ADOLFO MONTENEGRO MONTERO, cédula de identidad 0302840571, a favor de LAURA SOLANO QUIRÓS, cédula de identidad 0108270470, contra la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala el 15 de abril de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de Laura Solano Quirós contra la Municipalidad de Oreamuno y la Comisión Nacional de Emergencias. Manifiesta que anteriormente, la amparada había planteado el recurso de amparo que se tramitó en expediente No. 06-003796-0007-CO, en el cual alegó que había planteado ante la Municipalidad de Oreamuno de Cartago y la Comisión Nacional de Emergencias, sendas gestiones para la resolución de los problemas sufridos en su vivienda producto de los deslizamientos originados por una quebrada. Adujo, en aquel momento, que pese a los estudios realizados en el lugar, la Comisión Nacional de Emergencias emitió al respecto el informe No.711-2003 CUE-421-GS-2006, mediante el cual se dieron algunas recomendaciones para dar una posible solución al problema. Sin embargo, las obras nunca se terminaron, pese a que la problemática lleva más de 14 años y hay 4 alcaldías que están al tanto de la situación. Refiere que, en todo caso, las obras que se han realizado han generado más problemas en la vivienda donde habita con su familia desde hace más de treinta años. Comenta que en el informe No. DPM-INF 0713-2012 se indicó que en el lugar hay un problema, lo cual afirma le ha generado una significativa pérdida económica, debido a las reparaciones que ha tenido que realizar. Expone que en el mes de mayo de 2020 la casa se inundó; razón por la cual, llamó al Servicio de Emergencias 911 donde se le indicó que el caso sería comunicado a la Municipalidad de Oreamuno; sin embargo, acusa que en ningún momento las autoridades recurridas se apersonaron a realizar una inspección en el lugar. Por lo anterior el 2 de junio de 2020 presentó una misiva ante ese municipio, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros y se les entregó un diario de víveres de los que entregan a familias de escasos recursos, con ocasión a la pandemia generada por el Covid-19. Sin embargo, acusa que a la fecha en que acude en amparo no se ha realizado dicha limpieza, ni se han adoptado las medidas necesarias para mejorar la situación. En virtud de lo expuesto, el 22 de noviembre de 2020 su hijo sufrió una crisis nerviosa debido a que por los problemas ocasionados, su equipo de cómputo se dañó. A esto suma, el daño que sufrió el vehículo de su propiedad, que al tener que sacarlo con rapidez por la emergencia; así como, muchos otros daños materiales que ha sufrido. Posterior a eso, el vice alcalde y un regidor suplente realizaron una inspección en el lugar y acordaron -de forma verbal- que se limpiaría la quebrada y se le ofrecieron los materiales para hacer un muro. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo los personeros ni siquiera se han presentado al lugar. Comenta que el 23 de noviembre de 2020, el alcalde y la vicealcaldesa de la localidad durante una conferencia de prensa hablaron sobre el incidente ocurrido el día anterior, mediante el cual varias viviendas se vieron afectadas por las fuertes lluvias en el sector del Alto y Calle Blanquillo e indicaron que trasladarían el caso ante el Instituto Mixto de Ayuda Social; empero, tampoco han sido visitados, por cuanto no los incluyeron a la lista de afectados. Por lo expuesto, en la municipalidad se le entregó una carta para que acudieran al Instituto Mixto de Ayuda Social, pero a la fecha tampoco ha obtenido respuesta. De otra parte manifiesta que en dicho municipio se le indicó que el MINAE ya rindió el informe correspondiente; sin embargo, continúan sin resolver la problemática. Finalmente, de la prueba aportada se desprende que en fecha 26 de noviembre de 2020 se presentó una solicitud dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para que se realice una limpieza en la quebrada supracitada, misma que está obstruida por falta de mantenimiento, y que puede generar una inundación en su casa de habitación; sin embargo, continúan sin respuesta alguna y sin que se realicen los trabajos correspondientes. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.
2.- Mediante escrito de fecha 26 de abril de 2021, Eduardo Mora Castro, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, informa que la Comisión Nacional De Emergencias, atendiendo a sus competencias y responsabilidades, una vez recibidas las consultas de cada caso en particular, efectúa las inspecciones pertinentes y en este caso en mención emitió los informes y recomendaciones correspondientes, ejemplo de esto, hace 14 años ante el recurso de Amparo número 06-003796-0007-CO, interpuesto por la ahora recurrente, la honorable Sala en la sentencia daba una serie de órdenes a la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, en dicha oportunidad previo a la sentencia, esta COMISIÓN, emitió el informe número 711-2003-CUE-421-GS-2006 mismo que en sentencia fue tomado en consideración por la Sala Constitucional. Note su autoridad que la recurrente ante una sentencia favorable la cual emitía órdenes a la Municipalidad de Oreamuno debió haber tramitado un proceso de ejecución de sentencia y no lo hizo y 14 años después presenta un nuevo Recurso en el cual aduce incumplimiento de la sentencia ya dicha. Esto violenta el debido proceso. Como indica el Recurrente la sentencia del 2004, ordena a la Municipalidad de Oreamuno acatar el informe dado por esta COMISIÓN. Orden que no acata esta Municipalidad. La Municipalidad le ofreció a la recurrente los materiales necesarios para que construyera un muro de contención y por algún motivo dicho muro no se ha construido, denotando que tanto la recurrente como la Municipalidad de Oreamuno no han tomado las medidas y las recomendaciones de esta COMISIÓN, medidas que iban encaminadas a abordar de inmediato la problemática. Que todas las solicitudes y cartas, enviadas por los recurrentes, iban dirigidos en primera instancia al alcalde de la Municipalidad de Oreamuno y al presidente local del Comité de Emergencias de esta zona, el cual tiene su sede en esta Municipalidad, por lo que no existe un trámite pendiente por parte de la institución que representa. Sin embargo, la mayoría de esta documentación no ha sido presentada ante CNE, puesto que, como queda en evidencia, su sello de recibido no está plasmado en estos y no forman parte del expediente del caso en concreto. En el mismo orden de ideas, el encabezar un documento a un órgano o institución, pero sin la presentación ante la CNE, hace con que exista una imposibilidad física para nosotros poder conocer de su existencia. Reitero que toda documentación que se nos fue enviada fue tramitada y se emitieron sus respectivas investigaciones e informes. Por último, debemos indicar que este año ante las denuncias por las inundaciones en el Puente San Rafael, esta COMISIÓN se hizo presente, investigó los asuntos relativos a las inundaciones y emitimos el informe técnico número CNE-UIAR-INF-0275-2021, con las siguientes recomendaciones: a. Se debe diseñar una obra tipo puente para rehabilitar el paso por este sector. b. El diseño de la obra debe de tomar en cuenta la fuerza erosiva del rio en este sector. c. Se debe valora la posibilidad de implementar disipadores de energía en el cauce del rio sobre todo en los sectores donde está confinado entre estructuras. d. Cualquier obra que se realice debe ser supervisadas por un profesional acreditado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y respaldado por los estudios correspondientes. Es por lo anterior que la Comisión ha cumplido con las funciones y competencias que por ley le han sido asignadas. Solicita se declare sin lugar el recurso.
3.- Por memorial de fecha 26 de abril de 2021, Erick Mauricio Jiménez Valverde, Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, informa que el personal de la Municipalidad de Oreamuno, entre ellos la vicealcaldesa, doña Viviana Carpio Carpio, el segundo vicealcalde, don Miguel Mora Masis, y el ingeniero Leonel Granados Valverde, se han apersonado a la zona indicada por la amparada para verificar lo expuesto en este recurso de amparo. Además, en la inspección realizada se ha tomado una sesión fotográfica de la acequia, que colinda en la propiedad de la señora doña Laura Solano Quirós. En esta inspección se observaron parte de las reparaciones realizadas por la Municipalidad de Oreamuno desde las administraciones anteriores. En este sentido, aclaro a la honorable Sala Constitucional, que la acequia no muestra residuos o depósitos que obstruyan su cauce. Las aguas y los ceniceros funcionan adecuadamente, en condiciones normales de vertidos de agua pluviales y de algunos caseríos cercanos. Asimismo, la posible limpieza no es una solución a la problemática. Esto debido que el viernes 23 de abril de 2021 se determine con un levantamiento topográfico, realizado por la Ing. Gabriela Lacayo Zelada, que la propiedad donde la señora Laura Solano Quirós, está invadiendo la zona de protección. Según se desprende del informe, el área del plano catastro no coincide con la realidad. La señora Solano Quirós, construyo al borde de la cequia, según se deprende del informe pericial de la profesional. Además, se verifica la existencia de medio muro, siendo los límites de su propiedad, como la construcción de una cochera en la zona protegida anexa a la casa de la amparada. En este sentido, el no respeto de las zonas protegidas han agravado la problemática de la señora Laura Solano Quirós. En este sentido, la propiedad está inscrita en el Registro Público, a nombre del señor Roberto Montenegro Montero, cedula de identidad: 3-0284-0571 como el Partido de Cartago, folio real número: 80150, Derecho: 000 y su piano catastro: C- 28991-1976. Según se desprende del piano catastro de la propiedad, esta tiene un área de 164,76 metros cuadrados y en la actualidad, con la medición topográfica, registra un área de 197.97 metros cuadrados. También, el frente original era de 8,64 metros cuadrados y en la actualidad tiene un frente de 10,50 metros. Existiendo una diferencia de 1,86 metros. En este orden de ideas, se verifica que la señora Laura Solano Quirós no respeto los retiros, invadiendo los cauces de la acequia, al construir a la par, una cochera para estacionar vehículos. Por último, la Municipalidad de Oreamuno, con su nueva Administración es diligente en la atención de las denuncias presentadas por los usuarios. Además de realizar una supervisión constante de las problemáticas detectadas. En este aspecto, los encargados municipales, entre el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Departamento de Higiene y Ornato Ambiental, realizarán una limpieza preventiva de los ceniceros ubicados en la acequia que colinda con la señora Laura Solano Quirós.
4.- Por medio de escrito aportado a las 16:50 horas del 13 de mayo de 2021, el recurrente se apersona ante esta Sala con la finalidad de referirse a los informes aportados porr las autoridades recurridos.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
I.-DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Oreamuno por una situación ambiental y de peligro a la integridad física. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- Objeto del recurso. a) Expone que en el mes de mayo de 2020 su casa se inundó; razón por la cual, llamó al Servicio de Emergencias 911 donde se le indicó que el caso sería comunicado a la Municipalidad de Oreamuno; sin embargo, acusa que en ningún momento las autoridades recurridas se apersonaron a realizar una inspección en el lugar. b) Que el 2 de junio de 2020 presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Sin embargo, acusa que a la fecha en que acude en amparo no se ha realizado dicha limpieza. c) Que en el mes de noviembre de 2020, el vice alcalde y un regidor suplente realizaron una inspección en el lugar y acordaron -de forma verbal- que se limpiaría la quebrada y se le ofrecieron los materiales para hacer un muro. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo los personeros ni siquiera se han presentado al lugar. d) Reclama que el municipio accionado, no los incluyó en la lista de personas afectadas por lluvias para obtener ayuda del IMAS. e) Que la Municipalidad accionada gestionó ante el IMAS ayuda para la recurrente; sin embargo, no se ha tenido respuesta. f) El 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- HECHO NO PROBADO: No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: a) Que la recurrente haya gestionado ayuda socioeconómica ante el IMAS. b) Que la amparada haya presentado la gestión del 26 de noviembre de 2020 a la Comisión Nacional de Emergencias.
V.- ANTECEDENTE DE INTERÉS: Esta Sala en sentencia No. 2006-9198 de las 14:56 horas del 4 de julio de 2006, conoció un recurso de amparo interpuesto por la tutelada en contra de las autoridades aquí recurridas. En aquella oportunidad, la pretensión de la recurrente era que se le brindara una solución a los problemas sufridos en su vivienda producto de los deslizamientos originados por una quebrada que pasa al lado de su hogar. Este Tribunal estimó el recurso y ordenó a las autoridades accionadas, que tomaran las medidas necesarias para que se reconstruyera el talud erosionado adyacente a la vivienda de Laura Solano Quirós y que se cumpliera con los informes de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Nº DMP-INF-711-2003 y CUE-421-GS-2006.
VI.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO: El recurrente alega que, pese a lo dispuesto en la sentencia antes citada, así como los distintos trabajos efectuados por el ente municipal, la problemática no se ha solucionado. Ahora, acuden en amparo por hechos acaecidos en el año 2020. Señalan que el 2 de junio de 2020 presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Sin embargo, acusa que a la fecha en que acude en amparo no se ha realizado dicha limpieza.
Al respecto, la entidad municipal informa que conocen de la problemática de la recurrente. Aducen que la limpieza de la quebrada no es la solución del problema, pues de un estudio topográfico efectuado, se concluyó que la propiedad de la amparada está invadiendo la zona de protección. Omiten referirse a si se ha brindado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020 y finalmente, indican que de manera preventiva realizarán una limpieza preventiva de los ceniceros ubicados en la acequia que colinda con la tutelada. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 2 de junio de 2020 la amparada presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Finalmente, se acredita que a la fecha en que las autoridades recurridas rinden el informe, no se le ha brindado solución a la problemática expuesta por la recurrente. Así como tampoco, se le haya dado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020. Por lo expuesto, al allanarse las autoridades accionadas a los hechos denunciados, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva.
VII.- SOBRE LA LLAMADA AL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911: Expone el recurrente que en el mes de mayo de 2020 su casa se inundó; razón por la cual, llamó al Servicio de Emergencias 911 donde se le indicó que el caso sería comunicado a la Municipalidad de Oreamuno; sin embargo, acusa que en ningún momento las autoridades recurridas se apersonaron a realizar una inspección en el lugar. Al respecto, se debe indicar que tal actuación no constituye propiamente a la interposición de una gestión formal ante la Municipalidad accionada para dar respuesta en los términos que establece el artículo 261 de la Ley General de Administración Pública. Por lo expuesto, este reclamo debe desestimarse.
VIII.- SOBRE LA GESTIÓN VERBAL.- Por otra parte, señala el recurrente que en el mes de noviembre de 2020, el vice alcalde y un regidor suplente realizaron una inspección en el lugar y acordaron -de forma verbal- que se limpiaría la quebrada y se le ofrecieron los materiales para hacer un muro. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo los personeros ni siquiera se han presentado al lugar. Al respecto, se impone advertir que las gestiones verbales no son susceptibles de reclamo ante esta jurisdicción, y que la parte amparada no acredita la interposición de sus planteamientos por escrito, lo alegado no tiene la virtud de causar menoscabo derecho fundamental alguno. En consecuencia, el recurso en cuanto a este extremo debe declararse sin lugar.
IX.- SOBRE LA AYUDA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. Reclama el accionante que el municipio accionado, no los incluyó en la lista de personas afectadas por lluvias para obtener ayuda del IMAS. Sobre el particular, se impone advertir que no le compete a esta Sala revisar si lo pretendido se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Las pretensiones mismas que la accionante expone -determinar si la Municipalidad debió incluirlos en la lista de beneficiarios, así como la procedencia o no del otorgamiento de ayuda socioeconómica por parte del IMAS- son propias de la legalidad ordinaria y debe discutirse y resolverse en las vías que la ley ha previsto específicamente para estos casos. En todo caso, véase que no se acredita que la recurrente haya gestionado ayuda socioeconómica ante el IMAS. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o el reclamo que corresponda ante la vía administrativa, o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este estremo.
X.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS. Refiere el recurrente que el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Al respecto, no se acredita que tal gestión haya sido presentada ante la Comisión Nacional de Emergencia, razón por la cual no puede atribuírsele la omisión en atender la solicitud. En todo caso, véase que durante el año 2021 y ante las denuncias por las inundaciones en el Puente San Rafael, la Comisión Nacional de Emergencias se hizo presente al lugar en cuestión, investigó los asuntos relativos a las inundaciones y emitió el informe técnico número CNE-UIAR-INF-0275-2021, con las siguientes recomendaciones: a. Se debe diseñar una obra tipo puente para rehabilitar el paso por este sector. b. El diseño de la obra debe de tomar en cuenta la fuerza erosiva del rio en este sector. c. Se debe valora la posibilidad de implementar disipadores de energía en el cauce del rio sobre todo en los sectores donde está confinado entre estructuras. d. Cualquier obra que se realice debe ser supervisadas por un profesional acreditado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y respaldado por los estudios correspondientes. En ese sentido, no se observan dilaciones u omisiones de la autoridad recurrida, en la atención de la problemática expuesta. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso.
XI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la falta de las autoridades recurridas de tomar medidas como la limpieza de una quebrada, toda vez que produce inundaciones en la casa de habitación de la amparada, entre otros. En este sentido, esta omisión afecta la salud física y mental de la recurrente, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena Erick Mauricio Jiménez Valverde, Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, o quien en su lugar ejerza esos cargo, girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, se brinde respuesta a la gestión presentada por la amparada en fecha 26 de noviembre de 2020, lo anterior en un plazo de CINCO DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Oreamuno al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.
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