← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 09674-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/05/2021
OutcomeResultado
The Municipality of Oreamuno is ordered to definitively resolve the flooding and landslide issue within six months and to answer a 2020 request within five days. Claims against the CNE and others are dismissed.Se ordena a la Municipalidad de Oreamuno solucionar definitivamente la problemática de inundaciones y deslizamientos en un plazo de seis meses y responder la gestión del 26 de noviembre de 2020 en cinco días. Se declara sin lugar contra la CNE y otros extremos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Alto de San Rafael, Oreamuno, Cartago, against the Municipality of Oreamuno and the National Emergency Commission. The claimant alleges years of flooding and landslides affecting her home due to a nearby gully. Despite prior reports and a 2006 ruling ordering measures, the problem persists. The municipal administration acknowledged the issue but argued that the property encroaches on the protection zone and that cleaning is not a solution. The Chamber partially grants the amparo: it orders the Mayor of Oreamuno to provide a definitive solution within six months and to respond to the November 26, 2020 filing within five days. Claims against the National Emergency Commission and the Mixed Institute for Social Assistance are dismissed.La Sala Constitucional conoce un amparo presentado por una vecina del Alto de San Rafael, Oreamuno de Cartago, contra la Municipalidad de Oreamuno y la Comisión Nacional de Emergencias. La recurrente alega que desde hace años sufre inundaciones y deslizamientos en su vivienda debido a una quebrada cercana. Pese a informes y recomendaciones anteriores, incluyendo una sentencia de 2006 que ordenó medidas, el problema persiste. La nueva administración municipal reconoció la situación pero argumentó que la propiedad invade la zona de protección y que la limpieza no es la solución. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: ordena al Alcalde de Oreamuno que, en el plazo de seis meses, brinde una solución definitiva a la problemática y, en cinco días, responda la gestión del 26 de noviembre de 2020. Declara sin lugar contra la Comisión Nacional de Emergencias por falta de gestión formal y contra el IMAS por ser materia de legalidad ordinaria.
Key excerptExtracto clave
After analyzing the evidence, this Court finds a violation of the protected party’s fundamental rights. From the report of the accused authority—given under oath with the consequences, including criminal, under Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence, it is proven that on June 2, 2020, the petitioner submitted a letter to the municipality, which the Vice-Mayor responded to, indicating that pipe and culvert cleaning was needed. Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner submitted a physical document to the Municipality, addressed to the Mayor and the President of the National Emergency Commission, requesting cleaning of the gully in Alto de San Rafael. Finally, it is proven that as of the report date, the problem remains unresolved and the November 26, 2020 request unanswered. Therefore, as the authorities have acquiesced to the facts, the amparo is granted in the terms set forth in the operative part. The amparo is partially granted, solely against the Municipality of Oreamuno. Erick Mauricio Jiménez Valverde, Mayor of the Municipality of Oreamuno de Cartago, or his successor, is ordered to issue orders and undertake the necessary coordination within his powers to provide a definitive solution to the problem within SIX MONTHS from notification of this ruling.Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 2 de junio de 2020 la amparada presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Finalmente, se acredita que a la fecha en que las autoridades recurridas rinden el informe, no se le ha brindado solución a la problemática expuesta por la recurrente. Así como tampoco, se le haya dado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020. Por lo expuesto, al allanarse las autoridades accionadas a los hechos denunciados, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena Erick Mauricio Jiménez Valverde, Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, o quien en su lugar ejerza esos cargo, girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is my view that if the Public Administration has already intervened, knowledge and resolution belong to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits when other rights of persons affected by flood contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena… girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES."
"The amparo is partially granted, solely against the Municipality of Oreamuno. It is ordered… to issue orders and undertake the necessary coordination within its powers to provide a definitive solution to the problem, all within SIX MONTHS."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena… girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Judgment with Separate Note CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fourteenth of May of two thousand twenty-one.
An amparo action processed in case file No. 21-007387-0007-CO, filed by ROBERTO ADOLFO MONTENEGRO MONTERO, identity card 0302840571, on behalf of LAURA SOLANO QUIRÓS, identity card 0108270470, against the MUNICIPALITY OF OREAMUNO DE CARTAGO AND THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION.
Whereas:
Drafted by Justice Sánchez Navarro; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter - for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure - it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sector laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the instance of a party - or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is raised because it involves a complaint filed before the Municipality of Oreamuno regarding an environmental situation and a danger to physical integrity. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the action. a) She explains that in the month of May 2020 her house flooded; for this reason, she called the 911 Emergency Service where she was told that the case would be communicated to the Municipality of Oreamuno; however, she claims that at no time did the respondent authorities appear to conduct an inspection of the site. b) That on June 2, 2020, she filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site. However, she claims that as of the date of filing this amparo, such cleaning has not been carried out. c) That in the month of November 2020, the vice-mayor and an alternate council member conducted an inspection of the site and agreed -verbally- that the stream (quebrada) would be cleaned and she was offered the materials to build a wall. However, she claims that as of the date of filing this amparo, the officials have not even appeared at the site. d) She claims that the respondent municipality did not include them in the list of persons affected by rains to obtain help from IMAS. e) That the respondent Municipality processed a request for aid for the petitioner before IMAS; however, no response has been received. f) On November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven: a) That the petitioner has sought socioeconomic aid from IMAS. b) That the protected party filed the proceeding of November 26, 2020, with the National Emergency Commission.
This Chamber, in judgment No. 2006-9198 of 2:56 p.m. on July 4, 2006, heard an amparo action filed by the ward against the authorities sued herein. On that occasion, the petitioner's claim was that a solution be provided for the problems suffered in her dwelling as a result of landslides caused by a stream (quebrada) that runs next to her home. This Court granted the action and ordered the respondent authorities to take the necessary measures to rebuild the eroded slope adjacent to Laura Solano Quirós' dwelling and to comply with the reports of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response No. DMP-INF-711-2003 and CUE-421-GS-2006.
The petitioner alleges that, despite the provisions of the aforementioned judgment, as well as the various works carried out by the municipal entity, the problem has not been resolved. Now, they file this amparo for events occurring in the year 2020. They note that on June 2, 2020, she filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site. Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. However, she claims that as of the date of filing this amparo, such cleaning has not been carried out.
In this regard, the municipal entity reports that they are aware of the petitioner's problem. They argue that cleaning the stream (quebrada) is not the solution to the problem, because from a topographic study conducted, it was concluded that the protected party's property is encroaching upon the protection zone. They omit to state whether a response has been provided to the proceeding of November 26, 2020, and finally, they indicate that as a preventive measure they will carry out a preventive cleaning of the catch basins (ceniceros) located in the ditch (acequia) bordering the ward. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies harm to the fundamental rights of the ward. From the report rendered by the representatives of the respondent authority - which is deemed given under oath with the consequences, even criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the body of evidence, it is accredited that on June 2, 2020, the protected party filed a letter with the respondent municipality, which was answered by the Vice-Mayor to the effect that a cleaning of pipes and catch basins (ceniceros) must be carried out at the site.
Subsequently, on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. Finally, it is accredited that as of the date the respondent authorities rendered their report, no solution has been provided to the problem described by the petitioner. Nor has a response been given to the proceeding of November 26, 2020. Based on the foregoing, as the respondent authorities have acquiesced to the reported facts, it is appropriate to grant the action, in the terms indicated in the operative part.
The petitioner explains that in the month of May 2020 her house flooded; for this reason, she called the 911 Emergency Service where she was told that the case would be communicated to the Municipality of Oreamuno; however, she claims that at no time did the respondent authorities appear to conduct an inspection of the site. In this regard, it must be noted that such action does not properly constitute the filing of a formal proceeding before the respondent Municipality to provide a response under the terms established by article 261 of the General Law of Public Administration. Therefore, this claim must be dismissed.
VIII.REGARDING THE VERBAL PROCEEDING.- On the other hand, the petitioner notes that in the month of November 2020, the vice-mayor and an alternate council member conducted an inspection of the site and agreed -verbally- that the stream (quebrada) would be cleaned and she was offered the materials to build a wall. However, she claims that as of the date of filing this amparo, the officials have not even appeared at the site. In this regard, it must be warned that verbal proceedings are not subject to claim before this jurisdiction, and since the protected party does not prove the filing of her claims in writing, the allegation does not have the capacity to cause impairment of any fundamental right. Consequently, the action regarding this point must be dismissed.
The plaintiff claims that the respondent municipality did not include them in the list of persons affected by rains to obtain help from IMAS. On this particular matter, it must be warned that it is not the purview of this Chamber to review whether what is sought conforms to current legal regulations, a task proper to ordinary channels - administrative or jurisdictional - since this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions. The very claims that the plaintiff sets forth - determining whether the Municipality should have included them in the list of beneficiaries, as well as the appropriateness or not of the granting of socioeconomic aid by IMAS - are matters of ordinary legality and must be discussed and resolved through the channels that the law has specifically provided for these cases. In any event, note that it is not proven that the petitioner has sought socioeconomic aid from IMAS. Therefore, the petitioner must raise her disagreement or the corresponding claim through the administrative channel, or the competent jurisdictional channel, channels in which she may, in a comprehensive manner, discuss the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the action is dismissed regarding this point.
The petitioner recounts that on November 26, 2020, the petitioner filed - a physical document - before the respondent Municipality, a note addressed to the municipal mayor and the president of the National Emergency Commission, requesting a cleaning of the stream (quebrada) located in Alto de San Rafael, because it is allegedly obstructed. In this regard, it is not proven that such a proceeding was filed with the National Emergency Commission, which is why the omission to address the request cannot be attributed to it. In any event, note that during the year 2021 and given the complaints about flooding at Puente San Rafael, the National Emergency Commission appeared at the site in question, investigated the matters relating to the flooding, and issued technical report number CNE-UIAR-INF-0275-2021, with the following recommendations: a. A bridge-type structure must be designed to rehabilitate passage through this sector. b. The design of the structure must take into account the erosive force of the river in this sector. c. The possibility of implementing energy dissipators in the river channel must be evaluated, especially in the sectors where it is confined between structures. d. Any work that is carried out must be supervised by a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica and supported by the corresponding studies. In this sense, no delays or omissions on the part of the respondent authority are observed in addressing the problem described. Consequently, the action is dismissed regarding this point.
In environmental matters, it is the criterion of the undersigned, that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by pollution from flooding are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where the respondent authorities are accused of failing to take measures such as cleaning a stream (quebrada), since it causes flooding in the protected party's dwelling, among other things. In this sense, this omission affects the physical and mental health of the petitioner, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
This Chamber must warn the appellant that if any document has been submitted, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is partially granted, solely against the Municipalidad de Oreamuno. Erick Mauricio Jiménez Valverde, Mayor of the Municipalidad de Oreamuno de Cartago, or whoever holds that office in his place, is ordered to issue the orders and carry out the necessary coordination within the scope of his powers, so that a definitive solution is provided, as appropriate, to the problem that is the subject of this appeal, all within a period of SIX MONTHS from the notification of this judgment. Likewise, a response shall be provided to the petition filed by the protected party on November 26, 2020, the foregoing within a period of FIVE DAYS from the notification of this judgment. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished.
In all other respects, the appeal is dismissed. The Municipalidad de Oreamuno is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Salazar Alvarado files a separate note. Notify.
Fernando Castillo V.
President Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Control constitucional: Sentencia estimatoria Sentencia con nota separada Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
09674-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, ARREGLE EL PROBLEMA DE UNA QUEBRADA UBICADA EN EL ALTO DE SAN RAFAEL, QUE PROVOCA DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS.
LBH06/21 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
09674-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, ARREGLE EL PROBLEMA DE UNA QUEBRADA UBICADA EN EL ALTO DE SAN RAFAEL, QUE PROVOCA DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS.
LBH06/21 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
QUEJA.
09674-21. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO, QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, ARREGLE EL PROBLEMA DE UNA QUEBRADA UBICADA EN EL ALTO DE SAN RAFAEL, QUE PROVOCA DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS.
LBH06/21 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la falta de las autoridades recurridas de tomar medidas como la limpieza de una quebrada, toda vez que produce inundaciones en la casa de habitación de la amparada, entre otros. En este sentido, esta omisión afecta la salud física y mental de la recurrente, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
LBH06/21 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-007387-0007-CO, interpuesto por ROBERTO ADOLFO MONTENEGRO MONTERO, cédula de identidad 0302840571, a favor de LAURA SOLANO QUIRÓS, cédula de identidad 0108270470, contra la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS.
Resultando:
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Oreamuno por una situación ambiental y de peligro a la integridad física. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. a) Expone que en el mes de mayo de 2020 su casa se inundó; razón por la cual, llamó al Servicio de Emergencias 911 donde se le indicó que el caso sería comunicado a la Municipalidad de Oreamuno; sin embargo, acusa que en ningún momento las autoridades recurridas se apersonaron a realizar una inspección en el lugar. b) Que el 2 de junio de 2020 presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Sin embargo, acusa que a la fecha en que acude en amparo no se ha realizado dicha limpieza. c) Que en el mes de noviembre de 2020, el vice alcalde y un regidor suplente realizaron una inspección en el lugar y acordaron -de forma verbal- que se limpiaría la quebrada y se le ofrecieron los materiales para hacer un muro. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo los personeros ni siquiera se han presentado al lugar. d) Reclama que el municipio accionado, no los incluyó en la lista de personas afectadas por lluvias para obtener ayuda del IMAS. e) Que la Municipalidad accionada gestionó ante el IMAS ayuda para la recurrente; sin embargo, no se ha tenido respuesta. f) El 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: a) Que la recurrente haya gestionado ayuda socioeconómica ante el IMAS. b) Que la amparada haya presentado la gestión del 26 de noviembre de 2020 a la Comisión Nacional de Emergencias.
Esta Sala en sentencia No. 2006-9198 de las 14:56 horas del 4 de julio de 2006, conoció un recurso de amparo interpuesto por la tutelada en contra de las autoridades aquí recurridas. En aquella oportunidad, la pretensión de la recurrente era que se le brindara una solución a los problemas sufridos en su vivienda producto de los deslizamientos originados por una quebrada que pasa al lado de su hogar. Este Tribunal estimó el recurso y ordenó a las autoridades accionadas, que tomaran las medidas necesarias para que se reconstruyera el talud erosionado adyacente a la vivienda de Laura Solano Quirós y que se cumpliera con los informes de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Nº DMP-INF-711-2003 y CUE-421-GS-2006.
El recurrente alega que, pese a lo dispuesto en la sentencia antes citada, así como los distintos trabajos efectuados por el ente municipal, la problemática no se ha solucionado. Ahora, acuden en amparo por hechos acaecidos en el año 2020. Señalan que el 2 de junio de 2020 presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Sin embargo, acusa que a la fecha en que acude en amparo no se ha realizado dicha limpieza.
Al respecto, la entidad municipal informa que conocen de la problemática de la recurrente. Aducen que la limpieza de la quebrada no es la solución del problema, pues de un estudio topográfico efectuado, se concluyó que la propiedad de la amparada está invadiendo la zona de protección. Omiten referirse a si se ha brindado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020 y finalmente, indican que de manera preventiva realizarán una limpieza preventiva de los ceniceros ubicados en la acequia que colinda con la tutelada. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 2 de junio de 2020 la amparada presentó una misiva ante el municipio accionado, la cual, fue respondida por la Vicealcaldesa en el sentido que en el lugar se debe de realizar una limpieza de tubos y ceniceros.
Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Finalmente, se acredita que a la fecha en que las autoridades recurridas rinden el informe, no se le ha brindado solución a la problemática expuesta por la recurrente. Así como tampoco, se le haya dado respuesta a la gestión del 26 de noviembre de 2020. Por lo expuesto, al allanarse las autoridades accionadas a los hechos denunciados, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva.
Expone el recurrente que en el mes de mayo de 2020 su casa se inundó; razón por la cual, llamó al Servicio de Emergencias 911 donde se le indicó que el caso sería comunicado a la Municipalidad de Oreamuno; sin embargo, acusa que en ningún momento las autoridades recurridas se apersonaron a realizar una inspección en el lugar. Al respecto, se debe indicar que tal actuación no constituye propiamente a la interposición de una gestión formal ante la Municipalidad accionada para dar respuesta en los términos que establece el artículo 261 de la Ley General de Administración Pública. Por lo expuesto, este reclamo debe desestimarse.
VIII.SOBRE LA GESTIÓN VERBAL.- Por otra parte, señala el recurrente que en el mes de noviembre de 2020, el vice alcalde y un regidor suplente realizaron una inspección en el lugar y acordaron -de forma verbal- que se limpiaría la quebrada y se le ofrecieron los materiales para hacer un muro. No obstante, acusa que a la fecha en que acude en amparo los personeros ni siquiera se han presentado al lugar. Al respecto, se impone advertir que las gestiones verbales no son susceptibles de reclamo ante esta jurisdicción, y que la parte amparada no acredita la interposición de sus planteamientos por escrito, lo alegado no tiene la virtud de causar menoscabo derecho fundamental alguno. En consecuencia, el recurso en cuanto a este extremo debe declararse sin lugar.
Reclama el accionante que el municipio accionado, no los incluyó en la lista de personas afectadas por lluvias para obtener ayuda del IMAS. Sobre el particular, se impone advertir que no le compete a esta Sala revisar si lo pretendido se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Las pretensiones mismas que la accionante expone -determinar si la Municipalidad debió incluirlos en la lista de beneficiarios, así como la procedencia o no del otorgamiento de ayuda socioeconómica por parte del IMAS- son propias de la legalidad ordinaria y debe discutirse y resolverse en las vías que la ley ha previsto específicamente para estos casos. En todo caso, véase que no se acredita que la recurrente haya gestionado ayuda socioeconómica ante el IMAS. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o el reclamo que corresponda ante la vía administrativa, o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este estremo.
Refiere el recurrente que el 26 de noviembre de 2020 la recurrente presentó -documento físico- ante la Municipalidad accionada, nota dirigida al alcalde municipal y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, solicitando se realizara una limpieza de la quebrada ubicada en el Alto de San Rafael, por encontrarse presuntamente obstruida. Al respecto, no se acredita que tal gestión haya sido presentada ante la Comisión Nacional de Emergencia, razón por la cual no puede atribuírsele la omisión en atender la solicitud. En todo caso, véase que durante el año 2021 y ante las denuncias por las inundaciones en el Puente San Rafael, la Comisión Nacional de Emergencias se hizo presente al lugar en cuestión, investigó los asuntos relativos a las inundaciones y emitió el informe técnico número CNE-UIAR-INF-0275-2021, con las siguientes recomendaciones: a. Se debe diseñar una obra tipo puente para rehabilitar el paso por este sector. b. El diseño de la obra debe de tomar en cuenta la fuerza erosiva del rio en este sector. c. Se debe valora la posibilidad de implementar disipadores de energía en el cauce del rio sobre todo en los sectores donde está confinado entre estructuras. d. Cualquier obra que se realice debe ser supervisadas por un profesional acreditado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y respaldado por los estudios correspondientes. En ese sentido, no se observan dilaciones u omisiones de la autoridad recurrida, en la atención de la problemática expuesta. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la contaminación por inundaciones, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la falta de las autoridades recurridas de tomar medidas como la limpieza de una quebrada, toda vez que produce inundaciones en la casa de habitación de la amparada, entre otros. En este sentido, esta omisión afecta la salud física y mental de la recurrente, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Oreamuno. Se le ordena Erick Mauricio Jiménez Valverde, Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno de Cartago, o quien en su lugar ejerza esos cargo, girar las órdenes y realizar las coordinaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde solución definitiva como corresponda a la problemática objeto de este recurso, todo dentro del plazo de SEIS MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, se brinde respuesta a la gestión presentada por la amparada en fecha 26 de noviembre de 2020, lo anterior en un plazo de CINCO DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
En los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Oreamuno al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.